1En referencia a la “tierra”, Tania Li (2014) señaló que dicha expresión no significa lo mismo para todos los actores y que tiene diferentes usos y valores. También insistió en que la tierra es un ensamblaje provisional de elementos heterogéneos, que incluyen sustancias materiales, tecnologías, discursos y prácticas. Nos alentó así a ver la tierra como fruto del trabajo y no solo como su condición, y a seguir etnográficamente los procedimientos mediante los cuales la tierra se produce.
2Un planteamiento semejante podemos hacer frente al “territorio”, una expresión que, desde la década de 1990, viene haciéndose sitio al lado de la tierra en el vocabulario de varias organizaciones campesinas colombianas y de otras partes del mundo. Como ocurre con la tierra, lo que comprendemos por territorio, sus usos y el fundamento de su valor están en el centro de múltiples disputas. Adicionalmente, los territorios, bajo las diferentes formas que asumen, también se producen a través de diversos mecanismos que involucran distintas tecnologías, relaciones, prácticas y discursos. Así como la tierra es el fruto del trabajo, y no solo su condición, el territorio es el fruto de lo que aquí llamo “prácticas de soberanía” y no solo el objeto sobre el que esta se extiende.
3En Seeing like a State (2020), James Scott planteó que los estados implementan una amplia amalgama de tecnologías para hacer legible el territorio, incluyendo tecnologías de clasificación y medición, como formas concretas de ordenamiento y moldeamiento del espacio. De este modo, los territorios toman forma dentro del mismo proceso en que se tornan objeto de gobierno. Saliéndose de una mirada estado-céntrica de los procesos de territorialización, varias etnografías también han mostrado que los territorios emergen desde agenciamientos realizados desde dentro y desde fuera del estado (Pacheco de Oliveira 1998, Arruti 2005, Yie 2019, Loera Rangel 2019, Pietrafessa de Godoi 2014). Dichas etnografías también han mostrado que los procesos de territorialización agenciados por organizaciones y movimientos populares incluyen prácticas rutinarias y ritualizadas que vinculan diferentes espacialidades y temporalidades, así como una mezcla de formas comunitarias, organizativas, religiosas y estatales de autoridad.
4Basándome en mi experiencia de acompañamiento desde el 2014 al proceso de constitución “de hecho” del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca (en adelante, TECAM del Macizo), en este artículo recorro algunas de las prácticas de soberanía desplegadas por integrantes de una organización campesina con presencia en el suroccidente colombiano. Con ello, me interesa destacar las dimensiones conflictivas, creativas y experimentales de la política popular, desde un enfoque que ve “la política como proceso vivo” (Fernández Álvarez, Gaztañaga y Quirós 2017). Esto es, me interesa atender, más que a los orígenes o los resultados de la práctica política, a su discurrir, destacando, en el decir de Fernández Álvarez, Gaztañaga y Quirós su “carácter a la vez direccionado e indeterminado, proyectado y emergente” (2017, 279). Para dar cuenta de ese carácter, en lo que sigue del texto presento inicialmente el contexto bajo el cual se instituyó el territorio, al lado del de la tierra, como un objeto central de las luchas de un amplio sector del movimiento campesino colombiano, para luego recorrer, a través de varias viñetas etnográficas, las prácticas de soberanía inscritas en el proceso de constitución de TECAM del Macizo: las asambleas, las guardias, la producción de mandatos populares y la realización de consultas legítimas. El artículo concluye con una reflexión sobre el carácter híbrido y ambivalente de las prácticas de soberanía popular.
5En Colombia, la emergencia del campesinado como sujeto político tiene aproximadamente un siglo de historia, momento en que la expresión “campesino” empezó a usarse como una categoría mediadora de los procesos de movilización social de amplios sectores de la población rural. En la década de 1920, colonos, obreros agrícolas y arrendatarios, aliados con dirigentes y militantes de partidos políticos de izquierda apelaron a la categoría de “campesino” para demandar al Estado mejores condiciones de acceso a la tierra y de trabajo en el campo, posicionándose así en el lado más desventajoso de la oposición capital/trabajo (Yie 2022). Quienes se movilizaron entonces como campesinos apelaron al famoso lema de la Revolución Mexicana: “La tierra es para quien la trabaja”.
6Cuando en la década de 1970 amplios sectores del campesinado colombiano reunidos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se movilizaron para exigirle al Estado la implementación de la tan prometida reforma agraria, ese mismo lema cubrió las pancartas que adornaban las marchas y tomas de tierra realizadas por campesinos en diferentes regiones del país. Hoy, medio siglo después, las ocupaciones de tierra han retornado. Según concluye un informe presentado en La Silla Vacía, entre 2018 y 2022 se registró un nuevo ciclo de ocupaciones de tierras como una medida para presionar el avance de la Reforma Rural Integral incluida en el primer punto del Acuerdo Final (Duarte 2022). En estas acciones, el antiguo lema de la revolución mexicana ha perdido protagonismo frente a otros en los que la ocupación se vincula con lo que los indígenas de la región vienen denominando el proceso de “Liberación de la Madre Tierra” o se asienta en la afirmación de la existencia de una “deuda histórica” hacia el campesinado.
