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La eficacia simbólica de los juicios por crímenes dictatoriales: los casos Fujimori y Ríos Montt

Maira Ixchel  Benítez Jiménez

Resúmenes

¿Qué significado tiene juzgar a figuras presidenciales por violaciones a los derechos humanos en contextos herederos de la violencia política? El objetivo de este artículo es analizar la configuración de sentidos generados alrededor de las victorias jurídicas, tomando como eje los significados que los actores de la justicia transicional —sobrevivientes, familiares y abogados de causa— atribuyen a las sentencias condenatorias en el contexto de las movilizaciones por la justicia. Retomando la noción de eficacia simbólica del derecho de Mauricio García Villegas (1993) muestro que los juicios de alto perfil conforman símbolos y recursos eficaces para crear ideas de cambio y legitimidad respecto al reconocimiento de las víctimas. A la vez, los contenidos de los veredictos pueden conformar marcos útiles para reelaborar la legitimidad de las demandas de los actores projusticia y justificar su presencia organizada en fases subsecuentes de movilización política. El abordaje empírico se basa en dos hitos del combate a la impunidad en América Latina: los juicios a los ex jefes de Estado Alberto Fujimori en Perú y Efraín Ríos Montt en Guatemala —por violaciones a derechos humanos y genocidio respectivamente—.

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Introducción

1En este artículo se analizan las implicaciones de la judicialización en la esfera del reconocimiento de crímenes dictatoriales, tomando como punto de partida los juicios a los expresidentes Alberto Fujimori en Perú y Efraín Ríos Montt en Guatemala, por violaciones a los derechos humanos y genocidio respectivamente. A diferencia de juicios ordinarios, estos acontecimientos tuvieron un carácter público y altamente debatido, se dirigieron contra altos responsables y demostraron prácticas sistemáticas de violencia, por lo que su fuerza social va más allá del campo jurídico y del castigo. Se ha dicho que los juicios como medida de justicia transicional pueden contribuir al estado de derecho, la institucionalidad democrática y la mejora de la situación de derechos humanos (Dancy y Michel, 2016; Sikkink, 2011; Kim y Sikkink, 2010; Sikkink y Walling, 2007). Sin embargo, en estas líneas interesa destacar cuestiones vinculadas a la configuración de sentidos generados alrededor de las victorias jurídicas: ¿qué significado tiene el juzgamiento para los actores demandantes de justicia? y ¿qué incidencia tienen las victorias jurídicas emblemáticas en las movilizaciones y batallas por la justicia?

2Retomando la noción de «eficacia simbólica del derecho» de Mauricio García Villegas (1993) sostendré que los juicios emblemáticos conforman símbolos y recursos jurídicos eficaces para crear ideas de cambio y legitimidad respecto al reconocimiento de las víctimas. Simultáneamente, los contenidos de los veredictos pueden conformar marcos de significado útiles para la reproducción de la acción colectiva organizada, en la medida en que permiten reelaborar y difundir la legitimidad de las demandas de justicia en procesos subsecuentes de movilización. La eficacia simbólica de los juicios, entendida como el conjunto de repercusiones en los procesos de subjetivación, generación de expectativas y marcos de acción, se delimita en este artículo a grupos de sobrevivientes, familiares, promotores de acciones judiciales y actores afines que forman parte del activismo de derechos humanos, lo que no excluye que la eficacia simbólica pueda tener alcances más amplios en una sociedad o comunidad política.

  • 1 Mientras el caso Ríos Montt está motivado por la acusación de un genocidio en zonas rurales con víc (...)

3La evidencia para sostener el argumento principal se basa en fuentes documentales, principalmente en las sentencias condenatorias, así como en observación de audiencias, entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales con grupos de víctimas, familiares, abogados de derechos humanos, jueces y trabajadores de Ministerio Público. Es importante destacar que el principal insumo de la reflexión está dado por los significados que los activistas atribuyen a las sentencias condenatorias y a sus experiencias de participación en los procesos judiciales. Por cuestiones de espacio, en este trabajo no es posible citarles de manera amplia, pero se ha hecho un esfuerzo para dar cuenta de las similitudes entre los sentidos emanados de las distintas experiencias de judicialización en Guatemala y Perú, sin dejar de considerar que las víctimas y familiares de los casos tienen considerables diferencias1, tanto por sus propias trayectorias de vida, como por su etnicidad y problemáticas locales.

Los casos

  • 2 Se estiman 201,500 muertos o desaparecidos entre 1960 y 1996 (CEH, 1999).
  • 3 Se estiman 69,280 muertos o desaparecidos entre 1980 y 2000 (CVR, 2003).
  • 4 En Guatemala las organizaciones guerrilleras que se pretendía destruir eran: Fuerzas Armadas Rebeld (...)
  • 5 En otro trabajo (Benítez 2019) expongo los factores institucionales, sociales y políticos que permi (...)
  • 6 El concepto de movilización legal, sociolegal o sociojurídica hace referencia a la actividad por me (...)

