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La impunidad en América Latina llevada a juicio por el Tribunal Permanente de los Pueblos

Simona Fraudatario

Resúmenes

El artículo trata sobre los principales aportes de la sesión sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina que el Tribunal Permanente de los Pueblos llevó a cabo entre 1989 y 1991 por voluntad de numerosos actores sociales con la intención de visibilizar la persistencia de los significativos abusos a los derechos humanos, y comprender las causas y los mecanismos que los hacían posibles. En particular, se destacarán aquellos elementos de las denuncias presentadas por los movimientos sociales que más evidencian el lazo entre verdad y justicia y que ilustran el proyecto democrático propuesto en el marco de la sesión que se analiza. Se propone una lectura de la sesión como punto de llegada del proceso de esclarecimiento de la verdad que inició con el Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina de los ’70.

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Introducción

1Fundado en 1979 en la ciudad de Bolonia, Italia, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso, Roma, es un tribunal de opinión nacido de la necesidad histórica de dar visibilidad a graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos y especialmente a aquellas situaciones donde el derecho, tanto nacional como internacional, por deficiencia interpretativa o por vacío legal, no siempre responde a las exigencias de justicia de individuos y colectividades que, por esta razón se dirigen a jurisdicciones informales para que sus instancias sean escuchadas y representadas. Los pronunciamientos de estos tribunales de opinión, desprovistos de poder coercitivo, tienen el propósito de sensibilizar a la opinión internacional y a los poderes públicos gracias al valor moral de sus sentencias, que se basa en el derecho internacional vigente, tratando, al mismo tiempo, de superar sus lagunas (Moita, 2015).

2El artículo quiere dar a conocer y describir las razones y los aportes por los cuales numerosos movimientos sociales para los derechos humanos en América Latina decidieron presentar sus reclamos al Tribunal Permanente de los Pueblos, que se tradujo en la realización de una sesión sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina realizada de 1989 a 1991 a través de audiencias públicas preliminares llevadas a cabo en Uruguay, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá. En cada una de ellas, el Tribunal pudo escuchar los testimonios directos de movimientos sociales y víctimas y examinar las evidencias para determinar su juicio, proclamado su veredicto en la sesión deliberante de Bogotá del mes de abril de 1991.

3La complejidad del tema y la heterogeneidad de las situaciones examinadas por el Tribunal no puede ser analizada por completo en este artículo, que no pretende ser un estudio exahustivo del fenómeno de la impunidad en la época de la transición a la democracia en los países anteriormente interesados por dictaduras militares o guerras civiles. A través del examen del material documental del archivo histórico de la Fundación Lelio y Lisli Basso (Fondo Tribunale Permanente dei Popoli y Fondo Tribunal Russell II), el artículo quiere más bien destacar los elementos presentados por los movimientos sociales para ilustrar el proyecto democrático que actores sociales latinoamericanos diseñaron a lo largo de la sesión del del Tribunal.

Antecedentes políticos y doctrinales de la sesión del TPP

  • 1 El Tribunal Russell II fue convocado por representantes del Comité de exiliados brasileños en Chile (...)

4El TPP es heredero de la misión del Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina (TRII) que el jurista italiano Lelio Basso promovió de 1973 a 1976 para denunciar los crímenes cometidos por los regímenes militares, a través de tres sesiones donde participaron expertos internacionales, víctimas de torturas y ejecución extrajudicial, y donde se juzgaron los casos de violencia y represión que ocurrieron en Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana1. Las tres sesiones del TRII fueron realizadas en Roma (en 1974 y 1976) y Bruselas (en 1975) con el propósito de dar visibilidad a las violaciones cometidas en contra de amplios sectores de la sociedad civil, defininir las modalidades de su implementación, los actores responsables y las implicaciones en términos de derecho internacional. A lo largo de las sesiones, se profundizaron también el contexto que dio a la luz los regímenes en la región, en particular en relación a Estados Unidos y a sus interferencias en los asuntos internos de los países considerados y el papel que las empresas transnacionales jugaron para poner fin a la experiencia de desarrollo en algunos de los países considerados. Con los análisis sobre la expansión del capitalismo y sus nuevas reglas a nivel internacional, el Tribunal quiso explicar las causas de la difusión y del incremento de situaciones de violación de los derechos económicos y sociales que, junto a los derechos civiles y políticos, representaban el abanico de violaciones cometidas en el marco de las dictaduras y la represión en el continente (Conti, 2013: 27-29; Guerra Ferreira y Nunes, 2013: 227-241).

