Navigation – Plan du site
Dossier. Colombia, tierra de pelea: le(s) conflit(s) au cœur de la société

Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios

Colombie : deux décennies de conflits fonciers
Colombia: twenty years in agrarian struggles
Darío Fajardo Montaña
p. 145-168

Résumés

En Colombie, la répartition de la terre et celle du pouvoir politique ont été des facteurs déterminants du conflit armé. Les processus organisationnels des travailleurs des campagnes se sont développés dans le contexte d’une répression directe exercée par l’État et le paramilitarisme, mais aussi face à d’autres facteurs comme par exemple les divisions internes et l’intervention d’agents extérieurs à ces mouvements. La Constitution de 1991 a ouvert des possibilités d’expression politique pour les peuples originaires et les afro-descendants mais les formes historiques de répression politique et d’exclusion économique contre les travailleurs des campagnes et de la ville n’ont pas été modifiés. La violence associée à l’exclusion a donné lieu à la formation d’organisations guérilleras, à partir d’origines sociales et politiques différentes ; leur enracinement dans un environnement rural qui abrite des ressources pour l’agriculture et l’exploitation minière les a converti en objectifs militaires répondant aux intérêts stratégiques des États-Unis, à partir de l’argument de la participation du pays à l’économie du narcotrafic. L’agriculture exportatrice a été le principal cadre de développement des organisations syndicales agraires ; cependant, face aux difficultés d’insertion de la production nationale dans ces marchés, l’État et les entrepreneurs ont appuyés la détérioration des conditions de travail, à travers l’affaiblissement des organisations de travailleurs. La renaissance des peuples originaires s’est produite dans le cadre de la résistance contre la dépossession de la terre et une bonne partie d’entre eux a établi des alliances avec d’autres organisations autochtones et avec des mouvements paysans, renouvelant et développant leurs discussions avec des organisations syndicales de travailleurs agricoles.

Haut de page

Texte intégral

Introducción

1Durante los últimos veinte años los movimientos sociales colombianos han sufrido profundas transformaciones por efecto de las dinámicas dentro de las cuales que se están desarrollando: luego de haber alcanzado marcadas incidencia y visibilidad en años precedentes, fueron desmantelados totalmente en algunos casos; en otros subsisten con limitaciones, en tanto que otros actúan prácticamente en la clandestinidad.

2Al mismo tiempo, la imagen del país que se proyecta desde los círculos oficiales es la continuidad de una democracia sostenida (“la democracia más antigua de América”) en tanto que las reivindicaciones del salario, el acceso a la tierra, el derecho a la organización, la defensa de la producción nacional permanecen sujetas a una acción represiva sistemática como aliciente a la inversión de capitales de distinta procedencia. La imposición de los poderes económicos y políticos dominantes sobre los sectores que los resisten se cumple a través de prácticas represivas, como la persecución y judicialización de movimientos y dirigentes de oposición, los destierros y desapariciones forzadas y la agresión abierta, como viene ocurriendo aún antes de haberse iniciado la guerra impuesta al país desde mediados del siglo pasado. Estas prácticas se combinan con actividades de tipo ideológico y político impulsadas, financiadas y operadas desde distintos centros de intereses, encaminadas en lo fundamental a crear generar contradicciones entre los movimientos populares y asegurar su lealtad al status quo de las relaciones económicas y políticas imperantes.

3A pesar de estas condiciones, en los ámbitos rurales y urbanos se han configurado tradiciones de resistencia, enraizadas en la formación misma de la sociedad colombiana [Vega, 2002; Archila, 2008] en la medida en que una de sus características ha sido la articulación y sobreposición de comunidades de distintos origen étnico e histórico, con formas diversas de apropiación y control y exclusión del espacio. Esta dinámica, a su vez, ha generado modalidades diversas de cooperación, de expresiones de poder y de conflictos.

4Este escrito hace una presentación general de algunas de estas expresiones de los movimientos sociales representados por campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, la insurgencia y organizaciones sindicales, con énfasis en los desarrollos ocurridos luego de la promulgación en 1991 de la última Constitución Política pero dando cabida a los procesos previos que les dieron origen.

Hacia la Constitución de 1991

5Colombia arribó a la Constitución Nacional de 1991 luego de una prolongada y dolorosa gestación que tuvo sus orígenes en el acuerdo del Frente Nacional, con el cual las fracciones mayoritarias de los partidos tradiciones, liberal y conservador, buscaron concluir la guerra civil iniciada a finales de la década de 1940 y establecer condiciones de gobernabilidad. El acuerdo, establecido inicialmente por 12 años, excluyó a otras fuerzas políticas de la gestión el Estado, propiciando la acumulación de antiguos conflictos en torno a la distribución de la tierra y el ingreso y a la participación política, los cuales habían estado presentes en el profundo conflicto social y armado de los años precedentes.

6Uno de los efectos de la guerra de los años 1950 fue el desplazamiento de miles de familias a regiones apartadas del país, con condiciones de vida aún más precarias que las de sus lugares de origen; esta situación resultó agravada con la decisión de la dirigencia colombiana de realizar programas de colonización en lugar de una reforma agraria. La insuficiente asignación de recursos públicos para atender las necesidades de estas poblaciones, añadida a la corrupción derivada de la exclusión de la mayoría de las fuerzas políticas llevó a que al concluir el Frente Nacional el país había llegado a condiciones de una crisis política sin precedentes. Para mediados de la década de 1970 esta crisis se expresó en los llamados paros cívicos [Alape, 1980; Carrillo, 1981; Sánchez, 2010: 359], con la ocurrencia promedio de uno de estos eventos por día, los cuales tuvieron un punto culminante en el realizado a nivel nacional en septiembre de 1977, en el cual convergieron diversas organizaciones sociales, en particular urbanas.

7Ante el creciente malestar social, uno de cuyos escenarios fueron las regiones más marginadas de la atención del Estado, en 1976 el presidente Alfonso López Michelsen propuso realizar una Asamblea Constituyente encaminada a reformar el régimen de administración territorial y la justicia; el primer tema abocaría una distribución más equilibrada de los recursos públicos; el segundo apuntaba a dotar al Estado de una mayor capacidad represiva con la cual controlar el descontento social.

8Las pugnas políticas en el interior de la coalición gobernante impidieron la realización de la reforma constitucional lo que agudizó la crisis social; el escenario se hacía aún más complejo en la medida en que por una parte ocurría la participación de un número creciente de movimientos insurgentes y de otra la sociedad colombiana en su conjunto resentía los efectos del ingreso a los circuitos internacionales del narcotráfico [De Rementería, 2002; Henderson, 2011; Rocha, 2011].

9Durante la década de 1980 y ante las presiones sociales, incluidas las de los movimientos insurgentes, varios gobiernos sostuvieron conversaciones y procesos de desmovilización con estos grupos. No obstante, los efectos de estas iniciativas fueron limitados frente a los factores estructurales de los conflictos; adicionalmente, su arraigo en los desequilibrios económicos y políticos habría de profundizarse aún más con el ingreso de los recursos del narcotráfico y el desarrollo de la guerra encubierta, uno de cuyos principales instrumentos fue el paramilitarismo, aplicado en la neutralización de las fuerzas de oposición política de izquierda.

10En este marco se produjo en 1990 la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cuyo producto habría de ser una nueva constitución que abriera paso a una paz duradera. No obstante, al igual que en otros procesos similares ocurridos en muchos otros países, la fuerza dominante en la definición de la carta política era la implantación del modelo económico neoliberal, en el marco hegemónico de las fuerzas políticas tradicionales y sus alianzas con los capitales transnacionales. En las condiciones históricas del país, sin una democratización efectiva de las relaciones políticas y económicas, los resultados se tradujeron en mayor exclusión, la profundización del monopolio de la propiedad de la tierra, la masacre de movimientos políticos populares y la agudización e internacionalización de la guerra.

