Todo lo que es procesado por la memoria es una ficción
El tiempo que pasa es la verdad que huye
La peor de las nostalgias es por aquello que no fue
Cuando se está en un callejón sin salida, la salida es el callejón
La más grande lección de la historia es que nadie aprendió lecciones de la historia

1El conflicto es inherente a la humanidad, tiene carácter universal y muchas veces asume una forma violenta. Las guerras de exterminio son fenómenos que acompañaron a la historia de la humanidad desde tiempo inmemorial. Guerras de religión o de colonización, de ocupación del territorio, de pillaje, de defensa de intereses económicos, han mostrado que la humanidad no ha dudado en utilizar la fuerza para proseguir la consecución de intereses y, en ese camino, se han eliminado oponentes y se les ha infligido duros sufrimientos.

2La salida de un conflicto se puede dar por derrota de uno de los bandos en pugna, lo que elimina una de las opciones... Sin embargo, las consecuencias sociales y el ajuste emocional llevan a que el conflicto no termine con la rendición. Los efectos se extienden largamente en el tiempo.

3La experiencia indica, sin embargo, que desde que impera la educación obligatoria básica, reduciéndose notoriamente los niveles de analfabetismo, y desde que se ha creado una red de comunicación social a escala universal, extendiéndose la noción de derechos humanos inalienables, no hay soluciones «finales». No hay vencedor en una guerra civil. La ruptura del tejido social que causa un conflicto de ese tipo, con las pérdidas concomitantes en vidas (capital humano) y en relaciones sociales solidarias (capital social), así como en bienes materiales, no resulta fácil de superar Un conflicto de este tipo deja como secuela una sombra del pasado que se erigirá cada vez que la sociedad se enfrente aún a tensiones cotidianas y rutinarias. Utilizando la violencia un vencedor puede someter, pero no convencer y una sociedad necesita convencerse que tiene un destino común. La globalización, además, implica que toda acción violenta caiga bajo el escrutinio de la comunidad internacional.

4Superar un conflicto sin la eliminación física total del adversario, implica negociación, que puede darse como parte de una salida del enfrentamiento o como consolidación en etapas posteriores a la fase violenta de la confrontación. Las reparaciones, bajo la forma de compensaciones y procesos de reconstitución simbólica que llevan a la reconciliación y rearmado del tejido social, son parte constitutiva de la salida del conflicto. La reconstrucción económica, si es exitosa, ayuda en mucho a la estructuración de un nuevo capital social, de una red de solidaridades que permite la convivencia pacífica de una comunidad política. La negociación de salida suele asumir la forma de un acuerdo entre sectores moderados de los dos bandos, que primero tienen que aislar a sus respectivos sectores radicales para obtener el necesario margen de maniobra para realizar concesiones mutuas. Las negociaciones pueden realizarse directamente o, en ciertos casos, es necesario a recurrir a una tercera parte que actúe como mediador. Las salidas pueden ser de muy diverso tipo, pero lo que se busca siempre es asegurar un espacio para cada parte en el nuevo orden postcrisis.

5En la postcrisis el tema de las responsabilidades del pasado suele ser muy espinoso y un obstáculo importante para la convivencia futura. En el caso de la derrota de un contendiente, el vencedor puede someter a juicio al perdedor. Pero en el caso de una negociación, aunque una o las dos partes estén involucradas en masacres, la negociación en si misma implica ciertos grados de impunidad para que pueda llevarse efectivamente adelante. El punto no es fácil de aceptar para las víctimas de las masacres, pero sólo con fórmulas ad hoc para cada caso se puede avanzar en la reconstitución de una sociedad y un Estado. Los números también importan. Un genocidio no puede ser cometido por un pequeño grupo. Desde el punto de vista logístico es imposible retribuir con condenas masivas a un número elevado de personas. El temor al castigo puede incluso prolongar más la situación de violencia. Aunque parezca inaceptable desde el punto de vista ético, en más de una oportunidad se imponen soluciones negociadas que suponen impunidad para los crímenes cometidos. Max Weber señalaba que el político debe apelar a la ética de la responsabilidad más que a la ética de la convición para manejarse en su actividad. Si esto es válido en circunstancias normales, mucho más lo es en los casos de conflicto violento. Se imponen, por lo tanto muchas veces salidas prácticas, que no siempre están en línea con los principios éticos y morales.

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6Los países del cono sur de América y Brasil vivieron bajo dictaduras militares durante los años setenta y principios de los ochenta. Todos ellos enfrentaron movimientos armados de orientación marxista que buscaban derribar a los regímenes existentes. Inspirados en la revolución cubana, o por el ejemplo del las acciones del «Che» Guevara, buscaban expandir la revolución a todos esos países. En todos los casos fracasaron. Los brasileños comenzaron con el régimen de excepción en 1964, que pasó a ser más represivo en 1969, pero prácticamente no tropezaron con un movimiento subversivo fuerte. Si bien hubo represión bajo la forma de torturas y pérdida de derechos ciudadanos que llevaron a muchos al exilio, entre ellos a quién fuera presidente entre 1994 y el 2002, Fernando Henrique Cardoso, no hubo una presión masiva sobre la población. Por consiguiente, el retorno a la normalidad democrática a partir de 1984 fue relativamente más fácil en lo que refiere al ajuste por excesos sobre los derechos humanos. Compensaciones pecunarias para las víctimas de excesos o sus parientes o la reinstalación en puestos perdidos, cerraron la mayoría de los casos. El decreto ley 869-95 permitió a 136 personas elevar reclamaciones por desaparición de familiares que permitían cobrar indemnizaciones de hasta 150.000 dólares.

7Bajo el auspicio del Cardenal de San Pablo Evaristo Arns se llevó a cabo una investigación por parte de instituciones privadas una investigación sobre lo sucedido que culminó en una publicación que se denominó Nunca Mais. La publicación del informe comprendió más de cinco mil páginas. Más compleja fue la transición política. La alianza de sectores militares y civiles que manejó el país durante la dictadura necesitó garantías respecto a la gestión futura del país siguiendo las mismas líneas de política económica y social seguida hasta ese momento.

8En Paraguay la caída del régimen dictatiorial de Alfredo Stroessner en 1989 se debió a un golpe militar. Sus ejecutores, protegidos del antiguo régimen no iniciaron ningún proceso de revisión o clausura del pasado. Es más, divisiones posteriores llevaron a un enfrentamiento en 1996 entre integrantes del partido colorado, uno de cuyos sectores estaba encabezado por uno de los coroneles que en 1989 destituyeron a Stroessner, Lino Oviedo y otro por grupos más afines a la conducción tradicional. Debe consignarse la realización por parte del CIPAE (Comité de Iglesias para ayuda de Emergencia) del proyecto Paraguay Nunca Mas, un relatorio de abusos a los derechos humanos que se publicó en cuatro tomos a partir de 1990.

9En los demás países del sur la represión tuvo un vasto alcance. En Argentina, donde la inestabilidad política y las dictaduras militares o los regímenes populistas excluyentes fueron la norma desde 1930 en adelante, la dictadura comenzada en 1976 llevó la represión a grados elevados. El enemigo eran los «subversivos», los izquierdistas que atentaban contra un régimen que se autodefinía como «occidental y cristiano».

