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Dossier. La construcción de la hacienda hispánica en el largo siglo XVIII

Presentación

Anne Dubet et Sergio Solbes Ferri
p. 9-19

Texte intégral

1El objetivo científico de este monográfico es el de reflexionar sobre la existencia y el significado, en su caso, de un modelo particular de hacienda hispánica, que se deriva de una labor de integración con los distintos territorios que forman parte de la Monarquía —incluidas las haciendas americanas— así como su comparación con otras monarquías occidentales. A través del examen de la hacienda, pretendemos ofrecer una nueva visión sobre el análisis de la territorialidad del poder político, considerando que las relaciones polifacéticas que se construyen entre diversos actores para definir una política fiscal, una gestión del gasto y unas fórmulas de crédito proceden ante todo de relaciones políticas y sociales. Su conocimiento puede contribuir a la comprensión de las dinámicas políticas del Antiguo Régimen y, en su momento, también de su derrumbe. El propósito de unificación del contexto imperial también debería permitirnos la posibilidad de conocer una secuencia integrada de las reformas en ambos lados del Atlántico. La comparación con el contexto europeo ofrece, a su vez, la posibilidad de matizar la consideración, común en la historiografía de mediados del siglo xx, de un modelo hacendístico propio de la España del Antiguo Régimen.

2Nos centramos cronológicamente en un largo siglo xviii, incluyendo por tanto la herencia del xvii y un espacio amplio en su tránsito hacia las haciendas liberales del siglo xix. Se trata de un período que venía reclamando un necesario esfuerzo de síntesis, dada la prodigalidad de una historiografía renovada en profundidad durante las dos últimas décadas. Pretendemos asimismo delinear bases y perspectivas para futuras investigaciones. En este sentido, existe una clara voluntad de dar cuenta de las rupturas, pero también las continuidades temporales, que se dan entre la época de los Austrias y la de los Borbones, así como de la transición hacia el siglo xix.

3Nuestro trabajo ha podido ser contrastado y discutido en diversos encuentros organizados bajo los auspicios de la Casa de Velázquez, con la coordinación de Michel Bertrand, Anne Dubet, Sergio Solbes Ferri y Rafael Torres Sánchez, gracias a la colaboración de la Casa de Velázquez junto con los laboratorios FRAMESPA y Centre d’Histoire «Espaces et Cultures», el Institut universitaire de France (IUF), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Navarra. En ellos se ha tratado de establecer las relaciones que pudiera darse entre las haciendas reales —o estatales— y las haciendas locales (Haciendas estatales, haciendas locales y contribuyentes, Madrid, 17-18 de octubre de 2013), de determinar el peso de los actores privados en la gestión de dichas haciendas (Actores políticos y actores privados en el gobierno de la hacienda, Las Palmas de Gran Canaria, 3-4 de octubre de 2014), además de un análisis de carácter eminentemente institucional (El gobierno de la hacienda, Clermont-Ferrand, 24-25 de septiembre de 2015). Los contenidos abordados respondieron plenamente a las esperanzas de los organizadores, constituyéndose como una magnífica oportunidad para el debate científico, la comparación y la definición de propuestas de análisis.

Una historia más política de la hacienda

4Uno de los aspectos fundamentales de la mencionada renovación historiográfica puede encontrarse en una orientación de la historia de la hacienda cada vez más política, que no se detiene en la descripción institucional ni en el análisis cuantitativo, sino que se introduce en los procesos de negociación entre los actores para tomar en consideración sus razones, compromisos y estrategias. Aunque el fenómeno ya había sido abordado en el caso de las haciendas americanas y para todo el siglo xix, e incluso para la hacienda peninsular del siglo xvii, este fenómeno resulta particularmente reciente para el siglo xviii. Como sucede en todo proceso de formación historiográfica, esta perspectiva ha llevado a multiplicar el número de monografías centradas en una escala micro-histórica, lo que dificulta la formación de síntesis y la comparación entre territorios diversos, por carecer de una descripción global de los modelos político-institucionales. De ahí el método elegido para la realización de los seminarios.