4Los altos niveles de violencia política durante los periodos de conflicto armado en Guatemala2 y Perú3 han implicado una alta producción de demandas respecto al reconocimiento de crímenes, tales como masacres, desaparición forzada, violencia sexual y secuestro. En dichos contextos, Ríos Montt y Fujimori, entre otros exmandatarios, figuran como responsables de violaciones cometidas durante la implementación de políticas contrainsurgentes4. Sus juzgamientos conforman hitos en los esfuerzos sociales del combate a la impunidad5 y procesos de justicia que, si bien no son representativos de la totalidad de las víctimas, sí dan cuenta de patrones sistemáticos de actuación en tiempos y zonas determinadas, por lo que conforman casos sumamente relevantes para la teoría y práctica de la movilización legal6 y la justicia transicional. Se trata de juicios a figuras políticas prominentes cuyo alto perfil abre preguntas acerca de sus repercusiones y capacidad de incidencia.

  • 7 Las violaciones imputadas en la acusación son: 11 masacres en los municipios de Santa María Nebaj, (...)

5En Guatemala, Ríos Montt llegó al poder por medio de un golpe de Estado en 1982 y gobernó durante 18 meses hasta 1983. En ese lapso dio continuidad y sistematicidad a la política de tierra arrasada implementada desde el gobierno anterior, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el Altiplano y provocando un desplazamiento masivo de la población (ODHAG, 1998; Sanford, 2004). Si bien a lo largo del conflicto hubo olas de represión diferenciadas, en estos años se desplegó una política de violencia masiva en contra de comunidades de mayoría indígena catalogadas por el Ejército como enemigo interno. Sólo entre 1981 y 1983 se registra el 81% de las violaciones de todo el conflicto armado (1960-1996) y el año de 1982 registra el 48% de los casos (CEH, 1999: Vol. III, #865). La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) determinó que hubo actos de genocidio contra los grupos étnicos maya q’anjob’al y maya chuj, maya ixil, maya k’iche y maya achi. Específicamente, la causa penal contra Ríos Montt se basó en los actos de genocidio contra el grupo maya ixil7.

  • 8 Asociación que agrupa a sobrevivientes y testigos del genocidio a nivel nacional.
  • 9 Organización de defensa legal con base en Ciudad de Guatemala.

6El 10 de mayo de 2013 un tribunal condenó al ex presidente de facto Ríos Montt a 80 años de prisión, 12 años después de que las organizaciones querellantes de la sociedad civil Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR)8 y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)9 interpusieran demandas contra el alto mando militar de los años 1982 y 1983. No obstante, el 20 de mayo de 2013 la Corte de Constitucionalidad dispuso revertir la sentencia argumentando fallas procesales.

7En Perú, al igual que en el país centroamericano, las décadas de violencia (1980-2000) alcanzaron diversos grados de intensidad y extensión geográfica, siendo el departamento de Ayacucho el que concentró el 40% de las violaciones reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (Hatun Willakuy, 2004: 21).

8Por su parte, Alberto Fujimori gobernó entre los años 1990 y 2000 a través de elecciones libres. No obstante, el 5 de abril de 1992 se convirtió en presidente de facto cuando, apoyado por la Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el proceso, su régimen adquirió rasgos de autoritarismo y corrupción, además de que se establecieron operaciones contrasubversivas que incluyeron procedimientos de eliminación selectiva en Lima y otras localidades.

  • 10 La sentencia también estableció la relación criminal entre el ex presidente y Vladimiro Montesinos (...)

9El 7 de abril de 2009 el expresidente fue condenado a 25 años de prisión tras ser responsabilizado como autor mediato de cuatro casos de violaciones a derechos humanos: la masacre de Barrios Altos en 1991 en la que fueron asesinadas 15 personas, la desaparición y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle «La Cantuta» en 1992 y los secuestros de un periodista y un empresario10. La sentencia condenatoria contextualizó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta al establecer la relación criminal, existente a lo largo de una década, entre Fujimori y Vladimiro Montesinos —su asesor principal— con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo que facilitó una política sistemática de violaciones a los derechos humanos (Gamarra, 2010: 5).

10De acuerdo con los demandantes en los procesos judiciales el aporte de los juicios de esta naturaleza puede sintetizarse en un elemento transversal: la experiencia del reconocimiento. Al respecto, varios autores han notado los sentidos de reconocimiento que aparejaron los juzgamientos a Ríos Montt y Fujimori (Brett, 2016a, 2016b; Burt, 2016, 2012; Kemp, 2014), pero no han definido los términos de su valor simbólico o el modo en que el reconocimiento es interpretado por los sujetos afectados por la violencia.

  • 11 Véase el trabajo de Ulfe Young (2013), que se centra en el reconocimiento de las víctimas rurales, (...)