Organizaciones campesinas

11Al igual que en procesos similares ocurridos en otras sociedades, la trayectoria conocida de los movimientos agrarios colombianos ofrece períodos de auge y declive y con profundas escisiones en su interior. Estas características son resultado de factores internos y externos de distinto tipo, todos los cuales han incidido en marcadas alineaciones ideológicas y políticas, las cuales han imposibilitado procesos de articulación entre estos movimientos que les proporcionen mayor capacidad de incidencia en la gestión de los conflictos con el Estado y su demás contradictores.

12Durante las primeras décadas del siglo xx, luego de intensas movilizaciones provocadas por las presiones sobre la tierra [Le Grand, 1986; Londoño, 2011; Palacios, 2011] y las condiciones de trabajo ejercidas por la economía mundial, se produjo una fase de reflujo, agravada por la guerra civil conocida como “la violencia”, ocurrida entre finales del decenio de 1940 y finales del de 1950 [Palacios, 2012]. En estos desarrollos incidieron divergencias políticas e ideológicas en el interior de los sectores populares, generadas por la intervención de los partidos tradicionales liberal y conservador, confrontados con las organizaciones influenciadas por el pensamiento de izquierda, socialista y marxista.

13A lo largo de la guerra civil, las organizaciones populares urbanas y rurales afectas a las ideas liberales y de izquierda fueron severamente reprimidas, lo cual dio lugar al surgimiento de movimientos insurgentes; a propósito de este proceso el historiador Eric Hobsbawm expresó que la denominada violencia “constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados períodos de la Revolución mexicana” [Hobsbawm, 1968, p. 226]. En estos procesos también incidieron influencias externas, como fueron, en especial la guerra fría y sus desarrollos: de una parte, los esfuerzos de Estados Unidos para afianzar su predominio político y económico en el hemisferio y de otra, los nuevos movimientos nacionalistas y socialistas de América Latina, África y Asia.

14Esta fase de la guerra civil concluyó con el acuerdo del Frente Nacional, celebrado entre dos fracciones dominantes de los partidos políticos tradicionales. El acuerdo estableció la alternación en el poder estatal de las dos agrupaciones durante un período de 12 años que luego se prorrogó, con la exclusión de cualquiera otra fuerza política y en el marco del mismo el gobierno impulsó un programa de reforma agraria, contemplado en la ley 135 de 1961. Esta iniciativa respondió a la valoración de los efectos de la concentración de la propiedad agraria en la inestabilidad política y en los conflictos armados, tanto por parte de un sector de la dirigencia colombiana como del gobierno norteamericano, promotor del programa, el cual se encontraba impulsando el programa “Alianza para el Progreso”, desde el cual proporcionó apoyo y orientación a la reforma agraria colombiana, con notorio interés en neutralizar la influencia del pensamiento socialista o marxista.

15Durante los primeros años de aplicación de la ley, luego del proceso de construcción institucional, tomó impulso un importante proceso organizativo de los campesinos, centrado en la creación y desarrollo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc. Ante las dificultades encontradas para poner en marcha la reforma agraria el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) buscó apoyarse en los que serían beneficiados e impulsó la Ley 1ª de 1968 para organizarlos [Gilhodes, 1974, p. 345-357]; en poco tiempo la Asociación congregó a cerca de un millón de afiliados. Ante esta fuerza, entró a actuar la coalición de los mayores terratenientes y empresarios agrícolas con los partidos tradicionales poniendo freno a la aplicación de la ley de reforma agraria, a partir del que se conoció como “Pacto de Chicoral”, acordado en 1972 [Machado, 2009: 155; Kalmanovitz, 2006, p. 176].

16La decisión de la coalición fue la de frenar la débil reforma agraria iniciada con la ley 135 de 1961 y coincidió con la agudización de la represión oficial contra las organizaciones campesinas, desplegada con la cobertura de la guerra contrainsurgente e iniciada con el apoyo del gobierno norteamericano desde mediados de los años 1960 [Comité Permanente, 2002]. En este contexto, a la acción represiva del Estado se sumó la intervención política e ideológica de fuerzas externas al proceso campesino, todo lo cual condujo a la profundización de divisiones internas preexistentes en los movimientos agrarios y a una prolongada postración de sus capacidades organizativas [Reyes, 1993].

17La reforma agraria fue sustituida entonces por programas de colonización, mediante los cuales las demandas de tierras de los campesinos excluidos del acceso a ellas serían resueltas en territorios marginales. En esos mismos años el Banco Mundial impulsó en varios países del entonces “tercer mundo”, entre ellos en Colombia, los programas de “desarrollo rural integrado”, todo lo cual adquirió en Colombia el carácter de sucedáneo de la redistribución de la tierra.

18El impulso a esta política coincidió con el despliegue de la economía internacional del narcotráfico, la cual encontró en Colombia condiciones óptimas para configurar eslabones de la producción de las materias primas representadas en los cultivos de marihuana y coca y su elaboración primaria. Las tierras de bajo costo y mano de obra barata provistas por las colonizaciones hacían altamente competitivo al país en la producción de las materias primas para la obtención de psicotrópicos.

19Para la década de 1980 la sociedad colombiana y su economía agraria en particular, se encontraban profundamente afectadas por la expansión de la producción y exportación de materias para el narcotráfico. Estas actividades absorbían buena parte de una población rural que no encontraba oportunidades de articulación en la agricultura “lícita”, limitada por la concentración de la propiedad y las restricciones de los mercados de bienes agrícolas derivados del desequilibrio de la distribución del ingreso. En estas circunstancias incidía la debilidad de las organizaciones populares como resultado de la acción represiva sistemática de las autoridades, las cuales se apoyaban de manera creciente en el paramilitarismo como instrumento de la prolongada guerra antisubversiva.

20Los recursos del narcotráfico fluyeron por el sistema financiero dentro del conjunto de la economía y la adquisición de tierras y algunas empresas agroindustriales fueron ámbito privilegiado para su legalización. Las compras de tierras comenzaron a realizarse acompañadas de presiones contra sus dueños, medianos y pequeños productores y comunidades campesinas, ejercidas por formaciones paramilitares con el concurso de las fuerzas armadas del Estado. En varias regiones del país comenzaron a actuar las formaciones paramilitares, en particular en la costa Caribe, el Magdalena Medio y en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo (situados en la Orinoquia y el piedemonte, entre la Cordillera Oriental y la Amazonia), en donde se habían afianzado las organizaciones de campesinos y colonos, Estas fuerzas, que contaban con la protección del ejército y la policía de acuerdo con las instrucciones de la doctrina de la Seguridad Nacional generalizaron la realización de masacres, crímenes aislados y desapariciones forzadas, produciendo el exterminio de las organizaciones de campesinos y trabajadores.

21A pesar del clima de terror creado por la acción conjunta de las fuerzas del Estado y el paramilitarismo, en algunas regiones con mayores tradiciones organizativas, los núcleos sociales más politizados y con capacidad de incidir en las organizaciones de pequeños productores, trabajadores y otras poblaciones rurales (comerciantes, transportistas) comenzaron a impulsar movilizaciones para presionar la apertura de negociaciones con el Estado que dieran salida tanto a los reclamos contra las medidas represivas como a la solución de las necesidades más acuciantes de las poblaciones rurales.

22A mediados de 1996, el país transitaba por una de las más prolongadas crisis económicas de su historia reciente. La súbita aplicación de políticas comerciales aperturistas sobre una agricultura afectada por condiciones monopólicas de propiedad de las tierras aptas para la producción, reducida tributación y elevada protección arancelaria redujo en más de una quinta parte la superficies sembradas, en especial de cultivos temporales, propios de la agricultura campesina. Los efectos de mayor impacto fueron el encarecimiento de los alimentos y el desempleo resultante de la pérdida de más de 300 mil empleos: la debilidad de los demás sectores económicos no les permitió absorber a la población más afectada por la crisis, lo que repercutió en las economías ilegales, amortiguadoras del estrecho crecimiento económico del país.

23Dentro de ellas la economía de los cultivos para el narcotráfico recibió un duro golpe al combinarse las acciones de las autoridades contra sus estructuras financieras con el incremento de la producción en las nuevas áreas de producción, generado por la propia crisis agraria, lo cual dio lugar a una sobreoferta de los derivados de la cocaína.

