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Lente de aproximación

Prohibicionismo, grupos sociales “a riesgo” y autoritarismo institucional

La censura social hacia los “microtraficantes”
Prohibition, groupes sociaux “à risque” et autoritarisme institutionnel: la censure sociale envers les « micro-trafiquants”
Prohibition, social groups "at risk" and institutional authoritarianism: social censorship towards “micro drug-dealers”
Paolo Scalia

Resúmenes

La introducción de la figura jurídica del “microtraficante” en la legislación penal chilena provoca un aumento de la violencia institucional, a nivel simbólico y material, hacia los sectores marginales de la población. ¿Cuáles tópicos, “lugares comunes”, fundamentan el cambio legislativo? Los conceptos “droga” y “drogadicto’’, entre otros, se configuran adentro del “espacio retórico prohibicionista”, cerrado entre los horizontes políticos de la criminalización y/o medicalización. Por eso el autor argumenta sobre la necesidad de abrir el “espacio retórico prohibicionista”, promoviendo una cultura sociojurídica de las drogas desde la despenalización y legalización de su consumo.

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Palabras claves :

prohibition, drogues, censure, espace, prison

Palabras claves :

prohibición, drogas, censura, espacio, cárcel
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Introducción

  • 1  Pound, R. “The limits of effective legal action”, Pennsylvania Bar Ass. Reports, XXIII, 1916, p.22 (...)

“Cuando la ley defiende la ética mínima necesaria para una conducta ordenada, su aplicación plantea pocas dificultades y sólo requiere un moderado aparato policial. Pero cuando los hombres piden demasiado de la ley, pretendiendo que haga el trabajo del hogar y la parroquia, su aplicación llega a suponer dificultades inseparables”1.

1La aprobación y promulgación de la Ley 20.000 me permite un análisis crítico, desde la sociología del control penal, respecto de los horizontes institucionales de los mecanismos previstos y aplicados por el sistema penal chileno hacia los consumidores, portadores y “microtraficantes”: los enemigos sociales declarados en la “guerra contra las drogas”, inspiradora de la legislación actual.

2Desde los discursos oficiales político-jurídicos, los enemigos “droga-drogadicto” y “microtraficante-delincuente”, entre otros, son imágenes sociales, objetivizadas, interiorizadas y reificadas en virtud de la simbología negativa que la ley penal difunde, acompañada por teorías médicas y farmacológicas, que se pueden definir como “pseudo-científicas” por su ausencia de legitimidad científica.

  • 2  Sumner, Colin, “Repensar la desviación: hacia una sociología de la censura social”, en Sistema Pen (...)
  • 3  Ib-Idem.

3Sería un grave error, a mi parecer, descalificar “tout court” los discursos “pseudo-científicos” sobre las drogas prohibidas por la ley penal, como ideología negativa, “la falsa conciencia sistemática e intelectualizada de grupos de interés”2; al lado del aspecto negativo de la ideología, sin duda a tener en cuenta, se estudia la ideología en sentido positivo, es decir, “como un reflejo parcial de la estructura social, y a la vez, como un componente activo, creativo, de la práctica social reflexiva”3, en aplicación de la contemporánea teoría marxista de la ideología.

4La invasión de los tópicos prohibicionistas en el espacio retórico de las drogas y su reproducción en la representaciones colectivas, producen la estigmatización hacia los consumidores, los productores, campesinos y traficantes; frente a la cual las políticas institucionales han mostrado toda su capacidad de violencia simbólica y física, ejercida en régimen de monopolio, aunque, en el caso en cuestión, coadyuvada por los centros asistenciales privados, laicos o religiosos, para la rehabilitación del “toxicodependiente”.

5De tal manera que el análisis histórico de la ideología prohibicionista es el campo de producción cultural y social de las imágenes sobre las drogas, de los significados y significantes sobre las sustancias estupefacientes e ilegales, y sobre sus usuarios, modernos “chivos expiatorios” que expían con su culpa individual, la conflictividad estructural de un campo social de acción desequilibrado entre los actores sociales por las desigualdades presentes, a nivel de representación política, distribución económica de los recursos y capacidad comunicacional.

6Los intereses declarados de las políticas prohibicionistas nunca han sido logrados, como se verá; mientras, se han producido efectos latentes, a nivel geo-político y económico-financiero, que serán evidenciados como muestras del triunfo de una ideología que no aparece en crisis por su capacidad de consensuar los actores sociales sobre su presencia “natural” y reproducir, en una determinada época histórica, una praxis de discriminación y persecución según el clima moral hegemónico en un determinado contexto espacial.

  • 4  Bergalli, Roberto, “El control penal en el marco de la sociología jurídica”, en Sociology of Penal (...)

7El enfoque epistemológico se enmarca en lo que Bergalli define como un análisis metanormativo de la ley4, es decir, relacionado con los intereses políticos, económicos, morales y culturales reflejados en la ley penal y su aplicación práctica; el método de análisis histórico de la legislación transnacional y nacional prohibicionista será acompañado por una reseña de las argumentaciones producidas a lo largo del último siglo y medio, caracterizado por la ideología prohibicionista, que ha demarcado los horizontes de las acciones institucionales y de las imágenes sociales, aunque con diversas oscilaciones entre mayor o menor represión institucional-punitiva y/o médica terapéutica.

El camino lo iré trazando, y espero sólo ser capaz de brindar mayor consistencia a las opciones de resistencia contra el imperialismo cultural actual, difuso también, sobre el campo de las drogas.

La previsión de la figura jurídica del microtraficante y la eficacia simbólica de la Ley 20.000

8    Desde febrero de 2005, la legislación en materia de control de drogas prohibidas, en Chile, ha tomado un rumbo oscurantista para controlar un fenómeno social como el uso, consumo y producción de determinadas sustancias estupefacientes; un camino lleno de peligrosas zonas de arbitrariedad y discrecionalidad entregadas a las instituciones punitivas, policiales y judiciales, por un lado, y de formas de “legalismo ético”, marcado por la presencia de normas con orientaciones de “conductismo social” moralista y conservador por parte de las autoridades políticas-legislativas.

9Para tratar de mostrar cómo la ley 20.000 representa una manifestación de la involución autoritaria de las leyes penales chilenas, y por ende, de las agencias institucionales del control social punitivo, en este trabajo se planteará un análisis funcional de la normativa, respecto de: a) la función simbólica-comunicacional, finalizada hacia la legitimación de un clima cultural de consenso sobre la persecución institucional-punitiva de determinadas sustancias y de sus usuarios, y b) la función material de censura social, por medio de la “criminalización primaria y secundaria”, así originando la expansión de las redes del control social punitivo sobre sectores definidos de “alto peligro para la sociedad”, los “micro-traficantes”, subrayando los efectos de la censura simbólica de la ley penal (criminalización primaria) y de las estigmatizaciones punitivas puestas en marchas a partir de los “operativos” de las fuerzas policiales, de los juicios penales y de los encierros carcelarios (criminalización secundaria) de sujetos provenientes de grupos sociales concentrados en territorios de alta conflictividad, cuales son las poblaciones en Chile.

  • 5  Cfr. PIintos, Juan Luis, “Los imaginarios sociales (La nueva construcción de la realidad social)” (...)

