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Artigos

La localización del daño

etnografía, espacio, y confesión en el escenario transicional colombiano
Alejandro Castillejo-Cuéllar
p. 213-236

Resumos

En este texto exploro un aspecto particular de lo que podrían denominarse “etnografías de los escenarios transicionales”, en la medida que se concentra en algunos de los espacios sociales e investigativos oficiales a cargo de la Fiscalía General de la Nación creados por la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) en Colombia, el marco legal que permitió la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también conocidas como “paramilitares”. Este trabajo se debe gracias a mi participación como observador en un equipo de investigación de la Fiscalía durante una “diligencia” realizada a comienzos del 2012 con el objeto de “certificar” el “daño” causado por la guerra a poblaciones concretas. El trabajo explora las múltiples mediaciones narrativas, visuales, cartográficas y testimoniales que se cruzan en estos procesos de investigación y que enmarcan, de maneras incluso contradictorias, las concepciones del sufrimiento y del daño colectivo.

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Notas da redação

Recebido em: 31/12/2013

Aprovado em: 09/06/2014

Notas do autor

Este texto es un desarrollo de materiales recolectados en el marco de mi participación como consultor-investigador del Grupo de Memoria Histórica (Comisión Nacional de Reparación y reconciliación) y financiada por Open Society Foundation. Todos los permisos para publicar, editar o desarrollar material recabado en ese contexto han sido solicitados y debidamente concedidos por el Centro Nacional de Memoria, Colombia. Este texto hace parte del libro en preparación Tras los rastros del cuerpo: estéticas y políticas de la desaparición forzada en Colombia.

Texto integral

Introducción

Objetos personales. Circula entre las oficinas de la Fiscalía y las salas de audiencias una especie de catálogo en formato de periódico semanario. Rastros, es su nombre: a todo color, el documento publica las fotos de objetos personales encontrados durante investigaciones forenses en las cientos de fosas comunes levantadas en los últimos años en el contexto de lo que se ha venido a denominar el proceso de Justicia y Paz en Colombia. La metáfora central del informativo, expresada en la diagramación misma del documento de 30 páginas, es la idea del rompecabezas (de hecho el logo de la Fiscalía es una pieza de rompecabezas): lograr poner o conectar piezas de tal manera que permita la identificación, en el sentido literal, de su propietario. Al tener una amplia circulación, quizás algún familiar reconozca la prenda: las fotos, en promedio nueve por página y organizados por casos debidamente numerados, muestran pedazos de ropa, visiblemente deteriorados por la acción del terreno y las condiciones de su enterramiento. Pantaloncillos, camisas, cinturones, chaquetas, cachuchas, medias, zapatos y mochilas, todos puestos sobre una superficie blanca, hablan de la tenebrosa invasión de la intimidad que es la muerte. En ocasiones, para facilitar el proceso, se hace una pequeña ampliación de algún detalle de la prenda con el objeto de resaltar marcas específicas, señales que puedan dar indicios de sus dueños, de su identidad.
En más de un sentido es un rompecabezas: no solo porque busca establecer la identidad de la persona, formar un todo sobre la base de fragmentos, sino también porque, en cierta forma, busca
re-incorporar, en las múltiples acepciones del término, al muerto: en la búsqueda de la identidad jurídica hay al mismo tiempo un subtexto, un intento por restituir su integridad social, su corporalidad, por darle un contorno a la dispersión de los pedazos, de los rastros. Así mismo, re-incorpora también, en el sentido de re-instituir la persona dentro de una “comunidad moral”, en la medida que los restos son sacados, literalmente, del olvido (o del proyecto de olvido) donde fueron enterrados, en una cercanía perversa con otros muertos, amontonados, apilados, unos encima de otros, unos entre otros hasta perderse entre sí. La persona-cadáver se reincorpora al orden de los vivos para su tránsito hacia el orden de los muertos, a través del ritual que lo guía a su ciudad final. Con esto se le pone un rostro y una voz a quien había sido enmudecido.
Rastros en un catálogo de cuerpos mudos, de pedazos que buscan reconectarse, de miembros que buscan ser restituidos en su integridad. Está lleno de fantasmas, de presencias sin cuerpos, de voces sin poder hablar: es un proyecto de restitución de la palabra. Pero, ¿Cómo podrán las personas –en la lejura de la selva o de los campos de donde fueron sacados– encontrarse con estos rastros? Encontré, paradójicamente, copias del catálogo funerario, en grandes atados, en una esquina polvorienta de la Fiscalía en Barranquilla. Estaban abandonados, amarillándose. Olvidados. (Notas de campo, Junio del 2011).

1¿Cómo se “certifica” (técnicamente) el “daño” que produce la guerra en una sociedad o en una persona? ¿Dónde se “localiza” la violencia, en qué espacios geográficos, productivos, corporales, subjetivos o sensoriales? o ¿en que temporalidades? ¿En el “pasado histórico”, en el pasado de “largas temporalidades” o en el “presente permanente” que se mueve hacia el futuro? ¿Cómo se le asigna un nombre, una imagen a una experiencia “daño” o a los rastros que produce?. Este texto comienza, en cierto sentido, por el final. Por las imágenes de prendas y restos humanos producto de la investigación de personas desaparecidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz en Colombia.

2Este texto indaga, en el contexto del proceso instaurado por la puesta en marcha de la Ley 975 del 2005 (Colombia, 2005) o llamada Ley de Justicia y Paz en Colombia (el marco legal encargado de permitir la desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC) una fase concreta de la investigación contra miembros de este grupo. El hilo que une los siguientes apartes, además de enmarcarse dentro proceso de recolección de pruebas a cargo de la Fiscalía General de la Nación en Colombia (en adelante la Fiscalía) en torno a casos de desaparición forzada, radica en la preocupación por entender la manera como una sociedad particular ha enfrentado los efectos del conflicto armado e intenta “localizar” la violencia en diferentes planos, geográficos, narrativos o subjetivos, etc. En este caso, se concentra en entender cómo la investigación realizada por la Fiscalía no sólo recaba pruebas (para imputar cargos dentro del proceso de Justicia y Paz) en contra de personas y grupos concretos sino además intenta responderse la pregunta por la naturaleza del “daño”, y en cierto sentido, del “sufrimiento colectivo” (Castillejo-Cuéllar, 2013b; Das et al., 2001). En otras palabras, si bien es cierto que el en contexto de la Ley de Justicia y Paz existe una serie de conceptualizaciones del “daño” producto de la guerra (moral, material o colectivo, en un sentido técnico), la Fiscalía busca “localizarlo” a través de dispositivos visuales y narrativos específicos. Para mostrar es complejo proceso de “localización”, este texto se concentra en la búsqueda de personas desaparecidas, y en algunos de estas modalidades de “localización”.

