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Sobre la domesticación obrera a través de la vivienda higiénica. Algunos hallazgos (Santiago, 1931-1936)

Diego Morales Barrientos

Resúmenes

En la perspectiva de la elite la vivienda higiénica y económica fue una herramienta para mejorar las magras condiciones habitacionales en las que vivían los sectores populares de las grandes ciudades y, también un medio para la transformación cultural de sus prácticas cotidianas. A partir de allí se ha discutido, desde diferentes ópticas, la capacidad de modelamiento y disciplinamiento que tuvo la vivienda higiénica en los sectores del trabajo. Con el análisis de algunas poblaciones construidas en Santiago durante las décadas de 1920 y 1930 se reconocen las circunstancias que determinaron una movilidad anual importante de decenas de sus ocupantes, y por extensión, la limitada capacidad que habrían tenido estos conjuntos residenciales para cambiar las formas de vida de la familia obrera.

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Introducción

1Ana Bottareli comenta en su memoria de prueba de visitadora social que en 1934 una colega, encargada de la población obrera de la empresa papelera de Puente Alto, llevó a un matrimonio con seis hijos a una de las viviendas de la empresa, una de las poblaciones para obreros con mejores condiciones de toda la provincia de Santiago por su diseño, emplazamiento y amplitud. «La familia vivía en un rancho antihigiénico e insalubre de una sola pieza, en pésimas condiciones de orden y aseo», por lo que fue demolido. Pero, una vez en el interior de la vivienda higiénica, «la madre acostumbrada a cocinar en el suelo, no pudo adaptarse inmediatamente a la comodidad de la cocina económica instalada en la casa y siguió cocinando en el suelo del patio», costumbre que «después de dos años de paciente labor educativa de la Visitadora Social, la madre logró desarraigar», tras lo cual «empezó a hacer uso normal de la cocina» (Bottareli, 1943: 38-39). El caso, en muchos sentidos, alude a una situación extrema, a la que la estudiante de entonces tuvo acceso a través de una entrevista personal con la visitadora social contratada por la compañía. Nuestro interés en él se justifica por visibilizar un problema sobre la vivienda obrera rara vez estudiado en Chile en relación con la época inicial de la política habitacional: el ajuste cultural que las familias tuvieron que realizar al momento de ingresar a una población modelo. Y, algo más preciso, el tiempo que requería una familia para aprender a vivir de acuerdo con los cánones culturales que utilizaban las empresas y el Estado al momento de evaluar el buen uso de la vivienda al ser ocupada por alguna familia.

2Estos problemas, en general, han sido abordados desde la antropología urbana (Zamorano 2013), sobre todo aquella que se ha interesado por estudiar las prácticas sociales predominantes en sectores de la población expuestos a una política de intervención social estatal con afanes transformadores (Jerram, 2006). Investigaciones que recogen parte de las preocupaciones de Henri Lefebvre sobre la producción social del espacio y, en concreto su reflexión sobre la asociación entre la vida cotidiana y la realidad urbana (Lefebvre, 2013 [1974]: 97). Un punto de vista que considerando la forma física o la materialidad de la ciudad, orienta su análisis sobre la ocupación, el tipo de apropiación y el uso que las personas hacen de sus respectivos espacios.

3Sobre esto, la referencia de Bottaleri es de una lucidez poco frecuente, una ventana de exploración a la que se espera contribuir con algunos antecedentes para discutir uno de los supuestos generales, aunque no siempre explícitos, utilizados en los análisis sobre las viviendas y las poblaciones obreras: la permanencia infalible de una familia en su propiedad.

4Son múltiples los estudios que han considerado a la vivienda modelo, higiénica y económica un instrumento para transformar las condiciones de vida de los sectores del trabajo urbano (Castillo, 2018). Esta perspectiva hasta cierto punto fue la misma que adoptó la elite reformista en el inicio del siglo XX al ocuparse de la existencia de los conventillos (Torres, 1986) y agenciara desde la filantropía o las instituciones del Estado los primeros proyectos de edificación de poblaciones para obreros en Santiago (Hidalgo 2005). En la perspectiva de la elite, se trataba de combatir las posturas radicales del movimiento obrero, favoreciendo, por un lado, un cambio sustancial en las formas de subsistencia y, por el otro, la consolidación de algunos mecanismos de integración entre la nueva institucionalidad social del Estado y los sectores del trabajo (Henríquez, 2014: 234-252). Por esto, la inauguración de cada conjunto residencial modelo era parte de una intervención de largo plazo, un intento de la elite por influir en las prácticas y los estilos de vida de la familia obrera.

