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Justicia transicional, derechos humanos y marco institucional en los nuevos escenarios políticos en México

Laura  Loeza Reyes

Resúmenes

En el artículo se analiza la necesidad y pertinencia de una política pública de justicia transicional que diseñaron y están impulsando en México colectivos de familiares de víctimas de las violencias, acompañadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y expertos de la academia. Se consideran dos factores: la crisis humanitaria causada por la política de «combate al crimen organizado» basada en la militarización de la seguridad pública que se ha implementado desde hace más de una década y que ha dejado decenas de miles de víctimas. Y los escenarios complejos y adversos que enfrentan las organizaciones para la implementación de dicha política, debido al desconocimiento de los derechos humanos por parte del actual presidente de la República. Se explica por qué una política de justicia transicional es la única capaz de revertir la compleja problemática de la violencia y encauzar los procesos políticos al Estado de derecho.

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  • 1 En el estado de Veracruz se encontró una de las fosas clandestinas más grandes de América Latina (C (...)

1La política de «combate al crimen organizado» que se ha implementado en México desde 2006, se ha basado en la militarización de la seguridad pública y ha desencadenado la violación grave y sistemática de los derechos humanos y la comisión de crímenes atroces por parte de actores estatales y particulares. Estos hechos se documentan en dos informes elaborados por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. El informe Corrupción que mata, que documenta detalladamente la participación de funcionarios públicos en dos episodios de violencia extrema en los que el cartel de los Zetas cometió crímenes de lesa humanidad en el estado de Coahuila (Open Society Justice Initiative, 2018). Y un informe sobre el estado de Veracruz que presenta un análisis profundo y detallado de la complejidad y la multiplicidad de formas de violencia perpetradas por los gobiernos, policías y crimen organizado coludidos. (International Crisis Group, 2017)1. Los autores de ambos informes argumentan -y en ello coinciden los testimonios de familiares de víctimas de las violencias-, que los eventos que en ellos documentan representan un patrón de los hechos de violencia extrema y captura del Estado por parte de grupos criminales que ocurren en todo el país y que impiden que el sistema de impartición de justicia y el sistema de justicia penal funcionen adecuadamente.

2El derecho internacional humanitario tipifica esta situación como «conflicto armado no internacional» y la define como «una situación de violencia armada regular e intensa o prolongada entre las fuerzas de seguridad de un estado, especialmente el ejército, y uno o más grupos armados organizados no gubernamentales [entre los que se incluye a los cárteles de la droga y a las redes del crimen organizado]». O bien, «entre dos o más grupos armados organizados dentro de un estado» (Bellal, 2017: 24).

  • 2 Autoridades y víctimas estiman que a la fecha hay 45 mil víctimas de desaparición forzada pero no e (...)
  • 3 La JT es una concepción de la justicia «que busca lidiar con un pasado de graves violaciones a dere (...)

3Desde 2006 la violencia se ha incrementado en magnitud y crueldad. El número de personas desaparecidas y el descubrimiento de fosas clandestinas no cesan de aumentar2 y han surgido colectivos de familiares de víctimas en todo el país demandando verdad y justicia. Acompañadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, expertos de la academia y organismos internacionales han desplegado diferentes estrategias para tratar de revertir esta problemática, incluida la redacción de tres leyes (Ley General de Víctimas; Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y Ley de Desaparición Forzada). Dichas leyes están armonizadas entre sí y se refuerzan mutuamente. Están dirigidas a atender los problemas incidiendo en el diseño institucional. De forma complementaria y apoyándose en estas leyes, las organizaciones han diseñado una política pública de justicia transicional (JT) y proponen su aplicación en la situación actual de conflicto activo3.

4Estas estrategias se basan en las experiencias de países latinoamericanos que vivieron dictaduras o conflictos armados, y en la jurisprudencia que los procesos judiciales promovidos por activistas y víctimas de dichos países han sentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero atendiendo a las particularidades de la realidad mexicana. En México no se trataría de implementar la JT en un proceso de transición a la democracia sino de esclarecer los hechos y juzgar a los perpetradores para evitar que los crímenes atroces vuelvan a ocurrir e instaurar el Estado de derecho.

