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I - Governação e Dinâmicas Sociais Contemporâneas
Políticas Sociais e Novos Riscos Públicos

De los procesos de precarización a las prácticas colectivas de reinvención de la ciudadanía: la experiencia de las oficinas de derechos sociales

Alberto Arribas Lozano

Resumo

En esta comunicación presento la fase inicial de mi investigación doctoral, centrada en las Oficinas de Derechos Sociales (ODSs), dispositivos emergentes de construcción de ciudadanía ‘desde abajo’ nacidos en diferentes ciudades de Andalucía, Madrid, y Cataluña en los últimos años; experiencias novedosas de intervención –nuevas solidaridades- que tienen como objetivo la construcción colectiva de procesos y proyectos de formación, denuncia y auto- organización contra la precariedad y la exclusión social. Prácticas contrahegemónicas que son, según sus protagonistas, “laboratorios para hacer efectivos los derechos sociales que se nos niegan, al mismo tiempo que imaginamos y exploramos nuevos derechos que deberemos conquistar”.

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1. La ciudadanía como frontera

1En el presente artículo entiendo la ciudadanía como dispositivo social que opera, simultáneamente, desde lógicas de inclusión y exclusión, y que se encuentra sometido a procesos de transformación permanente. Partiendo de esta concepción dinámica, pretendo subrayar cómo, en cada momento particular, tanto su cristalización jurídica - el status legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades-, como su contenido identitario -la expresión de la pertenencia a una comunidad política- (Kymlicka y Norman, 1994) no van a ser sino síntesis provisorias y contestadas (Mezzadra, 2005: 94). En este sentido, cada configuración específica de la ciudadanía aparece atravesada por múltiples tensiones entre el cambio y la permanencia, delineando un mapa de continuidades y discontinuidades que resultan de la competencia y la cooperación, del conflicto y el consenso entre diferentes agentes sociales que buscan (re)definir las lógicas y los mecanismos de inclusión/exclusión. Es a través de estos procesos que van a materializarse y modificarse las sucesivas institucionalizaciones de la ciudadanía, y es el interés en el análisis de los mismos lo que va a guiar mi trabajo, buscando cartografiar los diferentes actores y las prácticas diversas y complejas que pretenden resignificar (transformar) dichas institucionalizaciones y, con ello, operar desplazamientos sustantivos en el reconocimiento y el ejercicio de derechos.

2De manera más concreta, en este trabajo parto de la configuración de la ciudadanía laboral fordista tal y como vino a definirse para el ámbito europeo –con sus diferentes declinaciones estatales- durante el periodo posterior a la segunda guerra mundial, revisando algunas de las críticas recibidas por dicha configuración y las subsiguientes transformaciones en la misma. Tomo como punto de partida para mi análisis la obra clásica Ciudadanía y Clase Social, de T. H. Marshall (editada por primera vez en 1950); las líneas fundamentales del planteamiento de Marshall son suficientemente conocidas: define la ciudadanía como “aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad” (1998: 37), y defiende que dicho estatus habría conocido un “progreso ininterrumpido desde hace 250 años” (1998: 22) en relación tanto a la inclusión en el mismo de sujetos previamente excluidos, como al incremento cuantitativo y cualitativo de los derechos a los que dichos sujetos tendrían acceso. Es decir, cada vez más gente pertenece a la comunidad y disfruta de más y mejores derechos, en una tendencia hacia la igualdad social que se habría iniciado con el desarrollo de los derechos civiles en el siglo XVIII, habría continuado asentándose con la extensión de los derechos políticos durante el siglo XIX, y llegaría a un nivel máximo de intensidad con la expansión de los derechos sociales durante el siglo XX, garantizando así el que vendría a ser el objetivo final de la ciudadanía marshalliana: la participación plena en una sociedad de iguales (Kymlicka y Norman, 1994).

  • 1 Aunque no es mi objetivo detallar en esta comunicación las diferentes críticas realizadas a la prop(...)

3Los cuestionamientos más generales a esta propuesta son igualmente conocidos1:1 ni la linealidad temporal del esquema ni la imagen evolucionista –casi teleológica- de progreso ininterrumpido soportan análisis mínimamente rigurosos. Hay, sin embargo, otros elementos en la obra de Marshall -atravesada por la pregunta sobre la potencial (in)compatibilidad entre ciudadanía, (des)igualdad, y capitalismo- que quiero retomar en este trabajo. Así, es importante subrayar que para Marshall, tomando en cuenta que la posesión de derechos es condición necesaria pero no suficiente para una concepción sustantiva de la ciudadanía que se materialice en una mayor igualdad económica y social, va a ser el ejercicio de los derechos sociales lo que otorgue al estatus de ciudadanía su efecto de igualdad frente al efecto de desigualdad del capitalismo, ya que son estos derechos sociales “los que modifican el modelo global de la desigualdad social” (1998: 52). En este sentido, dicho efecto de igualdad,

  1. no puede obtenerse ni conservarse “sin invadir la libertad del mercado competitivo” (1998: 22);

  2. supone “la subordinación del precio de mercado a la justicia social” (1998: 69);

  3. se concreta en una “reducción generalizada del riesgo y la inseguridad” (1998: 59); y,

  4. nace como consecuencia de una determinada articulación del conflicto social: “durante el siglo XX la ciudadanía y el sistema de clases del capitalismo se han hecho la guerra” (1998: 38 y 68).

4La cristalización normativa de la ciudadanía sobre y desde la que escribía Marshall caracterizó el pacto social entre capital y trabajo que, desde la segunda guerra mundial -durante los denominados “treinta gloriosos”-, y con el estado como figura central de redistribución, había institucionalizado el conflicto y regulaba la relación entre los aumentos de productividad y las mejoras en las condiciones laborales, beneficiando a cada vez mayores sectores de la población. Este proceso de socialización de la economía (Santos, 1999), si bien era parcial, venía a inaugurar un grado de desmercantilización del espacio social que facilitaba las dinámicas de inclusión y reducción del riesgo a partir de lo que Esping-Andersen y Korpi definieron como el intercambio de derechos de propiedad por derechos sociales (1991: 259). Sin embargo, esta configuración, marcada por una tendencia crecientemente expansiva en el reconocimiento de derechos, resultó ciertamente provisional y contestada. Los ataques a los que fue sometida la ciudadanía laboral fordista pueden agruparse en torno a dos ejes principales, en función de las diferentes lecturas de la relación entre los derechos garantizados y el éxito o fracaso de los mismos a la hora de dotar de consistencia a las dinámicas de inclusión sustantiva en la comunidad. Paso a continuación a esbozar estos dos ejes.

2. Lógicas de desocialización, prácticas de remercantilización: cuestionamiento por exceso

5Este análisis, y las prácticas que del mismo se derivan, se insertan en el proceso de reestructuración social desplegado desde los presupuestos de la racionalidad económica y política neoliberal desde finales de los años 70, y que implicó el desmantelamiento progresivo del pacto entre capital y trabajo anteriormente mencionado. La fractura de dicho pacto, y el subsiguiente tránsito hacia un modelo de (des)regulación postwelfare, habría venido a provocar lo que Zincone (2004) ha denominado como una ‘inversión de roles’, mediante la cual va a ser ahora el efecto de desigualdad del capitalismo el que limite y erosione el efecto de igualdad de la ciudadanía.

6En este contexto, que tiene como argumento central la competencia generalizada por insertarse de manera ventajosa en los circuitos económicos globales, el presente viene marcado por la declinación (neo)conservadora de las múltiples tensiones que atraviesan las relaciónes entre ciudadanía, (des)igualdad, y capitalismo; abriendo una dinámica de desocialización de la economía que conlleva –en nombre de la eficiência y la competitividad- la ascendencia del mercado como mecanismo privilegiado de organización social, en un escenario en el que la erosión de la protección institucional aparece simultáneamente como causa y efecto del nuevo darwinismo social (Santos, 2006: 278).

