Introducción

1Colombia vive un conflicto interno de más de 60 años entre el Estado y diferentes grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Las víctimas pertenecen especialmente a sectores excluidos, sin embargo los impactos de la guerra han producido un trauma colectivo, es un problema transgeneracional, que ha afectado el tejido social y la propia naturaleza. Según el informe de la Comisión de la Verdad (2022) el 90% víctimas es población civil no combatiente. Son más de 450.000 muertos, 100.000 desaparecidos, 9 millones de desplazados, miles de secuestrados y cerca de 1 millón de exiliados. Una de las causas estructurales de este conflicto ha sido la desigualdad social, la cual se manifiesta en el racismo y la exclusión de las comunidades étnicas, afrocolombianas y campesinas.

2En el presente artículo haremos una aproximación a las prácticas de memoria de comunidades y de víctimas del conflicto en Colombia -en sus distintos formatos y lenguajes- fundamentales dentro de los procesos de búsqueda de justicia y defensa de los derechos humanos en un país sumido en una continuidad de violencias desde hace varias décadas, pero también en un momento de transición hacia la paz, tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC en 2016. Para esto, nos apoyaremos en teóricos de los estudios de memoria latinoamericanos como Silvia Rivera C., Ana Cacopardo, Pilar Calveiro, Gonzalo Sánchez, María Emma Wills, Jefferson Jaramillo, entre otros, para ver los procesos de memoria como una práctica de resistencia en donde las comunidades y las víctimas del conflicto en su ejercicio de denuncia, irrumpen en el campo de la memoria, asumiendo que este es en sí mismo un campo de pugnas entre diferentes interpretaciones del pasado. Vemos en el acto de narrar y documentar desde las comunidades, un ejercicio de memoria colectiva que contribuye a la transformación de las víctimas y los sectores populares o marginalizados en sujetos políticos.

3En este sentido, pensamos que mirar las conexiones entre memoria, arte y verdad, es un camino adecuado para entender el papel decisivo de los relatos comunitarios a la hora de pensar en la transición hacia la paz en Colombia. La construcción de memoria desde autores como Silvia Rivera Cusicanqui, nos ofrecen un cambio de perspectiva frente a los imaginarios latinoamericanos. Rivera imagina un mundo posible, el Mundo ch’ix (2018), en alusión al mundo indígena, en donde las memorias están vivas y nos propone adentrarnos en la arquitectura de las imágenes, los conceptos y las narraciones y asumir la historia oral como un performance y un ejercicio colectivo de desalienación, es decir, una forma de interpelar el discurso oficial y de reivindicar su propia representación del mundo. Rivera recupera la energía emotiva de la memoria y su polivalencia e insta a rescatar la historia oral la cual escapa de las categorías hegemónicas occidentales. Asimismo, Rivera propone descolonizar el pasado no solo en el contenido, sino en la forma y donde, además, se deben generar espacios de escucha, ya que para ella el problema no es que las víctimas no tengan voz, sino que no son escuchadas. En otras palabras, ver la memoria como una práctica social en movimiento que se construye desde el presente e interpela las narraciones hegemónicas del pasado.

4Esta perspectiva es el ángulo desde el cual pensamos las narrativas del conflicto colombiano, desde la voz de las víctimas, las cuales se han expresado a lo largo del conflicto con diferentes lenguajes, mecanismos y formatos. Para esto, empezaremos revisando cómo se han llevado a cabo los procesos de construcción de memoria de manera paralela al conflicto, en los cuales las comunidades tienen un papel fundamental. Nos preguntaremos entonces por las temporalidades y espacialidades de estos procesos y cómo a partir de los acuerdos de paz se estableció un vasto sistema de justicia transicional, en donde hay espacios de escucha y de reconocimiento, un encuentro entre víctimas y victimarios que propone un nuevo paradigma, en el cual la dignidad humana recobra un valor universal. Finalmente, veremos a partir de lo anterior cómo las conexiones entre memoria, arte y verdad tienen la posibilidad de comunicar, hacer pública la verdad para lograr una experiencia social transformadora, así como de restaurar el vínculo social al recordar, sentir y dar un espacio a las emociones, trazando así un camino propicio para transitar hacia la paz.