3La serie de leyes y políticas puestas en marcha en Colombia como parte de los “arreglos de Justicia Transicional” han sido objeto de múltiples análisis. En parte, estos trabajos se han concentrado en la formalidad de los procesos, en el funcionamiento de las instituciones encargadas de ejecutarlas y en su evolución a la luz de los objetivos para los cuales fueron, al menos en teoría, instaurados inicialmente (Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2009; Delgado, 2011; Human Rights Watch, 2005; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Corporación Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, 2009; Reed, 2012). Sin embargo, en años recientes y desde una perspectiva más etnográfica, desde el campo general de los estudios sociales de “escenarios transicionales”, una serie de nuevas preguntas han planteado la necesidad de leer estos procesos desde una escala diferente, en la medida en que ellas constituyen un ámbito de confrontaciones y negociaciones donde concepciones más abstractas del pasado y del futuro se entrelazan con nociones más inmediatas de la “victima”, la “reparación”, o el “daño” (Carrothers, 2002). En este sentido, por “escenario transicional” se hace referencia a los

espacios sociales (y sus dispositivos legales, geográficos, productivos, imaginarios, y sensoriales) que se gestan como producto de la aplicación de lo he denominado, de manera genérica, leyes de unidad nacional y reconciliación y que se caracterizan por una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y otras modalidades de violencia. (Castillejo-Cuéllar, 2013a, p. 3).

4Así mismo, por “localizar” (la violencia) hago referencia a toda una serie de “operaciones conceptuales y políticas por medio de las cuales el pasado se autoriza, se domicializa –en coordenadas espaciales y temporales–, se consigna, se codifica, y se nombra en cuanto tal” (Castillejo-Cuéllar, 2013c, p. 306; ver también Castillejo-Cuéllar, 2013b). Este ejercicio de “localizar” es esencialmente análogo a producir un mapa: implica una red de conceptos, metodologías y procedimientos a manos de expertos que definen y estructuran el contenido futuro de una narrativa histórica. La pregunta es entonces, desde este punto de vista, ¿qué tipo de operaciones conceptuales están implicadas en el funcionamiento del escenario transicional colombiano, y particularmente en lo relativo a la “certificación” de la violencia y el “daño” relativo a la desaparición? En este sentido, este texto busca leer, en una primera instancia, un proceso de intervención técnica mediante el cual una sociedad particular “articula” (es decir, asigna un nombre a una experiencia), de formas complejas y contradictorias, algo denominado “el pasado violento”.

5Por esta razón, este documento hace parte de una investigación más amplia realizada en diferentes contextos nacionales sobre los espacios de la ley –obviamente, aquellos encuentros cara a cara gestados en el marco de la aplicación de leyes transicionales– y en los que se incluyen las estructuras espacio-temporales de procedimientos concretos, sus procesos “rituales” (Turner, 1988), las prácticas conversacionales (Bauman, 1984; Castillejo-Cuéllar, 2013d; Mertz, 1994; Sawin, 2002), y, en su conjunto, las escenificaciones y “performatividades” del poder en el contexto de investigación de crímenes de guerra (Balandier, 1994). Como se ha visto en otros contextos sociales, las diversas iniciativas de investigación preocupadas por los procesos de violencia, en donde se instauran comisiones de la verdad u otros procesos de investigación, son mecanismos de reconstrucción histórica que, en condiciones temporales y políticas específicas, se encargan de la definición, recolección y producción de un “saber” institucionalmente legitimado sobre el pasado violento de una nación (Cole, 2007; Young, 2004). Este proceso implica, como se verá más adelante, una serie de mecanismos de clasificación y control oficial a través de la intervención estratégica de saberes altamente especializados.

  • 1 Véase, por ejemplo, Fiscalía General de la Nación. Guía de procedimientos de la Unidad Nacional de (...)

6Visto desde esta escala, desde el ámbito de reproducción social que constituyen las estructuras del “mundo de la vida”, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz instituyó una serie de procedimientos que han requerido reglamentación, regulación y organización general. Ciertamente, esta es una lectura etnográfica de las dimensiones procedimentales que emergen en “escenarios” tecnocráticos de “transición” donde se despliegan diversos mecanismos legales y extralegales (Anders, 2007; Greenhouse, 2006; Hinton, 2010; Laplante; Theidon, 2006; Marry, 2006a, 2006b, 2007; Ross, 2002; Vinjamuri, 2004; Wilson, 2004). En este sentido, desde los procesos de “versionar” o “confesión” realizados en años anteriores hasta los protocolos de presentación de evidencias e información, Justicia y Paz ha requerido, para el trámite judicial, paulatina unificación y estandarización. Prueba de esto es que desde la promulgación de la ley y paralelo a sus reglamentaciones, la fiscalía emitió más de trescientos memorandos internos relacionados con el establecimiento del proceso de Justicia y Paz. Cómo se rinde una versión de hechos delictivos, qué tipo de información busca un fiscal, cómo se presenta ante una audiencia, y cómo circula, son algunos de los temas desarrollados a través de “directrices emitidas por memorandos”.1 Adicionalmente, estas precisan no solo los procedimientos realizados durante la investigación judicial –en manos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y sus respectivos “satélites” en diferentes regiones del País– sino que informan sobre aspectos concretos en el uso de diversos equipos humanos especializados: investigadores criminales, tipógrafos, perfiladores, antropólogos forenses, historiadores, psicólogos forenses, entre otros.

7Este trabajo se acerca a esta escala de interacción técnica, una etnografía de lo “transicional”, pero en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas. Así, las condiciones en las que se da la investigación de la Fiscalía constituye no solo una de las maneras cómo ese pasado es “localizado”, “mapeado”, y “articulado en el lenguaje” sino que también emerge como uno de los “momentos” donde se negocia, en una trama de significados, una relación con él y con las causalidades históricas que han gestado diversas concepciones del daño.

La “localización” de la experiencia

  • 2 Una vez la lista de desmovilizados-postulados (al terminar el proceso de negociación) propuestos po (...)
  • 3 En el Artículo 5° de la ley 975 se lee: “Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley (...)
  • 4 Se han mantenido en general dos tipos de críticas al proceso Justicia y Paz: uno es histórico, y ti (...)

8Cuando emerge información concreta sobre hechos delictivos específicos en el contexto de la “versión libre” (es decir, en el momento de la confesión de un paramilitar), la Fiscalía está en la obligación de iniciar un proceso de investigación general que los corrobore mínimamente.2 Eso se puede lograr cotejando datos o documentos de diferente clase. Por ejemplo, a través de entrevistas (sobre hechos concretos) y testimonios de víctimas específicas ubicadas o aparecidas dentro del relato de quien confiesa.3 Aquí hay que decir que, como diversos comentaristas lo han observado, el peso de lo que llaman “reconstrucción de la memoria histórica” recae en lo que en últimas es la voluntad del “versionado” y de lo que quiera confesar. De ahí las acusaciones de ser un proceso blando con los perpetradores.4 Documentos públicos, archivos de la policía (cuando existen) e informes de otras entidades oficiales, hacían parte de este proceso de clarificación y “corroboración” básica.

9Cuando aparecen nombres de víctimas, o bien porque ha habido una “consulta interna” por parte de los miembros de las Autodefensas en la cárcel (ante la solicitud de un pariente) o bien porque lo han declarado dentro de su “versión” (por ejemplo cuando inculpan a otros), la “citación a víctimas” (el procedimiento en el que la Fiscalía oficializa la “condición de víctima” de los grupos armados ilegales) amplía la escala pública y da existencia judicial a un sufrimiento escondido en el ámbito de la familia y la persona. La violencia también toma cuerpo o se puede asir a través del proceso judicial. El dolor adquiere el lenguaje del Estado.