5Hasta cierto punto, esta era la perspectiva que articula el relato de Bottaleri al llamar la atención de la obra fructífera desarrollada por la visitadora social, quien después de dos años hizo que una madre y esposa aprendiera a cocinar de forma “adecuada” cambiando el fogón por una cocina económica. Un resultado esperable, si se sigue a Brito y Ganter, dada la efectividad de la vivienda en tanto «mecanismo de corrección, modelamiento y vigilancia microfísica» (2015: 14), en el entendido que durante el siglo XX las «habitaciones obreras se transformaron en un eje discursivo fundamental para avanzar en la proletarización y la educación moral de la familia obrera» (2015: 17). En parte, porque se supone que una población allanaba el camino para una «profunda transformación de la vida urbana, en el que las calles empiezan a perder su función y se convierten en simples lugares de paso» (Cortés, 2006: 18). Una posibilidad cierta especialmente cuando se trata de espacios habitacionales aislados y donde los huéspedes quedaban expuestos a una vigilancia directa, como de hecho sucedía en Puente Alto si se considera que la compañía papelera mantenía a una visitadora social en su población para que desarrolle un contacto permanente con las familias de sus trabajadores, tal como se ha examinado en otras grandes empresas mineras, textiles y de cemento de Chile (Illanes, 2001; Venegas y Morales, 2017, 2019).

6La concreción de este modelamiento al que habrían sido expuestos algunos sectores del trabajo descansa en el tiempo invertido por la industria en normalizar y transformar a sus ocupantes. Un esfuerzo sistemático que tuvo bastante menor intensidad en el conjunto de las poblaciones modelo que financió el Estado durante la primera mitad del siglo XX. Y no porque el Consejo de Bienestar Social, la Caja del Seguro Obrero o la Caja de la Habitación Popular prescindieran del trabajo experto de las visitadoras sociales para acompañar a sus habitantes, sino que, las familias una vez dentro de las poblaciones enfrentaron severos inconvenientes para arraigar y estabilizarse en las viviendas. Razón suficiente para dotar de mayor flexibilidad a la interpretación que acentúa la capacidad disciplinadora del Estado a través de la vivienda higiénica en las ciudades. Una creencia que a nuestro juicio es necesario discutir con amplitud a partir de un análisis que incorpore las dificultades que las familias tuvieron para mantener su lugar en la vivienda y a partir de allí iniciar una forma de habitar distintiva si se compara con las condiciones de habitabilidad de los conventillos. Lo cual implica desplazar la mirada desde la vivienda a las familias, giro necesario para reconocer el carácter transitorio que muchas de ellas tuvieron en las poblaciones.

7Parte de esta problemática emerge del análisis pormenorizado de los registros de la Junta Central de la Habitación Popular (JCHP), entidad creada por el Decreto Ley N° 33 de 1931 y con vigencia hasta 1936 bajo la dependencia del Ministerio del Trabajo (MT) hasta la creación de la Caja de la Habitación Popular. Durante este período la Junta tuvo injerencia directa en la política habitacional del Estado y en la administración general de las poblaciones construidas con cargo fiscal. Por ello, los representantes de la institución fueron productores de una amplia y variada documentación, útil para construir una aproximación a las características, funcionamiento y problemas con los que convivieron los habitantes de las mejores poblaciones para obreros. Esto último, insumo principal para reconocer la fragilidad del estatuto de vecino con el que lidiaron numerosas familias en las poblaciones mejor acondicionadas para el mundo del trabajo urbano, en un contexto de aguda crisis y de desempleo masivo en la capital de Chile.

Las poblaciones de la Junta Central

8Desde fines del siglo XIX se desarrollaron diferentes proyectos de edificación de viviendas higiénicas para obreros en la ciudad de Santiago (Hidalgo y Sánchez, 2015: 51-54). A partir de estos conjuntos residenciales, algunos sectores del trabajo accedieron a viviendas unifamiliares, con patio, baño, cocina, dormitorios y salón de estar, todo incorporado a una estructura con materiales sólidos y, según en qué lugar se emplazara, con acceso a servicios de electricidad y alcantarillado, además de una plaza, centro social o un teatro. Esto era, poblaciones con rasgos homogéneos en su construcción y con condiciones superiores a las habitaciones ocupadas por la mayor parte de los sectores populares de la capital, obligados a subsistir en alguno de los cientos de conventillos insalubres con los que cientos de propietarios y rentistas amasaron importantes sumas de dinero.

9Las primeras poblaciones edificadas en Santiago por el Estado fueron administradas por el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros. Por su iniciativa surgieron los conjuntos San Eugenio y Santa Rosa de 100 y 135 unidades respectivamente, ubicadas en las proximidades del Zanjón de la Aguada. A contar de 1925 ambos proyectos, emblemáticos para la ciudad, quedaron supeditados al Consejo de Bienestar Social, institución encargada hasta 1931 de continuar la tarea de higienización de los conventillos y de ampliar el programa de edificaciones económicas en el país por intermedio de créditos hipotecarios a organizaciones de trabajadores con personalidad jurídica. Así, la Sociedad de Artesanos La Unión y la Cooperativa de Edificación de los Obreros y Empleados de Imprenta se transformaron en las primeras asociaciones de Santiago en gestionar con éxito la construcción de sus propias poblaciones, las que se entregaron en etapas entre 1926 y 1927.

10El conjunto de estos proyectos, en las que el Estado había asumido la iniciativa financiera a través de la Caja de Crédito Hipotecario o fondos fiscales directos, se integraron a la esfera de influencia de la JCHP. Establecida en las postrimerías del régimen ibañista, la Junta administró entre 1931 y 1936 el acontecer de las principales poblaciones edificadas en el país. Como parte de su patrimonio, figuraban aquellos conjuntos que eran vendidos directamente a las familias obreras que postulaban, como sucedió en las poblaciones San Eugenio, Santa Rosa y San Luis, en Santiago. También las construcciones para ser arrendadas a familias obreras como las creadas en Talca, Chillán, Valdivia y Magallanes o los arriendos de piso que originaron la población Las Habas de Valparaíso y la Población San Rosendo de la misma ciudad.