5Los análisis conducidos sobre las sociedades latinoamericanas permitieron visibilizar tendencias locales y globales de vulneración de la autodeterminación política y económica de pueblos y colectividades. Con su carga de contradicciones y complejidad, América Latina se conformó como terreno de verificación del nexo entre democracia y derecho y el TRII como instrumento para su rehabilitación y reconocimiento. Intelectuales y militantes de movimientos anticoloniales, antimperialistas, para la liberación, la democracia, el socialismo vieron en este TRII un laboratorio sobre lo que se estaba moviendo a nivel internacional, en el campo de la lucha para la democracia y en el debate sobre el derecho internacional y el nuevo orden económico mundial (Fraudatario, 2013). En su discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1975, Lelio Basso habló de la doble tendencia de reconocimiento y negación de los derechos, donde América Latina constituía un caso emblemático:

  • 2 Traducción de la autora.

Experimentamos un doble proceso durante este período, que se aceleró con temor en el segundo período de posguerra: por un lado, la idea de que todos los hombres nacen libres e iguales ha penetrado en la conciencia de todos los pueblos, incluso más distantes (…), y viceversa la desigualdad, el privilegio se han afirmado, especialmente en los últimos tiempos, con una arrogancia y violencia espantosa. (Basso, 2009: 236)2

6Detrás de su consideración sobre los derechos humanos “proclamados y abandonados sin tutela (Fondo TRII, serie 3, expediente 1)”, estaba la conciencia de la fragilidad de los instrumentos internacionales existentes en relación a la defensa y protección de los derechos humanos. Las sentencias que el TRII pronunció en cada una de las sesiones realizadas hacen referencia a un vacío de tutela institucionalizada tanto a nivel nacional como internacional: si por un lado, bajo los regímenes dictatoriales y la violencia represiva, no podían existir las condiciones de garantía de funcionamiento de la autoridad judicial, por el otro, a nivel internacional no se había establecido ningún tribunal con la función de investigar y sancionar aquellos crímenes internacionales cometidos por parte de las autoridades del Estado en contra de sus ciudadanos (Fondo TRII, serie 3, expedientes 1, 2, 3).

7Este doble nivel, nacional e internacional, de ausencia de justicia, fue motivo de la movilización social y popular desde donde se originó el Tribunal Russell. El debate sobre la legitimidad de estas iniciativas se remonta al Tribunal Russell sobre Vietnam (TRI) en los años ’60. En el discurso inaugural de la sesión en la ciudad de Estocolmo desde el 2 al 10 de mayo de 1967, Juan Paul Sartre sostuvo que:

  • 3 Traducción de la autora. La primera sesión de este Tribunal debería haber tenido lugar en París en (...)

El Tribunal Russell no sustituye a ningún poder legítimo: nació, por el contrario, de una ausencia y de una apelación (…). Lo que realmente queremos es que su legitimidad sea a posteriori (…). Esta sesión es un esfuerzo conjunto, cuyo resultado final debe ser, según la expresión de un filósofo, una verdad que se ha convertido en tal. (Fondo TRI, serie 1, expediente 1)3