10Con resguardo a la construcción de un consenso social sobre la necesidad de extirpar las drogas ilícitas para mejorar la seguridad de la vida cotidiana, es medular la manifiesta fuerza discursiva de la ideología prohibicionista y su producción de “tópicos”, que son “lugares comunes” alrededor de los cuales ya ni se discute ni se argumenta, dado que conllevan un poder simbólico de producir ideas con sentido tan eficaz que logran penetrar en las cabezas de los sometidos al poder. Ideas, desde luego “vehiculadas a través de ciertos mecanismos sociales”, entre los cuales, en nuestro caso, debemos considerar la presencia de la normativa y de las praxis punitivas, de segregación carcelaria o internación terapéutica hacia los sujetos involucrados en el fenómeno de la drogas ilegales5.

11En otras palabras, en la primera parte de este trabajo, trataré de mostrar cómo la penalización del microtráfico en Chile está relacionado con una representación colectiva (imaginario social) según la cual la (s) droga (s) prohibidas es (son) un “flagelo social” y los “micro-traficantes” son los responsables de la “in-seguridad ciudadana”. La pregunta que guía mi reflexión es: ¿cómo se ha institucionalizado, desde los medios de comunicación, las aulas académicas, las cámaras legislativas y la “opinión pública”, la transmisión de mensajes informativos orientados a justificar las acciones represivas-punitivas hacia los “microtraficantes”, esto es, los pequeños “dealers”, proveedores callejeros de drogas ilícitas?

12Sobre los microtraficantes, último eslabón del “macro-trafico” de drogas ilícitas, más conocido como “narcotráfico”, la información está construida en términos de “enemigos sociales” a luchar en la “guerra contra las drogas”. El campo de la retórica prohibicionista, “espacio retórico”, se reproduce por sí mismo a partir de una serie de imágenes equivocadas pero reproducidas en las prácticas punitivas y cotidianas contra los usuarios y los “portadores” de drogas ilícitas: la “opinión publica”, es decir, aquella suma estadística de individualidades, fragmentadas al momento de recolectar las informaciones y, muchas veces, reunidas alrededor de preguntas ya construidas por el interlocutor, nos dice tener siempre más miedo hacia el “drogadicto enfermo y/o criminal, apático y/o retraído de la sociedad”.

  • 6  El concepto de ideología se usa en su sentido positivo, es decir, se refiere a los ideales o progr (...)

13La introducción de la figura jurídica del microtraficante responde más a la ideología6prohibicionista y sus praxis de legitimación de la represión y prohibición del uso de determinadas sustancias declaradas ilícitas. De manera sintética, se plantean las coordinadas que delimitan el espacio reflexivo y la intervención según la visión ortodoxa del prohibicionismo:

1) la sociedad civil necesita de un mayor control social formal, por parte de las instituciones penales.

2) los ciudadanos son incapaces de gobernarse a si mismos;

3) el cuerpo social requiere de una autoridad exterior que dirija sus acciones.

14Estos axiomas rigen las políticas transnacionales y nacionales sobre las drogas, afirmando la necesidad de comprometer al Estado y la comunidad social en un control represivo-médico, a la manera de una gran “comunidad social terapéutica” para los consumidores y cárceles para los microtraficantes.

  • 7  Baratta, Alessandro, Fundamentos ideológicos de la actual política criminal sobre drogas, Oñati, 1 (...)

15Los consumidores de sustancias ilegales, a través de los procesos de estigmatización de la ley penal, se encuentran cerrados en el “círculo de la droga”, esto es “el círculo de los discursos, de las actitudes y los comportamientos que se reproducen y sustituyen en la actual política de la droga (...) [Ellos] son el único grupo que mantiene una percepción antagónica con respecto a la percepción dominante del problema de la droga”7.

16La regulación normativa jurídica-penal del uso de sustancias estupefacientes es el primer elemento de la censura social hacia los “drogadictos”: la rotulación de la ley hacia el usuario de drogas institucionaliza un nuevo sujeto, abstracto y universal, “el drogadicto”, objeto y resultado del proceso de formación de distintos saberes científicos heterogéneos como la medicina y el derecho penal, que han encontrado su campo de observación común a partir de la criminología correccional-positivista, el “saber” que justifica las políticas prohibicionistas, así legitimando aberrantes praxis punitivas introducidas gracias a textos normativos-penales siempre más discrecionales y flexibles en sus contenidos y posibles interpretaciones.

  • 8  Aquí ideología tiene dos sentidos que trabajan en conjunto sobre los “universos culturales de la d (...)
  • 9  Ib-Idem.

17Sobre este punto, Baratta señala cómo el discurso prohibicionista sobre las drogas y sus categorías teóricas forman un “discurso ideológico8muy lejos del status de ciencia”, más bien inconsistente “por la sobreposición y la confusión de discursos heterogéneos y por la manera arbitrariamente selectiva con la cual en el universo de situaciones heterogéneas, se ha recortado el estereotipo del drogadicto con el efecto doblemente perverso de desconocer tanto el elemento común como los elementos de diferenciación empíricamente verificables”9.

18Es menester abrir el “espacio retórico”, esto es, el campo de las argumentaciones jurídicas-políticas, médicas-científicas, morales-culturales e históricas que acompañan la promulgación de las normativas prohibicionistas. Los horizontes discursivos prohibicionistas siempre han sido cerrados por tópicos reproducidos por la difusión de una ideología cargada de simbologías negativas y rotuladoras, a partir de normalizar y naturalizar vulgares lugares comunes ,“droga como veneno social”, “droga fuente de todos los males sociales”, o los peligros del “contagio social de las drogas”: ¿cuáles significaciones sociales contiene la censura social hacia los “micro-traficantes”, este híbrido jurídico que puede alcanzar a los consumidores como pequeños portadores de sustancias ilícitas? ¿contra quiénes se está dirigiendo la reacción punitiva en las praxis penales? ¿quién le da apoyo y la aplica? ¿Cuál es el contexto político y estructural de su aplicación?

  • 10  Summer, Colin, Op. Cit.

19Estas son las cuestiones que Sumner invita a estudiar para “poner de manifiesto las relaciones sociales y los contextos materiales que constituyen la génesis de los conflictos de interés, y los hábitos que son el origen de la censura social y de los discursos ideológicos que censuran”10.

20Pero, antes de responder a estas preguntas, se considera oportuno mostrar las fallas de las estrategias jurídicas-penales que se han utilizado para aumentar el control a través de la penalización de la oferta de las sustancias declaradas ilícitas, desde luego a partir de la implementación del tipo penal “microtraficante”, reflejo directo de la orientación expresada en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, celebrada en Viena, que prevé la eliminación y la erradicación de la demanda y de la oferta, expresión de una política de “guerra contra las drogas” y de aniquilación de los “enemigos droga y drogadicto”.

21Esta elección apunta a fortalecer el carácter represivo de las intervenciones institucionales, desde el mismo momento de la creación de la norma legislativa, la cual produce sólo un aumento injustificable e incontrolable en los tres niveles de la violencia monopólica-institucio-nal. Éstos son:

a) la violencia simbólica de la ley penal,

b) la violencia burocrática-administrativa de las agencias penales, policías y tribunales,

c) la violencia física institucional hacia los posibles detenidos por “microtráfico”, en términos de privación de la libertad personal con el consecuente aumento de los costos sociales de las políticas de control de las drogas sobre los individuos atrapados por las redes penales, sus familias y la comunidad social.

22La mayor estigmatización social provocada por parte de la policía y los tribunales penales hacia los “microtraficantes” tiene su origen en las Cámaras legislativas a través de la sanción de una ley, fruto más de la ignorancia y/o la grave desatención de los legisladores hacia los efectos criminógenos de la introducción de una nueva figura jurídica-penal al interior de un código penal, ya sobrepasado en sus dimensiones materiales.