Espacialidades y temporalidades de la memoria en Colombia

5Partimos de la pregunta ¿Colombia, un país en transición? para mirar la construcción de paz y de memoria en un país con un conflicto de más de 60 años y más de 9 millones de víctimas (la gran mayoría perteneciente a población campesina, indígena y afrocolombiana de las zonas rurales). Sin embargo, a diferencia de los países del Cono Sur, Colombia mantiene una democracia, a nuestro juicio frágil e inacabada, pero con hitos históricos como la Constitución de 1991 en donde se reconoció la participación política de las minorías sociales y étnicas, lo cual incrementó sustancialmente las demandas sectoriales de participación y reconocimiento y provocó el surgimiento de múltiples organizaciones sociales de mujeres, indígenas, víctimas, exiliados, comunidades afro, comunidades étnicas, entre otras. Dichas organizaciones a su vez se han articulado entre sí formando redes como la Ruta Pacífica de Mujeres, la Organización Nacional Indígena, los Concejos de Paz y la Mesa Nacional de Víctimas, las cuales fueron claves en el proceso de paz con la exguerrilla de las FARC en 2016, participando activamente en el diseño de los Acuerdos de la Habana.

6Según Gonzalo Sánchez, vemos en estos procesos una memoria que se construye de manera paralela al conflicto armado y desde las periferias hacia el centro (Sánchez, 2019: 111-140). Sánchez identifica cuatro momentos clave, estrechamente relacionados con procesos comunitarios: un primer momento en las décadas de los 70’s y 80’s, consistió en un ejercicio de denuncia sobre la violación de derechos humanos por parte de organizaciones de víctimas y la mencionada Constitución del 91 que abrió el espectro de participación política a las minorías.

7Un segundo momento se da con el gobierno de Álvaro Uribe, concretamente cuando en el año 2005 se estableció la Ley de Justicia y Paz en el marco de la negociación con los grupos paramilitares reunidos bajo la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, donde las víctimas aparecieron en las discusiones, pero aún no figuraban oficialmente en la esfera pública nacional, a la vez que se negaba la existencia del conflicto armado. Lo anterior dio pie a la creación del Grupo de Memoria Histórica que finalmente derivó en la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica en 2011- CNMH, lo cual dio la entrada al campo de los estudios de memoria en el país tanto en la academia como en el debate público. El CNMH recogió un sinnúmero de documentos (informes, registros, fotografías, diarios de campo, tejidos, piezas audiovisuales, etc.) elaborados por organizaciones de víctimas de todas las regiones del país durante décadas, en un ejercicio de denuncia y registro de sus casos.

8Es después de estos procesos que se entiende la necesidad de reconocer a las víctimas y darles un lugar en el centro del debate. Es así como se crea la ley de víctimas 1448 de 2011 y los Acuerdos de Paz con la guerrilla FARC en 2016. Fue en el marco de este Acuerdo que se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) como respuesta al reclamo histórico de las víctimas, del cual hace parte la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Víctimas de desaparición forzada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). En este sistema se aseguró asimismo la participación de magistrados y comisionados indígenas y afrocolombianos que representan la cosmogonía, lenguas y normas de las comunidades, para garantizar la participación integral de todas las víctimas en el sistema.

9En lo descrito vemos como:

Las luchas inicialmente solitarias de las víctimas, en su intento de denuncia de la violación de sus derechos y los de sus familiares, se convirtieron poco a poco en organizaciones y colectivos en la defensa de sus derechos alrededor de flagelos como la desaparición forzada, el desplazamiento, el secuestro, la violencia sexual etc. Podemos ver en este proceso una especie de inversión del relato hegemónico oficial, en la medida en que estas dinámicas, además de generarse desde la denuncia y la resistencia, activaron nuevas narrativas y relatos desde los testimonios de las víctimas hasta llegar a ser parte de la esfera pública y de archivos nacionales como el reciente informe de la Comisión de la Verdad, el cual reunió y reconoció en su proceso, gran parte de las iniciativas que en su haber cuentan con testimonios orales y escritos, fotografías, telares, piezas musicales, teatrales y artísticas, etc. muchos de los cuales fueron digitalizados en una plataforma transmedia con acceso abierto (Mendoza, 2023: 323-334).

