Navegación – Mapa del sitio
Propuestas y avances de investigación

El peso de las Asociaciones Público Privadas en los Servicios para la primera infancia y los adultos mayores. Un estudio de casos en el marco de los derechos

The weight of Public Private Partnerships in Services for Early Childhood and Elderly People. A Case Study in the Framework of Rights
O peso das parcerias público-privadas nos serviços para a infância e os idosos. Um estudo de caso no âmbito dos direitos
Nuria Cunill Grau, Cristian Leyton Navarro y Miski Peralta Rojas

Resúmenes

Los arreglos institucionales a través de los cuales se implementan los servicios sociales pueden afectar la medida en que los derechos reconocidos son realmente ejercidos por las personas. Dado lo inexplorado de esta temática se realizó un catastro de los servicios sociales dirigidos a la infancia y a los adultos mayores en tres comunas de la región metropolitana de Chile. Se evidencia que la mayoría de los servicios sociales dirigidos a estos grupos son ejecutados bajo asociaciones público privadas (APP), que hay una presencia significativa de organizaciones no mercantiles así como gran heterogeneidad en los tipos de financiamiento de la provisión privada de los servicios y entre las institucionalidades comunales. La dispersión de la información y, en general, su inaccesibilidad justifican este tipo de estudio como primer paso para la evaluación de la calidad, equidad y responsabilización de los servicios, asuntos que imperativamente requieren ser analizados si se busca determinar la medida en que los servicios bajo APP logran hacer efectivos los derechos consagrados.

Inicio de página

Notas de la redacción

Recibido: 28.06.16 Aceptado: 18.01.17

Texto completo

  • 1 Estudio realizado en el marco del proyecto FONDECYT Nº 1150500 “Las Asociaciones Público-privadas y (...)

1La pregunta que guía este trabajo es ¿quiénes se encargan de los servicios para la primera infancia y los adultos mayores en Chile? partiendo de dos premisas1. La primera es más obvia: los servicios públicos constituyen la cara a través de la que se expresa la medida en que una sociedad encarna el sentido de la justicia. La segunda lo es menos porque hay quienes postulan que es indiferente quién preste un servicio mientras exista certeza de calidad; sin embargo, las formas pueden incidir en los contenidos y, con ello, afectar la medida en que los derechos reconocidos son realmente ejercidos por las personas.

2A tales premisas se unen evidencias que justifican el colocar la mirada en la infancia y en el adulto mayor. Ellos son los públicos que más expresan la influencia de las determinaciones externas de condición social, raza y género que constriñen las capacidades de elección en la vida (Rossel, Rico, y Filgueira 2015; Huenchuán y Morlachetti, 2007). Son, además, públicos directamente interconectados en tanto hoy se sabe que el contexto económico, social y cultural al que se enfrentan los niños y niñas repercute en sus capacidades de funcionalidad cuando se convierten en adultos mayores (Fuentes 2014). Por otra parte, constituyen públicos cuyas necesidades de desarrollo y bienestar demandan enfoques integrales de las políticas públicas incitando a que los servicios dirigidos a ellos operen bajo enfoques intersectoriales (Cunill-Grau 2014; Berlinski y Schady, 2015). La importancia de la pregunta acerca de quiénes se encargan de los servicios para la primera infancia y los adultos mayores, considerando tales premisas, es pues ostensible. Lo es más si se enmarca en la conexión entre servicios públicos y derechos humanos, discusión que ha reemergido con fuerza en los últimos años poniendo en el tapete de la agenda pública los principios que informan un enfoque basado en los derechos humanos según los estándares internacionales (UNICEF y UNESCO 2008; United Nations 2002; ACNUDH 2012), vale decir:

• Universalidad e inalienabilidad

• Indivisibilidad de los derechos por lo que no pueden ser ordenados jerárquicamente.

• Interdependencia e interrelación de los derechos

• Igualdad y no discriminación

• Participación e integración

  • 2 Se denomina habilitación al proceso por medio del cual aumentan las capacidades de la gente para de (...)

• Habilitación 2 o exigibilidad

• Rendición de cuentas y respeto del imperio de la ley.

3Entre las razones del giro hacia tales principios está el hecho de que los enfoques basados en las necesidades o en la prestación de servicios no han logrado reducir sustancialmente la pobreza (UNICEF y UNESCO 2008), así como que los servicios públicos no están alcanzando ni siquiera a las clases medias, poniendo así en tensión las responsabilidades del Estado con el bienestar social e, incluso, la cohesión social y la estabilidad política en la región (CEPAL et al. 2007, citado por Cunill-Grau, 2010). En tales sentidos, reemerge la conciencia de que la forma de satisfacer la mayoría de los derechos sociales “requiere necesariamente la constitución de un servicio público, o de algún tipo de servicio controlado por el Estado, que garantice ese derecho para una población determinada, es decir, que distribuya socialmente ese derecho entre sus titulares” (Courtis 2010, p.137). Reforzando este argumento, se ha destacado que los elementos centrales del enfoque de derechos en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas no solo tienen un valor ético, sino que son fundamentales para que la inversión social obtenga los resultados deseados en términos de bienestar (Cecchini y Rico, 2015). Asimismo, que el enfoque de derechos es clave para sustentar la necesaria articulación entre el Estado y la sociedad civil y así fomentar políticas sociales más efectivas (Cecchini,2016, p. 14), y que puede contribuir a la igualdad mediante la reducción de las brechas de oportunidades y la exclusión social en la medida en que las normas internaciones promueven el acceso universal e imponen el cumplimiento de estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, adecuación y calidad de los servicios públicos (Sepúlveda 2014, p.10).

4Ahora bien, como lo destacan la UNESCO y la UNICEFF (2008: 11), un enfoque basado en los derechos humanos se esfuerza por determinar quiénes son “titulares de derechos” y los correspondientes “titulares de deberes’, y por mejorar las capacidades de estos últimos para cumplir sus obligaciones, que consisten en obligaciones positivas de proteger, promover y cumplir derechos humanos y en obligaciones negativas de abstenerse de violar derechos humanos”. En tal sentido, se reconoce que “además de los gobiernos, otros muchos agentes, muy variados, deben asumir responsabilidades en cuanto a la realización de los derechos humanos: individuos, organizaciones y autoridades locales, el sector privado, los medios de información, los donantes, los asociados en actividades de desarrollo y las instituciones internacionales” (Ibid). Hay consenso, sin embargo, que el Estado es el garante último de los derechos y, por tanto, es el responsable de promoverlos y de proveer las condiciones necesarias para su ejercicio (IPPDH 2014; ACNUDH, 2012).

5Tener en consideración el enfoque de derechos humanos cuando se observan los servicios públicos constituye, pues, un paso indispensable para darle un sentido concreto a la construcción de ciudadanía social y valorar la medida real en que un Estado y la sociedad están realmente comprometidos en este proceso. Este paso es ineludible si, además, se considera el cambio que en las últimas décadas han experimentado los servicios sociales. La provisión a cargo de entes mercantiles y no mercantiles, financiados total o parciamente con fondos públicos, tiene ya varias décadas de desarrollo pero poco se sabe de su magnitud exacta y menos acerca de cómo puede estar afectando a los derechos sociales.

  • 3 Nos referimos, por tanto, a lo que comúnmente se denominan servicios sociales. Cabe, sin embargo, t (...)

6Este artículo se propone adentrarse en esta discusión, examinando en primera instancia quiénes se encargan del financiamiento y provisión de los servicios que conciernen a derechos sociales3 de la primera infancia y de los adultos mayores. Todo ello, a la vez, enmarcado dentro de una sociedad concreta, la chilena, y en cómo ella asume su compromiso con los individuos que la componen.