7Esta transformación en los lemas que acompañan las reclamaciones de tierra no es el único cambio en los lenguajes del movimiento campesino colombiano. Desde la década de 1990, la expresión “territorio” se ha ido abriendo paso junto a “tierra” entre el conjunto de términos que sirven para nombrar una de las banderas de lucha de los movimientos campesinos. En las acciones colectivas protagonizadas por organizaciones y comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del país y otras partes de la región ha ganado presencia la expresión “Por la defensa del territorio”. Tal fenómeno se hizo especialmente evidente en la década pasada, cuando adquirieron visibilidad las demandas de un creciente sector del movimiento campesino colombiano por el reconocimiento estatal de la territorialidad campesina y de figuras territoriales destinadas a albergar lo que algunos académicos, líderes sociales y dirigentes políticos de izquierda denominan “vidas campesinas”. Dichas demandas se vieron enmarcadas por el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y un sector de la insurgencia; por un movimiento global por los derechos de los campesinos y campesinas liderado por La Vía Campesina con expresiones particulares en Colombia; y por diferentes dinámicas de acorralamiento de la vida campesina ligadas con la reprimarización de la economía, grandes proyectos de infraestructura, medidas de protección ambiental de carácter policivo y conflictos territoriales con comunidades rurales étnicamente marcadas.
8Tras un fuerte retroceso bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y de varios dirigentes campesinos al Congreso de la República se ha acompañado de cambios importantes en la política pública hacia el sector campesino. Tras distintos intentos infructuosos adelantados desde 2016, en 2023 se aprobó el proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional, el cual reconoce la existencia de “formas de territorialidad campesina” y el derecho al territorio (Acto Legislativo 1 de 2023). La Agencia Nacional de Tierras (AGN) aceleró la constitución legal de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una figura incluida en la Ley 160 de 1994, por la que se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. El actual gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), incorporando así en la norma colombiana una figura territorial campesina formulada entre el 2013 y el 2016 por la Secretaría de Tierras y Territorio del Coordinador Nacional Agrario (CNA), una plataforma que agrupa a organizaciones campesinas locales y regionales de diferentes lugares del país.
9El giro favorable hacia el reconocimiento oficial de derechos territoriales a las poblaciones campesinas reavivó los procesos de territorialización campesina agenciados por diferentes expresiones del movimiento campesino. De hecho, en los dos años del actual gobierno se han sumado cuatro ZRC a las nueve ya existentes, y otras 30 están en proceso de constitución. Varias de las propuestas de constitución de ZRC se ubican en áreas de frontera agrícola que fueron ocupadas por campesinos colonos en diferentes olas de colonización dirigida y espontánea a lo largo del siglo XX. Con el avance de las políticas de conservación ambiental desde la década de 1980, muchas de esas zonas quedaron incluidas en alguna figura de protección ambiental, a contrapelo de las demandas por tierra de las comunidades campesinas (Maestre-Másmela y Roa-García 2023). La constitución de ZRC vinculó así los reclamos por el derecho a la tierra de campesinos colonos con el reconocimiento de derechos territoriales a comunidades campesinas (Tocancipá-Falla y Ramírez Castrillón 2018).
- 1 De hecho, en el 2020, antes de la reglamentación de la figura, existían 54 procesos de constitución (...)
10Por su lado, con la reciente reglamentación de los TECAM (Decreto 780 del 24 de junio de 2024) se han reactivado los comités de impulso para su constitución en diferentes partes del país. Muchos de esos comités fueron creados una década atrás, por los años en que la Secretaría de Tierras y Territorio del CNA formuló esa figura. Entre 2015 y 2020, su crecimiento fue tal que, en este último año, existían 54 propuestas de constitución de los TECAM en diferentes lugares del país1. Sin embargo, poco después, el ritmo de los procesos de conformación los TECAM disminuyó, para volver a ganar impulso con las expectativas generadas por el reconocimiento estatal de esta figura. Este es, de hecho, el caso del Comité de Impulso detrás de la propuesta de constitución del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca – TCAM (en adelante, también TECAM del Macizo), proceso que he venido acompañando a lo largo de los últimos 10 años.
11La territorialización colectiva es el proceso mediante el cual un grupo de personas se organiza para permanecer, gobernar y darle forma al espacio que reivindica como suyo y como condición para la vida en común (Yie, en prensa), como en efecto viene ocurriendo con la conformación de ZRC y TECAM en Colombia. Dicho proceso no involucra únicamente el asentamiento de una población en un espacio biogeográfico delimitado y/o el ejercicio de reivindicación de su derecho a gobernarlo, sino también su creación en un plano material e imaginativo a través de un esfuerzo mancomunado. A su vez, supone un ejercicio simultáneo de demarcación espacial y diferenciación colectiva, y la comunalización del espacio y de los elementos del paisaje y la naturaleza (Yie, en prensa).
- 2 Dardot y Laval (2015) definen la praxis instituyente como aquellas prácticas mediante las cuales un (...)
12Adicionalmente, los procesos de territorialización colectiva, como ocurre con todo proceso de territorialización, involucran alguna modalidad de control (Haesbert 2013) y, por tanto, la institución de alguna forma de autoridad. Esto ocurre mediante el despliegue de “prácticas de soberanía”, como entiendo aquí a las prácticas de carácter instituyente2, que hacen aparecer a ciertos cuerpos como sujetos de autoridad y a ciertos grupos humanos, geografías y/o biologías como espacios para su despliegue.
13Al hablar de prácticas de soberanía me inspiro en el trabajo de John Stepputat (2021, 68), quien plantea que esta constituye una forma de poder siempre tentativo, siempre emergente, que es un efecto de reivindicaciones en la forma de prácticas y representaciones verbales o no verbales (actos performativos, de performance) que deben ser reiteradas permanentemente para producir “soberanía de facto”. También retomo el trabajo de Judith Butler (2017), quien resalta el potencial performativo de la reunión y aparición de los cuerpos de grupos particularmente precarizados en el espacio público. Utilizo para pensar sobre el efecto desestabilizador de la presencia de los cuerpos a los que históricamente se les ha impedido encarnar algún tipo de autoridad en la posición de quienes la ejercen.