10Lo que se corrobora es la existencia del evento violento mismo, y en lo posible, sus “autores materiales”, mediante la indagación o clarificación de las “circunstancias de modo, tiempo y lugar” de los “hechos delictivos”, y por supuesto el “daño” en el marco de las operaciones de grupos ilegales. Esta triangulación entre “modo”, “tiempo” y “lugar” permite que el escenario de responsabilidades penales recaiga, si el responsable directo no existe, sobre el jefe del Frente que operaba en la época del hecho que se investiga bien sea una masacre, un asesinato o un desplazamiento. Cuando las piezas se juntan, el comandante del Frente asume la responsabilidad por “cadena de mando” bajo la teoría de la “autoría mediata”, en donde el jefe de un grupo armado, dada su estructura jerárquica, asume la responsabilidad de las acciones de sus subalternos.

11“Localizar” en el lugar, en el territorio, en la experiencia personal o grupal, el efecto de esta violencia, dentro de los juegos de lenguaje de la Ley de Justicia y Paz, hace parte de esta corroboración. En cierta forma, evidenciar los rastros de la muerte o de la violencia o del desplazamiento hacen parte de un mínimo procedimiento de “verificación” (de la verdad del perpetrador) que tiene como objeto el esclarecimiento de la verdad jurídica (es decir, las “circunstancias de modo, tiempo y lugar”). Sin embargo, de cara a la sentencia final del proceso –donde el versionado, luego de ser imputado y de aceptar los cargos sobre él impuestos es sentenciado a un término de prisión y de alguna manera obligado a reparar a las víctimas de sus actos– esta verificación (que en el contexto de un escenario de reparación toma la forma de un balance de daños y perjuicios materiales, económicos y morales) entra a formar parte de los cálculos económicos alrededor de la “reparación” o indemnización misma.

  • 5 Véase el oficios 001811 y 00079, F59 Unidad Nacional para la Justicia y la Paz del 2010 y 2011 resp (...)

12Así, en un intento por localizar estos “daños” y estos “efectos” de la violencia, un Fiscal puede realizar, en compañía de un equipo de investigadores forenses, una diligencia que forme parte de este ejercicio de “verificación”: recorrer las zonas de influencia del grupo paramilitar en busca, no solo de testigos de eventos concretos, sino de información que ayudará, como se plantea en los memorandos y las reuniones preparatorias, a “la reconstrucción de la memoria histórica”.5 En este sentido, el fiscal de Justicia y Paz, no es sólo un operador judicial (encargado de ejecutar y administrar el proceso investigativo) sino que adicionalmente puede ser potencialmente un agente de “reconstrucción histórica”. En este contexto, la verdad histórica se relaciona con la verdad judicial (Sarat; Kearns, 2002).

13La diligencia de reconstrucción de la “memoria histórica”, como fue denominada, constituye un espacio ampliado de la diligencia de la versión libre, la diligencia de confesión. Existe temática y estructuralmente una relación entre las dos, aunque sus diferencias también saltan a la vista. La versión libre ampliada, sacada del contexto de la cárcel o de la sala donde se realiza la confesión, fue posible en virtud de dos elementos centrales. Habría que mencionar que no constituye necesariamente un procedimiento obligatorio ni hace parte de protocolos de investigación, aunque pueda haber por parte del fiscal responsable una responsabilidad moral detrás de su realización. Por un lado, existió el interés oficial por “conocer las circunstancias en terreno” así como también contar con el apoyo y la disposición del grupo en cuestión. Con relación a los versionados, la realización de la diligencia, en teoría, afianzaría su continuidad en el proceso de Justicia y Paz (que finalmente lo llevaría a una “reducción de pena”) y expresaría su disposición a seguir “colaborando”, entregando más información relevante. A las luz de estos elementos, un grupo de Autodefensas en particular participó en la reconstrucción de eventos anteriores a su desmovilización en el 2004, relatando aspectos (en particular uno que preocupa a la Fiscalía, como es el de la masacre) hasta entonces desconocidos: primero, una guerra entre frentes de las AUC –y entre sus múltiples fragmentaciones regionales sobre todo en las zonas de influencia de los Llanos Orientales y el Guaviare, al sur del país– y segundo, una operación militar conjunta de múltiples bloques de las Autodefensas en contra de las FARC y que, contra lo esperado, las obligó a no solo a replegarse estratégicamente sino que dejó en su camino de retirada una estela de muerte.

Las cartografías visuales de la muerte

  • 6 Los nombres ha sido cambiados.
  • 7 En el contexto oficial, la “entrega” de cuerpos encontrados en fosas comunes es una manera como se (...)
  • 8 La Fiscalía, como parte de las diligencias cuando iniciaba un proceso de investigación sobre un Blo (...)

14La primera “traducción” de estos eventos, antes de emprender el proceso en terreno, fue visual, cartográfica.6 La “diligencia” (que permitió conocer las lógicas de investigación dentro de una institución con enormes condicionantes de seguridad personal) consistió en recorrer, junto con el jefe militar de las Autodefensas Unidas del Meta y Vichada (ACMV), las zonas donde operaron política y militarmente. La idea era esclarecer los eventos que habían sido mencionados en una versión y que conllevaría a la “entrega”7 de cuerpos o a la “ubicación” de fosas comunes o lugares de enterramiento.8 El proceso, desde el punto de vista de la Fiscalía, tuvo un antecedente importante que cabe mencionar. Antes del recorrido por las zonas de confrontación, como parte del proceso de confesión, los miembros del grupo (cuatro en total) construyeron, a mano alzada, mapas de sus “áreas de su influencia” en el seno de una historia (la historia de los grupos ilegales) que los llevó del tiempo de la guerra entre facciones de las Autodefensas a una “operación conjunta” contra la guerrilla hacia finales del 2004. En estos mapas, con su propia nomenclatura incluida (marcadores de colores rojo, azul o negro distinguían diferentes aspectos de la geografía de los sitios a los que hacían referencia), daban detalles, nombres de fincas, carreteras, y mojones geográficos que servían de guías. Se identificaban con palabras que parecían reproducir el lenguaje hablado, incluso aséptico aunque coloquial, que se les escucharía durante la diligencia.

15Así mismo, el propio lenguaje militar, despersonalizado, hacía parte de la historia que se contaba a través de los símbolos y las líneas que constituyen el mapa en tanto sistema de clasificación: “acantonar”, “eje de avance”, “tropas”, “unidades” [“soldados” o “combatientes”], “dar de baja”, entre otros. El mapa representa, en esencia, el teatro de operaciones militares: detallaba elementos relevantes y aceptables para el proceso de Justicia y Paz y su preocupación por las operaciones militares de grupos ilegales. Incluso, en el lenguaje cifrado del tablero se percibe la misma ambivalencia en cuanto a su participación personal y en cuanto a la imagen que querían mostrar, sobre todo de cara a las prerrogativas morales que el proceso de alguna manera les impuso. Existía una dislocación entre el sujeto que relataba y su responsabilidad.

  • 9 A lo largo de los más de 100 kilómetros recorridos durante este proceso se realizaron entrevistas i (...)

