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Abordajes sobre el Pasado Reciente en Uruguay: La trayectoria del Equipo de Investigación Histórica en la Universidad de la República. 2005-2015

Fabiana  Larrobla Caraballo y Magdalena  Figueredo Corradi

Resúmenes

Desde la salida de la dictadura y hasta finalizar el siglo XX, los temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de Lesa Humanidad habían estado excluidos de la agenda pública. Recién en el año 2000, y con la administración del presidente Batlle, algunas de las perspectivas relativas al Pasado Reciente cobraron relevancia y se integraron a la agenda política. Pero fue con la asunción del primer gobierno de izquierda en el año 2005 que se produjo un cambio más significativo. En este contexto la nueva administración frenteamplista convocó a la Universidad de la República para abordar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos-desaparecidos y la búsqueda de sus restos. En este marco surgió el equipo de investigación histórica, eje central del presente artículo. De esta manera recorreremos su derrotero de trabajo, las opciones metodológicas, las transformaciones y la ampliación de sus cometidos y objetivos de investigación y el impacto generado a partir del apoyo a la justicia en las denuncias penales por crímenes de lesa humanidad.

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Introducción

  • 1 La ley establecía la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los d (...)

1Desde los inicios de la transición democrática en Uruguay (1985) (Caetano, 2005:19), el tema de cómo abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura militar (1973-1985), ha estructurado y condicionado no sólo el debate político sino también a la propia sociedad uruguaya. En el marco de esos debates, la promulgación de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Caducidad)1, votada el 22 de diciembre de 1986 y ratificada por plebiscito el 16 de abril de 1989, configuró el primer intento de poner punto final a la posibilidad de investigar sobre los crímenes cometidos por el Estado, clausurando la discusión sobre el pasado reciente y poniendo fin a las movilizaciones populares que demandaban verdad y justicia (Larrobla, 2013). En las organizaciones activistas por los derechos humanos y en los sectores de izquierda sensibilizados con la temática, el desconcierto generó un repliegue hacia sus ámbitos internos y en muchos casos una gran desazón frente a la derrota en las urnas.

  • 2 Declaraciones del ex Capitán de Corbeta (R), argentino, Rodolfo Scilingo ante el Juez Baltasar Garz (...)
  • 3 Recién en la marcha del Silencio del año 2004 la organización volverá a incorporar entre sus reclam (...)

2En 1996 comenzó lentamente la reinstalación del tema en la agenda pública2, curiosamente a partir de las declaraciones de dos militares, un uruguayo y otro argentino, lo que habilitó el inicio de la interpelación al consenso producido por las urnas en abril de 1989 (Figueredo y Larrobla, 2019). Ese año se realizó la primera marcha convocada por “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos”, conocida como “Marcha del Silencio”, bajo la consigna: “POR VERDAD, MEMORIA Y NUNCA MÁS”. A partir de allí la organización de “Madres y Familiares” irá adquiriendo una mayor presencia pública demandando el conocimiento de la verdad de lo sucedido3.

  • 4 Julio Ma. Sanguinetti, Partido Colorado, ejerció la Presidencia en dos oportunidades: 1985 a 1990 y (...)
  • 5 Jorge Batlle pertenecía al Partido Colorado, al igual que Sanguinetti, pero se encontraba distancia (...)

3La llegada del año 2000 significó un cambio importante en materia de políticas públicas sobre el tema. Hasta ese momento los presidentes electos4 habían negado la existencia de desapariciones forzadas en territorio uruguayo, por lo que cualquier intento de avanzar en la verdad de lo sucedido había sido obstaculizado desde el Poder Ejecutivo. El 1º de marzo de ese año y con motivo de la asunción de un nuevo gobierno encabezado por Jorge Batlle5, la asociación “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos” envía -como lo había hecho anteriormente- una carta abierta al presidente electo. La misma resumía en seis puntos sus históricos reclamos referidos a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y solicitaba la realización de una investigación seria (Demasi y Yaffé, 2005). La novedad consistió en que por primera vez un presidente les respondió y estuvo dispuesto a recibirlos, lo que se concretó el 13 de abril del 2000.