10Al igual que en la Alemania nazi la represión asumió un carácter semi‑clandestino. No había detenciones ni juicios públicos. Pero la mayoría de la población sabía lo que acontecía y temía. Es más, el régimen estaba interesado en que se filtrara, que se conociera lo que ocurría. Una cultura de miedo y terror fue impuesta a través del ejemplo. Al igual que en la Alemania nazi además de los convencidos que estuvieron de acuerdo con las medidas represivas tomadas, apareció una «neutralidad activa» expresada de diversas formas, que, en la práctica, implicó un apoyo al régimen militar. La justificación podía revistar formas de cinismo asumiendo que «la gente desaparecida debía estar en algo» o una forma de prescindencia del tipo «no te metas» o «a mi que mierda me importa» (título de un excelente ensayo de Guillermo O´Donnell sobre el tema). En otros niveles, se daba cierto grado de participación y apoyo a la represión, como el realizado por periodistas que jugaron con el sentido de las palabras y acuñaron la frase: «los argentinos somos derechos y humanos», para combatir campañas montadas en el exterior por los activistas de derechos humanos. A diferencia de otros casos, no sólo intervino el aparato estatal en la represión. Se comprometió en la misma a organizaciones paramilitares de civiles, muchos de ellos difícilmente controlables por el Estado. A tal punto llegó el nivel de autonomía de los represores que, en algunos casos, ni siquiera una orden del Presidente de la República podía salvar a alguien de la muerte una vez en manos de los grupos represores.

11La represión clandestina realizada de acuerdo con patrones de guerra contrasubversiva que seguían la experiencia francesa en Argelia, que implicaba el «quadrillage» («cuadricular») del país en zonas militares, todas a cargo de un comando militar de operaciones antisubversivas. En total hubo cinco zonas, 19 subzonas y 117 áreas, componiendo cada una un «feudo independiente de represión». La fuerza militar recurrió a la tortura en vasta escala, y a la técnica de la desaparición (secuestro y posterior muerte del detenido sin juicio y ocultando el destino final de la persona a sus familiares o amigos), accionada por grupos represores semiautónomos lo que provocó cerca de 30.000 desaparecidos, de acuerdo con la izquierda y unos 9000 casos comprobados, de acuerdo con la Comisión formada por el gobierno democrático en 1983 para investigar esas desapariciones durante la dictadura comenzada en 1976. Cerca de 5000 personas más murieron en combates abiertos o en formas de represión de las cuales sí se conocen sus causas. Un número cercano a 90.000 personas pasó a exiliarse con motivo de estos hechos y una minoría sobrevivió en prisiones a la dictadura que se extendió entre 1976 y 1982.

12La justificación de la represión estuvo centrada en el argumento de la lucha contra el enemigo comunista, contando con el apoyo de buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica del país. Gran parte de los reprimidos formaban parte de sectores de clase media, los más educados del país, pues los principales movimientos subversivos actuaron en el ámbito urbano. Visto el grado de urbanización de estos países del sur, los dirigentes rebeldes estimaron que allí estaba el centro de la acción y no en el medio rural. La experiencia cubana de Ernesto Che Guevara con los focos de guerrilla rurales había fracasado en el Congo y luego en Bolivia, donde condujo a la muerte a su expositor. También fracasaron intentos de implantar una guerrilla rural en Tucumán. Primero en los años 60, el movimiento de Taco Ralo. En los años 70, las acciones de la llamada compañía de monte Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo se fueron desvaneciendo hasta desaparecer. Los sureños experimentaron con nuevas formas de subversión en el ámbito urbano.

13La dureza de la represión y su orientación fue resumida en la siguiente expresión del Gral. Ibérico Saint Jean, el primer ministro del Interior de la dictadura: «primero hay que eliminar a los subversivos, luego a los simpatizantes de los subversivos, luego a quienes encuentran alguna justificación para su acción, hay que seguir por los neutrales. Nadie debe quedar indiferente». Prácticamente era un borrador de un programa de genocidio, que afortunadamente no pudo ser llevado a la práctica, por lo que hubo crímenes contra la humanidad sin que se diera esa nota de genocidio. Para el general Saint Jean nadie era confiable. Llevado al absurdo su razonamiento implicaba que debía exterminarse a todos, irónicamente no pensó que alguno podría incluirlo a él mismo en la lista de reprimibles.

14A fines de los años setenta ya no había un sólo guerrillero urbano operando en la Argentina. El régimen dictatorial había triunfado en esa fase del conflicto. Pero, hacia 1982 el gobierno argentino, al igual que los otros de la región latinoamericana tropezó con la gran crisis económico-financiera derivada del gran endeudamiento con la banca privada que había prestado sin muchos recaudos a estos países vista la fuerte afluencia de petro-dólares. La crisis de la deuda puso en duda nuevamente a los apoyos civiles del régimen militar. La tercera Junta Militar que conducía el proceso político del país decidió lanzarse a una aventura militar para recobrar popularidad apoyándose en capas más vastas de la población. En abril de 1982, militares argentinos tomaron las islas Malvinas (Falkland en la terminología británica) reivindicadas por Argentina como parte de su territorio desde hacía largos años. La primera ministra británica Margaret Tatcher mandó una fuerza expedicionaria a las islas, la cual, en dos meses, impuso su superioridad, obligando a la rendición incondicional a los militares argentinos que ocuparon las islas. Inmediatamente la Junta Militar entró en crisis y perdió todo apoyo en el campo civil. Los militares prácticamente abandonaron el gobierno sin negociación con la oposición y solamente aprobaron un decreto autoamnistiando a todo el personal militar por posibles abusos a los derechos humanos.

15El nuevo gobierno democrático que asumió en 1983 tuvo por referente la Constitución de 1853, que había dado el marco legal primordial del país hasta 1949 y nuevamente después de 1955. El nuevo gobierno al no negociar nada con los militares se propuso juzgar a las dos primeras Juntas Militares por sus responsabilidades en las masacres de opositores, considerándolas un «demonio», una de las partes responsables de la crisis de los setenta. La otra parte o el otro «demonio» que afectó a la sociedad Argentina era la guerrilla. Por la misma razón se esperaba juzgar a los líderes supervivientes de la guerrilla urbana. Lo último no fue posible porque todos los sobrevivientes vivían en el exterior. Se detuvo y se juzgó a los seis oficiales militares, generales y almirantes, integrantes de las dos primeras Juntas, entre quienes estaban el primer presidente Jorge Videla y el intrigante Almirante Emilio Massera. Fueron condenados a estar detenidos a perpetuidad. La tercera Junta Militar fue juzgada por su actuación en la Guerra de Malvinas, pero tribunales militares absolvieron a sus pares y finalmente ante otras reclamaciones fueron amnistiados.

16Si bien la fuerza militar argentina fue derrotada en una guerra clásica, precipitando la caída de la dictadura, no fue destruida. Es más, a las Malvinas no fueron enviadas tropas de elite, mantenidas en reserva para controlar a la población del país. Los británicos por su parte sólo se limitaron a combatir en Malvinas no realizando ninguna actividad en el territorio continental argentino.

17Los represores continuaron en sus puestos de mando en los cuarteles y nada se había negociado con el nuevo gobierno electo en 1983. Terminados los juicios a los Comandantes militares de las Juntas, que imponía penas de reclusión, algunas a perpetuidad, seguía la segunda etapa: juzgar a los ejecutores que habían llevado adelante prácticas aberrantes. Cuando se llegó a este nivel se produjeron sucesivas sublevaciones militares en 1987, 1988, 1989 y hasta 1991. La política del primer gobierno democrático de juzgar a los «dos demonios» fue impracticable. Se debió aprobar primero una ley de punto final (23 diciembre de 1986) que estableció un límite para la presentación de denuncias de sesenta días y una ley de obediencia debida (de 4 de junio de 1987), que en la práctica absolvía de responsabilidades a todos los oficiales con dependencia de un mando. La primera ley excluía los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustitución y ocultación de menores, que luego motivaron juicios que se están sustanciando en este momento.