16El mapa fue realizado en este contexto, en este terreno ambiguo, visto desde sus propias explicaciones y narrativas, entre los imperativos del conflicto, la “guerra justificada” y la aparente misericordia de quien tenía el poder y el arma; entre la confesión y el distanciamiento del sujeto en el acto de hablar. El mapa había sido una herramienta de auto-reflexión, sin duda. Sin embargo, estas representaciones del territorio, de la guerra, no solo evidenciaban el conocimiento de una región y la manera como ese conocimiento (caños, ríos, cruces, climas, paisajes, terrenos de enorme diversidad y distancia, nombres de lugares y de personas, y referencias específicas, eran congelados en el tiempo: “los cuerpos están bajo un morichal […], al lado de una palo de mango”.9 El Morichal, por efecto del tiempo, había ya desaparecido para momento de la investigación, aunque era esperable que aún crecido estuviera en el mismo sitio. La guerra no solo se traducía en una imagen, y en las relaciones que la persona tenía con el tiempo que revelaban, sino que además se centraba alrededor de los corredores de movilidad, de las carreteras, caminos de herradura o monte traviesa por donde el grupo operaba, por donde finalmente la comisión de la Fiscalía transitaría. Este mapa dibujado colectivamente sobre un tablero de dos metros de largo, representaba una geografía de la muerte, una herida que se había impreso sobre la región. Era sobre esa herida, sobre ese tierra saturada de sangre, que se dispuso el equipo de investigadores a caminar los eventos del 2003-2004.

17Se discutieron las acciones realizadas por quienes fueron miembros de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, entre los días 7 y 18 de agosto del 2004 junto con otros Bloques de Autodefensas. Las ACMV se desmovilizaron cerca a Puerto Gaitán, Departamento del Meta, a finales del 2004. Originalmente llamadas Bloque Oriental, operaron desde 1994 en las zonas de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, y en el Departamento del Vichada. En diferentes ocasiones, operaron conjuntamente con grupos (no desmovilizados) y quienes realizaron las masacres de La Loma, La Picota, Puerto Mosco, Alto Tillavá, Planchón de Oriente, San Teodoro, entre otras. Su jefe, Baldomero Linares, huyó del Magdalena Medio “acosado por la guerrilla” y llega en 1972 al Castillo, Meta. Luego de varios intentos fallidos de las FARC por reclutarlo, Linares se convierte en informante del ejército hasta 1989 cuando huye de nuevo a San Martín, Meta. Ahí organiza, según dijo, un grupo para defenderse hasta que en 1992 es capturado con un cargamento de armas y encarcelado dos años. Cuando sale en 1994 “se reincorpora a la agrupación” y se relaciona con Héctor Buitrago, jefe de Los Buitrago. En el año 1999, el Bloque Oriental del Meta (unos 20 hombres) “muta” de nombre, más no de estructura, en las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Figuran en esta lista de versionados también José Delfín Villalobos, Miguel Ángel Achury, Rafael Salgado. Todos conforman lo que la Fiscalía llama, citando “los estatutos”, el Estado Mayor Regional Conjunto. Para la investigación de estos hechos –la guerra entre grupos, la operación conjunta contra la guerrilla y la subsiguiente retirada (con un “saldo de 22 personas ultimadas”)– se organizó, basada en la información ofrecida en la versión libre y cristalizada en los mapas arriba descritos, un grupo de trabajo.

  • 10 Las dificultades de investigación, luego de salir de las cabeceras municipales, eran diversas. Prim (...)
  • 11 Este Municipio, específicamente la parte urbana, esta custodiado por el batallón Joaquín París. Den (...)
  • 12 Versión rendida el 10 de septiembre del 2010.

18La organización de la comisión de investigación implicaba problemas logísticos serios,10 dado que haría un recorrido de norte a sur en el Departamento del Meta a través de 350 kilómetros (y más de diez días de recorrido) por tierra desde Villavicencio (la capital del Departamento con 350 mil habitantes), pasando luego por Puerto Gaitán, Planadas (donde se encuentra la planta de petróleo Rubiales), Kioscos (una avanzada de exploración petrolera), La Cooperativa (un pueblo abandonado luego del fin del boom de la coca) y de ahí hasta el municipio de Mapiripán (conocido por una masacre en 1996), sobre el rió Guaviare, frontera marítima con la región amazónica, fuertemente militarizada sobre todo hacia la zona de San José.11 Entre estos lugares, se tejieron otros micro-recorridos por fuera de los tramos principales, entre fincas, baldíos, resguardos indígenas, bases militares, puntos específicos en la geografía y por supuesto, los lugares concretos que emergen en la versión libre.12

19La Comisión realiza un recorrido por una “sutura”: la “violencia” produce un “daño”, una “cortada”, una “herida” sobre el “territorio”, sobre la “persona”, sobre las “comunidades”. El matar constituye una suerte de metáfora, de representación de esta herida. Con los años, estos cortes, estas heridas se hicieron más difíciles de percibir. La comisión, buscando certificar el daño que las Autodefensas habían producido sobre una basta región, extrajo de manera casi quirúrgica, testimonios de guerra y pedazos de historia para completar la historia del bloque. Aquí la pregunta que emerge es ¿dónde se localiza el dolor, donde se localiza el daño? En el camino se encontraron con comunidades de diverso tipo: organizaciones civiles (como en Planadas, Meta), comunidades indígenas y familias desplazadas en Puerto Gaitán. Todo esto como parte del proceso que los llevaría finalmente, y como antesala, no solo a las guerras de paramilitares sino sobre todo a los lugares de enterramiento de personas que habían sido asesinadas en su última operación conjunta. La confesión itinerante sobre una sutura, sobre el tejido cosido con el tiempo y dañado por la guerra. Era un recorrido de alguna manera preestablecido por la herida misma.

La certificación del daño

20El punto de contacto entre las víctimas y el Estado era precisamente su relación concreta con el proceso de Justicia y Paz, bien a través de visitas oficiales o de documentos de diferente índole emitidos durante diversos procedimientos. La Comisión, que es el caso que aquí concierne, realizaba micro-itinerarios dentro del itinerario general con el objeto de recoger “historias de la guerra” para efectos de la reconstrucción de la “memoria histórica”, un término que en Colombia está asociado a la oralidad, al relato, al testimonio de una víctima. Estas historias certificarían la existencia del “hecho violento” (entendido como “hechos de sangre”, según la terminología legal), y sus efectos en la sociedad. Esta mediación burocrática, que implica la captura de información en un protocolo, le da una realidad judicial al dolor. Durante estos recorridos, la sensación permanente de haber sido “abandonados por el Estado”, producto de años de silenciamiento, coexistía con la esperanza de que la investigación de la Fiscalía “llegara a alguna parte”. Eran víctimas oficiales, en la medida que eran reconocidas como tales por la ley y por las categorías de victimización que admitía dicha ley (Castillejo-Cuéllar, 2013c). En su mayoría, la gente accedía a contar los eventos que en un principio les habían dado acceso a Justicia y Paz. Una vez reconocida su “calidad de víctima”, la persona adquiere derechos “a la verdad y a una reparación” en forma de indemnizaciones y otros programas estatales.