4Esa primera reunión fue el inició de la coordinación entre “Madres y Familiares” y la Presidencia, dando origen a la “Comisión para la Paz” (2000-2003). La “Comisión para la Paz” (COMIPAZ) fue creada por Resolución presidencial Nº 858/2000 el 9 de agosto del año 2000. La misma debía dar cumplimiento a “una obligación ética del Estado”, encarando “una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica” de la Nación, así como “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos”. La COMIPAZ fue integrada por un grupo de personas reconocidas por su trayectoria en distintos movimientos sociales, que abarcaba, además todo el espectro político.

5La comisión cumplió el rol que antes habían cumplido las Comisiones de Verdad instaladas en otros países de la región, en el sentido de erigirse como intermediaria entre las distintas memorias y la “construcción de una verdad histórica que permitiera fijar un relato admisible para la sociedad” (Calveiro, 2007: 248).

6La investigación realizada tuvo como objetivo la recepción, análisis y clasificación de información sobre las desapariciones forzadas, se basó en las denuncias realizadas por los familiares de las víctimas y apeló a testimonios de militares, cuya veracidad no fue cuestionada y se convirtieron en los insumos principales del informe final presentado el 10 de abril de 2003. Si bien su cometido era intentar nuevamente dar un “punto final” al tema, el hecho de no apelar al olvido como base de la reconciliación produjo el efecto contrario al buscado y se convirtió en el inicio de un lento e inevitable avance de la demanda exigiendo la continuidad de las investigaciones.

7La COMIPAZ, más allá de constituir un segundo intento de clausura de la temática permitió la configuración de nuevas claves interpretativas sobre el pasado, “reconociendo por primera vez en el discurso oficial, la existencia de desaparecidos no sólo en Argentina, sino también en Uruguay” (Larrobla, 2013). Una vez culminada su tarea, ésta se transformó en una Secretaría administrativa: “Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz” (resolución N° 449/003), integrada por una sola funcionaria, encargada de dar trámite a una cantidad variada de temas pendientes.

2005: el cambio en las políticas. El Equipo de Investigación Histórica (2005-2015)

  • 6 Este artículo establecía lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, (...)

8El 1º de marzo de 2005 sucede un hecho histórico en el país, asume por primera vez un gobierno la coalición progresista Frente Amplio, lo que produjo cambios fundamentales en la gestión de la problemática vinculada a la violación de los derechos humanos. El discurso de asunción presidencial del Dr. Tabaré Vázquez significó un giro en la actitud del Poder Ejecutivo con respecto a los familiares y víctimas de desaparición forzada. Allí manifestó la voluntad de investigar, de realizar justicia y de trabajar para el hallazgo de los restos de los detenidos-desaparecidos, dando lugar a una nueva interpretación del artículo 4º de la ley de Caducidad6.

  • 7 El equipo recibió esta denominación en función de estar integrado casi en su totalidad por historia (...)

9El 3 de marzo, dos días después de su discurso, se firmó un Acuerdo General de Cooperación entre Presidencia de la República y la Universidad de la República (Udelar) y el 6 de mayo del mismo año, se suscribió un Convenio Específico sobre el tema “Derechos Humanos y detenidos-desaparecidos”. Este convenio estableció que la Udelar aportaría los equipos técnicos para la determinación de los hechos investigados. En mayo de 2005 se constituye el Equipo de Antropología, dirigido a la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos y el 5 de setiembre se conforma el equipo que en una primera instancia se conoció como Equipo de Historiadores7 Ambos estuvieron radicados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

10La trayectoria del EIH puede visualizarse a partir de su periodización en etapas de trabajo que coinciden con los cambios en la administración de gobierno; esto a su vez permite dar cuenta de los avances en materia de políticas dirigidas al esclarecimiento de los hechos y las transformaciones metodológicas que fueron operando al interior del equipo acorde a las nuevas exigencias.

2005–2007: La “Investigación Histórica sobre Detenidos–Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 15.848”

11El período que abarca esta primera etapa estuvo definido por el convenio Presidencia-Udelar, estableciéndose un plazo de seis meses para la realización de la investigación. Posteriormente fue prorrogado hasta el 16 de mayo de 2006 y luego hasta el 30 de noviembre del mismo año.