5En la implementación de dichas leyes las organizaciones enfrentan serios obstáculos, pero también han alcanzado logros importantes que no se han consolidado y han tenido un impacto heterogéneo en el territorio nacional siendo el nivel municipal el más desfavorecido y donde la población es más vulnerable a las violencias y la impunidad. Los principales obstáculos radican en el sistema de justicia penal y el poder judicial. Por ello desde 2016 han impulsado la iniciativa #FiscaliaQueSirva4 dirigida a la reforma radical y gradual del poder judicial y a hacer efectiva su independencia respecto a los poderes ejecutivo y legislativo.

6En la búsqueda de verdad y acceso a la justicia las víctimas han desarrollado su capacidad de agencia y han acumulado conocimientos sobre los aspectos clave de la compleja problemática de la violencia. Dicha información les reditúa poder y es suficiente para iniciar juicios de responsabilidad penal individual contra los perpetradores.

  • 5 Según el Índice Global de Impunidad, México ocupó en 2017 el cuarto lugar con 69.21 puntos, siendo (...)
  • 6 Teresa Villarreal (1914; 1915 y 1916) ha documentado estos procesos.
  • 7 Por motivos de espacio me referiré sólo a algunos aspectos importantes de ambos documentos.

7A fin de sustentar la necesidad y pertinencia de una política de JT en México y los desafíos que enfrentan las organizaciones que la promueven, este artículo está estructurado de la siguiente manera. Primero caracterizo la situación de violencia que se vive en el país desde 2006 y algunas de las iniciativas que las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han impulsado para tratar de revertirla. Me refiero a las desapariciones forzadas de personas y al descubrimiento de fosas clandestinas como fenómenos que no dejan de aumentar desde 2006. Lo anterior es resultado de la crisis institucional, corrupción e impunidad que se vive en el país5. A pesar de ello y de la letalidad de las violencias las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han desvelado algunas redes de poder de los perpetradores y la forma como operan6. Posteriormente aludo a la política pública de JT que están impulsando las organizaciones y sus aliados, y que exponen en sendos documentos el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE, 2018) y un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC, 2019)7. Simultáneamente y con base en datos empíricos caracterizo los escenarios políticos adversos que enfrentan en su lucha por la implementación de los mecanismos de la JT desde que del actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018. Describo algunas de sus acciones contrarias a los derechos humanos y al reclamo de justicia de los colectivos de víctimas de las violencias, así como sus ataques constantes a las organizaciones civiles y a los periodistas.

¿Por qué es necesaria una política de justicia transicional en México?

  • 8 El informe sombra presentado por la organización i(dh)eas abona en el mismo sentido. Los ministerio (...)

8Los autores de la política de JT del CIDE (2018) señalan que en contextos de violencia a gran escala como los que ocurren en México (desaparición forzada, feminicidios, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, tortura, trata de personas, etc.) los métodos de justicia ordinaria, diseñados para atender delitos comunes o violaciones aisladas a derechos humanos, impiden que los juicios se apeguen a los estándares de los derechos humanos vigentes (CIDE, 2018: 51)8. También demuestran que una política de JT no requeriría de grandes reformas legales para su implementación. Existen leyes específicas para cada uno de estos tipos de crímenes, pero la incidencia en todos ellos no ha cesado de aumentar en el periodo 2006-2019. La JT contribuiría a que este régimen de derecho se normalizara.

9Según los expertos para que sean eficaces todas las medidas de la JT deben aplicarse conjuntamente (principio de integralidad). En México la aplicación de políticas aisladas de desarme, diálogo con grupos armados y comisiones de la verdad han fracasado. Anaya refiere que de las resoluciones de la Corte IDH, las medidas que menos cumple el Estado mexicano son las de no repetición que incluyen reformas institucionales, legislativas, acciones de investigación y castigo (Anaya, 2019: 1063).

10La violencia a gran escala ha desembocado en una crisis forense «de dimensiones cuantitativas y cualitativas complejas» (Colectivos de Familiares de Desaparecidos y OSC, 2019: 18). En 2019 las organizaciones de víctimas y de derechos humanos pidieron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense «que cuente con el apoyo de la comunidad internacional técnico y financiero para su implementación» (Colectivos de Familiares de Desaparecidos y OSC, 2019: 26). Su misión sería identificar los cuerpos acumulados en resguardo del Estado, y la exhumación e identificación de los restos localizados en fosas clandestinas. Como parte de un plan integral el Estado debería ocuparse del fortalecimiento institucional forense. La demanda responde a que el Estado no ha respetado las leyes ni la dignidad humana de las personas cuyos cuerpos y restos han sido encontrados. Por ejemplo, entre 2006 y 2015 en Jalisco fueron incinerados miles de cuerpos sin previa identificación forense (Franco, 2019) violando la Ley General de Víctimas. También se han violado los protocolos legales para el tratamiento y traslado de los restos encontrados y su almacenamiento. En 2016 el entonces gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, inhumó 119 cuerpos no identificados en una fosa común en Tetelcingo, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (CNDH, 2016). En 2018 funcionarios del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses depositaron 300 cuerpos en dos camiones frigoríficos y los abandonaron en un barrio popular en Guadalajara (Franco, 2018).

