• 1 Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación El Consejo de Estado en el Trienio Liberal(...)
• 2 Para conocer la actividad judicial de la Justicia en la etapa absolutista y la configuración del es (...)
• 3 Aparicio, Miguel Ángel, El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), (...)
• 4 Ibid., p. 19.
• 5 « No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judicario, declaran las Co (...)

2España dará comienzo al siglo XIX con un organigrama judicial anclado en el Antiguo Régimen2. En estas fechas, la superposición de competencias, la frecuente mezcla entre lo gubernativo y lo contencioso y el gran número de jurisdicciones especiales demandaban una pronta reforma de la Justicia para hacerla compatible con las aspiraciones liberales de la época3. Corresponde a las Cortes de Cádiz la tarea de reorganizar este confuso escenario. No debemos olvidar que, en líneas generales, la regulación de la Justicia que realizaron los diputados gaditanos obedece a los postulados clásicos del liberalismo francés4. El reconocimiento de la soberanía nacional y la proclamación del principio de división de poderes aparecen reconocidos en el decreto de 24 de septiembre de 1810. Sin duda, esta norma es la piedra angular del nuevo sistema. En ella las Cortes se proclaman soberanas al tiempo que postulan un modelo político en el que los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial estén separados5. Sainz Guerra ha sido contundente al respecto :

3 Con la proclamación constitucional de estas máximas se pondrá en funcionamiento la nueva planta judicial. Nuestro trabajo desciende al estudio del organigrama de la Justicia en España desde la proclamación de la Constitución de 1812 hasta el inicio del reinado de Isabel II. El punto de partida es el marco fundamental gaditano, así como toda la normativa de desarrollo posterior que se promulga en nuestro país durante la primera experiencia liberal. La estructura piramidal que se implanta en estas fechas, ubicando en la cúspide del edificio judicial al Tribunal Supremo y unificando la instancia intermedia, con la homogeneización competencial de las Audiencias territoriales, se consolidará en 1833 con el fallecimiento de Fernando VII. En la base de esta estructura localizamos a los jueces de partido que compartirán protagonismo en esta primera línea de la Justicia con los alcaldes de las ciudades. Esta última figura presenta una naturaleza compleja al compartir atribuciones judiciales y ejecutivas. Con el tiempo la legislación tratará de solventar esta clara distorsión reduciendo, en un principio, y, posteriormente, eliminando la participación de estas autoridades locales en la administración de Justicia.

• 7 Alzaga Villaamil, Oscar, « El poder judicial en las Constituciones españolas », Constitución y pode (...)

4La Constitución gaditana dedica su título V a la Administración de Justicia con la denominación « De los Tribunales y de la Administración de justicia en lo civil y lo criminal ». Este apartado se encuentra subdividido en tres capítulos, a saber : el primero, « De los tribunales », el segundo, « De la Administración de Justicia en lo civil » y el tercero, « De la Administración de justicia en lo criminal ». Esta regulación sienta las bases de un auténtico poder judicial en apenas sesenta y seis artículos, desde el 242 al 3087.

• 13 Argüelles, Agustín, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, introducción de Luis Sánchez Age (...)
• 14 Arts. 248-250, Constitución española de 1812. El discurso preliminar justificaba el mantenimiento d (...)
• 15 « […] se ha abstenido de introducir una alteración sustancial en el modo de administrar justicia, c (...)
• 16 Sobre el funcionamiento del Jurado en estas fechas puede consultarse Pérez Juan, José Antonio, « Ma (...)

5No debemos olvidar que los constituyentes gaditanos fueron conscientes de que una de las principales causas del mal funcionamiento de la Justicia en aquellas fechas era el abuso de los fueros privilegiados. En este sentido se expresa el propio Argüelles en su discurso preliminar al texto de 1812 donde, al describir el organigrama del nuevo Estado, denunciaba los defectos de la Administración de Justicia13. La existencia de tribunales especiales, las deficiencias de la legislación criminal o el carácter perpetuo de los jueces son sólo algunos de los males que aquejaban a nuestro país a principios del s.XIX. Por tal motivo el articulado unificará la jurisdicción, si bien, las circunstancias políticas y sociales del momento obligaron a mantener la militar y eclesiástica14. El orden judicial se convierte en un verdadero poder del Estado en el que las atribuciones judiciales son separadas de las gubernativas ; se prohíbe juzgar tanto al Rey como a las Cortes y se suprime la facultad de avocar pleitos pendientes y abrir causas fenecidas. Con la proclamación de este principio de independencia se trata de garantizar la no interferencia del resto de poderes del Estado en la actividad judicial. Para salvaguardar este axioma el texto gaditano reconoce de forma expresa, como ya se ha apuntado más arriba, la inviolabilidad de los jueces y magistrados. No obstante, los constituyentes, conscientes de los problemas que podrían derivarse en la práctica de un uso, o mejor dicho, de un abuso de esta salvaguarda, proclamaron, a renglón seguido, la responsabilidad de los miembros de la judicatura por las actuaciones que no se ajustaren a la legalidad vigente. La distinción entre jueces de hecho y de derecho, la separación de las funciones que ejercen los magistrados en fallar a un mismo tiempo sobre el hecho y el derecho no sólo era « saludable » sino conveniente. No obstante, los apuros y agitaciones políticas del momento desaconsejaban su inmediata implantación. Para la comisión redactora del texto constitucional resultaba más adecuado posponer la decisión, facultando a las Cortes para su puesta en funcionamiento cuando las circunstancias así lo permitieran15. La aplicación de la Justicia popular en España tendrá que esperar a la llegada del Trienio Liberal y se hará limitado a los delitos de imprenta16.