12El equipo desarrolló su trabajo de investigación en las instalaciones de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, organismo dependiente de Presidencia de la República y como lo indica el título entrecomillado, los objetivos estuvieron dirigidos exclusivamente a las víctimas de desaparición forzada, tomando como primera referencia el listado confeccionado por la COMIPAZ. En ese marco se definió estructurar la investigación en torno a dos ejes: el recorrido individual de cada detenido-desaparecido a partir de la confección de fichas personales y la elaboración de los contextos represivos en que se enmarcaron las desapariciones, lo que permitió dar un contenido político a la represión y trascender el abordaje individual de los episodios.

13Los primeros pasos en la tarea encomendada consistieron en la revisión de documentos que se encontraban en la propia Secretaría, sobre todo los Legajos personales de personas desaparecidas, constituyéndose en la base de la elaboración de las Fichas Personales. Al mismo tiempo se gestionó el ingreso a algunos archivos estatales y archivos de organizaciones sociales y educativas. (Larrobla y Larrobla, 2016).

14Finalmente, el 13 de diciembre del 2006 se realiza la entrega del resultado de las investigaciones y la documentación seleccionada en 14 librillos a Presidencia de la República, los informes no sólo contenían los resultados sobre las víctimas de desaparición forzada y sus contextos, sino que abarcaban otras dimensiones de la acción represiva del Estado.

15Entre diciembre de 2006 y mayo de 2007 una parte reducida del equipo continuó trabajando en forma honoraria en la edición del informe para su impresión y publicación. El 4 de junio de 2007 la obra titulada “Investigación Histórica sobre Detenidos – Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 15.848” fue presentada por el presidente Dr. Tabaré Vázquez y constó de 5 tomos, 4 de ellos referidos a las investigaciones históricas y uno a las investigaciones arqueológicas.

2007-2009: El Equipo de Historiadores en la Universidad. La continuidad de la investigación sobre otras dimensiones del Terrorismo de Estado

  • 8 En ese momento integrábamos el equipo 6 investigadores.

16Una vez concluido el trabajo realizado bajo el Convenio Presidencia-Udelar, el equipo continuó trabajando8 en el marco de la Universidad con financiación proveniente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

17Durante dos años se procesó todo el material documental recopilado en los trabajos de revisión archivística, abordando otras dimensiones de la acción represiva que no habían sido incluidas en las publicaciones anteriores: el asesinato y la prisión política, la vigilancia a la sociedad civil, represión de género, exilio, vigilancia a los partidos políticos, movimiento sindical y Universidad, etc. Los resultados de esta investigación fueron publicados en marzo de 2009 en una presentación de 3 tomos llamada “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”.

18Estos tomos contienen una recopilación documental sobre esas distintas dimensiones mencionadas antes, proporcionando una visión de conjunto del terrorismo de Estado y abriendo la posibilidad de nuevas investigaciones en distintos terrenos del pasado reciente. Uno de los resultados de este primer trabajo fue la sistematización del universo de víctimas durante la dictadura por asesinato político o muerte por responsabilidad del Estado, bajo la modalidad de torturas, enfermedades no tratadas, suicidios en situación carcelaria, castigos de distinto tipo, así como el universo de presos y presas políticas en los distintos establecimientos carcelarios y cuarteles del país en el período dictatorial. (Larrobla, F. y Larrobla, C., 2016). En este sentido, y como bien lo señala la introducción:

de las múltiples dimensiones del terrorismo de Estado analizadas en esta obra, puede concluirse que el objetivo de la dictadura fue la población uruguaya, su control, vigilancia y castigo, y que dicho objetivo, perseguido durante más de una década, dejó secuelas estructurales y subjetivas, más allá del tiempo mismo de duración de la dictadura como régimen político - estatal. Por lo tanto, los avances en el conocimiento y la verdad sobre nuestro pasado reciente no se relacionan solamente con la reconstrucción histórica de lo sucedido sino con la comprensión acerca de cómo somos los uruguayos en la actualidad y sobre nuestras instituciones democráticas”. (Rico y otros, 2008: 44)

19En ambas etapas de trabajo (2005-2009) el equipo se apoyó en las herramientas tradicionales utilizadas por la historiografía, constituyendo una investigación descriptiva, fundamentada en el orden cronológico de los acontecimientos y centrada en el trabajo documental, focalizándose en la sistematización de la documentación recopilada, por ser la primera vez, luego de años de democracia, que se accedía a archivos del Estado sobre el período. Los testimonios de las víctimas o sus familiares fueron incorporados en la investigación con el objetivo de relatar, corroborar y apoyar algunos relatos históricos, no ocupando un lugar central. Solo en casos puntuales se realizaron entrevistas con fines específicos, dirigidas principalmente a chequear algún dato o reconstruir fragmentos de contextos represivos.