18En muchos de los casos los represores preservaron la vida de los menores, especialmente los de más corta edad, pero se produjo la sustitución de su identidad. En más de un caso los padres adoptivos eran personas ligadas a los represores o ellos mismos parte de ese aparato. Manejar estas situaciones ha llevado a juicios y a situaciones personales difíciles, pues en muchos casos la identidad de origen de los menores se descubrió veinte años después. Si bien la situación no fue la misma, pues se trataba de tener niños «arios puros», el antecedente que significó el proyecto Lebensborn practicado por los nazis en vasta escala (quizás comprendió 200000 niños) y el destino posterior de los mismos, discriminados duramente especialmente en Noruega, no fue tenido en cuenta en el manejo de estas delicadas situaciones.

19Pero en Argentina se llegó más allá en el proceso de tratar de cerrar el pasado por la vía de consagrar la impunidad por los delitos cometidos. Cuatro decretos de indulto del presidente Raúl Alfonsín comprendieron a quienes quedaban excluidos de las leyes de punto final y obediencia debida y podrían ser denunciados, otro indulto alcanzó a los oficiales participantes de las rebeliones militares carapintadas, incluyendo a sus dos cabecillas, el Tte. Cnel. Aldo Rico (que encabezó las de 1987 y 1988) y el Cnel. Mohamed Alí Seineldín (líder de la efectuada en 1989, luego sentenciado nuevamente en 1991 por la última rebelión registrada). Otro de los indultos alcanzó a los militares integrantes de la tercera junta militar, la encabezada por el ya fallecido Tte. Gral. Leopoldo Galtieri que llevó a cabo la aventura en las islas Malvinas-Falkland. Un cuarto cubrió específicamente a una serie de personas, entre ellas a antiguos dirigentes de Montoneros y militares y policías uruguayos que actuaron en operaciones represivas en Argentina.

20Al inicio de la presidencia de Carlos Menem, tres nuevos decretos de indulto cerraron los procesos de varios antiguos funcionarios de los gobiernos peronistas vinculados a sectores paramilitares represores, así como al ex jefe Montonero Mario Firmenich y los integrantes de las dos primeras Juntas, presos por el juicio iniciado por el presidente Alfonsín. También se amnistió a otros militares entre ellos al confeso torturador jefe de la policía de Buenos Aires, el también fallecido, Gral. Ramón Camps.

21Paralelamente a los juicios a las Juntas Militares se había conformado la llamada CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por otras doce personas. El Senado argentino debió designar a tres miembros, pero el contexto de intereses partidarios hizo que finalmente no fueran nombradas, mientras que si lo hizo la cámara de representantes con sus tres miembros. El informe de la comisión, titulado Nunca Más apareció en 1984 y su carácter era puramente informativo y catártico. La comisión consignó testimonios de 1300 casos de desaparecidos que fueron vistos en centros de detención clandestinos y que al menos 8960 personas continuaban en situación de desaparecidas. El informe incluyó nombres, muchas veces de poca utilidad para una identificación plena, de 1351 represores. Podría considerarse que en total los desaparecidos podrían llegar a 15.000 personas. El carácter clandestino de la represión (según la comisión se pudo identificar 340 sitios de detención de ese carácter) hace que el caso argentino sea uno de los más relevantes de represión en un conflicto interno por los grados de aberración y abuso que supone esa modalidad de ejecución. De acuerdo con el informe, si bien las víctimas cubrieron todo el espectro social, los sectores medios eran la mayoría, el 58,2% (estudiantes 21%, empleados 17,9%, profesionales 10,7% y docentes 5,7%, periodistas, 1,6%, actores y artistas 1,3%), seguidos por obreros 30,2%.

22En un país de desarrollo medio, con una capital donde vive casi un tercio de la población, una buena parte de los mismos con un estándar de vida que se puede calificar como bueno, se registró una masacre de personas pertenecientes a sectores sociales medios y educados comprometidos con los movimientos insurgentes que pesó duramente en la legitimidad del régimen militar. Sin embargo, al no negociar con el mismo, el gobierno democrático a pesar de contar con el respaldo masivo de buena parte de la sociedad no pudo castigar los crímenes cometidos. La repulsa quedó en el campo de la condena ética y moral y la rememoración condenatoria. La misma se realizó por la vía de libros, revistas, películas, discos. Durante cierto tiempo la justicia civil debió lidiar con reclamos por compensaciones en dinero para los familiares de los desaparecidos, que debieron ser declarados muertos a los efectos judiciales correspondientes, y por juicios por patria potestad de niños hijos de los secuestrados – desaparecidos - muertos a quienes se les cambió su identidad.

23El tema dista de estar resuelto a pesar que han pasado 30 años del golpe militar y que los últimos abusos perpetrados fueron ya hace más de veinte años atrás. A comienzos del siglo XXI son muy pocos los militares o policías en actividad que todavía pueden tener vinculaciones con ese pasado oscuro. Hacia fines del año 2006 prácticamente ya no habrá ningún uniformado en actividad que haya participado en abusos a los derechos humanos en los años de la dictadura comenzada en 1976.

24Algunos juicios prosperaron, sustancialmente aquellos que tienen relación con los delitos que siguen consumándose en el tiempo: las desapariciones y sustituciones de identidad. El secuestro de niños llevó nuevamente a prisión a algunos de los comandantes golpistas y a algunos personajes símbolo, como el capitán Aztíz. Mientras algunos fallos judiciales buscaron reintroducir el camino de las responsabilidades penales. El del Juez Gabriel Cavallo, de marzo del 2001, desconoció la validez de las leyes de punto final y obediencia debida, mientras que el juez Claudio Banadío, en octubre de 2001, se pronunció por la inconstitucionalidad de las dos normas. En España, mientras tanto un juicio contra el ex capitán de corbeta de la Armada Adolfo Slingo quien confesó que participó en los llamados «vuelos de la muerte» donde se trasportaban prisioneros para tirarlos al mar. Culminó con una sentencia fuerte de la Audiencia Nacional. A fines del 2004 en Buenos Aires, el Teniente Cnel., Guillermo Enrique Bruno Laborda narra que como cadete participó en la Operación Independencia en Tucumán confesó haber asesinado a prisioneros. No identificó a las víctimas, entre ellas una mujer que el día anterior al asesinato había dado a luz. Tampoco dijo qué ocurrió con la criatura recién nacida. El relato del militar dice que cuando intentó descargar su conciencia con un sacerdote católico, el religioso le dijo que era loable abatir a los enemigos de Cristo y que «como soldado de la Iglesia» sería recompensado en el más allá. Bruno, que como Scilingo no fue ascendido y por lo tanto fue motivado a confesar, dijo que la consigna aprendida de «un entonces admirado y recordado oficial instructor» del Colegio Militar, a quien no identifica, era: «al subversivo hay que matarlo, pero no sólo a él, sino también a sus hijos, para que no puedan propagarse».

