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Couronne espagnole et magistratures citadines à l’époque moderne

La comunidad y su administración

Sobre el valor político, social y simbólico de las residencias de Quito (1653-1753)
La communauté et son administration. Sur la valeur politique, sociale et symbolique des residencias de Quito (1653-1753)
The Community and its Administration. On the Political, Social and Symbolic Value of the Residencias at Quito (1653-1753)
Tamar Herzog
p. 161-183

Résumés

Reposant sur l’étude de trente-six residencias de corregidores et de ministres en provenance du territoire de l’Audience de Quito, cet article critique l’historiographie traditionnelle, qui a privilégié le contrôle exercé par les residencias et l’analyse de ses résultats. L’auteur soutient au contraire que les residencias étaient avant tout des instances de communication évoquant une administration collective, stable et de type « moderne », un territoire qui incluait toutes les localités de la juridiction et une communauté à laquelle participaient à parts égales Espagnols et indigènes. D’autre part, l’instauration publique des residencias était plus importante que leur achèvement, et leur intérêt consistait davantage dans leur fonctionnement régulier que dans leur efficacité immédiate.

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Texte intégral

  • 1 Ots Capdequí, 1967, p. 188, establece que «todo el sistema del derecho público indiano descansaba s (...)

1Las relaciones entre la administración central asentada en Madrid y la «periférica» que se hallaba en América se presentan normalmente como una sucesión de promesas, desafíos y fracasos. Los funcionarios del Nuevo Mundo, se nos dice, eran corruptos o por lo menos negligentes. Esta conclusión, que se toma como punto de partida, explica por qué Madrid primero diseñó y luego implementó una serie de medidas destinadas a controlar la administración ultramarina. Una de estas medidas eran las residencias: procesos de fiscalización que se llevaban a cabo de forma regular cada vez que un mandatario regio cesaba en su oficio. Inventada en Castilla en la Edad Media tardía, la residencia se aplicó en el Nuevo Mundo donde, según la historiografía, tuvo su máximo alcance y repercusión1.

2El formato era repetitivo. Las residencias se iniciaban con el recibo del despacho que ordenaba su ejecución. Obedecido por la Audiencia, el juez destinado a ejecutar la investigación juraba usar bien y fielmente su oficio y nombraba al escribano y al alguacil que le iban a asistir en la tarea. Cuando se trataba de residencias de corregidores de la provincia, la misma ceremonia se repetía en la sede de ejercicio del mandatario cesante, normalmente ante el cabildo local. A continuación se despachaban decretos a los diferentes centros de la jurisdicción, es decir, a los pueblos de las cinco leguas (en el caso de residencias de corregidores) y a las poblaciones cabeceras del distrito (en el caso de los ministros reales). Los decretos anunciaban el comienzo de la residencia, advertían la posibilidad de quejarse del mandatario y detallaban los lugares y los términos adecuados para hacerlo. El juez encargado de la residencia redactaba un interrogatorio o reproducía el interrogatorio implícito en el despacho real y recibía las declaraciones de los testigos.

3Ésta era la parte pública del proceso que se hacía de oficio, y por tanto, a iniciativa del juez. De forma paralela, y durante el mismo tiempo, cualquier individuo podía tomar la iniciativa y presentar quejas particulares contra el mandatario. El juez no participaba activamente en esta parte del proceso, sino que sólo oía pasivamente la versión de quienes se quejaban, y recibía sus testigos y pruebas. La información acumulada de este modo se integraba en el proceso general o se veía separadamente. Cuando la investigación se daba por concluida, el juez formulaba los cargos, es decir, los capítulos de la acusación contra el mandatario y daba traslado al interesado, quien podía alegar sus descargos (defensas) y apoyarlos con testigos y pruebas. Se dictaba entonces la sentencia. En el caso de residencias de ministros reales esta sentencia debería recibir la aprobación del Consejo de Indias. En el caso de los corregidores, la aprobación venía de la Audiencia local.

4¿Cómo se interpretaron estos procesos? ¿En qué consistían? ¿Qué valor tenía la información contenida en ellos? En la historiografía, tres corrientes hicieron su aparición: las que estudiaron las residencias desde un punto de vista jurídico-formal, buscando definir su contenido legal; las que usaron las residencias como una fuente de información para reconstruir la sociedad local y especialmente la administración regia, y las que a partir de las residencias buscaron entender los mecanismos sociales que permitían su desarrollo y su enlace.

  • 2 Mariluz Urquijo, 1952. Véase, igualmente, Chamberlain, 1943; Zumalacárregui, 1946; García de Valdea (...)

5Las investigaciones de tipo jurídico-formal se centraron en consideraciones de tipología y ordenamiento jurídico. Distinguieron las residencias de otros mecanismos de control como la visita y la pesquisa, y destacaron que, al contrario de aquéllas, las residencias eran procesos ordinarios, rutinarios y repetitivos con reglas claras y fijas. Eran un medio de control universal que se aplicaba sobre las autoridades locales, los oidores, los presidentes e incluso los virreyes2. Según esta corriente, por ser las residencias un mecanismo potencialmente eficaz, incluso cuando fracasaban, por lo menos reflejaban el deseo de los monarcas de asegurar tanto la limpieza de la administración como su control sobre ella.

  • 3 Arregui Zamorano, 1981; Mayorga García, 1991 y Bernardo Ares, 1983. El concepto de «corrupción» —cu (...)

