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La naissance de la politique moderne en Espagne (milieu du XVIIIe siècle-milieu du XIXe siècle)

De patricios y nación

Los valores de la política liberal en la España de mediados del siglo xix
Des notables et de la nation. Les valeurs de la politique libérale en Espagne au milieu du xixe siècle
From Patricians to Nation. The Values of Liberal Politics in Mid-19th-Century Spain
María Cruz Romeo Mateo
p. 119-141

Résumés

Cet article analyse la culture de la « politique moderne » à partir du système de valeurs des libéraux espagnols au milieu du xixe siècle. En s’appuyant sur la correspondance privée du progressiste Fermín Caballero, l’auteur étudie la représentation des notables et des communautés, locale et nationale, pendant les périodes électorales. La réflexion porte sur la politique libérale qui rejette et conteste la légitimité des luttes partisanes, la diversité de la citoyenneté et de la société civile. Cette étude adopte une approche comparatiste qui tient compte des spécificités historiques du libéralisme européen ainsi que de la contribution de disciplines autres que l’histoire.

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Texte intégral

  • 1 Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación BHA 2002-01006 del Ministerio de Ciencia y (...)

1En un reciente estudio sobre la politización en el mundo rural, Maurice Agulhon entendía la política moderna como democracia liberal, es decir, un sistema basado en la soberanía del pueblo, la elección de los representantes y un gobierno más o menos dependiente de esa representación1. Esta «política moderna», que es «la nuestra» —subraya M. Agulhon—, se instaura en los países de la Europa occidental desde arriba, desde el Estado, la capital, las ciudades o las ideas modernas. Sus instrumentos esenciales son la experiencia nacional de un sufragio popular amplio y el poder municipal, ámbito primario y decisivo de competencia entre ciudadanos y, por lo tanto, de politización.

  • 2 Agulhon, 2000, pp. 2 y 5.

C’est en votant qu’on apprend à voter, c’est en campagnes[electorales]qu’on apprend «la politique»2.

  • 3 Guionnet, 1997.

2Ahora bien, aunque centrales, estas prácticas no fundan en exclusiva la política moderna. Tan importante o más que éstas son las concepciones que las envuelven. ¿Qué significaba votar para los actores políticos llamados a participar en ese momento decisivo de delegación de soberanía? Como bien ha analizado Christine Guionnet para la Francia de la Monarquía de Julio, el mundo rural y urbano se sumergía en la novedad de la lucha electoral desde y a partir de concepciones no modernas, procedentes de «un pensamiento holista de lo social». Las elecciones —en este caso las municipales— se inscribían en unas representaciones de lo social fuertemente comunitarias. En consecuencia, el significado del voto estaba mediado por ese universo particular. Desde esta perspectiva, que en parte adopta Maurice Agulhon, la verdadera politización implicaría el cambio de las concepciones comunitaristas tradicionales por las nuevas concepciones modernas, liberales, en suma, individualistas3.

  • 4 Agulhon, 1979; Weber, 1983; McPhee, 1995 y 1998 y Dupuy, 2002.

3No es mi propósito en estas páginas discutir el modelo de «descenso de la política» o, en un esquema hasta cierto punto similar, de cómo «la política llega a los campesinos» en expresión de Eugen Weber. Hay en los trabajos de Guionnet, Peter McPhee y Roger Dupuy, entre otros muchos, suficientes críticas y sugerencias para repensar ese modelo y plantear explicaciones alternativas4. Lo que me propongo es abordar el «nacimiento de la modernidad política» desde la historicidad de un proceso, el triunfo del liberalismo en España, y analizar hasta qué punto la cultura de «la política moderna», su sistema de representaciones, implicaba necesariamente el apogeo de las concepciones individualistas, de la aceptación de la legitimidad de las luchas partidistas, de la pluralidad de la ciudadanía y de la diversidad de la sociedad civil. La perspectiva elegida, por lo tanto, no se refiere a la socialización de los valores políticos e ideológicos entre la población española de mediados del siglo xix, sino a esos valores que, en la propuesta de Agulhon, constituyen el fundamento de toda política moderna.

  • 5 La ambigüedad fundadora de los regímenes modernos en Rosanvallon, 2000. Véase también Manin, 1998.

4En un sentido más restringido si se quiere, «el nacimiento de la modernidad política» remite, tanto en Francia como en España, al problema de las relaciones entre soberanía, representación y concepción del cuerpo electoral en su doble vertiente de teoría política y de práctica política. No hay duda de que esta cuestión adquirió una trascendencia absoluta desde los primeros pasos del proceso revolucionario en ambos países, fundado en los dos casos en la soberanía ilimitada de la nación. Desde entonces, su vigencia no sólo no desapareció sino que se intensificó en la medida en que había que clausurar la revolución y resolver los equívocos y las ambigüedades que habían rodeado el establecimiento de los gobiernos representativos5.

El mejor de todos los gobiernos descubiertos, porque es el que deja más libertad a los ciudadanos, conserva mejor entre ellos la igualdad civil, y les deja más probabilidades de felicidad,

en palabras del tratadista constitucional Ramón de Salas, no se impuso sin indeterminaciones vinculadas a la manera de pensar y ejercer la soberanía nacional, como consentimiento del ejercicio de la autoridad o como participación activa en el gobierno. La representación podía, pues, concebirse como un valor en sí mismo, pero también como un artificio producto de la organización del poder en una gran sociedad. Refiriéndose al modo de formarse las Cortes, Ramón de Salas comparaba el sistema francés vigente en 1821 y el establecido por la Constitución de 1812 y concluía por decantarse claramente por este último, ya que:

A lo menos por ella todos los españoles concurren directa o indirectamente al nombramiento de sus representantes, y esto es más conforme a los principios y a la razón, que no que solos cien mil ciudadanos nombren los representantes de treinta millones.

  • 6 Salas, Lecciones de derecho público constitucional, pp. 187-188. Esta obra se publicó durante la et (...)

5Sin embargo, la conformidad de principios y de razón parecía convertir el gobierno representativo en equivalente de la democracia y no en una forma política específica y original6.

  • 7 Citado por Javier Fernández Sebastián, voz «Democracia», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), (...)
  • 8 El Censor, periódico político literario, 4-v-1822.

6No obstante, el problema no era sólo de naturaleza filosófica o erudición técnico-constitucional. Era esencialmente político. Si bien en las Cortes de Cádiz, el liberal conde de Toreno se extrañaba de que alguien pudiera desear la democracia «en un buen sistema representativo monárquico» y afirmaba con rotundidad que «los pueblos modernos no pueden como los antiguos ejercer por sí la soberanía», por la misma época se difundía una publicística que, además de exigir el control de los representantes por parte del pueblo, reservaba la decisión directa y última a la voluntad general7. Las difíciles relaciones entre soberanía nacional y representación se manifestaron en las luchas y conflictos políticos que lastraron la experiencia de 1820-1823. La voluntad general de la nación fue vivida en ciertas ciudades, muy en contra del sentir de tantos liberales, como si cada individuo fuera un «soberano pequeño»8, en la medida en que la acción social había conducido a una interpretación directa e inmediata de los conceptos de soberanía nacional y de ciudadanía. Corregir estos equívocos, dejar atrás la imposible conciliación entre una visión rousseauniana de la soberanía y la perspectiva liberal-individualista, fue la labor del liberalismo de los años 1830. Saber distinguir y articular el significado liberal y el democrático de la soberanía nacional no fue, sin embargo, una tarea sencilla en una época por lo demás convulsa y revolucionaria.

