1La década de los años setenta marca, por las situaciones de alta conflictividad, expresadas en guerras internas, en que se ven envueltos tres de sus países: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, el inicio de un cambio profundo en las coordenadas políticas de Centroamérica. Los conflictos armados surgidos en la región, trenzan una dinámica migratoria que provoca un importante flujo de población hacia el norte y un desplazamiento político que genera un elevado número de refugiados, situación que se regulariza en 1987 con la realización de la Conferencia Internacional sobre Refugiados, Desplazados y Repatriados de Centro América (CIREFCA) convocada por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) CIREFCA propone un plan de acción que es suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Belice y México. Complementando ese acuerdo las naciones centroamericanas, signatarias de las convenciones regionales que garantizan y reconocen el derecho a asilo, ofrecieron la posibilidad a la población víctima de solicitar asilo territorial.
2Los nuevos flujos, relacionados con la situación de crisis política de algunos países de la región, promovieron alteraciones del panorama migratorio. El Salvador y Guatemala conocieron sucesivamente desplazamiento de población no involucrada en la confrontación o victima de ella, a países fuera de la región. Estos flujos son constituidos por sectores de baja condición socio económica y mínimos ingresos y presentan la particularidad de ser migraciones familiares. Los países de asilo más importantes en ese período fueron México, Estados Unidos y Canadá.
3El conflicto armado salvadoreño provoca, durante el período más álgido de la guerra, un éxodo poblacional hacia uno de sus países limítrofes, Honduras, donde se asientan temporalmente las poblaciones victimas que, una vez terminado el conflicto, vuelven a sus lugares de origen. El caso de Guatemala es más complejo. La población de ese país, huyendo del terror, se instala en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche en el vecino México. La Conferencia de CIREFCA y las negociaciones de sus representantes con el gobierno guatemalteco, permiten la firma el 8 de octubre de 1992 de un Acuerdo Marco que define las condiciones de un retorno colectivo de los refugiados, las que se inician el 20 de enero de 1993, con la instalación del primer grupo en el municipio del Ixcán, departamento de El Quiché. Entre ese momento y el l7 de enero de 1997, fecha en que el gobierno de Guatemala y los Representantes de los grupos de Refugiados / Retornados dan por terminada la etapa de traslado de refugiados en México, de una cifra aproximada de 200 mil refugiados, solamente retornan 65.379; el resto permanece en México y se acoge a las condiciones de legalización que se les ofrecen.
4Un factor importante en la cronología de la situación de la población refugiada, fue la incorporación de la figura del refugiado, hasta entonces inexistente, en la Ley general de población (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 1974 y 1990) Su definición retomó los elementos de la declaración de Cartagena (1984) que en diversos aspectos va más allá que la Convención de Ginevra 1951 y el Protocolo de Refugiados de las Naciones Unidas1967.
5El patrón migratorio de la población Centroamericana se definía hasta ese entonces, por una movilidad de población que se limitaba a desplazamientos internos o interregionales localizados, gran parte de estos flujos eran fronterizos y parte de ellos temporales; de ahí que el cambio más considerable tenga que ver con el incremento de los flujos extrarregionales. Las migraciones, de carácter principalmente rural, excedían las fronteras de países vecinos como parte de mercados subregionales. Las principales migraciones de este tipo se dieron entre Guatemala-México: El Salvador-Guatemala, Honduras-El Salvador, Honduras-Belice, Nicaragua-Costa Rica, y Panamá-Costa Rica.
6A partir de la década de los ochenta los flujos migratorios aumentan, diversificándose su composición y destino, aunque la tendencia dominante fue su dirección en una mayor escala hacia los países con mayor grado de desarrollo. No es fácil establecer las fronteras claras entre estos flujos y los políticos, sin embargo la conjugación de las crisis económicas, los efectos directos e indirectos de las guerras, la militarización de las sociedades, las paupérrimas condiciones de vida de los sectores mayoritarios, la carencia de oportunidades de todo tipo, como lo señalan los Informes de Desarrollo Humano del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) son aspectos que incidieron en la emigración de amplios sectores de la población centroamericana. Ésta se dirige a países que le “ofrecen” posibilidades para resolver esta situación, siendo los del “norte” (Estados Unidos, Canadá y México) los prioritariamente elegidos.
7Sin embargo, todos ellos aplican políticas restrictivas donde los criterios de admisibilidad son selectivos, favoreciéndose sólo a una mínima cantidad de solicitantes. Los criterios aplicados se refieren a las necesidades de los países receptores, o bien, si los solicitantes cuentan con relaciones de soporte establecidas en períodos anteriores, la premisa de la reunificación familiar puede incidir en una respuesta positiva y allanar el camino
8Las restricciones impuestas por los países receptores, han tenido como consecuencia el aumento de los inmigrantes indocumentados. Las fronteras de los países de destino, especialmente de México y su límite sur con Guatemala y norte con Estados Unidos, se han convertido en ciudades ambulantes donde el negocio más lucrativo es el “paso” de clandestinos, creando una serie de sistemas irregulares que buscan evadir controles legales y barreras, estableciendo una población indocumentada y sin protección.