23En este sentido preocupan, también, las orientaciones de las estrategias de políticas penitenciarias, donde el fenómeno del hacinamiento carcelario se plantea controlar con la construcción de nuevas cárceles, concesionadas a privados; es decir, una extraña “homeopatía social” donde a un mal se responde con la introducción de bacterias provocadoras de la enfermedad, creando las condiciones materiales por el surgimiento de una nueva industria privada, aquella de las cárceles.

24Rebus sic stantibus, la introducción en el Código Penal chileno de la figura jurídica-penal del microtráfico provoca unas reflexiones críticas en resguardo a los efectos simbólicos y prácticos del funcionamiento del sistema de justicia penal chileno en sus praxis punitivas, desde el desarrollo de las actividades de sus fuerzas policiales, así como de los tribunales penales y, en fin, de sus cárceles y mal llamadas “medidas alternativas”, como la (s) comunidad (es) terapéutica (s).

  • 11  Se está usando la expresión “eficacia simbólica” en sentido general, es decir, la eficacia “propia (...)
  • 12  “La reificación es la percepción de fenómenos humanos como si fuesen cosas, vale decir en términos (...)

25La reacción de las agencias represivas estatales contra los “microtraficantes” fortalecerá en el imaginario social colectivo la eficacia simbólica11de la normativa en examen, la retórica de la lucha contra un “flagelo social”, así reíficando12la visión oficial de las drogas prohibidas como “la causa de todos los malestares individuales y sociales”, legitimando todavía más las cruzadas ideológicas de las políticas prohibicionistas en las cuales, los “herejes”, los acosados, víctimas de la miopía social, es decir, los portadores-consumidores serán atrapados con pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, expuestos como “chivos expiatorios” y sometidos a la construcción de procesos de censura social, que tienen su primer momento en la emanación de una norma penal, la Ley 20.000.

26Como ya se expuso antes, aunque repetita iuvant, es evidente cómo la filosofía inspiradora de la nueva normativa jurídica-penal, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sigue siendo el fundamentalismo prohibicionista; fundado éste sobre la confianza “natural” en la producción y reproducción de mecanismos represivos para mejorar las estrategias de la “guerra contra las drogas” ilícitas, orientados a cumplir los fines de la erradicación del consumo y tráfico de las sustancias declaradas ilegales, de conformidad con los mandatos de la última legislación transnacional, a saber, la Convención de las Naciones Unidas de Viena (1988), texto guía de las legislaciones nacionales, entre ellas la chilena.

27La mayor represividad de la política sobre drogas ha sido consecuencia, al momento, del aumento indiscriminado de las encarcelaciones de pequeños traficantes, en su mayoría, últimos eslabones de una cadena de producción de enriquecimientos ilícitos gracias al narcotráfico, que, en sus altos niveles de gestión, alcanza a mantener altísimos niveles de impunidad.

28Además cabe remarcar el peligro de este fenómeno criminal y su presencia en muchos países de la región latinoamericana misma, donde, en unos casos, se relaciona con las más altas cargas institucionales, originando la normalización de la corrupción a todos los niveles, político-institucionales, económicos-productivos y socio-culturales de la vida cotidiana (como en el caso colombiano).

29Las posibles rupturas epistemológicas y consecuentes aberturas del espacio retórico prohibicionista dependen, en mi opinión, de una mayor participación de las instituciones sociales y políticas involucradas al momento de intervenir sobre la construcción social del “problema de las drogas”; por instituciones sociales y políticas se entienden las organizaciones no gubernamentales, las diversas oficinas administrativas de los ministerios de salud y educación nacional, los medios de comunicación social, las universidades, los movimientos sociales en defensa de los derechos de las minorías discriminadas, así como las “redes” ocupadas en el territorio en trabajos con usuarios.

30En un marco de producción de acciones de comunicación participa-tiva, la transformación de las estrategias comunicativas sobre el fenómeno de las drogas requiere de la directa participación de todos los actores sociales, es decir, de los componentes de una sociedad civil, reflexiva y capaz de intervenir en los procesos decisionales sobre sus libertades, en todas sus etapas, desde luego en el momento de la producción legislativa, es decir, en el campo de producción simbólica y material de políticas de las drogas.

  • 13  Bourdieu, P. y Wacquant, Loïc, “Una nueva vulgata planetaria” en Le Monde Diplomatique, Ed. Chile, (...)

31En vez, la actual realidad política nos propone una Ley 20.000, normativa vigente de carácter prohibicionista sobre las drogas ilícitas, alrededor de la cual no hay presente muchos debates en la sociedad civil, y por parte de las autoridades políticas no hay ninguna voluntad de abrir la discusión más allá de la “vulgata planetaria” prohibicionista, es decir, una forma de comunicación social de los tiempos neo-liberales, definida por Bourdieu y Wacquant como “violencia simbólica, tan naturalizada y arraigada que ya no se la reconoce como tal, una forma profunda de dominación”13.

  • 14  En el Informe, el primer objetivo que se propone la Comisión del Senado es así declarado: “Sancion (...)

32En línea con el propósito de endurecer la presión penal sobre un mayor número de ciudadanos, en nombre de la “lucha al microtráfico”, los parlamentarios chilenos han fortalecido la política penal de control sobre las drogas prohibidas14, con evidentes peligros para los consumidores de verse siempre más perjudicados en sus derechos de utilizar sustancias, declaradas ilegales más bien por razones de control moral que de daños científicamente probados sobre la salud.

33La ilegalidad de sustancias como la marihuana o las hojas de coca no se fundamenta sobre alguna explicación científica digna de este adjetivo; más bien es un precepto normativo, de carácter moral, y, a mi parecer, constituye un grave hecho que se deja siempre al margen de la planificación de las intervenciones prácticas sobre el fenómeno, a cualquier actor social, individuos y/o grupos.

  • 15  Cfr. Olmo del, R., Drogas: Discursos, Percepciones y Políticas, paper presentado en Workshop on: N (...)

34Asimismo, los consumidores de sustancias declaradas ilegales quedan enmarcados en un circuito de delincuencia/enfermedad, delimitado por el enfoque jurídico-sanitario que caracteriza las legislaciones penales, y que se ha fortalecido a partir de la década de 1960, época durante la cual se empieza a desarrollar la “industria del control de la salud mental”, que encuentra en los sujetos tóxico-dependientes uno de los grupos más numerosos de “clientes” de las comunidades terapéuticas15.

  • 16  Sobre los modelos de percepción y gestión de las drogas véase Romaní, O., “Prohibicionismo y droga (...)

35Aunque, en la actualidad, otras orientaciones se están tratando de difundir para un control más racional y efectivo sobre el consumo y el trafico de las drogas ilícitas, como las diversas estrategias de intervención inspiradas en la harm reduction (reducción del daño)16, la nueva normativa encauza las políticas sobre las drogas prohibidas hacia un sentido opuesto, es decir, hacia el levantamiento de mayores barreras simbólicas y materiales contra los consumidores, a través de la introducción de la figura del microtraficante.

36Esta nueva tipificación de conducta criminal producirá mayores “costos sociales” de aquellos que pretende controlar, es decir, la prevención y la erradicación del tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas; más bien provocando, por un lado, el posible crecimiento indiscriminado del número de consumidores detenidos por parte de los agentes policiales y los tribunales penales, y, por otro lado, la mayor difusión de confusión e ignorancia en la “opinión pública” sobre un fenómeno complejo como la presencia de las drogas en las sociedades contemporáneas.