11El concepto de reconocimiento ocupa un lugar central en los debates contemporáneos de la teoría política, filosófica y social. La noción involucra reclamos que se sintetizan en la aspiración de acceso a derechos, igualdad y equidad, identidad y diferencia, así como en la inclusión multicultural, ciudadanía y redistribución (Taylor, 2003 [1992]; Kymlicka, 1996; Gutman, 1994; Fraser y Honneth, 2003). Las aspiraciones ligadas a los crímenes cometidos en los periodos de violencia política se han ligado sólo recientemente a las discusiones sobre el reconocimiento de las víctimas11.

12Las movilizaciones que han apelado a estrategias jurídicas en contextos (pos)transicionales conforman una continua lucha por el reconocimiento de grupos sociales que ejercen una política hacia los crímenes del pasado, mediante la que se busca el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación. En el proceso de reconocimiento de las víctimas, las sentencias condenatorias tienen un nivel de incidencia o eficacia simbólica dado que contribuyen a crear una relación de reconocimiento que, de acuerdo con Honneth (1997: 28) se da en la medida en que un sujeto se sabe reconocido en sus facultades y cualidades. En el marco de los debates sobre las posibilidades emancipatorias del derecho, Mauricio García Villegas (1993) afirma que la eficacia simbólica del derecho equivale a la incidencia social de éste a partir de su capacidad para determinar conductas por medio de ideas. En este orden se puede afirmar que las sentencias condenatorias adquieren una dimensión simbólica cuando existen sentidos indirectos que no se reducen al hecho de castigar a alguien –aunque esa sea la apuesta inmediata– sino a difundir ideas de reconocimiento que se detallan a continuación.

Legados simbólicos: tres dimensiones del reconocimiento

13Desde el punto de vista de los participantes de los procesos judiciales, el valor de las sentencias condenatorias se cifra en saberse reconocido en tres dimensiones: 1) como sujeto-víctima cuyos derechos han sido pasados por alto, 2) como sujeto efectivo de derecho y 3) en la afirmación jurídica de la historia de las atrocidades masivas.

14Reconocimiento del sujeto víctima. Este nivel se entiende como la afirmación de las pretensiones fundamentales de ser percibido como sujeto que ha pasado por la experiencia del daño a la integridad física en cualquiera de sus modalidades o por la afectación que produce el agravio a un familiar y que por consiguiente es merecedor de alguna forma de reparación. Entre los participantes de los juicios, es común que la idea de reconocimiento se ubique en contraposición a la acción de nominar a los demandantes de justicia como terroristas, subversivos y otras categorías de menosprecio y estigma. El menosprecio, como contraparte del reconocimiento en términos de Honneth, se entiende como un comportamiento que no sólo representa una injusticia porque perjudica a los sujetos en su libertad de acción o les causa daño, sino también en la designación de los aspectos constitutivos de un comportamiento por el que las personas son lesionadas en el entendimiento positivo de sí mismas…(Honneth, citado en Arias, 2015: 51-52).

  • 12 “Terruco” es otra forma para referirse a un terrorista en Perú.
  • 13 Sobre la palabra terruco y la estigmatización de sectores de la población peruana véase Aguirre (20 (...)
  • 14 Es importante notar que el descrédito asociado con ser catalogado como terrorista proviene de que m (...)

15En Perú las víctimas de la represión contrasubversiva y las organizaciones de derechos humanos recibieron el apelativo de “terrucas12 en el marco de estrategias gubernamentales que justificaron el ejercicio de la violencia a través de la descalificación del otro13. Desde el punto de vista de abogados y familiares, una declaración judicial que corrobora el estatus de víctima contribuye a anular el estigma, sea de terrorista, subversivo o delincuente. Dicha eficacia es notable en una sociedad donde la insurgencia armada ha sido rechazada casi de manera unánime por la población y donde ser estigmatizado como miembro o simpatizante equivale al descrédito social14. A propósito de una sentencia de la Corte Interamericana, una familiar y activista del caso Cantuta señala:

Recibimos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. Fue un primer avance […]. Posteriormente, vino la sanción de Fujimori, la figura de un expresidente, que no es cualquier persona y que representaba la figura de un gobierno dictatorial. Fue reparadora la lectura de la sentencia, donde dicen que las víctimas de Cantuta y Barrios Altos no pertenecían a grupos subversivos. Eso devuelve la dignidad a cada una de las víctimas. El gobierno hizo mucho daño con el juego de la justificación de los crímenes: “Ah, las víctimas de Barrios Altos y Cantuta algo tenían que ver [con el terrorismo del PCP-SL]” (Amaro, entrevista, 2016).

  • 15 El caso Kenneth Anzualdo fue ganado en la Corte Interamericana y posteriormente fue juzgado en trib (...)

16En el caso de la desaparición del estudiante de la Universidad del Callao, Kenneth Anzualdo15, sus familiares señalan (Entrevistas, 2016, 2019) que haber sido catalogados como terroristas fue causa de rechazo social en la convivencia cotidiana con sus vecinos.