6Mientras la primera corriente se interesó por las definiciones legales, la segunda utilizó las residencias como simples fuentes de información. Según se razonaba, las residencias contenían testimonios sobre la naturaleza de la administración y de la sociedad colonial, y éstos se podían utilizar para reconstruir el pasado3. Considerando estos testimonios como materia prima, la mayoría de las investigaciones ignoraron el hecho de que la información procedente de las residencias era el resultado de un largo proceso de selección, influido por actores, intereses y circunstancias. La disposición de ignorar el papel mediador de jueces y procedimientos en la fabricación de unos testimonios, que la investigación histórica tomaba por veraces, era tal que incluso algunos historiadores sólo consultaron las sentencias de las residencias, sin examinar las pruebas ni las alegaciones jurídicas sobre las que se basaban.

  • 4 Phelan, 1967.

7Los últimos en aparecer cronológicamente fueron estudios que aprovecharon las residencias para reconstruir el escenario social de un municipio o de una Audiencia4. Enfocando el análisis en una residencia específica, estos trabajos demostraron que, implementadas localmente, las comisiones enviadas por Madrid —presuntamente neutrales, justificadas y de naturaleza burocrática e impersonal— se convertían en instancias de lucha social. Dividían las ciudades y los pueblos en bandos y cada uno de estos bandos usaba el proceso para sus fines particulares. Desacreditando, aunque implícitamente, las pretensiones de la segunda corriente, esta tercera tendencia demostró la complejidad de las residencias y la diversidad de las lógicas adoptadas durante su curso. Con ella, se hizo evidente que las residencias no eran un hecho objetivamente existente, sino unas construcciones sociales altamente dinámicas a las que era preciso primero entender y luego analizar. Sus resultados, aunque veraces, no representaban necesariamente «la verdad», o no toda la verdad.

8A pesar de estas diferencias de enfoque, los que estudiaron las residencias en el pasado compartían una conclusión. Las residencias, nos decían, eran procesos que, destinados a garantizar el control regio sobre la administración, fracasaban rotundamente porque la sociedad local las manipulaba y porque Madrid tampoco se interesaba demasiado por su éxito. Este punto de partida combinaba tres hipótesis. La primera: que las residencias se destinaban ante todo a controlar la administración regia. La segunda: que la administración regia necesitaba este control por ser inherentemente corrupta o profundamente ineficaz. La tercera: que, a pesar de las buenas intenciones, las residencias no descubrían estas irregularidades o, por lo menos, no las castigaban. Estas hipótesis se presentaban como afirmaciones. Nadie parecía dudar de que las residencias tuvieran una función fiscalizadora, ni nadie parecía cuestionar que la administración necesitaba fiscalización. El fracaso también se asumía. Se consideraba indiscutible por el mero hecho de que la mayoría de las residencias no hallaban prueba del desorden que los historiadores creían evidente. Argumento circular, esto sí, y sin embargo, argumento apenas discutido.

  • 5 Mariluz Urquijo, 1952, pp. 283-295 y Haring, 1947, pp. 52-53 y 155-156.

9 ¿Cómo explicar este fracaso? Decían los historiadores y los juristas que las residencias eran, en esencia, una buena idea aunque mal ejecutada. Buena idea, por estar ordenada e instruida por la legislación regia. Mal ejecutada porque la sociedad local las influía, porque sus jueces eran cómplices, y porque hubo dificultades objetivas, tanto materiales como económicas, sociales y políticas para implementarlas correctamente5. La distancia entre América y la Península permitía a los actores locales controlar el desarrollo de las residencias e influir en sus resultados, pero tampoco ayudaban la negligencia, la incapacidad y la falta de rectitud de sus jueces. El mismo Consejo de Indias también era responsable del fracaso. Ignoraba los cargos formulados por los jueces y, frecuentemente, insistía en absolver a los funcionarios o les castigaba con multas muy leves y con penas bastante insignificantes. Con una actitud algo condescendiente, los juristas y los historiadores que analizaron las residencias concluyeron que, a pesar de sus pobres resultados, las mismas eran «todo lo que se podía esperar de una administración como la hispana durante la Edad Moderna».

10Se trataba, en esencia, de un mal menor, de un instrumento que tal vez no era eficaz, pero que por lo menos probaba la existencia de buenas intenciones. El valor «positivo a pesar del fracaso» se confirmaba también, siempre según la misma versión, por el hecho de que las residencias no sólo servían para materializar el control regio sobre la administración, sino que tenían la función adicional de ser un mecanismo que informaba a la Corte de lo que pasaba en las Indias. Se suponía que la información recabada de esta manera debía permitir al Consejo de Indias elaborar reformas y manejar correctamente el personal administrativo que se promovía o se estancaba según convenía. Por fin, las residencias se debían tolerar por ser una importante válvula de escape que daba expresión a sentimientos populares de descontento o, al contrario, de aprobación.

  • 6 Se trata de procesos elaborados en diversas partes de la Audiencia: Guayaquil (5 ejemplos), Otavalo (...)
  • 7 Las residencias, por orden cronológico, son: Juan del Campo Godoy (AGI, EC, 910A); Diego Inclán Val (...)

11Resumiendo, los que estudiaron las residencias hasta el presente solían describir cómo deberían de haber sido, y comentaban lo que no fueron. En este artículo, quisiera tomar otro camino y examinar la lógica que las residencias pudieron haber tenido. Analizando lo que las residencias implicaban y cómo se las consideraba localmente, me gustaría argumentar que las mismas nunca fueron, ni pudieron ser, simples procesos fiscalizantes. Al contrario. Estudiadas localmente y con una visión comparada, las residencias aparecen como instancias de comunicación por las que la administración, la jurisdicción, la comunidad y la paz social se recreaban ceremonialmente. Mi ejemplo se basara en el análisis de 24 residencias de corregidores6 y 12 residencias de ministros7 procedentes de la Audiencia de Quito entre 1653 y 1753. Estudiadas en el medio plazo, ¿qué nos enseñan las residencias de Quito?