21En estos encuentros con familias campesinas desplazadas o con comunidades indígenas, además de discutir los detalles relativos a un caso particular, también se invitaban a relatar su experiencia con la violencia. Lo interesante de este proceso es el hecho se ser una extracción quirúrgica de la “experiencia” donde determinados relatos de guerra resaltan sobre otros. En un argumento ya planteado en otro texto, hay en este procedimiento una seria dificultad de recolectar testimonios de violencia que no son fácilmente clasificables dentro de las categorías legales centrales dentro del Proceso de Justicia y Paz. En cierta medida, hay eventos que resultan de mayor capital simbólico: el descubrimiento de asesinatos o masacres, de los móviles y responsables, tiene centralidad dentro de la investigación de los diversos fiscales. Por supuesto, existen muchos otros delitos que la Ley, tanto la ordinaria como Justicia y Paz, reconocen. Los jefes paramilitares, por ejemplo, tienen en contra acusaciones por miles de eventos que van desde “robo”, “concierto para delinquir”, pasando por “homicidio”.

  • 13 Como parte del proceso de recolección de datos, la comisión realizó una serie de encuentros con líd (...)

22El caso de una comunidad indígena Sikuani es interesante, ya que evidencia cómo los testimonios recolectados fueron inscritos dentro de ciertos órdenes narrativos.13 Para comenzar, hay una estructura misma en el narrar en donde el hombre, la autoridad de la casa y, en algún momento, de la comunidad, “cuenta” mientras la familia extendida y los vecinos escuchan y asienten en silencio. Un cierta división social del relato (Seremetakis, 1991) se despliega, cuestión que los investigadores no necesariamente reconocen. En este sentido, hay una primera instancia en que el silencio es instalado en el procedimiento, en la medida que lo oficialmente consignado es relatado desde una posición particular del sujeto que relata y que se encuentra más allá de lo que la ley considera relevante. Sin embargo, esto se acentúa pues ante la solicitud de su “historia de violencia” (debidamente grabadas en video y en audio), el Capitán de la Comunidad Indígena centra el contenido de su relato en datos aparentemente anecdóticos y dispersos. El grupo de investigadores no está acostumbrado a estas largas narraciones, pues están entrenados para recoger información a través de un protocolo en el que las condiciones de modo, tiempo y lugar están en el centro de su indagación.

23Las largas narraciones (que no fueron realizadas en el idioma materno, Piapoco o Sikuani, sino en Español, su tercera lengua) cuentan una historia de desplazamientos forzados y persecuciones de Indios en tiempos de los “abuelos” (generaciones anteriores a la que en teoría requiere la Fiscalía), y no encajan dentro de las temporalidades implícitas en el mandato que instauró la investigación. Las temporalidades del relato, su profundidad histórica no tiene nada que ver con las coordenadas de tiempo implícitas en la investigación judicial que se preocupaba por eventos recientes. Estas narrativas no son fácilmente traducidas a sus protocolos de recolección de información, y en último caso, no saben como manejarlas. Para el funcionario, ellas dicen mucho, aunque no lo que necesitan escuchar. El investigador judicial requiere de datos concretos de cómo el operar militar de las autodefensas afectó la persona en cuestión.

24En un caso, por ejemplo, el Capitán salta de época en época en un entramado narrativo complejo y no lineal. Sin embargo, su preocupación con la violencia era realmente la historia de las fracturas internas por el poder y por la autoridad sobre la capitanía del resguardo. Y aunque estos temas hacen parte del presente, se relacionan con la violencia aunque no necesariamente con la violencia que el fiscal busca “acreditar”. El capitán del resguardo es un orador hábil. La comunidad lo rodea: visitantes de los alrededores llegan y se siente otraírque en últanciano tiene que decir. Niños por doquier, mujeres sentadas oyendo en un ritual colectivo de mutuo reconocimiento. Hacia el fondo, a unos pasos, la casa de la familia. En este punto, rodeado de lo que parecen condiciones de vida en extremo sencillas, con niños visiblemente famélicos, es difícil diferenciar entre la pobreza crónica e histórica por un lado y la “cultura” por el otro.

25Y ¿cómo balancear el hecho de que el relato de violencia no era el relato esperado por los funcionarios?. No era la historia del muerto, del asesinado, del desplazado reciente sino una historia de persecución histórica narrada en los lenguajes de la actualidad. Sin embargo, al mirar alrededor, otra historia se tejía entre los espacios, entre los niños, entre los inodoros abandonados y entregados por la beneficencia religiosa. La violencia de la discriminación estaba ahí y aunque se contaba a sí misma aún era invisible. Para algunos funcionarios lo que veían era “cultura”, “costumbres ancestrales”, e incluso una expresión de carácter “primitivo” de las comunidades. Para hablar más claramente de los efectos de la violencia paramilitar habría que buscar un experto, un especialista (ojalá un propio indígena), que hable el idioma de justicia y paz, que sea capaz de traducir, porque la palabra de esa tarde, que planteaba temporalidades y violencias que estaban más allá de las definidas por la ley, era casi incomprensible para la mirada judicial. El relato del viejo quedó literalmente por fuera del registro histórico, no podía ser tabulado, y por lo tanto no se convirtió en “material probatorio”.

26En conclusión, más allá de las especificidades de cada encuentro, el hecho es que Justicia y Paz crea escenarios concretos, cotidianidades históricamente determinadas, con diferentes actores sociales. Entre la mirada judicial, encarnada en el funcionario, y la experiencia de la violencia, expresada a través del relato de un anciano, puede haber una distancia, una dificultad para su mutua comprensión. Esta distancia fue cubierta por miembros más jóvenes de la familia, como los hijos, que representaban generaciones más instruidas en los lenguajes oficiales (y globales) de la justicia, la verdad y la reparación. A pesar de esta extracción quirúrgica del testimonio, este parecía flotar en el aire sin mayor significado salvo ilustrar una historia de guerra. Lo que sí resultó evidente es una nueva generación de líderes, algunos de ellos ya perseguidos, que entendían y se adaptaban estratégicamente al lenguaje del Estado. Entendían de lo que se trataba, y argumentaban con los funcionarios sobre las limitaciones que veían en el proceso.

27La información extractada durante este tipo de visitas serviría eventualmente para audiencias futuras del proceso. El funcionario, de cierta manera, es un agente de divulgación del lenguaje instaurado por la Ley. Esta, desde este punto de vista, institucionaliza formas concretas de hablar de la violencia, relaciones de causa y efecto, temporalidades concretas, y concepciones de la victimización. Si bien es cierto que el encuentro con experiencias comunitarias de violencia pueden resultar un momento esperanzador, las palabras propiamente habladas (aunque dieran pistas sobre fenómenos concretos como la persecución histórica o el desplazamiento) no necesariamente se articularían con la “historia del grupo armado”, elemento central en el marco de una audiencia pública posterior, cuando la información recogida en el terreno estuviera organizada y catalogada. La esencia de esta parte de la diligencia era recolectar y certificar la violencia, y por lo tanto, eventualmente certificar el daño, y la herida. Cuando no son parte oficial del proceso, estas experiencias de guerra entran, si al caso, de manera subsidiaria, complementaria, pues hablan de datos no necesariamente relevantes a los ojos de un fiscal. Hay en la Ley una cierta condición endémica a no poder escuchar las modalidades de violencia que se salen de los contornos teóricos y las arquitecturas conceptuales sobre las que la Ley se basa.