Los valores políticos del buen patricio

7¿Qué cultura política socializa el liberalismo posterior a 1812? No es fácil responder a esta pregunta. En primer lugar, la tentación de una lectura muy sociológica o, lo que es peor, determinada por criterios socioeconómicos de la política y, más en concreto, del discurso liberal, ha estado y sigue estando bastante presente en los trabajos referidos a este campo de estudio. En segundo lugar, los análisis de los liberalismos históricamente constituidos en Francia o en España no siempre son tenidos en consideración a la hora de desarrollar una historia social de la política. Por último, y ya refiriéndome en exclusiva al caso español, el sesgo de la historiografía ha tendido a priorizar la atención sobre la vertiente más formal e institucional de la vida política y, ante todo, del sistema de la etapa restauracionista (1875-1923), considerada como la época del caciquismo o de las relaciones clientelares por excelencia. Estos problemas han redundado en un oscurecimiento de hecho de las dinámicas político-sociales y culturales de la primera mitad del siglo xix, las vinculadas al proceso de revolución liberal en España. Centraré mi artículo en torno a los dos últimos problemas mencionados, porque me parecen los más desatendidos, al tiempo que su consideración podría facilitar un diálogo más fructífero entre historiografías y modalidades de análisis procedentes de disciplinas cercanas.

  • 9 Véase, en este dossier, el artículo de Jean-Philippe Luis «Les paradoxes de la politisation dans la (...)

8La formación del Estado liberal en España a partir de la década de 1830 supuso el recurso a las elecciones y a la búsqueda de la legitimidad política mediante comicios a escala local y provincial, para la renovación de ayuntamientos y diputaciones, y de ámbito nacional, para las Cortes. ¿Cómo se concibe ese momento decisivo y en cierta forma simbólico? ¿Qué concepción despliegan aquéllos que pretenden el refrendo de sus conciudadanos, aquéllos que, según el modelo de «descenso de la política hacia las masas», podrían denominarse los mediadores o pedagogos de la modernidad?9.

  • 10 Sobre esta cuestión en particular, véase Estrada Sánchez, 1997.

9Poco es lo que sabemos al respecto. Se ha estudiado, aunque parcialmente, la corrupción electoral propiciada o alentada tanto por las autoridades del Estado como por las instancias de poder local. Una corrupción que, durante buena parte de la época que aquí vamos a considerar, se practicaba en el marco de una legislación especialmente restrictiva en la concesión de los derechos políticos. La ley de 1846 para la elección de diputados redujo el cuerpo electoral a apenas el 0,8% de la población, cuando la anterior ley electoral, la progresista de 1837, había elevado el disfrute del derecho a voto hasta alcanzar algo más del 2,2%. Además de restringir la ciudadanía política, la norma de 1846, vigente hasta 1865 —con el breve paréntesis de 1854-1856—, fijó como circunscripción el distrito uninominal y trazó una distribución del territorio muy desequilibrada, tanto respecto al cuerpo electoral reconocido como a la población representada. En cualquier caso, las manipulaciones, fraudes, injerencias y presiones gubernamentales fueron constantes y habituales con una y otra ley10.

10Este entramado se fundaba, además de en el aparato de la Administración del Estado, en las redes de influencia configuradas en los ámbitos locales y en los vínculos de deferencia forjados hacia determinadas jerarquías o personalidades. Para algunos estudiosos, la amistad, la relación personal y, sobre todo, el control de los medios de producción eran elementos básicos en el proceso de articulación de los apoyos políticos y, en este marco, la componente ideológica apenas estaba presente en esas redes clientelares o, a lo sumo, era un mero ropaje de rivalidades más arraigadas, familiares o de clan/bando.

  • 11 Veiga Alonso, 1999. La bibliografía sobre las relaciones clientelares en España es enorme; véase Ro (...)

11De este modo, la actividad pública puede presentarse como una prolongación de lo social y entenderse las elecciones como reflejo de la estructura orgánica de la sociedad, como ratificación de una supremacía social basada por lo general en la propiedad. Además, como ha estudiado X. R. Veiga Alonso, el voto colectivo, de grupos reunidos por el agente de un candidato o que viajaban juntos hasta el lugar donde se había instalado la mesa electoral, no era excepcional, y el carácter social de esta práctica del voto se reforzaba con el convite ofrecido a los votantes11.

12Como no se dispone de seguridad suficiente para generalizar este esquema interpretativo y aún es mayor el desconocimiento de las representaciones políticas y sociales que las élites protagonistas de esas prácticas desplegaron a mediados del siglo xix, he optado por analizar el discurso y el comportamiento de uno de esos notables ligados a la actividad pública desde las filas del liberalismo progresista.

13Fermín Caballero, destacado político progresista de la primera mitad del siglo xix, reúne una doble faceta: la de ser un personaje político nacional prominente y la de ser un patrón local en la España interior durante las décadas de 1840 y 1850. Miliciano nacional durante el Trienio Liberal (1820-1823), con el Estatuto Real de 1834 obtuvo un escaño en la Cámara baja, que ya no abandonaría hasta su retiro forzado en 1843. Durante esos años de Guerra Carlista y de radicalización revolucionaria, de tensiones agudas en el seno del liberalismo, Caballero logró situarse en la política nacional. Fue redactor jefe del periódico más influyente de un cierto liberalismo avanzado desde 1834, y más tarde progresista, el Eco del Comercio; incansable opositor desde la tribuna parlamentaria de los gobiernos moderados; alcalde de Madrid tras el triunfo del pronunciamiento esparterista de 1840 y ministro de la Gobernación en el efímero gobierno de Joaquín María López en 1843. Tras ser arrojado el progresismo del poder a fines de 1843, Caballero se vio obligado a abandonar la escena política y se recluyó en su pueblo natal (Barajas de Melo) en la provincia de Cuenca.

  • 12 Datos sobre Caballero en Poves Jiménez, 1997.

14Aunque volcado desde entonces a lo que era su vocación predilecta, la geografía, no por ello desapareció de la escena política local y nacional. Su amplia correspondencia, que conservó con esmero, da cuenta de los trabajos que él y sus amistades hicieron por la causa política del progreso y su éxito electoral12.

  • 13 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4687, f.o167.

15La actividad de Caballero desde 1843-1844 se fundaba en el reconocimiento de su influencia, dentro de su partido y de su comunidad, como personaje político eminente y como «patrón» local. «Como persona influyente» fue nombrado miembro de una junta que debía dirigir las elecciones y redactar las bases de cara a organizar «el partido liberal» en la provincia de Madrid en 1844; consultado, en múltiples ocasiones, sobre las acciones a emprender contra decisiones del Gobierno moderado en materia electoral o respecto a la conveniencia de situar a determinadas personas en las instituciones locales y provinciales de Cuenca; encargado por la Junta Provincial de Elecciones del Partido Progresista de vigilar, en 1851, la confección de las listas electorales de su pueblo, «pidiendo la inclusión de los amigos que fuesen excluidos o la exclusión de aquellos que, por ser parciales del Gobierno, figurasen indebidamente en ellas»13; o, en fin, comisionado por el Comité Central del Partido Progresista para que supervisara el desarrollo de las elecciones de 1857 en un distrito de la provincia de Cuenca. Se trataba, en este caso, de que las «personas más importantes» del partido, estuvieran o no incluidas en las listas electorales, concurrieran a los colegios:

  • 14 Ibid., ff.os 175-177.