7Según este planteamiento, el exceso de derechos asociados a la ciudadanía social habría tenido el efecto de perpetuar en vez de solventar el problema de la inclusión, al desmotivar los incentivos del mérito y el esfuerzo, y promover la pasividad y la cultura de la dependencia. Así, la respuesta adecuada pasaría por situar la responsabilidad individual -y no los derechos o garantías colectivas- en el centro de los programas sociales, reduciendo las políticas públicas destinados a tal efecto y supeditando el acceso a los recursos y beneficios sociales restantes al cumplimiento de contrapartidas u obligaciones vinculadas generalmente al ámbito laboral, inaugurando así lo que ha venido a denominarse como el tránsito del welfare al workfare (Kymlicka y Norman, 1994; Schierup et al, 2006). Los gastos sociales, considerados como un obstáculo a la maximización de beneficios, deben ser reducidos, en una lógica que se expresa de modo destacado a través del adelgazamiento generalizado de los sistemas públicos de protección social, la desarticulación de las políticas de redistribución, y el consiguiente aumento del riesgo y las dinámicas de exclusión. Esta dinámica de re- mercantilización, si bien está declinada a nivel nacional –tanto en sus manifestaciones como en las respuestas implementadas ante las mismas- aparece como una de las ejes comunes de la lógica neoliberal dentro de la UE (Korpi y Palme, 2003), efectúando la desciudadanización (Kymlicka y Norman, 1994) de crecientes sectores de la población.

8De manera (a)paralela, dicho deterioro de la política social está acompaña -también en nombre de la competitividad económica- por la desformalización y deinstitucionalización sistemática de las relaciones laborales europeas (Alonso, 2007: 30). Es importante incidir aquí en este punto. El proceso de reestructuración neoliberal tiene uno de sus ejes centrales en lo que ha venido a denominarse el tránsito del fordismo al postfordismo, pasaje que sitúa la flexibilización como herramienta y objetivo de las transformaciones emprendidas en los diferentes ámbitos de la producción. Así, de manera resumida, podemos afirmar que la flexibilización de los procesos productivos –orientados ahora en función de la demanda- va a forzar una flexibilización del mercado laboral que, viabilizada a partir de sucesivas reformas de los marcos jurídicos reguladores de las relaciones laborales, se manifiesta en múltiples dimensiones: en el tiempo de trabajo, en la relación salarial, en las tareas realizadas, en las modalidades de contrato y despido, etc. La fractalización del mercado laboral implica de este modo una disolución de las rigideces desde el punto de vista del capital, que va a incidir directamente sobre las condiciones de vida de los sujetos subordinados a la relación salarial; la flexibilidad declinada desde las necesidades de reproducción ampliada del capital opera así como economía política de la incertidumbre (Bauman, 2001: 136), funcionando como herramienta de disciplinamiento y control de la fuerza de trabajo y como poderoso factor de individualización y fragmentación social.

9Este proceso de flexibilización, heterodeterminado, se configura como dispositivo despótico: libertad para el capital, precariedad para el trabajo (Sennett, 2001). La degradación de la condición del trabajo deviene así estrategia de captura; la sumisión al mando viene asegurada como condición (adaptación) necesaria para afrontar la amenaza -el chantaje- de la no-asistencia en un contexto de creciente vulnerabilidad donde se incrementa el riesgo de exclusión y disminuye significativamente el trayecto que separa ‘estar adentro’ y ‘estar afuera’. El cinismo, el miedo, y el oportunismo se instalan en este contexto como tonalidades afectivas del postfordismo (Virno, 2003: 56), resonando en (nuestros) cuerpos forzados a (re)producirse como empleables, disponibles y adaptables, vivencias subjetivas de una impotencia que se traduce en resignación.

10En este sentido, como afirman Álvarez y Lara (2007), “la inestabilidad en relación a la obtención de renta hacen del trabajador precario un sujeto sujetado por un estado permanente de excepción. Los procesos de precarización son un mecanismo de transferencia del riesgo a la fuerza de trabajo y el elemento más destacado del control social contemporáneo”. La profunda densidad política del territorio delineado por estas dos transiciones se revela al (d)enunciarlo como paradoja: si el tránsito del welfare al workfare implica el fin de la integración social asentada en una ciudadanía entendida principalmente en clave de derechos, e inaugura un escenario de remercantilización en el que la inclusión y la reducción de riesgos dependen crecientemente de la responsabilidad individual (que se hace efectiva a través de la inserción en el mercado laboral), el tránsito del fordismo al postfordismo provoca el estallido de un mercado laboral que, en su nueva dimensión de flexibilidad/precarización, pierde gran parte de sus capacidades inclusivas.

11La combinación de estos dos procesos nos sitúa así ante un escenario –un (falso) contrato social neoliberal- en el que las lógicas de exclusión prevalecen de manera estructural sobre las lógicas de inclusión (Hespanha, 2001), y lo hacen a partir de dos modelos diferenciados: post-contractualismo y pre-contractualismo;

Postcontractualism is the process by means of which groups and social interests up until now included in the social contract are therefrom excluded without any prospect of returning. The rights of citizenship, considered unalienable before, are confiscated and, without them, the excluded go from the condition of citizens to the condition of serfs. Precontractualism consists in blocking access to citizenship to social groups that before considered themselves candidates to citizenship and had the reasonable expectation of acceding to it. (Santos, 1999).

3. Políticas de identidad y reconocimiento: cuestionamiento por defecto

12De forma paralela, un segundo grupo de críticas vino a plantear que la concepción universal de la ciudadanía asociada al modelo marshalliano oculta la particularidad –la diferencia- de determinados grupos sociales con características y necesidades específicas, que quedan así negadas –y, por lo tanto, subordinadas- en relación al sujeto de derechos por excelencia: el ciudadano masculino, occidental, individualizado y en condición laboral activa (Alonso, 2007: 22).

13Desde estas críticas al modelo de ciudadanía laboral/redistributiva, si la falta de reconocimiento de esta realidad hace posible la producción y reproducción de situaciones de dominación, la solución propuesta pasaría por entender que “el universalismo antidiferencialista es mucho menos universal y antidiferencialista de lo que a primera vista puede parecer” (Santos, 2006: 272), afirmando la diferencia como vía hacia la consecución de una igualdad sustantiva y diseñando para ello políticas públicas y marcos jurídicos que incorporen actuaciones específicas, articulando así una ciudadanía diferenciada (Young, 1989) que sea reflejo y garantía de la creciente diversidad cultural y social de nuestras sociedades. En este sentido podemos señalar, siguiendo la fórmula de Kymlicka y Norman (1994, 2000), tres tipos de derechos grupales presentes –con diferente intensidad- en los debates y en los diseños y dispositivos institucionales de un número creciente de países: derechos especiales de representación (en beneficio de grupos desfavorecidos); derechos de autogobierno (en beneficio de minorías nacionales); y derechos multiculturales (en beneficio de inmigrantes y comunidades religiosas).

14En este contexto, la proliferación de identidades e intereses ha situado en el centro del análisis la pregunta de cuánta diversidad/diferencia es asumible por una comunidad política sin poner en riesgo su propia reproducción. Este escenario abre – permite visibilizar- una línea de tensión entre particularidad y universalidad, derechos colectivos y derechos individuales, cuya articulación viene atravesada por lo que Díaz- Polanco (1998) definió como el peligro de la doble intransigencia, y que es, en definitiva, un debate que no puede cerrarse y que se está respondiendo y resignificando cada día a través de prácticas localizadas, conflictivas y complejas, en las que están en juego los contenidos reales y los efectos concretos de la ciudadanía y la democracia.