Los cuerpos que aparecen

28Pero, ¿dónde habían quedado los cuerpos o en dónde estaban enterrados? Aquellos que, en principio, las comisión de investigación sale a buscar en compañía de miembros de las Autodefensas? ¿Dónde estaban los rastros de la masacre, los mismos que habían sido cartografiados y que habían resultado evasivos al momento del encuentro con las experiencias de desplazamiento en una comunidad indígena?. Efectivamente, el versionado describió, antes de entrar en el trayecto final del recorrido, los aspectos centrales del funcionamiento del “grupo armado organizado al margen de la Ley”. Paralelo a este proceso, se realizan las entrevistas y encuentros descritos anteriormente. En esta parte del recorrido efectivamente, además de dar detalles de orden militar y relatar aspectos de la guerra en el momento en que se camina sobre el terreno, el versionado señala lugares, y algunos “hechos de sangre”. Transita por las zonas donde efectivamente se dieron las batallas entre paramilitares, relató la manera como los camiones repletos de municiones llegaban a diario para proveer distintos grupos. Describió con detalles estratégicos cómo se organizaba, a lo largo de una serie de fincas, el teatro de operaciones, las zonas de la guerra, las insignias del enemigo. Las zonas, campos abiertos, de poca vegetación suscitaban la pregunta de cómo protegerse de la bala, del combate. Los casquillos se encontraron en montañas. Incluso, restos humanos fueron ubicados: pedazos de huesos partidos y dispersos por el sector. Las paradas eran específicas en esta geografía de la muerte. Era la información requerida por el fiscal la que se daba in situ y que le ayudaría a conformar una imagen de cómo estos grupos nacieron y cómo operaron. Estas narraciones eran determinadas por la información que el proceso necesitaba y que el versionado estaba dispuesto a declarar. Daba detalles estratégicos, circunstancias de modo, tiempo y lugar que al ser trianguladas con las identidades de los miembros del Frente y su jefe, permitirían la asignación de la responsabilidad si no individual, al menos “por cadena de mando”. Su relato encajaba por supuesto con las necesidades de la investigación.

29De ahí en adelante, más adentrados en la zona de Mapiripán, el versionado relata, también en un lenguaje muy concreto, aspectos técnicos de una operación contra la guerrilla. El fiscal indaga por la población civil, por los frentes reunidos, por lo jefes, etc. El versionado explicó cómo al ser golpeados por la guerrilla, el grupo, de casi mil doscientos hombres acantonados en una finca cercana, se bate en retirada dejando muchos muertos civiles en el camino, liquidando gente para borrar las huellas y no dejar pistas del camino que recorrieron. Pero esa voluntad de borrar los vestigios de la muerte no se cristaliza con los nombres ni de los muertos ni de sus asesinos. Hay en estas declaraciones un permanente desplazamiento de la responsabilidad por el asesinato o el llamado “ajusticiamiento”. Es esta incertidumbre la que lleva al uso de la responsabilidad “por cadena de mando” a ser utilizada como único mecanismo para asignar culpabilidad. Para los deudos esto será suficiente para recibir indemnizaciones y demás.

30Relata en ese punto, como el grupo, luego de recoger gente a lo largo del camino, finalmente los rodea en un círculo cerrado y los asesina: el círculo de la muerte. El fiscal lee esto como una “masacre”, una nueva historia de terror en una zona famosa por unas de las peores masacres en la historia reciente de Colombia, un lugar asociado a lo más temible del paramilitarismo y sus relaciones de colaboración con las Fuerzas Armadas. De muchas de estas personas no quedan rastros, ni restos: no hay ni rostros desvaneciéndose, ni objetos personales, ni relatos de víctimas que certifique su ausencia. Solo la confesión, sin manera de corroborarla. De la misma manera que los testimonios de violencia recolectados anteriormente son localizados dentro de una historia, las del versionado también. Los casquillos, las casas abandonadas, las fincas, las zonas, todas eran localizadas (en la narración) dentro de una historia, la historia de las Autodefensas. Las experiencias mismas eran enmarcadas por esta historia, y era a través de este contexto que emergerían interpretaciones, variaciones sobre el mismo tema. El momento central en esta ubicación de la muerte, de los efectos de la violencia a los ojos del fiscal, es cuando se materializa la historia, cuando se localiza, en el sentido más literal:

Fiscal: Se le solicita a la investigadora de Policía Judicial del grupo de criminalística, que nos está colaborando con el tema de coordinación, que fije posicionalmente la zona y que éstas coordenadas sean entregadas, como las coordenadas de la finca la Alameda, al doctor para que en este periplo de actividades a desarrollar proceda hacer las prospecciones y exhumaciones pertinentes.

31Fijar una posición, una ubicación. Ponerle materialidad a la violencia, ubicarla en un sistema de coordenadas narrativas o dentro de una historia, pero también en un lugar. Para la Fiscalía era un lugar, un mapa del terreno, en el Sur de Colombia, en una zona de guerra, en el origen y funcionamiento de los grupos paramilitares. Pero estas coordenadas no solo eran geográficas. Localizaban la fosa, con dos personas, en un punto en una historia. El versionado, en actitud algo confusa, guarda un silencio profundo. Se hace a un lado, intervienen los técnicos. Se le interroga sobre lo acontecido. Ya se mencionó anteriormente. Son asesinados luego de ser interrogados. Emerge el lenguaje frío que desplaza la culpa. Se gesta una discusión compleja: interrogación o tortura, la línea es muy endeble para alguien que justifica su poder. El hombre evade, da vueltas alrededor del tema, culpaotratros, mira hacia arriba y guarda silencio. Sin embargo contesta: “los interrogaron”. El grupo ha llegado al lugar, el versionado ha entregado una fosa. Quizás en el futuro unos deudos.

  • 14 Consejo Nacional de Policía Judicial, República de Colombia. Manual Único de Policía Judicial. Bogo (...)

32De manera muy discreta, el funcionario toma las coordenadas geoestacionarias de la fosa. Por supuesto, es necesario mantener la escena “limpia”, evitar intervenciones indeseadas, mantenerla aún en el secreto, evitar su “manipulación”.14 De ahí se sacarán los restos, no solo de la violencia en su sentido más literal, sino de seres humanos quienes en caso de no encontrar doliente, terminarían en las páginas del periódico de la Fiscalía que divulga información y busca identificar restos. De las masacres que se indagaban no se sabe más. Comienzan a habitar un espacio indeterminado, una sombra de la verdad que evade el lenguaje. Pero, ¿cómo se puede documentar este tipo de ausencia?

Comentarios finales

33En este texto he explorado lo que podría llamarse una etnografía de escenarios transicionales, en la medida que se concentra en algunos de los contextos investigativos oficiales a cargo de la Fiscalía General de la Nación creados por la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) en Colombia. El trabajo se realiza a través de mi participación como observador directo en un equipo de investigación forense en una diligencia de “reconstrucción de la memoria histórica” que buscaba indagar sobre el origen, desarrollo y funcionamiento de los “grupos armados organizados al margen de la ley”, particularmente las Autodefensas Campesinas del Meta y el Vichada.