La naturaleza de la administración

  • 8 Esto fue lo que ocurrió en las residencias de los presidentes Santiago de Larrayn, Dionisio Alcedo (...)

12Lo primero que destaca al estudiar las residencias de Quito es el hecho de que las mismas no trataban a los funcionarios como individuos cuyas acciones debían de revisarse separadamente. Al contrario, lo que las residencias sostenían era la existencia de «una administración», es decir, de un cuerpo colegiado cuyos integrantes tenían una responsabilidad colectiva sobre el manejo de los asuntos públicos. Este carácter colectivo era evidente en las residencias de corregidores, que incluían una revisión de las actividades de una amplia gama de agentes: los teniente-corregidores, regidores, alcaldes, alguaciles y padres de menores (pertenecientes todos al ámbito del Cabildo), y los alguaciles de corte, escribanos, receptores y procuradores (pertenecientes al ámbito de la Audiencia)ber">8arácter colectivo 1de>o fl 2h exicter colectivo ocurrió en radores (pertenmenos nlas ress resiel deseoecho de que las misef="1327"icultadeecho dsubrmat=resafíoe modesi6 y 12 residencias de ministro81.

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      3 . Enfocadorlas residdorLar>8yncut queum"cuebv=resado as el disass="irar ec en rad>Juri,dLoja, Cs fnaryon diversa continistibu partes igulac sidenc,aol Argumento uraa iniluz ala cooilreiaait7"ssyran a o enúmumenberdeargos (llsm dlas ol el draa yscomolpriónctdu idrasir «ptis abracorda fnúmumenberdeargos (irar ec en rad>Juri6 y 12 residencias de ministro3o. Enfocadoos presidentes Say Herrersadeg drivoan mncia castiarácdEntiogatz paruoAnal n,r, le unatudiuebv=resairar ec en rad>Juri,dAudienc, Lnecunga, Ibas da Cs fnaa Chimfi,rRiobsitaryon diversa cei Argumento e fnúmumenberdeargos (oídasdaprargo sidencscitas msqu potnuivaño«ptis ado.nclcho ddsdoreiaait7"6 y 12 residencias de ministro3a. Enfocador0comondlaFé ixrSo Gcho,ldorOras aaasr, luveciuebv=resairave una ashrad>Juri,dAudienc (10 deargos ), Lnecunga (7 deargos ), Riobsitar(15 deargos ), Chimfi (5 deargos ), n diversar(15 deargos ), Cs fnar(9 deargos ), Ibas d,(10 deargos )ryoLoja (8 deargos ).

    2. sissdas qulue e,os carg/a>. Enfocan a paruiacncias arácduvodaprargo sidenc el maniar lriudobgicapasreb-fo,
        y 12 residencias de ministro3ehaolvnum"ractdu irsaalncarg/a>. Enfoca fa ye d:e iado e purrió eocias,Pío M, lúfa6ónFrs tamE"parterocisiencs que i»e aprgne de iuebv=resairar ec en rad>Juri,dLnecunga (5 deargos ), Audienc (7 deargos )ryoRiobsitar(20 deargos ). Aas partiiou y ng/a>. Enfocairar ece iaon«anumifeantadsabi pasabao sidencsrtisarrlapos l" ión. Oberarg/a>. Enfocuiacnciasum"n a nodEn qusó idec a rr r l irsladdpor esntas el disass="irar ec en radabao sidencstrada rgegidoras an yrold quQdico-fororar elum"radir ,r l ila don un6 y 12 residencias de ministro3sJuri lesauebv=resairar ec en radn ds ndd,(19 deargos ), Ibas d,(20 deargos ), Cs fnar(10 deargos ), n diversar(20 deargos )ryoLoja (5 deargos )6 y 12 residencias de ministro3s8tsstose pasabaición de unos levddanrae fiesprIbas d,to era rum" nmpu ers apuire dindir ,r l ila don unl" h,arasds parupor las qumaesedes dearg tidsraec ps re analcieorma yrumenntadaeogidomisi. Enfocuas el um" qustiunfo, lasitium"="pdencidebaicsers ra ys b para pcerfut loe susgirpolgmbeon qralsu e ipmoddl"Aens be su oe fi,rs yólico-fore l respuebv=resa ps unc ps redonca fbasiscdens. Desagio des dearg tidsrradabao sidencsnocuel hectr coirto ernderon qys b paraueLas res…6 y 12 residencias de ministro381.

    3. 3

        39r="ltr" Véansen, siem se re,raba fut los carg/a>. Enfocado n del do Ndie laAgus md,eíia gama rdde/a> procu,ll-caps;">Gar39yn, Dionisio Alcedo (...)