15Por otro lado, y es ésta la dimensión que más me interesa explorar en este trabajo, la discusión habría girado en torno a las limitaciones y potencias de la identidad/diferencia como dispositivo de construcción de una política emancipatoria; debate atravesado por la compleja relación entre las políticas de redistribución y las políticas de reconocimiento. Sin ánimo de ser exhaustivo, y con el objetivo de señalar algunos elementos que resultan significativos para mi trabajo, quisiera mencionar dos aspectos de esta discusión. Por una parte, Spivak (1991) propone “the negotiability of a politics of identity in the interests of the struggle”, un ‘esencialismo estratégico’ que vendría a afirmar la importancia de desarrollar políticas de identidad fuerte – contrahegemónica- en momentos determinados del conflicto, manteniendo la vigilancia epistemológica –el análisis- sobre las diferentes categorías empleadas para impedir la naturalización, el cierre, de las mismas (Mohanty, 1988).

16Desde una perspectiva diferente, sin embargo, se presentaría la multiplicación de identidades y sujetos políticos en horizontal –a partir del eje del reconocimiento- como un obstáculo para la articulación de estrategias de oposición en vertical –a partir del eje redistributivo-, argumentando que la fragmentación invisibilizaría que “la línea divisoria fundamental es la existente entre aquellos incluídos en la esfera de (relativa) prosperidad económica y aquellos excluídos de ésta” (Zizek, 2002: 149). Así, para los defensores de esta tesis, las políticas de identidad estarían resultando funcionales a la lógica neoliberal de reducción de derechos y precarización vital en un contexto en el que la diferencia formaría parte central de las tecnologías de gobierno, dando lugar a un régimen de gubernamentalidad -la gobernanza- que defiende y anima un multiculturalismo de perfil bajo que, apoyado en la retórica de la participación, la tolerancia y el consenso, vuelve borrosas las asimetrías que atraviesan y conforman el espacio social capitalista.

17Una gobernanza que se declina como gestión de la heterogeneidad y administración de la diversidad, abriendo un escenario donde “la ‘buena sociedad’ es la sociedad que permite la coexistencia pacífica de las diferencias, no la sociedad que garantiza la inclusión” (Rosanvallon, 2000: 36), obligándonos a profundizar lo que Alonso (2005) ha denominado como la sospecha sociológica sobre el discurso de las políticas del reconocimiento, actitud vigilante ante el riesgo de visibilizar los aspectos simbólicos de la dominación a costa de olvidar/ocultar la materialidad de las relaciones sociales y la importancia de la economía política en las dinámicas de exclusión social.

18Se hace así necesario, y sobre este punto incidiré más adelante, trazar líneas de conexión entre el paradigma del reconocimiento y el paradigma de la redistribución, articulando interacciones virtuosas que sean capaces de ampliar –multiplicar- el contenido de la ciudadanía a lo largo de ambos ejes. En este sentido, mi investigación consiste en una aproximación etnográfica a las Oficinas de Derechos Sociales (ODSs) como dispositivos de experimentación que se enuncian y constituyen a partir de dicho objetivo. Pero antes de entrar a un análisis –inicial- de las ODSs, y para desarrollar una cartografia más ajustada de los procesos de transformación de la ciudadanía social en el Estado Español, es preciso hablar de la inmigración como elemento central a dichas mutaciones en un país en el que, hasta fechas recientes, el debate sobre el reconocimiento remitía fundamentalmente a los derechos especiales de representación y a los derechos de autogobierno, y no a los derechos multiculturales. La transición ocurrida en las últimas décadas -de país de emigración a país de inmigración- ha modificado de manera creciente este escenario, como pretendo mostrar en el siguiente punto.

4. Ciudadanía(s) y migraciones

19El incremento de población inmigrante, que en el Estado Español se produce fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década de los 90, atraviesa y complejiza de manera determinante los escenarios planteados. Dos ejes principales, paradójicamente contradictorios, cruzan el espacio de relaciones entre ciudadanía y migraciones. Por un lado, la inmigración –la presencia de los y las migrantes- sirve como pretexto de un cierre identitario que opera y densifica segmentaciones/gradaciones de derechos e institucionaliza ciudadanías de segunda y no-ciudadanías. Por otro lado, la inmigración –la presencia y la agencia de los y las migrantes- cuestiona, desafía, y desplaza dichas fronteras, ejerciendo una presión democratizadora sobre el espacio político y una proliferación de prácticas de resignificación de la ciudadanía, mecanismos que nos sitúan frente a la necesidad –la interpelación, el desafío- de interrogar nuestras prácticas –códigos, conceptos, y sistemas políticos- y producir colectivamente una condición de ciudadanía que deje de constituir un instrumento de exclusión (De Lucas, 2004).

  • 2 La estadística cuenta ‘extranjeros’, mientras que en mi artículo me voy a referir especialmente a ‘ (...)

Tabla I - Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de marzo de 20082.

1975

165.289

2004

1.997.291

1985

241.971

2005

2.738.932

1995

499.773

2006 [junio]

2.804.303

2000

895.720

2008 [marzo]

4.192.835

Fuente: Plan Estratégico Ciudadanía e Inmigración 2007/2010, e Informe Trimestral del Observatorio Permanente de la Inmigración (Marzo 2008).

Tabla II - Extranjeros con certificado de registro procedencia a 31 de marzo de 2008

Europa Comunitaria

1.658.468

América Latina

1.269.053

África

873.998

Asia

249.643

Resto de Europa

119.582

América del Norte

19.328

Apátridas y no consta

1.131

Fuente: Informe Trimestral del Observatorio Permanente de la Inmigración. (Ministerio de Trabajo e Inmigración, Marzo 2008).

20En el nivel más general, las migraciones generan efectos -continuidades y discontinuidades- sobre la conceptualización de la ciudadanía para los países tanto de acogida como de origen. La intensificación de las prácticas y comunidades transnacionales cuestiona y desafía las categorías tradicionales de pertenencia (y no pertenencia), provocando la sustitución del ‘o esto o eso’ nacional por un ‘no sólo sino también’ transnacional (Beck, 2005), espacios en el medio/entremedias/in-between (Bhabha, 1994: 94), cuerpos fronterizos. Emergen así límites solapados de pertenencia conflictivos y/o complementarios, que ponen en marcha procesos de desestabilización de la relación (constitutiva de la soberanía moderna) entre ciudadanía y estado-nación. Sin agotar o cancelar la relevancia de éste último y sus identidades asociadas, el transnacionalismo abre, no obstante, multiples localizaciones simultáneas (Smith y Guarnizo, 1998), posibilidades de una ciudadanía postnacional (Soysal, 1994), desnacionalizada (Sassen, 2002) o cosmopolita (Beck, 2005); procesos aparalelos de desterritorialización y reterritorialización que (des)organizan y (re)definen nuevas configuraciones y marcos de referencia –nuevos espacios sociales- que no se anulan sino que se combinan (Pries, 2005; Miravet, 2006).

21Para los países de origen, el diseño y puesta en práctica de programas de vinculación con las comunidades asentadas fuera del país es cada vez más frecuente. Tanto por su contribución económica a través de los recursos transferidos vía remesas y mediante la implementación de proyectos de codesarrollo, como por su potencial influencia como agentes políticos relevantes para sus diferentes países de origen, los diferentes Estados articulan estrategias destinadas específicamente a mantener y extender los vínculos con sus ciudadanos, llegando incluso a producirse cambios legislativos orientados a posibilitar el mantenimiento de una doble nacionalidad / doble ciudadanía. Por su parte, los cambios que incorpora la inmigración para los países de acogida son sustanciales; en palabras de Arango (2006),

Afecta profundamente a la estructura social -a través de la creación de nuevas desigualdades o de la perpetuación de las viejas-, al mercado de trabajo, a la provisión de servicios públicos básicos y a los establecimientos que los proporcionan, a las infraestructuras sociales y al Estado de Bienestar; incrementa considerablemente el pluralismo cultural, lingüístico y religioso; afecta a la etnicidad, a los sentimientos identitarios y a la concepción de la nación –quién forma parte del nosotros y quién no-.