34En la medida en que para la Fiscalía la memoria histórica está definida por el testimonio oral de la víctima, este procedimiento, en un intento por corroborar la versión del perpetrador dada en el marco de una versión libre, es una extracción quirúrgica de experiencias de guerra basada en definiciones legales de la noción de “daño” o de violencia. Al realizar esta mirada transversal sobre el proceso, este trabajo evidencia la multiplicidad de formas de “localizar” el daño, de situarlo narrativa, legal y geográficamente a través de una serie de traducciones, de coordenadas y autoridades que comienzan con una “versión libre”, pasando por las visualizaciones y mapeados de los teatros de operaciones hasta la localización literal de una fosa común en medio de un proceso de confesión o “memorialización peripatética” (Castillejo-Cuéllar, 2006). La propia epistemología con la que la investigación criminal se realiza, centrada en el esclarecimiento de las “circunstancias de modo, tiempo y lugar” de determinado tipo de actos determina el tipo de información, el catálogo de eventos y daños que eventualmente constituirán una narrativa histórica. En audiencias posteriores de “legalización de cargos” la historia que se transluce a través de la exposición de los fiscales nos contará la manera como estos “grupos ilegales” se desarrollaron, y los daños producidos ilustrados con testimonios de las víctimas (estos, por otro lado, tendrán un peso probatorio menor que la palabra del perpetrador). Una investigación de corte etnográfico alrededor de los procesos de la ley muestra la inmensa complejidad en cuanto a las maneras como la noción de daño se traduce a lenguajes técnicos. En sociedades en medio de guerras y conflictos armados parte del reto es entender los diversos registros que implican la traducibilidad del dolor colectivo y el sufrimiento social.

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Bibliografia

ANDERS, G. Follow the trial: some notes on the ethnography of international criminal justice. Anthropology Today, n. 23, p. 23-25, 2007.

BALANDIER, G. El poder en escena: de la representación del poder al poder de la representación. Barcelona: Paidós Studio, 1994.

BAUMAN, R. Verbal art as performance. Illinois: Waveland Press, 1984.

CARROTHERS, T. The end of the transition paradigm. Journal of Democracy, v. 13, n. 1, p. 5-21, 2002.

CASTILLEJO-CUÉLLAR, A. Entre los intersticios de las palabras. Memoria y educación para la paz en Sudáfrica. Estudios de Asia y África, n. 129, p. 11-37, 2006.

CASTILLEJO-CUÉLLAR, A. Historical injuries, temporality and the law: articulations of a violent past in two transitional scenarios. Law and Critique, v. 24, n. 3, p. 1-22, 2013a.

CASTILLEJO-CUÉLLAR, A. On the question of historical injuries: anthropology, transitional justice and the vicissitudes of listening. Anthropology Today, v. 29, n. 1, p. 16-19, 2013b.

CASTILLEJO-CUÉLLAR, A. Los archivos del dolor: ensayos sobre la violencia, el terror y la memoria en la Suráfrica contemporánea. 2. reimp. Bogotá: Universidad de los Andes, 2013c.

CASTILLEJO-CUÉLLAR, A. Voces [en la cabeza]: espacialidad, confesión y las mediaciones tele-tecnológicas de la Verdad. Papeles del CEIC, v. 2013/1, n. 92, marzo 2013d.

COLE, C. Performance, Transitional justice and the law: South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Theater Journal, n. 59, p. 167-187, 2007.

COLOMBIA. Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Diario Oficial, Bogotá, año 141, n. 45.980, p. 14-19, 25 jul. 2005.

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO. Obstáculos a la Aplicación de Justicia. Bogotá, 2009.

DAS, V. et al. (Ed.). Violence and subjectivity. Berkeley: California University Press, 2001.

DELGADO, M. Una justicia transicional sin transición: verdad, justicia, reparación y reconciliación en medio del conflicto. Revista de Análisis Internacional, n. 4, p. 53-67, 2011.

GARCÍA-PEÑA, D. La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar : por el esclarecimiento histórico. Análisis Político, n. 53, p. 58-76, 2005.

GREENHOUSE, C. Fieldwork in law. Annual review of Law and Society, n. 2, p. 187-210, 2006.

HINTON, A. Transitional justice: global mechanisms local realities after mass violence. New Brunswick: Rudgers Universi ty Press, 2010.

HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan: la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia. Human Rights, v. 17, n. 3, p. 34-43, 2005.

LAPLANTE, L.; THEIDON, K. Transitional justice in times of conflict: Colombia’s Ley de Justicia y Paz. Michigan Journal of International Law, n. 28, p. 49-85, 2006.

MARRY, S. E. Anthropology and international law. Annual Review of Anthropology, n. 35, p. 99-116, 2006a.

MARRY, S. E. New realism and the ethnography of transnational law. Law and Social Inquiry, v. 31, n. 4, p. 975-995, 2006b.

MARRY, S. E. International law and sociolegal scholarship: towards a spatial global legal pluralism. Studies in Law, Politics and Society, n. 41, p. 149-168, 2007

MERTZ, E. Legal language: pragmatics, poetics and social power. Annual Review of Anthropology, n. 23, p. 435-455, 1994.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO; FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS; CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO. Sin justicia y sin paz: verdad fragmentada, reparación ausente. Bogotá, 2009.

REED, M. Bandas criminales: la genética no miente. Razón Pública, 16 feb. 2012. Disponible en: <http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/2662-bandas-criminales-la-genetica-no-miente.html>. Acceso: 1 jul. 2012.

ROSS, F. Bearing witness: women and the truth and Reconciliation Comission of South Africa. London: Pluto Press, 2002.

SARAT, A.; KEARNS, T. History, memory and the law. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2002.

SAWIN, P. Performance at the nexus of gender, power and desire: reconcidering Bauman’s verbal act from the perspective of gendered sibjectivity as performance. Journal of American Folklore, v. 115, n. 455, p. 28-62, 2002.

SEREMETAKIS, N. The last word: women, death and divination in Inner Mani. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

TURNER, V. El proceso ritual. Madrid: Taurus, 1988.

VINJAMURI, L. Advocacy and scholarship in the study of international war tribunals and transitional justice. Annual Review of Political Science, n. 7, p. 345-362, 2004.

WILSON, R. Anthropological studies of national reconciliation processes. London: Routledge, 2004.

YOUNG, S. Narrative and healing in the hearrings of the South African Truth and Reconciliation Comission. Biography, v. 27, n. 1, p. 145-162, 2004.

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Notas

1 Véase, por ejemplo, Fiscalía General de la Nación. Guía de procedimientos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 2009. Así mismo, el documento de circulación interna “Protocolo de Presentación de Prueba en la Audiencia de Control de Legalidad” que incluye un apartado extenso relativo al “Desarrollo Histórico de los Grupos Subversivos, Paramilitares y de Auto-Defensas”. Hay también resoluciones, como la 0-3998 del 2006, 0-0387 del 2007, 0-2296 del 2007, 0-4773 del 2007, entre varias otras que regulan y establecen directrices generales. También puede consultarse Procuraduría General de la Nación (Instituto de Estudios del Ministerio Público), Conceptos Básicos Acerca de la Ley de Justicia y Paz y los Derechos de las Víctimas, 2008.