24En las áreas de producción, afectadas por sus carencias históricas de inversión social y ahora por la depresión de los precios de la droga, los campesinos, cultivadores y no cultivadores de hoja de coca, los cosecheros, los comerciantes y sus allegados empezaron a movilizarse para pedir al gobierno medidas de atención que compensaran sus pérdidas, dando lugar a nutridas y beligerantes marchas campesinas, a mediados de 1996, desarrolladas en distintas regiones de la Amazonia y del centro del país.

25Al lado de las inversiones en salud, escuelas, vías y electrificación, los campesinos pidieron al gobierno el cumplimiento de compromisos que ya éste había asumido en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de esos servicios a las que agregaron el cumplimiento de la ley de reforma agraria (ley 160 de 1994),

26en cuanto al establecimiento de cuatro zonas de reserva campesina en las regiones movilizadas, figura a la cual se hará mayor referencia más adelante y que en el presente se ha convertido en reivindicación del movimiento campesino.

27Vale señalar que el campesinado no tuvo reconocimiento en el escenario de la Asamblea constituyente autora de la Constitución de 1991, en parte por la atomización y debilitamiento de sus organizaciones, derivada de las condiciones políticas prevalecientes desde décadas atrás, como también de los designios del nuevo modelo económico: para sus promotores, las problemáticas agrarias ligadas a la distribución de la tierra habían sido superadas por las logros de la ciencia y la tecnología. En este mismo contexto, los problemas de la competitividad de los productos agrícolas en los mercados internacionales atrajeron la atención de los decisores sobre la política agrícola mundial en torno a los costos implicados por la gran concentración de la propiedad de la tierra; frente a ella el Banco Mundial, gestor del modelo neoliberal, propuso una intervención en el reparto agrario por la vía del mercado de tierras (Pereira, 2010) y la renovación del debate agrario proporcionó el marco legal para las zonas de reserva campesina.

Las zonas de reserva campesina

28Esta propuesta para la construcción de territorios campesinos tiene una larga trayectoria en el país y sus orígenes pueden hallarse en las resistencias populares al régimen colonial español, bajo la forma de las rochelas de indios, mestizos y “blancos pobres” y los palenques de negros cimarrones. A comienzos del siglo xx, campesinos de distintas regiones de Colombia, mediante invasiones y acciones legales enfrentaron la expansión de las haciendas y en 1928 el gobierno estableció por ley las colonias agrícolas para aminorar estas presiones. Posteriormente, en el interior de las sabanas del Caribe los campesinos, también con propósitos defensivos, establecieron baluartes frente a la expansión de las haciendas. Durante la guerra civil de los años 1950, algunas comunidades campesinas también se organizaron en territorios en áreas aisladas de las cordilleras del interior del país, a las que denominaron zonas de autodefensa campesina; señaladas entonces por el gobierno como “repúblicas independientes”, fueron objeto de una fuerte represión estatal con apoyo técnico de Estados Unidos, con lo cual se inició la fase actual de la guerra en Colombia, en un proceso al que se hará referencia más adelante.

29A comienzos de los años 1980, en medio de los diálogos de paz establecidos por el Presidente Belisario Betancur, surgió un acuerdo entre el gobierno, los colonos y la insurgencia surgida a mediados de los años 1960, para poner en marcha un programa de desarrollo local en el río Caguán, en el departamento de Caquetá. El acuerdo conllevaba un cese al fuego bilateral, la atención del Estado para estabilizar la colonización y el compromiso de los colonos de asumir prácticas productivas amigables con el medio ambiente; no obstante, la terminación de los diálogos interrumpió el acuerdo [Jaramillo et al., 1986]. En ese momento ya se extendían sobre la región las acciones del paramilitarismo dirigidas a desplazar a las comunidades de colonos, ante la cual pidieron la protección del Estado a través de la titulación de las tierras que ocupaban en medio de la reserva natural, para acordar con el gobierno programas de asistencia técnica productiva.

30La propuesta se concretó en las reservas campesinas, las cuales serían atendidas por el Estado mediante un programa de asentamientos en áreas con mayor potencial agrícola y mayor cercanía a los mercados. Cuando en 1996, comenzó a explorarse la posibilidad de establecer la primera de estas reservas en el departamento del Meta, el ejército, junto con unidades paramilitares desató un gran operativo paramilitar, lo que agudizó el terror entre los pobladores y su desplazamiento de la región. A pesar de estas circunstancias, la puesta en marcha de la norma sobre las reservas campesinas abrió paso igualmente a la legislación ambiental sobre zonas amortiguadoras para el entorno de los parques y otras áreas de protección.

31Dentro de un proyecto piloto sobre esta iniciativa, que contó con financiación del Banco Mundial, se establecieron las reservas de El Pato (San Vicente del Caguán, Caquetá), con 1 500 familias, 38 veredas y 111 000 hectáreas; Calamar (Guaviare), con 450 familias, 11 veredas y 40 000 hectáreas y Cabrera (Cundinamarca), con 850 familias, 17 veredas y 44 000 hectáreas. Posteriormente, comunidades locales del Magdalena Medio, impulsaron la reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, la cual comprende 134 veredas de cuatro municipios con una población de 35 800 personas.

32Esta experiencia, cuantitativamente limitada frente al total de una población rural cercana a los 10 millones de personas adquiere un mayor significado cualitativo al apreciar el potencial movilizador que tiene esta figura en el presente, cuando 15 comunidades han establecido cerca de 15 reservas de facto, ante lo cual el Estado ha propiciado un “plan de choque” para atenderlas, a pesar de la resistencia de las Fuerzas Armadas y del paramilitarismo. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) se ha convertido igualmente en un núcleo del proceso organizativo que adelantan actualmente las organizaciones agrarias campesinas e indígenas en torno a la Minga Social Indígena, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica [Portal Prensa Rural, julio 2012], impulsado desde el Mandato Agrario que planteara el Congreso Nacional Agrario, celebrado en abril de 2003 [Ilsa, 2004].

33Estos procesos han ocurrido en medio de condiciones adversas, debido no solamente a la represión directa que ejercen el Estado y el paramilitarismo, su más eficaz instrumento, sino también por otros factores como son las divisiones internas, la intervención de agentes externos a estos movimientos, los medios de comunicación que actúan a favor de grandes intereses empresariales, etc. Por otra parte, la articulación del país con los circuitos internacionales del narcotráfico ha servido como argumento para una mayor intervención de Estados Unidos, en el marco de su programa de asistencia militar al gobierno colombiano para la guerra contrainsurgente, comprendido en la ley Acta de Alianza, aprobada por el Congreso estadounidense en junio de 2002. Con ello se ha intensificado la guerra y en el presente los teatros de la confrontación se localizan en las áreas de mayor potencial minero y agroexportador, de interés para las inversiones externas [Medina, 2012].

34Al agravamiento de los conflictos sociales y armados en el campo, se agrega el crecimiento de la concentración de la propiedad, el cual genera mayores presiones sobre las reservas y parques naturales [Machado, 2011] a todo lo cual se añaden, de una parte, la extranjerización de tierras agrícolas [Grain, 2012] y, de otra, las presiones ejercidas por parte de las grandes multinacionales mineras cuyas actividades se traducen en mayores pérdidas de suelos y bosques, así como en la reducción del potencial hídrico del país.

35No obstante, los nuevos procesos políticos ocurridos en diversos países de América Latina, Asia y África [Moyo y Yeros, 2008], han estimulado un nuevo y creciente dinamismo en los movimientos agrarios en Colombia en los últimos años. Este proceso se expresa en tendencias hacia la convergencia de los distintos movimientos, representados en organizaciones de base campesina, en el que intervienen las tradiciones políticas de los campesinados mestizos, indígenas y afrodescendientes [Varios autores, 2002], así como las influencias de otros movimientos como Vía Campesina y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, de Brasil.