22La heterogeneidad se encarna así como desborde y exceso de las pertenencias normativas, situando un espejo frente a una Europa escindida entre su retórica y sus prácticas. Mientras tanto, la presencia de los y las inmigrantes fuerza al Estado a pensar y repensar, conceptualizar y reconceptualizar cotidianamente la pertenencia – y, junto a ella, la exclusión- (Mezzadra, 2005). Las políticas migratorias actúan en este contexto como dispositivos de clasificación y control de las poblaciones; en palabras de López Sala (2006), estas políticas “regulan de forma unilateral las condiciones de entrada y establecimiento, la atribución de derechos sociales y económicos, así como las posibilidades de incorporación a la comunidad política”. Tres son los ejes –los pilares- en torno a los cuales se articulan dichas políticas: 1) el control y la regulación de los flujos migratorios (entradas y permanencias); 2) la integración de los y las inmigrantes presentes en la sociedad de acogida; y 3) la cooperación al desarrollo con los países de origen. Voy a centrarme a continuación en el análisis de los dos primeros puntos.

23El primer eje es el prioritario, teniendo consecuencias directas tanto sobre el ámbito material de las políticas y los derechos, como sobre el ámbito simbólico de las representaciones y los imaginarios. Asistimos, por un lado, a un proceso de securitización de la gestión de las migraciones, que va a condicionar de manera profunda los proyectos migratorios, y que nos señala con nitidez la (re)producción –la proliferación- de fronteras al interior del espacio social. El refuerzo (la militarización) del control de las fronteras, el incremento de las expulsiones, los obstáculos a la reagrupación familiar, el endurecimiento de las condiciones de obtención del estatuto de refugiado, o la tendencia hacia la implementación de dispositivos neo- asimilacionistas (como el discutido contrato de integración) son algunos de los elementos comunes a una política declinada en clave restrictiva –con diferentes niveles de intensidad- en los países de la Unión Europea. Estas medidas –ya apuntadas a nivel de la UE en la Conferencia de Tampere del año 1999- se recombinan e intensifican al interior de un escenario marcado por las segmentariedades rígidas articuladas como respuesta al 11-S, una ofensiva de moralización/militarización que viene a efectuar una reducción del espacio político desde lógicas reaccionarias y excluyentes, extendiendo una micropolítica del miedo, una paranoia social generalizada (Zizek, 2002:37), que atraviesa tanto las lógicas de gobierno como los procesos de subjetivación.

24Dentro de este escenario es importante señalar algunos elementos paradójicos. Si, como planteaba con anterioridad, el fenómeno migratorio está modificando la relación entre nacionalidad y ciudadanía, es igualmente necesario subrayar que esta desnacionalización es limitada y que se trata de una dinámica controlada principalmente por los propios estados, que “siguen siendo los principales agentes tanto en la determinación de los procedimientos de admisión e ingreso como en la concreción de los derechos y las obligaciones de los inmigrantes” (Miravet, 2006). Podemos así, frente a la desnacionalización mencionada previamente, hablar aquí de lógicas de renacionalización o neoestatalización, en las que la deriva securitaria antes señalada en relación al control y la gestión de las migraciones (y, por extensión, de la diversidad) está siendo empleada por los estados europeos como dispositivo de reafirmación de su soberanía e identidad (Benhabib, 2007; Kofman, 2005).

25Nos encontramos de este modo ante una biopolítica de la ciudadanía (Nyers, 2004) en la que el la tecnología de producción de sentimientos de inseguridad/incertidumbre otorga al estado una importancia renovada como proveedor de protección, figura central en la reducción de escenarios de riesgo que no aparecen asociados ya al ámbito de la (des)igualdad material y la redistribución, sino que suponen, por parte del estado, la apertura de “otras variedades, no económicas, de vulnerabilidad e incertidumbre en las que hacer descansar su legitimidad” (Bauman, 2005: 72), y que van a encontrar en los y las migrantes su figura privilegiada de intervención/codificación: quién puede pasar, quién no puede pasar, qué cuerpo debe ser bloqueado, qué cuerpo puede circular (y de qué manera y bajo qué condiciones puede hacerlo), quién es buen inmigrante y quién mal inmigrante (y desde qué criterios van transformándose estas categorías). Este desplazamiento dibuja un territorio resbaladizo -espacio estriado- para la articulación de una ciudadanía sustantiva: si entendemos que los procesos de securitización como fuente de legitimidad dependen de la producción de inseguridad, y que –en su carácter performativo- resignifican la vida social y política de las comunidades (Nyers, 2004), cabría preguntarse qué subjetividades, qué corporalidades, qué imágenes de presente y de futuro se están poniendo en circulación a partir de dichos procesos.

26En un contexto en el que las migraciones encarnan ese nuevo ‘riesgo’, podemos afirmar, siguiendo a Benhabib (2007) que “The poor migrant becomes the symbol of the continuing assertion of sovereignty. Migrants’ bodies, both dead and alive, strew the path of state’s power”. Al interior de esta lógica, los y las inmigrantes habitan un campo social donde no sólo tienen claramente demarcados los límites formales en su pertenencia a la comunidad política, sino que además enfrentan cotidianamente prácticas de representación –institucionales y no institucionales- que proponen la diferencia cultural en clave de riesgo, legitimando situaciones de subordinación y abriendo una dinámica en la que la exclusión resulta culturizada (Gil Araújo, 2002), factores que van a resultar centrales en la constitución de un imaginario social reticente a asumir el reto de la interculturalidad.

  • 3 En el caso de las mujeres inmigrantes, los alisis muestran dos grandes ejes de representación med(...)

27Si, como plantea Miravet (2006) el nuevo discurso de la seguridad introduce interferencias institucionales en los procesos de construcción simbólica del inmigrante, dificulta la percepción del otro como un igual en su diferencia en el imaginario de las sociedades de acogida y obstruye las vías de inclusión del extranjero en la comunidad cívica”, este proceso va a intensificarse -en un escenario marcado por un evidente déficit de auto-representación- a través de las significaciones mediáticas de la inmigración, construidas en su mayoría desde lógicas y parámetros que refuerzan el discurso de la amenaza. Los análisis sobre medios de comunicación e inmigración confirman cómo la conflictividad social y el delito, las definiciónes en clave de alteridad cultural y la reiteración de un discurso colonial en términos de civilización/barbarie, así como la homogeneización de situaciones altamente diversas3, son algunos de los lugares comunes en la producción y transmisión de un imaginario colectivo sobre la inmigración.

28Este escenario marca unas condiciones poco propicias para el desarrollo óptimo de las políticas de integración -el segundo eje de las políticas migratorias-. Un diagnóstico general de dichas políticas de integración es una tarea compleja, ya que la descentralización y subsiguiente multiplicación de las mismas demanda estudios específicos y situados. Hay, sin embargo, algunos elementos que me gustaría señalar en el marco de la investigación que vengo proponiendo.