• 17 Arts. 259, 262 y 273, respectivamente, Constitución Española de 1812.

6Concluye la regulación de la Justicia en el articulado constitucional con la organización de la planta judicial. Se adopta un criterio jerárquico localizando en la cima al Tribunal Supremo de Justicia. A este órgano compete dirimir los litigios en última instancia ; juzgar a los Secretarios de Estado ; conocer las causas de separación de los consejeros de Estado, así como, resolver los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dictadas en última instancia. Las Audiencias territoriales constituyen la segunda instancia unificándose su composición y competencias en todo el territorio nacional. Les corresponde conocer de todas las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia. En los cimientos de la estructura se ubican los juzgados y alcaldes cuyas funciones y atribuciones son determinadas por la legislación ordinaria17.

• 18 Martínez Pérez, Fernando, « La constitucionalización de la Justicia (180-1823) », De la Justicia de (...)
• 19 Arts. 259 a 261 Constitución española de 1812. Señala el primero de estos preceptos : « Habrá en la (...)
• 20 Art. 1, decreto, 13-III-1814.
• 21 De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento del Tribunal Supremo de 1814 las salas estarían formada (...)
• 22 Art. 251, Constitución española de 1812.

7 Las bases establecidas en la Constitución gaditana en materia de Justicia fueron desarrolladas por los decretos de 9 de octubre de 1812 y 13 de marzo de 1814. El primero publicaba el Reglamento para la Audiencia y Juzgados de primera instancia y el segundo la normativa de funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia. Dicho marco legal configura una planta judicial única, homogénea y de carácter piramidal. En la cúspide se sitúa el Tribunal Supremo18. La propia Constitución de 1812 regula la existencia del más Alto Tribunal, enumerando sus atribuciones al tiempo que se remite a la normativa posterior para fijar su funcionamiento y composición19. De acuerdo con el Reglamento de 1814 esta instancia judicial estará dotada de tres salas, las dos primeras integradas por cinco magistrados y la tercera por seis20. Sus ministros se alternan por orden de antigüedad, impidiéndose que aquellos que hubieran conocido una causa en vista volvieran a fallarla en revista21. Para ocupar una plaza de juez o magistrado se requiere ser mayor de 25 años y haber nacido en territorio español22. Estos requisitos serán ampliados por decreto de 17 de abril de 1812 al exigir, además :

• 24 Arts. 6 y 8, decreto, 13-III-1814.
• 25 Art. 7, decreto, 13-III-1814.

8Para formar sala será necesaria la concurrencia de, al menos, tres ministros, si bien, en determinados casos excepcionales, como son los recursos de nulidad o causas criminales en las que pueda recaer pena corporal, será precisa la asistencia de cinco magistrados24. En cualquier caso, no podrá haber sentencia con menos de tres votos conformes. Si votasen seis o más jueces deberá haber acuerdo en la mayoría absoluta25.

• 26 Art. 261, Constitución española de 1812.

9El más Alto Tribunal desempeña funciones de carácter jurisdiccional y gubernativo. Dentro del primer campo le corresponde dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre las Audiencias ; juzgar en primera y segunda instancia los delitos y faltas cometidos por los magistrados, miembros del Gobierno y consejeros de Estado. Además, resuelve los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte y los de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia. De igual modo conoce de la residencia de los empleados públicos y debe oír las dudas de los tribunales sobre la interpretación de alguna ley. Junto a estas atribuciones jurisdiccionales asume tareas de naturaleza gubernativa. En este campo será el responsable de supervisar el funcionamiento de las instancias judiciales « examinando las listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle las audiencias para promover la pronta administración de justicia »26.

• 27 « Por ahora y hasta que se haga la división del territorio español prevenida en el Artículo 11 de l (...)
• 28 « Todas las Audiencias serán iguales en Facultades, e independientes unas de otras, sin que haya as (...)
• 29 Por su parte, el Art. X, Capítulo I de este mismo decreto señala : « Todas las Audiencias tendrán e (...)
• 30 En este caso, además de lo establecido el artículo 251 de la normativa constitucional, por decreto (...)
• 31 Art. XIV, Capítulo I, decreto, 9-X-1812.
• 32 Aparicio, Miguel Ángel, op. cit., p. 36. Hay que señalar que el decreto de 24-III-1813 sobre respon (...)
• 33 Art. XIII, Capítulo I, decreto 9-X-1812.