Movimientos insurgentes

36En el contexto del Frente Nacional y como resultado de la exclusión que ejerció frente a los sectores que no se sometieron a sus orientaciones surgieron organizaciones guerrilleras, de distintos orígenes sociales y políticos, como fueron el “Ejército de Liberación Nacional, ELN” (1964), las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc” (1964), bajo la influencia del Partido Comunista, el “Ejército Popular de Liberación, EPL” (1964), para mencionar los más conocidos.

  • 1 Por sus siglas en inglés: Latin American Security Operation; véase Leal (2011) “Una visión de la se (...)

37En el caso de las Farc, de neto origen campesino, su trayectoria se inició como respuesta a las operaciones militares adelantadas por el gobierno desde 1964, contra las llamadas “repúblicas independientes”. Para estas acciones, el Estado colombiano recibió el apoyo de Estados Unidos, en el marco de la “Alianza para el Progreso”, mediante la aplicación experimental de una estrategia contrainsurgente conocida como “Plan Laso” [Leal, 2011; González, 1992]1. La intervención norteamericana representó una mayor intensidad de su participación política y militar en la evolución de la región, ante los riesgos que pudiera implicar la revolución cubana para la preservación de su hegemonía. De acuerdo con el sociólogo Francisco Leal, el marco de este plan, “surgió de políticas estadounidenses, como la estrategia de contención frente a la Unión Soviética y tuvo su expresión particular en Suramérica con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que comenzó a aplicarse a partir del golpe militar de 1964 en Brasil” [Leal, 2011, p. 5].

38Durante los años 1970 y 1980 fueron conformadas nuevas organizaciones guerrilleras como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Movimiento de Autodefensa Obrera, de proyección urbana y el Movimiento Armado Quintín Lame de origen indígena. Sus desarrollos fueron diversos y, en general sucumbieron ante la presión armada del Estado con la excepción de los dos primeros, el ELN y las Farc.

39El arraigo de estas organizaciones particularmente en ámbitos rurales que albergan recursos económicos estratégicos para la agricultura y la minería los ha convertido en objetivos militares de interés no solamente para el Estado colombiano, como lo demuestra la creciente asistencia castrense de Estados Unidos e Israel [Leal, 2011; Estrada, 2002]. Una variedad de recursos que comprenden fuentes hídricas, reservas forestales, de petróleo y otros minerales, entre otros han incidido en la ampliación de la frontera agraria, la expansión de plantaciones y explotaciones mineras por parte de empresas multinacionales y capitalistas nacionales, todo lo cual se añade a la persistencia de la economía del narcotráfico. Estos procesos han ido de la mano de acciones del Estado y del paramilitarismo encaminadas a debilitar las organizaciones agrarias, expulsar comunidades de campesinos e indígenas para facilitar la usurpación de sus tierras por parte de grandes empresarios y a separar a la insurgencia de sus bases sociales. A lo anterior se añade la exacción de recursos de estas actividades por parte de las guerrillas, incrementando los conflictos de distinto orden que se han extendido por el campo colombiano.

40Por otra parte, en el interior de las comunidades agrarias de campesinos e indígenas se han desarrollado tensiones derivadas de sus heterogeneidades sociales y de los procesos mismos de la guerra. Así, las ocupaciones de haciendas para la recuperación de tierras por parte de comunidades originarias ocasionalmente han generado roces con asentamientos vecinos de campesinos mestizos; igual ocurre como resultado de las diferencias entre unos y otros en sus formas de producir y aprovechar recursos como los bosques, las aguas, la tierra.

41Igualmente actúan los procesos de diferenciación social dentro de las comunidades, los cuales generan contradicciones cuando quienes disfrutan de mayores poderes tratan de imponer formas de trabajo o de aprovechamiento de los recursos sobre los más débiles aduciendo jerarquías tradicionales y éstos últimos se resisten en virtud de las nuevas relaciones políticas y sociales. El mismo desarrollo de la guerra ha generado contradicciones y conflictos: las acciones armadas del Estado y de la insurgencia en los territorios de las comunidades han afectado profundamente sus condiciones de vida. Así, el ingreso de los jóvenes, mujeres y hombres como combatientes, los distancia de las autoridades tradicionales indígenas frente a lo cual éstas buscan apoyo en el Estado o en organizaciones externas a las comunidades, lo cual estimula enfrentamientos entre la guerrilla y sectores de las autoridades indígenas.

Movilizaciones de las comunidades indígenas

42Los pueblos originarios de Colombia, representados por 1 378 600 personas, expresan una gran heterogeneidad en la cual participan desde comunidades campesinas estrechamente articuladas con los mercados hasta algunos grupos tribales de cultivadores, cazadores y recolectores. La ampliación de la frontera agraria ha transformado la existencia de todas estas comunidades, que hasta hace medio siglo mantuvieron sus formas de organización autóctonas (estructuras tribales) o asimiladas, como ocurre con los cabildos. Esta institución, heredera de los ayuntamientos de las ciudades y villas medievales, fue introducida durante el régimen colonial en Hispanoamérica y las Filipinas como forma de representación de los vecindarios y asumida igualmente por las comunidades indígenas e incluso por comunidades afrodescendientes urbanas como estructura de representación para la administración des territorio y el ordenamiento de la vida social [Haring, 1963; Roldán, 2000].

  • 2 Elías Sevilla-Casas y Juan Carlos Piñacué han documentado la historia de las relaciones entre los p (...)

43Al tiempo que surgió la ANUC en el marco de la Ley 1ª de 1968 para apoyar en los campesinos la aplicación de la reforma agraria, tomaron cuerpo procesos de reorganización de varias comunidades indígenas en diferentes regiones colombiana [Sevilla-Casas, Piñacué; Fajardo, 1978]2. Sus particularidades sociales y culturales y la coyuntura por la que cursaba el país, marcada por desajustes económicos y políticos así como por las movilizaciones campesinas, permitieron a algunas de estas organizaciones impulsar con éxito la recuperación de tierras que les habían sido arrebatadas por las haciendas coloniales y republicanas.

44En este marco se produjo el renacimiento de pueblos originarios y buena parte de ellos estableció alianzas con otras organizaciones indígenas y con movimientos campesinos, renovando y ampliando sus interlocuciones con organizaciones sindicales de trabajadores agrícolas, tal como ocurrió con los corteros de la caña de azúcar en las plantaciones e ingenios del occidente del país y han llevado sus movilizaciones a capitales departamentales y a la propia capital del país.

45En medio de esta dinámica se han desarrollado contradicciones entre indígenas y campesinos a nivel local y aún nacional en torno a los reclamos por la tierra y al manejo de recursos públicos. En el transcurso de los conflictos agrarios y los desplazamientos producidos por la guerra, algunas de las tierras sobre las que se han producido colonizaciones u ocupaciones campesinas resultan reclamadas por las comunidades indígenas, lo que suscita tensiones entre ellas. Por otra parte, en aplicación de los mandatos constitucionales referidos al reconocimiento de los pueblos originarios el Estado asigna recursos públicos para atender niveles básicos de educación que no son cubiertos en el caso de la población campesina no indígena. Estos procedimientos generan conflictos entre ambas comunidades, con el consecuente debilitamiento de sus eventuales alianzas.

46Los resultados de las movilizaciones en torno a la defensa de sus territorios, tierras y culturas, lenguas y justicia han sido variados pero, a pesar de los elevados costos en vidas y patrimonios presentan un balance positivo en términos de recuperación de tierras. Varias comunidades han sufrido presiones sobre sus territorios debido a los recursos como oro, carbón, petróleo, sal o por el potencial agrícola presentes en ellos siendo destruidas muchas de ellas, pero su supervivencia ha sido el resultado de sus desarrollos organizativos frente a las presiones ejercidas por grandes terratenientes, a través de bandas armadas e incluso de fuerzas militares del Estado.

Las comunidades afrodescendientes

  • 3 Colombia el segundo país latinoamericano en número de habitantes afrodescendientes.