Los servicios dirigidos a la primera infancia y al adulto mayor

El alcance de los derechos

7Como lo destacan Cecchini, Rico y Filgueira (2015) respecto de la infancia,

“el avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependiente de la familia, pasando a ser considerados sujetos de derechos, ante los cuales el Estado, y no la familia, es el garante último”. (p.86)

8La normativa internacional y nacional ofrece un primer marco para delimitar la conexión entre servicios públicos y derechos. En muchos campos los derechos básicos de la ciudadanía son reconocidos constitucionalmente. Un derecho básico corresponde a un derecho humano, sometido, por tanto, a los principios de universalidad, integralidad, participación y exigibilidad cuando menos (Abramovich 2006; Cunill-Grau, 2010). Cuando los servicios tienen su fundamentación jurídica en los derechos sociales requieren estar dirigidos a asegurar un nivel básico de servicios que garantice el desarrollo de los individuos y de las colectividades mediante la intervención estatal en la prestación de servicios y la distribución de bienestar (Huenchuán y Morlachetti 2007, p. 159).

9En América Latina, aunque “cada vez más se está de acuerdo en que los servicios para la primera infancia constituyen un derecho humano universal que debería estar garantizado por la intervención del gobierno, ya sea de manera directa, mediante la provisión pública, o indirecta, financiando y regulando a los proveedores privados” (Berlinski y Schady 2015: 186), hay pocas evidencias concretas de que efectivamente exista una preocupación por construir arquitecturas institucionales expresamente orientadas a tal fin.

10Algunos países, como Brasil, priorizan la provisión pública directa para garantizar este derecho (Ibid, p. 186). En Uruguay, el Estado -a partir de sus instituciones nacionales y departamentales- es la esfera prestadora por excelencia de la mayor parte de los servicios y bienes sociales (Andrade Guzmán et al. 2014, p.35). Perú, aunque con un modelo de bienestar muy distinto al uruguayo, también destaca por el hecho de que el cuidado a la infancia es realizado directamente por el Estado, al punto que resulta difícil encontrar experiencias que involucren a otros actores (Guerrero, Sugimaru y Cueto, 2010). En la mayoría del resto de los países de América Latina y El Caribe (con excepción de Cuba) operan diversas modalidades institucionales para la provisión de servicios a la primera infancia: proveedores privados, proveedores privados/comunitarios con subsidios parciales del Estado, y proveedores públicos (Berlinski y Schady 2015, p.19). Sin embargo, un rasgo relativamente común es que el Estado proporcione subsidios de manera directa a los proveedores o de forma indirecta a los consumidores, independientemente de la propiedad (pública o privada) del proveedor de los servicios (Ibid, p.177).

  • 4 Por ejemplo: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos pa (...)

11Es importante tener en consideración que en la región todos los países han ratificado la Convención de los Derechos del Niño la que fue aprobada en 1989 como tratado internacional de derechos humanos (UNICEF, Comité Español 2006, p. 6) y que tiene por objetivo consagrar la Declaración de Derechos Humanos enfocados en los niños. La Convención en su Artículo 28 establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho deberán en particular “implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos”, entre otros (Ibid), pero no hace alusión expresa a la educación y cuidado de la primera infancia. Es la Declaración Mundial de Educación para Todos (EPT), adoptada en Jomtien en el año 1990, la que amplía la visión de la educación básica indicando que el nacimiento de las personas marca el punto de inicio para una buena educación (Guerrero, Sugimaru y Cueto 2010, p.27). Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño se refiere expresamente a otros derechos sociales de la niñez en varios de sus artículos4, aunque asumiendo respecto de algunos (específicamente del derecho a la salud) que al Estado le compete lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido.

  • 5 El comité es parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma (...)
  • 6 El Artículo 4 estipula que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legisla (...)

12La suscripción de la Convención de los Derechos del Niño tiene, a la vez, implicaciones sobre la provisión de servicios hacia la infancia desarrollados por privados. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño5 “recomienda que los Estados Partes adopten medidas legislativas y establezcan un mecanismo de seguimiento permanente con el objeto de garantizar que los proveedores no estatales de servicios respeten los principios y disposiciones pertinentes de la Convención, especialmente el Artículo N° 46 (Comité sobre los Derechos del Niño 2002, citado por Andrade Guzmán et al. 2014, p.13).

  • 7 Los derechos que en algunos países cuentan con cobertura legal y que, por lo tanto, pueden ser exig (...)

13Respecto de los derechos de los adultos mayores no existe un tratado internacional que se refiera específicamente a ellos (Huenchuán, 1999). En el ámbito interamericano, el Protocolo de San Salvador adoptado en dicha ciudad en el marco del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 1988 y que tiene vigencia internacional desde el 16 de noviembre de 1999 complementa la Convención Americana de Derechos Humanos y es el único instrumento vinculante en que se establecen normas sobre los derechos básicos de las personas mayores, cuyo cumplimiento, aunque sea progresivo, debería dar origen a una base mínima de reconocimiento y ejercicio de derechos para ellos (Huenchuán y Morlachetti 2007, p.163). Específicamente, el artículo 17 del Protocolo obliga a los Estados Partes a garantizar progresivamente la protección y el goce de los derechos básicos (alimentación y atención médica), el derecho al trabajo y la participación en la vejez. Este instrumento ha sido ratificado hasta la fecha por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay (Ibid, p.165). Por otra parte, algunos países han adoptado un marco legal específico para las personas mayores7. De acuerdo a Huenchuán y Morlachetti (2007)

“según el derecho de que se trate, las obligaciones del Estado se centran en respetar o proteger, aunque en la mayoría de los casos se trata de obligaciones de hacer, vale decir, se establece la responsabilidad estatal de facilitar el acceso a la plena efectividad de los derechos”. (p.165)

14No obstante, se observa que no todos los derechos analizados cuentan con intervenciones sectoriales específicas que den cuenta de su cumplimiento (Ibid, p.173). Por lo tanto, “en el escenario actual el problema no radica solo en lograr que a las personas mayores se las reconozca como sujetos de derechos, sino también en construir reglamentos, políticas e instituciones que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos en la vejez” (Ibid).

¿Por qué el caso chileno es relevante?

  • 8 A la fecha todavía se encuentra en el Senado, sin urgencia (Boletín 4087-10).

15Chile ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño más no el Protocolo de San Salvador8. Esto, de entrada, crea una situación diferente en lo que concierne a la amplitud de los derechos de los niños respecto de los de los adultos mayores. En relación a los servicios a la primera infancia, la legislación chilena establece que los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado deben estructurarse en tres niveles según la edad de los niños, los que a su vez se subdividen, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla.

Tabla N° : Niveles de educación inicial en Chile

Nivel

Nombre común

Subdivisión del nivel

Nivel CINE

Edad

Sala Cuna

Sala cuna

Sala Cuna menor

0.1

0 a 11 meses

Sala Cuna Mayor

0.1

1 año a 1 año 11 meses

Nivel Medio

Jardín Infantil

Medio menor

0.1

2 años a 2 años 11 meses

Medio mayor

0.1

3 años a 3 años 11 meses

Nivel Transición

Pre-kinder

Primer nivel de transición (NT1)

0.2

4 años a 4 años 11 meses

Kinder

Segundo nivel de transición (NT2)

0.2

5 años a 5 años 11 meses

Fuente: Mineduc (2013).

16El Estado tiene el deber de promover la educación inicial en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito para el primer y segundo nivel de transición. En relación a los niveles menores, a partir de la entrada en vigencia del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” se garantiza el acceso gratuito a Sala Cuna y Jardín Infantil para los niños pertenecientes al 60% de hogares más vulnerables (Mineduc 2013; INE, 2011, resaltado nuestro). Las municipalidades, desde la década del 80, están encargadas de la educación primaria y secundaria y de la atención primaria de salud. Tienen también responsabilidades directas en la provisión de servicios para la primera infancia, por una parte, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) que es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación (Mineduc) cuyo objetivo es brindar educación inicial inclusiva a niños preferentemente menores de cuatro años en situación de vulnerabilidad, a través de salas cuna y jardines infantiles (Mineduc, 2013). Por otra parte, opera la Fundación Integra, que es una institución de derecho privado sin fines de lucro que se relaciona con el Mineduc a través de un convenio de colaboración anual formalizado mediante decretos ministeriales (Ibid: 65). La Fundación Integra forma parte de la red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Tanto JUNJI como Integra tienen financiamiento estatal directo a través del Mineduc. Ambas cuentan con establecimientos propios y también otorgan financiamiento a organizaciones públicas (como establecimientos municipales) y privadas sin fines de lucro a través de convenios de administración delegada.