5Tratamos de suscitar el diálogo entre especialistas de diferentes áreas geográficas a partir de cuestiones transversales comunes, planteadas previamente por los organizadores. Como nuestra pretensión se centraba principalmente en la posibilidad de verificar el grado de originalidad hispánica, el mayor número de participantes se integra dentro de este ámbito de análisis. Pero hemos conseguido ampliar nuestra perspectiva contando con historiadores de otras áreas europeas, optando en este caso por privilegiar a los especialistas de Francia, como monarquía más cercana al caso español, pero sin renunciar a la posibilidad de examinar contrapuntos alternativos en próximos eventos. Por otra parte, la limitación de los análisis de casos indianos a Nueva España es temporal y casual. Así, en el encuentro de 2015, se analizan los casos de Rusia y los Países Bajos austríacos en el siglo xviii y se extiende la consideración de América al Río de la Plata. Cada uno de los trabajos debía orientarse hacia una reflexión general historiográfica y el análisis de un área de estudio en concreto, exponiendo su problemática dentro de una perspectiva comparada junto con las líneas de investigación futura.

6El resultado ha sido un conjunto coherente de textos centrados en las relaciones establecidas por la Monarquía —o el Estado— con grupos que presentan diversas fuentes de legitimidad territorial o institucional o aquellos que se ven animados por intereses particulares. Incluimos en el monográfico, por tanto, estudios relativos a la actividad de los hombres de negocios, de los gobiernos municipales, de los órganos de representación territorial, pero también de los servidores del rey, que combinan de algún modo los intereses de su parentela y clientela con el servicio al soberano. Observamos de este modo cómo se organiza y negocia esta relación entre intereses y poderes en las diversas áreas de la administración de Hacienda, incluyendo la recaudación de contribuciones, la gestión del gasto, el necesario recurso al crédito o el control de la gestión.

7Joël Félix abre nuestro monográfico estudiando la historiografía de los hombres de negocios en la Francia del Antiguo Régimen. Propone centrarse en la consideración social que dichos financieros mantuvieron en la época y en la naturaleza variada de sus actividades, para superar la contradicción existente entre las interpretaciones dominantes del impacto de los financieros en la construcción del Estado. No resultaría demasiado difícil, y sí muy estimulante, la opción de aplicar este mismo análisis a la historiografía sobre la hacienda hispánica del siglo xviii. Jean-Pierre Dedieu nos invita, a continuación, a ampliar el marco de análisis sobre la negociación relativa a cuestiones financieras, evitando limitarla a las instituciones fiscales o el trato con los hombres de negocios. Según el autor, conviene conectarla más bien con una forma particular de relación entre los intereses privados y los del soberano; una circunstancia que resulta clave para entender la transformación de la Monarquía hispánica del siglo xviii hasta el momento de la ruptura revolucionaria. Francisco Andújar Castillo y Miguel Melón Jiménez examinan, a partir de casos individuales —un hombre de negocios y un ministro de Hacienda—, las soluciones dadas a la cohabitación entre intereses individuales y el servicio al rey en la España del siglo xviii, proponiendo nuevas y sugestivas formas para abordar el tema y establecer comparaciones. Agustín González Enciso y Gérard Chastagnaret se centran, por su parte, en la valoración de la actuación de los hombres de negocios directamente involucrados en la administración de la hacienda en áreas y épocas diversas —los arrendatarios de la España del siglo xviii y los lobbies mineros de la España del siglo xix—, estimando su incidencia en las decisiones de los gobiernos y su efecto sobre el reparto de la carga financiera sobre el conjunto de la población. Ante las variadas interpretaciones que suscita, incluso hoy en día, esta relación entre hombres de negocios y Administración, ambos estudios constituyen un esfuerzo por comprender la realidad —sin caer en anacronismos— como forma de superar la polémica. Los trabajos de Yovana Celaya Nández y Guillermina del Valle examinan procesos muy similares en el área novohispana, centrados en la capacidad de respuesta de los actores locales (bien institucionales, como los gobiernos municipales; bien corporativos, como el consulado de mercaderes mexicanos), así como los beneficios políticos y económicos que dichos agentes extraen de su compromiso con el reformismo borbónico. Ricardo Franch Benavent y Ernest Sánchez Santiró dedican sus trabajos al análisis de otros apartados situados dentro de este mismo reformismo borbónico, dando cuenta en ambos casos —el reino de Valencia o la Nueva España— de la flexibilidad de una corona siempre dispuesta a negociar dentro del marco de un espacio que sigue estando definido por el conflicto de jurisdicciones y el privilegio, consecuencia necesaria de la existencia de unas líneas de fractura en el seno de la Administración que se mantienen durante todo el Antiguo Régimen. El trabajo de Sergio Solbes Ferri pretende combinar ambas perspectivas —los proyectos y estrategias de la corona con la respuesta de los actores locales—, para proponer una lectura novedosa de la diversidad territorial que caracteriza a la Monarquía española del xviii, mostrando —con los casos de Navarra o Canarias como paradigma— la integración de la diversidad institucional heredada de los Austrias en un sistema administrativo común, centralizado y hasta cierto punto eficaz. El texto de Chastagnaret, con el que concluye este monográfico, da cuenta asimismo de la complejidad del camino recorrido por la España constitucional para lograr cierta interacción entre la hacienda estatal y los intereses privados.