20Luego de haber culminado el proyecto universitario las investigaciones estuvieron suspendidas durante casi un año. A mediados del 2009 se reanudaron los acercamientos entre Presidencia y Udelar y en ese contexto se produce el regreso a la Secretaría de Seguimiento donde se realizaron varias sesiones de trabajo con el objetivo de preparar la continuidad de las investigaciones, pero luego de meses de concurrir en forma honoraria no se llegó a formalizar la tarea.

2010-2015: La vuelta de la investigación a la órbita del Poder Ejecutivo. La ampliación del universo de víctimas del Terrorismo de Estado y el inicio de la judicialización de las investigaciones

21El año 2010 comienza con una nueva administración frenteamplista encabezada por José Mujica y junto a ella se reactivan las intenciones de reflotar el convenio del período anterior y continuar la línea de investigación abierta 5 años atrás.

  • 9 La Resolución Presidencial Nº 2081 de 26 de diciembre de 2012 extendió la vigencia desde el 1º de n (...)
  • 10 La Universidad de la República “aportará un equipo integrado por funcionarios de la institución, de (...)

22Casi un año después, el 23 de diciembre del 2010, la Universidad y Presidencia acordaron, por Resolución Nº 560, un nuevo Convenio de Cooperación sobre Derechos Humanos y Detenidos Desaparecidos (el que fue extendido a lo largo del período en varias oportunidades9). El mismo estipulaba, la importancia de continuar con la temática y la trascendencia de contar con equipos de experticia e idoneidad10. En estas circunstancias el EIH fue convocado nuevamente para continuar con las investigaciones que habían sido suspendidas.

23Una novedad de esta etapa fue la ampliación de universo de víctimas, incorporando la dimensión del asesinato político junto con la extensión del período a investigar (Resolución 450/01111). La misma está vinculada a la aprobación de la Ley 18.59612 de reconocimiento y reparación a las víctimas que incluía las acciones ilegítimas y de abuso de poder cometidas por el Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, período conocido como el “camino democrático hacia la dictadura” (Rico, 2005).

  • 13 La Sentencia fue dictada el 22 de febrero de 2011 y señalaba omisiones del Estado uruguayo referida (...)
  • 14 Resolución 450/011. 31 de agosto de 2011. La Secretaría se integra con, un Coordinador Ejecutivo d (...)
  • 15 Resolución 463/013 En: <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/463-2013>

24Por otra parte, en el año 2011, con un nuevo contexto político signado por la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman13, se aprueba una resolución que pone en marcha una reestructura a nivel institucional14 que concluirá en el año 2013, cuando la Secretaría cambió su denominación por “Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente” (SDDHHPR) reafirmando los nombramientos realizados en cuanto a la integración de quiénes estarían a cargo de dirigirla. La dirección de la SDDHHPR quedó integrada entonces por una directora nombrada por el Poder Ejecutivo, representantes de la Udelar, un representante nombrado por la organización de Madres y Familiares y un representante del Ministerio Público15.

25La ampliación de los cometidos, la incorporación del período previo a la dictadura (1968-1973) y el abordaje de la dimensión del asesinato político generaron importantes transformaciones en el trabajo desarrollado por el EIH, pero la más relevante -sin dudas- fue la judicialización de las investigaciones.

26En ese período se realizaron dos actualizaciones en versión digital de las investigaciones históricas. La primera, en octubre del 2011, fue la publicación online de las fichas personales de los Detenidos - Desaparecidos (“Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos”) y la presentación, por primera vez, de las cronologías de hechos represivos y documentales de las organizaciones políticas.