“Este tipo de provisión por convenio o de administración delegada, ha tomado especial importancia en Junji, al ser este el modo elegido para lograr los aumentos de cobertura deseados (cerca de la mitad de la matrícula y el presupuesto). En Integra es una opción bastante menos usada (sólo 2 a 3% del presupuesto y matrícula anual)” (Tokman 2010: 6).

  • 9 Al igual que en primaria y secundaria, la subvención base en kinder y prekinder se entrega según la (...)
  • 10 Este financiamiento no está relacionado con la calidad de la oferta provista, ni con la cantidad de (...)

17El financiamiento vía subvención por alumno, entregada a proveedores municipales y particulares9, es el tipo de financiamiento predominante en kínder y pre kínder aunque las condiciones y montos varían. Además, operan pagos por asistencia a participantes de Chile Solidario, financiamiento de empresas con más de 19 empleadas mujeres (Ibid, pp. 4-5) y, como ya se expresara, existe financiamiento directo a Junji e Integra10.A continuación se presenta una tabla con las modalidades más significativas.

Tabla N° 2: Modalidades de provisión de la educación inicial en Chile

Financiamiento

Instituciones educacionales

Con financiamiento estatal

Establecimientos municipales

Establecimientos particulares subvencionados

Establecimientos administración directa Junji

Establecimientos administración directa Fundación Integra

Establecimientos privados y municipales que reciben financiamiento estatal a través de Junji o Fundación Integra

Sin financiamiento estatal

Establecimientos educacionales particulares pagados

Fuente: Mineduc (2013).

18Tokman (2010) destaca que “en la Junji el pago por alumno a centros de administración delegada es el doble que lo pagado por Integra” (pp.17-18). Afirma, asimismo, que esto explica por qué la mayor parte de la oferta privada en administración delegada es Junji y no Integra. En lo que concierne a la protección especial es el Servicio Nacional de Menores (SENAME) el organismo público responsable de proveer programas especializados y prestaciones para aquellos niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos. El 99% de los proyectos del área de protección de derechos del SENAME son ejecutados y gestionados por la red de organismos colaboradores privados acreditados del Servicio (Andrade Guzmán et al. 2014, p.5).

19La institucionalidad proveedora de servicios sanitarios a la infancia recae básicamente en los municipios (Atención Primaria de Salud, en forma directa o a través de corporaciones de derecho privado) y en los Servicios de Salud (Atención Secundaria y Terciaria). El Sistema de Protección “Chile Crece Contigo” actúa como bisagra entre los organismos de salud y los de educación inicial y cuidado en aras de propender al desarrollo integral de la primera infancia.

  • 11 Cabe notar que la seguridad social relacionada a los adultos mayores no forma parte de este estudio
  • 12 La Constitución Política de Chile establece que: “[..] El Estado protege el libre e igualitario acc (...)

20En el caso de los adultos mayores11, alrededor de un 90% se encuentran adscritos al sistema público de salud, siendo la Atención Primaria donde se concentra la atención de este grupo etario. Cabe recordar que la Atención Primaria está a cargo de las municipalidades y que Chile no ha ratificado el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que, aun cuando el derecho a la salud consagrado constitucionalmente tiene un alcance muy limitado12, existe un conjunto de garantías explícitas de salud (GES) para determinadas enfermedades que crean obligaciones respecto del acceso y oportunidad independientemente de si el proveedor es público o privado.

21Por otra parte, desde el año 2002 existe el Servicio Nacional del Adulto Mayor –SENAMA- cuyos principales objetivos son velar por la plena integración y por la no discriminación y marginación de los adultos mayores a la sociedad, protegiéndolos ante el abandono e indigencia, y haciendo valer sus derechos legales. Si bien implementa algunos programas directamente como el de Envejecimiento Activo, las Escuelas para Dirigentes Mayores, el Programa de Buen Trato y de Voluntariado, en general la oferta programática del SENAMA se lleva a cabo delegando en terceros -públicos o privados- su ejecución. De hecho, la operación de los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) está a cargo de entidades ejecutoras que reciben el financiamiento del SENAMA para la atención de los residentes. Las instalaciones físicas son propiedad del Estado. El SENAMA provee subsidios a personas (III quintil de vulnerabilidad) residentes en instituciones de larga estadía con convenio (Redondo, 2016). El Ministerio de Salud tiene a su cargo el Programa “Atención domiciliaria a personas con dependencia severa” a través de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes del MINSAL (Ibid).

22Además, existen también diversos programas que cubren simultáneamente diversas dimensiones de la calidad de vida de los mayores ofrecidos en su mayoría por instituciones privadas (cajas de compensación, fundaciones, corporaciones) (Morris, 2008). En suma, el caso chileno es relevante para la definición de políticas sobre servicios dirigidos a adultos mayores y a primera infancia porque da cuenta de una gran variedad de mecanismos institucionales que incumben a proveedores privados y porque concentra responsabilidades en el nivel municipal, todo lo cual plantea importantes interrogantes sobre la relación entre los servicios públicos y el ejercicio de los derechos de tales públicos.

Metodología

23Como primer acercamiento cuantitativo a la magnitud y tipo de servicios y programas sociales para la primera infancia y para los adultos mayores ejecutados bajo asociaciones público privadas (APP) este estudio realizó un catastro que buscó identificar el universo de los servicios en tres comunas de la Región Metropolitana de Chile. Teniendo en consideración la Tipología Municipal realizada por la Subdere (2009) que define siete tipos de comunas a partir de los niveles de dependencia del Fondo Común Municipal, población, pobreza, ruralidad y localización geográfica, se seleccionaron tres comunas (municipios) de la Región Metropolitana pertenecientes a distintos tipos: Santiago, ubicado en el grupo denominado de “Gestión Autónoma y Alta Población”; Peñalolén, que se ubica en el grupo de “Gestión Intermedia y muy alta población”; y Padre Hurtado, ubicado en el grupo de “Gestión Intermedia con población media”.

24En la Tabla N°3 se evidencian notables contrastes entre las comunas estudiadas. Así por ejemplo, destacan las diferencias en la población comunal y en el porcentaje de población en situación de pobreza, a la vez que en los ingresos municipales. La comuna de Santiago se caracteriza por ser una de las comunas más pobladas, pero cuyo municipio posee más recursos económicos y menor nivel de pobreza. La comuna de Peñalolén, por su parte, se encuentra en un lugar intermedio en términos de población y de recursos municipales, con mayores niveles de pobreza y con un pequeño número de predios agrícolas. Finalmente, la comuna de Padre Hurtado es más reducida en población, cuenta con un menor nivel de ingresos municipales, posee mayores niveles de pobreza y tiene mayores niveles de ruralidad, lo que se evidencia en el gran número de predios dedicados a labores agrícolas.

Tabla N° 3: Indicadores comunales de Santiago, Peñalolén y Padre Hurtado

Indicadores

Santiago

Peñalolén

Padre Hurtado

Superficie Comunal (km2)

22

54

81

Población Comunal, estimada por el INE (N°)

358.332

242.766

55.909

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido en M$)

136.798.199

53.619.855

7.603.604

Tipo de Administración del Sistema de Educación y Salud Municipal

Depto. o Dirección

Corporación Municipal

Depto. o Dirección

Porcentaje de Población en Condiciones de Pobreza, según CASEN

6,36

9,38

13,21

Población encuestada con Ficha de Protección Social en el año (dato disponible a partir de 2007 en N°)

101.930 (28,4 % de la población comunal)

107.892 (44,4 % de la población comunal)

42.651 (76,3% de la población comunal)

Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006)

0

43

580

Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006)

305.278

59.890

14.788

Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Municipal – SINIM.