  • 16 Una de las principales es que, a diferencia de Perú, la mayor parte de las violaciones fueron comet (...)

17El estigma no es ajeno al contexto guatemalteco, donde la nominación de guerrillero, comunista o terrorista implica un alto nivel de desprestigio social, aunque aquí adquiere otras particularidades16. De acuerdo con Molden (2016: 327), la palabra comunista fue por mucho tiempo la clave para demonizar y deshumanizar al «enemigo interno», con la retórica de salvaguardar al país durante el conflicto armado. Ya en el siglo XXI este vocablo se combinó con el de terrorista para crear un estereotipo del enemigo que amenaza la paz y la seguridad. En la actualidad, los sectores que se oponen a las exigencias de justicia movilizan discursos de odio propios de los periodos del conflicto armado y de la Guerra Fría, a través de los cuales vinculan al movimiento de derechos humanos y a sus integrantes con la «subversión terrorista».

  • 17 Agradezco la sugerencia del revisor para aclarar este punto.

18En contextos de estigmatización, los fallos jurídicos son una herramienta que al reconocer la condición de víctima abreva a la sensación de justicia o reparación de los afectados en ambos escenarios posconflicto. De otro lado, es importante notar que en el marco de los juicios la figura de la víctima ha tendido a construirse como reivindicación y correlato de su exterioridad a la guerrilla. Tal representación, análoga a la de otras experiencias en América Latina se encuentra mediada no sólo por las posibles condiciones objetivas de las víctimas de la violencia y la represión, sino que resulta propia de las claves culturales con las que se construyeron las memorias sociales sobre el período de violencia durante las respectivas transiciones17.

19Reconocimiento del sujeto de derecho. Como diversos autores han señalado, las sentencias favorables cristalizan el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y su legitimidad como sujetos de derecho (Brett, 2016b; Burt, 2016). La aspiración de ser titulares de derecho es propia de una fase de finales del siglo XX, cuando se hizo un llamado hacia el Estado de derecho al considerarlo una máxima en toda democracia constitucional. Desde ese momento el discurso de los derechos tomó auge y significó la revitalización de demandas centradas en la realización de las promesas de las democracias y en la calidad de sus instituciones (Smulovitz, 2007: 52). Por ejemplo, Norma, madre de una periodista asesinada por un sobre bomba durante el periodo de Fujimori en Perú señala que una prioridad para ella es visibilizar el pasado de abuso para que los jueces, las entidades de administración de justicia, los políticos y en general las instituciones gubernamentales adquieran la obligación de proteger y acoger a los ciudadanos peruanos dañados (Entrevista, 2016). La AJR, asociación de sobrevivientes del genocidio guatemalteco, tiene un estatus jurídico y un mandato formal específico para querellar casos ante las cortes. En estos casos como en muchos otros, la decisión de presionar al sistema de justicia para que cumpla sus obligaciones da cuenta de la legitimidad social del espacio jurídico para tramitar reclamos. En medio de tales expectativas, la decisión judicial que sanciona un crimen genera la sensación de igualdad de derechos frente a los opresores o responsables, al tiempo que refuerza la imagen de que nadie está por encima de la ley.

20Reconocimiento del pasado. Evidenciar la sistematicidad de los crímenes dictatoriales es un propósito adyacente a la apuesta jurídica en ambos países. De ahí que las sentencias sean formas de materializar la verdad y la memoria de las víctimas. El proceso judicial por genocidio en Guatemala, acompañado de campañas alternas de comunicación, difusión política y actividades de memoria llevó a plantear la discusión pública acerca de la existencia del genocidio. Ganar el litigio implicó el reconocimiento de las declaraciones de 97 testigos —entre las que se incluyen los testimonios de mujeres sobre violencia sexual— apoyados por pruebas científicas de 39 expertos forenses, documentos desclasificados y 16 testigos expertos (Brett, 2016a: 293). Aun después de la anulación de la sentencia condenatoria, para las víctimas no dejó de tener un valor simbólico: la sentencia sigue viva, el genocidio fue probado, “hay una verdad que no se puede ocultar pues hay una sentencia (AJR, Entrevista grupal, 2016).

21En Perú, la percepción de reconocimiento en el plano judicial se expresa en las siguientes palabras del padre de un estudiante desaparecido en Lima: un veredicto da validez a la historia de agravio y cobra un significado para la sociedad entera, pues constituye la posibilidad de que un país sepa que una figura política que usualmente es presentada con una función meritoria puede por fin ser identificada como responsable de graves violaciones (Entrevista, 2016).

  • 18 Para una aplicación empírica del término batallas por la memoria se puede revisar el texto de Allie (...)

22Acorde con ello, para los activistas de derechos humanos, las sentencias son un certificado de veracidad de los acontecimientos. En este sentido, los juicios constituyen un régimen de verdad legitimado socialmente, pues la producción y difusión de veredictos tienen influencia en la percepción pública de la legitimidad de eventos pasados y presentes (Accatino y Collins, 2016). No obstante, al mismo tiempo que las sentencias emblemáticas refuerzan narrativas, se producen contrapartes negacionistas. Por ello, el reconocimiento es también una batalla por la memoria18 en que se debate el modo en que es usado el pasado para efectos del presente.