14Me distancio, sin embargo, de algunos trazos del argumento de Steputtat, quien, siguiendo a Das y Poole (2008), propone disociar el territorio de la soberanía y defiende, en cambio, que esta se relaciona principalmente con el control de los cuerpos, de la vida y la muerte (2021, 67). Aunque concuerdo con todos ellos en que la soberanía involucra alguna forma de control de los cuerpos, propongo mantener el vínculo entre soberanía y territorio para llamar la atención sobre el hecho de que, cuando eso ocurre, es a condición de tratarlos como espacios para el despliegue de alguna forma de autoridad, es decir, como territorios. En este sentido, entiendo que la soberanía reposa en la espacialización de ciertas ‘realidades’ al tratarlas como localizaciones que pueden ser ocupadas, extensiones que pueden ser recorridas y/o materialidades que pueden ser moldeadas por alguna forma de poder. A su vez, asumo que la producción de soberanía emerge de la combinación, en balances muy variados, de violencia y legitimidad. Por ello mismo, tales prácticas se anclan en experiencias particulares y heterogéneas de relación con la autoridad, y de ellas pueden emerger formas inéditas de ordenamiento social y político que, al mismo tiempo, reproducen y desestabilizan los regímenes de soberanía existentes. Para desplegar etnográficamente el concepto de prácticas de soberanía, describo a continuación algunas de las prácticas de soberanía inscritas en el proceso de constitución del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca (en adelante TECAM del Macizo).
15La primera vez que escuché hablar de la propuesta de constituir un Territorio Campesino Agroalimentario en el norte de Nariño y sur del Cauca fue en una asamblea del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Esta se adelantó el 6 de febrero de 2014 en Rosa Florida, en un pequeño poblado del municipio cafetero Arboleda-Berruecos, en el norte de Nariño, al sur de Colombia. Asistí a la asamblea por invitación de una de sus dirigentes, a quien había conocido pocos días antes cuando entrevistaba a dirigentes campesinos para mi tesis doctoral.
- 3 La vereda es una división político-administrativa de los municipios en Colombia que se aplica a áre (...)
16Las asambleas tienen profundas raíces en la vida comunitaria de la mayoría de los poblados rurales de Colombia. En 1958, en el marco de la llamada doctrina del “desarrollo comunal” impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno colombiano creó las “juntas de acción comunal”, organizaciones de vecinos de un mismo barrio o vereda3 para participar en la planeación y ejecución de acciones en favor del desarrollo comunitario. Ese mismo año, la Fundación Acción Cultural Popular (ACPO) publicó el primer número de El Campesino, periódico que pronto se convirtió en el más leído entre la población rural colombiana. Este tenía una sección titulada Crónicas de Cerro Grande, en la cual se narraban las peripecias de una junta de acción comunal en un poblado rural apartado. Un tema usual fueron las discusiones entre tres hombres integrantes de la junta sobre los asuntos de su vereda. En las Crónicas, las asambleas fueron presentadas como un procedimiento de deliberación racional y planificación colectiva de una comunidad rural moderna que esquivaba, de este modo, las falsas promesas de la revolución armada y traía, a través del trabajo mancomunado, el desarrollo a su poblado.
17En Colombia, la creación de las juntas no siempre ocurrió bajo la dirección del gobierno. Desde entonces a la fecha, distintas corrientes ideológicas y partidistas han intentado incidir en su funcionamiento y en la dirección ideológica de sus integrantes, con mayor o menor éxito. En cualquier caso, su conformación contribuyó instituir la práctica de las asambleas allí donde esta no existía, o a que se enraizara aún más en la vida organizativa de muchas poblaciones rurales, promoviendo la práctica de la democracia directa y formas de autogestión. Las asambleas de las juntas de acción comunal se convirtieron en escenarios en que se ventilan las necesidades y los conflictos comunales: las escuelas, las vías, la gestión del agua, el cuidado de bosques, los servicios públicos, entre otros. Así, cuando el CIMA convocó a sus integrantes a reunirse en una asamblea apeló a una forma organizativa con extensas raíces en los rituales políticos de los sectores populares rurales. Sin embargo, las prácticas y ritmos que modulaban dichas asambleas venían también de formas asamblearias del mundo de las organizaciones sociales.
- 4 La Pedagogía de la Liberación es un enfoque educativo propuesto por Paulo Freire que busca la emanc (...)
18La asamblea del Cima se realizó en el salón comunal de Rosa Florida. Cuando llegué, pasadas las nueve de la mañana, la asamblea ya había iniciado. Ya habían celebrado la “mística”, una ceremonia político-espiritual que hunde sus raíces en las comunidades eclesiales del base del Brasil y que, gracias a la influencia del Movimiento Sin Tierra (MST) en La Vía Campesina, ha ganado presencia entre otras organizaciones de base rural de la región (Hammond 2014, Yie 2024). Estaban concluyendo el “análisis del contexto”, una práctica recurrente entre organizaciones de izquierda latinoamericanas, inspirada en la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Pedagogía de la Liberación4. Concluida esta actividad, un joven dirigente del lugar nos dijo que íbamos a escuchar la historia del CIMA de la voz de sus “líderes y lideresas históricas”, reconociéndolos como voces autorizadas para establecer una memoria común.