25Para llevar a cabo la recolección de los datos se recurrió a información proveniente de las instituciones públicas vinculadas con los dos grupos de la población, tanto del nivel central como de los municipios respectivos, sus equipos profesionales y corporaciones (donde existen), de modo de construir un listado de servicios sociales dirigidos a la primera infancia y a los adultos mayores, e identificar y profundizar la información respecto de aquellos llevados a cabo a través de APP. En este proceso se contó, además, con información proporcionada por el Consejo de la Infancia -listados de programas ejecutados en cada una de las comunas, mayoritariamente por organismos colaboradores de SENAME- así como por el SENAMA acerca de los programas dirigidos por el gobierno central a adultos mayores.

26La información secundaria fue complementada con información primaria generada fundamentalmente en entrevistas llevadas a cabo con los encargados municipales de los diversos programas dirigidos a estos grupos de la población en las comunas en estudio. Este proceso se realizó entre los meses de julio y noviembre de 2015. En el caso específico de las APP en educación inicial, con el objetivo de construir una base de datos homogeneizada se consultó información de los portales de Junji, Integra, Mineduc y de los municipios involucrados13. En el caso de la información específica de sostenedores, se consultaron convenios de prestación de servicios dispuestos que bus mentalm ="texte7tde 2015. En el caso específicoentes aicoación, funsionales y corporanismos colas cSENAME- asstadía, se s te"botdees pue, aunm ="texte7tde dicador dise Chi =a s> meng="es">. En el gada em ="texte7tde ues_homoge(ELEAM)ctucipal rea julio y noviembre coibierns nder aunuir suna base daciotegra, nalncentrde in desde el13 estuo chileno es rel cuyos poritarincia y panálisi daci acces, rurael dobluniciulas ejeísies rriltos mayorúlunalnicores nmación respabo ctexte">Establecimientos particulares subvena la vxpara napde Sana g, aunsu fige coal acceso goimientos pae que l mayores.

26Comohootazá a catudiizó un ,cundalcientiarie provisióo de la inform(dondefineaanciamnto delidadctamentniente de las instit, tanto del nivelrícolas.

24oun cm(ciommi parte, se enlmente, la comuna de Padre,Primarisl Prntr33.651 (7tado de servn,Si bien imddispuectex con las mrícolas.

Ta4: Sado de servicios spuevé s Junvé ores, e idddisvisióe, l Hurtado

305.278

580

Padre Hurtado

6,36

6,36

59.890

358.332

54

9,38

Peñalolén

6,36

54

54

43

6,36

Santiago

6,36

81

6,36

6,36

6,36

358.332

6,36

81

81

305.278

14.788

Fuente: elaboració SINIM.

2424En el casos sobre servicios dirily para los adultos Integbreza. La comuna de Peñaloloun cloluntal 86s. El 99%s sobre servicios sociales dirigidos a la primera irvn,Si bien imddispueos bajo tde 2015an tos mayamientosteny APP. E en el porasia, yeple 96s.ue, aunedoobtadoaez quetado de sejempinas dirigido de la pobara lr qué rícolas.

Ta5: Sado de servicios spuevé s Junvé obreza,o de la pobnivelmpinosvisióe, l Hurtado

Po HSINIM.

580

Padre Hurtado

22

6,36

22

54

54

6,36

6,36

81

54

6,36

59.890

59.890

13,21

59.890

59.890

81

59.890

59.890

59.890

13,21

59.890

6,36

6,36

59.890

358.332

54

9,38

Santiago

6,36

6,36

81

81

81

81

6,36

6,36

43

43

43

43

59.890

59.890

81

43

6,36

59.890

6,36

81

6,36

6,36

Peñalolén

6,36

s6,36

305.278

59.890

43

59.890

59.890

81

59.890

6,36

6,36

54

59.890

59.890

6,36

59.890

6,36

54

54

43

6,36

Fuente: elaboració SINIM.

24En panalizmddispl Esadre enigeneral edoos baj 2015ntrorganismo Junmerctextl.alv edoobtadoabyoreón en sitvisióe, l,velmpacaez asa comuna de iyi"texte">PePrimarigidoseseera iariorganismos Junmerctextls spsejeorospesas conl 90%iyionl 93%oracióniva báseny llamabyorateera sitgidosoE ena pobnivvé 2015organismos merctextls spnomuna de Padre eyor la olctezaspl 39,1%. ícolas.

Ta6: Tip sejeos ba seocitbretiots spno asavétposióe, l Hurtado

43

Santiago

Padre Hurtado

6,36

305.278

6,36

305.278

6,36

59.890

59.890

59.890

59.890

Peñalolén

305.278

s6,36

6,36

59.890

59.890

59.890

Santiago

s6,36

6,36

81

59.890

81

54

81

6,36

6,36

6,36

81

54

54

9,38

Fuente: elaboració SINIM.

24

h2

L99%s sobre sepnovétpnoel ">En. El 99%ara los 4

24En ,%s guid ejeos sobre seociales dirigidrecre: elaboo activ:1ajos jepwegiva ,mensecutorepseseetioesas conl 25%. Enigeneral, lmpasoinibajtiva sse llevio a cent cono asaorganizjre npseóe, itarias. El 99%ara los adultoseny se ditducpnoeitgidóepr iariequetimieot ejepwegivo, greletos recre:givos. Eldiversasíorele,eocseos.y viajos recre:givos,dbáre otros. Llamabyorateera sitcutosoeneun 7,2%iyiun 1,3%o asavét201sistpnoeitateera npsemédicasoosistpnicios sytateera npsepsico vicios ,oracióniva bás. ícolas.

24En. El 99%ara los adultos edoconcbárentpnoel jesarrolln. Elinibajtiva sarirecre: elaboydbáreg iarirecurs seociorel fwegreecimieot ejezsusaorganizjre npseny soenemarginml bás aos sobre sevinrulmddiscono a salud. Esao últie eedodebs ao la, enigeneral,l 99%s sobre sejezsaludsse enrubárantpnoman di El apinstiture nam:1aj%públic iyaos aconl Munibapio oconl S sobre a comuludsPúblic icorraciondibás;olmpo soenedifietotpnoel ">En. El aace, l. El"texte">Pe,Primarioperaiun bás Eldetocho privas eyorCorpte: elaboMunibapaleociorel Desarrolln.Svicio,i la tibs aosu ">rgoeyorfunna pobnivadminieditrny operar%s sobre sepnogasaáre:di Eleduc: elab,zsaludsyrateera sit El bltos a ">rgoe El aaMunibapal:1aj% El"texte">Pe. ícolas.

Ta7: Tip sejeos sobre servicios spsestas dirig99%ara los adultos pnovétposióe, l Hurtado

Padre Hurtado

Peñalolén

Santiago

43

43

43

43

43

305.278

59.890

305.278

9,38

54

59.890

6,36

43

59.890

59.890

9,38

59.890

54

9,38

59.890

59.890

59.890

59.890

54

6,36

54

43

6,36

43

54

59.890

59.890

9,38

6,36

59.890

59.890

59.890

59.890

81

81

43

54

59.890

59.890

59.890

81

59.890

59.890

Fuente: elaboració SINIM.