Los hombres de negocios y su relación con la hacienda

8Para ofrecer un balance de las principales aportaciones de los trabajos del monográfico, podemos comenzar con el papel desarrollado por los hombres de negocios en su relación con la Hacienda Real. Un asunto que, según Félix, todavía genera hoy en día interpretaciones divergentes en Francia, y ello por dos motivos. Por una parte, el peso de la perspectiva a partir de la cual los historiadores observan el pasado, pues aquellos que estudian las relaciones personales y de negocios de los financieros con el resto de las élites tienden a presentar una visión más pesimista que aquellos que examinan las formas de contribución extraordinaria que los financieros contribuyen a poner en marcha, gravando en particular a las élites en beneficio de la Monarquía. Por otra parte, otros historiadores consideran que la vocación del Estado es la de resultar útil a la mayoría e interpretan en esta clave los objetivos y logros de la Monarquía francesa del Antiguo Régimen. Félix propone, como forma de superación de este debate, un examen de la dinámica de los contratos firmados entre la hacienda y los hombres de negocios, en sus sucesivas reformulaciones, para dar la medida de su diversidad y de lo arriesgado que resulta formular juicios valorativos sobre dos siglos de actividad en su conjunto. Ello debe contribuir, además, a tomar en consideración la totalidad de las prestaciones ofrecidas por estos intermediarios financieros como sucede, entre otras, con su capacidad para recoger y procesar la información necesaria para recaudar algo que, en esta misma etapa, los agentes del rey son incapaces de realizar por sí mismos. La reflexión resulta perfectamente válida para el caso hispánico (ver González Enciso y Dedieu).

9Por otra parte, el avance de los estudios dedicados de forma monográfica a la actividad de los hombres de negocios (ver Andújar Castillo) presenta la ventaja añadida de profundizar en las formas de dependencia recíproca establecidas entre la Monarquía y los agentes privados. La ampliación de este tipo de estudios debería permitirnos, al aumentar el número de casos y condiciones, una lectura tal vez más matizada de los beneficios de sus operaciones. Si bien Prieto Haedo es uno de los hombres de negocios más ricos de su tiempo, cabe imaginar casos no tan exitosos e incluso algunos opuestos, como aquellos en los que la relación con la Administración supuso finalmente la ruina económica del agente o, sin ir tan lejos, el simple riesgo que supone trabajar con un organismo que tiene autoridad para cambiar las «reglas del juego» a su arbitrio, en palabras de Rafael Torres Sánchez.