- 5 Tales escuelas eran grupos de vecinos y parientes de una misma vereda que se formaban en los princi (...)
19En ese momento, bajo el llamado del joven dirigente, tres hombres y dos mujeres de mediana edad se sentaron sobre unas sillas dispuestas de cara a los demás asistentes. Todos llevaban en sus manos unas varas de madera que les servían como bastones de mando, un símbolo de autoridad con una larga tradición entre los pueblos indígenas del suroccidente de Colombia, que venía siendo adoptado por algunas organizaciones campesinas. Los demás asistentes, entre los que se incluían hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, eran integrantes de las “escuelas agroambientales”5 de distintos municipios de la región.
20Antes de escuchar los relatos sobre la historia del CIMA, otra dirigente nos invitó a pararnos para entonar la Marcha del Macizo, una canción del dirigente y compositor Adiel Ledezma, quien la compuso para el Paro del Pilón, una gran movilización de los pobladores de municipios del norte de Nariño y sur del Cauca en 1999, y que, desde entonces, se convirtió en el himno de la organización. La canción hacía un paralelo entre el crecimiento de la movilización y el de la región del Macizo colombiano, entre los pueblos movilizados y las aguas que nacen de sus cumbres.
21Cuando los cantos se silenciaron, turno por turno, cada uno de los líderes y lideresas históricas narró su versión de los comienzos de la organización en un ejercicio ritual de elaboración de un pasado común. El primero en hablar fue un dirigente caucano, quien explicó que el CIMA era “una organización de campesinos y de campesinas del Macizo colombiano para solucionar sus problemas”. Según explicó, la organización se gestó en una época marcada por las protestas de campesinos cocaleros en rechazo a las políticas de fumigación de cultivos. Los incumplimientos del gobierno a los compromisos establecidos con ellos y la crisis económica sufrida por muchas familias campesinas a raíz de la apertura económica de inicios de la década de 1990, los habrían llevado a organizar una nueva movilización a la que se integraron los pobladores del sur del Cauca. Sin embargo, explicó: “Antes de que la gente saliera a tomarse las vías, decidimos declararnos en asamblea permanente”. De este modo, la asamblea funcionó como un espacio de intercambio de experiencias y de deliberación colectiva entre quienes vienen a identificarse como los pobladores de una misma región: el Macizo colombiano. Al mismo tiempo, quedó inscrita en el tiempo mismo de la protesta, esto es, asumió un carácter público, permitiendo la aparición de los cuerpos en la esfera pública (Butler 2017). La asamblea operó en síntesis como una manera de hablar tanto hacia adentro como hacia afuera; como una manera de verse y ser vistos como una comunidad política viva.
22En las intervenciones de los demás dirigentes quedó en evidencia como la relación entre liderazgos campesinos del norte de Nariño y del sur del Cauca se había tejido en medio de la carretera, en pleno Paro del Pilón. Las mujeres habían sido fundamentales en esa labor de enlace. Según contaron, en grupos de mujeres, caminaron el territorio, organizaron sus propias asambleas e impulsaron una gran marcha para conmemorar el 8 de marzo, día de la mujer. En este proceso, el tejido organizativo se ensanchó, enlazando procesos organizativos, geografías y personas, y dando forma a unos nuevos. Así, el encadenamiento entre marchas y asambleas operó como un mecanismo central de costura de tejido organizativo y del Macizo colombiano como territorio común. A través suyo fue como el Macizo colombiano – como territorio y como proceso – “se creció”.
23Finalizados los relatos, el dirigente joven nos pidió organizarnos en unas mesas de trabajo. Yo me uní como relatora a la mesa de Tierra y Territorio. Un dirigente proveniente del Cauca, les pidió a los demás participantes hacer un balance de los problemas relacionados con el derecho a la tierra y al territorio de su municipio en un pequeño ejercicio de diagnóstico participativo. Terminada la ronda de presentaciones, les pidió a los presentes trabajar en propuestas para dar solución a los problemas comunes, entre ellos el incremento de concesiones y solicitudes mineras. Luego de una lluvia de ideas, les pidió recordar lo que se había hablado un año antes cuando se celebró en el vecino municipio de San Lorenzo la IV Asamblea del CNA, una plataforma de organizaciones campesinas del nivel nacional a la que pertenece el CIMA. A esa asamblea, mencionó, integrantes de la Secretaría de Tierras y Territorios del CNA habían llevado la propuesta de conformar las zonas agroalimentarias, que en el camino terminaron llamándose territorios campesinos agroalimentarios, empezando por la constitución de una de esas zonas en el área cobijada por las cuencas de los ríos Mayo y Juanambú, entre el norte de Nariño y el sur del Cauca. Según explicó, en los últimos meses la Secretaría de Tierras y Territorios está construyendo un documento con la propuesta de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, la cual incluye una junta de gobierno, un plan de vida digna, unos mandatos y una guardia. Luego de escuchar al dirigente, los allí presentes estuvieron de acuerdo en llevar a la plenaria esa propuesta, donde finalmente fue ratificada por todos los presentes.