47Componen estas comunidades 7 800 000 personas, equivalentes al 18 % del total de la población colombiana [Urrea, 2011, p. 226]3. Luego de esclavizados fueron localizados en las minas y haciendas durante el régimen colonial. Al terminar la esclavitud y el sistema de plantaciones se establecieron como comunidades campesinas combinando la agricultura, la pequeña minería y la pesca, en particular, en áreas generalmente marginadas, en las sabanas del Caribe y vertientes del Pacífico. El desarrollo espacial del capitalismo desde la segunda mitad del siglo xx ha presionado de manera creciente sus territorios, sometiéndolos al destierro: según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 22,5 de la población desplazada corresponde a personas de esta etnia [Codhes, 2012].

48A diferencia de los pueblos indígenas, su distribución espacial es mayoritariamente urbana: un 70 % de esta población se encuentra en ciudades [Urrea, 2011, p. 227], principalmente del litoral Pacífico (Cali, Buenaventura), el río Atrato (Quibdó), Urabá (Turbo, Apartadó), en el Caribe (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) y en la cuenca media y baja del río Magdalena (Barrancabermeja, Mompós). El resto de la población afrodescendiente habita en áreas rurales del litoral Pacífico, el valle geográfico del río Cauca, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, en el denominado Chocó biogeográfico y las llanuras y ciénagas del Caribe [Urrea, 2011, p. 220].

49La Asamblea Constituyente que sesionó durante 1990 acogió la demanda creciente de las comunidades negras por su reconocimiento político, económico y social, expresadas por sus representantes; este reconocimiento fue promulgado como ley 70 de 1993. A diferencia de las relaciones entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas, en las cuales su reconocimiento, en particular de la territorialidad tenía raíces en la legislación colonial, para las comunidades afrodescendientes no existía ningún reconocimiento; los territorios en los cuales habían iniciado la reconstrucción de su identidad correspondían en algunos casos a los espacios colonizados durante la época colonial conocidos como palenques o a las regiones a donde se habían retirado huyendo de minas y haciendas o liberados al concluir la esclavitud.

50La economía de la población afrodescendiente está enmarcada en actividades agrícolas, pesqueras, extractivo-forestales y mineras de pequeña escala e igualmente en la producción de coca, en las agroindustrias de la caña de azúcar, la palma africana y el banano en las áreas rurales; en las urbanas en la industria, la manufactura y los servicios, en condiciones particularmente discriminatorias.

51Las comunidades rurales afrodescendientes, en particular del litoral pacífico, Cauca y Valle, al igual que el resto del campesinado han resultado afectadas por los cambios en las condiciones de la agricultura, y por los conflictos que los han acompañado. Desde finales del siglo xix se han sobrepuesto a sus territorios ocupaciones dirigidas por distintos procesos empresariales como son los desarrollos mineros reiniciados en la segunda mitad del siglo xix en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y bajo Cauca, la expansión de las agroindustrias de la caña de azúcar y el banano en el valle del río Cauca y Urabá, respectivamente y la extracción forestal en el Pacífico y en la cuenca del Atrato. a partir de la segunda mitad del siglo pasado estas presiones sobre los territorios de las comunidades afrodescendientes se ha profundizado con graves consecuencias para sus vidas y cultura [Urrea et al., 2004].

52Los casos más conocidos han sido los de las comunidades de los ríos Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó, en la cuenca del Bajo Atrato, Chocó [Mingorance et al., 2004; Comisión Intereclesial, 2005]. De acuerdo con las denuncias presentadas ante las autoridades y diversas organizaciones humanitarias, a partir de 1996 se iniciaron las acciones de terror contra estos asentamientos, llevadas a cabo por paramilitares y unidades militares.

53Luego de los desplazamientos, se inició en 2003 el establecimiento de plantaciones de palma de aceite y la “legalización” de la apropiación de las tierras por parte de las empresas palmeras. Estas circunstancias parecieran ratificar el carácter conflictivo del establecimiento de las plantaciones de este cultivo, posiblemente relacionado con los costos de su instalación y baja competitividad en los mercados internacionales, los cuales orientan a las empresas a la búsqueda de reducción de los costos de la tierra, a expensas de los territorios comunitarios.

54De esta manera, a pesar del reconocimiento que hiciera en 2000 el gobierno nacional de los derechos de las comunidades sobre poco más de 100 000 hectáreas, 13 empresas, con financiación estatal, iniciaron la siembra y establecimiento de ganados en estos mismos territorios colectivos. Ante las denuncias de las comunidades y de las organizaciones humanitarias se han añadido a las acciones de terror, actividades encaminadas a generar contradicciones dentro de los Consejos Comunitarios, con el apoyo de algunas autoridades.

55Estas presiones sobre los territorios de las comunidades afrodescendientes han obligado a las familias sobrevivientes a relocalizarse en algunas ciudades. Al analizar los procesos locales específicos del establecimiento de las agriculturas de plantación, se hará referencia a la región del Bajo Atrato, en donde grupos paramilitares con el apoyo de las fuerzas armadas oficiales, han desplazado comunidades, de manera sistemática, para facilitar el establecimiento de empresas productoras de palma aceitera.

  • 4 Entrevistas a trabajadores de la industria de la caña de azúcar, afiliados a los sindicatos Sinalco (...)

56Por otra parte, en el caso de la agroindustria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, los procesos de “flexibilización laboral” impuestos por la creciente mecanización del corte han generado el desenganche de trabajadores4 con intentos de retorno a localidades rurales o la emigración hacia algunas áreas del norte de la Orinoquia en donde se están estableciendo nuevas plantaciones azucareras. Igualmente se han producido migraciones hacia las colonizaciones del occidente de la Amazonia [Caquetá, Putumayo], estimuladas por el desarrollo de la producción cocalera [Ramírez, 2001] y retornos hacia la costa del Pacífico de la mano del traslado de éstos cultivos.

Movimiento sindical

57El principal marco de desarrollo de las organizaciones sindicales agrarias ha sido la agricultura exportadora. Las primeras organizaciones surgieron en las haciendas cafetaleras, en particular a partir de la segunda década del siglo xx; posteriormente se desarrollaron en las plantaciones de banano, caña de azúcar y palma africana. En cada una de ellas se ha expresado el esfuerzo de los trabajadores por establecer sus organizaciones sindicales dentro de los marcos represivos y particularmente estrechos de las relaciones laborales, resultante de las condiciones de explotación impuestas de manera sistemática en el país por parte de su empresariado [Escuela Nacional Sindical, 2007].

58Vale señalar que en 2005 se inició la preparación de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, el cual fue aprobado por el Congreso norteamericano en 2011. El tratado fue objeto de extendidas resistencias en nuestro país, en particular dentro de los sectores vinculados a la agricultura y una de las causas de la demora de su aprobación alegadas por los funcionarios norteamericanos es la persecución a los sindicalistas colombianos. Independientemente de la preocupación de los congresistas norteamericanos por la suerte de los trabajadores colombianos, lo que si se constata es que entre 1999 y 2005 fueron asesinados 860 sindicalistas colombianos, los cuales representaron entre el 57 y el 88 % del total de sindicalistas asesinados en el mundo durante esos años [Escuela Nacional Sindical, 2007, p. 18].

59A comienzos del decenio de 1920 la empresa norteamericana United Fruit Company (UFCO) inició la producción del primero de esos cultivos en la costa del Caribe, en condiciones laborales que pronto despertaron la resistencia de los trabajadores. La masacre con la cual el gobierno respondió a la movilización obrera sería en adelante la impronta en el tratamiento de los conflictos laborales pero en el corto plazo marcó el fin de la llamada hegemonía de los gobiernos conservadores establecidos desde principios de ese siglo.

60A finales del decenio de 1950, la economía colombiana se encontraba encajando dentro del modelo de sustitución de importaciones y como parte de este proceso se produjo el afianzamiento de la manufactura urbana y los cultivos comerciales que la abastecerían de materias primas. Para estos desarrollos lo empresarios contaron con la mano de obra provista por la violencia estatal y para estatal, uno de cuyos resultados fue el despojo y destierro de miles de campesinos, algunos de los cuales irían a engrosar el proletariado urbano y rural.

