Las paradojas de las políticas de reconocimiento en el estado neoliberal mexicano

1En la actualidad México en un país diverso en lo cultural, pero desigual en lo social y económico. En nuestro territorio se hablan alrededor de 66 lenguas indígenas (más sus variaciones dialectales) y más de diez millones de personas hablan una lengua indígena; en tanto que más de 24 millones se auto-reconocen indígenas, es decir el 21.5% de la población nacional. A pesar de la riqueza cultural que la población indígena le aporta a nuestro país, siete de cada 10 indígenas viven en la pobreza (INEGI, 2016). Situación que genera fuertes tensiones sociales y culturales.

3Un par de años después, en enero de 1994, cuando entraba en vigor el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, emergió el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se declaró en contra del gobierno mexicano, al oponerse al modelo neoliberal mexicano y a la reforma del artículo 27º y se alió con el movimiento indígena nacional en torno a la demanda de la autonomía indígena. La respuesta gubernamental a la declaración de guerra del EZLN fue primero militar, pero casi de inmediato se articuló en una estrategia de largo plazo para reprimirlo y debilitarlo. En medio de los diálogos para negociar la paz, el gobierno federal construyó un cerco múltiple para encapsular territorialmente a los zapatistas, quitarles bases sociales de apoyo, alejarlos y confrontarlos de los partidos políticos y organizaciones de izquierda que los apoyaban, y sobre todo para encausar la demanda zapatistas hacia vías legales como la reforma del Estado y para, por ese camino, apropiarse y oficializar muchas de sus demandas (Pérez Ruiz, 2005).

6En este complejo escenario, se presenta una de las paradojas más dolorosas de la realidad mexicana: desde la formación de la nación mexicana nunca los indígenas habían tenido tantos derechos y nunca habían sufrido un embate tan fuerte para despojarlos de sus recursos. Después de la reforma del artículo 27º constitucional y de que la ley de minas se publicó ese mismo 1992 para declarar la minería como de prioridad nacional, bajo presiones de todo tipo, grandes extensiones de sus territorios están siendo concesionados a empresas mineras extranjeras. Y algo similar sucede con las empresas de nacionalidades diversas que ganan concesiones para la extracción de petróleo y el manejo de la energía eólica y solar. Ello se suma la biopiratería, fomentada por universidades y laboratorios que patentan su herbolaria con sus usos ancestrales para su beneficio privado; y a las acciones del narcotráfico que usan los territorios indígenas para la producción de mariguana y amapola, y que saquean sus bosques.

7Para enfrentar lo anterior, los pueblos indígenas emplean todos los recursos institucionales y del derecho para defenderse. Sin embargo, las políticas de reconocimiento parecen insuficientes para enfrentar las reformas estructurales y las políticas culturales, ante lo cual los indígenas resisten y continúan movilizándose. Forman organizaciones que litigan en contra de las decisiones gubernamentales, emplean controversias constitucionales para revertir leyes y decretos, organizan policías comunitarias, se oponen a las compañías mineras, luchan en contra de la construcción de presas, se oponen a la siembra de transgénicos que contaminan sus semillas de maíz, de frijol, su miel, sus ríos; y, en suma, luchan por recuperar el control de sus territorios, en contra del despojo de sus expresiones culturales y por asumir el derecho de decidir sobre su devenir como pueblos.

La siembra de transgénicos en México

La siembra de soya transgénica en tierras mayas y la contaminación de la miel

10El permiso para la siembra comercial de este transgénico, patentado por MONSANTO lo otorgó en 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Ello a pesar de las opiniones en contra de sus órganos técnicos, como el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) que señalaron las afectaciones ambientales y los posibles riesgos para la biodiversidad mexicana que ello implicaría (Greenpeace, 2018; Agencia EFE, 23.11.2017).

12Lo anterior ha dado como resultado la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en el sur de Campeche, en el nororiente de Yucatán, así como en una región cercana a la Laguna de Bacalar en Quinta Roo. Así en el último ciclo agrícola de 2017 en la Península de Yucatán se cosecharon 120,000 toneladas de soya transgénica con la proyección de que la producción aumentase hasta 170,000 hectáreas anuales (Martínez, 2018).