24Meses después de la asamblea del CIMA en Arboleda-Berruecos volví a escuchar hablar de la propuesta de conformar el TECAM del Macizo. A mediados de 2015, inició un proyecto para el fortalecimiento organizativo del movimiento agrario de Nariño el cual contemplaba la realización de asambleas municipales de las distintas expresiones organizativas del campesinado. A estas asambleas asistían líderes comunales, dirigentes de organizaciones sociales, presidentes de asociaciones de pequeños productores, concejales, representantes de las mesas de mujeres, de jóvenes y de víctimas del conflicto armado colombiano. Los dirigentes del CIMA participaron directamente en la organización de los comités agrarios de los municipios del norte de Nariño. Esto les permitió llevar a las asambleas del proyecto algunas de las prácticas que venían desarrollándose dentro de su movimiento: las místicas, la lectura de contexto, el trabajo colectivo en mesas de trabajo y las plenarias, así como algunas expresiones de su vocabulario. También les permitió llevar a estos espacios la propuesta de conformación del TECAM del Macizo. Así, en una asamblea realizada meses después en otro corregimiento de ese mismo municipio, uno de los líderes históricos del CIMA, hizo la propuesta de que ese y los demás comités agrarios de la región tuvieran como objetivo “La defensa del territorio y la construcción de un Territorio Campesino Agroalimentario en todo el norte de Nariño”. En su intervención dicha propuesta se unió a la reivindicación de los campesinos como autoridad territorial:
Un territorio campesino tiene que tener una fuerte organización campesina. Un territorio campesino es similar a un resguardo. El otro día un campesino dijo: “¿Por qué no hacemos un resguardo campesino?” Un Territorio Agroalimentario es un resguardo, pero con la cultura campesina nuestra. En los resguardos indígenas hay una gran autoridad que es el Cabildo y el resguardo es el territorio. Con el tiempo tenemos que construir una autoridad, una gente a la que los otros le crean, que sean transparentes, entregados a la lucha. Entonces, el Territorio Agroalimentario tiene territorio, tiene autoridad, y se establecerían unos acuerdos, por ejemplo, aquí no se practica minería, o se practica bajo ciertas condiciones.
25Entre el 2015 y 2016, los integrantes del recién conformado Comité de Impulso del TECAM del Macizo organizaron varias acciones colectivas como parte de la ruta de lanzamiento de dicha figura, incluyendo una forma de acción colectiva que viene haciéndose sitio dentro de los repertorios de las organizaciones de base rural del país: las mingas por la soberanía y la defensa del territorio.
26Esa forma de acción colectiva remite a una forma de trabajo solidario de origen andino conocida como minga que suele iniciarse con un llamamiento a juntarse voluntariamente a las labores de ejecución de una obra en beneficio de una persona o de todo el colectivo. Como las asambleas, las mingas han tenido un rol muy importante en la vida organizativa de muchas comunidades rurales de la zona andina colombiana. De hecho, las juntas de acción comunal y las juntas de acueductos veredales han apelado con frecuencia a esta forma de trabajo comunitario para organizar las labores de construcción y cuidado de bienes de uso común.
27En un trabajo previo sobre las mingas por la soberanía y la defensa del territorio argumenté que un aspecto clave de las místicas es que son acciones inscritas en el lenguaje de la soberanía y no de la demanda (Yie, en prensa), son actos a través de los cuales se instituye mediante su actuación formas de autoridad alternativas a las del Estado.
28Como las asambleas, las mingas constituyen prácticas de soberanía que hacen aparecer al campesinado como autoridad territorial. Una de las formas en que esto ocurrió fue bajo la presencia de las guardias en su desarrollo. Este es un cuerpo de protección muy común entre los pueblos indígenas del suroccidente del país que operan dentro de sus resguardos y en diferentes actos de movilización. Desde la década de 1990, la guardia indígena se tornó una figura central de la autonomía de los pueblos indígenas y un signo más de la precaria soberanía del Estado colombiano. En las décadas siguientes otros pueblos indígenas crearon sus propias guardias, dinámica a la que se sumaron poco después las guardias cimarronas vinculadas a procesos organizativos de las comunidades negras y, hace más o menos una década, las guardias campesinas. Su extensión como forma de autoridad popular se hizo especialmente visible en el Paro Nacional de 2021 (Caicedo 2024) y en la Ceremonia de Posesión Popular y Espiritual de Gustavo Petro y Francia Márquez (Yie 2024).
29Aunque la influencia de las guardias indígenas en la conformación de las guardias campesinas es innegable, en su institución también han resonado experiencias que vienen de la movilización campesina. Para un dirigente del CIMA quien estuvo detrás de la formación de la guardia campesina del TECAM del Macizo, esta tiene como antecedente los grupos de seguridad formados durante las grandes movilizaciones de campesinos del suroccidente del país en la década de 1990 que tenían por función garantizar el orden entre los manifestantes y hacer frente a la fuerza pública. Sus integrantes, escogidos entre los propios manifestantes, portaban varas de madera de chonta, por entonces pensadas más como herramientas de defensa que como símbolo de autoridad como ocurre con los bastones de mando. Cuando la dirigencia del CNA decidió embarcarse en el diseño e implementación de una figura territorial campesina, consideró necesario que los TECAM cuenten con sus propias guardias como un mecanismo de defensa del territorio y de los procesos sociales. En la propuesta, las guardias no tendrían una existencia esporádica, sino permanente, estando ligadas no solo a un evento (como paros, marchas, mítines y bloqueos), sino a un espacio social y geográfico específico: un territorio. Adicionalmente, estas guardias llevarían la marca del grupo social con la cual sus integrantes se identifican: son guardias “campesinas”, con apellido, funcionando, en este sentido, como la expresión de la emergencia del campesinado como una autoridad territorial.
30El primer intento de constitución de una guardia campesina en la zona andina de Nariño se ligó al proceso de constitución del TECAM del Macizo. En efecto, la primera minga por la soberanía y la armonización del territorio se realizó en noviembre de 2015. Incluyó entre sus momentos más significativos el juramento de la recién conformada guardia campesina del TECAM. Tal acto estuvo precedido de una mesa de trabajo para la definición de los principios que orientarían la conformación de la guardia. Una vez concluido el acto se estableció que la guardia debería “proteger el territorio, la vida y el territorio”.