  • 9 La información más completa sobre fosas clandestinas fue recabada por un grupo de periodistas indep (...)

11Tampoco existen estadísticas oficiales confiables a pesar de que las leyes establecen la obligatoriedad de crear, mantener actualizados y homologar a nivel nacional el Registro Nacional de Víctimas; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas; el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas9.

12Pablo de Greiff señala que el «paradigma»de la JT surgió en países con grados relativamente altos de institucionalización horizontal y vertical [la norma cívica rigiendo las relaciones entre ciudadanos y de estos con las instituciones] en los que hubo un quiebre de la institucionalidad y uno de los objetivos de la transición fue la recuperación de las tradiciones e instituciones interrumpidas. No eran países [como México] en donde el Estado está completamente ausente en porciones importantes del territorio y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado están aún por ser reguladas en grandes esferas (de Greiff, 2012: 389). Ni países donde el Estado ha sido cooptado por grupos criminales en espacios clave de gobierno, como en México.

13Otros argumentos permiten afirmar que la JT es el único recurso para lograr la paz en México. En su análisis comparativo de diferentes países latinoamericanos Sikkink (2013) explora las interrelaciones entre tres variables: experiencia democrática previa a la transición, juicios celebrados y mejora en los derechos humanos. Concluye que la experiencia democrática previa a la dictadura no es una variable explicativa de la mejora en los derechos humanos después de la transición. Los juicios contribuyeron de manera decisiva en este sentido.

  • 10 Una comisión es robusta cuando su mandato dura más de dos años, tiene suficiente personal y presupu (...)
  • 11 Esto no ocurrió en Argentina, Chile y Perú, que optaron por políticas democráticas.

14En el mismo sentido Trejo, et. al. muestran que en Perú después de la transición se implementó un ambicioso proceso de JT con una comisión de la verdad robusta10, se juzgó a un número significativo de oficiales represores, y la tasa de homicidios descendió. Mientras que en México no se implementó una política de JT ni se juzgó a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que cometieron crímenes atroces y violaciones graves a los derechos humanos y actualmente el país se encuentra atrapado en una gran epidemia de violencia. (2018: 799). Los juicios implementados a través de políticas de JT impiden que jefes militares y de policías se alíen con grupos criminales volviéndose piezas claves en la producción de violencia criminal después de la transición. Además, los países [como México] que optaron por políticas de “puño de hierro” para combatir al crimen organizado siguieron recurriendo a estrategias represivas anti-insurgencia como la tortura y ejecuciones extrajudiciales (Trejo, et. al., 2018: 799)11.

15Uprimni considera que en países donde existe un conflicto activo como México y Colombia la JT podría lograr sólo una «paz fragmentaria» dados «…los problemas de eficacia del sistema de justicia que plantean la necesidad de admitir el perdón de algunos actores armados en casos excepcionales» (2006: 34).

16En efecto, la JT tiene los objetivos y las posibilidades de proporcionar reconocimiento a las víctimas, promover la confianza cívica y contribuir al fortalecimiento de la norma de derecho democrático (de Greiff, 2012: 405). También es eficaz para desarticular las redes de perpetradores. Pero su efectividad depende de la existencia de cierta apertura democrática (de Greiff, 2012: 411).

Los escenarios actuales y las condiciones para la implementación de una política de justicia transicional

  • 12 Enuncia su estrategia para pacificar el país con: «paz y amor», «abrazos y no balazos» e invita al (...)
  • 13 Ejemplo de ello es la captura e inmediata liberación de un hijo del “Chapo” Guzmán -quien cuenta co (...)
  • 14 Pretendía que la Guardia Nacional tuviera mando y fuero militar pero el Senado de la República lo i (...)