8La existencia de los tribunales de opinión se debe entonces a los elementos subrayados por Sartre, es decir, la ausencia de instrumentos de garantía de derecho y de justicia, y la exigencia de la reconstrucción de verdad acerca de violaciones cometidas en contra de individuos y pueblos, que asumían un papel cada vez más decisivo en las sociedades a través de caminos de emancipación funcionales a la construcción de democracias efectivas. La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada en Argel el 4 julio 1976, y el TPP, fundado en Bolonia el 24 junio 1979, son expresión programática de estas dos exigencias. Si la Declaración de Argel resumió en treinta artículos el nuevo derecho internacional que estaba emergiendo, en el vínculo que se instituye entre derechos del hombre y derechos de los pueblos, el TPP nació como una herramienta para verificar la aplicación o los mecanismos de negación de los preceptos contenidos en la Declaración, con la función de:

ser la respuesta a una demanda de derecho que de otro modo sería inevitable, es decir, de toma de palabra, de visibilidad, de análisis independiente, de juicio; asumir la función de subrogar una ausencia, con el objetivo de contribuir a la creación de condiciones cognitivas, culturales y doctrinales, porque esta ausencia se volvería intolerable para la conciencia de la comunidad internacional. (Tognoni, 1998: II)

9En los primeros años de su actividad el TPP siguió recibiendo los reclamos de verdad de parte de actores sociales latinoamericanos, en continuidad con el trabajo del Tribunal Russell II. En este sentido, cabe destacar la instancia de investigación y juicio presentada por realidades sociales argentinas sobre el vínculo entre las violaciones cometidas y la destrucción del Estado de derecho que se concretó en el cuadro jurídico e institutional adoptado por la junta militar a partir del golpe del 23 de marzo 1976, que ocurrió un mes y medio después de la conclusión del trabajo del TRII. Para realizar la sesión sobre Argentina que tuvo lugar en Ginebra en 1980, el TPP convocó a ilustres presonalidades del mundo cultural y jurídico como Eduardo Galeano, Louis Joinet, François Rigaux, Salvatore Senese. En su sentencia, el TPP reconoció la pertinencia de la aplicación de la categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad para los casos de desapariciones, con anterioridad respecto a la Declaración sobre la protección de todas personas contra las desapariciones forzadas que se aprobó, doce años después, por medio de la Resolución 47/133 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

  • 4 Se trata de la sesión sobre El Salvador (1981), Guatemala (1983), Nicaragua (1984).

10Auque no sea posible profundizar las demás instancias recibidas por el TPP en los años siguientes4, los reclamos de verdad provenientes de los actores sociales y pueblos latinoamericanos, recibidos por el TPP, pueden considerarse parte de un proyecto común de emancipación y autodeterminación que culmina en la sesión sobre la impunidad objeto del presente estudio.

La sesión sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina

11En la década de los años ‘80 del siglo XX, América Latina fue atravesada por procesos de transición hacia la democracia. Aunque el fenómeno tuve diferencias entre diversas situaciones históricas, este cambio puso a los movimientos sociales frente a desafíos comunes. Bajo los regímenes autoritarios, la acción colectiva se había dirigido, por un lado, hacia la reconstrucción del tejido social desarticulado por el autoritarismo y la reforma económica y, por el otro, hacia el fin de los regímenes. En el “viraje hacia el movimiento democrático” (Garretón, 1997: 11), el liderazgo alcanzado por los movimientos para los derechos humanos fue central tanto en la época de las dictaduras como en la de transición. La existencia de “enclaves autoritarios” (Garretón, 1997: 8) después de la inauguración de las democracias mantuvo la importancia de los movimientos de los derechos humanos que tuvieron que orientar nuevamente los objetivos de sus reclamos respecto al Estado.

  • 5 Entre éstas aparecen: la Corporación Colectivos de abogados José Alvear Restrepo, la Comisión de Ju (...)