31La guardia también tuvo un papel central en la Minga de Lanzamiento del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Colombiano. Este evento, que reunió a pobladores de 17 municipios incluidos por entonces en la propuesta del TECAM del Macizo, dirigentes sociales y políticos, así como autoridades civiles y espirituales, incluyó una mística como uno de sus actos más destacados. A diferencia de otras místicas, que suelen girar en torno a un mándala compuesto por diversos objetos en el suelo, esta se caracterizó por una representación teatral ejecutada por dirigentes campesinos y miembros de la guardia campesina del TECAM, conformada un año atrás.
32La escena se desarrolló sobre un gran mapa del TECAM impreso sobre una lona plástica, rodeado por un gran círculo humano integrado por los miembros de la guardia. En la representación, se escenificaba el enfrentamiento entre las comunidades campesinas del norte de Nariño y sur del Cauca y las multinacionales mineras por el control del territorio. Las comunidades fueron personificadas por lideresas históricas de la zona, quienes, vestidas con ropas tradicionales, se dedicaban a la siembra de alimentos y la protección de las fuentes de agua frente a los intentos de las multinacionales, representadas por hombres citadinos, de adelantar grandes proyectos de exploración minera en la región. El acto culminaba con el enfrentamiento por el control del territorio: las comunidades campesinas resistían los intentos de despojo por parte de las multinacionales, concluyendo con la expulsión simbólica de estas últimas. En el centro del gran mapa, las lideresas, portando bastones de mando, asumían el papel de autoridades y guardianas del territorio. Así, en esta representación, la frontera entre la guardia y la comunidad se desvanecía, replicando a su modo el lema que habían adoptado de la guardia indígena: “Guardia somos todos”.
33El día anterior a la Minga de Lanzamiento del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca, se realizó una gran asamblea de delegados TECAM. Los 51 delegados, 3 por cada uno de los 17 municipios incluidos en la propuesta, fueron seleccionados en asambleas municipales, con representación de mujeres, hombres y jóvenes.
34Durante todo el día, los delegados trabajaron, distribuidos en grupos, en la elaboración de los “mandatos”, nombre dado a las órdenes colectivas emanadas de esa labor y que definen el horizonte de acción a 20 años de la Junta de Gobierno del TECAM del Macizo y de su Plan de Vida Digna. Como muestra Houghton (2015), la construcción de los mandatos constituye una práctica nuclear del Congreso de los Pueblos, una plataforma multisectorial formada en 2010, que nace de la Minga Social y Comunitaria a la cual estaban vinculados el CNA y el CIMA. Según plantea, los mandatos fueron concebidos como un mecanismo de legislación popular mediante el cual son los sectores populares, organizados territorial o sectorialmente, quienes (re)instituyen su lugar como sujeto constituyente. El principio “deliberar para hacer”, en que reposa la práctica de “mandatar”, desafía la relación construida con el Estado sobre la base de la demanda y la exigencia (122). De este modo, la práctica de mandatar simultáneamente reafirma y desafía las formas de autoridad estatal. Constituye una práctica de soberanía que hace emerger el pueblo – el pueblo campesino – como sujeto de la soberanía al lado y más allá del Estado.
35Los mandatos cubrían un amplio abanico de temas, entre los que se combinaban algunos ejes de trabajo propios de cualquier administración municipal (educación, salud, agricultura, medio ambiente) con otros más ligados a la agenda de lucha del movimiento campesino nacional y global (producción y protección de nuestras semillas nativas; fortalecimiento organizativo; vida, paz, derechos humanos y memoria histórica, protección del territorio, identidad cultural). Así, el horizonte de acción trazado a través de los mandatos ensambló ámbitos de gobierno de la administración estatal con los frentes de lucha del movimiento social. Siguiendo el procedimiento usado en las asambleas del Congreso de los Pueblos, un vocero de cada mesa de trabajo leyó en plenaria el mandato que había diseñado, para luego ser sometido a aprobación. Aprobados los mandatos se pasó a la elección de la Junta de Gobierno, cuyo acto de posesión fue uno de los ejes centrales de la Minga de Lanzamiento del Territorio Campesino Agroalimentario del Norte de Nariño y Sur del Cauca programada para el día siguiente.
36Al otro día, el centro del municipio de San Pablo fue ocupado por varios miles de personas provenientes de los 17 municipios incluidos en la propuesta de construcción del TECAM del Macizo. Una gran marcha, compuesta por organizaciones sociales de toda la región, llenó de bullicio las calles del municipio. Concluida la marcha, la gente se dispersó entre los puestos de mercado, con productos agrícolas, plantas, semillas, artesanías locales, mermeladas, remedios naturales y platos locales. En la tarde, se celebró la mística que describí en el apartado anterior, a lo que siguió el acto de posesión de la Junta de Gobierno.
37En los meses anteriores, los alcaldes de los 17 municipios fueron convocados por el Comité de Impulso a participar en diferentes “encuentros de autoridades”. En esos encuentros, dirigentes campesinos compartieron mesa con alcaldes de la zona. Pese a no ser reconocidos por la ley como autoridades territoriales, el acto les permitió afirmar, ante una audiencia principalmente campesina, su condición como tal, al mismo tiempo que reconocían la autoridad del estado en el cuerpo de los alcaldes allí presentes. Operando de modo semejante, el acto de posesión de la Junta de Gobierno se realizó con la participación de autoridades municipales y de algunos congresistas cercanos al movimiento social. Para noviembre de 2016, fecha en que se realizó la Minga de Lanzamiento del TECAM del Macizo, la figura estaba lejos de ser incluida en la legislación estatal. Sin embargo, la presencia de autoridades civiles y de congresistas legitimó la instalación de la Junta de Gobierno mediante un acto de reconocimiento sin respaldo legal.