11Sumado a esto, la Junta tuvo directa injerencia en la mayor parte de las viviendas construidas a través del Decreto Ley N°308, de 1925, bajo el cual al menos veinte cooperativas de edificación lograron desarrollar sus propias poblaciones en un lapso de ocho años. Sobre estas construcciones, a la Junta le cabía una supervisión general pero sin hacerse cargo de su organización ni mantenimiento, pues se entendía que eran proyectos inmobiliarios privados surgidos del acuerdo entre entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio (la cooperativa) y la Caja de Crédito Hipotecario. En 1930 era la situación de diferentes núcleos residenciales de Santiago, como la Población Artesanos La Unión o Chacabuco, Manuel Montt, Los Gráficos, Correos y Telégrafo, Impuestos Internos, Unión de Empleados de Chile, Sagrada Familia y Unión de Peluqueros. Entre ellos, algunos de los conjuntos de viviendas para trabajadores urbanos mejor habilitados de la ciudad de Santiago, aunque en ningún caso idílicos debido a múltiples deficiencias en los servicios urbanos gestionados a escala municipal.

12Ante la cantidad de viviendas que quedaban a expensas de la JCHP, en diferentes modalidades legales y administrativas, es difícil no concebir en esta repartición un gestor inmobiliario de envergadura mayor, comparable solo con los más importantes corredores de propiedades de Santiago. Aunque con una salvedad: en el resguardo de su patrimonio, la Junta fue receptiva a las contingencias económicas de las familias que arrendaban o pagaban dividendo cada mes y que se agravaron todavía más con el desempleo masivo y la carestía generalizada derivada de la crisis de 1930. En este sentido, parte de su accionar tuvo que conciliar con algo de sensibilidad el reajuste de los arriendos y los sistemas de cobranza frente a los atrasos, así como la condonación excepcional de lo adeudado. Un actuar impropio para cualquier interesado en hacer un pingüe negocio con las familias obreras aprovechando la escasez masiva de viviendas urbanas durante las décadas de 1920 y 1930.

13El Decreto Ley N° 33, de marzo de 1931, dispuso que la JCHP se organizara a través de un Consejo en el que se integraba el ministro de Bienestar Social, el Inspector General del Trabajo, un funcionario de la Caja de Ahorros y cuatro miembros designados por el Presidente de la República. Dicho Consejo, además de tener atribuciones directas en las ventas o en el arriendo de sitios, estuvo a cargo de las transacciones de propiedad y cambio de ocupantes en las viviendas que tenía bajo su observación. En el papel, todas estas operaciones debían allegar recursos y, siguiendo el artículo 15 del mismo decreto, financiar la edificación de viviendas para ser arrendadas por un valor mensual inferior a doscientos pesos o, en su defecto, para ser vendidas a un valor máximo de veinte mil pesos. Sin embargo, el plan de fomentar la construcción de habitaciones para obreros no pasó de ser una declaración de intenciones puesto que desde su constitución, la Junta se ocupó principalmente de la administración del patrimonio con que contaba.

14El Reglamento sobre Deberes y Atribuciones de la JCHP, aprobado en diciembre de 1933, permite reconocer las actividades que correspondían a su Consejo en el conjunto de las poblaciones bajo su custodia. En el caso de las cooperativas de edificación, por ejemplo, este organismo debía proponer al Presidente de la República «el monto de la cuota periódica de adquisición o de arrendamiento, según corresponda, que debe pagar cada cooperado para el servicio del préstamo» (ARNAD, MT, Vol. 74, Oficio N°976, 21 de diciembre de 1933, p. 5). Mientras que, en el caso de poblaciones de su entera administración, el Reglamento estipulaba que el Consejo definía el monto por concepto de arriendo de cada inmueble y la modalidad de pago que debía cumplir quien acumulaba deudas como arrendatario, además de establecer el plazo y las condiciones de su expulsión según sea el caso. Por si fuera poco, el Consejo definía las condiciones de las licitaciones públicas que se realizaban cuando un inmueble quedaba sin ocupantes, ante lo cual los postulantes eran responsables de presentar antecedentes y certificados sobre su capacidad financiera y el número de integrantes de cada familia.

15El Reglamento sobre Administración de Propiedades, definido por la Junta en octubre de 1935, establecía que «como base para aprobar la capacidad de pago se entenderá que ella existe cuando el 25% del haber familiar alcanza a cubrir el dividendo mensual, y siempre que dicha renta no sea inferior a $240 mensuales si son tres las personas que componen la familia, y $50 por cada persona de exceso» y, «cuando haya varios solicitantes para una misma casa, deberá darse preferencia a los matrimonios legalmente constituidos y con familia a su carga, y muy especialmente aquellos que tengan empleador» (ARNAD, MT, vol. 4885, JCHP Sesión N° 114, 30 de octubre de 1935, p. 2). Con esto la Junta creaba restricciones entre quienes postulaban a una de las viviendas de su propiedad, en donde era prioritario la evaluación de los ingresos familiares para asegurarse el pago regular de los arriendos.