61Dentro de estos marcos se desarrolló la industria azucarera en el occidente de Colombia. Su base productiva fueron algunas de las antiguas haciendas técnicamente modernizadas gracias a la dinamización de los mercados del azúcar. a estas empresas se articularon trabajadores procedentes de las comunidades campesinas destruidas por la violencia estatal y paraestatal y su crecimiento fue estimulado por un auge de las exportaciones; en una economía con un importante componente agrario y estrechamente vinculada a los mercados internacionales, un crecimiento económico calificado como el más rápido de la posguerra (6,4 %) [Ocampo, 1987, p. 258] benefició las exportaciones agrarias, las cuales, en el caso del azúcar pasaron de 65 738 toneladas en 1961 a 200 000 en 1967, proceso en el cual sin duda incidió el bloqueo comercial impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense [Sánchez, 2010, p. 212].

62A pesar de las circunstancias políticas creadas por la violencia estatal y paraestatal, los trabajadores de los complejos formados por plantaciones e ingenios desarrollaron una apreciable organización sindical [CIDA, 1966, p. 231]. Las etapas formativas de este sindicalismo fueron caracterizadas por su capacidad para articular a otros trabajadores rurales, en torno al área de mayor concentración de la agricultura capitalista y en cercanía de los mayores núcleos de proletariado agrícola tradicional, el vinculado a la economía caficultora (Centro de Investigaciones Marxistas, 1969: 48 y siguientes).

63En el análisis de los cambios de la agricultura ocurridos desde comienzos de los pasados años 90 se destacó la importancia concedida a los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles, en particular la palma africana y la caña de azúcar. Como se señaló, esta última ha tenido su centro de desarrollo en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, en el occidente colombiano, en donde se configuraron complejos agroindustriales en los cuales se articulan las plantaciones de caña de azúcar y los ingenios, propiedad de sociedades de inversionistas con distintas estrategias de control del capital.

64Uno de los resultados de estos procesos es la aceleración de la competencia y las consiguientes búsquedas por parte de los empresarios de reducciones de los costos de producción, las cuales conducen, en primer lugar a la compresión de las remuneraciones del trabajo. La estrategia más socorrida dentro de las confrontaciones de clase es el retroceso de las garantías y derechos laborales (“flexibilización laboral”), obtenidos gracias a la organización y capacidad de presión de los trabajadores.

65En Colombia, la expropiación violenta de los pequeños campesinos como estrategia para el control de la fuerza de trabajo ha convergido con la utilización por el empresariado del paralelismo sindical, las influencias religiosas y políticas y el terror militar y paramilitar para debilitar a las organizaciones sindicales y mermar sus capacidades de negociación. Durante la década de 1980, la desindustrialización iniciada entonces, con sus secuelas de desempleo e informalidad convergió con la práctica sistemática de la destrucción de las organizaciones sindicales configurando condiciones favorables para la implantación de las reformas laborales de 1996 y 2002. Uno de los instrumentos creados por ellas es la figura de las “cooperativas de trabajo asociado” (CTA), a través de las cuales las empresas han entrado a contratar labores con los trabajadores agrupados en ellas, en condiciones reconocidamente lesivas para estos últimos.

66La persistencia de prácticas violentas en las relaciones políticas y en el control de la tierra han limitado igualmente el desarrollo de organizaciones autónomas de campesinos y de trabajadores de la agricultura, con lo cual los márgenes de ganancia de las inversiones se han beneficiado más de la debilidad de los sectores del trabajo que de las iniciativas de modernización productiva. Hasta la década de 1970, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, los empresarios agrícolas y de la manufactura derivaron sus ganancias de un régimen de protección que favoreció producciones obtenidas con elevados costos, derivados en particular de la intermediación financiera y bajos niveles de competencia debidos a las elevadas tarifas aduaneras, en un mercado estrecho como era el que resultaba de estructuras de la propiedad y de la distribución del ingreso altamente concentradas.

67El agotamiento de este modelo y su reemplazo por las políticas de la “acumulación flexible” [Harvey, 2008, p. 141 y siguientes] configuró un marco de relaciones en el que desaparecieron las limitadas garantías obtenidas hasta entonces por los trabajadores y los sectores interesados en el establecimiento de un régimen equilibrado y favorable a la construcción del mercado interno.

68En el caso de la industria azucarera, los empresarios, con el apoyo del gobierno han asumido de manera generalizada la contratación de labores a través de este tipo de “cooperativas”; no obstante, y a pesar de las limitaciones organizativas ya comentadas, los trabajadores han respondido al desmejoramiento de sus condiciones laborales con movilizaciones de logros variados.

Convergencia del movimiento sindical con movilizaciones de pueblos originarios

69En 2010, 18 000 “corteros” (cosecheros) de caña de las plantaciones productoras para los principales ingenios del Valle del Cauca iniciaron un cese de actividades en protesta por las condiciones laborales que les fueron impuestas con base en la reforma laboral de 2002. Los trabajadores en paro exigían la contratación directa con los ingenios, intermediados ahora por los sistemas de contratistas y por las “cooperativas de trabajo” facultadas por la ley para evadir los contratos laborales formales con los ingenios, la eliminación de las jornadas de 14 horas y el respeto al salario mínimo legal actualmente desconocido, así como el respeto a los demás derechos laborales establecidos por la Constitución. El movimiento fue objeto de represión policial pero se logró mantener durante varias semanas, con cohesión y acompañado por distintas expresiones de solidaridad, comenzando por la movilización de las familias de los trabajadores y continuas expresiones de solidaridad con apoyos económicos y políticos.

70Varias semanas después de iniciado el paro de los corteros, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y otras organizaciones indígenas del Cauca, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dieron comienzo al movimiento comunitario (minga) nacional de resistencia indígena y popular, acordada en el VII Congreso Nacional Indígena de diciembre del año 2009. La movilización reclamaba el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno para la recuperación de tierras en reparación por los crímenes del Estado contra estas comunidades, denunciaba los más de 1 200 asesinatos de indígenas, cometidos desde el comienzo del gobierno de Álvaro Uribe en 2002 y reclamaba igualmente la suspensión definitiva de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Junto con los pueblos indígenas de esta región se han expresado otras comunidades de la Costa Caribe, Santander del Norte, Risaralda y Tolima, todos las cuales realizaron marchas en sus regiones como parte de la minga.

71Estas movilizaciones han ampliado e intensificado sus articulaciones con otros procesos como el ya mencionado de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y la Marcha Patriótica. Esta propuesta, originada en la convergencia de los trabajadores de la caña de azúcar con la Minga indígena realizó en Bogotá a fines de marzo pasado, una concentración de más de 80 mil campesinos, incluyendo indígenas, mestizos y afrodescendientes, en preparación de más amplias movilizaciones.

72En los mismos años en los que se inició la agroindustria azucarera y en otra región del país, Urabá, en los límites con Panamá, escenificó el desarrollo de otro agroexportable: el banano. Algunos empresarios nacionales, atraídos por las condiciones naturales, en particular el clima y las calidades de los suelos así como el acceso marítimo iniciaron el establecimiento de plantaciones, con destino a mercados externos; ya en 1964 una filial de la United Fruit Company inició compras en el área de Turbo (Urabá), como indicio de la capacidad productora local. a finales de la década de 1970 el área sembrada superaba las 15 mil hectáreas con las cuales Colombia se hacía el cuarto país exportador de la fruta a nivel mundial [Botero, 1990].

73Urabá ha sido una región marginada, marcada por la ausencia institucional; en ella, al lado de pequeñas comunidades indígenas, colonos campesinos procedentes de otras regiones habían encontrado refugio, en los intersticios de los dominios de grandes haciendas ganaderas que se beneficiaban igualmente de la extracción de maderas finas, nueces de tagua y el contrabando. La arbitrariedad del control de la tierra y de las relaciones asociadas a ella como parte de la violencia oficial generó una tradición de resistencia indígena y campesina, la cual dio cabida a la formación de guerrillas en los años 1950.