14En esta lucha por detener y hasta prohibir la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán, los apicultores afectados de las diversas regiones interpusieron varios amparos judiciales en contra de la autorización emitida en 2012 por la Sagarpa para que pudieran sembrarse comercialmente la soya transgénica. A los cuales, a su vez, respondieron MONSANTO, la Senasica y el Ministerio Público Federal con recursos de revisión para tratar de revocarlos. Igualmente, Greenpeace estableció denuncias por la siembra ilegal de ese tipo de soya ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como por los ilícitos que en materia de bioseguridad significa este tipo de semilla ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR) (Greenpeace, 2018).

16Del otro lado, están los productores de soya, los que rentan o venden tierras para esos fines, quienes comercializan la semilla, así como las empresas y los empresarios que se benefician de la compra-venta de semillas e insumos producidos por MONSANTO, y de la soya misma que se emplea para la alimentación de ganado y para la elaboración de alimentos humanos procesados; quienes cuentan, además, con el apoyo de investigadores de centros de innovación científica y tecnológica nacionales y de varias entidades federativas, así como de instituciones gubernamentales de fomento agropecuario e industrial como la Sagarpa e incluso de la Semarnat.

17En los procesos judiciales, mediante los cuales los apicultores se han opuesto, han intervenido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad agroalimentaria (Senasica), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como jueces distritales, hasta que los litigios alcanzaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además que han intervenido el Presidente de la República y otros funcionarios de alto nivel. Sobre esto último, llama la atención el decreto del gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, que el 26 de octubre de 2016 declaró a su entidad libre de transgénicos. En él reconoce que la milpa maya maneja y cuida la biodiversidad y la agrobiodiversidad, por lo que más de 45,000 familias dependen de ese sistema agroforestal. Además que se opone al permiso otorgado para que en más de 2 millones de hectáreas en Yucatán, Campeche y Quintana se siembren organismos genéticamente modificados, incluso en áreas de conservación, como en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc y la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos (Zapata Bello, 2016). Ante ello, en el mes de diciembre de ese año el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, solicitó ante la Suprema Corte que vetara tal decreto. En su controversia constitucional considera que una declaratoria de ese tipo le compete únicamente al poder federal, específicamente a la Sagarpa (Llañez Salazar, 2017; De Ita, 2016).

18Como parte de este complejo proceso de litigios, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la fase comercial de la soya genéticamente modificada bajo el argumento de que los campesinos de origen maya no habían sido consultados. Lo que significa que la suspensión es temporal y no definitiva, además que no contempla los daños medioambientales que causa la siembra de transgénicos, tanto por el empleo del Glifosato como por la afectación de la alta biodiversidad que existe en esta región (Calderón, 2015), no suprime la legislación que lo permite. Y en septiembre de 2017, el Senasica órgano desconcentrado de la Sagarpa, revocó el permiso que le otorgó en 2012 a MONSANTO para producir comercialmente soya transgénica, por su manejo no confiable y la falta de certeza en que sus controles sean efectivos, generando daños irreversibles. En tanto, y pese a la suspensión, de forma ilegal la soya transgénica continúa sembrándose sin ningún control (Greenpeace, 2018).

El sustento cultural de los campesinos mayas y de la producción de miel

19La apicultura es una actividad productiva que en la Península de Yucatán se practica desde tiempos prehispánicos, con la “abejita que no pica” Melipona, como parte de lo que ahora se llama la milpa maya: una estrategia de manejo de la selva que tiene como eje la producción de una gran diversidad de maíces, con cualidades y temporalidades diferentes, como medida de adaptación a los tipos de vegetación, a las variaciones climáticas y a las calidades de los suelos peninsulares. Se caracteriza por el manejo de la diversidad tanto medioambiental como de los germoplasmas que los campesinos mayas han creado a lo largo del tiempo, por lo que comprende una gran cantidad de sistemas de producción y de formas tecnológicas para usufructuar el territorio y aprovechar la diversidad de recursos que brinda la selva. Se inscribe en un complejo cultural de origen mesoamericano que en Yucatán expresa la cosmovisión de la población campesina de origen maya y que comprende complejas formas de organización social, en las que predominan las relaciones familiares y de parentesco que le imprimen a la tierra un valor simbólico de identidad y pertenencia, auto concibiéndose milenariamente como “la gente de maíz”. El eje productivo de la milpa, por tanto, es la siembra de diversas variedades de maíz, frijol y calabaza que se articula con otras actividades, por ejemplo, con la producción de frutales, la siembra de hortalizas, la producción de ganado de solar y la apicultura que, junto a la recolección de leña, plantas silvestres y fauna silvestre, es una manera que permite aprovechar las áreas de selva y donde la vegetación se recupera luego de la siembra de maíz. Los campesinos mayas han mostrado gran capacidad para adaptar la milpa a la diversidad medio ambiental regional y micro regional, así como también a la diversidad de situaciones históricas vividas a lo largo de su historia, lo cual se corrobora con las luchas de los milperos para conservar a lo largo del tiempo esta estrategia de manejo medioambiental como una forma de vida arraigada en su cultura, en la que durante siglos, además, han combinado la producción para el autoconsumo con la producción para la venta (Pérez Ruiz, 1983; 2018).