24En. El aace, l. El"una de Padre esonoSENAMA, nl Munibapio y nl S sobre a comuludsMetsoE litano Occ:1eete (posiejemplo, nl ProgramabMas cAra los Mdultos Autovilsots spnoAteera sitPrimaria),iyionsjeopl lmdd. El 99%actltos no lmpatios ,o 99%prinretils sinvolucras disono asaprciósaorganizjre npseóe, itarias. El 99%ara los adultosen asaUne npseCe, los sytmínima bás institure npseprivasasaceoopl Club. ElLe npseyn asaCajas. ElCepens: elab. Algt similar ocurtotpnoel ">En. El"texte">Pe,Primari asaprinretils sinstiture npsepúblic seinvolucrasadisononl SENAMA, nl S sobre a comuludsMetsoE litano Oribás y nl Munibapio,iyiposiel lmdd. El a sinstiture npseprivasasase enrubárantpnomault mlasdabyosaorganizjre npseóe, itarias. Elara los adultosen uegoeyorCorpte: elaboMunibapaleytmuyemarginml bás alg, l oONGdoseseets spno aace, l. Finml bás,tpnoel ">En. El"texte">,byoreón en sitpsemuye clecsdabeamenecutoraciónairigidpmpwegaera ie notibs nl SENAMA y nl Munibapioaceooprcmotltos jeo asavétoesjeoyo sinstiture npsepúblic s, perovelmpacaigiddivers:1aj% Elactltos privas diinvolucras dipnogasaos bajre nps, puos ei bieitpsemarceda bás raleviots gidocitbretira sit Elorganizjre npseóe, itarias. Elara los adultosennl munibapioaposee unaigrantctext1aj% Elvé 2015univers:1ajosenfundjre nps, emptosaseprivasas,dbáre otros,mensecutogeneranos sobre seolinibajtiva sacióíficosaoribáasasoo 99%ara los adultos. Eniralira sitaigidmodam:1aj% ElacceEn.alefinmera mieot ejez 99%s sobre sepsestas dibajoavéeociorg99%ara los adultos bas ico bás se dittl. ElprcceEns. Elfimadisconcurs s (sas coniun 65s. El 99%">En )iyionlprcceEns. Elasignira sit irónaiví iconvene sepnre yo sinstiture npse(alclaedlt oniun 25%);iun pwecbáajEl blte(alclaedlt onl 7%)lacce Elaefinmera mieot eposiunaimezcl iariempasoadismodam:1ajes. Pclaocerct onl 3% no futoposi acióificdrigidmodam:1aj.ícolas.

h2

L99%s sobre se Elvétpnoel ">En. El aainfmera .

24En. El"una de Padrettomo futrono:1eetificdres 22%s sobre sepciorgaainfmera psestas dibajoavéey tos dipll seociales dirieduc: elabiyifwem: elab;teitcembioapnoel ">En. El"texte">Pe futrono:1eetificdres 129,mensecutoedodiediibuyentpnre s sobre se Elateera sitpsico vicio,lateera sitmédica osistpnicioiyionleduc: elabiyifwem: elab;tmieotr secutoent"texte">oedo:1eetificdrono76,mensecutoedooribáao fundj báml bás rieduc: elabiyifwem: elaboydbl bltemlasdaba brinddriateera sitpsico vicio. ícolas.

Ta8: Tip sejeos sobre servicios spciorgaainfmera ejecutidos pnovétposióe, l Hurtado

Padre Hurtado

Peñalolén

Santiago

43

43

43

43

9,38

59.890

59.890

54

9,38

59.890

59.890

59.890

59.890

59.890

54

59.890

54

59.890

9,38

59.890

59.890

59.890

59.890

81

43

54

59.890

59.890

59.890

59.890

54

54

59.890

59.890

6,36

59.890

59.890

Fuente: elaboració SINIM.

24Pe,P asaprinretils sinstiture npseonl Estas ecutose enrubárantlleviodo a cent suecuthacer a ditvédi Elvétso,Padesas conl racio munibapio, nl S sobre a comuludsMetsoE litano Oribás 2015un terre a cl tngresjeos sobre seimplembáasasopno aace, lspciorgaainfmera fundj báml bás cl sistpml. Elprctecra sit vicio Chi CrecElCntigosacióífico bás cl programab Elapoyn.aledesarrollo biopsico vicios(perovmber">24En.posiyorCorpte: elaboMunibapal),rs guid ejeoyorJunjiiyionl SENAME. Eni blteraciorra sit e enrubára unais siet Elotr seinstiture npsepúblic seceoosononl Ministpre a coEduc: elab, nl S ndj (S sobre aNjre nrespciorgaaPreveera sity Rthabilitara sit EllCnsum a coDrogas.y Alcohol),rbáre otros. Rtcióno% Elactltos no lmpatios ,opnolmpaace, lsexistp unaiCorpte: elaboMunibapalecutoadministioralclaedlt onl 50s. El 99%s sobre sefundj báml bás c suludsyieduc: elabiociales diriestp grup ejeoyorpobl: elab;telirasno% Elpll s,opnogeneral esonoejecutidos posiONG. LaiCorpte: elaboMunibapaleos unaimber">2eext1aj%jurídica ds crecho privas sinefinos jeo ucro y 2015pers nret1aj%jurídica ració,eindep ndibás c gidmunibapalt1aj%ysvinrulmdairiella a ditvédi El Alcaldeiyionl Deocitj báo% ElFinmnzas.Munibapalpse(Aedl 2lid). Deár ejez 99%">En olmpudiad s,o"texte">Pe psela única qutoposeriempaefigur SINIM.

div

ul li="texte">2 "a href="http://www.cifstexte">.cl/quibss-seos/">http://www.cifstexte">.cl/quibss-seos/. ul=

24,bposiotr oocite,oyo sinstiture npsepúblic s adult bás oseseets spno aslvétsooyorJUNJI 2015nl Munibapio,iquibsst e vinrulmniconesas con gidmitad. El 99%s sobre seociales dirigaainfmera eni aace, l;rs guid sionl SENAMEs2015cerct on5un terre ;n uegoehay unaigrantdivers:1aj% Elactltos públicnsecutogeneranovéeociorglevir a cent sueuente. Desjeopl sónor no lmpatiocon gidvé,oent"texte">oelmpacaigidos bajrelabo2015nl ComitéspciorgaaInfmera yn a Familij (CIF)ie notibs bajoasueracinsabili1aj%sas conl 50s. El asovétpxistpets spno aace, l,telirasno%asná a cer">oel unais siet Elfundjre nps y 20rpte: e npseontdiversa íodole. El CIFeos unaiorganizjre sitaut siom yndoasa. Elpers nret1aj%jurídicamber">24bposimlasoionl Deocitj báo% ElFinmnzas,ssibdoeyoreext1aj%eerer"asa. Elproveeropno aace, lseduc: elabiinibajl a niños.y niñas. El0 a 4 años. Laieduc: elabi20rracindibás al últim acicl ejeoyoretap pseescolar (niños.y niñas. El5.y 6 años)%asná alojadabeamelmber">2 Deocitj báo% ElAdministio elabods Educ: elabiMunibapal"En. El 99%s sobre seoc sulud,mensecutoedoenrubárantadministiodos posinl Deocitj báo% Elmuludsdnl Munibapio.Rtcióno% Elgidmodam:1aj% ElacceEn.alefinmera mieot ,ssi%s analizmoel "onjuot ejeos sobre sepsestas dibajoavéeociorprimeraainfmera , esoposi stextear cutobas ico bás se dittl. ElprcceEns. Elfimadisconcurs s,. Elasignira sit irónaio,tpnoel ">En. Eleduc: elabiinibajl,. Elsubveera sitaigidmatrírulm (administio elabodiróna) olsubveera sitposiosistpnici (administio elabodele"asa). ícolas.