10Dentro de la planta judicial diseñada en Cádiz, justo debajo del Tribunal Supremo, identificamos a las Audiencias como órganos judiciales de carácter provincial27. Con la promulgación de la citada Carta Magna desaparece la jerarquía o diferenciación que existía en el Antiguo Régimen entre las antiguas Chancillerías y las Audiencias28. A partir de 1812 asistimos a una unificación de estas instancias judiciales al homogeneizar sus atribuciones y potestades, recibiendo tanto sus magistrados como la propia institución un tratamiento idéntico en honores y denominación29. Los requisitos para ser juez en la Audiencia serán los mismos que se establecían para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo30. Su competencia es exclusivamente judicial, eximiéndose de forma expresa su participación en la resolución de asuntos gubernativos y/o económicos de las provincias31. Con carácter general conoce de los recursos de apelación, en segunda y tercera instancia las causas civiles y criminales que les remitan los jueces ; y de los de nulidad. Además de las funciones anteriores, dirime las disputas que se susciten entre los órganos inferiores y juzga las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores. En este último caso, si el proceso prospera conlleva la suspensión automática de empleo y sueldo por un año del imputado, así como el cargo de costas y perjuicios ocasionados por el proceso. La reincidencia acarrea la suspensión definitiva e inhabilitación para volver a ejercer la judicatura32. De igual modo, como superior jerárquico de los juzgados de primera instancia, ha de supervisar y controlar su actividad judicial. Para ello deberá recibir de los jueces subalternos de forma periódica « los avisos de las causas que se formen por delitos, y las listas de las causas civiles y criminales pendientes ». Finalmente, les corresponde recibir a los nuevos letrados, así como examinar a los aspirantes a ocupar una plaza de escribano33. También conoce de los recursos de Protección y de Fuerza de los tribunales y autoridades eclesiásticas.

• 34 Art. V-VII, Capítulo I, decreto 9-X-1812.

11Pese a la identidad de atribuciones y distinciones entre las Audiencias, la normativa establece una clara diferenciación en su composición, atendiendo al lugar en que se ubique su sede. Aunque más adelante, se acompaña una completa tabla en la que se especifica cómo se configuran cada una de ellas, nos gustaría apuntar que el número de magistrados y salas variará desde las cuatro salas y diez y seis magistrados de las grandes ciudades como Madrid, a las dos salas y nueve ministros de las provincias más pequeñas tipo Asturias, Cuba, Buenos Aires o Mallorca, entre otras34. Para facilitar la comprensión de las diversas modalidades de Audiencias previstas en la normativa estudiada adjuntamos un breve cuadro explicativo.

• 35 Arts. XXXVII a XXXIX, Capítulo I, decreto 9-X-1812.
• 36 Arts. XXXIV y XXXV, Capítulo I, decreto 9-X-1812. La formación de las salas será las siguiente : Au (...)

13Para formar sala se exige un mínimo de tres magistrados, si bien es necesaria la concurrencia de, al menos, cinco jueces en los asuntos criminales en que pueda recaer pena corporal. En cualquier caso no podrá dictarse sentencia si no se obtienen tres votos conformes35. La composición se realiza alternando los ministros por el orden de antigüedad, entendiéndose siempre que los que formen la sala de tercera instancia no podrán determinar en revista ninguna causa que hayan fallado en vista, « pues para este solo efecto los deberán reemplazar otros tantos ministros de la otra sala »36.

• 37 Art. 273, Constitución española de 1812.
• 38 Sainz Guerra, Juan, op. cit., p. 172.
• 39 Art. I, Capítulo II, decreto 9-X-1812.
• 40 Art. 251 Constitución española de 1812 y decreto 3-VI-1812.
• 41 Arts. IX, X, XI, XIII y XV, Capítulo II, decreto 9-X-1812.
• 42 Gómez Rivero, Ricardo, Los jueces del Trienio Liberal, Madrid, Ministerio de Justicia, 2006, pp. 10 (...)
• 43 « En el transcurso de los bienios 1813-1814 y 1820-1821 las Cortes aprobaron la creación de 415 par (...)
• 44 Al respecto vid. Orduña Rebollo, Enrique, Partidos judiciales 1834. Subdivisión en partidos judicia (...)
• 45 Arts. I y ss. Cap. IV, decreto, 9-X-1812. La aplicación de esta medida entre 1820 y 1823 ha sido an (...)
• 46 Gómez Rivero, Ricardo, op. cit., p. 8.