74En el marco de estas condiciones de informalidad y violencia, los trabajadores del banano, al igual que los azucareros, lograron construir sindicatos relativamente fuertes, con raigambre en las comunidades campesinas locales, alcanzando niveles elevados de organización: en 1987 “el 85 % de los obreros estaban afiliados a algún sindicato y el 87 % de las 20 400 hectáreas sembradas en banano cobijadas bajo convención colectiva” [Botero, 1990, p. 169].

75Al concluir el pasado decenio del 70 ocurrió un declive en la actividad exportadora debido a los incrementos de los costos de producción de los bienes agrícolas resultantes del crecimiento de los precios del petróleo. Estas circunstancias fueron enfrentadas desde el nuevo régimen económico internacional el cual debilitó la capacidad regulatoria del Estado, estableció la liberalización comercial e impuso la desregulación de las relaciones laborales obtenidas por el sindicalismo y vigentes hasta entonces.

76La eliminación de garantías laborales en las plantaciones bananeras ocurrió en el marco del recrudecimiento de los conflictos violentos que habían afectado al país en décadas anteriores, ahora agudizados con la inserción de Colombia en la economía del narcotráfico; como parte de las nuevas condiciones económicas y políticas, el Estado amplió sus acciones contra el sindicalismo. En Urabá, luego de una prolongada etapa de huelgas en protesta por el desmantelamiento de los acuerdos laborales, la resistencia de los trabajadores del banano, quienes al igual que los azucareros habían construido organizaciones sindicales con raigambre en las comunidades campesinas locales, fue profundamente reducida, sus organizaciones debilitadas y puestas al servicio de las empresas mediante el terror ejercido por los paramilitares en coordinación con las fuerzas del Estado [García y Aramburu, 2011].

77Los desarrollos históricos de la economía colombiana han dado cabida en su mundo rural a otros trabajadores, en particular a los vinculados con la minería. Si bien ella no forma parte del tema de estos estudios, el ámbito en el que se desempeñan los relaciona de una u otra manera con los campesinos y demás trabajadores agrarios. Esto ha sido particularmente válido en el caso de las explotaciones petroleras por cuanto la fuerza de trabajo articulada a ellas proviene por lo general de las comunidades campesinas, las cuales también contribuyen a su reproducción como fuente de bienes salario. En la historia del primer complejo de extracción y refinamiento petrolero las comunidades campesinas circundantes no solamente participaron en la provisión de estos bienes sino también fueron interlocutoras en el desarrollo político del sindicalismo del recurso [Aprile-Gniset, 1997] y hasta el presente continúan esta interacción, en medio de los conflictos que se desarrollan en Colombia en torno a la intervención de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales del país.

Las perspectivas inmediatas

78Las líneas de la política agraria propuestas en el Plan de desarrollo y contempladas en la “locomotora” agraria, insisten en la priorización de los “cultivos promisorios” del gobierno anterior y en la perspectiva de la empresarización como única alternativa para los campesinos. La estrategia central de la propuesta gubernamental radica en la focalización de inversiones en espacios relativamente homogéneos y contiguos, en los cuales se trataría de “racionalizar” el gasto público, estimular la inversión privada, afianzar la descentralización y consolidar la “seguridad democrática”, planteamiento que no se aparta de las “áreas de desarrollo rural” del gobierno anterior y eje de su modelo de desarrollo.

79Como parte de este modelo reitera: 1) las “alianzas productivas”, conocidas por sus pobres resultados para los campesinos, de acuerdo con la evaluación del gremio de los empresarios palmeros Fedepalma; 2) la “palma campesina” del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, para impulsar los contratos de venta de los frutos de palma producidos por campesinos a las empresas procesadoras. Esta iniciativa se ha tratado de contraponer a la propuesta de la Reserva Campesina en marcha adelantada en el valle del río Cimitarra. 3) El establecimiento de reservas campesinas rodeadas por zonas de consolidación y de los extensos terrenos adquiridos por empresarios para distintos desarrollos agrícolas y mineros. Para poner en marcha esta propuesta el gobierno está estableciendo una organización campesina “ad hoc” dispuesta a actuar dentro del marco de la zona de consolidación y de las condiciones que fijen los empresarios, según lo manifestó uno de sus dirigentes. A este respecto conviene tener en cuenta las evaluaciones realizadas sobre la Política Nacional de Consolidación, cuyos resultados destacan las violaciones de los derechos humanos de la población afectada y el aumento de los desplazamientos forzado desde estas mismas áreas.

80Se han configurado entonces dos propuestas: de una parte, la construida por comunidades campesinas a lo largo de nuestra historia, en condiciones siempre difíciles y generalmente bajo las presiones de la guerra. De otra, la dominada por la gran propiedad, apoyada por el Estado y hoy inscrita en la tendencia hacia la llamada “relocalización de la agricultura a escala mundial”.

81De otra parte, los propios desarrollos de la economía mundial, que hacen inciertos los mercados de alimentos con los que se suplirían los mercados nacionales hoy afectados por el desabastecimiento causado por la guerra y por las crecientes importaciones a las que ha debido recurrir Colombia.

82Ante estas incertidumbres, el eventual afianzamiento de las economías campesinas tendrá que nutrirse de un mundo rural aún pujante y difícilmente sustituible en una economía a la cual se diagnostica una crisis de largos alcances. Cuentan a su favor la persistencia y el arraigo de las comunidades campesinas, sus capacidades de articulación a los mercados y como condición obligatoria, cambios en las correlaciones de fuerzas que permitan confrontar con éxito las asimetrías en las que se ha sustentado el “modelo de desarrollo” afianzado en el país. Estos son los retos que enfrenta una negociación de La Paz en Colombia, cuya primera consideración, de acuerdo con la Agenda de conversaciones establecida entre el gobierno y la guerrilla de las Farc a finales de 2012 es la atención a los problemas del desarrollo rural y agrario.

Haut de page

Bibliographie

Alape Arturo, Un día de septiembre: testimonios del paro cívico, 1977, Bogotá, Ediciones Armadillo, 1980, 159 p.

Aprile-Gniset Jacques, Génesis de Barrancabermeja, Bucaramanga, Instituto Universitario de La Paz, 1997, 270 p.

Archila Mauricio, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, y Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, 2008, 508 p.

Botero Fernando, Urabá. Colonización, violencia y crisis del Estado, Medellín, Universidad de Antioquia, 1990, 200 p.

Carrillo B. Jaime, Los paros cívicos en Colombia, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1981, 307 p.

Centro de Investigaciones Marxistas, “Los iguazos. Proletarios y parias en el azúcar”, Estudios Marxistas, n° 1, Cali, Centro de Investigaciones Marxistas, 1969.

Chernick Marc, Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano, Bogotá, Ediciones Aurora, 2008, 253 p.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Banco de Datos del Cinep, La tramoya. Derechos humanos y palma aceitera. Curvaradó y Jiguamiandó, Bogotá, Comisión Intereclesial de Justicia y paz, 2005, 169 p.

Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, Cida, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola, Washington, 1966; citado por Centro de Investigaciones Marxistas (1969).

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia Nunca más. Crímenes de lesa humanidad, Bogotá, 2002, (varios tomos).

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes. 2012, Afrocolombianos desplazados: un drama sin tregua, www.codhes.org, consultado el 3 de mayo de 2012.

de Rementería Ibán, La Guerra de las drogas, Bogotá, Editorial Planeta, 2002, 249 p.

Escuela Nacional Sindical, ENS, “2 515 o esa siniestra facilidad para olvidar. 21 años de asesinatos de sindicalistas en Colombia”, Cuadernos de Derechos Humanos, n° 19, Medellín, Ediciones Escuela Nacional Sindical, 2007, 156 p.

Estrada Jairo (ed.), El Plan Colombia y la intensificación de la guerra. Aspectos globales y locales, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, 628 p.