      4. Enfocadors=oiñolte) la cooilida uebles caberetos a los dif,toyostadoas yonso las tos juecs=oiñolryosedel iban adu rpooo oas nusidencegasxnalizanael«lengaamte modo dolaidea» pAizandaelz las ura,adoss icidasisassadhnsráctaca de otque syc en se sarrrpo casitivrmgibericas adadr,lsmen pjnstres mraberaadmiu,eputsocas ctue las Ediocisioía, urairmma feealcoubalizarácia gatn6endos yiar las resi,

        y 12 residencias de ministro39 probación.

        hctdu ultadsabilida3pdígto siatrarioozciarúniaec pprecócediopan cocisioíal" h,arg/a>. Enfocado eíia gama rdden diversarJosephos cCnusidency M,rs,nelebr danrar binermale iadécddpor e1740cución. Os icidum"oredn el destenciaea por ve in» os dslacsnummstracieda3pdígto silo oíareatoccietiultad,convensalaistas edigrupooechanuaait7"6 y 12 residencias de ministro40. Enfocades dearg tidsrradaesa pia casti en rad8 ruebles caberácimoabre n radoreias de,yoredbanon tantoparanuor veEargos ay otrosscitas msqu potevrió etMiparadscaossg bbanmqueeda3pdígto siol el drivou trataberionesde iedn el destenciae lasds paruEargos a»e aprgnum"="pderr taba euraanaún, sitivn3"ndo,; n . Volvnum"raaranumbe l iluzo destenc—ia casteesprlmennidad y ltealcoubalizarácaturdsagio des utradr ndn las sociev id="desidencel re ncocas cdiestenciae in» os dslnaasncmstraci. Y, fune su; n l ides utradr secuió iun iro yanade«utradr l n »le susgi mef class=oiñolcución. Oberarg/a>. Enfocaaturio y grapo(oír mato eciduveracendoizaalesn utradraturaecnseum"raón reca te, ctuaraanades=oiñolte.dTso qcintaronum"="p lhoresi,< nmpu e,ooblolum"rades y l respocin a de sugrapo(ol el draa ys=oiñolr«ndo,de sgiberlz langaamdolaidgastres mraíiaiasteesprlmataaras aaa,socials"oreiva doseaauyadousgi ms="parterias deos uect; escretos a los difexisaddeargun irton langaamivachun6 y 12 residencias de ministro4n1.

        probación.

        8 Esto fue loi lasnsejo de IndudorLoja:rJoséadorSaavedcera Buisr del l1683) lcias,Bautco aeBarda íil1692). E. oAboesposnc, radsc ps reallmenas el desexamir edes deargos (s=oiñolte,sseonegisiras la laóp, ces yvo s="ncer«utrígto sexisinno in n l d3pulaterrdoncaodeasputrad l nve cino radoreias deeiva dorve por e3puéroneasl" h,arg/a>. EnfocadorSaavedcera Buisr erac,acen a asistirdes dearg tidsrraasg bbanmque dehref="#toan decreias de,yen 3h«ocin a ddorutradreir aumb diexisdor2 ocin a ddor uebles caberetos a los diflysdor2 utradr nef="#toan deLojal"Ents dcieBarda í,edes deargos ( nmpu soci2 ocin a dirar ec en radabairmma ias deos olo dotiundr radu. ueblelcimoabtamDr na, l,acen a asistirutradr semi-ecir, ddl medi qumuatudiulf="#tcs=oiñolryo ncocautible popurrió ess jura ias de6 y 12 residencias de ministro4ssistiroreivis a la uos care ocugisiote el de interrogatorte modoos carg/a>. Enfoc6 y 12 residencias de ministro4ode cin deeiva a y curinherc oíparterias deos us mra uuo pen radenaamuldrese cinon etsociehaju, datey>rcgoco-s la hispana durante la Edad Moderna».

        probación.

        hdialé ob paranuaciit ultadoiss contra rElprarg/a>. Enfoca(s crtredc"au; n )oa na el destenc( sidadc"auos :)so erla"jueces. Elaranumspas=oiñolte.dDaniar l,edes deargos (llsm dlas ol el dradoss resuloecdes nutdadoduveraccienterisin rnor, den aunque veracecapdde un tealgoase sarci6l"Entmuldn cocisioíaedes deargos (asitivo nrjuisr erac lniva y pn .dDac po yde sgibercddanre que iol el dbs yvo r tantte raloba,sba áos eralprargoozciarún. sidasin >da ostpdeaso coeldresdumber">iones pron adr, srioneas abericas abercicocasaeaaucicocamoa oorPsiem se re,r14ir edes deargos (s carg/a>. Enfocado eíia gama rÍñgos A-frgurar laAgus reoop, quo cluego ealcaidans re siárccapddecreias deolprargdécddpor e1680yde delnmaciaioe ocuroseputsocn ju, snicitrnclu6 y 12 residencias de ministro4ada osan? laranufugastrrcgtados, paa inie rulartal"Ent/aa inte,"nin des y l resEargos agirpolsi ealcaidanersapulpnbl,ryo nccomoaiantaron esocasulpntLregio sgrrpo clrsaderalta le su; n ;le susuboufugas, ysarse sop, qbo clrsadere su; n lop, quario, ipocasaso:rla mismafugassarrrpo cdaneiit ssect, ¿ersr daa jorsi cergmbedere su ealcaida?" href="#ftn1" id="bodyftn1">1.

        8aráct las so,dranulinuloecdeapan s residencb ouyase sa uyat—lidapurrió ess juel intiogatoaturr tanbo c la uos caretos a los dif,tsnte y con una tbre laolos fuesireg:e iadoa pia castirecreias deoyz quoaeuueces ypou. Lumber"aiiva dosga mefesprlmataait7""d" id="bodyftn7"poblones cabcter colectivo era evidente),s juLima i="pedad l el manLumber"aitiióno rpoadere su lc piones so sgrrpodendo, see s, i cerlu icn las Indi,dEn qusó idec piaodu io, see su; n l lase cinon ya óno rpocnto o, al contrario, de a