14En la base de la pirámide judicial localizamos a los Jueces de Primera instancia37. Para la doctrina el juez de partido es la piedra angular de la Justicia liberal, y su implantación conllevaba el fin del esquema judicial absolutista. Como apunta Sainz Guerra, « no debemos olvidar que esta figura está enraizada en un criterio de centralización de la justicia en primera instancia, que se complementaba con un proceso de racionalización territorial »38. El reglamento requiere la existencia de un partido judicial por cada cinco mil vecinos. Con esta medida se busca una Justicia más inmediata y cómoda haciendo cabeza de la demarcación a la localidad que por su vecindario, proporciones y demás circunstancias sea más adecuada para ello39. Para ser juez se exigen las mismas cualidades que para ocupar un cargo en la Audiencia40. Conocen de todas las demandas civiles que tuvieran lugar en su territorio cuya cuantía pasase de quinientos reales vellón pero no excediera de cincuenta pesos fuertes. Asimismo, deben resolver las causas criminales, a excepción de las más leves que decidirán los alcaldes. En el caso de los delitos de injurias no admitirán demanda alguna sino se acompaña la preceptiva certificación del alcalde ordinario donde se acredite haber intentado ante él la conciliación exigida por la normativa a tal efecto. Finalmente, les corresponde enjuiciar las causas civiles y criminales por delitos comunes que se cometieran contra los alcaldes de los pueblos y contra el juez de partido de la capital más inmediata41. La puesta en práctica de esta instancia judicial no fue fácil debido, de un lado, a la inexistencia de una racional distribución del territorio, y de otro, a que, en la práctica, las plazas de jueces de partido fueron desempeñadas por las mismas personas que habían ejercido el puesto en la etapa absolutista. Como se ha indicado, la inexistencia de una división territorial homogénea en la Península dificultó sobremanera la articulación de los juzgados de primera instancia. La primera división de partidos se realiza en la provincia de Extremadura casi un año después de aprobarse el Reglamento de Audiencias y Juzgados de primera instancia42. Habrá que esperar a los años del Trienio para que se acometa la primera organización provincial, aunque con carácter provisional, y se avance en la de partidos judiciales43, si bien esta no se concluirá de forma definitiva hasta 183444. Esta circunstancia obligó a la propia normativa a establecer un mecanismo de transición en el que se asigna a los jueces de letras de real nombramiento, a los subdelegados de Ultramar y a los alcaldes constitucionales la resolución de todas las causas criminales y pleitos civiles hasta la aprobación de la nueva distribución de partidos45. A lo expuesto debemos añadir que el oficio de juez de primera instancia será desempeñado, en gran medida, por las mismas personas que durante el absolutismo habían impartido Justicia. Existe una clara permanencia y continuidad en el personal que integran los juzgados de partido. El profesor Gómez Rivero ha estudiado con detalle la carrera y el acceso de estos jueces durante el denominado Trienio Liberal (1820-1823), señalando que « casi la mitad de los nuevos jueces habían ejercido esta actividad bajo el sistema absolutista, y lo volverán a hacer en la Década Ominosa »⁴⁶.

• 47 Art. I, Cap. III, decreto, 9-X-1812.
• 48 Art. V, Cap. III, decreto, 9-X-1812.
• 49 En estos casos deberá remitir el expediente al juez competente una vez concluidas, Art. VII, Cap. I (...)
• 50 Art. VIII, Cap. III, decreto, 9-X-1812.

15Mención especial merece la figura de los Alcaldes constitucionales de los distintos pueblos y ciudades de la Península. Se trata de una institución de naturaleza gubernativa y contenciosa. Su principal cometido es la realización de funciones conciliadoras. De este modo, la normativa exige que antes de presentar demanda ante el juez de partido en toda causa civil o por injurias debe intentarse el acto de conciliación ante el alcalde correspondiente. En estos casos, la máxima autoridad municipal, auxiliada por « dos hombres buenos », nombrados uno por cada parte, oirá las pretensiones del actor y del acusado, entenderá las razones que aleguen cada uno de ellos, y después de oído el dictamen de los dos asociados, dictarán en un plazo máximo de ocho días providencia de conciliación47. No será esta la única actividad de los alcaldes de naturaleza contenciosa. El Reglamento de 1812 les atribuye, además, funciones en el orden civil y criminal. En el primero, resolverá aquellas demandas que no superen los quinientos reales de vellón. En materia penal serán de su competencia las causas por injurias y las faltas leves « que no merezcan otra pena que alguna reprehensión o corrección ligera »48. Asimismo, podrá conocer, a instancia de parte, en aquellas diligencias que por su carácter urgente no permitan acudir al juez de partido, como puede ser, « la prevención de un inventario, la interposición de un retracto, y otras de esta naturaleza »49. De igual modo, en el caso de cometerse algún delito en su localidad o hallarse en él algún delincuente, podrán formar las primeras diligencias de la sumaria y prender a los reos siempre que sean acusados de algún hecho « por el que merezcan, según la ley ser castigados con pena corporal o quando se les aprehenda cometiéndolo en fraganti »50. Es sin duda una de las figuras más controvertidas del periodo al asumir competencias judiciales una instancia ejecutiva, vulnerando de forma manifiesta el principio de división de poderes proclamado en la Constitución gaditana de 1812. La situación será jurídicamente insostenible y se abordará años más tarde durante las Regencias como veremos más adelante.