Fajardo Darío, Violencia y Desarrollo, Bogotá, Fondo Editorial Suramérica, 1978, 217 p.

García Clara y Aramburu Clara, Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 2011, 485 p.

Gilhodes Pierre, Politique et violence. La question agraire en Colombie 1958-1971, Paris, Armand Colin, 1974, 540 p.

González José, El estigma de las repúblicas independientes, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 1992, 195 p.

Grain “Acaparamiento de tierras”, 12 de marzo, 2012, en http://www.grain.org/article/entries/4498-acaparamiento-de-tierras-en-america-latina-si-hay-acaparamiento-de-tierras, consultado julio 2, 2012.

Haring Clarence, The Spanish Empire in America (capítulo IX), New York, Harcourt, Brace and World, Inc.; 1963, 371 p.

Harvey David, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrourtu editores, 2008, 401 p.

Henderson James, Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó La Paz en Colombia Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2011, 382 p.

Hobsbawm Eric, Rebeldes primitivos, Barcelona, Ariel, 1968, 311 p.

Instituto Latinoamericano De Servicios Legales Alternativos (ilsA), Políticas agrarias para Colombia, Bogotá, ILSA, 2004, 98 p.

Jaramillo Jaime y Mora Leonidas y Cubides Fernando, Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1986, 322 p.

Kalmanovtz Salomón, La agricultura colombiana en el siglo xx, Bogotá, fondo de Cultura Económica, 2006, 433 p.

Leal francisco, “Una visión de la seguridad en Colombia”, Análisis Político, n° 73, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI – Universidad Nacional de Colombia, 2011.

Legrand Catherine, Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia 1830-1936, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986, 302 p.

Londoño Rocío y Cruz Varela Juan de la, Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984), Bogotá, 2011, 741 p.

Machado Absalón, La Reforma rural. Una deuda social y política, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009, 197 p.

Machado Absalón (dir.), Colombia rural: razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, PNUD, 2011, 438 p.

Medina Luis, “Masa crítica y posibilidades de paz en Colombia”, Razón Pública, revista digital, 28 de marzo de 2012 a 1º de abril de 2012 (razonpublica.com).

Mingorance Fidel et al., El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos, Bogotá, Human Rights Everywhere/Diócesis de Quibdó, 2004, 177 p.

Moyo Sam y Yeros Paris (coord.), Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina, Buenos Aires, ClACso, 2008, 428 p.

Ocampo José, Historia económica de Colombia, Bogotá, Siglo xxi, 1987, 336 p.

Otero Diego, El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. De la Doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares, Bogotá, Ediciones Aurora, 2010, 166 p.

Palacios Marco, Violencia pública en Colombia, 1958-2010, Bogotá, fondo de Cultura Económica, 2012, 218 p.

Palacios Marco, ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930, Bogotá, 2011, 255 p.

Peñaranda Daniel R., Organizaciones indígenas y participación política en Colombia. El acceso a los espacios de representación 1990-2002, Medellín, La Carreta Política, 2009, 133 p.

Pereira João, A política de reforma agrária de mercado do Banco Mundial. fundamentos, objetivos, contradições e perspectivas, São Paulo, Editora Hucitec, 2010, 350 p.

Perez Mario y álvArez Paula, Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia, Bogotá, Semillas, 2009, 70 p.

Prensa Rural Colombia, www.prensarural.org, consultado el 2 de julio de 2012.

Ramírez María, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icahn, 2001, 351 p.

Reyes Alejandro, “La violencia y el problema agrario en Colombia”, in Análisis Político n° 2, Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, agosto-diciembre 1987.

Rocha Ricardo, Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2011, 218 p.

Roldán Roque, Pueblos indígenas y leyes en Colombia. Aproximación crítica al estudio de su pasado y su presente, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 2000, 193 p.

Sánchez A., ¡Huelga! Luchas de la clase trabajadora en Colombia 1975-1981, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010, 485 p.

Sevilla-Casas Elías y Piñacué Juan, “Los Nasa de Tierradentro y las huellas arqueológicas, primera aproximación”, Ponencia presentada en el IV Congreso de Arqueología en Colombia, diciembre 5 a 7 de 2007, Pereira. Consultado en http://dintev.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/DOCUMENTO%20DE%20TRABAJO %20CIDSE%20N%C2%B0%20102.pdf.

Urrea Fernando, “Situación y problemática de la población afrodescendiente en Colombia con énfasis en los Territorios Colectivos de Ley 70” (estudio preparado para el Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD).

Urrea G. Fernando et al., “Perfiles socio-demográficos de la población afrocolombiana en contextos urbano- regionales del país a comienzos del siglo xxi”, in AAVV (2004), Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales del Pacífico, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, 2004, 385 p.

Varios autores, Tierra, economía y sociedad, Bogotá, INCORA/PNUD/fAO, 1993, 278 p.

Varios autores, Cuadernos Tierra y Justicia (colección), Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA, 2002.

Vega Renán, Gente muy rebelde, Bogotá, Pensamiento Crítico, 2002 (4 vols).

Haut de page

Notes

1 Por sus siglas en inglés: Latin American Security Operation; véase Leal (2011) “Una visión de la seguridad en Colombia”, Análisis Político, no 73, IEPRI, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia; González (1992) y Otero (2010).

2 Elías Sevilla-Casas y Juan Carlos Piñacué han documentado la historia de las relaciones entre los pueblos Nasa de Tierradentro y los Pijao del Huila y desentrañan la acción de los misioneros y conquistadores para enfrentar a estas comunidades a través de la “construcción de un enemigo”, en función de los intereses estratégicos de la administración colonial. Posteriormente, con ocasión de la ofensiva del ejército contra los campesinos de Marquetalia en 1962, frente a la cual actuaron aliados campesinos e indígenas, como lo expresó la participación de las comunidades nasa de Riochiquito, Cauca, lideradas por Ciro Trujillo, las fuerzas armadas, como parte del dispositivo contrainsurgente entregaron armas a algunos miembros de las comunidades nasa (denominados indios nemes por el Ejército) para enfrentarlos a la guerrilla. Véase Sevilla-Casas y Piñacué; Fajardo (1978).

3 Colombia el segundo país latinoamericano en número de habitantes afrodescendientes.

4 Entrevistas a trabajadores de la industria de la caña de azúcar, afiliados a los sindicatos Sinalcorteros, Sintraicañazucol, Sinaltrainal, Palmira, 28 de marzo de 2010. Véase también Pérez y Álvarez (2009).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Darío Fajardo Montaña, « Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios », Cahiers des Amériques latines, 71 | 2012, 145-168.

Référence électronique

Darío Fajardo Montaña, « Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios », Cahiers des Amériques latines [En ligne], 71 | 2012, mis en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 13 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/cal/2690 ; DOI : 10.4000/cal.2690

Haut de page

Auteur

Darío Fajardo Montaña

Darío A. Fajardo Montaña (Bogotá, Colombie), anthropologue à l’université nationale de Colombie, docteur en sciences sociales de l’université Externado de Colombia ; diplômé d’un master en sciences humaines de l’université de Californie à Berkeley, membre de l’Académie colombienne de sciences économiques. Actuellement enseignant chercheur à l’université Externado de Colombie. Il a été représentant FAO en Colombie (2002-2007), consultant pour la Banque mondiale dans le cadre du projet Zones de réserve Campesina (1998-2000), consultant IICA pour le projet Zones de réserve Campesina (1996-1998), professeur associé à l’École d’économie de l’université nationale de Colombie (1985-2003), directeur de l’institut de recherche scientifique d’Amazonie SINCHI (1990-1996), professeur titulaire à l’université nationale de La Plata en Argentine (1994-1997).

Haut de page

Droits d’auteur

Creative Commons License
Les Cahiers des Amériques latines sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 4.0 International.

Haut de page
  • Logo DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • Logo CNRS – Institut des sciences humaines et sociales
  • Logo Presses Sorbonne Nouvelle
  • Logo Institut des Hautes Études de l’Amérique latine
  • Logo Centre de recherche et de documentation sur les Amériques
  • OpenEdition Journals