38Posteriormente, uno de los dirigentes con mayor trayectoria en la región, dio apertura al acto de posesión. Este consistió en la lectura de los mandatos por niños y niñas de la región. Su texto estableció lo que la Junta de Gobierno del TECAM del Macizo y sus comités temáticos debían enseñar a los niños y niñas del territorio en los próximos 20 años. Así, el Mandato de Fortalecimiento Organizativo decía:
Campesinos y campesinas responsables del Comité de Fortalecimiento Organizativo
En estos 20 años deben entregarnos como herencia de relevo generacional, la conquista del reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de los campesinos y campesinas.
En estos 20 años deben enseñarnos el valor del trabajo en comunidad.
En estos 20 años deben enseñarnos a luchar colectivamente por nuestros derechos, como una condición de bienestar y paz para nuestro territorio.
En estos 20 años deben enseñarnos a ser vigilantes de los bienes públicos, a interesarnos por hacer veeduría de la administración municipal.
En estos 20 años deben enseñarnos a desterrar la politiquería de nuestro territorio campesino.
Por su lado, el Mandato de Protección del Territorio estableció:
Campesinos y campesinas responsables del Comité de Protección del Territorio
En estos 20 años deben enseñarnos a ser guardias campesinos, a poner en práctica el dicho que dice: todos somos guardia.
En estos 20 años deben enseñarnos a conformar nuestras guardias campesinas en todas las veredas.
En estos 20 años deben entregarnos un territorio libre de minería y todo megaproyecto que atente contra nuestra vida campesina.
39Luego de la lectura de los Mandatos, fueron llamados a la tarima cada uno de los recién nombrados miembros de la Junta de Gobierno del TECAM. Cada uno de ellos recibió, de la mano de los niños, el texto con los mandatos construidos el día anterior y una vara de chonta, que hizo las veces de bastón de mando. El acto concluyó con el Himno del Macizo y las presentaciones de grupos de música campesina de la región.
40Según la Constitución Política de Colombia (1991), la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete una decisión de interés general a la aprobación o rechazo directo de los ciudadanos mediante el voto, y la cual puede asumir un carácter nacional, regional o local. En 2017 se realizó en Arboleda-Berruecos el Foro Agua y Minería bajo el liderazgo de la Junta de Gobierno del TECAM y los comités agrarios municipales de varios municipios de la región. El foro tenía por objetivo definir una estrategia conjunta para hacer frente al incremento de concesiones y solicitudes mineras en el Macizo colombiano, la mayor estrella hídrica de Colombia. De allí surgió la idea de realizar consultas populares sobre el desarrollo de proyectos minero-energéticos en varios municipios del norte de Nariño y del sur del Cauca, iniciando por el municipio de San Lorenzo.
41Para llevar adelante la iniciativa, dirigentes del CIMA y de la Junta de Gobierno del TECAM apelaron a sus alianzas dentro y fuera del estado. Buscaron el apoyo del alcalde, de líderes espirituales, las juntas de acción comunal y las juntas administradoras de acueductos veredales, y otras organizaciones sociales. Poco después, siguiendo el procedimiento definido en la ley, conformaron el equipo promotor y radicaron la solicitud ante la Registraduría Nacional. La solicitud iba acompañada de las cartas provenientes de universidades, ONG y centros de investigación que gestionaron apelando a las redes que habían construido con expertos situados en posiciones estratégicas. La solicitud fue aprobada y la consulta se programó para diciembre de 2017.
42Luego de recibir la noticia, varios dirigentes sociales del municipio iniciaron una campaña para promover la participación de los habitantes de San Lorenzo en la consulta popular y para votar por el NO. Acompañé a algunos de ellos en sus caminatas por los distintos poblados del municipio para realizar asambleas en que hablaban de los riesgos de la gran minería y la importancia de oponerse a su práctica en el territorio. Como había ocurrido con la propia producción de movimiento, para convocar a las consultas apelaron a sus vínculos de amistad, vecindad y parentesco. También organizaron pequeñas marchas y actos culturales en los días de mercado. En el corregimiento de El Carmen, aprovecharon el día de mercado para instalar un puesto en que se estampaban camisetas con el mensaje: “El agua vale más que el oro”, el mismo mensaje que habían puesto a rodar en la I Minga por la Soberanía y la Armonización del Territorio en otro corregimiento de ese mismo municipio varios meses atrás.