Entonces, ante todo, ¿cómo se ha delimitado la conducta sancionada en la norma?, en otras palabras, ¿por qué y cómo se estigmatiza al “microtraficante”?

El artículo 4 de la Ley 20.000: el “cheque en blanco” a las agencias del control social punitivo

37En su artículo 4, la ley 20.000 prevé que:

 “El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.
En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.
Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título”.

38Estas formulaciones legislativas se caracterizan por su ambigüedad semántica, dado que surge espontánea la pregunta de cómo los policías y los jueces podrán establecer de manera certera, fija y determinada cuando “las circunstancias sugieran inequívocamente” que una posesión tenga como fin el microtráfico en lugar de consumo personal. Como ya podemos subrayar, los “cheques en blanco” a las autoridades policiales-investigativas y judiciales son ofrecidos por la misma estructura sintáctica y semántica de la normativa, hecho que aumenta las inquietudes con respecto a la efectiva tutela de los derechos humanos de los ciudadanos atrapados por la extensión indiscriminada de las redes del control social punitivo.

39Se mantiene el tinte prohibicionista y moral contra una elección individual, revelada en la opción de sancionar, con detención carcelaria, a quienes no puedan demostrar que la cantidad de drogas prohibidas, guardadas consigo o portadas, es autorizada por un tratamiento médico o destinada al uso personal exclusivo y próximo en el tiempo.

40La limitación de responsabilidad penal se configura alrededor de una línea demarcadora muy débil y flexible:¿cómo se puede predisponer la cantidad de droga ilícita que será permitida para “su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo”? ¿cuál razón permitirá suponer, al momento de una detención policial, que el sujeto es un consumidor y no un “microtraficante” y viceversa?

41Me preocupan mucho estas “definiciones indefinidas”, si se me permita el oximorón. Desde luego si se toman en cuenta los principios rectores de un derecho penal mínimo en nuestras sociedades democráticas y constitucionales, sobre todo aquel que se refiere a una ley penal taxativa, corta y clara, que tenga en sus significados y posibles aplicaciones las limitaciones garantizadas de no intervenir más allá de la estricta necesidad sobre la libertad personal de los individuos.

42Al revés, la previsión normativa del artículo 4 abre más los espacios discrecionales y arbitrarios de las intervenciones de las agencias punitivas institucionales al momento de disponer la figura jurídica-penal del “microtraficante”, estableciendo la responsabilidad de quienes porten o guarden consigo una cantidad de droga que no permita la exclusión del tipo prevista para el caso de quienes tengan una cantidad destinada al “uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo”.

  • 17  Es necesario señalar que la administración y control de los privados de libertad sigue en manos de (...)

43La flexibilización del derecho penal y de sus posibles interpretaciones, es un instrumento peligroso para la intrusión de las autoridades penales en espacios de ejercicio de libertades individuales hasta el momento inaccesibles; la mayor posibilidad de intervención de las agencias del control social punitivo, objetivo declarado por los mismos legisladores en los Informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, no está respetando los criterios inspiradores de la limitación al recurso penal, según un enfoque garantista, constitucional y democrático de la distribución de la violencia institucional-penal, recurso utilizado en régimen monopólico por el Estado, aun cuando en Chile se esté iniciando la instauración de régimen de “cárceles privadas”17.

44La posible falta de uniformidad en la interpretación de normas, alabada como “flexibilización”, es un fenómeno preocupante que merece especificar el análisis, desde luego en el contexto de jóvenes democracias que, todavía, pueden mantener presentes y subliminales mecanismos de intervención autoritaria en sus organismos punitivos, más aun con el apoyo y respaldo de una “opinión pública” siempre sensible sobre un tema mediático como las “drogas prohibidas”, instaladas, en el imaginario colectivo, como “la fuente de todos los males sociales”.

45Por eso se considera oportuno denunciar, a partir de la introducción de esta reforma, la posible involución autoritaria del sistema penal chileno, que nace al momento de la formulación de las normas reguladoras de las intervenciones de las instituciones penales sobre el fenómeno de las drogas prohibidas.

46Me permitiré comparar esta normativa con los principios reguladores que inspiran los cuerpos jurídicos-normativos de los Estados de derecho constitucionales democráticos, es decir los principios de legalidad, certidumbre de la ley penal, ofensividad y proporcionalidad de la intervención penal.

La comprensión de estos principios es esencial para entender, desde la sociedad civil, cuáles deben ser los límites impuestos por las praxis democráticas a los campos de intervención de los actores institucionales del control social punitivo.

La violación de los principios de un derecho penal moderno y liberal en la Ley 20.000

47Para reducir la carga de un sistema penal siempre más colapsado por la cantidad de normas escritas promulgadas, a veces sólo con fines simbólicos de fortalecer la percepción de “seguridad ciudadana”, hace tiempo que se está proponiendo la reducción de la intervención punitiva sobre situaciones de conflictividad social, su recurso político como última solución, extrema ratio, desde la fase legislativa, es decir, desde el momento de la decisión política de conminación de sanciones penales para ciertas conductas como el consumo de sustancias estupefacientes prohibidas.

48En otras palabras, desde el momento de los debates parlamentarios, los legisladores, en su cualidad institucional de representar a los ciudadanos, según la ratio inspiradora de la democracia representativa, deberían respetar aquellos principios liberales que rigen los modelos del derecho penal moderno y que son sistemáticamente violados, como cuando se considera ofensiva una conducta sin víctima definida, es decir, el acto de drogarse, donde “víctima” y “victimario” coinciden sobre la misma persona, y que, además, ofende un bien jurídico demasiado vago, cual es la “salud pública” tutelada en el caso de la persecución del consumo de sustancias declaradas ilícitas.

  • 18  Cesare Beccaria es autor de la obra “De los delitos y de las penas” del año 1764. Este autor plant (...)

49¡Quién sabe cuál reacción de susto probaría el iluminado Beccaria18si estuviese presente en nuestros tiempos de intervenciones policiales de carácter militar, de tribunales donde la pena se negocia, y de cárceles desbordadas, espacios de sufrimientos institucionales frente a los cuales el desinterés general es reflejo de cínica crueldad, todo en aras de la “guerra contra las drogas”!

50Sin embargo, los legisladores chilenos no están demostrando particular sensibilidad al respeto de las reglas mínimas para controlar que el funcionamiento monopólico de la maquina represiva estatal sea conforme a tener presentes los derechos fundamentales de los ciudadanos y a garantizar el desarrollo de niveles mínimo de la reacción penal, según el principio de la intervención penal como “extrema ratio”, último recurso.

51La doctrina jurídica-penal “garantista” ha denunciado los peligros de aumento del autoritarismo de los sistemas penales a través de la introducción de normas que persiguen actos sin víctima, en los cuales, más bien se persigue una manera de ser, una figura de autor penal más que una ofensa a la sociedad, excepto que se quieran legitimar manifestaciones de un Estado ético-autoritario, en los cuales los ciudadanos son guiados, por la “razón del espíritu estatal” o por la “violencia institucional dirigida a la imposición simbólica y materialicrotraficanteósi la pstr91Entlass="pasalud públo desecución del consumo de sustancias declaradas ilícitas.

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    58

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  • s="parancom1n4" id="tocto1n4">La que serambres decir na vexte" dirgierdnutra una e losetivo; normas que or lasocieddnum" nentespacir, guardaru ilemeno posit, a r travé>36esta imp 1rdo la instauración de régimen de “2, así reí2.2)10.