10En efecto, el Informe final de la Comisión de la Verdad, publicado en julio 2022, representa un importante compendio sobre el conflicto armado colombiano de los últimos sesenta años en el que por primera vez se tuvo en cuenta el relato de las víctimas. El informe es el resultado de un proceso de investigación, análisis y contrastación adelantado por la Comisión de la Verdad,  basado en la escucha amplia y plural de las víctimas, los responsables, miembros de la fuerza pública, empresarios y demás actores de la sociedad civil relacionados, directa e indirectamente con el conflicto armado colombiano y  contrastado por múltiples informes de organizaciones de DDHH, así como por el vasto compendio investigativo existente en el país sobre el conflicto colombiano. 

11El informe de la CEV se convierte así en un importante archivo histórico elaborado en gran parte a partir de los registros y la documentación hecha por organizaciones de víctimas a lo largo del conflicto armado. Se evidencia así, el rol decisivo de la documentación hecha por las comunidades a la hora de recuperar experiencias y saberes atravesados por la violencia, de reconstruir relatos e historias individuales y colectivas y de subvertir el modo en que nuestras sociedades piensan la historia y performan su praxis política y vital.

12Podemos decir según esto que los documentos, testimonios y relatos comunitarios representan un vehículo de memoria colectiva y de reconocimiento de diversos grupos sociales, que, en su proceso, se han convertido en archivos oficiales. Para Jefferson Jaramillo, las comunidades documentan sin saber que esto se va a convertir en un archivo de derechos humanos (Jaramillo, 2023). Deducimos de esto que el acto de documentar de las comunidades fundamentado en una experiencia empírica, se puede convertir tras un proceso de sistematización en un archivo, con la particularidad de que es un archivo vivo que se crea para ser utilizado activamente por las comunidades en apoyo a las luchas en los territorios y que se reproduce performáticamente a través de las prácticas sociales que lo usan en el presente.

Los relatos y testimonios de las víctimas como fuente de reconocimiento y medida de reparación

13El acto de documentar, denunciar y testimoniar de las comunidades tiene también un carácter local, colaborativo y empírico, es en sí mismo un ejercicio de memoria, de lucha y de defensa de los derechos fundamentales. En efecto, las víctimas han desarrollado en estas prácticas ejercicios de liderazgo y actos de resistencia, que terminan siendo mecanismos activadores de memorias con un gran potencial transformador, pero sobre todo vemos en estas prácticas fuentes de reconocimiento y medidas de reparación. Es en dichas prácticas donde se produce el tránsito de la esfera privada a la esfera pública y donde según Ana Cacopardo se generan procesos de gestión de la identidad gracias a estas voces emergentes que confieren nuevas formas y lugares de estar en el mundo a partir del ejercicio de denuncia (Cacopardo, 2022). En efecto, Cacopardo ve en el ejercicio testimonial la desobediencia frente al poder hegemónico la cual confiere la apertura a nuevas identidades que se configuran entre lo individual y lo colectivo con la conformación de organizaciones alrededor de los diferentes casos de violación de derechos humanos y que permite a la vez la ruptura con diferentes formas de sumisión como la condición misma de víctima.

14Para evidenciar lo anterior, podemos mencionar el caso de los llamados Falsos Positivos que consistió en el asesinato de jóvenes de barrios populares (algunos de ellos discapacitados) por parte de las fuerzas armadas del Estado, quienes intentaron hacerlos pasar como guerrilleros bajo la lógica del body-count durante el gobierno de Álvaro Uribe. Las madres de estos jóvenes conformaron el colectivo Madres de Soacha para denunciar dichos crímenes. En todo este largo proceso, estas mujeres vivieron un proceso transformador desde el espacio privado de la familia marginal en un barrio periférico de Bogotá, hasta su aparición en el espacio cultural y público como activistas en su lucha por el esclarecimiento por la verdad de lo acontecido con sus hijos. Es de resaltar aquí la obra de teatro “Antígonas, tribunal de mujeres” del dramaturgo Carlos Satizabal, la cual es un testimonio directo de varias de estas madres sobre el caso de sus hijos. Finalmente ellas fueron escuchadas en las audiencias públicas de la JEP frente a los militares responsables quienes reconocieron los crímenes, pidieron perdón y fueron juzgados.