• 51 Aparicio, Miguel Ángel, op. cit., p. 29.

16Este marco legal estará sometido a los avatares políticos de la historia de España de la primera mitad del s.XIX. En 1814 desaparecerá la planta judicial expuesta, recuperándose el modelo liberal en 1820 hasta su abolición, apenas tres años más tarde, con el inicio de la denominada Década absolutista. Pese a la breve vigencia de este organigrama no debemos ignorar su relevancia y la influencia que tuvo en disposiciones posteriores. Muchos de los preceptos de esta primera etapa liberal inspirarán y servirán de base para la regulación de la Justicia en las etapas históricas posteriores51.

• 52 Pirala, Antonio, Historia de la Guerra civil y de los partidos liberal y carlista, vol. I, Madrid, (...)

17Como es sabido, al morir Fernando VII, y durante la minoría de edad de su hija Isabel, asumirá la Regencia del trono su mujer María Cristina. El conflicto sucesorio que surgirá a partir de entonces determinará en gran medida el desarrollo político de este período. María Cristina, con apenas veintisiete años, sin experiencia, en un país extranjero, debía garantizar la sucesión al trono en su hija Isabel. No era tarea fácil. Los sectores más conservadores de la sociedad, y en principio los más cercanos a ella por su educación plenamente absolutista, apoyaban la causa de Carlos María Isidro, representante de los valores tradicionales. Frente a ellos, se encontraba un sector social dinámico, heterogéneo en su composición y de ideología liberal. En teoría, un grupo social muy alejado de los principios ideológicos de la regente. Sin embargo, la causa isabelina necesitaba apoyos. Asimismo, los liberales eran conscientes de que sus ideales políticos nunca serían puestos en práctica si llegaba al trono el pretendiente. La única vía posible para ejecutar su programa político era apoyar los derechos sucesorios de la pequeña Isabel52. En conclusión, como señala Comellas :

• 54 Conde de Romanones, Un drama político. Isabel II y Olózaga, Madrid, Espasa Calpe, 1942, pp. 31-32.
• 55 « Hombre eminente, que nada tenía de avanzado en sus ideas liberales, contribuyó poderosamente a de (...)
• 56 Decreto, 30-XI-1833, mandando hacer la división territorial de las provincias.
• 57 Este proceso de racionalización territorial culminará el 21 de abril de 1834 con la aprobación del (...)
• 58 Tomás Villarroya, Joaquín, El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837, F Madrid, undación S (...)
• 59 « En 1835, la llamarada se encendió a primeros de julio en Zaragoza y cada día se fue extendiendo d (...)
• 60 El profesor Gil Novales al analizar el proceso revolucionario español decimonónico destaca el papel (...)
• 61 Las causas de este fenómeno, según Marx, son dos : « En primer lugar vemos que lo que llamamos Esta (...)
• 62 Este decreto para Tomás Villarroya, presenta un doble carácter : de un lado, constituye uno de los (...)
• 63 Lorente Sariñena, Marta ; Martínez Pérez, Fernando y Solla Sastre, María Julia, Historia legal de l (...)
• 64 Acompañarán a esta batería normativa tres decretos más de la misma fecha. Un tercero suprimiendo el (...)
• 65 Aparicio, Miguel Ángel, op. cit., p. 51.
• 66 Interesa señalar que el Reglamento provisional de 1835 fue « justamente eso, un Reglamento vehicula (...)