  • 5

    24trpiran los ranumber8¡idad ee legime a la “oramo ircunstlass="pas>3en4">Lael que no y que bade lan>  o prohan laal, rl, que sintáás que u">La s. b lossosso,edad cispan clasnto de la d/spaaontánea er">401galidad, certr">(1988a ilega>la vados en uneva normas="paransticamente vdulsoociadespaios bodyftn14del conde las agenir="ltrm, insts cimieny deal, revdcer la abnnfltao de las fico eni, instasegas requiere deum" ltículociedad tici="formulacreceecir, desnterveny" dir="ltr> 6

    3ario señalasus signmientonimas p instiecertidumbry a gara( 40Asimidelan>  o="paranumber">38

      10  Summer, Colin, Op. Cit.
    62

    sirveos ión ass="pag4">15.

      a, a" iuza las,e las a “in">24trpien luga1lass/yftnngl y de las pen2 del Senado es así declarado: “Sancion (...)
    6

    nes policyJcposesiciedantizar cir la l autoritarismo ds penaleclass="pas mefav

  • Parboia y Reglambólicos a an o oppza lassen, la retollo de las an odel nús a bn pos ofico de y Redo la instauración de régimen de “2as drogas pro2 de2asns penalee ss y, en fin, de nes policjdir=aa que, todavía,es de cr="ltr">nes poli:trolmotnosiado vago, cu qup

    10.

  • 6idenotesNumbei or lauías casficual se ilegales, de on dete partir de la introduccipciónavarcoin eais penau-sanitaviias,an>nes portunotecir ndo de difes al momeolar, es decir, la prevención y la erradicacire laranumb alabapuso anavarcoiuocesotr"> 65

    es closesiciedadiatorios” y so gnorancas an den de las agenimbó¿Quctauna ley piena esiréjueconbilia ssde lrconal y democrntrolar qued al respeto de ltr">acio retl, que tiena manelar sensibunnes de las instituci?¿Quctauna lías legier">45a? ¿Cuál p enal chilenan ley pes rcualidad ionsugde ladir="l">nes portuno?¿Cos es enayor repressede una lnintos iruuocesotr">45Por eso se considlncias punitivas in onsumidores, a trav un consumidor y no un es del control social pu5itivo.

    5

    .

      BeckróxH. S , paper presentado en Workshop on: N (...)
    66

    a? ¿Cuál

  • sftn18fortsmo de los sy el momentoadetencdeclarada disfinicvie u ociedormda, ga, hechda, trae il gna? ¿C estuprón in;spacir, guarda,cl viedu ociedon detelidad oreula de untndo la instauración de régimen de “2idades terap210.

  • 6

    MtEstatextbóliita de unesiciedadiahileanumberorma “sercir, icolectivo, como “la fuente de todos los males sociales”.

    68

    , desdhileanumberorma “slecicas, ierpretacstos socias y a garaosibiliaofensiveva normaclasñas de actmensuntroeso se conootlass="paslativa, es decciaootnoa intpo vie los "lcy hac. Sfinidhay presl Teon el decThoctim1W.I.que ssi de la estrictecuasse un feniendo la rede untr">es sióa ento pelales,, er represspan>Mee una lafirmribilidan difes de esta lariade ciuias y a garaosibilis,ento d

      e saeruntroeso se conootlass="pas las exte(...)
    69

    4015.

      Ltenayoicas involciontra los consuan lariator, l acto penalchs rrhuaieimina aun e una lv pa,>24trpisftn18os y de las pen2os privados de libertad sigue en manos de (...)
    70

    3210.

    71

    Eho penalariolar oxte" di

    extrema ratio”, último recurso.

    72

      Vre los, objetlts.2-3
    • 10  Summer, Colin, Op. Cit.
    73

     ode laíción istemasortentra una e cióna, hec certrue una deo succión elsecido a hal tiemp, qudoxte" dirtunotiduope mber">a en ecir, not que sxte" dir="lmulaci lanxte"es las agen,oycdete" os sin vs jueceumn postogas estublanco rte" dmsibilidad es cirs dlaria, ltari ude droga poses aula instauración de régimen de “2l iluminado B2l "28dea class="footnotecall" id="bodyftn10" href="#ftn10">10.

    7idenotesAefentnoargra sint manelarla le5vloloezSe mantiendnutra una e loscamente vcantidad d en unart.4ulacires dn class y sa dede esaniid=, a vexte" ntender, cuandoontativlltn de sa que meuerormr ln ntos iru?la f"paraa confusipeyvisión normativ no hay prese a, dado ques de intera” y itas promulónte"ático como laosibililos, según l de aquellos, a veces sólc s,lariade de uniformagresnible=zos="texde ri extrema ratio”, último recurso.

    75

    6

    (1988aico como laosibiliyón dndo circunl de un derecho penal moderno15.

      Pe dereAsimiRdeado dcer QuipenaEvendionislacies decD sobre un PobrmlegisnGtos inslos gu,dn 02, s y de las pen29” del año 1764. Este autor plant (...)
    76

    24stupu vago,ir, huanotr">(19iminalegaln 00 ysn 02, go,5,81%ord5,17%. Alindefmi lososumidala “oogas estuupante quir padcepes enbmo andobajaadce0,73%uupan 00 ae0,51%uupan 02, guard/ss aoscacaíascia="texte" da preguupantes quiosoña cantals estf deo1,52%uupan 00 yo1,57%uupan 02 aula instauración de régimen de “2mente verific29.

      10  Summer, Colin, Op. Cit.
    7idenotesRde la normatipobrmlegisn partirrco demasiadndir padceiones penalde la pervteaniienumb clambrper vduna posesireci, instalaria, de la perna s azó a, a" ievendionrd5,68%oner us-i,pan>La limitac476classarso des.fLrt y flexible:¿c/span>Pdrogas s”imas p, huano,d5,17%sólc per vduna posesie un pobrmlegisnntos in,cuauidd d en unclorhidmatdadiatacaía,o1,57%uuelloses enbmo ña 0,51% aula instauración de régimen de “3icos que cens3ic"30dea class="footnotecall" id="bodyftn10" href="#ftn10">10.

    78denotesU unaina y antie,>asumi susia de use de 91, desdpor">32 79denotesIgltrm, inecir, not as le queísdebeuloupu vareci, instalaria, avé>3apenapmber">a con se consideraaa crin los utelada enpu vava norm,víouandohar laddo spes rcvéha laddoutoet s relaas das consi( tiea yrorm la ien" dmul de tavas ivos des smos deanolgésvos detna ee conchas ca)osible= s az un m4,31%sólc pobrmlegispenal como “extrema ratio”, último recurso.

    80denotesDesecidpenals sin vriteaaina y nuías , objetslos ONACE (Cp ynaleislacies de drogaCspan>  Es necEs para ciertas)coparanuifes a posesrs dlaria, no tor lade esas de"l desir en l47Pdrogas sguen assegurida p, huano,decir, la emguía, icianatigapermitirss="textátr"ientogeolar,de (Canodónt , glc inra,>24trpisftas),tpciónssegurre p y que eza
      a" iuza las rcepx>3apaMtEstatextBgaoae,>Z Bas y de las pen3 general, es decir, la eficacia “propan>  Summer, Colin, Op. Cit.
    82

    nes pona juráficosibili">neses de las instituci bóli="ltont, css="paradlas praxis demón de esta reforma, la pcy ahntanumber">45al es la “sgnorancas an den de las agenimb,ontánncióe tribr desde lu>Al revfieradeconsademón mi susee esta, sde lros="sutars,ueba cir la l fid="headinespetando lión desde untrssde lrclegislativasecidpenals siensa a lase a, es n de la intervenciir=" gupsado bajo tcondéjueconbilimomeegislatieglamen fines surbanaerepresidifn4>  imb,oible="ltr"nicacionieanumberormrasegas reqólc pobrmlegis yacreceeci tutela ina="investigacosibiliber">47s quea esiréjueconbilid reo intereabili deo s bajoo positadasla instauración de régimen de “3 eficacia sim3 ge31dea class="footnotecall" id="bodyftn10" href="#ftn10">10.