16Del mismo modo, es necesario explicar que en Colombia el sistema de la JEP es un modelo de justicia restaurativa, centrada en las víctimas y con un enfoque de reparación integral, a través de espacios de encuentro entre la víctima y el victimario. No es un sistema penal sino un sistema basado en sanciones propias o restaurativas. A partir del cuestionamiento sobre la eficacia del sistema penal, la JEP se preguntó: ¿de qué sirve a las víctimas que el victimario esté en la cárcel? Por esto se propuso crear en su lugar, un sistema de sanciones que reparen a las víctimas del daño causado, en el que a su vez, éstas participen en el diseño de dichas sanciones. De este modo la JEP se alinea con la emergencia del paradigma humanitario propio de la justicia transicional donde se establecen nuevas relaciones entre sociedad, Estado nacional y comunidad internacional:

La formulación más concreta y efectiva del espíritu subyacente a la justicia transicional es la afirmación de los derechos de las víctimas a los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a través de procesos de sanación y dignificación que involucran a la sociedad, con participación masiva y mediática, tal como fue uno de los primeros Juicios al oficial Nazi Eichmann en Jerusalén (JEP, plataforma digital Archivos Vivos, 2023).

17Podemos ver finalmente en este proceso, un desplazamiento de las fronteras de lo privado a lo público, a partir de la emergencia del testimonio de las víctimas y el ejercicio de denuncia, lo cual determina la configuración de una nueva identidad:

El tránsito de la figura de la víctima hacia la identidad de un nuevo sujeto político nos parece entonces un nuevo paradigma, el cual de un lado evita la revictimización de las personas afectadas por el conflicto y de otro, reconoce la fase transicional por la que atraviesa el país, ya que el sistema de justicia transicional no se restringe únicamente a las víctimas: los comparecientes, al contar frente a las propias víctimas lo que hicieron, también pueden transitar a una nueva percepción de sí mismos. Vemos en este escenario la posibilidad de poder trazar una línea simbólica entre un pasado violento y un futuro en construcción desde la sociedad misma (Mendoza, 2023: 332).

Memoria, Arte y Verdad

18Finalmente, es importante mencionar que muchos de los procesos mencionados hacen parte de un engranaje entre el arte, la verdad y la memoria. Vale decir que en Colombia hay una larga trayectoria investigativa sobre los acontecimientos del pasado gracias a vastos estudios sobre el conflicto armado. Sin embargo, se ha evidenciado que para lograr la reconciliación, se requiere alcanzar la dimensión subjetiva de la sociedad para que ésta pueda elaborar el horror. Por esto el sistema de justicia restaurativa ha reconocido la importancia de otros lenguajes para la elaboración y apropiación de lo ocurrido, de sentimientos tan difíciles como la crueldad, el horror, el miedo, el desarraigo. En este aspecto, es donde el arte y la ficción pueden ayudar a elaborar el pasado, a través de todos los lenguajes y formatos posibles, para que la realidad sea digerible. La ficción así se convierte en un espacio donde todos se encuentran, pero desde una cierta distancia, a través de una suerte de mirada oblicua que permite transitar por el horror de manera consciente.