27La segunda actualización, en diciembre 2014 y febrero 2015, fue la publicación online de “Actualización de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos e investigación histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad o aquiescencia del Estado (1973-1985)”. A ello se agrega un avance que contiene un listado de nombres, fechas y pertenencia política de personas muertas por agentes estatales o para estatales en el período pre-dictadura 1968-1973. Lo novedoso fue la presentación del universo de asesinados políticos, el avance de los contextos represivos en relación a ellos y el estudio de los casos correspondientes al período pre-dictatorial, esto último publicado en diciembre 2016-.

28Como señalamos anteriormente, el contexto político de esta nueva administración en lo que tiene que ver con el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad, estuvo signado por distintos eventos de relevancia, uno de ellos vinculado a la Sentencia de la CIDH y las intensas y largas discusiones parlamentarias buscando dar cumplimiento a la misma. En ese marco se dictó el Decreto 322/011 del 30 de junio de 2011 que revocó por razones de legitimidad los actos del Poder Ejecutivo que habían impedido la investigación de denuncias (Castro, 2018) y el 27 de octubre de ese mismo año se aprobó la Ley 18.831 que restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. (Castro, 2018), calificando a los delitos cometidos por éste como crímenes de lesa humanidad a los que no se les debería computar el plazo de prescripción. De esta forma la segunda administración frenteamplista lograba, en los hechos, dejar sin efecto la ley de Caducidad que aún se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico.

29El nuevo escenario legal habilitó las acciones de la justicia penal, la que comenzó a requerir los conocimientos técnicos del EIH a través de oficios judiciales, solicitando información y documentación vinculadas a las denuncias desarchivadas y a las nuevas que habían sido presentadas. Los nuevos requerimientos judiciales fueron el inicio de un proceso de transformación de las perspectivas epistemológicas, lo que trajo consigo nuevos planteos y debates acerca de las herramientas utilizadas hasta ese momento.

30Recorrer las respuestas brindadas a la justicia a partir del 2011 y hasta el presente permite visualizar los cambios operados en los abordajes de la investigación. Al inicio el equipo se limitaba a anexar la documentación hallada, sin confeccionar ningún informe que diera cuenta de ella. Pero rápidamente se asumió que el aporte fundamental era lo que el equipo podía decir acerca de los documentos y en eso radica su relevancia. Es así que se definió confeccionar informes técnicos que pudieran dar orden y sentido a la documentación producida por el estado durante el período.

31Asimismo, se resolvió dar respuesta a todas las solicitudes judiciales, aún aquellas que se referían a la prisión política, dimensión que no se encuentra incluida dentro de los cometidos asignados y por tanto la documentación relevada en ese momento contaba con bajos o nulos niveles de sistematización.

32Al tiempo que la justicia convocaba al equipo, éste continuó con sus líneas tradicionales de investigación y con el relevamiento y análisis de nuevos archivos y documentos. Para un equipo conformado entre 6 y 8 personas la tarea resultaba a veces, desbordante, por lo que se resolvió priorizar las respuestas a la justicia y también a otras instituciones y organizaciones que comenzaron a demandar información y documentación sobre distintos hechos vinculados a operativos represivos, víctimas y/o sitios de memoria.

33Este largo proceso representó un enorme desafío para los investigadores, acostumbrados a otro tipo de producción de conocimiento. A partir de intensos debates y espacios de reflexión, comenzó a incorporarse elementos provenientes de otras disciplinas en un proceso de acumulación y revisión sobre lo realizado hasta el momento.

34La interacción con la justicia presentó el reto de pensar más allá de las disciplinas de origen de cada investigador. Trascender las fronteras disciplinares permitió al equipo confeccionar relatos inteligibles para aquellos actores ajenos al campo de estudio, no sólo del hecho en sí, sino del contexto histórico en el que éste se produjo, de forma tal de dar sentido a eventos que ocurrieron en el pasado pero que son juzgados en el presente. La articulación de todas estas dimensiones (contextuales, individuales, históricas y políticas) y su traducción en una narración comprensible y fundamentada documentalmente fue dando origen a la necesidad de sistematizar el cambio de perspectiva y el nuevo enfoque metodológico.