12Con la carta del 15 marzo 1989, 64 organismos colombianos5, en representación de numerosos movimientos latinoamericano, pidieron al TPP abrir un proceso para investigar los límites de la transición a la democracia, convencidos de que:

Las transformaciones políticas ocurridas en los últimos años en el continente no han logrado erradicar prácticas gravemente violatorias de los derechos del hombre y de los pueblos, y donde se ha retornado a regímenes de democracia formal, se ha cobijado con leyes de impunidad a los culpables de numerosos crímenes de lesa humanidad. (Fondo TPP, serie 16, expediente 1)

  • 6 Hay que destacar que los intentos para abordar el tema de la impunidad se tienen importantes antece (...)

13En aquellos años, el tema de la impunidad apareció en el escenario internacional en relación no solo a América Latina, sino también a otras regiones del mundo. El interrogante sobre qué actitud adoptar con respecto a los responsables políticos de los regímenes y sus agentes represivos, cuando ellos hayan cometido u ordenado cometer graves violaciones a los derechos humanos, era un tema de preocupación, que dio lugar a muchas reflexiones en seno a las organizaciones sociales. Hay que considerar que, en aquella época, el desarrollo de la normativa para proteger los derechos humanos combatiendo la impunidad era incompleto e insuficiente. La elaboración de instrumentos internacionales que incluyeran disposiciones para evitar que los violadores de los derechos humanos se amparasen en la impunidad ha sido muy lenta. Si, por un lado, el reconocimiento del derecho a la justicia de las víctimas fue incluido ya en los años ’60 del siglo XX, en los Pactos Internacionales de los Derechos Cíviles y Políticos de Naciones Unidas, es con la aprobación del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos en 1997 que la lucha contra la impunidad tiene reconocimiento, así como la importancia de impedir los mecanismos normativos que contribuyen a fortalecerla6. Además, el tema de la impunidad era considerado como uno de los terrenos donde se percibían “las brechas más amplias entre la retórica y la realidad; entre las intenciones expresadas por los gobiernos y los resultados obtenidos.” (Tayler, 1997: 192)

  • 7 La sesión nacional de Colombia (4-6 noviembre 1989), fue instruida por los jueces Philippe Texier y (...)

14La complejidad del tema requirió la realización de una sesión articulada en sesiones nacionales de instrucción, donde participaron jueces nombrados por el TPP con la tarea de escuchar a los testigos, analizar la documentación presentada y elaborar un dictamen7. Una vez terminadas las sesiones nacionales, el TPP convocó la sesión deliberante en Bogotá del 22 al 25 abril 1991, en donde participaron como jueces Victoria Abellán, Richard Baümlin, Giulio Girardi, François Houtart, Fabiola Letelier, Sergio Méndez Arceo, Ward Morehouse, Vilma Nuñes de Escorcia, Adolfo Pérez Ezquivel, John Quigley, los cuales dictaron la sentencia final que concluyó la sesión.

  • 8 La impunidad legal corresponde a formas de leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden el (...)
  • 9 En los años 80, Brasil se vio atravesado por numerosos conflictos sociales fruto del modelo capital (...)
  • 10 En el caso de Ecuador, las denuncias destacaron el aumento de la degradación del nivel de vida en r (...)

15En las sesiones nacionales emergieron los rasgos específicos y comunes de los países considerados. Las denuncias hicieron referencias a los contextos institucionales y políticos de creación de la impunidad legal y de hecho8, a las violaciones de derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad cometidos en situaciones de conflicto armado o de gobiernos civiles post-dictatoriales, con mención a la marginalización de amplios sectores de la sociadad civil por la crisis económica de los años ’80, que se pudo constatar especialmente en los casos de Argentina, Brasil9 y Ecuador10. En este sentido, es significativo mencionar la acusación ejercida por María Elba Martínez, abogada penalista del Servicio Paz y Justicia, Serpaj, que consideró el crímen de lesa humanidad:

abarcativo no sólo de la represión militar, torturas, asesinatos, y desapariciones, sino también de la violación de los derechos económico-sociales elementares que coloca la mayoría de la población en condiciones infrahumanas de vida. (Fondo TPP, Serie 16, Expediente 2)

  • 11 En la sesión nacional se entregaron 45 documentos, entre acusaciones, análisis y testimonios. La ac (...)