Para auxiliar con sus luces e influencia a nuestros amigos en las cuestiones legales que allí se susciten, ya también para animar con su presencia y respetabilidad a personas débiles de carácter que se retrahen [sic] de usar de su derecho si no ven a las notabilidades del partido excitarlas con su ejemplo y protegerlas con su consejo y defensa en las dudas que las [sic] pudieran ocurrir14.

  • 15 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4691, f.o435 r.
  • 16 Ibid., f.o428 v.

16En 1854-1856 fue requerido insistentemente por sus amigos para que presentara su candidatura a la diputación a Cortes por Cuenca, o por cualquier otra provincia, «porque su nombre es conocido en todas ellas por sus méritos y circunstancias personales»15. Era, le escribía un diputado amigo, «por beneficio del país, en el de nuestra causa, en el de nuestros principios todos» y por ello «tengo hablado con personas de todos los distritos, escrito a otras y estoy decidido a montar a caballo a recorrer la provincia»16. Las «justísimas influencias» que ejercía Caballero debían, como contrapartida de todos esos desvelos de sus amigos, desplegarse en la sociedad indicando, si la ocasión lo requería:

  • 17 Ibid., f.o445 v.

A todas las personas que en Barajas y aun fuera de aquel pueblo escuchen seguramente su voz y no hacen más que lo que V. les indica, que voten a mi favor, pues si bien no dudo, ni puedo hacerlo de ellos, si andando el Sr. Catimalío de agente, viesen ellos que V. no les decía nada y no asistía además a la elección, creerían me había retirado su amistad, y sobre el perjuicio directo que esto me causaría y al interés que todos los amigos han tomado en la cuestión, me sería doblemente sensible porque en este punto no admito sombras, por lo mismo que tanto me ha honrado y me honra al paso que me lisongea17.

17¿Cómo entendía y practicaba este «buen patricio», que de este modo se definía, la política? Dos argumentaciones en apariencia contradictorias se dibujan en su correspondencia. Por un lado, defendió la espontaneidad y la libertad del cuerpo electoral, libertad sobre la que descansaba la legitimidad del diputado representante de la nación; por otro, consideró que, en realidad, todo se limitaba a una cuestión «de mandos e influencias» en el espacio local.

  • 18 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9/4716, f.o103 v.

18En 1854-1856, desplazado el moderantismo del poder por medio de un pronunciamiento militar que había desembocado en una revolución, los amigos de Fermín Caballero impulsaron su candidatura de diputado a Cortes. Estaba dispuesto a remediar los males de España; males que tenían orígenes diversos, desde «los hábitos serviles y degradados del viejo despotismo» hasta «la inmoralidad doctrinaria de la escuela francesa, importada hace muchos años en nuestro país, y causa de la presente corrupción, encarnada hasta en los tuétanos de nuestra sociedad»18. Esta disposición de ánimo no fue suficiente para convencer a los electores de Cuenca. Su candidatura fue derrotada, y los motivos se buscaron en la corrupción y cabildeos políticos:

  • 19 Ibid., ff.os 107 v-108 r.

¿Me querrá V. decir si Santa Cruz [otro de los candidatos] sería más conocido y de más confianza del cuerpo electoral conquense, como no se mirase a la cartera que tenía bajo del brazo, que de seguro no miraran la gran mayoría de los electores? […] No se acose a los infelices electores con promesas ni temores, con arterías o engaños, y seguro estoy de que no podrá V. ni nadie predecir que saldrán tales sujetos19.

19Si los electores fueron presionados o convencidos mediante promesas —lo cual, por otra parte, apunta a la existencia de un margen de libertad de elección y no a un generalizado sometimiento estructural de los votantes—, el progresista Caballero se presentaba como el paladín de la independencia de los ciudadanos:

  • 20 Ibid., f.o133.

En principios electorales soy rigidísimo: en costumbres electorales soy más español que francés ni inglés. Todavía no he perdido mis ideas de elección mixta, porque universaliza el sufragio, y porque contraría la exhibición de candidatos, que no entiendo no están exceptuados de los cánones de la pudicia20.

  • 21 López, Curso político-constitucional, p. 29.

20A diferencia de la mayoría del progresismo, que había aceptado el sufragio censitario y la elección directa, Caballero y su íntimo amigo Joaquín María López seguían siendo partidarios de una ampliación sustancial del derecho al voto y de la elección indirecta de los diputados porque eran «el único medio de dar participación al mayor número de ciudadanos en la formación de las leyes»21 y de que la asamblea fuera realmente representativa de la nación.

  • 22 Ibid., pp. 27-28.

La teoría que se ha seguido al establecer la elección directa ha sido ciertamente bien extraña y contraria en todo a lo que debiera ser. Se ha dicho: «todos los hombres no son a propósito para elegir por su falta de capacidad y riqueza, pues excluyámoslos y hagamos una porción escogida a que sólo se permita el sufragio». En vez de haber dicho: «todos los hombres no pueden escoger o elegir por falta de capacidad y riqueza», pongamos un modificativo, y cuando no elijan absolutamente, al menos que tengan participación en la elección22.

21Fermín Caballero se ponía como ejemplo de una actitud que debía regir la marcha de los gobiernos representativos:

  • 23 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9/4716, f.o132 r.

Puedo decir a la faz de todo el mundo que jamás (y he sido diputado constantemente desde 1834 a 1843) he escrito una carta anunciándome candidato, ni a mis amigos y condiscípulos, que me dé su voto o que me procure sufragios23.

22El principio que había guiado su actuación era, según escribía, no influir en los electores. Fundaba el rechazo de lo que hoy entenderíamos por campaña electoral en la idea de que «los candidatos los debe buscar y escoger el pueblo sin gestión de los interesados […] de que no debe imponerse de modo alguno al elector, ni aun a título de consejo oficioso de quien puede y vale más que el aconsejado. De este modo juzgo yo estimable la libertad electoral y honroso el cargo de representante». Y continuaba diciendo:

  • 24 Ibid., f.o107.

Los que tenemos el privilegio de ser viejos y la suerte de haber visto algo en política, y aún algo de escritores sobre elecciones, así por lo serio como por lo satírico, desde Constant a Paturor, puede V. calcular que alcanzamos un poco en la materia, y que no creemos sentencia condenatoria el no obtener votos, ni verdadera absolución el alcanzarlos. Cuando se trabaja por abolir la pena de muerte en los delitos políticos, en que el hombre es reo u héroe a la vuelta de un dado, fuera yerro dar un valor absoluto a ciertas manifestaciones, pues hay triunfos que son menguados y derrotas gloriosas. ¿Quién ignora ya que muchísimos de los pobres electores, cuando no se ven estrechados por la mano del gobierno, tienen que ceder a otras exigencias de no mejor catadura? Yo no me creo ofendido ¡qué ofendido! Ni desairado por los electores de mi provincia porque no me hayan dado sus votos. Sé muy bien dónde está el quid, y no ignoro por quién y por qué han votado así los más: respeto su modo de obrar y el de los que se lo exigieron o aconsejaron24.

23Vencido, Caballero debía asumir la decisión inapelable del cuerpo electoral.

  • 25 Ibid., f.o105 v.

El deber de buen patricio me obliga a sacrificarme por mis conciudadanos, cuando las circunstancias lo proporcionen, o cuando ellos exijan de mis servicios. Si los electores, de su libre y espontánea voluntad, no han conceptuado que mis votos son necesarios en la Asamblea, estoy relevado de todo deber en esta línea; y cuanto en contrario se hiciese y gestionase lo vería yo como atentatorio a su independencia; y jamás, así electo, me creería autorizado para llamarme su delegado legítimo25.