9Hasta la fecha no hay evidencias disponibles que permitan construir un perfil de la población emigrante centroamericana. La información con que se cuenta de los países destinatarios o de tránsito es sólo parcial; esta ausencia de datos se debe en parte, a que los inmigrados son mayoritariamente indocumentados. Solamente los datos sobre detenciones y deportación sirven de base para elaborar las estadísticas. Según los datos disponibles, la población nacida en países de Centroamérica y residente en Estados Unidos, ha crecido de manera significativa. En 1980 el total era de alrededor del 1.3%, mientras que en 1990 había pasado a ser casi el 5%1. Según el libro anual del Servicio de Inmigración y Naturalización de los EE.UU., hasta octubre de 1996 la población latinoamericana ilegal residiendo en ese país provenía en primer lugar de México, después de El Salvador y en tercer lugar Guatemala.
10México constituye también un país de immigración para los centroamericanos, habiendo presencia de estos en distintas partes del territorio. Pero uno de los fenómenos migratorios más importantes en este país, lo conforma el hecho de que personas, de diversas maneras, pero especialmente por vía terrestre, lo usan como lugar de paso con el propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos y entrar a ese país. Estos casos pueden calificarse como una migración temporal. Es en 1990 que empieza a darse un aumento significativo de las expulsiones / deportaciones, sobrepasando la cifra de cien mil por año. Cuatro países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (en ese orden) son las principales fuentes de origen. México, al igual que otros países, bajo modelo proteccionista de su soberanía interna, ha reforzado y endurecido sus medidas de detección, detención y deportación de indocumentados.
11Estos lineamientos de la política mexicana han sido coincidentes con las peticiones y decisiones del gobierno americano, para el cual el control efectivo en territorio mexicano contribuya a disminuir los flujos migratorios hacia su país. Mención aparte merece la migración masiva de ciudadanos mexicanos hacia su vecino del norte, atraídos por mejores ofertas de empleo y condiciones de vida, lo que provoca un constante movimiento de personas. Sin embargo, el problema migratorio ha estado ausente de los programas de desarrollo y se evidencia aún más en el Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA) de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá firmado en 1994. En cuanto a la movilidad de personas, el TLC se restringe estrictamente a la requerida en los planes económicos, sin incluir la perspectiva migratoria.
12Las políticas restrictivas de los países receptores, provocaron situaciones claramente violatorias de los Derechos Humanos. Entre ellas se puede mencionar la condición “forzada” de las migraciones y especialmente aquellas que afectan a las poblaciones desplazadas y refugiadas. Otro de los aspectos que revisten gravedad tiene que ver con los recursos de que disponen los migrantes para denunciar y defenderse. De manera recurrente las organizaciones civiles y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, informan de los abusos, extorsiones, violaciones sexuales, detenciones ilegales de menores y adultos y en algunos casos de asesinatos ocurridos en las fronteras. Sin embargo en la medida que no se modifiquen las causas de las migraciones, los países receptores se verán confrontados a nuevos flujos de indocumentados, lo que propiciará acciones represivas estimuladas por la arbitrariedad de los autores y la indefensión de los migrantes.
13En la década de los setenta las economías centroamericanas vivieron tiempos de prosperidad, sin que estos se tradujeran en cambios de las condiciones de vida de la población. En los años ochenta la crisis política desmembró las economías y ensanchó las condiciones de desigualdad. En la última década del siglo XX, las medidas de ajuste estabilizaron una situación de crisis sin modificar las brechas sociales.
14En este nuevo período, surgen tres interrogantes en cuanto a la movilidad de la población centroamericana en el futuro.
15La primera es de orden económico y nos señala que aún se mantiene vigente una situación de movilidad permanente de los ciudadanos, en la medida que no existen satisfactores de desarrollo que beneficien a la población, cuya mayoría continúa por debajo del umbral mínimo de ingresos.
16Segundo, los procesos de pacificación y democratización en la región, sin negar los avances que han aportado, son aún incipientes e incompletos y no han posibilitado procesos más amplios de apertura y participación en relación con el ejercicio de todos los derechos.
17Tercero, sigue sin concretarse una integración entre estrategias económicas, planes de desarrollo y definición de políticas comunes en el tema de la inmigración
18Internamente cada uno de los países centroamericanos, a grados diversos son, frente al tema de la transición demográfica, vulnerables ante las presiones de su población. No se toma aún conciencia de la necesidad de asociar las políticas de desarrollo social y económico al tema del crecimiento demográfico. Las acciones de control de la natalidad y planificación familiar siguen siendo insuficientes.
19Durante décadas la emigración del campo a las ciudades fue absorbida productivamente; hoy en día la emigración a las ciudades se ve desbordada y sin respuestas. La ausencia de perspectivas laborales, no sólo para la población de origen rural, plantea interrogantes sobre el perfil de los actuales migrantes: no son necesariamente los más pobres los que emigran.
20Frente a un futuro incierto, se hace imperativo en cada uno de los países de la región, que los Estados refuercen los mecanismos que garanticen los derechos de los migrantes, formulen políticas globales sectoriales y sociales que sean vinculatorias con el fenómeno migratorio y finalmente que los países receptores emisores y de tránsito acepten que la política más efectiva para hacerle frente al problema, es aquella que cambia y modifica los factores de desigualdad que están al origen de los procesos migratorios.
21Los recientes acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, determinarán cambios en los comportamientos de la población migratoria centroamericana, así como, según lo anunciado por el gobierno norteamericano, modificaciones importantes en su política al respecto y mayor control de dichas poblaciones migratorias, pasando por el reforzamiento de controles fronterizos y de los requisitos de ingreso, así como cooperación policial y de inteligencia entre los países de la región, esto modificara sustancialmente la situación actual.