29Las políticas de integración desde las administraciones públicas han venido desarrollándose a partir de 1994, año en que se elaboró desde la administración central el I Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, que se acompañaba de la creación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Observatorio Permanente de la Inmigración; y desde ese momento se han sucedido los marcos normativos y las actuaciones específicas, destacando las medidas que las diferentes Comunidades Autónomas han ido articulando una vez asumían las competencias relacionadas con las políticas sectoriales de integración. Actualmente, a nivel estatal, se encuentra en vigor el Plan Estratégico Ciudadanía e Inmigración 2007/2010 (PECI), que ha sido presentado como “un elemento fundamental de la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y autóctonas” (PECI, 2007:27).

  • 4 Las Áreas de Actuación son: Acogida, Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, Salud, Infanc(...)

30Insistiendo en la bidireccionalidad del proceso de integración, y subrayando su carácter procesual, dinámico y multidimensional, dicho plan se concreta en doce Áreas de Actuación44 y tres principios básicos que inspiran y dan coherencia al Plan Estratégico en su conjunto:

  1. El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos.

  2. El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

  3. El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural (PECI, 2007:180).

31Quisiera incidir a continuación sobre este tercer punto; el Plan Estratégico Ciudadanía e Inmigración 2007/2010 subraya que el principio de interculturalidad exige reconocer y respetar las diferencias, pero buscando la comunicación, el diálogo crítico, la interrelación y la interacción de personas pertenecientes a culturas diversas; produciendo así nuevas realidades culturales, en las que todos los individuos y grupos pueden resultar transformados y enriquecidos. En este sentido, el principio de interculturalidad se configura como “la pauta básica que debe regir la relación entre personas y grupos de distintas culturas, a fin de garantizar a un tiempo la cohesión social basada en principios constitucionales compartidos y el respeto y la valoración positiva de la diversidad”. (PECI, 2007:182-184)

32Un canal privilegiado para la promoción de dicho principio son las líneas de trabajo comprendidas dentro del Área de Participación del PECI, en la que se plantea la relevancia del mundo asociativo como vehículo de integración y cohesión social, y su “importante función de articulación de la voz de los inmigrantes y de reivindicación de sus necesidades e intereses” (PECI, 2007:162). El Área de Participación se estructura en torno a los siguientes objetivos:

  • Objetivo 1 - Consolidar el movimiento asociativo inmigrante y su interacción con el tejido asociativo general.

  • Objetivo 2 - Aumentar el nivel de participación de inmigrantes en las asociaciones de carácter general.

  • Objetivo 3 - Ampliar y mejorar los cauces de participación política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

33En este contexto, y teniendo en cuenta las limitaciones existentes en relación a los derechos políticos de los y las inmigrantes, en particular en lo que respecta al sufragio, nos situamos ante un escenario paradójico, en el que conviven una concepción restringida de la ciudadanía junto a mecanismos de fomento de la participación desplegados desde las instituciones, lo que nos obliga a interrogarnos de manera intensa sobre el carácter profundamente ambivalente de dichos mecanismos en tanto que dispositivos de integración, ¿qué significa participación desde una ciudadanía desigual, limitada y limitante? ¿pueden, en este contexto, implementarse políticas públicas desde criterios de interculturalidad y comprometidas con la construcción de ciudadanía?

34La literatura académica señala que las asociaciones de inmigrantes se han convertido en actores centrales en la ejecución de las políticas diseñadas y desplegadas desde las administraciones públicas, deviniendo entidades prestadoras de servicios derivados de políticas en cuya definición no pueden intervenir, lo que ha llevado al establecimiento de una relación de subordinación entre administración y asociaciones que no contribuye ni a crear espacios de participación real ni a promover y fortalecer un tejido asociativo autónomo (Suárez, 2005; Morell, 2005, Martín Pérez, 2004). En términos similares se expresa Zapata-Barrero cuando afirma que la obtención de reconocimiento, legitimidad y recursos por parte de las asociaciones de inmigrantes, pasa por su inserción en la “red institucional creada (y controlada) por la misma administración” (2004:155), y que los recursos económicos y materiales de las subvenciones se otorgan en función de una determinada gradación de preferencias, que tiende a privilegiar a las organizaciones autóctonas frente a aquellas integradas por inmigrantes, y a las que se orientan hacia la prestación de servicios frente a aquellas más reivindicativas. Constatar esta situación nos ha de llevar a preguntarnos hasta qué grado se está en disposición de compartir el diseño y ejecución de las políticas públicas, y si las diferentes administraciones tienen la capacidad –y la voluntad- de construir mecanismos de participación sustantiva desde la diversidad, que impliquen la elaboración de marcos comunes de actuación desde condiciones de igualdad y reconocimiento mutuo. En este contexto, subrayando la relación indisociable entre la cuestión de la participación y la cuestión de la ciudadanía, Migallón (2005) señala la necesidad de encontrar mecanismos institucionales a partir de los cuales incorporar las perspectivas de los y las inmigrantes, sus enfoques y posiciones, como medio para superar las insuficiencias de las concepciones actuales. Cabe recordar que, como afirma Gil Araújo (2002), “las denominadas políticas de integración de inmigrantes –como componentes de las políticas públicas- dicen más acerca de la sociedad de destino que sobre las supuestas características particulares de los inmigrantes”.

35Es importante tomar en consideración la recombinación de los diferentes factores presentados hasta el momento: el giro securitario de las políticas migratorias, la culturización de la exclusión, y la distancia entre la retórica y la práctica en relación a las políticas de integración, lo que nos llevaría a afirmar, a modo de conclusión, que estamos asistiendo a la configuración de un régimen de estratificación social -una etnificación de la precariedad y de la exclusión (Schierup et al, 2006)- que ha sido definido por Balibar (2004) como apartheid europeo. Sería necesario, en este sentido, mencionar/analizar de manera específica el caso de los y las inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa (‘ilegales’ o ‘sin papeles’), y que han devenido figura central de hiperexplotación en los sectores de la construcción, servicios no cualificados, agricultura y/o cuidados, resultando fundamentales en el último ciclo de expansión de la economía española al trabajar en situaciones de máxima precarización y dependencia, y materializando –haciendo cuerpo- las condiciones de inestabilidad, movilidad, y limitación de derechos y garantías que caracterizan el mercado laboral postfordista.

5. Respuestas colectivas / experimentaciones contrahegemónicas las oficinas de derechos sociales

  • 5 Un reflejo de las dinámicas que vengo presentando es la discusión, a nivel de la Unión Europea, de (...)

36Es este escenario -doblemente desquiciado- marcado, por un lado, por una precarización/desciudadanización de sectores crecientes de población, y por otro lado, por dinámicas de etnificación de la exclusión5, el que organiza las coordenadas desde las que repensar (y construir) representaciones y prácticas de ciudadanía articuladas simultáneamente desde criterios de afirmación de la diferencia y producción de igualdad, que vinculen virtuosamente las lógicas de redistribución y reconocimiento, y posibiliten desbordar y subvertir las dinámicas de precarización y soledad que componen, atraviesan, y habitan cuerpos y vidas.

37En ese sentido, mi apuesta epistemológica pasa por retomar la propuesta de la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos (2005). En su trabajo, el autor destaca aquellos dispositivos mediante los que el discurso hegemónico produce activamente como no existentes las prácticas, los agentes, y los saberes no- hegemónicos, al definirlos como alternativas no creíbles a lo que existe, invisibles, des-cualificadas, y por lo tanto, descartables; y plantea un modelo diferente de racionalidad -una nueva cultura política- que transforme las ausencias (las experiencias producidas como ausentes) en presencias. De este modo, el desafío pasa por visibilizar la diversidad y multiplicidad de las prácticas emancipatorias presentes en lo social y hacerlas creíbles frente a las lógicas de normalización y el monopolio de la credibilidad ejercido por las prácticas hegemónicas. Frente al epistemicidio –la pérdida de experiencia social- del modelo hegemónico, el autor plantea la necesidad de articular una epistemología del sur, contrahegemónica, que amplíe el campo de los saberes, prácticas y agentes disponibles en el presente, incrementando así, igualmente, las posibilidades de experimentación social en el futuro (un futuro de posibilidades plurales que se va construyendo en el ahora a través de las actividades de cuidado).