10Se puede completar este apartado con el estudio de las razones que ofrecen los gobernantes para definir su política, por ejemplo, escoger entre administración directa o el recurso a asientos y arrendamientos (ver González Enciso, Sánchez Santiró o Solbes Ferri). Esta opción debería incluir el análisis de las polémicas suscitadas en la literatura de avisos sobre el tema, unos escritos que se derivan en buena medida de la acción gubernamental (ver González Enciso). Siguiendo el consejo de Dedieu, convendría extender el análisis no sólo a los miembros de los órganos rectores de la hacienda y preguntarse, por ejemplo, por el peso todavía decisivo de otros agentes, como los confesores de la familia real o ministros especialmente influyentes en las decisiones del monarca (ver Melón Jiménez). Conviene recordar que esta realidad se verifica en un mundo en el que la «inteligencia en materia de hacienda» no justifica el monopolio político de los expertos en este tipo de decisiones. Este análisis de las razones explícitamente formuladas por los actores permite evitar anacronismos, como suponer que el objetivo principal para modificar una forma de recaudación es incrementar la rentabilidad financiera del impuesto o la «eficacia» administrativa de esa misma recaudación. Son muchos los trabajos del monográfico que profundizan en estos motivos de convivencia política entre las partes (Sánchez Santiró, Celaya Nández, Franch Benavent o Solbes Ferri) y también puede observarse esta misma premisa en cuanto a las motivaciones políticas y las razones económicas determinantes en la presión fiscal aplicada sobre la actividad minera en la España del siglo xix (ver Chastagnaret).

11Entre las razones de los actores, González Enciso y Félix ponen de relieve un aspecto, que parece agravarse durante el siglo xviii, debido a la amplitud y la duración de las guerras, como es la permanente necesidad del recurso al crédito. Este compromiso habría obligado desde antiguo a preferir en ocasiones a aquellos individuos que podían hacer las mayores anticipaciones, pero también se traduciría en una estimación sobre la credibilidad de los efectos emitidos por los diversos tipos de financieros, fueran estos oficiales del rey —tesoreros españoles o franceses, recaudadores generales en Francia, casas de moneda— o no lo fueran. Esta nueva perspectiva, que incide en la importancia relativa del análisis del crédito, nos obligará a evitar el estudio por separado de la recaudación y del gasto, de los cuadros administrativos territoriales (intendentes en particular) y la organización de las tesorerías centrales, para poder dar cuenta de cómo las distintas formas de concepción del crédito o la relación con los acreedores tienen una incidencia sobre algunas decisiones en materia de recaudación de impuestos.

12Aunque los estudios siguen avanzando en este sentido (ver la profusa bibliografía incluida en cada uno de los trabajos), carecemos de un análisis global de la génesis de las decisiones de un ministro o un equipo de gobierno. Se trata de un tipo de análisis más practicado en Francia (en los trabajos de Félix, Legay y Rowlands en particular) que invita a reconstruir la política global de los equipos gobernantes en un momento dado. Esta fórmula, probablemente no permitirá alcanzar una valoración global —válida para siglo y medio— del papel de los hombres de negocios en la Hacienda real, pero nos ayudará a reconstruir los pasos de una política compleja y sinuosa. Patiño podría caer de su pedestal de gran constructor de la Hacienda pública española, como ocurrió con Colbert hace unos 30 años; podría crecer, por el contrario, la importancia del conjunto de decisiones adoptadas por los gobiernos de Campillo y Ensenada, y en particular las dispuestas entre 1748 y 1753 (ver Sánchez Santiró y Solbes Ferri) que afectan no sólo a la cobranza de rentas reales (administración directa) sino también al crédito (junta de la testamentaría, Giro Real), a la provisión de tropas o la organización de la Tesorería General. Resultaría posible llegar entonces a una comprensión global de las decisiones que suelen considerarse como significativas y a tener bases de comparación con medidas similares adoptadas fuera de España. No puede ser mera casualidad que Holanda abandonara el arrendamiento por la administración directa en el año 1748 o que Francia vinculara en 1749 el vigésimo dinero con la caja de amortización.