35En ese marco se dispuso que no sólo daríamos prioridad a las solicitudes provenientes de la justicia, de otros organismos y de las propias víctimas, sino que a partir de éstas se diseñaría el camino de las investigaciones, lo que no significó abandonar las tradicionales líneas centradas en las víctimas y sus contextos sino en la integración plena de todas las dimensiones. Las líneas ya no podían ser abordadas como tales, sino que la nueva perspectiva requirió la visualización de una red donde todas se encuentran entrelazadas. El nuevo enfoque al que conceptualizamos como transdisciplinar (Aronson, 2003; García, 2006; De La Herrán, 2011); permitió que el equipo se moviera con comodidad dentro de esa red simbólica y así avanzar y profundizar en el esclarecimiento de los hechos.

36Otros de los temas que acompañan estas perspectivas se vinculan con la “verdad y responsabilidad” de abordar procesos complejos que impactan no sólo desde una perspectiva histórica sino también en la actualidad. En este sentido, Ginzburg indica que “el deber de la verdad implica incluso el deber de decir cosas desagradables”. Pero antes de decir cosas desagradables es necesario lograr pensarlas. Las resistencias, que como cientistas sociales se ponen frente a “cosas desagradables” entendidas “como cosas que van contra nuestras expectativas éticas, políticas, etc. implican la obligación de mirarlas a la cara y comunicarlas” (Ginzburg, 2017: 1). Asimismo, y desde el punto de vista de la responsabilidad se detiene en señalar el convencimiento de que “entre el mundo de la vida cotidiana y el trabajo del historiador existe una contigüidad. El historiador enfrenta con medios técnicos específicos problemas que se manifiestan en la vida de todos los días”. De allí el libro y su reflexión con respecto a que “lo verdadero, lo falso y lo ficticio” triada que cotidianamente enfrentamos todos los días en lo personal y en lo profesional. (Ginzburg, 2017: 2). José Rilla, quién también ahonda sobre la responsabilidad del historiador, agrega la importancia crucial de ofrecer claridad al momento de diferenciar pasado e historia (historiografía -como “operación intelectual e intelectiva”-), teniendo en cuenta que “la operación en la que estamos [refiriéndose a los historiadores] reposa en un conjunto de discontinuidades y recortes, huellas de lo que se fue (…) e hilos con los que hilvanamos un relato no mimético; preguntas desde el presente a un pasado que no habla más que desde rastros pobres” (Rilla, 2017: 1). Mientras que el pasado implica -entre otras cosas- el recuerdo como actividad creativa y la memoria.

  • 16 Las componentes provienen de Ciencia Política, Antropología, Sociología e Historia.

37Al finalizar esta etapa de trabajo, en febrero de 2015, las nuevas perspectivas de abordaje aún no habían sido sistematizadas, lo que hoy se puede poner en palabras en ese momento fueron intuiciones ensayadas al inicio con timidez y luego con mayor convicción. El tránsito que permitió articular estos ensayos y conceptualizarlos se desarrolló a partir de junio de 2015, cuando se retornó nuevamente al trabajo, luego de estar en suspenso durante 4 meses, con una nueva integración caracterizada por la diversidad disciplinar16.

2015 y después: las faltas y las fallas: un camino aparentemente continuo

38Desde nuestros inicios se trabajó en un marco de inestabilidad contractual, con la presión y la premura que significó elaborar y planificar una investigación en un contexto de incertidumbre respecto de su continuidad.

  • 17 El presidente Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades representantes de distintas organ (...)
  • 18 El GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense) recorrió el mismo derrotero contractual qu (...)

39Aunque hoy pueda trazarse una línea de permanencia y continuidad, las múltiples renovaciones de contratos y convenios dan cuenta de ese estado de permanente “final”, lo que no sólo generó dificultades para poder pensar una investigación a largo plazo, sino que produjo también desajustes en la vida laboral de los investigadores. En ese sentido no existió una política que tuviera como objetivo consolidar al equipo que se había especializado en las investigaciones sobre pasado reciente y no se trazó ningún plan que permitiera la creación de un espacio dentro de la Udelar para que el equipo experto en esta temática tuviera un ámbito desde donde continuar desarrollando sus investigaciones, por lo que la actuación de éste quedó inevitablemente atada a los cambios que se produjeran en las administraciones, tanto de Presidencia como de la propia Udelar. Este cambió finalmente se concretó con la nueva administración presidencial17, coincidente casi en el tiempo con el cambio de las autoridades universitarias (2014). En ese momento los convenios entre ambas instituciones fueron revisados y en esas circunstancias, a partir de enero de 2017, los integrantes del equipo pasaron de la órbita universitaria a ser contratados directamente por Presidencia de la República18.