25En 1996 y 1997 el entonces Comandante del Ejército Gral. Hugo Balza primero y luego los de la Armada y la Fuerza Aérea pidieron un perdón público por las atrocidades cometidas. En 1997, la Conferencia Episcopal hizo lo propio por la actuación que tuvo la jerarquía eclesiástica. Pero no alcanzó para cerrar el tema. Pese a la mejoría de los niveles de vida de la clase media, dada la gestión económica comenzada en 1991, los reclamos se mantuvieron, aunque el país parecía haber llegado a una nueva fase de estabilidad política. Organizaciones como las «Madres» o «Abuelas» de los detenidos-desaparecidos siguieron reclamando por el pasado. El tema revivió fuertemente con la crisis financiera que desembocó prácticamente en un caos social en diciembre del 2001. Bajo el mando del Jefe del Estado Mayor del Ejército que sucedió a Balza, el Gral. Ricardo Brinzoni con el fuerte apoyo del Almirante Joaquín Stella el jefe del Estado Mayor de la Armada, y con la connivencia del ministro de Defensa Horacio Jaunarena, poco a poco la fuerza militar fue retornando a tener un papel en la política. La culminación llegó cuando el Gral. Brinzoni en un brevísimo discurso despidió los restos del fallecido dictador Leopoldo F. Galtieri indicando que la historia lo juzgaría. Poco antes de finalizar su mandato el presidente Eduardo Duhalde decretó la amnistía para el coronel Mahamed Alí Seineldín, el líder de la última rebelión carapintadacontra el presidente Menem en 1991 y para el líder del grupo que asaltó el regimiento de infantería en La Tablada, el antiguo miembro del ERP Gorriarán Merlo. El presidente Néstor Kirchner apenas asumió en mayo de 2003 procedió a un cambio fuerte de los mandos militares, lo que determinó el pase a retiro de 27 de los 42 generales del ejército, 13 almirantes y 12 brigadieres. El nuevo jefe del ejército el Gral. Brigada Roberto Bendini accedió tras esta fuerte sacudida. Dos grandes gestos debieron acometer las fuerzas armas. El local de la ESMA, Escuela de Mecánicos de la Armada ubicado en pleno Buenos Aires, debió ser trasferido desde el dominio militar para crear un «museo de la memoria». También hubo un gesto fuerte en el Ejército: el Gral. Bendini debió subirse a un banquito para descolgar personalmente los retratos de los Grals. Videla y Brignoni como antiguos directores del Colegio Militar. La etapa del olvido, sin embargo, todavía está lejana. Sin embargo en enero de 2006 se produjo la última marcha de las madres de la plaza de Mayo. La edad de las integrantes y los gestos realizados por el gobierno de Kirchner determinaron el fin de la movilización.

26Académicamente en los noventa comenzó a estudiarse el tema sistemáticamente como parte de proyectos de reconstitución de la memoria histórica. Se publicaron libros de memorias de protagonistas de los hechos, crónicas y se realizaron actividades para tratar de buscar el destino de los niños desaparecidos, tarea que realizó constantemente la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

27En el pequeño Uruguay de 3 millones de habitantes en sus 187000 kilómetros cuadrados, la represión no apuntó tanto a la desaparición de personas, aunque también ocurrieron episodios, como encarcelar o discriminar en condiciones muy duras a buena parte de los opositores izquierdistas. A diferencia de Argentina, Uruguay era país estable, con una de las más viejas democracias de la región. La acción de la izquierda en los años sesenta, y su contraparte, la represión para-constitucional de fines de los años sesenta, llevaron en 1973 a un golpe de Estado militar, cuando ya los guerrilleros urbanos estaban derrotados.

28Los militares uruguayos distinguieron entre la sedición, la manifestación armada del proceso y la subversión, la prédica constante contra el régimen socio-político existente, a la que consideraban más relevante. Para ellos tener una posición contraria a occidente y favorable al comunismo, aunque fuera en el simple plano de las simpatías partidarias era muestra de subversión. Por eso clausuraron los sindicatos, congelaron la actividad de los partidos políticos tradicionales e ilegalizaron a los de izquierda y restringieron los estudios universitarios.

29Calificaron a los ciudadanos en una escala de «A» (confiable) a «C» (persona inconfiable), pasando por «B» (personas necesarias para ciertas tareas pero que deben ser sometidas a vigilancia constante). Muchas de las personas con calificaciones «B» y especialmente los «C» vivieron en el país como si fueran exiliados, como ciudadanos de segunda (inxiliados fue la forma de denominar a estas personas). No había cargos judiciales contra ellos, sino constantes medidas administrativas para presionarlos a la inanición política. Para los que fue posible hacerles cargos, por militancia políticos partidaria «contraria a los intereses nacionales» o actividades sediciosas, se abrió la vía de los tribunales y cárceles militares.

30En 1980 tras siete años de dictadura el régimen dictatorial intentó legitimarse mediante un referéndum para aprobar una nueva Constitución que legalizaba la exclusión de la izquierda. Pero los militares cometieron un error de apreciación: creyeron que la población los apoyaría, pero el resultado les fue adverso. El 57% de los votantes rechazó el proyecto de constitución restrictiva. A partir de allí los militares perdieron confianza en su capacidad de conducir el país. Se autocalificaron como régimen de facto y abrieron una larga negociación con dirigentes de los partidos políticos tradicionales del país, colorados y nacionalistas (blancos en el habla popular) que culminó en 1984, aunque en el proceso se dejó de lado al partido nacional y se incorporó a la negociación a parte de la izquierda.

31Entre los principales arreglos que se alcanzaron para lograr la transición de régimen político estuvo la legalización de la izquierda partidaria no violenta y la restauración del régimen constitucional existente antes del golpe de Estado. Como había una larga tradición democrática liberal, de tipo occidental, gran parte de la negociación de salida estuvo centrada en su restauración.

32El nuevo gobierno democrático de 1984 apenas instalado amnistió a todos los detenidos políticos de izquierda vistas las duras condiciones de cárcel que habían sufrido, incluyendo a quienes habían participado en la violencia subversiva. Poco después, ex-detenidos y familiares de los mismos, o de los que habían fallecido, comenzaron a presentar denuncias ante el poder Judicial por abusos a los derechos humanos cometidos por policías y militares durante el período dictatorial. En 1986 la Justicia civil citó a varios oficiales militares frente a las denuncias de abusos, ante lo cual el Comandante del Ejército, Tte. Gral. Hugo Medina ordenó que no se presentaran, desobedeciendo al Poder Judicial. Los militares habían perdido el poder por falta de confianza en su habilidad política, pero como corporación militar no fueron derrotados, mantenían su organización y su capacidad para influir en la política cotidiana. La derrota de las fuerzas armadas fue política, no militar y tras el retorno de la democracia no estaban dispuestos a que se los castigase por su acción, por cuanto estimaban que la responsabilidad en la represión fue colectiva, por el cumplimiento de órdenes emanadas de los comandos de la época. En tanto sucesor de los comandantes, el de 1986, Tte. Gral. Hugo Medina respaldó la acción de sus antecesores. Para evitar la crisis que implicaba la desobediencia militar, el parlamento uruguayo votó una ley de curioso nombre (ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado), que, en la práctica, implicaba que el Estado no investigaría el pasado y declinaba castigar a militares y policías que hubiesen cometido crímenes contra la humanidad, una suerte de «pre-amnistía».

33La Constitución uruguaya permite a la ciudadanía revocar mediante referéndum las leyes que no refieran a materias presupuéstales o financieras, si se consigue la firma del 25% de la ciudadanía. Aprobada esa ley se conformó un movimiento para derogarla que logró interponer este recurso contra esa amnistía para militares y policías, a pesar del miedo persistente derivado de la dictadura. El referéndum llevado a cabo en 1989 mantuvo la ley en vigencia: un 56% de los electores decidió mantenerla.

34Pero con ello no se terminó la cuestión. Siguieron en curso reclamaciones por los casos de detenidos desaparecidos-muertos, reclamaciones económicas, a pesar de que en 1985 se reintegró a sus puestos a 15.000 funcionarios públicos (la mayoría de las áreas de educación y justicia), se devolvieron o pagaron compensaciones por sedes de partidos y sindicatos y se abonaron compensaciones por daños diversos. A finales de 1997, se decretó la reincorporación, en calidad de retirados, del personal militar que se opuso al golpe de Estado en 1973 o que participó en organizaciones consideradas subversivas. En el 2006, se votó una ley que retrotrae esos efectos en el tiempo amparando a militares que sufrieron problemas a partir de 1968.