  • 6 En el momento de escribir esta comunicación estoy iniciando el trabajo de campo que llevaré a cabo (...)

38Se trata, en definitiva, de cartografiar los múltiples desbordes que contestan cotidianamente a las lógicas de exclusión y precarización, las dinámicas (la materialidad, los cuerpos, los lugares, las metáforas, los conceptos, las imágenes, las intensidades y resonancias) de la resistencia y transformación desde y contra las posiciones de subalternidad (precontractual/postcontractual) en la que individuos y grupos son situados; luchas biopolíticas, a la vez económicas, políticas y culturales, luchas por la forma de vida (Negri y Hardt, 2002: 66). Los movimientos sociales (y los dispositivos que construyen) operan aquí como laboratorios de innovación cultural (McAdam, 1994) que modifican el horizonte de lo posible y lo pensable, y son esas líneas (abiertas y situadas) las que me interesa explorar. Así, la investigación cuyos primeros pasos presento en este trabajo66 se centra en el análisis de las Oficinas de Derechos Sociales, experiencias emergentes que se desarrollan en torno a la producción/reinvención de ciudadanía a partir de la construcción de alianzas -nuevas solidaridades- entre los/las que no llegan a ser ciudadanos y los/las que están dejando de serlo.

39Son, en este sentido, dispositivos colectivos de enunciación, experimentaciones (frágiles y limitadas, pero reales) desde y contra los procesos de precarización (y resignación), que se definen a sí mismos de la siguiente manera:

Somos gentes que ante las distintas situaciones de precariedad que vivimos hemos decidido juntarnos y poner en marcha un espacio de información, denuncia y participación para buscar soluciones conjuntas a nuestros problemas cotidianos. (ODS Sevilla)

(...) laboratorios para hacer efectivos los derechos sociales que se nos niegan, al mismo tiempo que imaginamos y exploramos nuevos derechos que deberemos conquistar. (ODS Seco / Madrid)

(...) un espacio de encuentro e información entre trabajadores inmigrantes y autóctonos que sufrimos en primera persona la constante precarización de las condiciones de vida y trabajo. (ODS Málaga)

Construimos y pensamos la ODS como un espacio de desobediencia civil al sistema de fronteras. Un espacio de politización, información, ayuda mutua, lucha y movilización por los derechos sociales. (...) Un espacio de empoderamiento, donde las situaciones de precariedad y vulneración que las personas vivimos de forma aislada se comunalicen y se conviertan en materia de lucha colectiva. (ODS Patio / Madrid)

40Las actividades son múltiples y presentan variaciones en función de las particularidades de las diferentes ODSs (ver tabla 3). Hay, sin embargo, una serie de ejes que caracterizan las prácticas y discursos de las Oficinas de Derechos Sociales: son dispositivos orientados a la acción, tienen como objetivo promover procesos de (auto)organización contra las dinámicas de precarización, parten de una conceptualización amplia de la precariedad (que remite a la idea de la construcción de un nuevo sindicalismo ‘biopolítico’), y que se entienden como proceso en construcción (experimentaciones abiertas).

Tabla III - Actividades de las Oficinas de Derechos Sociales

Agencia Precaria Madrid Diciembre

2005

ODS Sevilla 2004

ODS Seco Madrid Octubre 2007

ODS Málaga Abril 2007

ODS Terrassa Febrero 2006

ODS Patio Maravillas Madrid Septiembre 2007

Asesoría jurídica (laboral/vivienda/ extranjería)

X

X

X

X

X

X

Talleres de Derechos

X

X

X

X

X

X

Organización precario/migrante

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X

X

X

X

X

Clases de castellano/catalán

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X

X

Espacios de mestizaje

X

X

X

Campaña CIES

X

X

X

Espacio de reunión npara asociaciones

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X

Redes de intercambio

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X

X

X

Alianzas

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X

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X

X

X

Fuente: Elaboración propia (las categorías están basadas en el análisis de materiales secundarios y son, por lo tanto, provisionales).

41En este sentido, las ODSs funcionan principalmente como agencias de (re)politización que buscan dinamizar procesos de agregación y (auto)organización social. Persiguen reinsertar la crítica en los intersicios de la vida cotidiana (Boltanski y Chiapello, 2002: 652), desaprendiendo las lógicas de individualización/fragmentación y recomponiendo procesos colectivos de respuesta frente a diferentes problemáticas.

42La ODS se construye como un proyecto con varias áreas de trabajo. Estas áreas no se plantean como fines en si mismos, sino como herramientas de trabajo político. Herramientas que nos permitan conectar con las situaciones de vulneración, con las personas que las viven, para juntas luchar por los derechos. Estas líneas de trabajo nos sirven también como un termómetro con el que medir la temperatura del maltrato en nuestra ciudad, y como una brújula para localizar situaciones y puntos calientes”. (ODS Patio / Madrid)

43“(...) ganar cosas es muy importante para tener mas autonomía, pero sobre todo ganar en batallas colectivas, en argucias, en cooperación social es saberse que cuando uno se organiza es fuerte, es potente... justo lo contrario a la precariedad.... cuando la precariedad es vivida como indefinición y soledad estamos perdidos pero si afirmamos vivir sin estar atado a un jefe para toda la vida, no tenerle miedo a los caseros y sus inmobiliarias entonces la vida puede mas, se hace potencia... (ODS Sevilla)

44Esta acción-con-clinamen (Santos, 2007) está orientada hacia la apertura y activación de espacios de posibilidad que faciliten la emergencia –molecular- de subjetividades y políticas otras; y es llevada a cabo a través de dispositivos diversos. Las asesorías legales funcionan como experiencias de uso contrahegemónico del derecho, ofreciendo un servicio gratuito de información y apoyo en temas de vivienda, extranjería, ayudas sociales, conflictos laborales, etc. operando como una de las puertas de entrada al proceso en el que, desde el primer contacto, se motiva hacia la participación: Esta herramienta la hemos considerado un eje transversal a todo nuestro trabajo. El asesoramiento es el “enganche” que usamos para que la gente se acerque, para crear relaciones, tejer redes. (ODS Sevilla)

45Una de las características de las asesorías es (intentar) evitar dinámicas asistencialistas:
La idea era sustituir el «vengo aquí a que me resuelvas este problema» por la pregunta «¿qué podemos hacer juntas?» (entre tu problema, los saberes de todas, este espacio y las energía que pueda canalizar). (Agencia Precaria / Madrid)

46El peligro de la asesoría es como tantas veces hemos reflexionado, caer en el asistencialismo. Es decir un que nos dediquemos únicamente a dar una información y un asesoramiento meramente técnico en lugar de propiciar espacios de organización y diseñar estrategias de lucha con las personas que se acercan a la asesoría para conquistar sus derechos. (ODS Sevilla)

47Si bien para nosotras es central el trabajo que se hace desde la asesoría, ya que nuestra desobediencia a las fronteras pasa también por conseguir que el mayor número de gente posible tenga papeles, pueda juntarse con sus familiares, y en definitiva conozca sus derechos, este trabajo también nos supone algunas contradicciones que tienen que ver con quedarnos en la simple asistencia, con no ver siempre claro lo que nos diferencia de las asesorías de las grandes ONGs, con las relaciones que se establecen por las diferencias de saberes entre el abogado-experto y el asistido... (ODS Seco / Madrid)

48Los talleres de derechos se construyen como momentos/situaciones de conocimiento como emancipación (Sousa, 1999), espacios de educación popular entendidos como catalizadores de la acción, en los que se intenta “cruzar las fronteras entre las prácticas de asistencia, información, organización y lucha desde y contra la precariedad (ODS Málaga). De la misma manera,
En los talleres trabajamos sobre situaciones o problemas específicos con el objetivo de compartir y producir conocimiento colectivamente y también de pensar y llevar a la práctica respuestas concretas que nos sirvan para modificar la situación y/o empoderarnos frente a ellas. Podemos considerarlos, por tanto, como un espacio de autoformación y politización, pero también de producción de resortes para la acción y la justicia desde abajo. (...) los talleres se van consolidando como un espacio central en la Agencia en el que vamos intentando trabajar desde esa doble intención planteada desde el principio: ofrecer respuestas que funcionen y construir conflicto y politización a partir de nuestros malestares cotidianos y nuestros deseos de producir vida más vivible. (Agencia Precaria / Madrid)

49En el mismo sentido, las clases de castellano y catalán responden al doble criterio de utilidad y reivindicación.