16De acuerdo con estas disposiciones reglamentarias, la Junta Central se transformó en una oficina decisiva en la vida de cientos de familias de trabajadores de la ciudad de Santiago. Constituyendo, con toda probabilidad, una de las manos más robustas y visibles del estado social en formación de la época. Entre otras cosas, porque sus consejeros permitían o rechazaban el subarriendo y la ampliación o modificación de muros, ventanas o puertas de los inmuebles, pero también eran los encargados de monitorear el adecuado uso de sus instalaciones evitando, por ejemplo, actividades comerciales no contempladas por la legislación. Labores que eran ejecutadas por el Departamento de la Habitación del Ministerio del Trabajo, la dependencia que no obstante el número limitado de sus funcionarios y funcionarias (asistentes sociales), tenía la potestad para abrir la puerta de cualquier vivienda perteneciente a la JCHP. Y, en casos especiales, también en las administradas por las cooperativas de edificación a pesar de las suspicacias que manifestaron contra el accionar del Departamento cuando pretendía examinar «sus libros de contabilidad, auxiliares, libros de actas y los comprobantes respectivos», pues entendían que no existía ley que «les prive de los libros de contabilidad [...] sin causa alguna que lo justifique» (ARHN, MT, vol. 166, Decreto N°103, 17 de enero de 1934, s.f).

17La importancia de la Junta Central en la gestión general de numerosas poblaciones, explica la riqueza documental contenida en las transcripciones de las reuniones de su Consejo disponibles en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). Ellas permiten reconocer las dificultades que tuvieron los proyectos dependientes de alguna cooperativa significativa de Santiago como la de Chacabuco, Manuel Montt, Los Gráficos, Sagrada Familia, Unión de Empleados, Congreso Social Obrero y Unión de Peluqueros. Estas últimas, algunas de las poblaciones sobre las cuales se ha sistematizado un caudal mayor de información gracias a que sus dirigentes y vecinos encontraron en la Junta una entidad receptiva de sus inquietudes.

  • 1 La legislación en esta área prosperó paulatinamente desde 1906. Las primeras disposiciones establec (...)

18Los registros de comunicaciones directas desde poblaciones ligadas a cooperativas de edificación con la JCHP y las discusiones que dieron origen en el Consejo permiten una aproximación a la compleja situación social y económica experimentada por sus habitantes. Un contexto de dificultades que interesó a los consejeros de la entidad puesto que, si bien debían ceñirse a la regulación existente sobre la vivienda (Pinto, 1935: 82-110)1, tenían conocimiento pleno de los efectos inmediatos que sus decisiones tenían en familias específicas. Ante ello, los consejeros comprendieron que la institución debía aplicar las leyes con alguna sensibilidad social. El secretario de la Junta, Carlos Alcaide, fue explícito cuando se discutía sobre la conveniencia de desalojar a una madre recién divorciada de la población Los Gráficos. Aunque «desde el punto de vista legal, la Cooperativa puede tener toda la razón [de ejecutar su expulsión]», el secretario argumentó que era deber de la Junta «examinar si el acuerdo está a tono con la finalidad social de la Ley». A lo cual, se sumó inmediatamente el arquitecto Carlos Carvajal, aseverando que: «Nosotros somos humanos y representamos un papel enteramente social. Yo creo que la H. Junta no puede mirar impasible un conflicto conyugal, cuando los que van a pagar las consecuencias, son los hijos. Cooperemos a defender a estos menores» (ARNAD, MT, Vol. 4885, JCHP Sesión N°115, 8 de noviembre de 1935, p. 2). Con estas palabras, una de las figuras más influyentes del consejo invitaba a sus colegas a explorar una solución que, sin desconocer la legalidad de la expulsión, permitiera al grupo familiar mantenerse en su vivienda a pesar de la venta realizada por el socio y cooperado de su propiedad.

Traspasos y transferencias de propiedad

19La rotación de las familias en las viviendas fue una realidad extensa y problemática en las poblaciones construidas con los créditos hipotecarios favorecidos por el Estado en el marco del Decreto Ley N° 308. Según un recuento del Ministerio del Trabajo, tras ocho años de esta reglamentación en el país eran 21 las cooperativas de edificación que habían logrado adjudicarse créditos para la construcción efectiva (ARNAD, MT, Vol. 114, Oficio 5279, 24 de agosto de 1933) y, en la mayoría de ellos, los dirigentes lidiaron con el cambio de ocupantes en sus inmuebles. Debido a esta realidad parece un exceso pensar que en la población Los Gráficos, en el sector de Bellavista de Santiago, durante la década de 1930, vivían solo familias de tipógrafos o en la del Congreso Social Obrero, en el sector de Independencia, lo hacían solo familias ligadas a esta institución. Las cooperativas de edificación que inauguraron viviendas tuvieron serias limitaciones para fidelizar a sus asociados, por lo que una de las motivaciones iniciales del Decreto Ley N°308, consistente en fortalecer las asociaciones de trabajadores, quedaron truncos con sus primeros resultados.