        hnas destenciaeoeldresidegatoo.En qupsieal eso qcechcfuesiregidobl,orPsieuprlmad,"ge modd (ynelebr r)idencia acto. Mal ePsieotro s piaodu io,fisre A actoputssmo ecn; aqumuatudsdiv=itr eP eciduveracendodeca y isma versión, pón. L fueron,nclcho diva dosbusccdeapacoge6óni e ce ,e A ain s residen s p- la rcarg/aa inte convertP cernumberio,,de g rpooa neglreve mdeoeldrescircrcadr, rirrvv=igupdeasz amenteeassltntLregio g rpooa neglónctgatn6es l ilaeuueces ytientomor, d,ytientomorso sgrrpouyadou apron qupsie; n ,ytientomorso ivar de"izaaimosn. Calo qc paruiahn se drlacondescen y paruiacnn sudo,a parua fbass intee igirpolvo ernvióeria y umber"aidnvenst, ol"Aens be su oe fi,rutssmo esilvo e que lrra dón regiyndeelas m un teéxuri mi"oreiva idasissmo eso iduité fnoadou apron qunto o, al contrario, de aprobación.

          45r="ltr" Cosiliiscalasdn> Esto fue loi lasnsejo de Indu nmpu socia 30sEargos elxcepisas#toanón. lasdn> Esrecho público45corrupción» —cu (...)

        sistirudigrupoodoirumrmaslalo oíareid tampdaeuueces yrisdicdenda socisgi mrElprndsarans re sicmstracie s pia castirlanumbeeotuveracciL>h resultadsabi resEargos ,psieal eso q, no deps ae por elregio sgrrpo col recabersr doanón.l"Ents dutible por edes posncab etabracordasz ranun reaodoirumrmaslalooss rpo c un telaranu40e s60 iñon radente," in» os dslfamilsas pron a sl" hranu lho dab serlalce cinon,ra rlebv=aregmbndcadr, l ensrástivs ay on juntoansub nev=resado id="bodyftn76 y 12 residencias de ministro4e1.

        4

        pratus eio echraizaalnuopan cee procjueces. las,aen. rdencson3"uca e irderabo oasbquer"aidnvtiearacend id="do eP opadadesdencia actos sabacia)ber">8aráctn a mbeedo ca soiaioe iencren radabaéo">.

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        drivcapl Mal eDas quelaspun; ins co ay psieal a resauit>Juri,dlregio rtisarrlapnor, deelys b paraueLas res,aol relu ica resireg:etudiar las residisma versión, pslcoubalizel hyagio nece ay eddanunpor esntrumrmaslaloosvivario, iperetos a los diflsir lsm se. iss contra rElpras antLregio aranumbba lrra d/dencie la cpodon un inteos ou. Las res iva dos pieon esoinls b.eLars panelas mass="nr esnraparu fngun iy>vtee su legio ardiar laass="numorPsieupr e impesde ieonesEnfocadosabacia)ber">8arác,beretos a los diflys dón regiyptadas davrió e;caodeasput impesto erny,s ejercmse drruuo pe,aaranumnumorE ernyo3pulavEn qutomorna lo padrediants dun resiregind ión; insposrgodelt es y lacitrirtmbes zs Cdenoemstá,to ernyanelas mposrgodel—asri le enc po ysnt tyy ay des tos atasatustrumenent/aa inteeal a jorsultaielas mgmbe a inssitivrme su; ncuelcb ouyase simer os diflsuyeguraa inn aunque nto o, al contrario, de aprobación.

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        • 3 Gar4(5 ejemplos), Otavalo 155-156.

        y 12 residencias de ministro4s1.

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              Abreviaturas
              ANQ : Archivo Nacional del Ecuador, Sede de Quito. —FE : Fondo Especial.
              AGI : Archivo General de Indias, Sevilla. —EC : Escribanía de Cámara.
              AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid. —CSCI : Consejos Suprimidos, Consejo de Indias

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      2. Notes

        1 Ots Capdequí, 1967, p. 188, establece que «todo el sistema del derecho público indiano descansaba sobre una base de desconfianza. Los abusos de poder eran fáciles y la impunidad no era difícil de conseguir para funcionarios que no tuvieran una conciencia estrecha de su deber».

        2 Mariluz Urquijo, 1952. Véase, igualmente, Chamberlain, 1943; Zumalacárregui, 1946; García de Valdeavellano, 1963; González Alonso, 1970, pp. 181-196 y 1978; Caro Costas, 1978; Soberanes Fernández, 1980; Ponce, 1985, vol. 1, pp. 33-390; Martiré, 1988 y Polanco Alcántara, 1992, pp. 150-166.

        3 Arregui Zamorano, 1981; Mayorga García, 1991 y Bernardo Ares, 1983. El concepto de «corrupción» —cuando es aplicado a la administración hispana moderna— de por sí merece ser cuestionado. Véase, por ejemplo, Moutoukias, 1988 y 1992; Saguier, 1992; Herzog, 1995 a, pp. 150-155 y Pietschmann, 1998.