50Nosotros entendemos que el aprendizaje de la lengua no sólo debe ser significativo (y hablar de cómo hacer para obtener el padrón), sino que puede ser reivindicativo y, por tanto, hablar de derechos a la salud, a la educación, a la movilidad, a la organización colectiva... Las clases son ante todo espacios a través de los cuales intentamos potenciar los procesos autoorganizativos. (ODS Terrassa)

51Las clases están dirigidas a las personas migrantes que necesitan aprender y mejorar su uso del castellano para poder afrontar su situación especialmente precaria debido a su condición de ciudadanos de segunda. El objetivo es proporcionarles una enseñanza de la lengua al tiempo que conocimientos sobre el funcionamiento de la sociedad española. Así se trabaja sobre temas tales que la búsqueda de trabajo, los derechos de extranjería, la relación con la administración, tramitación de recursos y papeles. (...) Igualmente, se trata de crear un espacio donde se puedan tejer relaciones sociales y de apoyo, así como de intercambio cultural. Además este espacio se convierte en un lugar donde se genera debate e intercambio que favorece una actitud crítica para luchar por la defensa y la ampliación de derechos de las personas migrantes. (ODS Patio / Madrid)

52Los espacios de mestizaje y las redes de intercambio se construyen desde los mismos parámetros, produciendo redes de cooperación desde las que hacer surgir y circular afectos y herramientas de desprecarización. Talleres y encuentros de hip-hop, iniciativas de trueque, producción de videos, “tiendas gratis”, grupos de teatro, tablones de anuncios o listas de correo en las que se comparten recursos, son algunos de los dispositivos creados por las diferentes Oficinas de Derechos Sociales.

53(El rapeadero es) un proyecto común contra la cultura del consumo y del individualismo que toma como señas de identidad el encuentro y el aprendizaje colectivo y autogestionado. Concretamente, se propone el hip hop como herramienta creativa y como mecanismo de denuncia sobre la situación de los barrios que habitan los jóvenes. Se materializan así cuestiones sociales que de otra manera serían invisibles, como son el racismo, la explotación y la violencia. Con ello, pretendemos hacer frente a tres de los fenómenos estructurales de precarización presentes en nuestra ciudad: la falta de espacio, la segmentación racista y las carencias materiales e inmateriales de los jóvenes… (ODS Patio / Madrid)

54Hemos visto como una parte fundamental de la ODS la creación de espacios de mestizaje, donde conocernos, relacionarnos evitando las asimetrías migrantes- autóctonos que se dan en las clases y las asesorías, y donde poder participar mediante formas colectivas de producción que no pasen sólo por el formato reunión. Espacios que esperamos favorezcan la creación de lazos, el intercambio, la confianza y la generación de conflicto. [...] De los contactos hechos en las sesiones de hip hop surge el rapeadero, un espacio para aprender a cantar y a rimar, desde una óptica positiva y combativa, y donde esperamos se encuentren chavales y no tan chavales de distintos lugares. (ODS Seco / Madrid)

55Si la precariedad es, entre otras cosas, inestabilidad de los recursos «materiales» con los que contamos (ingresos, vivienda, acceso a la salud, ...), la idea de desprecarizarnos aludía, también, al reto de imaginar una forma de compartir recursos capaz de generar una especie de colchón que amortiguara las situaciones de ahogo y que redistribuyera, en cierto modo, nuestras riquezas y pobrezas. (Agencia Precaria / Madrid)

56[la lista de correo] pretende ser un espacio donde puedan circular diferentes recursos destinados a desprecarizarnos: habitaciones en pisos compartidos, ofertas de trabajo, casas donde empadronar, dentistas para sin papeles, muebles, cursos interesantes… (ODS Seco / Madrid)

57Así, estos diferentes ejes de trabajo (asesorías jurídicas, talleres de derechos, clases de castellano y catalán, espacios de mestizaje y redes de intercambio) están orientados hacia la construcción de procesos y proyectos de autoorganización, buscando producir dispositivos colectivos para enfrentar demandas que están siendo vividas de manera individualizada. Estos ejes reflejan y comparten una conceptualización amplia de la precariedad,
(...) la precariedad es una palabra clave que define nuestras sociedades pos- industriales, flexibles y que sufren un profunda crisis del estado de bienestar y los derechos. Precariedad es la falta de recursos y la angustia por no tener futuro. Es una cosa objetiva y subjetiva... precariedad es la palabra que ordena una serie de transformaciones en trabajo, en los derechos, en la vida de las gentes… (ODS Sevilla)

58Desde esta concepción amplia, las Oficinas de Derechos Sociales buscan conformar lo que han venido a denominar como sindicalismo biopolítico, biosindicalismo o nuevo sindicalismo social, entendido como herramienta/institución experimental contra las dinámicas de precarización que desbordan el ámbito de las relaciones exclusivamente laborales. Esta propuesta significa volver a colocar el mundo del trabajo en el ámbito de lo político, pero despojado de posibles pretensiones de centralidad –descentrado- abogando por un sindicalismo que sea capaz de responder a las nuevas realidades de flexibilización y precarización del mercado laboral desde la producción de nuevos espacios, lenguajes, tiempos y prácticas de intervención política, que no quede capturado en la dicotomía (falsa en términos de emancipación) entre igualdad y diferencia, que tenga la capacidad (y el deseo) de articularse y construir trayectos comunes –alianzas- con otros sujetos sociales con el objetivo de crear respuestas (situadas) a la precarización de la vida y la fragmentación social, y que tenga como uno de sus eje principales la cuestión de los cuidados como crítica radical a una sociedad (re)mercantilizada.

59Las Oficinas de Derechos Sociales, que nacen mayoritariamente a partir de la sedimentación de colectivos y experiencias activistas anteriores en diferentes ámbitos de lo social, aparecen así como innovaciones en el ámbito de las luchas por los derechos. Procesos de experimentación y dispositivos en construcción que asumen/reconocen su parcialidad,
Lo apasionante en esta historia es que se trata de un proceso vivo y eso significa, entre otras cosas, que los presupuestos de los que partimos se van modificando. (...)
Que no tengamos una fórmula hecha, que vayamos perfilando el sentido entre todas; que inventemos este proceso sobre la marcha, que se nos aparezca como un reto constante con los únicos objetivos claros de crear escenarios reales de resistencia colectiva. Eso es lo apasionante. (Agencia Precaria / Madrid)

60(...) llegamos a la conclusión de que el propio funcionamiento y la dinámica de la ODS nos iría marcando el camino, que teníamos que abrirla para poder acabar de ir definiendo el proyecto, queríamos comenzar a caminar preguntándonos. (ODS Terrasa)

61En este proceso, son varios los interrogantes compartidos entre las diferentes Oficinas de Derechos Sociales. Los más destacables serían:

  • cómo gestionar adecuadamente el riesgo de caer en el asistencialismo y asegurar la dimensión política del proyecto;

  • cómo construir un modelo organizativo capaz de responder a la heterogeneidad de situaciones y procesos de precarización, un modelo de intervención ajustado a las condiciones de creciente inestabilidad, movilidad y miedo;

  • cómo crear agregación real, cómo pasar del caso individual al proceso colectivo;

  • cómo evitar la saturación de herramientas que son frágiles, de energías que son limitadas, de dispositivos contra la precariedad construidos desde la precariedad;

    • 7 Los días 23/24/25 de mayo de 2008 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro de Oficinas de Derechos Soci(...)

    cómo dotar de densidad a la red77 compuesta por las diferentes ODSs, y de potencia y consistencia al trabajo de alianzas con otros movimientos;

  • cómo posibilitar que la recombinación entre precarios/ as autóctonos y migrantes sea real, cómo llegar con mayor facilidad a la población no-migrante.