16No todos los países examinados salían de regímenes militares. Colombia11, por ejemplo, fue considerado un “gobierno formalmente democrático que vive persistente realidad de crímenes de lesa humanidad sin precedentes.” (TPP 1998: 396) En los casos de Honduras y Panamá las denuncias se enfocaron especialmente en la militarización y la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos que, en Honduras, terminó por fortalecer el poder político de las fuerzas armadas. El TPP sostuvo, en su sentencia final, que en este país “los mecanismos de impunidad se fundan en la supremacía del poder militar sobre el poder civil, en la falta de voluntad politica del gobierno y en el desconocimiento de parte de las Fuerzas Armadas de cualquiera autoridad judicial”, que culminó con la promulgación en 1987 de “una amnistía amplia, generalizada e incondicionada a los culpables de los crímenes de lesa humanidad.” (TPP, 1998: 399) En el caso de Panamá, las costantes intervenciones “abiertas, encubiertas e incluso militares” (TPP, 1991: 268) de Estados Unidos se tradujeron en graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo en ocasión de la operacion militar del 20 diciembre 1989, objeto de las denuncias de los actores sociales por falta de procesos e investigaciones sobre los responsables.

17En los casos de conflictos armados internos, como el de Perú, en su acusación el relator Roger Niego Arana del Centro de estudio y acción para la paz afirmó que “el solo hecho de que pudiera llevarse a juicio ético a los principales actores de la violencia politica, ya es un logro importante.” (Arana, 1991: 166) Por lo que se refiere a la situación de impunidad, según las víctimas habían “muy pocos hechos bajo investigación o en proceso judicial. Resultan mínimas las probabilidades de obtener justicia.” (TPP, 1991: 173) También en el caso de Guatemala, con respecto al sistema judicial, se destacó “un censurable estado de inoperancia de los tribunales” (Camey, 1991: 231), a partir del golpe de estado del 23 marzo 1982, y secesivamente de la violencia legalizada por el gobierno de Rios Montt y los sucesivos decretos que otorgaron amnistía a los responsables (TPP, 1991: 194-196).

18Por el alto nivel de violencia en Paraguay, la puesta en marcha del proyecto de la sesión no se veía posible. Sin embargo, los cambios operados durante los primeros meses de 1989 abrieron la posibilidad de la convocatoria de parte de 25 organizaciones. La sesión llegó a Paraguay en un momento en que el pueblo buscaba canales de denuncia y en que se comenzaba a revelar lo que por muchos años fue posible difundir por estrechos medios. Como se lee en la introducción al caso:

un primer escollo que se encontró era la ausencia casi total de procesos, en las instancias judiciales, por los crímenes de lesa humanidad (…). La impunidad era tan absoluta que el primer mecanismo que había que denunciar era la ausencia de instancias de justicia con un mínimo de imparcialidad. (TPP, 1991: 115)

19En Argentina y Brasil, las sesiones fueron ocasión para analizar el camino de restructuración de las instituciones democráticas puesta en marcha con el terminar de las dictaduras. En el primer caso, la sesión se realizó algunos meses después de la firma por parte del presidente Carlos Menem de los decretos ejecutivos indultando a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini. Ex detenidos desaparecidos y expresos políticos denunciaron la violencia post-dictatorial, la impunidad impuesta por el accionar de las Fuerzas Armadas, y sobre todo la Ley de punto final de 1986 y la Ley de obediencia debida de 1987 (TPP, 1991: 95). En el segundo caso, la sanción de la Ley 6683 en 1979 que concedía amnistía por delitos políticos afectó de manera importante el proceso democrático (TPP, 1991: 142).