Lo lícito y lo ilícito: aprehender unas categorías cambiantes

13¿Cómo se puede interpretar esta dinámica de las acciones de unos hombres del Antiguo Régimen en torno a la prestación de servicios —no siempre cuantificables en su equivalente dinerario o vía mercedes (ver Dedieu)— y cómo se puede modelar una frontera entre los beneficios lícitos e ilícitos? En el caso de los hombres de negocios, un estudio del contenido de sus acuerdos con la Monarquía y de la evolución de sus relaciones con ella, como el que proponen Andújar Castillo y Félix, nos lleva a prestar atención a la valoración que hacen los propios actores de la moralidad de sus beneficios. Cabe notar, en el caso de Prieto Haedo, que Andújar Castillo no sólo se interesa por lo que se le reprocha, sino también por lo que se le admite como lícito. No se trata simplemente de evaluar la intensidad efectiva del fraude, lo que habitualmente no resulta posible por el uso estratégico que los actores hacen del discurso de condena de la corrupción, sino de establecer cuáles son los usos lícitos del erario real en una época y en un momento dado.

14Este mismo planteamiento se puede aplicar para el caso de los propios agentes del rey, como hacen Franch Benavent con los intendentes de Valencia y Melón Jiménez con el ministro de Hacienda Pedro López de Lerena. En el caso de los intendentes de Valencia, cabe preguntarse si sus relaciones personales con tesoreros y cobradores de rentas son inmorales en sí mismas o por sus consecuencias negativas sobre la distribución de la carga fiscal. En efecto, como anota el autor, se espera hasta 1763 para prohibir que los intendentes reciban comisiones de los hombres de negocios que obtienen sus contratos. Ganaríamos mucho aclarando cómo se conjuga la relación entre los intereses personales de los intendentes, el servicio real, el bien público y los beneficios particulares. Melón Jiménez expone unos argumentos de fines de los años 1780 en los que se denuncian los beneficios personales de López de Lerena en la persecución y represión del contrabando. Los argumentos para la defensa del ministro se basan entonces en dos razones. La primera es de orden legal, pues justifica la práctica —ratificada por algunos reglamentos— de otorgar a los magistrados y, en este caso, al superintendente de rentas, una parte del producto de la venta de los géneros decomisados a los contrabandistas. El segundo argumento es de orden moral, pues López de Lerena sostiene que, aunque obtuvo ganancias, no adoptó esta política de lucha contra el fraude animado por la codicia sino que buscó el servicio del rey y del público. En otros términos, la misma acción puede ser condenable —si las intenciones del actor son venales— o libre de toda culpa —si se actúa por generosidad y amor al monarca—; una distinción clásica en los razonamientos de la época sobre el préstamo, la venalidad y el ejercicio de la justicia. No obstante, en los años en que se acusa a López de Lerena, parte de los actores no pretende entrar en sutilezas y se indigna de que el ministro sea a la vez «juez y parte en su propia causa». Un argumento que Melón interpreta como una forma de distinguir las esferas pública y privada que, sin duda, no se habría contemplado medio siglo atrás.

15Una historia que pretenda comprender la hacienda del Antiguo Régimen y sus transformaciones debería tener sin duda un gran interés en examinar de cerca los casos de acusación de diversas formas de fraude, con el objeto de delinear los cambios en la percepción de los actores. Cómo y cuándo un acto, que no era condenable en tiempos de Felipe V —o que lo podía ser por sus motivaciones y consecuencias, pero no por su propio estilo, forma o principio— llega a ser inmoral o delictivo unas décadas más tarde. Este modo de lectura entronca con el concepto de justicia de la época, y podría aplicarse a las distintas modalidades de represión del fraude o al control de cuentas. En lugar de asignar a las instituciones estudiadas unos objetivos de eficacia que sólo se corresponden con planteamientos actuales, podríamos entender mucho mejor por qué desaparecen algunas formas de persecución del fraude (por ejemplo las Chambres de Justice que menciona Félix), cuáles son los objetivos reales perseguidos con una reforma de los órganos de control (ver Celaya Hernández), de un acuerdo con los agentes privados (ver Valle Pavón) o de una forma particular de rendir cuentas (ver Dedieu).