2 Una vez la lista de desmovilizados-postulados (al terminar el proceso de negociación) propuestos por parte de gobierno nacional en el año 2005 llega a la Fiscalía General de la Nación (luego del proceso formal de “entrega de armas”), se da comienzo a las investigaciones preliminares que buscan “verificar la existencia de hechos delictivos [así como] determinar la vinculación de los “postulados” [a los beneficios del proceso de Justicia y Paz] a los [grupos armados organizados al margen de la ley] y a la existencia de partícipes, [así como también] recolectar material probatorio y asegurar el cumplimiento de responsabilidades derivadas del delito”. Esto con cada individuo incluido en el proceso. Luego vendría una parte propiamente “investigativa” que comprenden las actividades desde la “versión libre” hasta la “audiencia de imputación de cargos”, para terminar con lo que se denominaba “incidente de reparación”. Dicha indagación, que absorbió varios años del proceso (hasta el reciente re-direccionamiento del mismo hacia la clarificación de procesos de “macrovictimización” más que de investigación criminal), implica la recolección de “elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan fundamentar una acusación”. La acusación estaba basada, en buena parte, en la confesión. En general, esta se concentra en el modo de operar de los “grupos armados organizados al margen de la ley” dejando por fuera de la arquitectura conceptual de la ley las fuerzas del Estado. Una vez ratificado su acogimiento a Justicia y Paz (cuando el postulado cumplía con las condiciones mínimas) y establecidos los hechos delictivos cometidos durante su “pertenencia al grupo armado”, el “versionado” indica los “bienes” (propiedades, autos, etc.) que se entregarían al Fondo de Reparaciones y que serían parte del balance de daños durante el “incidente de reparación”. Dada la dimensión de la criminalidad paramilitar, la gran cantidad de imputaciones individuales, así como el lento proceso penal, el proceso de Justicia y Paz se hizo profundamente ineficiente.

3 En el Artículo 5° de la ley 975 se lee: “Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida” (Colombia, 2005, p. 14, énfasis mía).

4 Se han mantenido en general dos tipos de críticas al proceso Justicia y Paz: uno es histórico, y tiene que ver con sus orígenes. El segundo es procedimental. En primera instancia, algunos comentaristas han identificado cuatro elementos centrales: primero, el proceso se desarrolló bajo el presupuesto de una separación real entre el Estado y el paramilitarismo, convirtiéndolo en una tercera fuerza, políticamente independiente dentro del conflicto, cuando de hecho estaban interrelacionadas estructuralmente. Segundo, es parte de un arreglo transicional entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares que carecía de transparencia. Las exigencias de verdad, justicia y reparación emergieron en realidad como efecto de presiones nacionales e internacionales en torno a los derechos a la justicia. Tercero, dado que la organización es una compleja red de relaciones y no un bloque homogéneo, la ley podría permitir incluir que narcotraficantes se presentaran como paramilitares (aunque la Ley en principio no lo permita). Finalmente, en el uso de cierto tipo de conceptos (como la noción de “grupo organizado al margen de la ley”), estableció un régimen de negación institucional en el que el Estado no es sistemáticamente investigado por su papel en el conflicto como productor de violencia. De ahí la permanente lasitud en la investigación de delitos como desaparición forzada. En lo procedimental, la ley es vista como blanda con los perpetradores ya que su testimonio en procesos de “versión libre” se convierte en el hilo central de la narración histórica. El proceso ha sido lento, dado que es una investigación criminal, con un porcentaje muy bajo de condenas proferidas (García-Peña, 2005; Reed, 2012).

5 Véase el oficios 001811 y 00079, F59 Unidad Nacional para la Justicia y la Paz del 2010 y 2011 respectivamente. Le agradezco al ex fiscal Javier Tamayo el haberme invitado a participar de este proceso cerrado para observadores externos a la institución. Al fiscal Carlos Camargo por su generosidad.

6 Los nombres ha sido cambiados.

7 En el contexto oficial, la “entrega” de cuerpos encontrados en fosas comunes es una manera como se percibe el trabajo no solo de la Fiscalía sino de los equipos de exhumaciones. “Cuerpos enfosados”, como le llaman en los círculos de investigación. La Fiscalía, dentro del proceso de investigación, toma muestras de ADN de familiares para efectos de posible corroboración o identificación de restos humanos. En el terreno real, tomará años, en el mejor de los casos, identificar los restos incluso si la información de ADN existe en las bases de datos.

8 La Fiscalía, como parte de las diligencias cuando iniciaba un proceso de investigación sobre un Bloque determinado (a cargo uno de los más de 50 fiscales de Justicia y Paz) realizaba lo que denominaban “jornadas de víctimas”: un procedimiento que consiste en una comisión multi-institucional (aunque esencialmente de la Fiscalía) que reúne o cita (bajo ciertas condiciones de accesibilidad y seguridad) víctimas posibles del Bloque o frente que se investiga. Justo al comienzo de la investigación, esta citación sirve para recolectar testimonios, “socializar” los derechos que tienen según la ley, e informar sobre el proceso que comienza.

9 A lo largo de los más de 100 kilómetros recorridos durante este proceso se realizaron entrevistas in situ en todos los lugares relevantes. Todas grabadas y transcritas con autorización de la Fiscalía. En este trabajo no se citan extensamente por razones de “reserva sumarial”.

10 Las dificultades de investigación, luego de salir de las cabeceras municipales, eran diversas. Primero que todo, las zonas por donde avanzaría –una región esencialmente de grandes extensiones de pasto de difícil acceso– eran la retaguardia de grupos no desmovilizados de las autodefensas, particularmente los que estaban al mando de “alias el Cuchillo” (muerto por la policía en el 2011), según se informó en las reuniones preparativas organizadas por la Fiscalía y el ejército. Grandes extensiones de palma africana –y cultivos muy extensos de árboles maderables baratos en manos de multinacionales– estaban en proceso de “extinción de dominio” por haber sido incautados a narcotraficantes. Informantes, o “puntos”, como le llamaban los lugareños, se situaban desde Puerto Gaitán hasta las fincas con el objeto de vigilar el movimiento de la Comisión.

11 Este Municipio, específicamente la parte urbana, esta custodiado por el batallón Joaquín París. Dentro de este batallón se encuentra la Brigada 22 de Selva. Así mismo, el Comando de Policía Guaviare, la Compañía Antinarcóticos Región 7, la Brigada Fluvial de Infantería de Marina 3, donde se encuentra la Escuela de Fuerzas Especiales, que recibe apoyo de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, construida en uno de los resguardos indígenas.

12 Versión rendida el 10 de septiembre del 2010.

13 Como parte del proceso de recolección de datos, la comisión realizó una serie de encuentros con líderes comunales e indígenas en el Resguardo Wacoyo, indígenas Sikuani, Departamento del Meta. Aunque el objetivo central era el de hacer seguimiento a casos de asesinato de miembros de la comunidad relativamente recientes, los encuentros con estas comunidades giraron en torno a los relatos de violencia que, a la postre, quedaban por fuera de las arquitecturas conceptuales y de las epistemologías que mediaban la recolección de testimonios. La violencia que relataron no era la violencia que justicia y Paz buscaba certificar (Notas de campo, octubre del 2011).

14 Consejo Nacional de Policía Judicial, República de Colombia. Manual Único de Policía Judicial. Bogotá, Colombia, sin fecha.

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Para citar este artigo

Referência do documento impresso

Alejandro Castillejo-Cuéllar, « La localización del daño », Horizontes Antropológicos, 42 | 2014, 213-236.

Referência eletrónica

Alejandro Castillejo-Cuéllar, « La localización del daño », Horizontes Antropológicos [Online], 42 | 2014, posto online no dia 15 Dezembro 2014, consultado o 13 Dezembro 2017. URL : http://journals.openedition.org/horizontes/738

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Autor

Alejandro Castillejo-Cuéllar

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