20En Chile la sesión de instrucción fue sucesiva a la publicación del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada el 9 mayo 1990. No se dictó un veredicto ni un juicio sino que se dio lugar a una Convención nacional de justicia, derechos humanos y transición a la democracia, respaldada por 64 organizaciones, que constató que:

no obstante, el compromiso con la verdad y justicia, (el gobierno) hasta el momento no ha tenido una voluntad política que lleve a un paso, que es fundamental, que es la sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. (Convención nacional, 1991: 305)

21Particularmente relevante fue el hecho que la sesión de Bolivia, apoyada por numerosos organismos de los derechos humanos, organizaciones obreras, sindicales y campesinas, muchas agrupaciones profesionales, fuerzas políticas, religiosas, centros de investigación y educación, no pudo llevarse a cabo en el país. La Comision del Congreso emitió una resolución el 12 julio 1990 elevando a la categoría de “delito” la sesión (TPP, 1991: 281). El gobierno, a su vez, impartió instrucciones a sus embajadores en los países de residencia de los jueces para que les fuera negada la visa de ingreso. El TPP recibió 28 documentos de parte de los actores sociales involucrados y en su sentencia final declaró que:

El actual gobierno civil se caracteriza por el perdurar de las estructuras de poder de los protagonistas de los crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Hugo Banzer, García Meza y Alberto Natush Bush (...). La masacre de Valle de Talata y Espisana en 1974 y la de Los días de los santos en 1979 son emblemáticos de esta violacione de los más elementales derechos civiles. (TPP, 1998: 395)

22Entre los mecanismos de impunidad, el Tribunal hizo mención específica en su sentencia conclusiva “a la práctica constante de los gobiernos civiles que políticamente impiden el juicio de los responsables (TPP, 1998: 395)”, respondiendo a las directivas de los defensores de los regímenes militares.

23Queda por último el caso de Uruguay, cuya sesión tuvo lugar un año después del referéndum sobre la Ley de la caducidad de la pretensión punitiva de estado del 1986. Las organizaciones participantes no pidieron un juicio, sino un momento para reanudar las alianzar y reflexionar sobre los efectos de 13 años de dictaduras y de la ratificación de la Ley, denunciados en los siguientes términos:

El país se encuentra herido por la impunidad que ampara los delitos cometidos en nuestro pasado reciente y que, al mismo tiempo, se amplía, internalizándose al sistema. La ratificación de la ley sentó las bases para que la práctica de la violación de los derechos humanos se mantenga. Hoy no se manifiesta en forma descubierta dirigida contra las organizaciones sociales y políticas, sino que se ataca, más sutilmente, a todos los grupos sociales, con el pretexto de reprimir la delincuencia común. (Miranda, 1991: 76)

El proyecto democrático propuesto por los movimientos sociales

24El rasgo común de las instancias que los movimientos sociales presentaron al TPP fue el reconocimiento de la continuidad entre la época de las dictaduras de seguridad nacional o de otras formas de autoritarismo y la época de la transición a la democracia, que se manifestaba principalmente en el mantenimiento del poder político ejercido por las Fuerzas Armadas. En los relatos de los testigos, los gobiernos democráticos surgidos de la democratización eran gobiernos civiles con autonomía relativa o dependencia del ejército, y el poder militar se afirmaba como superior o vigilante. En las palabras utilizadas, las transformaciones se traducían en democracias de suguridad nacional, en algunos casos, o en democracias militares, en otros. Como se ha evidenciado, los indicadores principales de la continuidad destacados por los movimientos son los crímenes de lesa humanidad y la impunidad que los legitimaba.