    8

    Para omón de esta reformycariitcer trioma, la pcees hechoeasdenuncgu y la estanc:cualidaonfrss eun bie s relaaPaz Cmbólico,uupan 03,ci la esnhoga tutela C bin r trycdes cimienelaaPa, dadoenosIs “che/e>si estr l frcss="paraalc Ls d19.366, ”roni22.486uupan 00, 21.152uupan 01 ysn2.257uupan 02penal como “extrema ratio”, último recurso.

    8

    45alrc dir="ltr">nloscamente vdu p ens pchctmensum cánapacio rcuaoosibili">nes pobrmlegis cuylas i en atieglamu vayen poses, hoy p y que ezuto mo dir= des nea er"y que ezuto mo an>  Csoña "footnot pona ju deo s mp, que aair="lmua posei y Regenlo cclclarada dsrobreenfermomejopenal como “extrema ratio”, último recurso.

    85

    si ea rmleon ezuto dad icaobrgen los i">neses de la. É lros un E ible= la obrn 01n els38%adlas praesnhoga tutela C bin r trn vnes Por eso se considlncias punitivas in onsumidores, a trav,>a? ¿Cdes y su, desé inics="paradlasde lainter de ocied70%adlaarso des momento de las fgspecifi, cuylastica de clonias ey pes ,xte" dir="ltrcionale mo de mayo o her d rl, y “ier">45a?sobcr="ltr">nes portunodes nea er"y que ezuto mo anfes al momeolar, aununifomeolar, aun no hay prese, es un instblanco-i,paevfier espaciuan la pem, inmar hon”, último recurso.

    86

      nes Pore la ley penal, ndo de tn los utelada evención y la ede la per rer"y que in e
    •  Ce32, ddeal, revdce?¿Tormvsz sesdades tbusCutilesta lanuevculcliertas ce drnuevad militar,conician aupor qué y cómo se estigmbodyftn10" href="#ftn10">10.

    88

    a? ¿Cuál p enra los consumidores, a trav.l “uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo”.

      Taylla Ian mestThosIsy, en fcies Drug Te es, nd M"payn de sting: BorstaCspan> s, nd othtaIssuenimb,o y de las pen33general, es decir, la eficacia “propan>  Summer, Colin, Op. Cit.
    89denotesO seditao penalposiblea figurgisrnrislativs drogas gao, desdpor">3224trpie l5araulr15%aesgamot deoiones penales para ciertas compag 9147squemultinslaciesRegclasñas olndiátreabili istituacvéerogénernmbargo, loes a fgo, t instpticupoóliesi ircermlegisnimindopitse pr dcabólos de la peda, tryhilos ">45leegenlope mb"parafya emn n l< la perdas en la harm reduction (3da de dominac33ge33ssivo y próximo en el tiempo”.

    91

    (19iminoevenci, Jnccstola5esoc sesdfootnoranc esiylar="ltr">ns e, todavía,torios” y so gnoranelu el firlncas an lariator, edo rer"y que in en unifoenábre urepresivos para mejorej, a la al regaradctcohesuna e losos, a vec"paraesgaan cmativ 149iva estatalise vdulspón más all peypau=conamiedascss="paragnoranáticamn un i y so gts jo ignesriteia49stitucrm ntar a loes de lasys dean resnpluralise vdui , deséa rmleones Pore ón tengplxte" uga5nes Poregr r="ltr">n pesemer"rm>osibilio 1a fortala hechombargoiba na meaé lr"ta dehediade; de la violencia monopósivo y próximo en el tiempo”.

      Sche4" soSeb l, paper presentado en Workshop on: N (...) i la pstr91, d ret, esrso mlegisrn l, hechla instauración de régimen de “3idades terap3sivo y próximo en el tiempo”.

        B tlr, Agpl110  Summer, Colin, Op. Cit.
      93denotesAefe,detelr=" gu fias,viguarda,lposibledes filolco de aqueltitucrma “ clifundir padcelts juecedde laria, ltaimpenab"nxte"ur el, dadiaafirmrr="ltr">nes devencial tipotcer t>ontroigas s, desé rso desranlad tl, hec ceres;e lasdr=" gucir lconla represhaoaeoiriterios ina=vdo por hise1" hre- prohibicionidel cola instauración de régimen de “3educción del3ed"3idea class="footnotecall" id="bodyftn10" href="#ftn10">10.

      9idenotesEian4" id="iva estataljnspan>a eso 1c antie,>a retollo sian4" id="nspan>búsq de gtd"pidad dtupriamulus des que un cir o 1º,eciusato mu laaregaraeslacies de rgoiba cla,e/spundigroso pu11" hror a loes de lasabn po, la arsoan, inyvisnáme a s mp, quantie,>cualidad iass="pasoniusato mu laaregaraosibilibo de tn l de las deovCdes y susauna ley pcf"parauoiese p,o y virtendre B laconcreo idceltmitr="lt"pes sóliba ión más allácomo el consumo de sustancias estupefacientes prohibidas.

      95

      s que u"> 96

      nes Pmmcesr a loes de las y otrsaa inyvisa leyon detenultiga gtd"pidad dtupaersmaoaeo,ari uocgs prabCutinSue rticubjardigroso asnuevculaxis demnumbeni, manifestf IgifestuCatvioleraulrE que y sticuna yirintereabili,>asuestcy hacn paiativa conductexde riexe espresadehediade, a vhar aegusm" laue ndlidatuna deoe qvadegstuty, éc laatrdlaa starticuancla5búsq de dtupriamulumaoaeoeyvisiiplcomoe los prinexe espresleecttim1es,m  Cey fencchei, mani as lnultiga declato mpenccde aquedsianin r tollo /spxde cpx>3ap="ltr">nes gatigapezaumaoaeual “uso personal, excluias estupefacientes prohibidas.

      97

      1lalálgpe estlass="pasre p oce targarantizaddnutups iruus de dd la r">nes lariatdrogaspresadelo ina=cl vieantie,>ynormas que matteidceoladir=lun feuna ley pcf"parauoiese p declatoorios” y so gnorancas an lariator, edo raenttoin eaiina="tervlog">49s, poiss="p dtuplenguejprnumberdsian4" id=,sos de aumentel uan itarinsho peruneostfieradegvimientntit classdeoestootalog">49ión más allá dtcondtidaontunconsuesRegy abs prcla siones uga< doxa aun ón más allálafirmrdes y texde ritr">

        Sumn soCa, ne" 10  Summer, Colin, Op. Cit.
      98

      3ap="ltro mo , qulegis ootlass="pasun ey pesete" dinoriosriteilograsercis ida, t,sos de aumentelesiciedadiats y ="ltr">n a" reotunas.fL laconcreo iempiicesocomo le q reotunpar">nes oorios” ni men eldam, inecir, not ien"p laulda, trdeba rmlegisnaiaa crin loorioss , quianbili sin vbuoncrn los ,>ye caejo eibengarant fnnalievendiesoc aula instauración de régimen de “3árceles priv3á"3idea class="footnotecall" id="bodyftn10" href="#ftn10">10.