Las sentencias como reconocimiento

23Los tres niveles de reconocimiento se establecen en las declaratorias expuestas en los fallos condenatorios a los expresidentes. La sentencia a Alberto Fujimori estableció su autoría mediata en el marco de un aparato organizado de poder (Gamarra, 2010), reconoció un pasado criminal sistemático y cumplió con la exigencia de los familiares de dar cuenta del carácter no terrorista de las víctimas directas. Respecto al último punto destacan las siguientes líneas:

No existe la menor información consistente de órganos policiales, de inteligencia o del Ministerio Público —menos sentencias judiciales— que de una u otra manera permitan sostener, siquiera a nivel de sospecha razonable, que algunas de las víctimas de Barrios Altos o de La Cantuta participaron en los dos grandes atentados, precedentes de los hechos en su agravio, o que militaron o estén vinculados al PCP-SL. (Sala Penal Especial, 2009: 697)

24Asimismo, la sentencia planteó otros elementos de reconocimiento en la reparación. La parte civil del caso La Cantuta solicitó tres medidas de satisfacción: 1) la obligación del Estado en la continuación de la búsqueda de los desaparecidos, así como su identificación e inhumación; 2) una investigación acerca de restos no recuperados que fueron llevados a Londres; y 3) El reconocimiento expreso en la sentencia de que se agravió directamente a las víctimas, pero que existen otras víctimas indirectas, como la familia, que sufre hasta la actualidad por la desaparición de sus seres queridos, y la comunidad universitaria de La Cantuta (Sala Penal Especial, 2009: 687).

25Para Ortiz (2011), familiar del caso Cantuta y activista de derechos humanos esta sentencia nos ha servido mucho, en nuestra calidad de familiares, porque ha oficializado nuestra historia, convirtiéndola en una verdad judicial que ya nadie puede desconocer o negar (p. 47). Adicionalmente, entre los operadores legales entrevistados es común la idea de que los juicios demuestran que nadie está por encima de la ley. El magistrado César San Martín Castro, quien presidió la Sala Penal que juzgó a Fujimori refiere que el mensaje es que el que la hace la paga […] te da una sensación de que nadie es impune, que la ley existe y la justicia se impone incluso sobre actos ilícitos de alguien con poder y jerarquía, y sostiene que el juicio tiene un mensaje político, ético, de moral pública fundamental (Entrevista, 2016).

26En Guatemala la sentencia a Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en contra del pueblo maya ixil tiene un significado que se expresa en el libro impreso de la sentencia:

Esta sentencia es de gran trascendencia para el país y el mundo entero, ya que refleja lo que vivieron distintos pueblos durante el conflicto armado interno, reconoce la verdad de lo vivido por el pueblo ixil, valora el testimonio de violencia sexual de las mujeres ixiles, identifica el racismo como un elemento que fomentó el genocidio y establece que hasta la fecha la sociedad guatemalteca vive los efectos del genocidio. (Condenado por genocidio, 2013)

  • 19 Los actos de perdón público y las medidas no alcanzaron una condición de obligatoriedad dado que la (...)

27La sentencia declara con lugar el derecho a la reparación digna solicitada por los querellantes: La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva […] (Sentencia por genocidio, 2013: 709). En el mandato de esta reparación digna la sentencia establece que instancias como la Secretaría de la Mujer, Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa Nacional pidieran perdón a las mujeres por los actos de violencia de género y violencia sexual. Otro punto dispuso que las autoridades educativas de centros de formación militar, policial, incluyeran en sus escuelas procesos educativos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, se estableció que el ejecutivo construyera monumentos que rindieran homenaje a las víctimas, a las mujeres y a la niñez ixil19. Respecto a la esfera de la identidad de las víctimas, la sentencia reiteró que la mayoría de los habitantes de las comunidades indígenas se dedicaban a la agricultura y que eran población civil no beligerante.

Entre la eficacia simbólica de los juicios y la paradoja de la movilización

  • 20 Un punto que no se puede dejar de lado son las experiencias y evaluaciones negativas acerca de los (...)

28La pretensión de lograr reivindicaciones a través de los juicios conduce a la siguiente pregunta: ¿de dónde emana la credibilidad que los actores projusticia tienen en la judicialización cuando el sistema de justicia exhibe amplias deficiencias? Esta cuestión hace referencia implícita a una paradoja de la movilización legal y tiene que ver con el hecho de que muchos movimientos –incluidos los de víctimas y derechos humanos– apelan a las instituciones jurídicas, aun cuando los juicios son considerados largos, costosos y muchas veces revictimizantes20.