20Según la visitadora social, Raquel Fernández, el problema respondía al origen de los proyectos en el marco del Decreto Ley 308. Como el crédito hipotecario avalado por el Consejo de Bienestar Social se concedía a una entidad jurídica organizada como cooperativa de edificación, los miembros de cada población eran sujetos de derecho sobre un inmueble en la medida que se incorporaran a esta organización y participaran de sus asambleas y comités. Pero esta situación en muchos casos no pasaba de ser una ficción legal considerando que para las familias el interés principal no era la cooperación sino el acceso a una de las escasas viviendas económicas de la ciudad. Tras lamentar la situación organizativa de la cooperativa de edificación Manuel Montt, a cargo de la población de Chauffers en el sector de Independencia, Fernández advertía que «desgraciadamente el obrero chileno no está preparado para comprender ni aceptar el sistema cooperativista que supone el sacrificio personal por el bien colectivo en todo instante» (Fernández, 1935: 23), lo cual era difícil de remediar entre otros factores, por la incapacidad financiera que muchos socios de la cooperativa presentaban una vez reconocidos como adquirientes. En parte porque el monto total de la deuda por cada inmueble, en términos generales, ascendía a 18 o 20 mil pesos (o más) y significaba que el acreedor firmaba un compromiso de pago por quince o veinte años, cifras mensuales que, entre 1930 y 1935 se elevaban a 80, 100 o 140 pesos según cada caso. Considerando este contexto, aludiendo a la realidad específica de la población Manuel Montt, Fernández indicaba que «solo un 50% [de los habitantes de la población] son choferes, ninguno ha pagado todavía la totalidad de sus casas [y] de los primitivos fundadores queda un 25%» (Fernández, 1935: 19).

21El cambio de los ocupantes de las casas de una población modelo es un problema que merece incorporarse en una reflexión más amplia. Primero, en aquella interpretación que reconoce en la vivienda un instrumento de modelamiento social, en clave disciplinaria. Segundo, en aquella perspectiva que advierte en el aumento del número de viviendas higiénicas un salto cualitativo en las condiciones de vida obrera, cambio más o menos automático al que los sectores del trabajo se incorporaron a través de los programas de fomento estatal asociados desde 1936 a la obra constructiva de la Caja de la Habitación Popular. Sin desechar el mérito de ambas opciones, el planteamiento de Fernández exige evaluar con mayor profundidad uno de los supuestos implícitos de ambas perspectivas: la separación abierta entre quienes viven dentro de una vivienda higiénica y quienes no, por lo tanto es una invitación para reflexionar sobre los trasvasijes entre las familias que arrendaron o intentaron adquirir (vía crédito) un inmueble moderno y las otras formas de habitar predominantes en la ciudad, las que por norma general fueron más precarias desde un punto de vista constructivo.

22De todos modos, avanzar en dilucidar esta problemática no es sencillo porque los conjuntos residenciales creados a partir del Decreto Ley N° 308 fueron privados y la consulta de sus registros no son accesibles. De allí el interés por leer en forma pormenorizada los acuerdos adoptados por el Consejo de la JCHP. A pesar de no tener competencia para definir quién tenía acceso a una población cooperativa ni tener voz o voto en las asambleas de estas organizaciones, los consejeros de la Junta eran supervisores y por eso en sus discusiones se encuentran vestigios documentales que informan sobre las ampliaciones y reparaciones mayores de cada vivienda, las transferencias de las propiedades, o bien, aspectos generales de las actividades o problemas que enfrentaba una población. La inexistencia o insuficiencia del alumbrado público, la escasa dotación de carabineros, el servicio de recolección de basuras o las interrupciones en el tráfico de los tranvías. Todos estos, registros reveladores de algunos problemas que debían enfrentar en forma cotidiana los habitantes de las poblaciones higiénicas, imprescindibles para discutir una evaluación en exceso optimista sobre cuán diferente era la vida de quienes ocupaban un inmueble moderno y quienes no tenían esa opción en la ciudad de Santiago durante los primeros años de la década de 1930.

Tabla N°1

Cambio de ocupantes en poblaciones cooperativas de Santiago en 1935

Población

Construcción

Transferencia

Expulsión

Remodelación

Chacabuco

1926

27

1

---

Los Gráficos

1926

6

---

---

Manuel Montt

1928

11

---

1

Sagrada Familia

1928

---

---

6

Unión de empleados

1929

1

---

5

Congreso Social Obrero

1929

9

3

---

Fuente: ARNAD, MT, Vol. 4885, Sesiones de la Junta Central de la Habitación números 77-123. Elaboración propia.

23Las cifras no pasan de ser una fotografía de un año específico y consideran solo una parte de las poblaciones cooperativas que se construyeron en la ciudad de Santiago a través del Decreto Ley N°308. Y, por cierto, no son concluyentes por lo mismo estas cifras deben interpretarse como parte de un proceso permanente y acumulativo de renovación de los ocupantes de algunas de las poblaciones contenidas en la Tabla N°1.