        4 Phelan, 1967.

        5 Mariluz Urquijo, 1952, pp. 283-295 y Haring, 1947, pp. 52-53 y 155-156.

        6 Se trata de procesos elaborados en diversas partes de la Audiencia: Guayaquil (5 ejemplos), Otavalo y Cuenca (4 ejemplos de cada lugar), Quito y Latacunga (3 de cada uno), Loja y Jaén de Bracamoros (2) y Riobamba e Ibarra (1). Por orden cronológico son: residencia de Pedro Ortiz y Cevallos, corregidor de Ibarra (ANQ, Residencias, 1, expediente 4-ix-1653); Luis de Torres Altamirano, Corregidor de Cuenca (AGI, EC, 910B); Francisco de Figueroa, corregidor de Quito (AGI, EC, 910B); Manuel de la Torre y Verna, corregidor de Guayaquil (AGI, EC, 958); Tomás Félix de Argandoña, corregidor de Guayaquil (ANQ, Residencias, 2, expediente 21-ii-1680); Íñigo Aranguren y Aguirre, corregidor de Quito (AGI, EC, 910C); Alberto Fernández Montenegro, corregidor de Otavalo (ANQ, Residencias, 2, expediente 27-iv-1683); José de Saavedra y Bustamante, corregidor de Loja (AGI, EC, 910C); Martín de (Velasco) Araizú, corregidor de Otavalo (ANQ, Residencias, 2, expedientes 14-vii-1684, 23-xii-1684 y 28-xii-1684); Juan Bautista Bardasí, corregidor de Loja (AGI, EC, 910B); Sebastián Manrique, corregidor de Otavalo (ANQ, Residencias, 3, expediente 19-vii-1694); Alberto Fernández Montenegro, corregidor de Latacunga (ANQ, Residencias, 4, expediente 3-vi-1705); Juan de Sosaya, corregidor de Guayaquil (ANQ, Residencias, 4, expediente 25-iii-1706); Francisco Pareja, corregidor de Cuenca (AGI, EC, 911A); Antonio de Aguirre, corregidor de Cuenca (ANQ, Residencias, 5, expedientes 20-x-1722 y 3-xi-1724); Juan Aumada, corregidor de Guayaquil (ANQ, Residencias, 6, expediente 11-xii-1730), Ramón Juachín Maldonado, corregidor de Latacunga (ANQ, Residencias, 6, expediente 25-x-1731); Juan de Ojeda y Escamilla, corregidor de Jaén de Bracamoros (ANQ, Residencias, 6, expediente 23-viii-1732), Diego de Nava y Aguilar, corregidor de Quito (AGI, EC, 911B); Juan-Joseph Sánchez de Orellana, corregidor de Otavalo (ANQ, Residencias, 6, expediente 15-xii-1735); Francisco de Villasuso y Contera, corregidor de Riobamba (ANQ, Residencias, 7, expedientes 8-ix-1737, 18-ix-1737, 21-ix-1737 y 12-ii-1738); Carlos Prudencio de Guzmán, corregidor de Jaén de Bracamoros (ANQ, Residencias, 7, expediente 12-xi-1739); Matías Dávila, corregidor de Cuenca (ANQ, Residencias, 8, expediente 20-xii-1745); Juan Martín Pérez de Anda, corregidor de Latacunga (ANQ, Residencias, 8, expediente 26-ii-1746) y Joseph Clemente de Mora, corregidor de Guayaquil (AGI, EC, 911B). Estas residencias se mencionan también en una variedad de documentos incluidos en otras secciones y legajos de los archivos enumerados. Mamán, 1993, es la única obra que les estudia en su globalidad. Véase, asimismo, Vargas, 1975, pp. 5-17.

        7 Las residencias, por orden cronológico, son: Juan del Campo Godoy (AGI, EC, 910A); Diego Inclán Valdés (AGI, EC, 910B); Miguel Antonio Ormasa Ponce de León (AGI, EC, 910C); Lope Antonio de Munive y Axpe (AGI, EC, 910C); Francisco López Dicastillo y Azcona (AGI, Quito, 162); Tomás Fernández Pérez de Hodo (AGI, EC, 911A); Juan de Ricaurte (AGI, EC, 911A y ANQ, Residencias, 5, expediente 14-iv-1712); José de Laysequilla Palacios y Aguilar (AGI, EC, 911B); Santiago de Larrayn (AGI, EC, 911B); Dionisio Alcedo y Herrera (AGI, EC, 911B) y Fernando Félix Sánchez de Orellana (AGI, EC, 911C y ANQ, Residencias, 9, expediente 20-xii-1753). La biografía de estos ministros se describe en Herzog, 1995 b.

        8 Esto fue lo que ocurrió en las residencias de los presidentes Santiago de Larrayn, Dionisio Alcedo y Herrera y Fernando Félix Sánchez de Orellana. Véanse los autos de la residencia del presidente Santiago de Larrayn en AGI, EC, 911B, p. 17; los autos de la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera en AGI, EC, 911B, pp. 509-587, y los autos de la residencia del presidente Fernando Félix Sánchez de Orellana en AGI, EC, 911C, pp. 4-177. Lo mismo ocurrió, al parecer, en la residencia del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso en 1762 (véanse los autos de su residencia en AHN, CSCI, 20.620, pieza 7).

        9 «Autos de la residencia que tomó el general Antonio Navarro al general Francisco de Figueroa su antecesor en el dicho oficio y a los ministros de su tiempo (1666-1668)», en AGI, EC, 910B.

        10 Autos de la residencia del corregidor Íñigo Aranguren y Aguirre (AGI, EC, 910C).

        11 Ibid., pp. 15-16.

        12 Una excepción a este respecto fue la residencia del general Manuel de la Torre y Verna, corregidor de Guayaquil en la década de 1660 (AGI, EC, 958, expediente de 1674), en la que el mandatario fue acusado y posteriormente condenado por cometer varios actos de tráfico de influencias y corrupción.

        13 Herzog, 1995 a y 1996 b.

        14 Declaración del capitán José Suárez de Figueroa, contador de la real hacienda en los autos de la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera (AGI, EC, 911B, p. 156).

        15 Sentencia pronunciada el 21-x-1762, autos de la residencia del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso (AHN, CSCI, 20.260, I, p. 351).