24En las cartas que se cruzaron en esos años de 1854 a 1856 había, a pesar de la invocación liberal al juicio definitivo de los electores, una cierta tensión entre lo que se supone que debe ser el juego de la política liberal —la lucha electoral, la búsqueda del voto, etc.— y el repudio a la exhibición de los candidatos, futuros delegados de la ciudadanía. Para comprender esta tensión debemos considerar la segunda actitud hacia la política que mencionaba más arriba, aquella que todo lo reducía a una cuestión de «mandos e influencias».

  • 26 Ibid., f.o3 v.
  • 27 Ibid.

25De esta actitud puede dar idea el conflicto con otro notable del pueblo, residente en Madrid, en las elecciones municipales de 1851. Caballero había pedido el voto de su encargado o administrador y recibido de aquél la tajante respuesta de que el encargado era «mayor de edad», «independiente» y que, dada su lejanía, «no debía mezclarse en cosas municipales de Barajas»26. Para el progresista Caballero el problema ni siquiera rozaba el principio de la libertad individual, de la capacidad de autonomía del ciudadano con derechos políticos, que en otras circunstancias había defendido. Lejos de ello, era un conflicto entre iguales que no debían mostrarse ante la comunidad «en contradicción». Los notables tomaban las decisiones y creaban un espacio de vínculos personales al margen de la política que, sin embargo, tenía como finalidad «que la justicia recayese en personas pacíficas y que no favoreciesen las intrigas de nuestros enemigos»27.

  • 28 Ibid., f.o4r.

26Lo que Caballero concebía como no político era precisamente el bien de la comunidad, al hacer valer la noción de «buen patricio» como la de aquella persona «que no puede querer cosas injustas ni perjudiciales para su pueblo y sus convecinos»28. La ruptura de ese concierto interpersonal tenía dos consecuencias que implicaban un mal de mayor gravedad. Primero, la desatención de la comunidad en sus verdaderos intereses —como el tema de los desahucios y despidos de renteros—; y segundo, la agitación del faccionalismo, «del hacer partido», de los otros que estaban

  • 29 Ibid., f.o6 r.

trabajando por cuantos medios pueden para producir una bandería y división, cuyo fin parece ser el que mi tío Juan Antonio y yo no seamos consultados sobre el bien del pueblo; presumiendo ellos tener mejores títulos y más elementos para llenar esta misión benéfica29.

Ambos hechos redundaban en la división del pueblo, la catástrofe por excelencia.

  • 30 Ibid., f.o5 v.

¿Quién puede creer de buena fe que Antonio Azcoitia, sus hermanos y tu padre tengan más voluntad, mejor deseo, y mayores elementos para influir en bien del pueblo y de los vecinos, que he tenido yo? ¿Harían ellos jamás los beneficios que yo he logrado, de perdonar en dos ocasiones gran parte de las contribuciones del pueblo, de triplicar su término jurisdiccional, de haber repartido los bienes del clero, que compré, y que me podían dar doce mil reales de renta? Cuando la ceguedad insensata de hombres que sólo han podido asistir a las escuelas primarias llega al punto de querer la influencia natural, y no buscada, a quien ha tenido la fortuna de aprender más y conocer mejor y desear con mayor cordura, ¿qué debemos hacer las personas de juicio y de corazón? ¡Gracioso sería que, después que tú estás gastando tu juventud y quemándote las cejas en perfeccionar tu inteligencia, se creyesen tanto y más que tú los labriegos contemporáneos! Las diferencias y la disciplina son indispensables en el mundo, si ha de haber sociedad civil; y guardando cada uno su puesto es como mejor se evitan el despotismo y el desorden30.

27Este párrafo de una carta privada expone con concisión los fundamentos de la imagen del «buen patricio». Caballero proclamaba con orgullo su servicio a la comunidad. No era tanto una justificación de su actuación como el principio básico del notable. Al menos, así era pensada esa búsqueda del «bien general del pueblo», cuando incluso se fijaba como guía de acción para el propio partido en momentos de desconcierto y de crisis de éste. Un amigo político le escribía, en junio de 1856, que el progresismo debía seguir el ejemplo de Cabra (Córdoba), «pueblo rico, ilustrado y liberal» y con diversidad de opiniones:

  • 31 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4690, f.o234 v.

Sin embargo, D. Martín Belda, moderado, llegó a imponer exclusivamente su voluntad a Cabra. Con él estaban moderados, progresistas, demócratas, realistas: todos votaban lo que él quería, para todo escuchaban su voz. A tanta influencia no le subieron antecedentes de familia, ni riquezas, ni ligas de amigos, ni cualidades admirables. ¿Cómo pues cautivó tan despóticamente la voluntad de los cabreños, y sometió a tantos que valían más que él? Todo el secreto consistió en serles útil31.

28Ser útil y ser útil a la patria local, además: ésa era la clave del «buen patricio», al margen de la posesión o no del control de los medios de producción.

  • 32 A este respecto, véase Millán, 2003.

29En segundo lugar, esa idea del notable útil a la comunidad era consustancial con una representación jerarquizada y no igualitaria de la sociedad. Esta concepción del orden social no se presenta, sin embargo, como un dato natural e inmóvil. La revolución no había pasado en balde, especialmente para Fermín Caballero. La influencia natural, de la que se supone investido un «buen patricio», se forja, se construye, a través del esfuerzo personal de perfeccionamiento. En este sentido, no se trata de un orden social natural y originariamente jerarquizado, sino resultado de un proceso de creación. Por supuesto, es una visión elitista que sólo en este punto cabría relacionar con otras procedentes de la cultura política carlista o legitimista32. Una vez alcanzado el mérito y la capacidad individuales, cualidades éticas personales, a Caballero le parecía manifiestamente natural, incluso necesario, ser consultado en los asuntos de la comunidad. En la sociedad transformada por la revolución, era el respeto a la preeminencia social labrada —mediante el talento, la ilustración y el trabajo personal— la garantía de estabilidad de la armonía social. De ahí que Fermín Caballero no considerase la elección como un acto de los individuos privados sino más bien como un gesto colectivo de legitimación o ratificación de la influencia «natural».

  • 33 Guionnet, 1997.

30Dentro de esta percepción de un orden social jerarquizado que el patricio conoce, condensa y representa, discurre gran parte de la política liberal en la primera mitad del siglo xix. De una manera no muy diferente a lo que sucedía en la Francia de esa época, estudiada por Ch. Guionnet, el discurso predominante deploraba la ruptura de la unidad de la comunidad, a pesar de que las elecciones introdujeran necesariamente la disparidad y el conflicto de intereses. Siempre era el adversario —los «enemigos» de los que hablaba Caballero— el responsable de destruir la unidad y de imposibilitar por tanto la consecución del «bien general del pueblo». El no reconocer al otro como actor respetable en la vida política podía responder a la lógica de la lucha electoral: las descalificaciones que a través de la prensa, los panfletos o los discursos parlamentarios se lanzaron entre sí moderados, progresistas y radicales desde mediados de los años 1830 para atraerse el apoyo de la ciudadanía y de la población fueron especialmente rotundas. Sin embargo, me inclino a pensar, como señala Guionnet, que la apología de la unidad y la destrucción metafórica del contrincante político pueden ser vinculadas al rechazo del «pluralismo político como principio organizador de lo social», es decir, a una concepción que no se ajusta en sentido estricto a la idealización del liberalismo como aquella filosofía política que coloca al individuo, y sus legítimos intereses, en el centro de la vida social y política33.