35En Uruguay no hubo comisión de la verdad de carácter oficial. La organización no-gubernamental SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) publicó un informe titulado al igual que el argentino Nunca Más, de carácter puramente informativo. Al asumir la presidencia Jorge Batlle en el año 2000 se creó una Comisión Nacional para establecer el destino de los desaparecidos, sin que ello suponga ningún tipo de responsabilidad para militares o policías involucrados. La comisión trató algo más de 200 casos y finalizó sus trabajos en el 2003. Los resultados obtenidos fueron limitados, dado los bajos poderes de investigación de la comisión y la falta de apoyo institucional de los mandos militares. Confirmó la desaparición de 26 desaparecidos uruguayos en Uruguay y 55 uruguayos en Argentina. No puedo certificar que pasó con 73 casos de uruguayos en Argentina que, sin embargo, considera que sí fueron casos de desaparición. Pocos fueron los casos de hijos de desaparecidos que pudo esclarecer y apenas pudo establecer el destino de restos de dos casos. En la fase final de su acción se presentó un caso contra el ministro de Relaciones Exteriores de tiempos dictatoriales, Juan C. Blanco, no amparado por la Ley de Caducidad, que fue adelante, determinó su procesamiento y reclusión en prisión por seis meses. Al mismo tiempo se han iniciado trámites judiciales contra el ex-presidente Juan María Bordaberry que continúan al momento de escribir este trabajo.

36Al asumir el poder el presidente Tabaré Vázquez, se encaminó nuevamente una investigación en procura de conocer el destino de los desaparecidos, que implicó realizar excavaciones en predios militares y privados en busca de cadáveres. Un azaroso proceso de todo el año 2005 permitió al final del mismo obtener algunos restos, pero falta mucho para aclarar toda la situación. Mientras los militares, especialmente el Ejército ha continuado con una campaña de comunicación social, sustancialmente interna, para convencer a los oficiales jóvenes de apoyar a los camaradas retirados sometidos constantemente a escarnio público por su acción del pasado.

37Pese a la prédica en favor del olvido y a que una buena parte del daño material producido por la dictadura ha sido compensado, las heridas tardan en cerrarse. La disputa cada vez tiende al campo de la condena ética y moral. A diferencia de Argentina los militares no han pedido perdón y la gran mayoría de quienes fueron protagonistas y aún viven se niegan a investigar o a proporcionar informaciones, en algunos casos de muerte por la vía del secuestro y la desaparición. El caso uruguayo muestra como una fuerza armada intacta puede mantener una actitud de resistencia durante largo tiempo y una negociación no es fácil. A pesar de que los militares cuentan con poco respaldo en la población, de hecho la impunidad ha sido la regla para los que cometieron crímenes contra la humanidad. Los militares se justifican diciendo que «son excesos propios de toda guerra». El punto es que fueron excesos cometidos dentro del propio país contra compatriotas a los que ni siquiera se les aplicó el derecho de guerra establecido en las convenciones humanitarias de Ginebra, a pesar de ser mantenidos en prisiones militares.

39Chile también tenía una democracia estable hasta que en 1970 la izquierda ganó las elecciones y ensayó un gobierno de tinte socialista que contó con el apoyo de organizaciones armadas. El intento de colectivizar propiedades agrícolas e industriales motivó el repudio de los partidos de derecha y la centrista democracia cristiana. En tiempos de la guerra fría era obvio de que lado iban a alinearse las FFAA y cuales serían los apoyos exteriores. El gobierno socialista de Allende, electo por un tercio de los votantes, fue derrocado por la fuerza militar en 1973 iniciando una dictadura que duró hasta 1989.

40A diferencia de Argentina y Uruguay el régimen militar chileno contó desde el inicio con el apoyo manifiesto de un importante núcleo de la población. También a diferencia de esos dos países la fuerza militar asumió un compromiso corporativo formal de otro nivel, tratando de involucrar en el escalón político sólo a un número limitado de oficiales, y no a la casi totalidad de los mismos. Si bien hubo Juntas Militares, desde el inicio se decidió que habría un Jefe de Estado que estaría sobre las instituciones militares y que a la vez sería comandante del Ejército, el Gral. Augusto Pinochet. Su gobierno asumió caracteres caudillescos, o sea centrado en el protagonismo personal del Jefe de Estado y Gobierno.

41La represión de la izquierda fue dura, experimentando diversas formas a lo largo del tiempo. En la fase inicial muchos de los opositores fueron sumariamente ejecutados. Algunas personalidades relevantes del gobierno de Allende como el primer comandante del ejército Gral. Carlos Prats G. y el ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier fueron asesinados en otros países por órdenes del servicio de inteligencia chileno. El régimen fue duro. Hasta fines de los años setenta las principales ciudades se mantenían bajo toque de queda desde la medianoche al amanecer.  

42Cuando el régimen comenzó a tener éxito económico, luego de 1982, una buena parte de la clase media y los moderados demócratas cristianos consideraron que era tiempo de terminar con el régimen excepcional y retornar a la democracia liberal. En 1980 el régimen había aprobado una nueva Constitución restrictiva de las actividades de la izquierda. La idea de Pinochet era reducir la competencia política a sólo dos grandes alianzas, una de la derecha política y otra del centro. El proceso se extendió largamente y sólo en 1988, al ser derrotado Pinochet en un referéndum para extender su mandato con apoyo popular por otros ocho años, se abrió un proceso de transición.

43En 1989, asumió el nuevo gobierno democrático, conformado por una coalición de la antigua izquierda, ahora en posiciones moderadas, y los demócratas cristianos del centro. El nuevo gobierno debió cohabitar con instituciones que «aseguraban» a la derecha que no habría retorno a un nuevo gobierno de izquierda radical. El Gral. Pinochet continuó ejerciendo, por un período de ocho años, como comandante del Ejército, hasta marzo de 1998. Lo mismo podrían haber hecho los comandantes de los otros servicios armados, pero ninguno optó por ese camino. En la Cámara de Diputados la ingeniería electoral aseguraba que la mayoría no podría contar con 2/3 de las bancas y, de este modo, poder cambiar la Constitución sin consultar a la minoría. Para obtener dos diputados en circunscripciones binominales la mayoría debe doblar en votos a la minoría y no simplemente seguir la regla de la proporcionalidad. En la Cámara de Senadores había otros reaseguros. Se agregó un total de 9 senadores designados, cinco de ellos militares, que permitían equilibrar la balanza hacia la derecha. A su vez, el poder Judicial y los órganos de control financiero quedaban en manos de los mismos funcionarios designados por Pinochet. Al retirarse del Ejército en marzo de 1998, Pinochet, que contaba con 82 años, pasó a desempeñar como Senador Vitalicio en calidad de ex Presidente.

44Inicialmente la fuerza militar considerándose apoyada por cerca de un 40% de la población, de acuerdo a los resultados electorales se negó a realizar cualquier revisión sobre el tema abusos de los derechos humanos. El Decreto Ley 2191 del 19 de abril de 1978, cuando todavía estaba en plena vigencia el régimen dictatorial estableció de antemano una amnistía para cualquier integrante de los cuerpos armados que hubiese cometido cualquier abuso. Posteriormente los tribunales interpretaron la ley indicando que ni siquiera correspondía realizar investigaciones, dada la vigencia de esa ley, aplicando el criterio que se plasmó luego en la ley uruguaya.

45La parte difícil de la cohabitación entre la fuerza militar y los políticos de la Concertación (coalición de democristianos, socialistas y otros partidos que se opusieron a la dictadura de Pinochet) ha sido la rendición de cuentas por abusos a los derechos humanos. Durante el tiempo que Pinochet fue comandante del Ejército logró detener la mayoría de los intentos para encausar a subordinados suyos. Sólo su Jefe de Inteligencia el Gral. Juan Contreras Sepúlveda y el subdirector del servicio Gral. Pedro Espinosa pudieron ser encarcelados en 1995 debido a su implicación en el asesinato de Orlando Letelier que se produjo en Washington en 1976. Sólo el hecho de que el asesinato de Letelier se diera en territorio de los EEUU permitió ese resultado. En el año 2002 sus condenas fueron cumplidas, aunque todavía enfrentan otros procesos.