40Más allá de los posibles riesgos e incluso desconfianzas que pudieran generarse en el ámbito universitario por este traslado a Presidencia, el EIH definió continuar bajo esta nueva modalidad de contrato. La continuación de las investigaciones en este contexto no implicó ningún renunciamiento desde el punto de vista de la independencia técnica y a su vez permitió que los nuevos abordajes en la investigación se desarrollaran cada vez más.

Reflexiones finales

41El rápido recorrido realizado desde 1985 a la fecha pone en evidencia la centralidad del tema vinculado a la violación de los derechos humanos en el pasado reciente y la larga duración del mismo, sorteando y trascendiendo los diferentes intentos de clausura ensayados por los distintos gobiernos. A su vez el trayecto realizado por el EIH brinda indicios que permiten reconocer las políticas públicas diseñadas por los gobiernos progresistas dirigidas al tratamiento de éste, aunque no haya sido ese el centro de este artículo.

  • 19 La materialización concreta del recorrido realizado por el EIH se expresa en 125 informes técnicos (...)

42Más allá de lo anterior, lo que se pretende destacar es cómo el recorrido realizado por el EIH significó un cambio profundo en las perspectivas de quienes lo integran. Esa transformación, reflejada en los desarrollos actuales de la investigación, se construyó a partir de la propia práctica, asumiendo el desafío que representa avanzar en el campo de la verdad y la justicia19.

43La búsqueda de la verdad, la intención de justicia, el trabajo por la memoria, y la necesidad de reparación es un largo proceso que -y a la luz de lo que ha sucedido en varias partes del mundo- requiere sumergirse entre lo visible y lo invisible, entre las huellas y las marcas y desde allí, avanzar. De esta manera, el desarrollo de la labor del EIH permitió arribar a una comprensión más profunda sobre un pasado que aún continúa sucediendo, y que se hace tangible en las faltas y en las ausencias, en los no reconocimientos, en la negación y en las resistencias desplegadas tanto contra ese pasado como con el trabajo que desde el presente se realiza con él.

44Todo este proceso que se ha relatado, con sus repechos y bajadas, contradicciones, interrogantes y períodos de reflexión y debate, ha permitido reconstruir no sólo los hechos, sino el sentido de los mismos. La importancia de reconstruir el sentido está vinculada, a su vez, con el presente. Los hechos tomados como tales, aislados y sin significación corren el riesgo de quedar como relatos anecdóticos del terror. Cuando podemos dotarlos de sentido, conectarlos, vincularlos y hallar la lógica que subyace a los acontecimientos, es cuando estamos en condiciones de trabajar para evitar la repetibilidad. Porque también y en forma fundamental se trata de eso: de evitar la repetición del horror.

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Notas

1 La ley establecía la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

2 Declaraciones del ex Capitán de Corbeta (R), argentino, Rodolfo Scilingo ante el Juez Baltasar Garzón el 10 de marzo de 1995, sobre la existencia de los “vuelos de la muerte” y carta abierta del Capitán de Navío (R) Jorge Tróccoli, publicada en el Semanario Brecha el 10 de mayo de 1996, donde reconocía la existencia de los desaparecidos.

3 Recién en la marcha del Silencio del año 2004 la organización volverá a incorporar entre sus reclamos la demanda por justicia.

4 Julio Ma. Sanguinetti, Partido Colorado, ejerció la Presidencia en dos oportunidades: 1985 a 1990 y 1995 a 2000. Luis Alberto Lacalle, Partido Nacional, fue electo presidente por el período 1990-1995.

5 Jorge Batlle pertenecía al Partido Colorado, al igual que Sanguinetti, pero se encontraba distanciado de éste y su sector se presentaba como opositor al de Sanguinetti.