20En la actualidad persiste la meliponicultura para producir miel con la abeja melipona (Melipona beecheii), y la apicultura que se efectúa con la llamada abeja americana (Apis mellifera). Esta última, de origen europeo, se introdujo al estado de Yucatán en 1898 cuando se importó por primera vez de Estados Unidos la A. mellifera ligústica; sin embargo fue hasta entrado el siglo XX que se inició el cultivo de estas abejas en Quintana Roo y Campeche. Hoy esta apicultura se realiza con los híbridos producto de la cruza de la abeja (Apis mellifera) con la africana (Apis mellifera adansonni) fundamentalmente para la producción de miel polifloral (Ayala R., 2001).

21Como pasa con frecuencia con la introducción de una actividad económica nueva, que sucede por la adaptación o el declive de una anterior, el impulso de la apicultura se ha dado mediante complejos procesos en los que han intervenido varios actores con sus intereses también diversos. Sólo como ejemplo cabe decir que en el Estado de Yucatán este tipo de apicultura se promovió gubernamentalmente, entre 1931 y 1943, a través del Departamento de Agricultura y Fomento del Estado y de Fomento de Yucatán, con el fin de diversificar la producción luego del desplome de los precios en el mercado del henequén (Agave fourcroydes) (Castillo Calero, 2017). Pero que su impacto entre los campesinos es incomprensible sin atender a sus peculiaridades culturales así como al permanente proceso de domesticación de especies nativas, de apropiación y adaptación de especies que llegaron de otras regiones, así como mediante la actualización de sus conocimientos y tecnologías en interacción permanente con otros conocimientos, de diversos orígenes (Bonfil Batalla 1987). Así que según algunos testimonios la abeja americana llegó sola a las comunidades y fueron los campesinos mayas, con su capacidad de observación y experimentación, los que la adaptaron a sus sistemas productivos, dándole una importancia que ha variado con el tiempo:

La abeja americana vino sola, no ves que un señor compró la abeja en Estados Unidos y como es rico la instaló en la misma ciudad de Mérida. Pero las abejitas empiezan a pillar azúcar de las tiendas, de las flores de los jardines. Se multiplican y los comerciantes las queman con petróleo. Las abejas huyen y el señor se arruinó. Y así llegaron acá. En el cenote hay bastantes, se cuelgan los panales. Es 1920 creo, cuando Juan Nah fue el primero que las vio: se posaron en un árbol hueco, y ese mi primo (que es papá del actual) vio un extraño animal que pica, abrió el tronco y vio que está blanco. Y luego cuando tiene miel está amarillo y pensó quemarlo, pero alguien le dijo ‘esas abejas tienen reina’ y se pusieron a buscarla forrados todos hasta los pies por el miedo. Se las llevaron y las pusieron en una caja de jabón, del de antes que era de madera, y luego se hacen los cuadros como se puede (Clotilde Cob, Yaxcabá, en Pérez Ruiz, 1983).

23En la actualidad la apicultura sigue desarrollándose en toda la península principalmente entre los campesinos mayas que hacen milpa y su importancia económica se ha acentuado conforme los acopiadores y comercializadores han llevado la miel a mercados internacionales. De acuerdo al Consejo Nacional del Sistema Apícola, México exportó 55,000 toneladas de miel en 2017, colocándose como el tercer exportador a nivel mundial, hacia mercados de Europa, principalmente Francia y Alemania, y Medio Oriente, y de esa cantidad el 60% proviene de los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (SIPSE, 2017).