46Al asumir el presidente Patricio Aylwin la presidencia se nombró por Decreto Supremo 355 del 25 de abril de 1990 una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conformada por ocho personalidades, presidida por Raúl Rettig e integrada por otras seis personas, dos de ellas antiguos funcionarios civiles del gobierno de Pinochet. El Informe Rettig presentado en 1991, constata casos de desapariciones, ejecuciones, uso indebido de la fuerza, muerte en período de toque de queda, abuso de poder, actos terroristas y torturas. Según el informe 3.190 personas fueron muertas por razones políticas y 1.197 desaparecieron. La comisión tuvo notorias dificultades para obtener información de las corporaciones armadas. Los que aportaron más información fueron la Fuerza Aérea y la Armada. Fue mucho más difícil conseguir datos de Carabineros y del Ejército, que no contestaron a algunos requerimientos y en la mayoría de los casos informaron que los antecedentes posibles no estaban en archivos por haber sido incinerados por decisiones legales.

47La comisión de todos modos elevó algunos casos a los Tribunales, dado que por si misma no tenía capacidad jurisdiccional. En el informe público no se incluyó ningún nombre que individualizara responsables.

48El trabajo de la Comisión fue continuado durante los gobiernos de Aylwin y Frei por la Corporación Nacional para la Reparación, creada por Ley del 8 de febrero de 1992. La Corporación recibió casos de la Comisión de la Verdad (347 y rechazó 641) y asumió nuevas denuncias haciendo un total de 899 hacia fines del año 1999. Pero, al igual que la Comisión Rettig careció de facultades judiciales.

49Lentamente mientras tanto, el Poder Judicial fue cambiando su jurisprudencia y algunos casos finalmente se sustanciaron. Al presente, cerca de 84 personas pertenecientes a los servicios armados y Carabineros afrontan procesos, comenzando por Augusto Pinochet, mientras que 28 fueron condenados, algunos de ellos a penas que no supusieron prisión efectiva.

50En 1998 Augusto Pinochet realizó un viaje privado a Gran Bretaña, para tratar un problema de salud. A pesar de que se sabía que el juez español Baltazar Garzón había comenzado a sustanciar un proceso contra él y que podría ocurrir que solicitara su extradición, los asesores de Pinochet no creían que las autoridades españolas y británicas llegaran a poner en marcha el mecanismo judicial. Fue un error. Pinochet permaneció en condición de arrestado en Gran Bretaña por diecisiete meses, entre octubre de 1998 y marzo del año 2000, mientras se sustanciaba un largo proceso, por aspectos procésales, ante la justicia británica, acerca de si procedía o no el pedido de extradición del juez español.. Culminó con la intervención de la Cámara de los Lores, como tribunal de apelación. El tema constante de discusión fue si Pinochet podía ser o no sometido a juicio. Finalmente se decidió que por razones de salud no podía afrontar un juicio de extradición y por las mismas razones fue retornado a Chile. Al llegar a su país también allí se le planteó una acusación ante los estrados. Posiblemente fue una de las formas de acceder a la liberación del dictador en Londres. Los generales chilenos Ricardo Izurieta (primer sucesor de Pinochet como comandante del Ejército) y Juan Emilio Cheyre (sucesor de Izurieta a partir del año 2002) convencieron al anciano dictador a enfrentar el juicio dado que se lo exoneraría por razones de salud. Finalmente el juicio quedó en suspenso por problemas de salud del acusado, aunque a fines del 2004 se revirtió esa decisión. Mientras, Pinochet dejó de concurrir al Senado y de aparecer en público, siendo recluido en su domicilio. Al presente el Gral. Sergio Stark Arellano es el oficial de mayor jerarquía que está en prisión preventiva en dependencias militares, acusado de ser el responsable de la llamada «caravana de la muerte» una serie de ejecuciones llevadas a cabo tras la recorrida hecha por Stark en varias guarniciones del país. Pinochet, mientras tanto es parte de un ballet donde se discute constantemente si puede o no afrontar un juicio. También se ha extendido el campo de las denuncias de los derechos humanos al de la corrupción, alcanzando asimismo a su familia.

51En Chile, donde la fuerza militar sufrió sólo una derrota política parcial, la resistencia a aceptar denuncias por los abusos cometidos contra los derechos humanos fue notoriamente alta. La clave para el llamado a responsabilidad estuvo en la presión proveniente del exterior. Internamente la negociación constante entre sectores antagónicos condujo a una cohabitación, en la que cada actor estuvo obligado a realizar concesiones al otro, pero al mismo tiempo era imposible imponerle una solución que atendiese exclusivamente los intereses de un sólo grupo. Es cierto que la convergencia de todos los sectores respecto a las bondades del modelo económico proveniente de la fase final de la dictadura ha facilitado el proceso. Le prisión de Pinochet llevó a que lentamente los apoyos civiles del dictador tomaran distancia con su régimen. Lo siguieron defendiendo pero ya puramente en el campo simbólico. Lo mismo hizo la fuerza militar, especialmente el Ejército, que luego del período en que estuvo al mando el Gral. Izurieta y a partir del 2002 con el comando del Gral. Cheyre, se preparó para la etapa totalmente post-Pinochet. Durante el tiempo de la detención de Pinochet en Londres, Cheire fue el Agregado militar del Ejército en la Embajada de Chile en ese país. A pesar de que hay denuncias no formales contra el Gral. Cheyre, no fue iniciada ninguna acción judicial contra él.

52El cambio de jurisprudencia ha permitido llevar adelante ciertos procesos, pero en la práctica salvo algunas detenciones por casos flagrantes, que de todos modos suponen cierta protección militar dado que los procesados cumplen la prisión preventiva en dependencias militares y los condenados en una prisión especial en Punta Leuco, la mayoría de los integrantes de los cuerpos armados y de Carabineros eludieron las posibles responsabilidades por abusos a los derechos humanos. El tiempo corre en favor de la clausura de los posibles procesos por la edad de los posibles acusados.

53En el 2004 el presidente Lagos nombró una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura encabezada por el Obispo auxiliar emérito de Santiago Sergio Valech, que examinó durante un año testimonios sobre más de 35000 presuntas víctimas. La comisión estableció mapas de centros de detención y centros de torturas en el país en el cual figuraron comisarías policiales, unidades militares, incluyendo navíos y lugares de detención clandestinos. El 60% de los casos correspondió a detenciones efectuadas inmediatamente después del golpe del 11 de septiembre de 1973, cuando la cifra trepó a cerca de 25.000 personas. En 1974 las detenciones fueron de 6.000 personas, en 1975 unas 3000. A partir de 1976 los arrestos disminuyeron pero aumentaron las torturas.

54En noviembre de 2004 y adelantándose a la publicación del reporte de la Comisión Valech, el Comandante del Ejército Cheyre publicó una autocrítica titulada El fin de una visión. En ella la institución militar indica que ha tomado la dura e irreversible decisión de asumir la responsabilidad, que le compete como institución en todos los actos punibles y moralmente inaceptables del pasado. El comandante Cheyre se pregunta si el escenario de conflicto global que entonces existió puede servir de excusa por las violaciones a los derechos humanos y se responde con un inequivocable no. Reconoce sí que el Ejército no pudo sustraerse a la vorágine de una visión, la de la «guerra fría». Cheyre sostuvo que la verdad lleva paz a los ánimos, pero debe ser una verdad completa y debe ser comprendida en el contexto histórico en que se registraron los hechos. Cheyre recordó que en más de una oportunidad el Ejército reconoció faltas y delitos cometidos por personas de su organización y que ha colaborado con los tribunales de justicia, en la medida en que le fue posible, a los procesos de verdad y reconciliación. Los cuerpos policiales también realizaron una fuerte autocrítica.