6 Este artículo establecía lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonio de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley y actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de los hechos. (…)” En el año 1987 Sanguinetti dio por cumplido este artículo cuando encomendó la investigación de estos crímenes al Fiscal Militar Sambucetti, el que concluyó que no existían datos sobre las denuncias presentadas. Asimismo, la investigación sobre la situación de los niños y niñas secuestradas fue encomendada al entonces Consejo del Niño, el que no arribó a ninguna conclusión.

7 El equipo recibió esta denominación en función de estar integrado casi en su totalidad por historiadores, a excepción de una licenciada en Ciencia Política, lo que permite comprender el posterior cambio de nombre vinculado también a una transformación en su composición, aunque no sólo. En su primera etapa participaron 16 investigadores y estuvo coordinado por el Prof. Álvaro Rico, bajo la supervisión académica de Gerardo Caetano y del Prof. José Pedro Barrán. Para evitar confusiones, a partir de ahora cuando hablemos del equipo lo mencionaremos como Equipo de Investigación Histórica (EIH).

8 En ese momento integrábamos el equipo 6 investigadores.

9 La Resolución Presidencial Nº 2081 de 26 de diciembre de 2012 extendió la vigencia desde el 1º de noviembre 2012 hasta el 31 de octubre 2013. Luego la Resolución Presidencial Nº 2866 de 12 de febrero 2014 autorizó la continuidad desde el 1º de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014. Finalmente, la Resolución Presidencial Nº 3370, prorrogó el, hasta el 28 de febrero 2015.

10 La Universidad de la República “aportará un equipo integrado por funcionarios de la institución, del que formarán parte aquellos técnicos que por su especialización e idoneidad en el conocimiento arqueológico e histórico contribuyan significativamente a la determinación de los hechos averiguados”.

11 Ver:< https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/450-2011>

12 Ver: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3863839.htm>

13 La Sentencia fue dictada el 22 de febrero de 2011 y señalaba omisiones del Estado uruguayo referidas a la verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad.

14 Resolución 450/011. 31 de agosto de 2011. La Secretaría se integra con, un Coordinador Ejecutivo designado por el presidente de la República, un representante del Ministerio Público y Fiscal, un representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, dos representantes de la Universidad de la República por el área de Historia y Antropología Forense y la Secretaría Administrativa”. En el año 2012, por Resolución 049/012, se nombró a la Lic. Graciela Jorge como Directora General y a Eduardo Pirotto como miembro propuesto por la organización “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”. En: <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/463-2013>

15 Resolución 463/013 En: <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/463-2013>

16 Las componentes provienen de Ciencia Política, Antropología, Sociología e Historia.

17 El presidente Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades representantes de distintas organizaciones e instituciones religiosas, denominándolo Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el que actuaría junto con la SDDHHPR.

18 El GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense) recorrió el mismo derrotero contractual que el EIH y al igual que éste, sus integrantes pasaron a ser contratados directamente por Presidencia de la República.

19 La materialización concreta del recorrido realizado por el EIH se expresa en 125 informes técnicos confeccionados a solicitud del Poder Judicial entre el 2011 y el 2019 y aproximadamente un centenar de respuestas a solicitudes provenientes de distintas instituciones y organizaciones sociales.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Fabiana  Larrobla Caraballo y Magdalena  Figueredo Corradi, « Abordajes sobre el Pasado Reciente en Uruguay: La trayectoria del Equipo de Investigación Histórica en la Universidad de la República. 2005-2015 », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 38 | 2019, Publicado el 14 enero 2020, consultado el 18 enero 2020. URL : http://journals.openedition.org/alhim/8060

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Autores

Fabiana  Larrobla Caraballo

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
Politóloga y maestranda en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Provincia de Buenos Aires, Argentina. Coordinadora del Equipo de Investigación Histórica en Secretaria del Pasado Reciente. Presidencia de la República. Montevideo – Uruguayfabianalarro@gmail.com

Magdalena  Figueredo Corradi

Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina
Historiadora y maestranda de la “Maestría en Historia Contemporánea”. Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), Provincia de Buenos Aires, Argentina. Integrante del Equipo de Investigación Histórica en Secretaria del Pasado Reciente. Presidencia de la República. Montevideo – Uruguaymagdalenafigueredo@gmail.com

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