31La apología de la unidad, paralela no obstante a un intenso enfrentamiento partidista en el interior del universo liberal, fue resultado de la lucha contra el carlismo, conflicto éste que se dirimió mediante una guerra que determinó la agenda política y condicionó la vida cotidiana de los españoles entre 1833 y 1840. Ciertamente, el reconocimiento de una realidad pluripartidista a partir de esos años se acompañó de ciertas valoraciones matizadamente laudatorias de los partidos; incluso, se les llegó a presentar como fundamento de los gobiernos representativos.

Abierta la discusión, que es el alma y vida de los pueblos libres, fácil es conocer que han de formarse partidos que se choquen, que se combatan y procuren recíprocamente vencerse y conseguir el triunfo,

  • 34 «De los partidos», La Ley, n.o4, 4-vi-1836, citado por Javier Fernández Sebastián y Gorka Martín Ar (...)
  • 35 Javier Fernández Sebastián y Gorka Martín Arranz, voz «Partido», en Fernández Sebastián y Fuentes ( (...)

exponía La Ley en 183634. Sin embargo, como han recordado recientemente Javier Fernández Sebastián y Gorka Martín, «la hostilidad hacia la idea misma de partido permanece latente durante todo el siglo»35. Hostilidad que entre 1833 y 1856 parece, por las referencias que dan estos autores, diluirse un tanto entre el campo moderado y ser más activa en el magma progresista-radical.

  • 36 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9⁄4716, ff.os 133-134 v y ff.os 107 r-108 v.

32La aceptación resignada de la existencia de partidos no condujo, en general, a valorar como normal y positiva la pugna electoral. En este sentido cabría interpretar la orgullosa declaración de principios de Caballero sobre «la exhibición de los candidatos» sujetos a «los cánones de la pudicia». Tan escandalosa le parecía la publicidad de las ambiciones políticas que llegó incluso a jactarse de que en su vida sólo se había dirigido a los ciudadanos en una ocasión —en 1854 y mediante carta aparecida en la prensa— y ello «porque fue acuerdo colectivo, y porque en lugar de pedirles el voto, les rogué que me dejasen, pues retiraba mi nombre de la candidatura acordada». Él no luchaba, «porque jamás admito que en este campo se luche por los jefes, sino por los soldados, por más que respete la conducta de los que creen y hacen otra cosa». El legítimo «delegado» debía serlo no por «cabildear o muñir aun con personas de confianza», sino en razón de sus cualidades y de sus obras, conocidas por la ciudadanía, y de su capacidad para encarnar la verdad, de conocer «el bien general del pueblo», y de representar, por tanto, el conjunto de la sociedad36.

33Que el caso de Caballero pudiera ser, a la altura de mediados del siglo xix, no muy común del todo entre otros sectores de las élites políticas, no obsta para que sus principios básicos, relegados a la confidencialidad de unas cartas privadas, estuvieran difusamente presentes entre círculos progresistas —lo que, tal vez, explicaría el retraso de esta corriente ideológica en estructurarse como «partido» respecto al moderantismo— y hubieran formado parte del sentir de muchos liberales de las décadas de 1830 y 1840. Un panfleto anónimo publicado en la primavera de 1839 cifraba «nuestro remedio en la confianza en íntima unión de vuestro gobierno y el pueblo español» y solicitaba de la regente María Cristina el nombramiento de un nuevo gobierno.

El buen éxito consiste exclusivamente en la elección de seis hombres de aptitud y discreción, decididos por la causa nacional, y sobre todo españoles legítimos cuyas ideas y costumbres sean españolas y cuyos intereses estén radicados en la nación española y sean inseparables de ella e íntimamente adheridos al buen éxito de la causa de la libertad.

  • 37 Últimos clamores del pueblo de Valencia a S. M. la Reina Gobernadora, Valencia, 1839.

34Debía ser un ministerio que no levantara enseña «de partido», «sociedad» o «secta», que actuara imparcialmente —actitud que el autor hacía explícitamente sinónima de «unión»— y que convocara unas Cortes «homogéneas en cuanto a los principios constitucionales y a los intereses de la nación». Si no se hacía así, auguraba el autor, «preparémonos para sufrir una feroz dictadura militar o una espantosa anarquía y por resultado inmediato el ignominioso yugo extranjero»37.

  • 38 Núñez de Arenas, De nuestra situación, pp. 12, 13 y 29.

35En la misma línea argumentativa se expresaba por esos años el diputado Bernardino Núñez de Arenas. Si bien consideraba lógica y natural la existencia de partidos o bandos en el gobierno constitucional, ya que su esencia consistía «en la discusión libre y amplia de las ideas y en la pugna continua de las unas con las otras», pensaba que en España el conflicto en el interior del liberalismo había devenido «lucha violenta y encarnizada que le extravía hasta el punto de aborrecerse entre sí más que aquellos que le hacen la guerra con las armas en la mano». La defensa de la «libertad de opiniones» no escapaba, sin embargo, de una consideración perversa y hasta cierto punto ilegal de la pluralidad de tendencias políticas. «El interés individual ha fomentado extraordinariamente, si no engendrado del todo, las divisiones de los partidos», de tal manera que «la política fue al parecer la manzana de la discordia, pero ésta era hija realmente de las ambiciones individuales». Se había perdido la defensa del «bien público» y dominaban los intereses particulares y despreciables y las pasiones mezquinas, lo que prolongaba «la agonía de la nación». Su propuesta era crear un «tercer partido» dedicado exclusiva y verdaderamente a trabajar de modo desinteresado por el bien público38.

  • 39 García Rovira, 1998.

36En todos estos textos latía, por supuesto, el mito de la unidad liberal, muy presente sobre todo entre sectores del radicalismo hasta el punto de convertirse en una de las representaciones clave del análisis y de la acción en las luchas políticas dentro del liberalismo, como ha estudiado Anna Maria García Rovira39. Este ideal, forjado en la lucha contra los franceses, el absolutismo y el carlismo, no desapareció del todo después de la revolución liberal. La aspiración a la unidad, a la síntesis de un solo partido liberal, aflorará intermitentemente en las décadas de 1840 y 1850: los cambios de régimen en las revoluciones de 1840, 1843 y 1854 no son presentados como el triunfo de un partido sobre otro, sino como el de la nación entera sobre los hombres de facción.

  • 40 Citado por Javier Tusell, «Los intelectuales y la guerra», El País, 8-ii-2003.

37En definitiva, la hostilidad hacia los partidos, las reticencias a expresar abiertamente las ambiciones políticas, el mito de la unidad liberal, sugieren una concepción política y social alejada, en palabras de Raymond Aron, de la belleza y fragilidad del liberalismo, que consiste en no ahogar las voces, ni siquiera las supuestamente peligrosas40. Muchos liberales de mediados del siglo xix desconfiaban de la representación de la pluralidad de opiniones e intereses individuales. No la consideraban necesaria y normal, porque latía en algunos de ellos la aspiración a una sociedad unida y armoniosa. No se tomaba en serio el mandato de una esfera pública políticamente activa a través de la deliberación de todos, del entrecruzamiento de intereses particulares. Fermín Caballero pretendía ostentar la verdad y representar «el bien general» de su comunidad, otros imponían la verdad de la nación frente a los mezquinos intereses particulares; todos aspiraban, en fin, a restablecer una idílica unión social. El pluralismo político y social, la materialidad de las voces, quedaba para mejor ocasión.