29Una parte de la credibilidad en los juicios emana de su carácter público y de unidades jurídicas oficiales legitimadas por la sociedad y el propio ordenamiento estatal en que se inserta el derecho como sistema normativo. Justificar una acción recurriendo a la palabra derecho y sus correlatos, significa reforzarla ante los interlocutores, por lo que se trata de un fuerte argumento encaminado a convencer a otros de que la propia acción es inexpugnable (Ferrari, 2010: 27). La validez que el derecho tiene para dirimir conflictos, así como el hecho de que los juicios implican requisitos estrictos de admisibilidad y evaluación de pruebas, contribuye a que las verdades emitidas en los procesos tengan legitimidad social. Por otra parte, el derecho es útil al legitimar diversos reclamos con el vocabulario y las emociones de justicia e injusticia (Lemaitre, 2009: 337-338). En su análisis sobre los efectos políticos de la actividad legal, Smulovitz (2007) destaca que las demandas judiciales tienen prestigio social pues derivan en respuestas que conllevan un pronunciamiento público por parte de las autoridades.

  • 21 Morosidad, falta de acceso igualitario, decisiones sin apego a la independencia judicial son caract (...)

30El prestigio y la legitimidad que tiene el derecho a nivel social permite entender la capacidad de los juicios para recrear ideas de reconocimiento, aunque las disposiciones de las sentencias –la reparación digna, el resarcimiento monetario, las disculpas públicas– sean incumplidas21. Como se ha visto, la eficacia de los juicios se aprecia en las reflexiones de los promotores de la justicia en relación a lo que ganaron a partir de las victorias jurídicas: en la idea de que recuperaron la dignidad, en la conquista de derechos fundamentales bajo la consigna de que nadie está por encima de la ley, en la reafirmación de la creencia en que la sanción legal evitará que otros funcionarios vuelvan a cometer los mismos crímenes y en que es una ganancia para la sociedad en su conjunto conocer el pasado. A la vez, el hecho de que los textos jurídicos logren eficacia por medio de las representaciones que éstos crean en los individuos, hace del derecho un aspecto social ligado al mundo de lo simbólico y también al mundo de lo político (García Villegas, 2014). En este sentido, la justicia penal, incluso siendo deficiente, cobra un sentido fundamental en las expectativas de construir un futuro en condiciones más democráticas. Se relaciona con la posibilidad de continuar exigiendo cambios –más justicia, igualdad, respeto– y conforma un marco para revertir narrativas negacionistas de las atrocidades.

31La eficacia simbólica también consiste en la confianza o en la expectativa de que los efectos políticos de la actividad legal pueden llevar a beneficios que redunden en el fortalecimiento de los ánimos y en la afirmación de que una situación de injusticia no puede permanecer, tal como lo ha señalado Edwin Canil, presidente de la AJR. Por ello, la aseveración de Lemaitre (2009) referente a que a veces la eficacia del derecho proviene más de lo que inspira o evoca, que de aquello que ordena, es sustancial para pensar más en los sentidos que inducen los juicios a partir de sus declaraciones discursivas, que en lo que logran ordenar en la vida práctica de los ciudadanos.

Eficacia simbólica y movilización subsecuente

  • 22 Los conceptos de movimiento social y acción colectiva no aluden a una unidad específica sino a un c (...)

32Las victorias jurídicas emblemáticas proveen una plataforma para afianzar las creencias en el cambio social, pero su importancia no sólo depende de las ideas y expectativas individuales que generan; también depende de las acciones colectivas que los activistas desarrollen a partir de dichas interpretaciones. En este sentido, los casos estudiados revelan que un aspecto central de la eficacia de los juicios de alto perfil es la resonancia que los actores logren dar a los discursos extraídos del proceso judicial en función de los planteamientos estratégicos de los movimientos sociales22 afines a la verdad y la justicia. Una consecuencia de redirigir las narrativas jurídicas en las que se ve objetivado el reconocimiento de las víctimas, es la reafirmación de la legitimidad de diversas exigencias, así como la justificación de la acción organizada frente a los oponentes.

33Los textos jurídicos producen representaciones y éstas a su vez producen efectos políticos, lo que convierte al lenguaje jurídico en un campo de luchas entre actores sociales que intentan fijar sentidos en el punto que más conviene a sus visiones del mundo (García Villegas, 2014: 28). Estas consideraciones ayudan a entender el terreno que han ganado los juicios en el campo de la movilización social y cómo a través de los contenidos discursivos de las sentencias se fortalece la acción de los afectados y la defensa de los derechos humanos en ámbitos hostiles. Particularmente, las sentencias son una herramienta a disposición de los actores para apoyar las causas de las víctimas —encontrar a los desaparecidos, investigar cadenas de mando, juzgar a otros responsables, contrarrestar el estigma—, pero su uso no se limita a ellas y puede extenderse a otros procesos de disputa política en los escenarios de posconflicto, tales como la defensa de la democracia o la defensa del territorio.

  • 23 Hija del expresidente Alberto Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular.