24La producción de miel, sin embargo, ha descendido. Las causas algunos las encuentran en la deforestación que está provocando la intensificación de la agricultura en la Península; otros en el uso desmedido de pesticidas que acompañan no sólo la siembra de transgénicos, sino también la producción de hortalizas; otros más lo asocian con la cruza de la Apis mellifera con la abeja africana (Apis mellifera adansonni) que llegó a la Península a finales del siglo XX; mientras que para ciertos académicos y productores el problema es multifactorial, agregando a los elementos antes mencionados el cambio climático, que ha acentuado los períodos de sequías y ha aumentado el número de huracanes que azotan la región.

Las trampas de la justicia en las batallas del pueblo maya

25Los derechos del pueblo maya en la Península de Yucatán fueron reconocidos después de las reformas constitucionales realizadas a nivel federal (1992 y 2001), ya que las constituciones de las entidades federativas que conforman la República mexicana, deberán ser concordantes con ésta. Por tanto, lo establecido en la Constitución Mexicana ha sido el referente base para establecer los derechos indígenas consignados en las constituciones de los 32 estados del país, aunque en casos como los de Yucatán y Campeche, no sólo han reproducido las limitaciones de la federal, sino que además las han aumentado. Así la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre sí mismos se han establecido bajo una visión limitada de su autonomía (son sujetos de interés público y no sujetos de derecho) y mediante una interpretación que confunde la noción de “pueblo”, como lo establecen los instrumentos internacionales, con los de “comunidad” y “localidad”.

28Este reconocimiento restrictivo de la condición indígena ha generado prácticas violatorias de los derechos del pueblo maya que se han evidenciado en los procesos judiciales que los apicultores han emprendido en contra de la siembra de la soya genéticamente modificada, ya que no siempre se les concede el derecho a tener un traductor-intérprete en los juicios de amparo que han emprendido (Llañez Salazar, 2017).

29En Quintana Roo los juicios de amparo se orientaron directamente en contra de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de 2005, que incluye a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (de 2007) y la Ley Federal de Variedades Vegetales (de 1996) (Espinoza, 2018b). Mientras que en Campeche y Yucatán, los argumentos han sido principalmente: la continuidad de la apicultura como una forma cultural del pueblo maya de usar y conservar la biodiversidad; la afectación del derecho al trabajo que tienen los apicultores al afectarse la apicultura y meliponicultura por el polen transgénico; los daños por contaminación al medio ambiente por el uso excesivo de herbicidas, pesticidas y la deforestación; la violaciones a su derecho de ser consultados, de forma previa, libre e informada, como lo establece el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); además que se ignoraron las opiniones vinculantes emitidas por el entonces INE, la CONABIO y la CONANP que desaconsejaron el otorgamiento del permiso para su siembra (Geenpeace, 2018; Torres-Mazuera, 2018).

30De todos esos argumentos, el que ha prevalecido para ordenar la suspensión de la siembra de la soya transgénica ha sido el de la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada de las y los miembros del pueblo maya. Al omitirse los argumentos sobre el derecho a un ambiente sano y la pérdida de la biodiversidad, se cerró la posibilidad de crear jurisprudencia sobre el principio precautorio en torno a los organismos genéticamente modificados. En tal escenario es en torno a la consulta dónde se está desarrollando la batalla principal, ya que la suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (emitida en 2015) se confirmará o se revocará hasta que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), realice una consulta pública a las comunidades indígenas potencialmente afectadas por el cultivo de soya genéticamente modificada. La consulta se puso en práctica desde 2016 y desde entonces se ha desencadenado una disputa por definir, acotar, y/o ampliar los términos en que ésta se desarrollará. De una parte, con una visión limitada sobre quién debe ser el sujeto de la consulta, sus mecanismos y el uso de traductores, están los funcionarios de diferentes dependencias del gobierno encargadas de llevar a cabo la consulta o acompañar el proceso (Cibiogem, Sagarpa, Senasica, CDI y CNDH); y del otro, están quienes promovieron los juicios de amparo y buscan una participación no restrictiva, para que se incluya en la consulta a los miembros de las comunidades indígenas asentadas en los territorios que pudieses ser afectados, y que buscan el amplio uso de la traducción en lengua maya yucateca para cumplir con el requerimiento de que la información pueda ser comprendida. Quienes cuentan con el apoyo de sus abogados y asesores (Torres-Mazuera, 2018). En este contexto las consultas realizadas han tenido diferentes resultados, en un proceso judicial que aún no concluye y que entre otras cosas está provocando divisiones y hasta confrontaciones entre la población.