24En las transcripciones de las reuniones de la Junta Central rara vez se especifican las razones de las transferencias de propiedad de las viviendas salvo cuando se producían por la muerte del adquiriente, situación que hacía efectivo el cobro de seguros que eximían de todo pago a los herederos que reconocía la entidad fiscal. Descartada esta situación, el resto de las transferencias, en su mayor parte, fueron una respuesta a la fragilidad económica de las familias que se desprendían de la propiedad. Con ello es posible colocar en una perspectiva más amplia las cifras específicas de la Tabla N°1 y la desigual distribución de los casos existente entre las poblaciones. Esto, si se advierte en la venta una situación irreversible: el costo mensual de la vivienda en vez de ser una solución habitacional, en el largo plazo se había convertido en un problema para el presupuesto de un miembro de la cooperativa y su familia.

25Existen diversos antecedentes para avalar esa suposición como el reclamo de diferentes socios de cooperativas al ministro del trabajo por la orden de la Junta Central «a los empleadores y pagadores para que retengan parte del sueldo de los cooperados a fin de asegurar el pago de los dividendos», (ARNAD, MT, Vol. 167, Oficio 607, 2 de mayo de 1934). Una medida que buscaba disminuir la morosidad en las poblaciones pero que sería suspendida por el ministro Alejandro Serani, por los efectos en las posibilidades de sustento de las familias implicadas. En parte, porque la crisis general del mundo del trabajo en la transición de la década de 1920 y 1930 no era responsabilidad de un cooperado ni de su familia. Algo que también se ponderó al interior de la Junta:

Sr. Bulnes: ¿El resto de los cooperados [de la población Los Gráficos], ¿están al día en sus pagos?. / Sr. Barros: No paga casi nadie. / [....] Según la ley, los Consejos de las Cooperativas, pueden dirigirse a la Junta Central de la Habitación y la H. Junta tiene el deber de atender sus peticiones. / Sr. Bulnes: Mis observaciones son en este sentido: si estos cooperados son los únicos que no han pagado. / Sr. Acosta: La Cooperativa ha expulsado a estos individuos: El Secretario: El Jefe de la Sección Administración de Propiedades dice que estos son los más morosos. (ARNAD, MT, Vol. 4885, JCHP Sesión N° 124, 5 de enero de 1936)

26Considerando esta situación particular, poco diferente a la trayectoria de otras cooperativas de Santiago, bien puede interpretarse la transferencia de una vivienda como un último mecanismo para rescatar parte del patrimonio familiar, antes que el incremento de la deuda obligara al directorio de una cooperativa a decidir la expulsión lisa y llana. Una medida extrema como la adoptada contra un socio de la cooperativa de Choferes Manuel Montt a fines de 1934 en que «por acuerdo unánime del Consejo Administrativo [...] se había resuelto pedir la expulsión [... porque] además de no pagar desde el año 1929 ha destruido la propiedad, vendido las planchas de zinc acanaladas del garaje», motivo suficiente para que la Junta Central privara al Sr. Gajardo «de sus derechos de propiedad» y se sumara a lo dispuesto por la cooperativa al ordenar su lanzamiento (ARNAD, MT, Vol. 229, Decreto 125, 8 de enero de 1935, f. 1).

27La venta constituye una respuesta para quien enfrentaba un período prolongado de cesantía o una disminución general en el ingreso por sus actividades. Casos frente a los cuales la adquisición de una vivienda higiénica era inalcanzable. Un arquitecto del Departamento de la Habitación en 1935 calculaba que en la Población Unión Gremial de Peluqueros -41 viviendas ubicadas entre las avenidas Santa Rosa y San Francisco de la comuna de Santiago-, el valor de la vivienda con cuatro dormitorios era algo más de 32 mil pesos y casi 24 mil la vivienda más económica (ARNAD, MT, Vol. 211, Oficio 1056, 31 de octubre de 1935), montos elevados para cualquier familia obrera. Por eso desde un principio quienes ingresaron a las cooperativas fueron excepcionales en el mundo del trabajo urbano en el entendido que para alcanzar una propiedad cada adquiriente debía pasar la validación financiera de la Caja de Crédito Hipotecario. Solo tras ello, en 1926, la Unión Gremial había recibido el primer crédito (La Nación, 24 de octubre de 1926, p. 40) con el cual inició la construcción previa contratación del joven arquitecto Luciano Kulczewski (La Nación, 17 de Mayo de 1927, 49). Obras que, por cierto, aumentaban de valor tanto como lo hacía la plusvalía de los terrenos del conjunto de la ciudad. De allí que los cooperados con frecuencia intentaran como paliativo renegociar de forma directa sus dividendos con la Caja de Crédito y así disminuir el monto mensual que destinaban para financiar la vivienda. Sin embargo, en casos más grave esta alternativa era también inviable.