18María Cristina heredaba una « España oprimida »54, con un organigrama institucional anquilosado, anclado en el Antiguo Régimen y necesitado de reformas. No fue por tanto una casualidad el hecho de que la regente se preocupara desde un principio en arreglar la Administración. Sabía que si quería un Gobierno fuerte necesitaba garantizar una acción gubernativa rápida y eficaz y para ello era necesario ordenar el complejo panorama de la administración territorial. Así se lo hizo saber a su ministro de Fomento, Javier de Burgos55, cuando al encargarle el ministerio, le pidió que se dedicara « antes de todo á plantear y proponerme [...] la división civil del territorio, como base de la administración interior, y medio para hacer a los pueblos »56. Apenas unos días después se promulgaba el decreto de 23 de octubre de 1833 sobre creación de los subdelegados de fomento y un mes más tarde, el 30 de noviembre de 1833, el decreto de división territorial, por el que era dividida España en 49 provincias57. Paralelamente a las reformas administrativas se iniciaba la transformación del sistema político. El 10 de abril de 1834 se publicaba el llamado Estatuto Real. Se trata de una norma básica del ordenamiento jurídico que, en opinión de Tomás Villarroya, resulta incompleto al limitarse su contenido a regular la organización de las Cortes58. No obstante, a pesar de los cambios introducidos por María Cristina, un sector importante de la sociedad, con ideales políticos más progresistas, no se mostraba satisfecho con lo acaecido tras la muerte de Fernando VII. Consideraban que el Estatuto Real era una mera reminiscencia del Antiguo Régimen y en modo alguno podía conducir al establecimiento de un sistema constitucional. El descontento popular estalló en el verano de 1835 en Zaragoza y Valencia, iniciándose una sublevación que pronto se extendió por otras ciudades de España59. Comienza aquí uno de los procesos más característicos de la primera mitad del siglo XIX español. Siguiendo el modelo gaditano, la crisis del poder central supondrá la aparición, en la periferia, de Juntas revolucionarias de carácter local y provincial que se erigirán en soberanas60. Durante buena parte del siglo XIX español se repetirá el mismo esquema revolucionario. Como afirma el propio Marx : « Cada conjura palaciega va acompañada de insurrecciones militares, y éstas, en su marcha, arrastran invariablemente pronunciamientos municipales »61. Consecuencia de los citados acontecimientos revolucionarios, será la caída del gobierno de Toreno y la llegada al poder de Mendizábal, quien quiso normalizar la situación restableciendo las Diputaciones provinciales mediante decreto de 21 de septiembre de 183562. No serán los únicos cambios. Aunque más adelante nos referiremos con mayor detalle a la normativa promulgada en estos años en materia de Justicia debemos señalar que en esta etapa viviremos una auténtica « revolución judicial »63. Las ideas de racionalización y unificación administrativas que primarán la labor de Javier de Burgos tendrán su reflejo en la Justicia. La reforma daba comienzo con los decretos de 24 de marzo de 1834 con los que se suprimían los antiguos Consejos, característicos de la etapa absolutista, y se instalaba un único Consejo de Estado, denominado Consejo Real de España e Indias, al tiempo que creaba el Tribunal Supremo en lugar de los Consejos de Castilla e Indias64. Durante la regencia de la reina gobernadora presenciamos una auténtica avalancha de normas dirigidas a organizar la estructura judicial. Dejando a un lado las de menor relevancia, cabe destacar el Reglamento provisional de 26 de septiembre de 1835, el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias de 17 de octubre de este mismo año, y las Ordenanzas de las Reales Audiencias de 19 de diciembre de 1835. Al estudio de estas disposiciones dedicaremos el siguiente apartado de este trabajo. Ahora nos interesa remarcar, brevemente, la importancia del primero de los citados decretos. El Reglamento provisional será la pieza clave de todo el proceso de transformación que vivirá la Justicia en estos años. Fija los cuatro grandes escalones que había previsto el proyecto gaditano : alcaldes, jueces de partido, Audiencias y Tribunal Supremo. Se trata de una norma híbrida que entremezcla disposiciones orgánicas, procesales y sustantivas65. Pese a su carácter provisional se convirtió, con el tiempo, en la única disposición orgánica con la que contaría el aparato judicial hasta 187066.

• 67 Bahamonde, Ángel y Martínez, Jesús, Historia de España siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1998, p. 207.
• 68 Decreto de 13-VIII-1836, mediante el cual la regente restablecía la Constitución de 1812 « ínterin (...)
• 69 Nieto, Alejandro, ob. cit., p. 152. Hay que tener en cuenta que el restablecimiento del texto funda (...)
• 70 Sánchez-Arcilla Bernal, José, Historia de las Instituciones político-administrativas contemporáneas (...)
• 71 Este texto fundamental, junto con el Estatuto Real de 1834, ha sido estudiado por Tomás Villarroya, (...)
• 72 Merino Merchán, José F., Regímenes históricos españoles, Madrid, Tecnos, 1995, p. 80.
• 73 Sánchez Agesta, Luis., Historia del Constitucionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitu (...)
• 74 « A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juic (...)
• 75 « Ningún magistrado o juez podrá ser depuesto de su destino, temporal o perpetuo, sino por sentenci (...)
• 76 « Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan », Art. 67, Const (...)
• 77 « Se declaran subsistentes en todo su vigor, por ahora, como leyes y hasta que las que dieren deter (...)