Política liberal sin pluralismos. El bien general y los intereses individuales

38Como se ha visto, los valores políticos y sociales desplegados se fundaban en dos ejes: por un lado, la relación patricio/comunidad (local y nacional) desde una representación jerarquizada y no igualitaria de la sociedad; por otro, una concepción unitarista de la política, en el sentido de no concebir ésta como el espacio de interacción de todos los intereses individuales legítimos. La política era más bien el reino del interés general de la nación que no se entendía, por lo demás, como opuesto o alternativo a los intereses particulares. Esta visión de la política conducía al rechazo de prácticas que consideramos consustanciales con la política electoral moderna. Así, la elección no se contemplaba como un acto de los individuos privados, sino más bien como un gesto colectivo de legitimación o ratificación de la influencia «natural» del patricio; se confiaba en el desvelamiento del bien común por parte de los ciudadanos, si no eran manipulados (de ahí la insistencia en la libertad e independencia del cuerpo electoral); o, en fin, se tenía una visión condenatoria de la pluralidad de tendencias políticas y de la pugna electoral.

39¿Estamos, pues, ante una concepción tradicional, en tanto que no individualista, de la política? ¿Qué había de liberal en estas representaciones de la política de los liberales? La aparente paradoja tiene razón de ser sólo desde unos esquemas más atentos a las características de las sociedades democráticas que a la específica trayectoria del liberalismo español. En este sentido, me parece necesaria una perspectiva comparada y centrada en los rasgos históricos, no ideales, de los liberalismos europeos.

  • 41 Lukes, 1975.

40La interpretación que en ocasiones se ofrece del liberalismo adolece de falta de historicidad; en otras, se piensa como una doctrina perfectamente cerrada y unívoca sobre el individuo, la sociedad y el poder. En consecuencia, se habla más de unos supuestos procedentes de la propia narrativa liberal que de la propia especificidad del discurso liberal configurado a partir de unos contextos particulares. Uno de esos criterios vincula de manera esquemática y simple el liberalismo con la concepción individualista. La política moderna, la que nace con los estados liberales, entraña necesariamente la construcción y el dominio de una sociedad constituida por átomos individuales libres, iguales, independientes y emancipados, parece sugerírsenos. Por tanto, la modernidad política, que se expresa en primer lugar en unas ideas políticas también modernas, se asimila esencialmente al individualismo político, es decir, con el derecho de sufragio individual y libre, no sometido, políticamente significativo o interesado en debates de ámbito nacional, con la libre competencia electoral y con la intensificación del pluralismo de los intereses particulares41.

  • 42 Clavero, 1997, pp. 129, 177 y 150.

41Ahora bien, cabría preguntarse hasta qué punto todo liberalismo político conlleva la primacía (teórica y práctica) del individualismo (moderno) frente a otras concepciones posibles y a otros modos de entender el individuo. Incluso si nos aproximamos al liberalismo desde la teoría político-filosófica o desde la historia del constitucionalismo, el principio rector del individuo sujeto de derechos no deja de tener sus claroscuros, tantos como para ser comedidos a la hora de sostener sin más su primacía práctica. Lo ha recordado Bartolomé Clavero, en su incursión terminológica y conceptual en torno a la idea originaria de individuo y su suerte constitucional, con el desvelamiento del primigenio modelo constitucional fundado, además de en el parlamento, en el gran olvidado de la historia, aquí y allá, en España o en Francia, el jurado, «pieza esencial y por razón precisa de libertad». La mirada hacia Inglaterra ilumina una cultura de derechos individuales, de «las libertades y sus garantías y más en profundidad todavía la del individuo sujeto de las unas y de las otras antes que sujeto a las instituciones y sus poderes», en la que el individuo se concretaba como «propietario varón dominante». La cultura constitucional en Francia o en España alumbra, sin embargo, un universo donde los derechos quedan a disposición de los poderes, comenzando por el constituyente y siguiendo por el legislativo, mediatizado, a su vez, por el ejecutivo42.

42Las especificidades del liberalismo español, indudables, podrían ponderarse desde esa otra experiencia histórica, la francesa, en la medida en que ambas, salvando sus grandes diferencias, proceden de una dinámica de revolución y de nación original y, en segundo lugar, dado que el doctrinarismo francés informó buena parte del liberalismo español y, en particular, el moderado. El liberalismo francés y su práctica política tuvieron dificultades para reconocer el individuo en sí mismo y por él mismo, pero no en tanto que ciudadano miembro de la colectividad nacional, que participa para hacer visible la voluntad nacional. El problema que se plantea, por tanto, es el de ponderar cómo la eficacia del discurso de la nación como un discurso de emancipación de los individuos fue, sin embargo, compatible con la dificultad de articular el pluralismo político desde la afirmación de la soberanía nacional.

43La experiencia francesa de 1789, llamada en este punto a ser modelo de alcance más que europeo, resulta significativa: de proyecto de emancipación de los individuos a plenitud de la soberanía colectiva o, para decirlo con las palabras de Marcel Gauchet, de «la revolución de los derechos del hombre» a «la revolución de los poderes». La política de la emancipación francesa no se funda tanto en una concepción individual y defensiva de los derechos como en «la comunión mística de la Nación con la asamblea de sus representantes». La conquista de la libertad requiere:

Épauler inconditionnellement ceux qui parlent au nom du «tout» qui, hier, n’était «rien», et non de vérifier la conformité de l’action des représentants aux intérêts des répresentés; elle demande de mettre toutes les volontés en commun, au lieu d’en appeler par priorité à la protection des légitimes prérogatives de chacun; et, paradoxalement, à la mesure de la suspicion éprouvée vis-à-vis d’un «mauvais» pouvoir, celui des étrangers à la Nation qui entourent et égarent le monarque, elle pousse à l’adhésion d’enthousiasme au «bon» pouvoir, celui qui exprime l’unanimité national, pouvoir contre lequel il serait sacrilège d’envisager de se présumer.

  • 43 Gauchet, 1995, p. 10.

44Este ideal de gobierno de la Nación por sí misma tendría amplias consecuencias por lo que respecta a la manera de pensar y configurar el gobierno representativo, así como el horizonte de los derechos individuales. Si por un lado se alzaba la supremacía absoluta del poder legislativo, como única forma que tenía de desplegarse la soberanía esencialmente indivisible de la nación, por el otro se producía el escamoteo de una justicia ciudadana defensora de los derechos individuales. La revolución de los poderes entrañaba la identificación de la nación con la representación e implicaba la búsqueda de unidad, de identidad, del cuerpo político en todos los instrumentos de gobierno, y no la defensa del pluralismo, de la diversidad de fuerzas y de ámbitos del espacio político y, como corolario, de la propia sociedad civil43.

45Avancemos en la historia. Lucien Jaume, en su análisis de las corrientes del discurso liberal francés en el siglo xix, propone una visión más diversa y plural del mundo de valores liberal de lo que una perspectiva que haga abstracción de la historicidad del liberalismo puede suponer. En relación con la tendencia doctrinaria, la de Guizot, que fue mayoritaria y ejerció el poder hasta 1848, Jaume se ha referido al «individu effacé», es decir, al rechazo a reconocer la facultad de autonomía del individuo sometido a la ley, a la visión de una sociedad conformada no por individuos sino por grandes grupos de interés, a la lógica de reincorporar y someter al individuo a las «superioridades naturales», que son las que permiten reorganizar la sociedad a partir del Estado, a la vocación, en fin, de preservar la preeminencia de los derechos del Estado, asimilada a la preeminencia del interés general. Guizot criticó la idea de los derechos naturales «como base primitiva de la sociedad» y consideró que la sociedad se fundaba casi en exclusiva en la idea del deber.