28La correlación de transferencias y expulsiones de la población del Congreso Social Obrero confirma lo señalado. Como entidad ligada al ibañismo (Rojas, 1993: 117-118) tuvo éxito en concretar su propio proyecto inmobiliario después de largas tratativas. Si bien la cooperativa se había creado en octubre de 1927, el ministerio de Bienestar Social solo accedió a venderle un terreno con acceso a la población San Luis en 1928 (ARNAD, MT, vol. 178, Oficio 2356, 12 de julio de 1934), mismo año en que se adjudicó su primer crédito para construir diecisiete viviendas (La Nación, 7 de octubre de 1928, 19). Sin embargo, el conjunto de la población, con cien inmuebles solo se entregaría en 1929, aunque sin que la cooperativa tuviera opción de cumplir con lo adeudado por el terreno de origen fiscal. Por esta razón la intervención y liquidación de la cooperativa por parte de la Junta Central fue una posibilidad cierta, como de hecho había sucedido en otras oportunidades con poblaciones que pasaron de propiedad de una cooperativas al patrimonio del Estado dada la insolvencia general de los adquirientes, tal como ocurrió con las cincuenta viviendas de la población cooperativa Correos y Telégrafos entre 1929 y 1930 o la población Nacional de Talca durante la década de 1930.

29Por el contrario, el número reducido de transferencias y los permisos de remodelación de los inmuebles incluidos en la tabla pueden interpretarse como indicación de salud financiera familiar; lo que parece razonable, además, por la situación particular de los miembros de la cooperativa Unión de Empleados de Chile ubicada en Los Leones con general Körner, en la comuna de providencia (La Nación, 14 de mayo de 1929, 23). En total, ochenta chalet de tres tipos diferentes que tenían un valor superior a los cuarenta mil pesos a mediados de la década de 1930, una carga financiera que tuvieron opción de gestionar sus respectivos adquirientes. A lo que se sumaba su interés por seguir la regla y solicitar la venia de la Junta Central para que revisaran los proyectos de transformación, ante lo cual, la entidad fiscal enviaba a un arquitecto, como el mismo Carlos Carvajal Miranda, para evaluar las obras de remodelación ejecutadas.

30Estas últimas también son una muestra de la capacidad de apropiación de cada familia sobre su vivienda, en el sentido que alteran el diseño inicial de arquitectos y constructores. Un pequeño vestigio sobre lo cual existe escasa reflexión en relación a los primeros conjuntos habitacionales favorecidos por políticas estatales en Chile, pero que no debería omitirse si se advierte que la apertura de una puerta, la creación de una ventana o un dormitorio era un cambio general en la vida cotidiana de una familia, un acomodo material válido para solucionar un problema de espacio en viviendas diseñadas con dos o tres dormitorios en los que se radicaban grupos familiares con cuatro, cinco o más hijos. Una posibilidad de acomodo que implica algún grado flexibilidad en los inmuebles más sólidos a los que tuvieron acceso sectores limitados de la población, con lo cual se añade otro factor para pensar en perspectiva histórica la relación de la vivienda obrera y el disciplinamiento.

31Algunos fragmentos de los acuerdos adoptados por la JCHP permiten visibilizar la transformación en el tiempo de las viviendas por iniciativa de quienes, sorteando la barrera de la incertidumbre en el cumplimiento de los dividendos mensuales, invirtieron parte de sus recursos para cambiar la forma de su respectiva vivienda. En el caso específico de un inmueble de la población Carrera, de Santiago, la Junta dispuso «modificar ampliación ejecutada», exigiendo concretamente «que [el adquiriente] abra ventanas a las piezas que están sin luz y que estuque las paredes del lado de la acera; bajo apercibimiento de demolición» (ARNAD, MT, Vol. 4885, JCHP Sesión N°89, 15 de mayo de 1935). Inserción breve pero taxativa sobre lo realizado por una familia que contrasta con lo acordado sobre una vivienda perteneciente a la cooperativa Sagrada Familia, emplazada en la avenida San Alfredo, próxima a las poblaciones San Eugenio Viejo y San Eugenio Nuevo. A la casa N° 2921 se acercó el consejero Carlos Carvajal en su calidad de arquitecto para informar de las obras realizadas por el adquiriente, comentando que «se trata de mejoras muy parecidas a las efectuadas en la casa de la calla Santa Sara N°635 de la Población Carrera, que esta H. Junta aceptó [...]» porque «sin modificar la construcción existente, la ensanchó, edificándole un hall-comedor, una cocina y un baño, como se indica en el plano», obras en las que tuvo que trabajar el mismo adquiriente dado que se lo reconocía como carpintero, quien se comprometió con Carvajal a realizar «modificaciones de poco costo» tras su inspección ocular (ARNAD, MT, Vol. 4885, JCHP Sesión N°93, 19 de mayo de 1935, p. 2-3). En breve: soluciones familiares sobre el espacio y materialidad de una vivienda moderna que como mínimo añadía diferenciales en las formas en que unos u otros ocupaban y se apropiaban de las siempre escasas viviendas higiénicas de Santiago en la época gestacional de la política habitacional a mediados de la década de 1930.