19Durante el verano de 1836 la Península sufrirá un nuevo acontecimiento revolucionario. La complicada situación de la guerra para las fuerzas isabelinas, así como los resultados de las elecciones celebradas en julio de ese mismo año67, determinaron que a finales de julio la Milicia Nacional de distintas capitales andaluzas se sublevara. Es en este contexto político en el que se producen los conocidos sucesos de La Granja en los que María Cristina, obligando a María Cristina a jurar la Constitución gaditana68, y con ella, parte de la obra legislativa que la acompañaba69. Apenas unos meses más tarde, el 18 de junio de 1837, se promulgaba una nueva Carta Magna que aparece en la historia constitucional española como « el producto del compromiso entre las dos facciones del partido liberal »70. Era una obra de consenso, con la que se trataba de aproximar a moderados y progresistas, elaborando un documento, que a partir de la Constitución de 1812, pudiera recoger los postulados ideológicos de ambas tendencias71. En su articulado observamos un « amengüamiento del liberalismo radical » que se aprecia especialmente en el reconocimiento del principio de soberanía nacional y división de poderes72. Sin ánimo de ser exhaustivos, indicar que su principal aportación reside en el reconocimiento ordenado y sistemático de los derechos individuales. Se trata del primer texto fundamental que recoge, en España, un catálogo completo de derechos y libertades. Asimismo reduce el articulado limitándolo « a los principios fundamentales y de carácter preceptivo »73. La regulación que dedica a la Justicia es bien escasa si la comparamos con la anterior. El articulado se encuentra agrupado en el titulo X denominado « El Poder Judicial ». Apenas seis artículos, del 63 al 68, donde se limita a reconocer el carácter público de los pleitos criminales y plasmar los axiomas básicos de la Justicia Liberal como son los de exclusividad74, inamovilidad75 y responsabilidad76. La escasez de regulación constitucional en esta materia será subsanada con la promulgación del decreto de 16 de septiembre de 1837 que declaraba en vigor todas las disposiciones del Título V de la Constitución gaditana siempre que no fueran contrarias a los preceptos citados o no hubieran sido derogadas por otra norma posterior77.

• 78 Sainz Guerra, Juan, ob. cit., p. 83. Resultan elocuentes las palabras del jurisconsulto Adame Muñoz (...)

20 La norma más importante promulgada en este periodo en materia de Justicia es, sin duda, el Reglamento para la Administración de justicia en la jurisdicción ordinaria de 26 de septiembre de 1835. Dicha disposición pretendía clarificar y ordenar la legislación vigente hasta la fecha en materia judicial, respondiendo a la urgente necesidad de « modificar los antiguos criterios procesales, así como a la necesidad de implantar la organización de la Justicia según los principios liberales »78. Como ya se ha indicado más arriba, esta disposición se complementó apenas unos meses más tarde con el Reglamento del Tribunal Supremo de España e Indias, de 17 de octubre de 1835 y las Ordenanzas para todas las Audiencias de la Península e Islas Adyacentes, de 20 de diciembre de 1835.

• 79 Aparicio, Miguel Ángel ob. cit., p. 49.
• 80 Art. 57, decreto, 26-IX-1835, Reglamento para la Administración de Justicia en lo respectivo a la j (...)
• 81 Art. 61, decreto, 26-IX-1835.
• 82 Art. 62, decreto, 26-IX-1835.
• 83 En el apéndice que acompaña a este mismo trabajo se concreta la composición de cada una de estas Au (...)

21 Dicho marco legal mantuvo la estructura piramidal establecida en Cádiz. La legislación referente al Tribunal Supremo apenas introdujo modificaciones relevantes en este punto. Algún autor ha señalado, al hablar del reglamento de 1835, que es « una transcripción literal del Reglamento gaditano »79. En el escalafón intermedio se mantienen las Audiencias. En este punto la nueva normativa ratifica el principio de igualdad jerárquica y competencial entre todas ellas fijado en Cádiz80. A partir de 1835 se simplifica su composición, distinguiendo únicamente dos tipos de estas instancias judiciales, de dos y tres salas81 y tolerando la formación de salas extraordinarias « para auxiliar a las ordinarias en el despacho de los pleitos asignados »82. Las Audiencias de tres salas estarán compuestas por doce magistrados, a excepción de Madrid que tendrá uno más. El resto se integrarán por nueve vocales, salvo las Audiencias de Canarias, Mallorca y Oviedo que únicamente tendrá seis83. Continúa esta legislación con la práctica de diferenciar los negocios civiles de los criminales. Al respecto, afirma la doctrina :

• 85 « Para el despacho de sustanciación, así en lo civil como en lo criminal, no siendo denegación de s (...)

22Para formar sala, con carácter general y, al igual que en la etapa anterior, se requiere la asistencia de tres magistrados, no pudiendo dictarse sentencia sin la concurrencia de tres votos favorables85.

• 86 Art. 58, decreto, 26-IX-1835. A este mismo articulado se remite las Ordenanzas para todas las Audie (...)
• 87 Art. 2, decreto, 5-I-1844, adicional al reglamento del Tribunal Supremo de Justicia y a las ordenan (...)

23Apenas detectamos diferencias en el campo de las atribuciones86. A partir de 1844 observaremos mayores cambios en este aspecto. En esta fecha, y como consecuencia de la promulgación de la Adición al Reglamento del Tribunal Supremo y a las ordenanzas de las Audiencias, se crea la Junta Gubernativa de los tribunales o sala de gobierno, como más adelante pasará a denominarse. Corresponde a esta nueva institución « la resolución de todos los negocios que hasta ahora han sido de la atribución de la audiencia plena con arreglo al reglamento provisional y sus ordenanzas »87. Para clarificar la composición de las Audiencias adjuntamos una tabla de las distintas categorías contempladas en la legislación estudiada de 1835.