Negociación entre monarquía, actores políticos locales y élites

16Como señala Dedieu, la negociación para discutir contribuciones no desaparece en el seno de la Monarquía hispánica porque haya territorios en que se dejan de reunir Cortes. Si bien es cierto que se modifican las formas, restringidas en muchos territorios a grupos particulares, y que dejan por tanto de poder crearse nuevos servicios fiscales en ellos —lo que se demostraría catastrófico durante la crisis del Antiguo Régimen—, también lo es que ese proceso de negociación se mantiene abierto en territorios en los que nunca hubo Cortes o Juntas (como las Indias o las Islas Canarias) así como, con mayor motivo, en las provincias y reinos que no fueron privados de sus asambleas representativas (como el reino de Navarra). En los textos del monográfico se observa un esfuerzo por reconstruir este proceso de negociación entre el monarca y las élites político-económicas, así como la evolución de sus formas, a partir de unas dinámicas complejas que se oponen al esquema dual de una monarquía absoluta que propone y unos súbditos que, o bien se someten, o bien se rebelan (ver Solbes Ferri).

17Varios estudios contribuyen a poner de relieve cómo las mismas instituciones locales o municipales pueden constituirse en interlocutores válidos (ver Celaya y Sánchez Santiró). Lo mismo sucede con órganos territoriales o cabildos o Cortes generales (ver Solbes Ferri), gremios o corporaciones (ver Del Valle y Franch Benavent) e incluso el propio clero (ver Franch Benavent). Todas estas instituciones se convierten en actores, en el sentido de que son capaces de tomar iniciativas, de proponer compromisos a la autoridad o de reclamar contrapartidas. Sus respuestas nunca se atienen, por tanto, a lo meramente económico y financiero, sino que contienen una interpretación de su espacio de competencias que explicitan en momentos de tensión. La negociación no se da, por supuesto, entre bloques monolíticos, sino que tanto los actores locales como los delegados directos del rey o sus ministros —intendentes, capitanes generales, consejeros— pueden entrar en conflicto o desarrollar estrategias de alianza unos con otros así como discursos concurrentes (ver Franch Benavent). En el caso de Canarias, por ejemplo, existen claros indicios de colaboración entre el capitán general y las élites comerciales en contra del intendente (ver Solbes Ferri).

18Se trata, por tanto, de una correlación de fuerzas en la que cada uno tiene su propio margen de maniobra, que puede parecer en principio más sustancial en el caso del rey —por su capacidad de arbitraje y su competencia para atribuir mercedes y honras— pero que los actores locales compensan con su conocimiento del terreno y de las circunstancias. Es muy importante considerar que cada uno reconoce al otro y, en particular, que el rey suele admitir el hecho de que los magistrados locales suspendan —o maticen— el cumplimiento de una orden si alegan buenas razones para ello. Es lo que ocurre especialmente con las ciudades y cuerpos de oficiales novohispanos (ver Sánchez Santiró y Celaya Nández) que disponen de un amplio margen de maniobra. No consideramos que este margen se pueda explicar mecánicamente por la distancia que separa a este territorio de la corte de la monarquía. Se observan similares dinámicas de negociación en territorios cercanos, tanto en la monarquía francesa como en la española. Tomar en consideración estas dimensiones permite entender cosas aparentemente contradictorias, como el hecho de que la Monarquía consiga poner en marcha reformas fiscales sin llegar a ejecutar todo el proyecto inicialmente concebido y sin romper el marco de los privilegios estamentales o territoriales (salvando el caso específico de la guerra y la posibilidad de aplicar el derecho de conquista). Esta dimensión estratégica permite reducir la diferencia entre proyectos y realizaciones, renunciando a la idea de una Monarquía absolutista sin capacidad para imponer en la práctica todos sus deseos. ¿Hasta qué punto creían realmente Ensenada, Esquilache, Gálvez o Floridablanca, pero también Machault, Laverdy o Necker, que sus proyectos de reforma podían aplicarse al pie de la letra? Poner el acento en el punto de vista de los actores locales permite entender, además, cómo ciertas reformas sí consiguen efectivamente imponerse e incluso fructificar en el largo plazo, pero siempre gracias a la cooperación de las élites locales. Es lo que sucede, por ejemplo, con la asunción por parte de los gobiernos municipales novohispanos de fines del xviii de una serie de reformas que, aunque agravan la carga fiscal, amplían simultáneamente su esfera de competencias y su poder, permitiéndoles desarrollar políticas ilustradas de urbanismo con esta renovada legitimidad (ver Celaya Nández).