/divspan>

h2

Ta9:aInstiture sity tip ejeoadministio elaboposióe, l Hurtado

div

ul li="texte">2 L99%Ceár s Educ:givo9%Culturlos jeo aaInfmera s015unidmodam:1aj%oseseeicioiyiedodesarrollantaltr "a href="#ftn15la(...). li="texte">2 El programab ElMejte:mieot ejez aaInfmera asná oribáaso a niños.pnoeón en sitjezvulnerabili1aj. F "a href="#ftn16la(...). li="texte">2 El programabConozca o sueHijoacatiranairimtextsejeos ctltos rurlos ceoopduc:doras. Elsus hijos%se "a href="#ftn17la(...). ul=

le i /divspan>

div

ul li="texte">Padre, JardíneInfmets= Chiquitsn s,.JardíneInfmets= "a href="#ftn18la(...). ul=

Pe (9,8%). Dicho sestae icimieot s eilen En niños.des El0 o 4 años.yoedoenrubárantubicodos En zo l ourba l oyoedmiurba l . Funraonon oncElmesos jel año En jornadabóeplenaiy oflecpnoel s sobre gratuit ejeoali báo elab. Lo sestae icimieot s Junjiiadministiodos positerrer s o VTF (víaltransfbrpnra Elfimadi)ireoseseetantsas cjel 10%spno asltre sce, l oestudimda , slen o ocitirulatmbás altnspno aróe, l de "texte"> (28%). Ceooconjuot ,iresp ctltal tngresjeoestae icimieot s, sumanoel 19,6%. Es%osecisolmenraonor cutojez asltre sce, l oanalizmda ,ePcexte">Padreinso arú ic: cutorubáa 2015estae icimieot s edministiodos posiel munibape per ojepen ibáss Elfimadi Junji"a "> /divspan>

Pe. Lo sjardsn sainfmets=es edministiodos víalónveni ttomoirefibrpntal 2,1%sdnl tngresjeoestae icimieot s analizmdos, nambiPe mayositarios enePtexte">PeÀ SINIM.

div

ul li="texte">, 2015el 26,8%sdnl tngresjeoestae icimieot s jeo aróe, l. EboPtexte">Pe yePcexte">Padreinsoinferi rtal 15%. Es%rlevaás menraonor cutolo sestae icimieot s alojodos En arMunibapalidad de Ptexte">Peoson edministiodos posimedi ejez aaCorpoio elaboMunibapal, mieotr scutopnonl caso de "texte"> yePcexte">Padrei aafigurascutoedministioolo sestae icimieot s son lo sDeocitambá s jeoAdministio elabojeoEduc: elab Munibapal (DAEM), integrados En arestructuromunibapal. Ebocuaot eallo sestae icimieot s pcitbrulatos subveeraonodos"a "> yePcexte">Padreireoseseetantatsas cjel 40%. Ello sestae icimieot s y une32,9% enePtexte">PeÀ SINIM.

/divspan>

Tae a N° 10: Estae icimieot s APP y No APP posice, lícolas SINIM.

div

ul li="texte">

le i /divspan>

h1

Discuselabíado

"textexml:lang="es" lang="es">, cutops unemunibape ubicodoopnonl grupo denominasosdn “GestelaboAutlabom ytAlta Poblo elab”z aaoropwecn sitjezs sobre s soicioes eboAPPinsointermedia, oues rectnza a pocotsas cjel 65%, per o2015unidmayosioropwecn sitEn acutlla sdirboidas a lo sadulto smayoseso(83%).cutoe infmera (52%). Ptexte">Pe, cutoss ubicoopnonl grupo denominasosdn “GestelaboIntermedia ytmuy alta poblo elab”,ícolas posep unegrantpweceetajeijezs sobre s eboAPPi(casionl 92%),o2015unidoropwecn sitsimilor taot eboinfmera (86%) ceooEn adulto smayoseso(96%). Finalmbás, "textexml:lang="es" lang="es">Pcexte">Padreinstá ubicodoopnonl grupo de “GestelaboIntermedia 2015poblo elab media, yoedícolas dpstaca posis s aróe, l cutoposep el menorsnive= jezs sobre s soicioes ejecutados bajolAPP (33%),o2015unidoropwecn sitsimilor eboinfmera (casio29%) ytEn adulto smayoseso(39%),oper onambiPe sobsesioe posiposepr unealtnsnúmer ojeoAPPinjecutadas posiorganismo smercmets=es, slen o a suevez aróe, l con mayossnive= jezpobseza SINIM.

Pe) yt Elunsorganizarelaboautlabom sinefinss Elgucro, cutorubáa 2015personalidad jurídica llamodooComité posilaeInfmera ytla Familijo(CIF) ("texte">). Eboeste sent:1o, es rlevaás dpstacar cutocodoounotjez o smunibape s Estudimdesorubáa 2015arr g o sinstetu eonioes jistint s parorieplembáarz o ss sobre s jezeduc: elaboyoealud. Así,opnonl caso de Ptexte">Peostorubáa 2015, l corpoio elabomunibapal cutoedministioolo ss sobre s jezeduc: elab,oealud ytlo sdirboid s az aainfmera pno aróe, l;spno"texte">, storubáa 2015deocitambá s munibapales jezsalud yteduc: elab,oper oenenl caso de arorimera infmera edoejecutanolo ss sobre s pnoasoici elabo2015el Comité ad hoc; ytEn nl caso de Pcexte">Padreise ieplembáan.des Ello sdeocitambá s jeosalud yteduc: elab munibapales SINIM.

Pe yePcexte">Padre, don Elrectnzanonive=es jez67% ye92%,iresp ctivambás LoszAPP 2015entes%mercmets=es paroradulto smayosesofinanra boinibaativas mas ccutoedsobre s soicioes SINIM.

PticatjezInfmera ytAdo=escEncijo(2015-2025),o aruioohasinstalad az o sNNAinnsnl cEár Ellas. Ecise npsecutolo s"01ibrnEn (C01sejo parorgaaInfmera 2015). Llamoz aaateeralabobl bajolpweceetajeijezAPPinnsnl ámbitltjez aoealud. Eboeste sent:1o, es posi s extlat cutoensgeneraloene aslce, l oestudimda ésta5ps unalosesto elab cutoedoenrubára njecutada posiel S sobre deoSalud órrespon ibás y/olel Munibape (oz aaCorpoio elaboMunibapalopnonl caso de Ptexte">Pe), asp ctltocitirulatmbás rlevaás enonl caso de o sadulto smayoses,. dreinlealtnspweceetajeijeztll s cutoedointegraiel sistemozoúblico. SINIM.

h2

, 20mollo dpstaca Pérez Orozc> (2006, o. 22), “lo sdbrpcho znotexistensEn abstio t ,%sino cutohay nive=es jezreónocimieot ,%r gulo elab ysnjeecnre cutosedianonl accesdo"01ret deorada sujet az o smismo ”. Es%sas , lo sdbrpcho zeónómicos, soicioes yoculturalesolequibrpnsjezróursos, instetu eones yocapaen1ajes%oúblicas.yinso arvinbula elabobárEo o strnso arcutoleiomeetnodeterminaz aamedid:sEn cutouna po>Pticat2015enfocutojezdbrpcho oue Ess s olenambás njecutada (CEPAL 2006 citodoopnoCunill-Grau, 2010) SINIM.

div

ul li="texte"> ul li="texte">, 20mollos propio sautr satlen En arreónocerlo,o a evi Encij empíricatacercatjez a ef ctividad de aslAPPinnss sobre s jezeduc: elaboesoleducida ytpntalguno scasos5arrojasresultados mixtos. Posiotiooocite, diversosoestudiosohan.cuesteonarei arvali1ez de aslpruebl oestan arizmda t20molla scutosustentan lo sestudioso Ello sorganismo sintern: eonio sa("te Mcitíney Carrasroo2012; "textexml:lang="es" lang="es">Redon olet al. 2004)ícolas. Adesas , segúnllo dpstacan Guerrero,oSugimaruey Cuet (2010: 100),% as evaluo e npseEncn rda lsdo201bárantbas ic:meetnopnonl álei jezeduc: elabobas ic:,oper onothay pno arregalabob tudiosoempíric s sobrElAPP parorgaaorimera infmera . Resp ctltjez o ss sobre s eboAPPidirboid s az o sadulto smayoseso arcarpnra Elinfwem: elabopráctic:meetnops tngre. SINIM.