31En tanto, la lucha de las comunidades mayas se amplia y ya no sólo se oponen a la siembra de organismos genéticamente modificados, sino que luchan en contra de los megaproyectos, como los de energía eólica y solar. Así el 13 de enero de 2018 más de 30 comunidades de distintas partes de la Península de Yucatán se constituyeron en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Exigen que la implementación de los megaproyectos en su territorio sea apegada a los derechos de los pueblos originarios, que estos sean bien informados, cuenten con los asesores de su elección y sean tomadas en cuenta sus propuestas en torno a dichos proyectos para que no se afecten sus formas de vida. Al conformar la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, sus participantes dijeron: “No buscamos negociar los precios de la tierra, sino el respeto irrestricto de nuestros derechos, ya que la tierra no se vende, ni se renta, porque es nuestra madre; es herencia de nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos”. En esa reunión, las autoridades de los ejidos participantes denunciaron los mecanismos que se emplean para engañarlos: “Quienes se quedan a vivir y trabajar en el territorio son la gente mayahablante de más edad y que –aunque aparenten hablar el español– desconocen los términos jurídicos de los documentos que les hacen firmar durante las ‘asambleas’ convocadas por los asesores de las mismas empresas”. Así pusieron de manifiesto cómo mediante regalos y obras sociales doblegan a los actores locales para que estos apoyen sus proyectos, sin que se analicen los impactos negativos que estos tendrán sobre la vegetación, la fauna, los recursos hídricos, y en general sobre la vivienda, la alimentación y la cultura de los pueblos mayas, estrechamente ligados a la selva, a sus animales, a la milpa y a los lugares sagrados de su territorio (Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiimbal, 2018).

Reflexión final

32La llamada Guerra de Castas en la que combatieron los mayas en contra de la población que se consideraba de origen español inició en 1847, duró más de cincuenta años y forma parte sustantiva de la memoria colectiva en Yucatán, tanto para los pobladores que reivindican su origen maya como para aquellos que aún se consideran diferentes por descender de los españoles, o de los libaneses o de otras poblaciones que llegaron a la Península de Yucatán y que generalmente se auto conciben como superiores a los mayas. En dicha guerra los mayas sublevados lograron tomar bajo su control casi todo el territorio peninsular aunque, según cuenta la memoria popular, éstos fueron derrotados cuando ya teniendo sitiadas las ciudades criollas, los rebeldes las abandonaron porque empezaron las lluvias y se retiraron para sembrar sus milpas. El hecho de que esta idea se reproduzca como verdad entre los viejos campesinos mayas, junto al hecho verificable de que una de las demandas de los rebeldes era que se les permitiera a los campesinos sembrar sus milpas sin tener que pagar renta a los hacendados, expresa la importancia que para los campesinos mayas tiene la siembra de maíz, unida al control de sus tierras agrícolas y sus selvas y a todo el sistema productivo, simbólico y cultural que implica la milpa. Por lo cual puede afirmarse que la milpa configura el sustrato cultural en que los campesinos de origen maya luchan hoy por conservar su territorio y defender dentro de él una forma campesina de vida, producción y cultura. Lo cual se confirma en los objetivos de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, recientemente formada.

34Pese a ello, el pueblo maya –como lo hizo durante la Colonia, en el México Independiente y como lo hace en el México de hoy– emplea el Derecho para defenderse al mismo tiempo que resiste de muchas otras formas: con sus organizaciones, con sus movilizaciones políticas, con sus alianzas estratégicas con otros sectores sociales, pero también mediante el ejercicio constante de su ritualidad, de sus fiestas y de su identidad, con los cuales se prepara para resistir otros cientos de años.