17A pesar de la situación descrita las acciones con las que el presidente López Obrador pretende pacificar el país se oponen radicalmente a la política de JT propuesta por las organizaciones. Al carecer de una política de seguridad pública, desde el inicio de su gestión en diciembre de 2018 ha implementado acciones desarticuladas que evidencian un Estado débil sin una hoja de ruta para enfrentar al crimen organizado. Su discurso pretendidamente pacifista y quasi religioso banaliza la compleja problemática de la violencia12. Estas acciones abren oportunidades para que la violencia, la impunidad y la corrupción que la auspician se reproduzcan y la crisis institucional y la humanitaria se profundicen13. En esta sección expongo algunas de ellas porque son contrarias a la garantía y respeto a los derechos humanos y representan regresiones a algunos logros de las víctimas en su lucha por la justicia. La más importante quizá es su decisión de mantener la política de militarización ignorando las recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Para ello reformó la constitución y creó una Guardia Nacional14 (integrada por miembros del ejército, la marina y cuerpos policiacos, coordinada por el ejército). Rechazó la iniciativa #FiscalíaQueSirva y nombró como Fiscal General de la República a una persona afín a él.

18Desde su campaña electoral anunció la amnistía para algunos perpetradores y al tomar posesión trató de imponer a las víctimas que demandan justicia, el perdón como condición para pacificar al país, asociando justicia a violencia. Sikkink (2013) demuestra con datos empíricos que es falso que los países deban elegir entre paz y justicia; y que los juicios por responsabilidad penal agraven o prolonguen los conflictos. La «reconciliación» entendida en términos de confianza cívica es un fin último de la JT de Greiff (2012) pero no puede lograrse sin la justicia, verdad y las otras medidas de la JT. Sikkink demuestra que en América Latina las leyes de amnistía no han sido efectivas por sí solas; que en la mayoría de los casos no han impedido los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque los mismos juicios han provocado su derogación. O bien, los abogados de las víctimas litigantes en los casos de derechos humanos buscaron estrategias legales innovadoras para sortear las leyes de amnistía (Sikkink, 2013: 161-163). De hecho

El marco internacional de protección a los derechos humanos ha limitado cada vez más la extinción de la sanción penal a cambio de la cooperación para el esclarecimiento de los hechos. La tendencia actual consiste en utilizar, de manera estratégica, otras figuras procesales tales como los beneficios por la colaboración en una investigación, los procedimientos abreviados con base en un reconocimiento detallado de los hechos, las penas alternativas o reducidas y la investigación y persecución de contexto a través de las «mega-causas». (CIDE, 2018: 46)

19Es importante considerar que las motivaciones de los actores no estatales que producen violencia en México no son políticas sino económicas; esto no excluye que en muchas ocasiones busquen ocupar espacios de poder público (CIDE, 2018). Un ejemplo es la proliferación de grupos armados que se autodenominan de «autodefensa» de las comunidades, principalmente en los estados con mayor presencia de los cárteles y donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas. Se desconoce cuáles forman parte de grupos criminales. Para otorgar amnistías en el marco de la JT las organizaciones enfatizan en la necesidad de diferenciar este tipo de victimarios de las «víctimas complejas», aquellas que pueden ser víctimas y victimarios obligadas por las circunstancias (CIDE, 2018: 76). Esto requiere de investigaciones realizadas por expertos.

  • 15 No puede otorgarse amnistía cuando se trate de delitos graves, violaciones graves a los derechos hu (...)

20Las organizaciones no excluyen la negociación con grupos armados y organizaciones delictivas para desarmarlos -incluyendo a grupos de autodefensa- e integrarlos a la vida civil (CIDE, 2018: 134) pero bajo reglas precisas y siempre asociada a procesos judiciales15.

21Al respecto, la política de desarme implementada hasta ahora no se dirige a las causas estructurales de la problemática ni considera su multidimensionalidad. Se limita a un programa de intercambio de armas y explosivos por dinero en algunas zonas depauperadas y violentas. Según Pérez y Lindsay-Poland el fenómeno de las armas que ingresan legalmente a México y terminan en manos de actores no estatales o actores estatales coludidos o involucrados en redes criminales se ha estudiado poco (2019: 315). Menos se conoce sobre el mercado ilegal de armas.