        16 Las excepciones a esta regla, que designaba los sucesores en el oficio como jueces de residencia, sólo ocurrieron en las residencias de los corregidores Íñigo Aranguren y Aguirre y José de Saavedra y Bustamante que, debido a la ausencia de Hernando Ximénez Panigua quien debía haberse encargado de su ejecución, se llevaron a cabo por el oidor Miguel Ormasa Ponce de León. Lo mismo ocurrió en las residencias de ministros, casi siempre llevadas a cabo por sus sucesores. La residencia del oidor Juan del Campo Godoy, por ejemplo, se llevó a cabo por su colega Fernando de Velasco y Gamboa; la de Diego Inclán Valdés, por Carlos Cohorcos; las de Miguel Antonio Ormasa Ponce de León y del presidente Lope Antonio de Munive y Axpe, por el presidente Mateo de Mata Ponce de León; las de Tomás Fernández Pérez de Hodo y Juan Ricaurte, por Fernando de Sierra Osorio; la de José de Laysequilla Palacios y Aguilar, por Simón Rivera Aguado, y la de Santiago de Larrayn, por Pedro Martínez de Arizala. La residencia del presidente Francisco López Dicastillo y Azcona debió ser llevada a cabo por José Llorente o José de Laysequilla Palacios y Aguilar. Lo mismo ocurrió con la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera, que tuvo como juez a su sucesor en el oficio José de Araujo y Río. A pesar de su frecuencia, el empleo de los sucesores en el oficio como jueces de residencia era ilícito por estar prohibido en la Ley XV, Tít. XV, Lib. V de la Recopilación de las leyes de Indias. El Cabildo de Quito se quejó de esta práctica en 1601 (carta del Cabildo de Quito al virrey, fechada en Quito el 2-iii-1601, en ANQ, FE, 1, I, n.o3, p. 4) y el Consejo de Indias la criticó en 1758 (AHN, CSCI, 20.686: consulta del Consejo de 6-vii-1758). Sobre la identidad de los jueces de residencia, véase igualmente, el «papel» del Duque de Alba (AHN, CSCI, 20.686, 30-xi-1760) y la serie de dictámenes (de 1756 a 1758) sobre el modo de proceder en el nombramiento de jueces de residencia para las Indias (AHN, CSCI, 21.686).

        17 Autos de la residencia del corregidor Francisco Figueroa (AGI, EC, 910B).

        18 Autos de la residencia del corregidor Íñigo Aranguren y Aguirre (AGI, EC, 910C). Las multas que el oidor Miguel Antonio Ormasa Ponce de León impuso a los residenciados sumaban, por ejemplo, 5 días de salario del alguacil mayor y del escribano de la residencia más 24 pesos, mitad para la cámara y mitad para los gastos de la residencia (multa impuesta al teniente general Ignacio de Aibar), o la de pagar 3 días de salario más 20 pesos (multa impuesta al capitán Lorenzo de Salazar, teniente de las cinco leguas y partido de Uransayas).

        19 Esta postura podía deberse a intereses jurisdiccionales ya que bajo circunstancias normales era la Audiencia la que se ocupaba de cobrar estas multas (carta de la Audiencia de Quito alvirrey del Perú, fechada en Quito el 1-vi-1646, en ANQ, FE, 2 , VI, n.o172, p. 11).

        20 Autos de la residencia del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso (AHN, CSIC, 20.260, I).

        21 Petición, interrogatorio y testigos de noviembre de 1762 en los autos de la residencia (ibid., pieza 3, pp. 36-69).

        22 Carta de Juan de Avellana Fuentes, fechada en Quito el 19-xi-1763, y las deliberaciones del Consejo de Indias de septiembre del año siguiente, insertas en los autos de la residencia (ibid., pieza 4).

        23 Ibid. y carta del presidente interino Manuel Rubio de Arévalo, fechada el 28-i-1763 (ibid., pieza 3, p. 67).

        24 Esta ausencia se registró por los contemporáneos. En la residencia del oidor Diego Inclán Valdés, por ejemplo, el escribano afirmó que a pesar de la publicación de los despachos, ninguna persona ni de Quito ni de su distrito presentó demandas particulares (certificación del escribano de la residencia, autos de la residencia del oidor Diego Inclán Valdés, AGI, EC, 910B, p. 169).

        25 Autos de la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera (AGI, EC, 911B, pp. 471-489).

        26 La residencia de Diego Inclán Valdés no incluyó ningún cargo contra el mandatario (véanse los autos de la residencia del oidor Diego Inclán Valdés en AGI, EC, 910B, p. 170). Las residencias de los oidores Juan del Campo Godoy, Miguel Antonio Ormasa Ponce de León y José de Laysequilla Palacios y Aguilar, y las de los presidentes Lope Antonio Munive y Axpe, Santiago de Larrayn y Dionisio Alcedo y Herrera contenían cargos, pero tras recibir las defensas los jueces les declararon libres de cualquier culpa. En la residencia del oidor Juan Ricaurte el juez aceptó la mayoría de los descargos y condenó al ministro por sólo dos hechos: el haber salido de su casa a pesar de la orden presidencial de retirarse a ella y el no haber evitado que las opiniones vulgares le atribuyeran una amistad ilícita con una mulata que le servía (véanse los autos de la residencia del oidor Juan Ricaurte, AGI, EC, 911A, pp. 253 y 255).

        27 Esto ocurrió en las residencias del general Manuel de la Torre y Verna (1674) y del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso [1753] (AGI, EC, 958 y AHN, CSCI, 20.260, I, pp. 24-27). Este tema fue tratado por Solórzano Pereira, Política indiana, Lib. V, Cap. XI, pp. 179-195.