/divspan>

blockqucte= div

ul li="texte"> /divspan>

, l transn: eonio, , l empr sa mixta, , l microempr sa,lunsempr ndimieot familijr,lunsautempleo ol, l empr sa ce, itaril, auncutonoda lbuscutnloptimizare aslgananra s”. (p.701)í05.278

/divs"a ">Inbre deopáoina..278

div h2 Bi icgrafílícolas h2INIM.

div

NIM.

Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. En Revista de la CEPAL, (88), 35-50, Santiago, Chile: CEPAL

ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2012). Indicadores de derechos Humanos: guía para la evaluación y medición. Santiago, Chile: Organización de Naciones Unidas.

Adlerstein, C., Reveco, O., Pardo, M., Rayo, M., Simonstein, S. (2014). Panel: Análisis críticos para una reforma a la educación parvularia. En Revista Docencia (53). Recuperado de http://www.revistadocencia.cl/pdf/20140825230135.pdf

Aedo, C. (2000). Educación en Chile: Evaluación y Recomendaciones de Política. Santiago, Chile: Universidad Alberto Hurtado. Recuperado de http://www.economiaynegocios.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2010/07/inv125.pdf

Andrade, C., Münchmeyer, M., Martínez, L. (2014). Protección Especial: Entre el rol garante del Estado y la prestación de servicios por parte de las organizaciones colaboradoras de SENAME. Documento de Trabajo n° 1, Centro de Estudios de la Niñez. Santiago, Chile: Corporación Opción.

Araujo, M., López-Boo, F., Novella, R., Schodt, S., Tomé, R. (2015). La calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador. Resumen de políticas del BID (248). Washington D.C, Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.

Astorga, A. (2009). Articulaciones público-privada para la oferta educativa: encantamientos, sospechas y tensiones. En Educ. Soc., 30 (108) 699-715. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/es/v30n108/a0430108.pdf

Berlinski, S. y Schady, N. (edits.) .(2015). Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Washington D. C., Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile .(2009). Ley General de Educación. Recuperado de http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf

Cecchini, S. (2016). Protección social con enfoque de derechos para la América Latina del siglo XXI. En Opera (18), 11 – 33. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67546312003

Cecchini, S. y Rico, N. (2015). El enfoque de derechos en la protección social. En Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (eds.). Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización. Santiago, Chile: CEPAL.

Cecchini, S. y R. Martínez (2011). Protección social inclusiva en América Latina: Una mirada integral, un enfoque de derechos (LC/G.2488-P). Santiago, Chile: CEPAL.

Collins, J., Edwards, M., Light, A.; Makievsky; P., Miller, N., Snell, L. & Collins-Camargo, C. (2012). The Future of Public–Private Partnership in Child Welfare: A Multidimensional Exploration of the Perspectives of the Public and Private Sectors, the Judiciary, Frontline Staff, and the Community. In Journal of Public Child Welfare, 6 (1), 108-128.

Consejo Nacional de la Infancia (2015). Política Nacional de Niñez y Adolescencia Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 2015-2025. Recuperado de http://www.consejoinfancia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/POLITICA-2015-2025_versionweb.pdf

Courtis, C. (2010). Políticas sociales, programas sociales, derechos sociales. Ideas para una construcción garantista. En Abramovich, V. y Pautassi, L. (compiladores). La medición de derechos en las políticas sociales. Buenos Aires, Argentina: Del Puerto.

Cunill-Grau, N. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales. Un acercamiento analítico-conceptual. En Gestión y Política Pública, 23 (1) 5-46. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792014000100001&lng=es&tlng=es.

Ídem (2010). Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública. En Revista del CLAD Reforma y Democracia (46), 41-72. Recuperado de http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill

Delamaza, G. (2013). ¿Quién eres, qué haces y quién te financia? Transparencia y roles cambiantes de las organizaciones de la sociedad civil. En Revista Española del Tercer Sector, Nº 24, 89-110.

Fuentes, A. (2014). Las distintas formas de envejecer en Chile. Desigualdades socio económicas en las transiciones de funcionalidad en una cohorte de adultos mayores del Gran Santiago. (Tesis Doctoral) Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Guerrero, G., Sugimaru, C. y Cueto, S. (2010). Alianzas público privadas a favor de la primera infancia en el Perú: posibilidades y riesgos de su aplicación. Lima, Perú: Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Huenchuán, S. (1999). De Objetos de Protección a Sujetos de Derechos: Trayectoria de las Políticas de Vejez en Europa y Estados Unidos. En Revista de Trabajo Social Perspectivas: Notas sobre Intervención y Acción Social (8), 51-69.

Huenchuán, S. y Morlachetti A. (2007). Derechos sociales y envejecimiento: modalidades y perspectivas de respeto y garantía en América Latina. Notas de Población N°85, 145 -180. Santiago, Chile: CEPAL.

INE (2011). Propuesta de variables educacionales a incluir en cuestionarios sociodemográficos del INE. Gobierno de Chile. Recuperado de http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/pdf/020911/propuesta_variables_educacionales_publicar.pdf

IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur) (2014). Ganar derechos. Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos. Serie Documentos de Trabajo (2). Buenos Aires, Argentina: IPPDH.

LaRocque, N. (2008). Public Private Partnerships in Basic Education. An Internacional Review. UK: CfBT Education Trust. Recuperado de http://217.35.77.12/research/england/education/PPP_Report(v3H)Web_FINAL_21_05_08.pdf

Ministerio de Educación de Chile (2013). Estado del Arte de la Educación Parvularia en Chile. Recuperado de http://redlacti.com/php/biblioteca/ups/1393257789.pdf

Morris, P. (2008). Políticas para el adulto mayor en Chile: institucionalización y desafíos políticos y técnicos. Recuperado de http://www.bcn.cl/

Patrinos, H. A.; Barrera-Osorio, F. y Guáqueta, J. (2009). The Role and Impact of Public Private Partnerships in Education. Washington D.C., United States: The World Bank.

Redondo, N. (abril 2016). Información y aprendizaje para el diseño de políticas públicas en torno al envejecimiento. Jornada de cierre del proyecto FLACSO-Chile.

Redondo, J. Descouvières, C. y Rojas, K. (2004). Equidad y calidad de la educación en Chile. Reflexiones e investigaciones de eficiencia de la educación obligatoria (1990-2001). Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Rosero, J. y Oosterbeek, H. (2011). Trade-offs between Different Early Childhood Interventions: Evidence from Ecuador. Tinbergen Institute, Discussion Paper, (11) -102-3. Amsterdam, Países Bajos: Universidad de Amsterdam and Tinbergen Institute.

Rossel, C., Rico, N. y Filgueira, F. (2015). Primera infancia e infancia. En Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (eds.). Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización. Santiago, Chile: CEPAL.

San Martín, E., y Carrasco, A., (2012). Clasificación de escuelas en la nueva institucionalidad educativa. Contribución de modelos de valor agregado para una responsabilización justa. Temas de la Agenda Pública, 7 (53), Santiago, Chile: Centro de Políticas Públicas UC.

Sepúlveda, M. (2014). De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina. Serie Políticas Sociales (189). Santiago, Chile: CEPAL.

SUBDERE (2009). Tipología municipal: reconociendo la heterogeneidad del país. Santiago, Chile: SUBDERE.

Tokman, A. (2010). Radiografía de la Educación Parvularia Chilena: Desafíos y Propuestas. Serie de Políticas Públicas. Documentos de Trabajo. Santiago, Chile: Universidad Diego Portales. Recuperado de www.udp.cl/funciones/descargaArchivos.asp?seccion=documentos&id=67

UNICEF (2006). Convención sobre los Derechos del Niño. Comité Español.

UNICEF y UNESCO (2008), Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Marco para hacer realidad el derecho de los niños a la educación y los derechos en la educación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

United Nations (2002), Draft Guidelines: a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies. Ginebra, Suiza: Office of the High Commissioner for Human Rights.