62Estas preguntas, las respuestas –materiales y discursivas- a las mismas, y el cambio en unas y otras a lo largo del tiempo son el eje de análisis de la investigación que acabo de iniciar.

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Notas

1 Aunque no es mi objetivo detallar en esta comunicación las diferentes críticas realizadas a la propuesta marshalliana, es importante resaltar la relevancia y la consistencia de las mismas: desde aquellas que cuestionan su enfoque marcadamente estatocéntrico, que conlleva el riesgo de invisibilizar la importancia que tiene la interacción entre el Estado y los otros agentes fundamentales en la producción de mecanismos de protección social, como son el mercado y la familia, hasta las críticas que buscan dotar de mayor densidad al alisis desde una perspectiva de género.

2 La estadística cuenta ‘extranjeros’, mientras que en mi artículo me voy a referir especialmente a ‘inmigrantes’, entendiendo como tales a los extranjeros no comunitarios. Sin embargo, consideraba interesante incluir el dato general de extranjeros por dos razones: por un lado, para dar una perspectiva más precisa del aumento de la diversidad en el Estado Español y, por otro lado, para subrayar la dimensión vil de estas categorías, reflejada en el cambio de estatuto de los/las nacionales de Rumanía y Bulgaria, que a partir del 1 de enero de 2007 pasaban de ser inmigrantes’ a ser ‘extranjeros’, y que en marzo de 2008 sumaban un total de 801.384 personas en territorio espol. Es importante recordar, en cualquier caso, que a estos números habría que sumar un número indeterminado varios cientos de miles- de inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa (los y las ‘ilegales’ o ‘sin papeles’).

3 En el caso de las mujeres inmigrantes, los alisis muestran dos grandes ejes de representación mediática: el pensamiento etnocéntrico de signo postcolonial, común hacia las mujeres y hombres inmigrantes y, de forma más específica, el pensamiento androcéntrico de un discurso de género (Nash, 2005, 2006; Gregorio, 2007). Asistimos a una revitalización del discurso de la domesticidad y a una centralidad de la representación de las mujeres inmigrantes como portadoras del colectivo’ (y, como resultado de dichos discursos, a la falta de reconocimiento de un proyecto de vida propio).

4 Las Áreas de Actuación son: Acogida, Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, Salud, Infancia y Juventud, Igualdad de Trato, Mujer, Participación, Sensibilización, y Codesarrollo.

5 Un reflejo de las dinámicas que vengo presentando es la discusión, a nivel de la Unión Europea, de dos directivas que son simultáneamente causa y consecuencia de este proceso doblemente desquiciado: la Directiva de Retorno, que posibilita que los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo pasen hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión, que puedan ser detenidos con una mera orden administrativa, y que una vez expulsados no puedan volver a la UE en cinco años, así como la repatriación de los inmigrantes menores de 18 años no acompañados; y la Directiva de Tiempo de Trabajo que posibilita ampliar, bajo ciertos supuestos, la jornada laboral hasta 60 horas semanales e incluso a 65 para determinados sectores.

6 En el momento de escribir esta comunicación estoy iniciando el trabajo de campo que llevaré a cabo a lo largo de los próximos años, y a través del cual pretendo analizarmo los diferentes procesos –las prácticas materiales y discursivas de las Oficinas de Derechos Sociales- se articulan, despliegan y modifican de manera dinámica y relacional; en este sentido, las citas textuales que aparecen en el artículo corresponden a materiales de comunicación interna entre las diferentes ODSs, reflejando, por lo tanto, lo que dicen que hacen” y no deben en ningún caso considerarse como conclusiones, ni tan siquiera parciales, sino como ejes o preguntas desde los que (re)pensar el diseño de la investigación. A lo largo de mi trabajo de campo trabajaré a partir del análisis de materiales secundarios (documentos de difusión, propuestas y evaluaciones de proyectos, registros de actividades, etc.), episodios de observación etnográfica, y entrevistas semiestructuradas, todo ello en base a la propuesta etnosociológica de Bertaux (2005: 30-31): “En el trabajo de campo el investigador se cuida ante todo de abrir los ojos, los oídos. la inteligencia y la sensibilidad a todo lo que se le pueda decir o mostrar. Ha ido hasta allí no para comprobar hipótesis planteadas a priori, sino para elaborar al menos algunas; y no sólo ni principalmente bajo la forma de «relaciones entre variables», sino bajo la forma de hipótesis sobre la configuración de relaciones, de los mecanismos sociales, de los procesos recurrentes; sobre ciertos juegos sociales y lo que va en ellos: en una palabra, sobre toda clase de elementos que permitan imaginar y compreender «cómo funciona eso». (...) Así es como llegará poco a poco, mediante continuas idas y venidas entre observaciones y teorizaciones parciales, a adquirir una visión coherente, formulada en términos sociológicos, de su objeto de estudio”.

7 Los días 23/24/25 de mayo de 2008 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro de Oficinas de Derechos Sociales, en el que participaron las ODSs de laga, Sevilla, Terrassa, Madrid (Agencia Precaria, ODS Seco, ODS Patio, y la recien creada ODS de Carabanchel), así como otros colectivos sociales de A Coruña, Barcelona, y Madrid. El encuentro se estructuró en ocho talleres: 1) taller de coordinación e intercambio de materiales y recursos entre las personas implicadas en las clases de castellano y catalán en las diferentes ODSs; 2) taller de coordinación de asesorías; 3) taller de CIES, para coordinar el diseño de una campaña por el cierre de los Centros de Internamiento y contra la Directiva Europea de Retorno; 4) taller de cultura libre; 5) taller de coordinación entre los espacios de hip-hop de las distintas ODSs; 6) taller de coordinación entre colectivos de inmigrantes ‘manteros que se han organizado en Madrid y Terrassa; 7) taller de coordinación de diferentes procesos de lucha que tienen como eje común la temática de los cuidados; y 8) taller de coordinación de los diferentes procesos/proyectos/dispositivos de organización precaria-migrante.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Alberto Arribas Lozano, « De los procesos de precarización a las prácticas colectivas de reinvención de la ciudadanía: la experiencia de las oficinas de derechos sociales », e-cadernos ces [Online], 02 | 2008, colocado online no dia 01 Dezembro 2008, consultado a 18 Dezembro 2017. URL : http://journals.openedition.org/eces/1468 ; DOI : 10.4000/eces.1468

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Autor/a

Alberto Arribas Lozano

É Licenciado em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidad Complutense de Madrid e Mestre em Culture and Colonialism pela National University of Ireland - Galway. Participou no Programa de Doutoramento em Estudos Migratórios, Desenvolvimento e Intervenção Social na Universidad de Granada (UGR), onde actualmente se encontra trabalhando na sua tese de Doutoramento.

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