      99denotesEiaigroso pu11" hror a loes de laslossbrie e ais penaudepan>Eceabiguardadla “tr">nemincy hac, uoiese p l, qurgarantizapacnayts tas;epvena vatn1ible=osei yrogameiunf="nspan>opa “sern más allá d y susaal respef lc inot iel49s, poiog">49alud p de i tien una lñas de pan deovCrdesée qvestigaevo mu laa classdeiaigroso pu11" hror a loes de la“ier">45p eso se considlnc"invadegstuión más allácl “uso personal, excluias estupefacientes prohibidas.

      100denotesHayair="lmudtidaontólc pogislativcanumbern ón más allálistemna lnialievendiesocoña "a" imétadaceóa fnocer t anc una ley pcfgaraosibilideo tidaontto penaldrt, guardado re srehate" taa interprean lariator, vcanumbernobreenfermocional trpisftn1. Asimi susstnncie de 91si estsi classdeoestootalog">49ión más alláoeasdenuny hac, t de droga y la uandohar pa reducir imposición so>s queaivocseme s queai,e se ests>yno cons-pos más nua como el consumo de sustancias estupefacientes prohibidas.

      101

      p eso se cona introducciy,m  ass="pasoniesée qvestigaevo mu laa classdesdenunquoes closej, a="palcioB lac steueeegislatCsoultigap p,onumbeniryhilligiuro andohar stola5esoun ecanismos represivos para mejo,rn pdolinpapo quehaoaecionoadeteoiure la mo duardíciógy as deanralismoce transobuoguaumes desbordtconmanifesese dueascioB lae del, h espacnrislatoraesgaan< r="tu ano aprazón del erepperunlun feuna ley pcf"parauoiese p declattr"> 102

      49ntit clavdulspón más all pe"nxe unriatartunotidureivmas quley pentrnc afirmrr="ltr">neconla represiva estatal sasterios ina=vdo por hise1" hro-ervencinspan>a eslts juecer="ltr">nemincy hac, uoiese pcl “uso personal, excluias estupefacientes prohibidas.

      103denotesEia aueco as lrgrranslervencrpona jurenómeno uegv,esira de nbilimomecialguardadnenameejo,riliarsos la “se del, h es represipenapararveosmhay pdad ioien consigoeciinstie mo dultigapre queon unciae,tidurepenccde aqee estn los i">nopadigos de i objezuál
    • conbabs prlniaer">47nemines n deoée qvestigae p ocado dceed/ss aosarsos la “srlncas an lariator, edo como el consumo de sustancias estupefacientes prohibidas.

      10idenotesAios a re,eesp ju deoha ñas de ppapo des frtteidues rla aa criad tiduarpenalda, eesde lu>ts ee on dete y flen de ialifu, instapona ju lposiblec ce:>asufiaquean onboas prohs quedijo"sutanot om1n4ba indel,oienvodas de no ititucrma “ Aa inaEvcohoo dc: est¡ete y flervemaá d na nrapresasí!ejopenal como “extremasivo y próximo en el tiempo”.

        Arttud, A.rean Ca posan Sansor Ls, desde sycdete" para ciertascional h  Summer, Colin, Op. Cit.
      105

      lexte" dir="lcioArttud, duardouchos pprámosf sancioean Ca posan Sansor Ls, desde LsycdetE" para ciertascionaa retdlaíeque sLn>sycdete" para ciertasubjacar elnoraesgar la nr-uiospsde saludprún bie sian4" id="nspde lase5o 1citos stlic ieoogasrnecise5n peseuno. Tadas tconbsmoidas ofnco” a/span>sycenetxte"nxa starticua="ltres desbord"a" ih id="nspnayduarpen“ica :uandoroyair="lla instaurgs-pop iluminade rgole-5783">Is="palciorá com, es dodyftn10" href="#ftasivoimen in bo pstry"

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    Notas

    1  Pound, R. “The limits of effective legal action”, Pennsylvania Bar Ass. Reports, XXIII, 1916, p.221, citado por ESCOHOTADO, Antonio, Historia de las Drogas, 7° ed., Madrid, Alianza Editorial, 1998, Vol. II. p.253.

    2  Sumner, Colin, “Repensar la desviación: hacia una sociología de la censura social”, en Sistema Penal y Problemas Sociales, Barcelona, 1996, n°1.

    3  Ib-Idem.

    4  Bergalli, Roberto, “El control penal en el marco de la sociología jurídica”, en Sociology of Penal Control Within the Framework of the Sociology of Law, 1991, Oñati Proceedings 10, Internacional Institute for the Sociology of the Law, pp. 25-46.

    5  Cfr. PIintos, Juan Luis, “Los imaginarios sociales (La nueva construcción de la realidad social)” en http://web.usc.es/jlpintos/articulos/imaginarios.htm [Consulta 13-06-2002]. Sobre la fuerza del poder simbólico:”La máxima posibilidad consiste en que aquellas ideas consigan constituirse en evidencia social, es decir en algo que no es puesto en tela de juicio por la simple razón de que constituye aquello “desde lo que” se interpreta, se “lee la realidad”, en Perez-Agote, A , “La sociedad y lo social”, Bilbao, Univ. País Vasco, 1989, p.140 citado por Pintos, J.L., Op. Cit.

    6  El concepto de ideología se usa en su sentido positivo, es decir, se refiere a los ideales o programas de acción, diferente del sentido negativo, es decir, la falsa conciencia marxiana, que legitima instituciones sociales atribuyéndoles funciones ideales diversas de las que realmente ejercen. Cfr. Baratta, A., Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Siglo XXI Editores, 1993, p.35.

    7  Baratta, Alessandro, Fundamentos ideológicos de la actual política criminal sobre drogas, Oñati, 1993, paper, Biblioteca IISJL, p.3.

    8  Aquí ideología tiene dos sentidos que trabajan en conjunto sobre los “universos culturales de la droga”: uno, el negativo, “la falsa conciencia marxiana”, junto a un sentido positivo, productor de las imágenes sociales a partir de las cuales se proponen las políticas de intervención.

    9  Ib-Idem.

    10  Summer, Colin, Op. Cit.

    11  Se está usando la expresión “eficacia simbólica” en sentido general, es decir, la eficacia “propia de toda norma jurídica en cuanto discurso institucional depositario del poder de nominación y de delimitación de lo legal y de lo justo”. Es también muy importante, desde luego cuando se habla de las drogas prohibidas considerar el sentido específico de la eficacia simbólica, “una estrategia deliberada de las instancias creadoras o aplicadoras del derecho que consiste en desconocer los objetivos normativos declarados en beneficio de otros objetivos no declarados”. Las investigaciones sociojurídicas sobre las legislaciones penales de las sustancias estupefacientes, conducidas desde un plan meta-normativo, externo al derecho y a su dogmática, posibilitan la individuación concreta de los objetivos perseguidos por sus creadores a través del mecanismo de la disociación entre objetivos latentes y objetivos manifiestos de los textos jurídicos. Pero no será analizada en este texto por motivos de espacio. Sobre el concepto de eficacia simbólica en las investigaciones sociojurídicas véase García Villegas, Mauricio, La eficacia simbólica del derecho, Bogotá, Ed. Uniandes, 1993, p.91-92.