55Con un Pinochet aún vivo y con un juicio que se arrastra en espera de que una piadosa muerte termine el proceso, la disputa queda centrada todavía en el campo partidario, ideológico y en la memoria de sangre por lo sufrido, pero esto sólo está convocando a grupos específicos. El empuje exterior en busca de otros responsables, fundamentalmente el ex Consejero de Seguridad Nacional y luego Secretario de Estado Henry Kissinger, mantiene vivo el tema, pero en Chile, donde fue el gobierno de la Concertación quién tuvo que asumir la defensa de Pinochet, y paradójicamente bajo una cancillería en manos de socialistas, el tema globalmente está difuminándose lentamente de la agenda política, pero no de la mediática.

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56La derrota total de uno de los adversarios, tanto militar como política es una de las formas radicales de resolución de un conflicto. Sin embargo, este tipo de salida de una confrontación violenta no se ha dado en la región latinoamericana en los últimos tiempos. Las dictaduras sureñas terminaron con los grupos subversivos, pero no pudieron obtener legitimidad para imponerse políticamente. Ni siquiera en el caso del «exitoso» régimen de Pinochet, que no pudo remontar el estigma de su origen sangriento en el golpe de 1973, el suicidio de Allende y la represión posterior. La permanencia durante un tiempo más largo de la dictadura y el rápido olvido de acciones represivas, mucho menos resonantes, hizo que los brasileños pudiesen superar con menos traumas el episodio. En Uruguay la derrota política de la fuerza militar fue marcada al punto que en el año 2005 la mayoría de los integrantes del nuevo gobierno que asumió el poder en marzo de ese año estuvo o en prisión, o exiliado o con derechos recortados en el período dictatorial. En Argentina a la derrota política se agregó una derrota militar, pero no contra organizaciones subversivas, sino ante los británicos, tras la aventura de la guerra de las Malvinas-Falkland.

57Ello condujo en todos esos países a cohabitaciones forzadas entre fuerzas militares «victoriosas» en el campo militar contra los subversivos, pero carentes de legitimidad en el ámbito político, con una imagen mala frente a la opinión pública por los abusos cometidos durante el período dictatorial, a lo que hay que agregar en el caso argentino la aplastante derrota sufrida en una confrontación convencional, demostrando la incapacidad profesional de la institución armada.

58Lograr cerrar un conflicto violento que supone la derrota total de uno de los bandos supone disponer de cuatro recursos: fuerza, legitimidad, tiempo y dinero

59En la mayoría de los casos, sin embargo, los conflictos violentos intraestatales terminan por un acuerdo entre partes, sin que haya una imposición y ocupación por parte de una fuerza militar externa. Por ello, no puede decirse que haya un vencedor total. El marco temporal en el que se encuadran estos procesos para lograr la pacificación trasciende el corto y mediano plazo de los acuerdos de paz. Zanjar el pasado es una tarea comprehensiva y de largo aliento. Los pactos de salida más eficaces fueron y son aquellos que, habiendo reconocido este hecho, establecen una clara distinción entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Las primeras son susceptibles de ser contestadas en el marco de la disputa política diaria por la conducción del Estado. Las segundas constituyen los pilares del nuevo contrato social de salida, que todos los actores se obligan a respetar.

60Los acuerdos de paz se hacen entre moderados de los dos sectores. Siempre se trata de aislar a los sectores extremistas, a los que no quieren un compromiso. El desarrollo de la lucha puede determinar que una de las partes tenga mayor peso que la otra en el momento inicial del arreglo. Por ello los moderados del sector que controla la situación tienen una fuerte responsabilidad inicial: elegir bien la contraparte con quién negociar. A veces el protagonista más fuerte de la resistencia no es la mejor opción, sino otro actor más débil, pero simbólicamente reconocido por la mayoría de la población como representante válido del grupo. Durante las negociaciones del proceso de transición de régimen, suelen aparecer personajes que encarnan la voz de la moderación de uno y otro campo en algún momento preciso del proceso. Dichos personajes suelen representar el «mínimo común denominador» de las expectativas del bando que integran y pueden jugar un rol de «gozne y bisagra» en la transición. Las transiciones exitosas son aquellas en las que estos personajes son rápidamente identificados y aceptados como contraparte en la negociación por los moderados del grupo ganador. Ello no implica que se pueda prescindir de liderazgos o inventar representaciones allí donde no las hay. Pero debe apostarse al liderazgo moderado y, dentro de lo posible, a una coalición con altos grados de representatividad en la que primen las voces moderadas. Si el liderazgo está disperso y el sector que negocia carece de autoridad, el conflicto es muy difícil de que entre en una situación que conduzca a un acuerdo, un arreglo.

61La negociación supone firmeza en la sustancia y flexibilidad en las formas. Depende del tipo de conflicto y de la profundidad del mismo si la presencia de mediadores y/o garantes es necesaria. La agenda de temas a negociar debe ser lo más amplia posible, de modo de que no queden puntos sueltos, sin una solución. Sin embargo, es preferible dejar de lado temas muy polémicos si los mismos amenazan con cerrar todo camino a un acuerdo. Pero la experiencia también indica que posponer sistemáticamente los temas centrales del conflicto lleva a una situación de mantenimiento del statu quo de la negociación sin que haya acuerdo definitivo y un cierre del proceso, aunque se pueda vivir en una situación de paz, sea «varsoviana» o meramente por falta de otras posibilidades de continuar el conflicto por agotamiento de recursos físicos y espirituales por parte de las partes enfrentadas.

62La desmovilización de combatientes es un tema delicado. Normalmente los que pierden la calidad de combatientes son personas que han conseguido una situación de privilegio al ser parte de cualquiera de las organizaciones confrontadas. Con el fin del conflicto violento deben retornar a una vida rutinaria, para la cual es muy posible que carezcan de habilidades que les permitan tener una situación social y estatus equivalente. Un campesino o residente urbano semianalfabeto, o que sólo posee la instrucción primaria básica, encuentra serias dificultades para tener una ocupación de rango equivalente en la vida civil. Una desmovilización exitosa, que impida el surgimiento del bandidismo, implica el lanzamiento de programas de capacitación y de apertura de oportunidades efectivas de trabajo para aquellos que retornan a la vida civil. La existencia de procesos fallidos de desmovilización, con el incremento de la delincuencia y la consiguiente inseguridad constituye un desincentivo en las conversaciones de paz múltiples y escalonadas, cuando la negociación implica más de un grupo de combatientes. Las dificultades emanadas de los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala fueron notorias y todavía se hacen sentir. Otro caso notorio que no hemos abordado aquí ha sido el de Haití donde tampoco se pudo lograr una reinserción adecuada. El punto es muy relevante para el futuro de Colombia.