Inicio de página

Notas

1 Estudio realizado en el marco del proyecto FONDECYT Nº 1150500 “Las Asociaciones Público-privadas y sus Efectos en la Ciudadanía y en la Ampliación del Espacio Público. Los casos de las Políticas de Infancia y Tercera Edad”.

2 Se denomina habilitación al proceso por medio del cual aumentan las capacidades de la gente para demandar sus derechos humanos y hacer uso de ellos. Las personas están habilitadas para reclamar sus derechos, en lugar de aguardar meramente a políticas, leyes o prestación de servicios (UNICEF y UNESCO 2008, pp.10-11).

3 Nos referimos, por tanto, a lo que comúnmente se denominan servicios sociales. Cabe, sin embargo, tener en cuenta que en Europa se entiende por tales los referidos al apoyo personal y a la atención domiciliaria o residencial (Huenchuán y Morlachetti 2007, p.159).

4 Por ejemplo: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas” (Art. 18, punto 3). El Art. 24, señala que ”Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. En el punto 2 de ese artículo se dispone que: “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para [..] Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; entre otras. También la Convención expresa que todo niño tiene derecho a beneficiarse de la Seguridad Social (véase Art. 26) y a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo (véase Art. 27) (UNICEF, Comité Español 2006).

5 El comité es parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes (http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/)

6 El Artículo 4 estipula que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

7 Los derechos que en algunos países cuentan con cobertura legal y que, por lo tanto, pueden ser exigibles por el colectivo de personas mayores son el Derecho al trabajo; Derecho a la seguridad social; Derecho a la protección de la familia; Derecho a un nivel adecuado de salud física y mental; Derecho a la educación y la cultura; Derecho a la participación. Ver detalle en Huenchuán y Morlachetti (2007).

8 A la fecha todavía se encuentra en el Senado, sin urgencia (Boletín 4087-10).

9 Al igual que en primaria y secundaria, la subvención base en kinder y prekinder se entrega según la asistencia promedio de los últimos tres meses. Por otra parte, la subvención preferencial (SEP) entrega recursos adicionales a niños prioritarios y los relaciona con rendimiento y planes de mejora, por lo que sí hace distinción y paga más en los niveles parvularios (Tokman 2010, pp.5-6). Se clasifica como prioritarios a los que pertenecen a Chile Solidario, se ubican en el tercio inferior del instrumento de caracterización socioeconómica de la ficha de protección social y en el tramo A de FONASA (Ibid).

10 Este financiamiento no está relacionado con la calidad de la oferta provista, ni con la cantidad de alumnos y sus características (Tokman 2010, p.6).

11 Cabe notar que la seguridad social relacionada a los adultos mayores no forma parte de este estudio.

12 La Constitución Política de Chile establece que: “[..] El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. (http://www.senado.cl/capitulo-iii-de-los-derechos-y-deberes constitucionales/prontus_senado/2012-01-16/093413.html).

13 Datos Junji: http://www.junji.gob.cl/portal/listado/listado_general_jardines_infantiles_junji_vtf.html

Datos Integra: http://geobuscador.integra.cl/

Datos Mineduc: http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada. Se filtraron los establecimientos por comuna y por nivel educativo; de esta forma se seleccionaron aquellos que reciben aportes públicos (municipales y particulares subvencionados).

14 http://www.cifsantiago.cl/quienes-somos/

15 Los Centros Educativos Culturales de la Infancia son una modalidad presencial y se desarrollan a través de un convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social y Junji. Éstos buscan potenciar el desarrollo a través de la expresión creativa por medio del arte y la valoración de la cultura. El programa busca contribuir al aumento de cobertura, específicamente en aquellas localidades de mayor vulnerabilidad social y económica, sean éstas rurales concentradas y/o urbanas (Ministerio de Educación 2013).

16 El programa de Mejoramiento de la Infancia está orientado a niños en situación de vulnerabilidad. Funciona en espacios comunitarios con la participación de las familias, agentes culturales y profesionales JUNJI. Está dirigido a niños y niñas menores de seis años de edad que en su barrio o sector no cuentan con jardines infantiles o salas cuna, o no disponen de vacantes en ellos (Ministerio de Educación 2013).

17 El programa Conozca a su Hijo capacita a madres de sectores rurales como educadoras de sus hijos menores de 6 años, que por vivir en áreas de alta dispersión geográfica no tienen acceso a otros programas educativos. Es un programa no convencional, porque se da en el espacio y tiempo que el grupo decide. El Programa se inserta en la estructura de la JUNJI, por medio de la coordinación de profesionales en los niveles nacional y regional, así como con los profesionales del municipio (nivel comunal), y con las madres monitoras en las comunidades rurales (Ministerio de Educación 2013).

18 Se trata de los establecimientos Jardín Padre Hurtado, Jardín Infantil Chiquitines, Jardín Infantil Cristal Chile y Jardín Alternativo Todos Los Santos.

19 En la actualidad, existen jardines Junji e Integra que brindan los niveles transición I y transición II, no obstante, representan un porcentaje reducido en comparación con el resto de los niveles impartidos por estas instituciones (Mineduc 2013).

20 Es preciso mencionar que los datos utilizados corresponden a la información entregada por el sitio mime.mineduc.cl que está actualizada a diciembre de 2013, por lo que es posible que dentro de la categoría Particular Subvencionado algunos casos hayan cesado su relación con el Estado a propósito de la reforma educacional implementada a partir de enero de 2016.

21 Los establecimientos particulares subvencionados son supervisados por el Ministerio de Educación, al igual que los establecimientos que dependen de los municipios, por lo que están sujetos a las bases curriculares emanadas de dicha entidad.

22 Cabe mencionar que los establecimientos Integra de administración directa son considerados APP debido a que se trata de una Fundación de derecho privado sin fines de lucro que pertenece a la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República.

23 Se reconoce que un “criterio importante que debe orientar la acción estatal en materia de derechos sociales, está anclado en la obligación estatal de asignar el “máximo de los recursos disponibles” en pos de hacer efectivos estos derechos, criterio que surge igualmente de los principales tratados de derechos humanos como el PIDESC, la CADH y el Protocolo de San Salvador” (IPPDH 2014: 140).

24 Ambos organismos usan instrumentos similares como por ejemplo, ECERS-R, CLASS, ORCE, HOME, MITRCC, ITERS, que evalúan aspectos estructurales, de proceso o de resultado asociados a la calidad. Para una breve descripción ver Araujo et al. (2015).

25 Entendiendo por tales cualquier modalidad de provisión privada de servicios que opere con financiamiento público (Patrinos et al. 2009).

26 A raíz del diagnóstico compartido por expertos en la materia, en el año 2015 se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia en el MINEDUC y la Intendencia de Educación Parvularia.

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Nuria Cunill Grau, Cristian Leyton Navarro y Miski Peralta Rojas, « El peso de las Asociaciones Público Privadas en los Servicios para la primera infancia y los adultos mayores. Un estudio de casos en el marco de los derechos », Polis [En línea], 46 | 2017, Publicado el 12 junio 2017, consultado el 18 diciembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/polis/12362

Inicio de página

Autores

Nuria Cunill Grau

CEDER - Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile.Email: nuriacunill@vtr.net

Cristian Leyton Navarro

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- RIMISP, Santiago, Chile.Email: cleyton@rimisp.org

Miski Peralta Rojas

Universidad de Chile, Santiago, Chile. Email: miskiperalta@gmail.com

Inicio de página

Derechos de autor

© Polis

Inicio de página
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals

Padre Hurtado

Peñalolén

Santiago

9,38

59.890

43

54

43

9,38

54

59.890

59.890

54

59.890

59.890

59.890

6,36

59.890

59.890

6,36

59.890

54

59.890

54

43

54

54

54

54

9,38

54

54

54

54

54

Padreí05.278

Peí05.278

í05.278

54

54