25En el contexto del TRII, los reclamos de las fuerzas sociales se orientaron hacia el reconocimiento de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales como crímenes internacionales en contra de la dignidad del hombre y la humanidad. Las demandas de las fuerzas sociales y sus relatos contribuyeron además a rescatar los crímenes de lesa humanidad de los contextos de confictos bélicos, para vincularlos a cuanquier población civil y a los Estados de pertenencia, y a reconocer la obligación internacional del Estado en sus compromisos en la protección de los derechos humanos. En el contexto del TPP, la preocupación mayor expresada por los movimientos sociales se manifestaba sobre todo en relación al riesgo del retorno a la dictatura, a la normalización de la violencia y a la destrucción del tejido social, en contra de los cuales se hacía necesario investigar e impedir los mecanismos utilizados por los gobiernos para proteger a los responsables y ocultar los crímenes cometidos. El reconocimiento de la verdad no se consideraba suficiente y orientar las reclamaciones hacia la superación de la impunidad se volvió condición imprescindible para la reconciliación, la justicia y la democracia.

26Si en el TRII los movimientos sociales fortalecieron el nexo entre democracia y derechos humanos, en el TPP dieron un paso adelante para afirmar la interrelación entre democracia, derechos humanos y justicia. La impunidad, afectando la noción de justicia, afectaba, para las fuerzas sociales, la convivencia democrática y la posibilidad de reconciliar Estado y sociedad civil. Se comprende, en las palabras de los testigos, a qué punto el concepto de impunidad era abarcador de las tres dimensiones relacionadas con la ausencia de justicia, es decir la verdad, que por sí sola no constituye una forma de justicia o de compensación, la reparación y la prevención. En su sentencia final, el Tribunal, con el objetivo de superar las lagunas existentes tanto a nivel nacional como internacional, recomendó la inclusión de la impunidad como punto prioritario de la agenda de los organismos que integran el sistema internacional de derechos humanos y pidió la realización de reformas consititucionales, legislativas y judiciales para anular las medidas de impunidad adoptadas, y garantizar el Estado de derecho. Resultan, así, definidos dos modelos de democracia, la formal, que exluye las fuerzas sociales, los pueblos y sus propuestas, y la sustantiva, que los incluye.

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Bibliografía

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Fondos archivísticos

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Fondo TPP, Archivo histórico de la Fundación Lelio y Lisli Basso, serie 16, expediente 1, Carta del 15 marzo 1989

Fondo TPP, Archivo histórico de la Fundación Lelio y Lisli Basso, serie 16, expediente 2, Ponencia de acusación.

Fondo TRII, Archivo histórico de la Fundación Lelio y Lisli Basso, serie 3, expedientes 1, 2, 3, Sentencias.

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Notas

1 El Tribunal Russell II fue convocado por representantes del Comité de exiliados brasileños en Chile con una petición del 18 agosto 1972, aunque un primer contacto informal se tuvo en ocasión del viaje de Basso en Chile en 1971. Después de los golpes de Uruguay y Chile, el Tribunal extendió su interés a todas formas de violencia represiva en América Latina.

2 Traducción de la autora.

3 Traducción de la autora. La primera sesión de este Tribunal debería haber tenido lugar en París en mayo 1967; pero, el 19 abril, el presidente Charles De Gaulle vetó la emisión de una visa de entrada a Francia a Vladimir Dedjer, personalidad de la resistencia yugoslava al nazismo y miembro del jurado del Tribunal. En la carta, dirigida a Juan Paul Sartre, presidente del jurado, Charles De Gaulle consideró la iniciativa «subversiva», por ser organizada por “ciudadanos comunes”, y por no tener en cuenta que “el ejercicio de la jurisdicción pertenece solo al Estado.” (Fondo TRII, serie 3, expediente 1)

4 Se trata de la sesión sobre El Salvador (1981), Guatemala (1983), Nicaragua (1984).

5 Entre éstas aparecen: la Corporación Colectivos de abogados José Alvear Restrepo, la Comisión de Justicia y Paz, numerosos comités de defensa de los derechos humanos locales y nacionales, sindicatos de diferentes sectores productivos y regiones, asociación de campesinos e indígenas, organizaciones de mujeres, estudiantiles, de periodistas y, finalmente, organizaciones políticas como la Unión Patriótica, la organización política “A Luchar” y el Frente popular. La petición fue aceptada con una comunicación enviada el 5 de abril de 1989 por parte del secretario general Gianni Tognoni y dirigida a Javier Giraldo, presidente se la sección colombiana de la Liga internacional para los derechos y la liberación de los pueblos, el cual fue también secretario de la sesión objeto de este artículo.