43Pese al entusiasmo que habían puesto en la campaña por el No, a pocas semanas de la fecha establecida para celebrar la consulta, la Registraduría Nacional les informó que la consulta popular quedaba suspendida debido a que no había claridad jurídica sobre a qué entidad le correspondía su financiamiento. Esta respuesta se replicó en varias solicitudes semejantes en otras partes del país. Al no poder avanzar con la realización de la consulta, quienes estaban detrás de la iniciativa, entre ellos dirigentes del CIMA y de la Junta de Gobierno del TECAM, organizaron una marcha de protesta por las calles de la localidad, la cual terminó en un foro con participación de diferentes autoridades locales. Un año después, ellos y sus aliados realizaron la consulta popular por su propia cuenta, arrogándose el derecho a convocar, organizar y supervisar las consultas que se supone que es exclusivo del Estado. Como en cualquier consulta financiada y autorizada por el Estado, se organizó una votación en los patios de las escuelas, con mesas y listados de votación con jurados y testigos electorales, además de veedores provenientes de instituciones académicas aliadas y de organismos defensores de derechos humanos. La consulta popular legítima, en la que participaron tanto mayores como menores de edad, dio resultados. Más del 98% de los pobladores votó por el No. En los siguientes años, las “consultas populares autónomas y legítimas”, como decidieron denominarlas, fueron replicadas en otros municipios del área cobijada por la propuesta de conformación del TECAM. El pueblo campesino apareció como autoridad para convocar, ejecutar, votar y supervisar procesos de consulta. De este modo, la institución de una soberanía campesina “de facto” se ligó a la recreación de formas institucionalizadas de deliberación popular.
44En La sociedad contra el Estado (2010), el antropólogo anarquista Pierre Clastres planteó que en las comunidades primitivas la autoridad es prácticamente inexistente y cuando existe lo hace bajo una forma efímera y precaria debido al rechazo que ellas sienten hacia cualquier forma de concentración del poder. La pregunta que surge entonces es cómo, mediante cuáles estrategias y cuáles prácticas, se instituyen formas de autoridad allí donde no existían.
45Desde que Clastres publicó en 1974 su famoso ensayo, ha corrido suficientemente agua bajo el puente. Afortunadamente, fue erosionada la problemática distinción entre sociedades primitivas y sociedades estatales, y la antropología nos ha ofrecido múltiples ejemplos de la existencia de regímenes de soberanía alternativos en las propias márgenes del estado (Das y Poole 2008, Stepputat 2024). Con todo, la pregunta por los modos en que se instituyen formas de autoridad allí donde no existían sigue siendo pertinente, en especial cuando abordamos procesos de territorialización popular que se tejen sin el reconocimiento del estado. Al mismo tiempo, vale la pena preguntarnos por las prácticas a las que acuden quienes abanderan esos procesos para recrear una autoridad que no está asegurada a través del monopolio de la violencia.
46Quienes estuvieron detrás de la propuesta de conformar el Territorio campesino Agroalimentario de Norte de Nariño y Sur del Cauca – con anterioridad al reconocimiento, en 2024, de la figura de los TECAM por la normatividad colombiana – se enfrentaron al desafío de instituir, tanto hacia afuera como hacia adentro de una franja del Macizo, al campesinado como un nuevo sujeto de autoridad territorial. Prácticas como “asamblear”, “minguear”, “hacer guardia”, “mandatar” y “llamar a consulta” han sido parte importante de su respuesta a ese desafío.
47Dichas prácticas de soberanía integran el trabajo de creación de formas alternativas de organización social y política. Como planteó David Graeber (2015), otro reconocido antropólogo anarquista, el trabajo no se limita a ser una actividad económica, sino que es una forma de creación social y política, que permite concebir, ensayar y forjar alternativas de organización que tensionan y exceden los sistemas dominantes. Como es sabido, su reflexión buscó resaltar la potencia creadora detrás de distintas expresiones de “contrapoder”, como se refirió a las formas de poder que se oponen a su propio monopolio. Con todo – y espero no estar forzando demasiado su argumento –, si propongo que la institución de formas relativamente inéditas de autoridad popular también hace parte de ese trabajo, aun cuando estas aspiren a un cierto grado de concentración del poder y revistan formas ambivalentes de vinculación con la autoridad estatal.
48Cabe recordar, finalmente, que la creación imaginaria y material de esas nuevas formas de autoridad no se produce en el vacío, sino que toma como insumo las formas de autoridad comunitaria, organizativa y estatal con algún peso en la experiencia de campesinos, líderes sociales y dirigentes políticos de la región. Pese a las diferencias en las formas como se materializa la autoridad en cada una de ellas, todas tienen en común que son usadas como “marcos de aparición” de nuevos sujetos de autoridad, en este caso el campesinado. Tales prácticas tensionan y al mismo tiempo mimetizan las formas de autoridad estatal. Como plantea Steputtat (2024), “la práctica de la soberanía es siempre ambigua, puede ser constituida desde la Ley y el orden que ya existe para conservar y reproducir este orden, pero también puede ser constitutiva de un nuevo orden político o moral” (68). Ocupar con el cuerpo el espacio abierto bajo la forma de “asamblea”, “minga”, “guardia”, “junta de gobierno” o “consulta popular” son actos que producen, aún bajo una forma efímera y precaria, autoridad. Como planteé al inicio, así como la tierra es el producto del trabajo y no solo su condición de posibilidad, el territorio es el producto de prácticas de soberanía y no solo el objeto sobre el cual esta se expresa.
49Antropóloga y magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia con doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Campinas. Profesora asociada del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. Entre sus temas de investigación se destacan los movimientos campesinos, los procesos de territorialización y reinvención de lo común, y la antropología del Estado.
50E-mail: syie@javeriana.edu.co
51El presente artículo es totalmente de mi autoría, habiendo participado directamente en el proceso de conceptualización, diseño de la metodología, investigación y redacción de la versión original.
52Declaración sobre la disponibilidad de la información que respalda el análisis realizado.
53Declaro que los contenidos subyacentes al texto provienen principalmente de observaciones etnográficas no disponibles en ningún repositorio, salvo algunos fragmentos en los casos en que se hace referencia a dichas observaciones a otros textos de mi autoría.