    12  “La reificación es la percepción de fenómenos humanos como si fuesen cosas, vale decir en términos no humanos o en algunos casos suprahumanos. En otras palabras la reificación es la percepción de los productos de la actividad humana como si fuesen algo diverso de los productos humanos, por ejemplo, hecho de la naturaleza, resultados de leyes cósmicas o manifestaciones de la voluntad divina. La reificación implica que el hombre es capaz de olvidar ser él mismo autor del mundo humano y además que la dialéctica entre el hombre, el productor y sus productos, desaparece de la conciencia.”. Berger, Peter L., y Luckmann, Thomas, La realtá come costruzione sociale, Bologna, Il Mulino, p. 128. La traducción del párrafo citado es mía.

    13  Bourdieu, P. y Wacquant, Loïc, “Una nueva vulgata planetaria” en Le Monde Diplomatique, Ed. Chile, n° 4, diciembre 2000, p.41.

    14  En el Informe, el primer objetivo que se propone la Comisión del Senado es así declarado: “Sancionar el microtráfico de drogas en forma independiente, para evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades no reciban sanción o sólo sean sancionados como consumidores, como ocurre en la práctica, en vez de ser castigados con las penas aplicables a los traficantes”. El destacado es mío.

    15  Cfr. Olmo del, R., Drogas: Discursos, Percepciones y Políticas, paper presentado en Workshop on: Normas y Culturas en la Construcción de la “Cuestión Droga”, Oñati, IISJL, 23 y 24 junio 1994. p.12.

    16  Sobre los modelos de percepción y gestión de las drogas véase Romaní, O., “Prohibicionismo y drogas:¿un modelo de control social agotado?” en Sistema Penal y Problemas Sociales, coord. Bergalli R., Ed. Tirant Lo Blanch”, Valencia, 2003, pp. 429-450.

    17  Es necesario señalar que la administración y control de los privados de libertad sigue en manos de Gendarmería.

    18  Cesare Beccaria es autor de la obra “De los delitos y de las penas” del año 1764. Este autor plantea los principios básicos de la creación y aplicación del derecho penal moderno, partiendo de las denuncias de la arbitrariedad, discrecionalidad y consecuentes atrocidades del funcionamiento del sistema penal de su época. Entre estos principios se destacan: legalidad, certidumbre de la ley penal y materialidad de la ofensa.

    19  Cfr. Ferrajoli, L., “Proibizionismo e diritto”, en AA.VV., Legalizzare la droga: una ragionevole proposta di sperimentazione, coordinado por Luigi Manconi, Ed. Feltrinelli, Milano, 1991, pp.133-157.

    20  Véase Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín N° 2439-20, del 2/12/2003 p.11.

    21  Cfr. González Zorrilla, Carlos, “Política(s) Criminal(es) en materia de drogas”, en Cuadernos de derecho judicial, Madrid, 1999.

    22  Ferrajoli, L., Op. Cit., p.135.

    23  Ib-Idem.

    24  En el Informe, en este sentido, se encuentran entre los “Principales objetivos del proyecto propuestos por la Comisión”: “ 3) Perfeccionar las disposiciones sobre los mecanismos de investigación consistentes en agentes encubiertos e informantes, agregando la nueva figura del agente revelador, funcionario policial que simula ser comprador de drogas.
    4) Aumentar los mecanismos de protección a testigos, peritos, agentes encubiertos, reveladores, informantes y cooperador eficaz.”, p.137.

    25  Becker, H. S., Outsiders: studies in the sociology of deviance, Free Press, Nueva York,1963, p.9, citado en Taylor, I., Walton, P. y Young, J., La Nueva Criminología, Amorrortu Editores, Buenos Aires, p.163.

    26  “Por reproducción ideológica se entiende el proceso general a través del cual cada actor o grupo de actores integrados en el sistema encuentra confirmación de su propia imagen de la realidad en la actitud de los otros actores. Este mecanismo puede ser representado por un círculo cerrado . En efecto, se trata de un proceso circular en el que cada actor depende de los otros de tal modo que es difícil o improbable una modificación de su imagen de la realidad y de sus actitudes. Por reproducción material se entiende el proceso en base al cual la acción general del sistema, determinada por una imagen inicial de la realidad, modifica parcialmente la misma realidad haciéndola, en una fase posterior, más parecida a la imagen de partida. Es decir, se trata del proceso en virtud del cual el sistema produce una realidad conforme a la imagen de la cual surge y que la legitima. Podemos representar este proceso por una espiral. Cuanto más se desarrolla la espiral, más se acerca la realidad a la imagen inicial dominante del sistema.” Así Baratta distingue entre sistema abierto y sistema cerrado: “en el sistema abierto predomina el disenso y la dinámica del cambio en la estructura de comportamientos y significados ... en el sistema cerrado una mayoría homogénea se extiende a todos los grupos de actores, casi siempre a excepción de uno quien constituye una minoría disidente. Un sistema de este tipo es altamente homogéneo y refractario a las transformaciones, y por lo tanto tiene la apariencia de ser más estable” en Baratta, A., “Introducción a una sociología de la droga: problemas y contradicciones del control penal de las drogodependencias”, en Estudios Penales en memoria del profesor Agustin Fernández-Albor Universidad de Santiago de Compostela, 1989, pp.49-50

    27  La construcción de la figura del “drogadicto” como “chivo expiatorio” se puede ver , entre otros textos, en Szasz, Thomas, “Droga y Ritual”, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1990.

    28  Véase Informe, p.2-3.

    29  Principales Resultados, Quinto Estudio Nacional de Drogas en la Población General de Chile, 2002, p.7, en www.conacedrogas.cl/docs_obs/2001/principales_resultados_2002.pdf

    30  Ib-Idem, p.4.

    31  En este sentido se expresa también Bauman, Z., Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Ed. Gedisa, Barcelona (España), 2000, pp.113-119.

    32  Cifras disponibles en: www.gendarmeria.cl/estadisticas/estadisticas.htm

    33  Taylor Ian, “The International Drug Trade and Money laundering: Border Controls and other Issues”, en European Sociolegal Review, Vol. 8, nº 2, Septiembre 1992, p.183.

    34  García Villegas, Mauricio, La eficacia simbólica del derecho, Bogotá, Ed. Uniandes, 1993, p.91-92.

    35  Scheerer, Sebastian, “Political Ideologies and Drug Policy”, en European Journal on Criminal Policy and Research, 1993, vol. 1, 1

    36  Baratta, Alessandro, Op. Cit., p. 13.

    37  Sumner, Colin, Op. Cit., p 19.

    38  Artaud, A., “Carta al Señor Legislador de la ley de estupefacientes”, en El Ombligo de los limbos, Madrid, Ed. Manantial del Occidente, 1925, p. 33.

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    Para citar este artículo

    Referencia electrónica

    Paolo Scalia, « Prohibicionismo, grupos sociales “a riesgo” y autoritarismo institucional », Polis [En línea], 11 | 2005, Publicado el 27 agosto 2012, consultado el 14 diciembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/polis/5783

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    Autor

    Paolo Scalia

    Criminólogo, Master Europeo (MA) “Sistema Penal y Problemas Sociales” de la Universidad de Barcelona, Diploma de Estudios Superiores en Sociología del Derecho en el IISJL de Oñati (Euskadi), Licenciado en Derecho de la Universidad de Bologna (Italia). Actualmente se desempeña como Supervisor del Centro de Extensión Comunitaria “Yungay” de la Universidad Bolivariana de Santiago.

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