19En efecto, contrario a la mera narración y el recuento de los sucesos, que es en lo que se fundamenta la reconstrucción institucional de la memoria, consignada principalmente en textos escritos, en los procesos de construcción de memoria mencionados, se da más importancia a la descripción del sentimiento y el padecimiento del otro a través de dispositivos como la narración oral, el canto, la danza y un sinnúmero de expresiones que han utilizado las víctimas para contar su historia, es decir, recursos tradicionales y culturales, muchos con un fuerte componente étnico, los cuales se han convertido en mecanismos internos para tramitar el duelo. Una ilustración clara de estas expresiones es el grupo de mujeres cantadoras de Bojayá en el departamento del Chocó, municipio donde el 2 de mayo de 2002, guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las Autodefensas Armadas de Colombia AUC, contra la iglesia donde estaba escondida buena parte de la población. En el ataque murieron aproximadamente 80 personas (entre ellos 48 menores), luego de esto más de 5.700 personas se desplazaron a Quibdó, capital del departamento. Las mujeres, para tramitar el duelo acudieron a los cantos tradicionales “Alabaos” o rituales mortuorios, los cuales han sido transmitidos a través de las generaciones. Afectados por el conflicto armado a lo largo de los años, sus cantos se convirtieron no solo en una manera de despedir a sus muertos, sino una forma de denunciar la violencia que afecta permanentemente a esta comunidad.

20Así mismo y paralelo al conflicto se ha producido la creación de museos comunitarios, casas de la cultura, centros de documentación locales y regionales, colectivos de memoria, entre otros, los cuales dan cuenta de una amplia movilización local que se desplaza hacia los centros de del poder. Ejemplos de lo anterior son numerosos en Colombia. Podemos mencionar una práctica que ha tomado fuerza en el país y en toda América Latina, principalmente desde colectivos de mujeres a partir de los tejidos o costureros como actos de memoria viva. Por ejemplo, el grupo de bordado liderado por una mujer víctima, Virgelina Chará, que en una de sus acciones decidió elaborar un enorme tejido para cubrir la fachada del Centro de Memoria de Bogotá. Virgelina dice de esta experiencia:

En este tejido participaron militares, exparamilitares, exguerrilleros, una amalgama de historias que convergen en el acto simbólico de coser […] También, este es un acto de construcción de memoria con la ciudadanía, en donde tenemos como aliados a diversas universidades y organizaciones (Centro de Memoria Paz y Reconciliación, 2023).

21Los tejidos o prácticas textiles, logran así en su forma más literal, reconstruir el tejido social y las prácticas culturales de comunidades afectadas por el conflicto, estableciendo nuevas formas de ser y estar en torno a los tejidos y reconfigurando su identidad, a partir de un hecho victimizante para transformarse en actores de un proceso social y político. Esta práctica en efecto, no es un hecho aislado, pues se ha manifestado en diferentes comunidades afectadas por conflictos y dictaduras, así como en formas de denuncia y de afectación a los derechos humanos:

El activismo textil, en la historia reciente de América Latina, ha tenido lugar tanto para vincular las prácticas textiles con acciones de memoria y acompañamiento psicosocial en periodos de violencia por causa de dictaduras […] o como con el uso de las prácticas textiles para la denuncia de hechos, violencias y situaciones de desigualdad vigentes y de orden coyuntural (Colectivo Ojo de Agua, 2022: 83-112).

22Otro ejemplo son las Tejedoras de Mampuján, un municipio de los Montes de María en el Caribe, donde en el año 2000 se desplazaron forzosamente 300 familias, tras la amenaza de los grupos paramilitares, quienes venían cometiendo masacres en otros municipios de la región. Dichas familias debieron convivir durante dos años en un albergue. Dado que no podían reunirse a lavar su ropa en el río como era tradicional, empezaron a tejer creando el lienzo donde representan las masacres. De esta manera el sitio del tejido reemplazó el lugar de encuentro en el río. A partir de esta práctica decidieron crear la organización “Tejedoras de Mampuján”, actualmente vigente y articulada con otras organizaciones del país.