34En lo que toca al caso peruano, la figura criminal de Fujimori fue movilizada para llamar a no votar por una candidatura que representaba los intereses de un régimen autoritario en los comicios de 2016, en los que Keiko Fujimori23 tuvo amplias posibilidades de ganar la presidencia y cuyo partido obtuvo presencia mayoritaria en el Congreso con la elección de 71 representantes de 130. En tal escenario, diversas organizaciones projusticia mostraron las cartas que legitimaban su oposición al fujimorismo. La existencia de una sentencia que narra las atrocidades cometidas durante el régimen permitió que en el proceso electoral consignas como Keiko no va adquirieran mayor fuerza en las manifestaciones por la defensa de la democracia.

35Previamente, durante el proceso electoral de 2011, los colectivos No a Keiko y la campaña Fujimori Nunca Más, lanzada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), convocaron a marchas multitudinarias en oposición al fujimorismo. En la presentación de la campaña de la CNDDHH participaron víctimas y familiares afectados por el régimen y se difundieron videos con los testimonios sobre los abusos vividos durante su gobierno (La República, 10 de mayo de 2011), lo que dio resonancia a la voz de las víctimas y a los contenidos de la sentencia por violaciones a derechos humanos.

36En el campo de la disputa por la justicia en Guatemala, la sentencia ha adquirido resonancia cada vez que se moviliza la idea de que sí hubo genocidio en la prensa, en los pronunciamientos públicos, conmemoraciones y otros ámbitos de resistencia. El colectivo HIJOS, formado por familiares de afectados por la represión, busca posicionar una memoria de la violencia y la sistematicidad con que actuaron las fuerzas estatales. La apropiación y propagación de consignas como “¡Sí hubo genocidio!”, derivada del proceso judicial, se ha vuelto una herramienta que legitima su oposición al sector militar, y contribuye a reproducir la problemática del agravio que da sustento moral a su acción y lucha por el reconocimiento.

37Si se piensa en el proceso organizativo de los miembros ixiles de la AJR, el avance de los temas jurídicos está vinculado a un proceso político más amplio dentro de sus comunidades, el cual se liga con preocupaciones como el desplazamiento de sus territorios, la degradación ecológica impulsada por élites empresariales y gubernamentales, y la perpetuación de la violencia contra comunidades indígenas. Las causas del genocidio por ese motivo son entendidas por los sobrevivientes como parte de un continuum de violencia entre la política contrainsurgente y el recrudecimiento de los proyectos neoliberales. En este contexto, la sentencia es vista como la posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones los hechos ocurridos, así como un modo de mostrar que subsisten problemas estructurales como el despojo y la explotación.

  • 24 Los pronunciamientos están disponibles en el blog de Alcaldías indígenas de la región ixil (25 de f (...)

38Es importante reiterar que la anulación de la sentencia condenatoria también se ha difundido en pronunciamientos24 que ejemplifican, a partir de este fallo, el funcionamiento deficiente del Estado y la violación de derechos, lo cual no ha restado fuerza a la dimensión simbólica del veredicto.

Conclusión

39Es importante advertir que la incidencia simbólica de los juicios no se manifiesta en el reconocimiento automático de las víctimas por parte de una sociedad o nación, ni de las élites o grupos que continúan negando sus vivencias. La incidencia simbólica, tal como se ha explicitado en este artículo, radica en el trabajo de interpretación y apropiación del reconocimiento que hacen las víctimas y grupos afines, y en su capacidad para integrarlo en una articulación de prácticas legitimadoras de la acción política en el escenario de las batallas por la justicia.

40García Villegas (2014) señala que la producción del derecho con fines de manipulación política es un rasgo que caracteriza a la práctica jurídica, pero en nuestros tiempos tal concepción compite de manera más clara con una dimensión emancipadora. Dicha ambivalencia está presente en las consideraciones de los participantes de la justicia transicional, para quienes es claro que el derecho penal es a la vez un recurso y un instrumento de dominación. Como hace notar un abogado de derechos humanos en Guatemala: el derecho es en su mayoría un instrumento hecho para el poder, pero además también construye reglas. Es la única opción cuando sólo queda exigir que se cumplan las reglas del juego, aunque esas reglas no te favorezcan del todo. Por ejemplo, cuando el juez toma una decisión que no nos conviene” (Morth, Entrevista 2019). Esta aseveración revela que hay motivaciones que sostienen el ejercicio de la justicia penal más allá de lograr una victoria. Incluso en medio de la anulación de una sentencia condenatoria como lo ejemplifica el caso Ríos Montt, el proceso jurídico tiene relevancia para el activismo de derechos humanos: conforma un modo de accionar institucional que ha mostrado su capacidad para recrear ideas, aspiraciones y justificaciones ligadas al reconocimiento de las víctimas, así como para dar cuenta de abusos y ofrecer recursos simbólicos a distintos tipos de movilizaciones.