19Todas las ideas expuestas en esta presentación son sólo algunas de las principales lecciones extraídas del desarrollo de las sesiones de los coloquios y de la lectura de los trabajos publicados en este monográfico. Hemos encontrado muchas dinámicas comunes a los territorios examinados, aunque nos parece prudente seguir enriqueciendo el trabajo colectivo de comparación iniciado en el marco de nuestro seminario, antes de pronunciarnos sobre una evolución global. Queda, por supuesto, mucho por hacer.

20Hemos experimentado, por ejemplo, las enormes dificultades que surgen a la hora de reconstruir la historia de las haciendas hispánicas en su conjunto. Podría decirse incluso que resulta más difícil integrar la hacienda peninsular y americana que establecer comparaciones entre la hacienda peninsular y otras monarquías del continente europeo. Las razones son variadas. La principal es que necesitamos comprobar si realmente existen proyectos comunes para el conjunto de la Monarquía española en su diversidad territorial o si la mayor parte de las reformas estaban limitadas exclusivamente a la hacienda peninsular. A partir de esta primera incertidumbre, entramos en un terreno resbaladizo en el que podemos llegar a preguntarnos si la propia circulación de hombres entre ambas orillas del Atlántico tenía el objetivo o permitía exportar determinadas prácticas de negociación. En definitiva, no podremos asegurar que exista la voluntad de coordinar una hacienda imperial en su conjunto mientras no nos centremos en el estudio de proyectos explícitos de los actores que pretenden aplicar las mismas reformas en ambas orillas del océano.

21Por supuesto, también hay que seguir profundizando en el papel de los hombres de negocios como facilitadores —o dificultadores— de la negociación entre la Monarquía y las élites, así como la movilización de los fondos mediante el abono de contribuciones especiales, la compra de oficios venales o la inversión del dinero en negocios propios de los mismos financieros (ver Félix). El desarrollo de estos mecanismos extraordinarios consolida, como contrapartida, un sistema fiscal casi inmóvil en el que prevalece la idea del privilegio y el orden estamental, lo que impide su modernización. ¿Cómo podemos, por tanto, evaluar contrapartidas que no son cuantificables para establecer comparaciones? Dedieu alude precisamente al cálculo compensatorio de los beneficios que la Monarquía extrae en términos de trabajo no remunerado, en dinero disponible o en levas de soldados, lo cual parece una buena alternativa.

22Nos importa saber, por último, cuándo y cómo se rompe esta relación de negociación entre la Monarquía y las élites. Contamos con estudios cada vez más numerosos del momento revolucionario que se abre a partir de 1808-1810, pero carecemos de un análisis riguroso de estos aspectos para el reinado de Carlos IV. Desconocemos el momento y las razones por las que ciertas élites dejaron de considerar suficientes las contrapartidas ofrecidas por la Monarquía —en términos de privilegio, áreas de poder o mercedes—. Lo sorprendente es que se comienza a poner en cuestión, incluso, que el monarca dispusiera de la suficiente legitimidad para distribuir su gracia o para sacarla del producto de las contribuciones generales. Avanzar en cualquier caso en la comprensión de esta realidad a lo largo de la centuria dieciochesca nos permitirá, sin duda, encontrarnos en una mejor disposición para comprender el pasado.

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Dubet et Sergio Solbes Ferri, « Presentación »,Mélanges de la Casa de Velázquez, 46-1 | 2016, 9-19.

Référence électronique

Anne Dubet et Sergio Solbes Ferri, « Presentación », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 46-1 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2018, consulté le 16 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/mcv/6731

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Auteurs

Anne Dubet

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

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Sergio Solbes Ferri

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