23Finalmente, también es necesario señalar cómo las historias de las personas históricamente excluidas de los relatos hegemónicos, comenzaron a hacerse visibles gracias a la literatura, el cine y el teatro y otras expresiones artísticas. Ejemplos como la película “Rodrigo D. No futuro” (1990) de Víctor Gaviria, mostró por primera vez en la gran pantalla la vida cotidiana de los jóvenes de los barrios periféricos de Medellín -en la cual los actores son los mismos habitantes de dichos barrios- en la época de Pablo Escobar, cuando los jóvenes eran cooptados de manera sistemática por la subcultura del narcotráfico. La película mostró una realidad existente en los márgenes de la ciudad y que sin embargo estaba borrada del discurso oficial. Gaviria quiso que los jóvenes hablaran en su propio lenguaje para mostrar una realidad que de otro modo era negada. De esta manera, a través del uso del lenguaje cotidiano de los personajes, la película logró ser un espejo de la realidad a través de microhistorias de la vida cotidiana en un barrio marginal y así permitir a la sociedad experimentar un dolor social. En lo descrito, el papel del cine y de la cultura en general se hace claro: reconocer la pluralidad de memorias en un país complejo con múltiples actores. Develar formas de estigmatización que se han desarrollado en torno al conflicto a manera de comunidades de odio al vándalo, al guerrillero, al paramilitar, etc. Mirar la memoria desde las comunidades es también una forma de adentrarnos en la cultura como medio de imaginación moral y de transformación de la sociedad y de entender el papel que juega la cultura y sus diversas expresiones en la elaboración de la memoria, con miras a procesos de pacificación y restitución de una sociedad que ha normalizado las violencias en su cotidianidad, en el contexto traumático de una violencia prolongada y normalizada.

24Aquí cobra vigencia la propuesta de Rivera Cusicanqui de ver la memoria como un elemento vivo, una acción y una performance y, finalmente, una práctica social en donde el arte es un canal de comunicación para hacer pública la memoria y la verdad para romper la reproducción de modelos jerárquicos, superposiciones de tiempos, espacios y de modelos de desarrollo, lo cual ha permitido en los últimos tiempos el surgimiento de nuevas luchas/epistemes indígenas, feministas, medioambientales etc. como respuesta. Vemos así en los procesos comunitarios mencionados, condiciones de posibilidad para búsquedas subjetivas, luchas colectivas, significados estéticos y formas de creatividad política, donde las víctimas del conflicto y las comunidades marginalizadas participan activamente en las formas de producción social y cambian el paradigma de su condición de víctimas, pobres, excluidas o colonizadas. En tal sentido, observamos en estas prácticas una ampliación de la democracia y del espectro político, ratificando las palabras de Jacques Rancière según el cual “la política existe cuando el orden natural de dominación es interrumpido por la institución de una parte de los que no tienen parte” (Ranciére, 1993:20).

CONCLUSIONES

25Tal como nos preguntábamos al comienzo de este texto, sobre si Colombia estaría en una fase transicional en la que se deja atrás un pasado violento, hemos visto cómo las comunidades han resistido y cohabitado con la violencia a través de prácticas de memoria, culturales y sociales que en parte, han hecho posible diferentes acuerdos de paz. Pensamos entonces que el caso colombiano atravesado por un continium de violencias y múltiples procesos de paz con grupos armados al margen de la ley, requiere pensar la paz como un proyecto inacabado (Hernández, 2004) y multitemporal (Rettberg 2013) por ser un proceso permanente, en el que las comunidades y víctimas del conflicto desde sus territorios han ido entrando en los espacios públicos y de poder, así como posicionándose desde sus narrativas como actores partícipes en la construcción de paz.

26El análisis de procesos de memoria desde el trabajo de las organizaciones en perspectiva territorial y de sus prácticas en la vida cotidiana, evidencia entramados de prácticas sociales con un gran potencial político y cultural, en donde se despliegan estrategias y juegos de poder para convivir con el conflicto. Se requiere entonces un diálogo permanente con las realidades locales para descolonizar los discursos de paz, a partir del reconocimiento de la agencia de las comunidades, sus representaciones culturales y sus expresiones de paz. Como hemos descrito en este artículo, resistir al conflicto para las comunidades ha significado también la explosión de prácticas de memoria y estrategias de convivencia lideradas por grupos de mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, jóvenes urbanos, entre otros, donde se logra la disminución del conflicto y el fortalecimiento de la organización comunitaria, permitiendo así la transformación de víctimas en sujetos políticos.