Conclusiones

32La hipótesis de la domesticación de los sectores del trabajo a través de la vivienda obrera modelo, es sugerente y ha sido validada en múltiples contextos como un recurso eficiente en modelar las prácticas sociales y en ocasiones el signo político de grupos organizados de obreros. Aludiendo a este interés en la elite industrial y reformista de Perú durante la década de 1930, Paulo Drinot acota que la vivienda era algo más que un mecanismo de incorporación de los trabajadores, pues constituía un esfuerzo de la elite por formarlos, inculcando a través de ella nuevas prácticas y valores, como «el sentido de la responsabilidad económica» (Drinot, 2016: 190). En el caso chileno, esta perspectiva también ha sido utilizada y sus líneas interpretativas, siguiendo estudios de otras realidades, han tenido el valor de ampliar el campo de observación de las relaciones obrero-patronales a áreas no laborales, incorporando los espacios propios de la reproducción social. Sin ánimo de desechar esta hipótesis de trabajo, consideramos que las nuevas exploraciones deberían cruzar el marco normativo y reconocer algunos problemas empíricos para reflexionar con mayor densidad la relación de la vivienda obrera, higiénica y económica con el disciplinamiento. Buena parte del cambio cultural que supone esta relación descansa en la permanencia de una familia (igualmente modelo) en un inmueble de diseño moderno. Era el énfasis central que relevaba la visitadora social Ana Bottarelli al sugerir que una de sus colegas había logrado que una familia de extracción popular, inserta en un área rural de la provincia de Santiago, comenzara a cocinar regularmente con un equipo moderno solo después de un arduo trabajo de supervisión. Desde su punto de vista, un resultado óptimo basado en el acompañamiento regular y sofisticado por parte de una profesional.

33Los antecedentes que se ha buscado sistematizar sobre algunas poblaciones modelo de la ciudad de Santiago, sin embargo, plantean algunas dificultades en la concreción de un propósito o un anhelo tan ambicioso como era la transformación de la familia obrera a través de las viviendas. Y, la dificultad ciertamente no nacía de la calidad (buena o mala) de la construcción, sino de las opciones que tuvieron numerosas familias para ocuparlas por tiempo prolongado. Todo indica que en las poblaciones construidas en el marco del decreto 308, con anterioridad a lo obrado por la Caja de la Habitación Popular desde 1936, hubo una inestabilidad nada despreciable en sus ocupantes o, lo que es lo mismo, una rotación de los vecinos. La importancia de esto en ningún caso es accesoria. Por un lado, dado que el tiempo requerido por una familia para ser modelada o domesticada por un recurso estratégico por parte de la elite -como era lo pretendido por la vivienda higiénica- fue limitado, en muchos el proceso debió ser bastante fugaz. Por otro, entre quienes lograron arraigarse en una población hubo algunos que tuvieron opción de cambiar el diseño original de sus viviendas, transformando con ello las lógicas de ocupación o las formas de uso de los espacios domésticos.

34La ocupación transitoria y el cambio en la forma de la vivienda por parte de una familia, son cuestiones centrales sobre las cuales sería necesario hacer un abanico mayor de exploraciones, sobre todo si se busca analizar la efectividad de las viviendas en la transformación cultural de sus ocupantes. Un problema historiográfico que en un plano normativo casi no ofrece discusiones ni dudas, pero que al considerarse trayectorias específicas de diferentes poblaciones todavía es difícil conseguir una mirada de conjunto que ofrezca respuestas sobre quiénes fueron sus ocupantes y los problemas que debieron enfrentar individual y colectivamente. La lectura de las transcripciones de las reuniones de la Junta Central de la Habitación invitan a complejizar la realidad puesto que permiten individualizar a adquirientes con severos problemas para mantener su estatus de vecino de las poblaciones cooperativas surgidas a partir de 1925, un problema aún más extenso en poblaciones de Valparaíso (Las Habas), San Antonio (Barrancas), Talca (Nacional) o Chillán (Centenario), lugares donde la Junta era responsable directa de viviendas y sitios en arriendo donde la incapacidad de pago fue crónica al comenzar la década de 1930. De hecho, es probable que la incertidumbre que enfrentaron los miembros de las diferentes cooperativas de edificación constituyan la parte más visible de un problema mucho mayor en poblaciones de propiedad de la Junta Central, puesto que, los dirigentes de las cooperativas intentaron salvaguardar hasta donde pudieron las inversiones que ellos mismos habían realizado con la esperanza de conseguir una propiedad después de quince o veinte años de pagar sus dividendos.

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Notas

1 La legislación en esta área prosperó paulatinamente desde 1906. Las primeras disposiciones establecidas para mejorar la higiene de las construcciones en arriendo para obreros, como lo eran los conventillos (Ley 1838, D.F. 261), fue continuada por otras regulaciones. Sobre las obras de urbanización mínima que debían cumplir las poblaciones creadas por venta de sitios a plazo (D.F. N° 740 y 5579 de 1925 y 1935 respectivamente), y disposiciones que buscaron reconocer la validez de los acuerdos verbales que la mayor parte de los compradores de sitios habían hecho sin inscripción legal en los suburbios de la ciudad (Decreto Ley N°33).

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Diego Morales Barrientos, «Sobre la domesticación obrera a través de la vivienda higiénica. Algunos hallazgos (Santiago, 1931-1936)»Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 43 | 2022, Publicado el 01 julio 2022, consultado el 10 agosto 2022. URL: http://journals.openedition.org/alhim/10690; DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.10690

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Autor

Diego Morales Barrientos

USACH (Chile)
Doctor en Historia. Área de investigación: Historia social, trabajo fabril, disciplinas laborales.Este artículo ha sido elaborado como resultado del proyecto FONDECYT regular Nº 1191411.
diegobtos@gmail.com

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