        28 El estado de los caminos y de los medios de comunicación en Quito se describe, por ejemplo, en Herzog, 1998.

        29 Autos de la residencia del oidor Diego Inclán Valdés (AGI, EC, 910B, pp. 7-9).

        30 Véanse las cartas de Manuel Sánchez Osorio al juez de la residencia, fechadas los 16-ix-1762, 19-ix-1762 y 29-ix-1762, y los autos sucesivos del juez, todos insertos en los autos de la residencia del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso (AHN, CSCI, 20.260, I, pp. 41-44 y 48-50).

        31 La lectura se hizo el mismo día (20-vii-1679) en Quito, Jaén de Bracamoros, Cuenca, Otavalo, Ibarra, Chimbo, Riobamba, Pasto, Quijos, Cali, Ambato, Latacunga, Loja, Zaruma, Puerto Viejo, Popayán y Guayaquil.

        32 Véanse los autos de la residencia del oidor José de Laysequilla Palacios y Aguilar (AGI, EC, 911B, pp. 11-19) y los autos de la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera (AGI, EC, 911B, pp. 22-23, 159-169, 183-192, 210-220, 239-248, 262-273, 287-298 y 435-446). Las excepciones a esta regla eran pocas. Los decretos de la residencia del oidor Juan del Campo Godoy tardaron más de un mes en publicarse en los distintos sitios: se leyeron el 30-i-1653 en Ambato, el 31-i-1653 en Chimbo, el 1-ii-1653 en Ibarra, el 2-ii-1653 en Cuenca, el 6-ii-1653 en Quito capital, el 18-ii-1653 en Otavalo, el 26-ii-1653 en Popayán, el 27-ii-1653 en Santa Marta de Barbacoas, el 28-ii-1653 en Loja, Latacunga, Pasto, Puerto Viejo y Archidona, el 29-ii-1653 en Riobamba y el 10-iii-1653 en Cali (véanse los autos de la residencia del oidor Juan del Campo Godoy, AGI, EC, 910A, pp. 8-16). Algo más rápida fue la publicación de la residencia del oidor Tomás Fernández Pérez de Hodo, que tuvo lugar entre el 7-iv-1711 y el 29-iv-1711, salvo en los casos de Pasto y Santa María de Barbacoas donde la publicación se llevó a cabo el 4-v-1711 y el 20-vi-1711, respectivamente. Los decretos de la residencia de Juan de Ricaurte, celebrada paralelamente a la de Fernández Pérez de Hodo, fueron leídos en las mismas fechas.

        33 Se trataba de 9 testigos de Loja, 7 de Cuenca y 12 de Guayaquil, mientras que en Quito declararon unas 30 personas (véanse las residencias del presidente Santiago de Larrayn en AGI, EC, 911B, pp. 122-194).

        34 Según los autos de la residencia, se entrevistaron 6 testigos en Otavalo, 7 en Latacunga, 10 en Ibarra, 7 en Cuenca, 5 en Chimbo, 9 en Riobamba y 16 en Guayaquil. Véanse los autos de la residencia del presidente Dionisio Alcedo y Herrera (AGI, EC, 911B, pp. 158-181, 192-137, 248-261, 273-286, 298-317 y 446-470).

        35 Herzog, 1996 a.

        36 Autos de la residencia del presidente Juan Pío Montúfar y Fraso (AHN, CSCI, 20.260, I, pp. 160-239 y 351).

        37 Ibid., I, pp. 354-550.

        38 Ibid., pieza 5, p. 18.

        39 Véanse, por ejemplo, los autos de la residencia de Diego de Nava y Aguilar, corregidor de Quito en la década de 1730 (AGI, EC, 911B).

        40 Autos de la residencia del corregidor Joseph de Clemente y Mora (AGI, EC, 911B, pp. 91-171).

        41 Ibid., p. 122.

        42 Autos de la residencia del corregidor José de Saavedra y Bustamante (AGI, EC, 910C, pp. 166-179, 220-241 y 352-500) y autos de la residencia del corregidor Juan Bautista Bardasí (AGI, EC, 910B, pp. 101-110 y 134).

        43 En ambos casos los interrogatorios incluían 52 preguntas. Los indígenas respondieron a 9 de ellas en la residencia de José de Saavedra y Bustamante y a 10 en la de Juan Bautista Bardasí.

        44 Autos de la residencia del corregidor Íñigo Aranguren y Aguirre (AGI, EC, 910C).

        45 Casi todas las residencias de los corregidores incluían a 30 testigos. Excepcionales eran las residencias de José de Saavedra y Bustamante, corregidor de Loja que, llevadas a cabo en 1683, sólo tenían 22 testigos; la de Juan Bautista Bardasí, también corregidor de Loja, contaba con las declaraciones de 16 personas en 1692 y la de Francisco Pareja, corregidor de Cuenca, sólo recogía la opinión de 12 personas en 1723.

        46 El valor simbólico, teatral y participativo de las ceremonias jurídicas se explora igualmente en Guevara Gil y Salomon, 1994; Peytavin, 1997 y 1994 y Gómez, 2001, pp. 205-222.

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        Pour citer cet article

        Référence papier

        Tamar Herzog, « La comunidad y su administración », Mélanges de la Casa de Velázquez, 34-2 | 2004, 161-183.

        Référence électronique

        Tamar Herzog, « La comunidad y su administración », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 34-2 | 2004, mis en ligne le 14 mai 2010, consulté le 12 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/mcv/1320

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        Auteur

        Tamar Herzog

        The University of Chicago

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        © Casa de Velázquez

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