46Como desarrolla Jaume, Guizot nunca partió de los derechos del hombre para pensar la construcción de la soberanía, de la representación y de la limitación del poder público en razón de los derechos individuales; no concebía la libertad como una facultad del individuo fuente de derecho, sino como un medio de gobierno. No deja de sorprender que, en su defensa del liberalismo anti-individualista, este defensor «del justo medio» por excelencia llegue a proponer una lectura tan forzada de Rousseau que conduce a presentarlo como el filósofo del individuo, como el fundador de una política basada en lo arbitrario de la voluntad individual. Para Guizot, el poder rousseauniano es muy débil, incluso inexistente, porque «no se puede erigir un poder a partir de una ley que el hombre se da a sí mismo; no se puede fundar la legitimidad del poder sobre la libre voluntad individual». La única y verdadera legitimidad que concibe es «la legitimidad por lo social»: no se trata de representar las voluntades, sino de satisfacer las necesidades generales de la sociedad, de traducir los intereses generales de la sociedad, cuyas portadoras son las clases medias. Jaume sintetiza perfectamente las divergencias entre Constant y Guizot:

  • 44 Jaume, 1997, p. 128. La referencia a Rousseau, en pp. 127 y ss.

Le libéralisme du sujet pose d’emblée la question des garanties des droits individuels vis-à-vis de la sphère étatique; le libéralisme des élites incarnées par la classe moyenne se préoccupe de la préservation du pouvoir et de son efficacité organisatrice, qu’il faut légitimer. On ne peut donc admettre, selon Guizot, le «principe de l’absolue souveraineté de chaque individu sur lui-même» car on aura alors une répresentation sans fondement ni efficacité44.

  • 45 Costa, 2000, pp. 242-254.

47La solución es bien conocida: dar el poder a la razón, en la que reside la soberanía, y fijar como signo tangible del uso de la razón un umbral económico de la capacidad. Lo que se propone, en definitiva, es un modo de autoproclamación de las notabilidades sociales y un poder político infalible e irresistible, dotado de la verdad y de trazos autoritarios. El sujeto, como absoluto portador de derechos, ha dejado de ser el axioma del discurso45.

  • 46 Guionnet, 1997, p. 182.

48Estos planteamientos no agotan, por supuesto, el espectro del liberalismo francés. No obstante, hay que reconocer que, por su posición de predominio en el poder, configuraron las prácticas políticas. Sus principios liberales, indudables, se desplegaban mediante una lógica que no pensaba el individuo como fuente y árbitro de la política, o que le reconociese su autonomía y capacidad de juicio, y que con mucha dificultad aceptaba la separación entre la sociedad y el Estado. Como se ha insistido desde la filosofía política, la experiencia francesa parece dibujar una metafísica de la unidad nacional, del interés general, del peligro de los intereses particulares o de la primacía del Estado. Y esta metafísica conformaba las concepciones de la política. El estudio de Christine Guionnet sobre las elecciones municipales entre 1830 y 1848 es, a este respecto, revelador. Su análisis muestra cómo el individualismo no constituía el principio fundador de la representación. La comunidad, y no el individuo, constituía la entidad social elemental a partir de la cual era pensable la subjetividad política46. Ésa era la cultura política que la revolución había impuesto con el fortalecimiento de una vía de racionalismo político que, en palabras de Pierre Rosanvallon,

  • 47 Rosanvallon, 1999, p. 416.

reposa en la certeza de que el interés general, en tanto que encarna la «verdad» de la sociedad, no puede ser deducido de los intereses particulares, intereses que el sufragio individual tiene espontáneamente la tendencia a expresar47.

  • 48 Portillo, 2000. En 1821, Ramón de Salas echaba de menos en la Constitución de 1812 «una declaración (...)
  • 49 Annino (coord.), 1995 y Sábato (coord.), 1999. El resultado de todo ello fue la extensión de la ciu (...)

49En el caso español, la dinámica de nación y de revolución marcó indeleblemente los mimbres con que se elaboró el discurso liberal. La historiografía de los últimos años ha señalado las peculiaridades de la cultura política del primer liberalismo, basada en la subordinación del individuo respecto a la nación, la concepción comunitaria de la nación, que se quiere aunque no se logra consolidar como un cuerpo nacional compacto, y la estrecha vinculación entre nación y soberanía48. Esta cultura política impregnó las prácticas políticas del momento a partir de la raíz comunitaria de la representación imaginada en 1812, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, para la América española. La raíz comunitaria se expresó en la manera de pensar la ciudadanía o la circunscripción electoral. La primera se fundó en la noción de vecindad y la segunda en la parroquia. Sin especificaciones o requisitos referidos a la propiedad o a la fiscalidad, el imaginario liberal se inauguraba con un fuerte componente comunitario del cuerpo electoral, hasta el punto de delegar la definición del mismo a las juntas parroquiales, como se evidenció igualmente en España durante 1820-182349. Ese discurso de la nación no implicó en absoluto la ausencia de una política de emancipación de los individuos, de los derechos y libertades de los ciudadanos que la nación debía proteger mediante «leyes justas y sabias», frente a la visión corporativa del Antiguo Régimen.

50Al igual que sucedía en Europa, el liberalismo posterior a la muerte de Fernando VII tendió hacia un espectro ideológico y político que debilitó la vinculación anterior entre nación o sociedad y soberanía. Si esa ruptura con el pasado en este punto fue rotunda en el caso de los moderados —que se distanciaron de una idea de nación como comunidad ciudadana en la que residía la soberanía—, el mundo progresista tuvo más dificultades y tensiones para protagonizar un cambio similar. En primer lugar, porque los progresistas no quedaron al margen, sino todo lo contrario, de la lucha contra la voluntad de la Corona y contra el carlismo. En segundo lugar, ese conflicto se hizo en nombre de «la nación española», que se encarnó en los hombres y mujeres que lucharon en los múltiples campos de batalla en los que se convirtió España —las barricadas de las ciudades, los campos, la opinión pública, el Parlamento— en los años 1830 y 1840. Como he intentado señalar, el dogma con ecos rousseaunianos de la voluntad común soberana de 1812 gira, en Caballero, hacia una versión que podríamos caracterizar como thermidoriana, en la que lo importante es que en política actúen los patricios sin exclusión, es decir, una élite capacitada para interpretar el bien común. Las elecciones debieran ser un medio para ello, pero con carácter, tal vez, instrumental. La libertad sería un medio, mientras que el pluralismo entre élites capaces sería el fin real. En otras palabras, había que imponer límites a la soberanía nacional, tal y como se entendió en 1812 y 1820-1823, y proteger las libertades individuales contra los riesgos de anulación por la voluntad común. La política, desde esta perspectiva, era una actividad especializada, confiada a personas ilustradas y competentes, que disponían de medios y de tiempo, y así podían conocer el interés común. A ellas les correspondía, y no a los representados, formular la voluntad de la nación.