• 88 Art. 36, decreto, 26-IX-1835.
• 89 Art. 40, decreto, 26-IX-1835.
• 90 En el caso de interponerse el recurso ante la Corporación municipal el caso se resolverá por el ple (...)
• 91 Art. 43, decreto, 26-IX-1835.
• 92 La tramitación de este tipo de asuntos deberá de realizarse de acuerdo con las formalidades prescri (...)
• 93 Art. 47, decreto, 26-IX-1835.
• 94 1-V-844, decreto, Reglamento de los juzgados de primera instancia del reino. En este sentido, vid. (...)

26No obstante, en la escala inferior localizamos mayores dificultades. La legislación promulgada en estos años afecta principalmente al máximo órgano judicial y a las Audiencias, limitándose, en lo referente a los Juzgados de Primera instancia e Instrucción, a señalar sus atribuciones y el procedimiento a seguir en cada tipo de causa. A los jueces de partido corresponde el conocimiento de todos los asuntos civiles y criminales que ocurran en el territorio bajo su jurisdicción88. En el primer tipo de expedientes el proceso se tramitará de forma oral cuando el importe de la demanda supere los 10 duros pero no exceda de 25, debiéndose cursar por juicio escrito el resto de supuestos89. En el caso de que la reclamación supere dicha cantidad, pero no alcance los 40.000 maravedís, la tramitación se simplificará y abreviará « cuanto lo permitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad ». En estos supuestos, las sentencias podrán ser objeto de recurso de apelación ante el Ayuntamiento de la capital del partido judicial respectivo, o impugnada en nulidad ante la Audiencia provincial90. Del resto de demandas civiles conocerán igualmente los juzgados de primera instancia, si bien su decisión sólo será objeto de recurso de apelación ante la instancia judicial superior de carácter territorial91. A excepción de las causas que no merezcan otra pena que alguna represión o corrección ligera, el conocimiento de los asuntos criminales compete a los jueces de primera instancia92. Además, deben resolver los asuntos sobre delitos comunes que ocurran contra los alcaldes o tenientes de alcaldes de su partido o distrito. En ningún caso admitirán estos jueces demandas de injurias sino consta que se haya ejecutado, previamente, la conciliación ante el alcalde o juez de paz respectivo93. Con el tiempo el marco legal estudiado quedó insuficiente, y en algunos aspectos, contradictoria. Esta circunstancia obligó a realizar una importante reforma a mediados de 1844, al promulgarse un Reglamento para los juzgados de primera instancia. Esta nueva disposición abordaba el estatuto del personal de los juzgados de primera instancia, en particular de los jueces, además de regular la actuación de los oficiales relacionados con la administración de Justicia carentes de jurisdicción. Con esta disposición se cubría una importante laguna legal al regular aspectos básicos de la vida judicial como son el acto de juramento, la toma de posesión, la sustitución, la celebración de audiencias y el horario ; el estatuto del juez de primera instancia quedaba por fin definido de forma sistemática94.

• 95 Arts. 22 y ss., decreto, 26-IX-1835.
• 96 Art. 31, decreto, 26-IX-1835.
• 97 « A partir de esta fecha, no obstante, la participación de los alcaldes en el terreno jurisdicciona (...)

27 De igual forma, en esta etapa se mantienen las atribuciones judiciales de los Alcaldes Constitucionales, si bien se reduce la cuantía de sus causas a doscientos reales, centrándose su actividad en la celebración de actos de mediación95. En materia penal continuarán conociendo los negocios por injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna represión o corrección ligera96. De lo expuesto hasta el momento queda clara la voluntad del legislador de « profesionalizar » la Justicia y reducir a la mínima expresión la participación de las autoridades municipales en ella. No obstante, debemos resaltar esta cuestión. La Constitución de 1837 prohibía a los alcaldes el ejercicio de funciones contenciosas. De ese modo se salvaguardaba el principio de división de poderes y la injerencia de autoridades ejecutivas en la administración de Justicia desparecía. No obstante, el restablecimiento del Título V de la Constitución de 1812 en virtud del decreto de 16 septiembre de 1837 reavivaba la polémica. De nuevo estas autoridades locales desempeñarán funciones de carácter judicial. En la práctica la situación no fue pacífica97. No podemos entrar en estos detalles, si bien, debemos señalar que la cuestión se solventó definitivamente en 1855 con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento civil en la que se excluía de forma definitiva a los representantes municipales de la actividad judicial.

• 98 La normativa aquí referenciada puede consultarse a través de la web http://legishca.edu.umh.es/ .

37- Decreto I de 24-IX-1810. Declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía : nuevo reconocimiento del Rey D. Fernando VII y anulación de su renuncia a la corona : división de poderes, reservándose las Cortes el legislativo : responsabilidad del ejecutivo, y habilitación de la Regencia actual, con la obligación de prestar el juramento a las Cortes : fórmula de este : confirmación interina de los tribunales, justicias y demás autoridades : inviolabilidad de los diputados.