22Respecto a los actores que se deben involucrar y la estructura institucional para aplicar las medidas de la JT. La Ley General de Víctimas y la de Desaparición Forzada establecen el derecho a la participación conjunta de las OSC y los colectivos de familiares de víctimas con los gobiernos, por la información que poseen y por la falta de confianza cívica. Las organizaciones proponen incorporar los hallazgos de los colectivos de víctimas en las comisiones de la verdad y de investigación (CIDE, 2018: 8). Este fue un factor que ayudó a que las organizaciones argentinas fueran más exitosas en llevar a juicio a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, que sus homólogas de otros países (Sikkink, 2013: 98). Con intervenciones pedagógicas en derecho internacional de los derechos humanos, las organizaciones de víctimas, ONG y sus abogados lograron que los jueces cambiaran sus orientaciones interpretativas del derecho y su aplicación (González, 2014: 486).

  • 16 En mayo de 2019 la oficina de la ACNUD y la CIDH expresaron su preocupación «por el aumento de ases (...)

23Pero desde que inició su gestión López Obrador ha emprendido una campaña de descalificación y desprestigio contra las OSC y los periodistas, dos de los gremios más vulnerables a la violencia desde que inició la política de militarización de la seguridad pública por ser ellos quienes documentan y denuncian la violencia criminal16.

  • 17 Estas acciones violan marcos legales nacionales e internacionales como la Ley General de Acceso de (...)
  • 18 En noviembre de 2019 se relevó a la ombudsperson. En el proceso de elección se demostró el fraude e (...)

24Ha desmantelado instituciones y cancelado políticas públicas que eventualmente serían indispensables para implementar políticas de reparación y de protección a testigos. Un ejemplo es el cierre de albergues de mujeres víctimas de violencia en riesgo de feminicidio y sus hijas/os, a quienes acompañan organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, dejándolos desprotegidos institucionalmente17. La CNDH ha emitido recomendaciones constantes a las que el presidente responde con amenazas de desaparecerla18.

Conclusiones

25La solución de la crisis humanitaria que se vive en México exige que se inicien juicios de responsabilidad penal individual que tengan un efecto disuasorio sobre los perpetradores y sus redes. Pero es necesario que se lleven a cabo en el marco de una política integral de JT coordinada por un organismo internacional, dada la situación que he descrito en este artículo. Los mexicanos hemos constatado vivencialmente que cuando prima la impunidad y se prolonga en el tiempo, los crímenes aumentan en cantidad y la violencia en magnitud y crueldad. La no institucionalización de la norma cívica horizontal y vertical (de Greiff, 2012) permite que lejos de existir sanciones sociales informales, la violencia se normalice generando un círculo vicioso que reproduce las violencias.

26Actualmente existe en México un marco legal y una estructura institucional adecuados para iniciar la implementación de la política que proponen las organizaciones, como se muestra en la propuesta del CIDE. La Ley General de Víctimas, la de Desaparición Forzada y la de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas proporcionan herramientas muy importantes de este sentido. También existe un tejido asociativo con un alto nivel de experticia en derechos humanos, derecho humanitario e información clave sobre la problemática, que puede implicarse en su implementación. Los colectivos de víctimas y organizaciones que las acompañan poseen información primordial para iniciar juicios de responsabilidad penal individual.

27Aún si en un primer momento se lograra una «paz fragmentaria» (Uprimni, 2006) es la única manera de iniciar un proceso de pacificación e instauración del Estado de derecho que permitan llevar más lejos y sostener en tiempo los procesos judiciales y las reformas pertinentes. Pero sólo una comisión de la verdad robusta como la que caracterizan Trejo, et. al. (2018: 795) que acompañara los procesos judiciales sería eficaz y permitiría construir una narrativa nacional integral que permita a las víctimas y la sociedad dar sentido a lo que está sucediendo.

28Las obstrucciones que está imponiendo López Obrador están exacerbando la violencia y una situación así deviene insostenible con el tiempo. Si esta tendencia continúa las víctimas y las organizaciones que las acompañan tienen la experticia para recurrir a las cortes internacionales.

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Notas

1 En el estado de Veracruz se encontró una de las fosas clandestinas más grandes de América Latina (Colectivo de Familiares de Desaparecidos y OSC, 2019).

2 Autoridades y víctimas estiman que a la fecha hay 45 mil víctimas de desaparición forzada pero no existen datos oficiales confiables.

3 La JT es una concepción de la justicia «que busca lidiar con un pasado de graves violaciones a derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, enfrentando los crímenes cometidos bajo regímenes represores o durante el conflicto armado o la guerra civil» (Rincón, 2010:18).