51A diferencia de la contundencia con que los moderados, siguiendo los pasos del doctrinarismo francés, ocultaron al individuo, no concibieron la nación como la referencia válida de la soberanía y priorizaron la sociedad sobre los individuos, los progresistas asumieron el reto de la soberanía de la nación desde una visión jerarquizada de la sociedad que, al tiempo que incidía en las libertades civiles y políticas de los individuos y de los ciudadanos —como hacía Fermín Caballero—, confiaba en la conciliación espontánea (o ingenua) de todos los intereses en el interés general de la nación, que los patricios condensaban y representaban. En este contexto determinado, era la respuesta histórica que daban a la imposible articulación del pluralismo político desde la afirmación de la soberanía nacional como legitimidad de la voluntad común pensada en 1812. Las tensiones que esa respuesta implicaban fueron denunciadas desde postulados diversos y manifestadas en la práctica política de algunos progresistas. Es el caso de Fermín Caballero, para quien la libertad e independencia del cuerpo electoral debían ser compatibles con una política fundada en «mandos e influencias» naturales de los patricios. Si Donoso Cortés, en 1836, ya expuso los peligros de lo que consideraba dos principios antagónicos, el de la sociedad y el del individuo; si el moderado Nicomedes Pastor Díaz escribió en 1848 que la sociedad precisaba para existir de «un principio orgánico superior y dominante a todas las calidades individuales», Jaime Balmes acusó a los progresistas de «pulverizar» la sociedad al entenderla como mera suma o simple yuxtaposición de individuos:

  • 50 Las referencias a Donoso Cortés y Pastor Díaz, en Javier Fernández Sebastián, voz «Individualismo», (...)

¿Podría convenirnos esa escuela que mira siempre con desconfianza el poder, que profesa aversión a las jerarquías antiguas, que dando una exagerada importancia a la libertad individual se olvida de asegurar cual conviene al orden público; de esa escuela que ve siempre al individuo, nunca a la sociedad?50.

  • 51 Romeo Mateo, 2003.

52Lo que estos autores negaban era la labor de recreación de la comunidad nacional que el progresismo llevó a cabo, basada en la diversidad de modos de integración de los individuos en la comunidad, jerarquizados y subordinados —desde el vecino que elige el ayuntamiento hasta el ciudadano-propietario—, en cuya cúspide se situaba el patricio progresista. Como he desarrollado en otros trabajos, el progresismo era un proyecto de construcción de la nación resueltamente elitista que, sin embargo, identificaba la nación como el horizonte de un mundo social armonioso y permeable —en razón de la capacidad y el mérito de los que hablaba Caballero—, pero jerarquizado y tutelado51. La confianza de ese liberalismo, pues, se fundaba en la posibilidad de armonizar la libertad individual y el deber hacia la comunidad. A la altura de la primera mitad del siglo xix, esta síntesis era la manera de resolver el problema de la soberanía nacional sin asumir en toda su plenitud el pluralismo político, sin asumir, en fin, la supremacía del individuo.

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Notes

1 Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación BHA 2002-01006 del Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente Ministerio de Educación y Ciencia).

2 Agulhon, 2000, pp. 2 y 5.

3 Guionnet, 1997.

4 Agulhon, 1979; Weber, 1983; McPhee, 1995 y 1998 y Dupuy, 2002.

5 La ambigüedad fundadora de los regímenes modernos en Rosanvallon, 2000. Véase también Manin, 1998.

6 Salas, Lecciones de derecho público constitucional, pp. 187-188. Esta obra se publicó durante la etapa 1820-1823.

7 Citado por Javier Fernández Sebastián, voz «Democracia», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, pp. 217-218.

8 El Censor, periódico político literario, 4-v-1822.

9 Véase, en este dossier, el artículo de Jean-Philippe Luis «Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique », pp. 143-164.

10 Sobre esta cuestión en particular, véase Estrada Sánchez, 1997.

11 Veiga Alonso, 1999. La bibliografía sobre las relaciones clientelares en España es enorme; véase Robles Egea (comp.), 1996. Prácticas que, por otra parte, recuerdan las que protagonizaba Alexis de Tocqueville (Tocqueville, Recuerdos de la revolución de 1848).

12 Datos sobre Caballero en Poves Jiménez, 1997.

13 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4687, f.o167.

14 Ibid., ff.os 175-177.

15 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4691, f.o435 r.

16 Ibid., f.o428 v.

17 Ibid., f.o445 v.

18 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9/4716, f.o103 v.

19 Ibid., ff.os 107 v-108 r.

20 Ibid., f.o133.

21 López, Curso político-constitucional, p. 29.

22 Ibid., pp. 27-28.

23 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9/4716, f.o132 r.

24 Ibid., f.o107.

25 Ibid., f.o105 v.

26 Ibid., f.o3 v.

27 Ibid.

28 Ibid., f.o4r.

29 Ibid., f.o6 r.

30 Ibid., f.o5 v.

31 ARAH, Colección Fermín Caballero, Correspondencia, 9/4690, f.o234 v.

32 A este respecto, véase Millán, 2003.

33 Guionnet, 1997.

34 «De los partidos», La Ley, n.o4, 4-vi-1836, citado por Javier Fernández Sebastián y Gorka Martín Arranz, voz «Partido», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, p.505.

35 Javier Fernández Sebastián y Gorka Martín Arranz, voz «Partido», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, p. 506.

36 ARAH, Colección Fermín Caballero, Papeles inéditos, 9⁄4716, ff.os 133-134 v y ff.os 107 r-108 v.

37 Últimos clamores del pueblo de Valencia a S. M. la Reina Gobernadora, Valencia, 1839.

38 Núñez de Arenas, De nuestra situación, pp. 12, 13 y 29.

39 García Rovira, 1998.

40 Citado por Javier Tusell, «Los intelectuales y la guerra», El País, 8-ii-2003.

41 Lukes, 1975.

42 Clavero, 1997, pp. 129, 177 y 150.

43 Gauchet, 1995, p. 10.

44 Jaume, 1997, p. 128. La referencia a Rousseau, en pp. 127 y ss.

45 Costa, 2000, pp. 242-254.

46 Guionnet, 1997, p. 182.

47 Rosanvallon, 1999, p. 416.

48 Portillo, 2000. En 1821, Ramón de Salas echaba de menos en la Constitución de 1812 «una declaración clara y expresa de los derechos inamisibles del hombre» que es «la parte principal de una Constitución política, que no debe contener más que esta declaración y la distribución de los poderes políticos». Véase Salas, Lecciones de derecho público constitucional, pp.168-169.

49 Annino (coord.), 1995 y Sábato (coord.), 1999. El resultado de todo ello fue la extensión de la ciudadanía a los indios y que en muchos casos fueran elegidos alcaldes y regidores indígenas en los nuevos ayuntamientos.

50 Las referencias a Donoso Cortés y Pastor Díaz, en Javier Fernández Sebastián, voz «Individualismo», en Fernández Sebastián y Fuentes (dirs.), 2002, pp. 374-375. La última cita, en Balmes, Política y constitución, p. 73.

51 Romeo Mateo, 2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

María Cruz Romeo Mateo, « De patricios y nación », Mélanges de la Casa de Velázquez, 35-1 | 2005, 119-141.

Référence électronique

María Cruz Romeo Mateo, « De patricios y nación », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 35-1 | 2005, mis en ligne le 18 janvier 2011, consulté le 16 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/mcv/1560

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Auteur

María Cruz Romeo Mateo

Universidad de Valencia

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© Casa de Velázquez

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