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Notas

1 Mientras el caso Ríos Montt está motivado por la acusación de un genocidio en zonas rurales con víctimas pertenecientes a población indígena, las acusaciones en el caso Fujimori se centran en desapariciones, asesinatos y secuestros ocurridos en la ciudad de Lima. Mientras que un caso refleja la sistematicidad de los crímenes en las áreas rurales de Guatemala, el otro refleja la sistematicidad de los crímenes en un contexto citadino. De ahí también las diferencias entre los tipos y condiciones sociales de las víctimas.

2 Se estiman 201,500 muertos o desaparecidos entre 1960 y 1996 (CEH, 1999).

3 Se estiman 69,280 muertos o desaparecidos entre 1980 y 2000 (CVR, 2003).

4 En Guatemala las organizaciones guerrilleras que se pretendía destruir eran: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). En Perú: Partico Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

5 En otro trabajo (Benítez 2019) expongo los factores institucionales, sociales y políticos que permitieron juzgar a los exmandatarios.

6 El concepto de movilización legal, sociolegal o sociojurídica hace referencia a la actividad por medio de la cual un requerimiento se traduce como un reclamo de derechos (Zemans, 1983). De acuerdo con (McCann, 1994: 10) apelar al derecho y a sus instituciones no es siempre una actividad autónoma, sino que puede ser parte de una campaña política multidimensional con objetivos específicos en un conflicto social.

7 Las violaciones imputadas en la acusación son: 11 masacres en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul; 44 muertes violentas en los mismos municipios, así como 17 casos de personas muertas a causa de las condiciones creadas por el Ejército y patrullas de autodefensa civil; desplazamiento de al menos 29 mil personas, traslado de niños y adultos del grupo étnico maya ixil a otro grupo étnico y al menos 5 casos de mujeres ixiles violadas por soldados del Ejército. Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (10 de mayo de 2013).

8 Asociación que agrupa a sobrevivientes y testigos del genocidio a nivel nacional.

9 Organización de defensa legal con base en Ciudad de Guatemala.

10 La sentencia también estableció la relación criminal entre el ex presidente y Vladimiro Montesinos y con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo que facilitó la aplicación de una política sistemática de violaciones a derechos humanos, en la que el destacamento Colina perpetró al menos 50 asesinatos. (Sala Penal Especial, Exp. No. AV-19-2001, 2009).

11 Véase el trabajo de Ulfe Young (2013), que se centra en el reconocimiento de las víctimas rurales, campesinas y andinas del conflicto armado en Perú.

12 “Terruco” es otra forma para referirse a un terrorista en Perú.

13 Sobre la palabra terruco y la estigmatización de sectores de la población peruana véase Aguirre (2011).

14 Es importante notar que el descrédito asociado con ser catalogado como terrorista proviene de que más de la mitad de las víctimas del conflicto peruano (54%) se atribuyen al PCP-SL (Hatun Willakuy, 2004: 18).

15 El caso Kenneth Anzualdo fue ganado en la Corte Interamericana y posteriormente fue juzgado en tribunales nacionales.

16 Una de las principales es que, a diferencia de Perú, la mayor parte de las violaciones fueron cometidas por el Ejército y sus aparatos afiliados mientras que la responsabilidad del 3% se atribuye a las guerrillas.

17 Agradezco la sugerencia del revisor para aclarar este punto.

18 Para una aplicación empírica del término batallas por la memoria se puede revisar el texto de Allier (2010).

19 Los actos de perdón público y las medidas no alcanzaron una condición de obligatoriedad dado que la sentencia fue retrotraída. De igual modo, en el caso de la sentencia a Fujimori varias de las disposiciones han sido incumplidas.

20 Un punto que no se puede dejar de lado son las experiencias y evaluaciones negativas acerca de los juicios. Particularmente, aquellas ligadas con la anulación de la sentencia por genocidio en el caso guatemalteco (20 de mayo de 2013) o el indulto otorgado a Fujimori (24 de diciembre de 2017).

21 Morosidad, falta de acceso igualitario, decisiones sin apego a la independencia judicial son características de los sistemas judiciales en ambos casos.

22 Los conceptos de movimiento social y acción colectiva no aluden a una unidad específica sino a un conjunto de relaciones sociales: “Un movimiento empírico es siempre un sistema integrado de acción en el que convergen, de manera más o menos estable diferentes significados, fines, formas de organización y solidaridad.” (Melucci, 1999: 45).

23 Hija del expresidente Alberto Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular.

24 Los pronunciamientos están disponibles en el blog de Alcaldías indígenas de la región ixil (25 de febrero de 2015).

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Maira Ixchel  Benítez Jiménez, « La eficacia simbólica de los juicios por crímenes dictatoriales: los casos Fujimori y Ríos Montt », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 38 | 2019, Publicado el 14 enero 2020, consultado el 19 enero 2020. URL : http://journals.openedition.org/alhim/7878

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Autor

Maira Ixchel  Benítez Jiménez

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (México)UNAM. Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas, asesorada por la doctora María Paula Saffon Sanín. mixchel.benitez@gmail.com

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