4 Ver síntesis de la propuesta en: comunicado de prensa: <https://www.fundacionjusticia.org/organizaciones-la-sociedad-civil-exigen-una-modificacion-profunda-del-102-constitucional-transitorios-garantizar-una-fiscalia-autonoma/>

5 Según el Índice Global de Impunidad, México ocupó en 2017 el cuarto lugar con 69.21 puntos, siendo el país con el índice más alto en el continente americano. Para 2018 el índice aumentó considerablemente (69.84) comparado con 2016 (67.42) (Le Clercq y Rodríguez, 2018: 7). En el índice de percepción de la corrupción 2018 ocupó el lugar 138 a nivel mundial, con un puntaje de 28/100 (Transparencia Internacional, 2018).

6 Teresa Villarreal (1914; 1915 y 1916) ha documentado estos procesos.

7 Por motivos de espacio me referiré sólo a algunos aspectos importantes de ambos documentos.

8 El informe sombra presentado por la organización i(dh)eas abona en el mismo sentido. Los ministerios públicos y fiscales analizan los casos de forma aislada usando instrumentos y conceptos de criminalidad clásica. Esto impide el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los máximos responsables y la desarticulación de las redes criminales (i(dh)eas, 2018: 30). Un ejemplo de ello es el juicio que actualmente sigue Javier Duarte, quien siendo gobernador del estado de Veracruz (2010-2016) cometió crímenes de lesa humanidad y eventualmente podría recibir sentencia sólo de seis años de prisión.

9 La información más completa sobre fosas clandestinas fue recabada por un grupo de periodistas independientes que plasmaron en un mapa interactivo el aumento de fosas descubiertas en el territorio nacional durante el periodo 2006-2016. Se puede consultar en: <https://adondevanlosdesaparecidos.org/>

10 Una comisión es robusta cuando su mandato dura más de dos años, tiene suficiente personal y presupuesto, se enfoca en más de dos violaciones graves a los derechos humanos, publica un reporte final con recomendaciones para la acción judicial contra perpetradores y el reporte es reconocido por autoridades estatales de alto rango (Trejo, et. al. 2018: 795). En México se han implementado comisiones de la verdad para casos de masacres y en estados donde ha habido violaciones graves a los derechos humanos. Pero cuando se ha juzgado a responsables ha sido con los métodos de justicia ordinaria. Y como las comisiones no tienen poder punitivo no han tenido un efecto disuasorio.

11 Esto no ocurrió en Argentina, Chile y Perú, que optaron por políticas democráticas.

12 Enuncia su estrategia para pacificar el país con: «paz y amor», «abrazos y no balazos» e invita al crimen organizado a «portarse bien» cada vez que se hace público un nuevo acto de violencia criminal.

13 Ejemplo de ello es la captura e inmediata liberación de un hijo del “Chapo” Guzmán -quien cuenta con orden de aprehensión- en octubre de 2019. Pese a la violencia contra la población y la opacidad en la que ocurrieron los hechos, las autoridades aún no han rendido cuentas de sus acciones.

14 Pretendía que la Guardia Nacional tuviera mando y fuero militar pero el Senado de la República lo impidió.

15 No puede otorgarse amnistía cuando se trate de delitos graves, violaciones graves a los derechos humanos, al derecho humanitario, crímenes establecidos en el estatuto de Roma, existan agravantes en la comisión o los perpetradores sean funcionarios públicos.

16 En mayo de 2019 la oficina de la ACNUD y la CIDH expresaron su preocupación «por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores». Reportaban 10 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en ese periodo (ACNUD, 2019). El 26 de agosto la organización Artículo 19 reportó 10 periodistas asesinados desde enero de 2019 (Camahi, 2019).

17 Estas acciones violan marcos legales nacionales e internacionales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. CEDAW. Convención de Belém do Pará. Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Ley de Derechos Humanos.

18 En noviembre de 2019 se relevó a la ombudsperson. En el proceso de elección se demostró el fraude en el conteo de los votos. Se violó la Constitución porque la nueva titular estaba afiliada al partido del presidente. Así, este organismo perdió su independencia de los poderes ejecutivo y judicial.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Laura  Loeza Reyes, « Justicia transicional, derechos humanos y marco institucional en los nuevos escenarios políticos en México », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 38 | 2019, Publicado el 14 enero 2020, consultado el 19 enero 2020. URL : http://journals.openedition.org/alhim/8299

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Autor

Laura  Loeza Reyes

CEIICH-UNAM (México)Este artículo es producto del proyecto Papiit IN300718, financiado por la DGAPA, UNAM.

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