63En un pacto de salida es crucial acordar cual será el futuro de las fuerzas de seguridad y militares del país. Ello incluye negociar el destino y rol futuro de los antiguos jefes que protagonizaron y encarnaron los aspectos más duros del conflicto. También implica definir y pactar cuales serán las futuras misiones, doctrinas, presupuesto y formas organizativas de las instituciones militares y policiales. En algunos casos, se debe llegar a la refundación de la fuerza armada y/o policial, lo que presupone un apoyo sustancial tanto en términos de recursos financieros como de asistencia técnica por parte de la comunidad internacional. La supresión de una fuerza armada sólo es factible si se dispone de la fuerza necesaria para imponer su desmovilización, o sea una fuerza militar que no puede ser confrontada con éxito. La capacitación para el manejo de las instituciones dela fuerza pública debe extenderse a los profesionales de la política y de la sociedad civil en materia de seguridad y defensa, ya que es imposible controlar una fuerza y un tema que se desconoce. Estas acciones deben ser combinadas con los planes de desmovilización. Los tropiezos de la Argentina y el Uruguay a fines de los ochenta, la traumática presencia de Pinochet durante la primera parte de la transición indica que hay que buscar vías alternativas.

64Los mecanismos posibles para llegar a la paz parten de la aceptación de compromisos por todas las partes. A veces tales compromisos pueden consistir en compartir el poder (power sharing). Los mecanismos para hacerlo efectivo pueden ser jurídico-constitucionales, arreglos en el sistema electoral o garantías que impliquen la existencia de normas formales o de mecanismos informales consensuados. Sin embargo, la historia ha demostrado que los arreglos para compartir el poder que se hacen exclusivamente por vía de ingeniería política son inestables si no están acompañados de otro tipo de garantías. Estas garantías provienen de dos áreas: el manejo de la economía y el control de la coerción física. Mientras que los cambios de ingeniería institucional son relativamente fáciles de acordar en el papel, las garantías económicas y de coerción requieren tiempo y acciones concretas de desarrollo. En los dos últimos casos, en efecto, se trata de factores que entran en el paquete de causas básicas de los conflictos y no pueden ser modificados solamente en forma declarativa. A fin de cuentas el poder compartido supone llegar a nuevas formas de integración social, a la construcción de un «patriotismo constitucional», como principal referente, superando viejas identidades que sólo llevan a reconstituir el antiguo conflicto.

65 La mayoría de los casos que hemos visto han supuesto una incómoda cohabitación entre una fuerza militar, a veces triunfante, a veces derrotada, pero no por los insurgentes como fue el caso de Argentina, y otras fuerzas, cohabitación que supone que ninguno de los dos bandos pueda adjudicarse un resultado conclusivo. En el caso de la derrota militar, el vencido puede apelar a la continuación de la lucha en otros campos, especialmente en el simbólico, recurriendo a apoyos exteriores. Una derrota militar no implica necesariamente al mismo tiempo una derrota política. Si el triunfante instaura un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos, que no pone en práctica entre la población las garantías propias de un gobierno legítimo, sus posibilidades de consolidarse son muy bajas y el triunfo militar puede convertirse en una derrota política.

66La paz y la reconciliación luego de un conflicto violento tienen costos materiales importantes: seguramente deben pagarse reparaciones personales por vía de resoluciones administrativas o de la justicia civil y en muchos casos hay costos de reconstrucción de lo destruido durante el conflicto. En muchas sociedades el problema central es la disputa por la propiedad. La misma puede haber estado en manos de un sector social minoritario o puede haber sido confiscada, provocando el desplazamiento de poblaciones. Dependiendo del grado de complejidad tanto de la sociedad como del conflicto, el tema de las reparaciones se torna más difícil. A veces se puede reinstalar en el empleo a quienes lo perdieron, pero en otras el paso del tiempo o el hecho de pasar a ser una persona con problemas físicos o psicológicos resultado del conflicto, o meramente por el paso del tiempo, supone que sólo es posible pagarles retiros y/o indemnizaciones. Si la persona ha muerto hay que dar compensaciones a los familiares.

67Las compensaciones no son exclusivamente económicas. Tampoco exclusivamente jurídicas. Deben tener un fuerte contenido simbólico, que apunte a una reparación emocional, para tratar de compensar los sufrimientos pasados durante el ejercicio de la violencia. Una de las grandes lecciones aprendidas es que no hay paz si la población no siente que está recibiendo «el dividendo de la paz», es decir, mejoras perceptibles en la calidad y el nivel de la vida cotidiana. Sin embargo, muchos de los conflictos actuales dejan como saldo (y a veces son originados por) un núcleo duro de problemas de intereses. Tal es el caso de la tenencia de la tierra. Sólo si la población percibe que gana algo tangible en el proceso de paz podrá aceptar el costo de transacción implícito en cualquier pacto en el que algunos habrán de perder y otros habrán de ganar bienes y recursos escasos. Ello pone a los programas de desarrollo en el centro mismo de los procesos de resolución de conflictos. Pero también importan las compensaciones simbólicas. A veces suponen la construcción de memoriales, la realización de ceremonias, en otras la construcción de una memoria y luego de una historia.

68El conflicto se supera cuando el miedo y la incertidumbre comienzan a despejarse, cuando se reconstituye el tejido societal y es posible tener un mínimo de confianza en el futuro. Esto supone tiempo y un esfuerzo constante de las elites en el campo simbólico y práctico para ayudar a este proceso de recuperación. En muchos casos el mismo supone la reconstrucción o directamente la constitución de nuevas identidades nacionales (la referencia al patriotismo constitucional, la adhesión al pacto básico que mantiene la cohesión de la unidad estatal es la mejor solución) o la aceptación de la pertenencia a una entidad estatal de carácter multinacional y multicultural. Estas identidades y sentimientos de pertenencia se construyen y consolidan cuando dos factores están integrados al proceso: la lucha para reducir los niveles de pobreza y la mejora de la calidad y estándares de vida de toda la población, por un lado, y la participación de todos y la apropiación por todos del proceso de toma de decisiones. En muchas transiciones, principalmente las de Europa del Sur de los años setenta y en el momento inicial de las sudamericanas, un proceso de concertación social acompañó con éxito a la negociación política.

69Poner en marcha mecanismos judiciales para castigar crímenes contra la humanidad en el caso de conflictos que se cierran mediante una negociación no es sencillo. Generalmente ninguno de los bandos es totalmente inocente. Ello implica que, a menudo, los propios negociadores o los sectores que ellos representan pueden ser acusados de haber violado derechos fundamentales y sus dirigentes son pasibles de aparecer ante tribunales. Una lección repetida hasta el cansancio por los actores de diversas transiciones es que parte de los interlocutores de una negociación de transición difícilmente constituyen parangones de democracia o liberalismo, pero que sin ellos no se avanza hacia la liberación del régimen y luego a la democracia. Esto plantea el viejo dilema del lugar de la ética y el de la política.

70 Intentar clausurar el pasado mediante soluciones jurídicas internacionales plantea problemas tanto internos como internacionales para los cuales aún no se ha encontrado solución. En lo interno, la lógica jurídica y los tiempos de un Tribunal Internacional chocan a menudo con los tiempos políticos de la negociación y la evolución psicosocial del proceso de reconstrucción del tejido social. En el plano internacional, los Tribunales carecen de contrapartes reales del mismo nivel en el plano ejecutivo. Se necesita el apoyo de una fuerza de coerción, o de la fuerza perteneciente a una coalición internacional, para realizar la tarea de tipo policial, búsqueda de delincuentes y de pruebas. Si se carece de estas herramientas el accionar del Tribunal se vuelve lento y es percibido muchas veces como inoperante. Para ofrecer todos los recaudos legales que necesitan los acusados, en el caso de conflictos que suponen una negociación entre partes y hay crímenes contra la humanidad, las sentencias ejemplarizantes rara vez llegan a los niveles altos. Por lo general, sólo alcanzan a actores de segundo orden y difícilmente logran trasmitir el deseado mensaje, que en materia de crímenes contra la humanidad ninguna persona está más allá de la ley.

71De todos modos queda la lección de la historia, pero recordando a Aldous Huxley quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió lecciones de la historia y por eso puede repetirse la necesidad de cerrar un pasado traumático.