6 Hay que destacar que los intentos para abordar el tema de la impunidad se tienen importantes antecedentes en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 y en la Declaración sobre la protección de todas personas contra las desapariciones forzadas de 1992.

7 La sesión nacional de Colombia (4-6 noviembre 1989), fue instruida por los jueces Philippe Texier y John Quigley, el cual participó también en la de Uruguay (20-22 abril 1990) con Antonis Tritsis. Junto con los conjueces nacionales Ricardo Molinas y Eugenio Raúl Zaffaroni, John Quigley y Antonis Tritsis participaron también en la sesión en Argentina (4-5 mayo 1990). Luigi Ferrajoli y Salvatore Senese participaron en la sesión de Paraguay (22-24 junio 1990) y, con el conjuez José de Souza Martins, en la de Brasil (29 junio1990). La sesión de Perú (5-7 julio 1990) fue instruida por Perfecto Andrés Ibáñez, Antonis Tritsis y los conjueces nacionales Monseñor Luciano Metzinger, José Ignacio López Soria y Hortensia Muños. En la sesión de Guatemala y Honduras (19-22 julio 1990) participaron Ward Morehouse, Giulio Girardi y José Echavarría, mientras que en la de Ecuador (3-4 agosto 1990) Fabiola Leterlier y Eduardo Umaña Mendoza, el cual participó con John Quigley en la sesión de Panamá de 7 a 9 de enero de 1991.

8 La impunidad legal corresponde a formas de leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden el acceso a la justicia para las víctimas, mientras que la impunidad de hecho deriva, por exemplo, de la debilidad o de la falta de voluntad de las insitituciones, de los poderes judiciales, de los gobiernos o de las fuerzas de seguridad.

9 En los años 80, Brasil se vio atravesado por numerosos conflictos sociales fruto del modelo capitalista, especialmente relacionados con la tierra. Solo en 1987, más de un millón de personas se vieron involucradas en 715 conflictos de tierra, donde ocurrieron nuevas expresiones de violencia estatal y paraestatal. Todo esto llevo a entidades no gubernamentales del Brasil a constituir el Tribunal nacional de los crímenes del latifundio, que apoyó el TPP en la realización de la sesión de instrucción.

10 En el caso de Ecuador, las denuncias destacaron el aumento de la degradación del nivel de vida en razón de las políticas económicas, el monto de la deuda externa, y los problemas surgidos entorno al petróleo. Entre los elementos de preocupación destacados en tema de mecanismos de impunidad, las denuncias se centraron en las consecuencias de la Ley de seguridad nacional de 1979, la vigencia del Fuero militar y del Fuero policial.

11 En la sesión nacional se entregaron 45 documentos, entre acusaciones, análisis y testimonios. La acusación final fue presentada por Federico Andreu, el cual consideró el Fuero militar como “uno de los principales mecanismos de impunidad existente en Colombia”, así como la reforma de la Procuraduría de la nación y “la legislación de cuasi indulto, indulto impropio o amnistía disfrazada” (Andreu, 1991: 49) que se puso en acto a través de decretos impulsados de 1987 a 1990. Cabe destacar que la sesión se tuvo en el marco de los procesos de paz, cuyos límites también fueron objeto de análisis y denuncia de parte de los movimientos sociales.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Simona Fraudatario, « La impunidad en América Latina llevada a juicio por el Tribunal Permanente de los Pueblos  », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 38 | 2019, Publicado el 14 enero 2020, consultado el 19 enero 2020. URL : http://journals.openedition.org/alhim/7933

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Autor

Simona Fraudatario

Tribunal Permanente de los PueblosSimona Fraudatario es coordinadora e investigadora del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso Onlussimonafr@gmail.com

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