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Dossier
Mujeres y diversidad de géneros

Pensar la inclusión ante una guerra cotidiana contra las mujeres

Un análisis de los femicidios y la impunidad en Costa Rica
Inclusion in the Face of a Daily War Against Women: an Analysis of Femicides and Impunity in Costa Rica
Penser l’inclusion face à une guerre quotidienne contre les femmes : une analyse des fémicides et de l’impunité au Costa Rica
Mariana Mora

Resúmenes

Los femicidios son la expresión última de una violencia extrema contra las mujeres. Centroamérica y el Caribe son uno de los territorios más peligrosos para la vida de las mujeres. A través de una cartografía de femicidios para Costa Rica, se analizan las imbricaciones de la violencia extrema contra las mujeres junto a otras formas de desigualdad y opresión social. De forma particular se aborda la impunidad como un elemento crucial para comprender el continuum de la violencia contra las mujeres. Ante esto, surge un cuestionamiento al concepto de nuevas ciudadanías. ¿Cuáles son los sujetos y los cuerpos que encarnan dichas ciudadanías?, ¿cómo imaginar nuevas ciudadanías en contextos de guerra de “baja intensidad” contra las mujeres (Falquet 1997) o de necropolítica de género (Sagot 2013) en la región? A partir de una larga experiencia de investigación en femicidios intentaré dar respuesta a estas y otras interrogantes que suscitan el presente dossier.

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Introducción

1En los últimos años, conceptos como “nuevas ciudadanías” o “inclusión”, han ocupado los debates académicos y políticos. Estas nociones se emparentan con otras, como democracia, igualdad y derechos humanos. Desde una perspectiva feminista, históricamente se ha tenido que preguntar por el lugar de las mujeres en el marco de estos “nuevos” discursos. Definir la noción de inclusión es una tarea compleja en tanto ha sido una categoría política amplia y difusa. En las ciencias sociales, la definición de inclusión remite a la participación de grupos heterogéneos en la sociedad en condiciones de igualdad, esto a partir de esfuerzos por incorporar cultural, social, económica, cívica o políticamente a grupos sociales desfavorecidos, marginados o subalternos (Zilla 2022).

2Partiendo de las múltiples experiencias de mujeres, ¿es posible imaginar sociedades inclusivas que aseguren una vida libre de violencia? Interesa aquí cuestionar de forma más precisa si es posible imaginar sociedades inclusivas en los contextos de guerra que viven las mujeres, dado que los femicidios son la expresión última de una violencia extrema. Latinoamérica, específicamente Centroamérica y el Caribe, es uno de los territorios más peligrosos para la vida de las mujeres (CEPAL 2024). Ante esta dolorosa realidad, la pregunta sobre la inclusión en contextos de violencia cotidiana y extrema se torna fundamental.

3Estas reflexiones se desprenden de un proceso previo de investigación doctoral, en donde analicé las tensiones por el reconocimiento y las luchas por la justicia en torno a los femicidios en Costa Rica. En esta, desarrollé un análisis sobre la producción de datos de femicidio por parte del Estado, lo que me llevó a constatar varias hipótesis relacionadas con la exclusión de ciertos escenarios de femicidio, así como elementos de una impunidad oculta en el país. Metodológicamente, este ejercicio conllevó varias etapas: primero, una revisión sistemática de las noticias sobre femicidios presentadas en distintos medios de comunicación, lo cual permitió construir una base de datos para el periodo 2017–2020; segundo, un análisis de los informes estadísticos sobre femicidios publicados por el Estado a través del Poder Judicial para el periodo 2011–2020, material que permitió contrastar con la base de datos; y finalmente, el análisis estadístico y crítico en torno a esta problemática en el país. Los resultados mencionados en torno a la exclusión de ciertos escenarios de femicidio, así como la impunidad oculta, son significativos en tanto permiten cuestionar la efectiva ampliación de derechos para las mujeres – lo cual debería de incluir el reconocimiento de las múltiples violencias vividas, así como garantizar un efectivo acceso a la justicia. Con el objetivo de visibilizar esta crítica y de ampliar así el debido reconocimiento a las mujeres víctimas de femicidio, es que produje una herramienta interactiva llamada “Cartografía de femicidios en Costa Rica”, la cual es de libre acceso (Mora 2025).

4Para dar respuesta a las luchas por la justicia ante los femicidios, metodológicamente llevé a cabo un estudio de casos. A partir de entrevistas en profundidad, se conoció sobre los distintos procesos judiciales que enfrentan familiares de las mujeres víctimas de femicidio. Con esto, se revelaron distintos momentos de lo que podemos denominar el continuum de la impunidad en los femicidios. Es decir, una reiteración, sistematicidad y recrudecimiento de las violencias contra las mujeres, evidenciando así las múltiples violencias estatales que sufren tanto las víctimas de femicidio, como posteriormente sus familiares. A pesar de este contexto de violencia y desigualdad, distintas comunidades, familiares y movimientos feministas se han articulado para exigir justicia. Es así como se quiere finalizar con el poder de movilización y transformación que poseen los movimientos sociales y con esto, su fuerza por exigir políticas efectivas que aseguren una vida sin violencia para las mujeres.

5El presente artículo se encuentra organizado en tres partes. La primera introduce la crítica feminista en torno a nociones liberales de democracia y ciudadanía, esto con el objetivo de cuestionar la construcción androcéntrica, universalista y abstracta que ha persistido en su definición. Se toma como referencia la participación política de las mujeres en el contexto de las guerras civiles de las décadas de los ochenta en Centroamérica, así como las tensiones producto de los procesos de paz y el reconocimiento de los derechos de las mismas. La segunda parte presenta el marco epistemológico del análisis de las violencias contra las mujeres y, en particular, de los femicidios. Esto se hace posicionando la particularidad de las reflexiones feministas centroamericanas en el debate, así como propuestas que abordan estas violencias como parte de una guerra contra las mujeres (Sagot 1995 y 2013, Falquet 1996, Segato 2014). El objetivo con esto es cuestionar las posibilidades de inclusión social en sociedades contemporáneas donde se ejerce cotidianamente una guerra sobre las vidas y cuerpos de las mujeres. La tercera parte se adentra en el caso particular de Costa Rica, específicamente a través del análisis de la impunidad en los femicidios. A partir del contexto país, se desea problematizar la inclusión social y la noción de nuevas ciudadanías, en tanto se evidencia un continuum de la impunidad que excluye por ende a las mujeres y a sus familiares del acceso a la justicia.

1. Democracia, inclusión social y exclusión de las mujeres

6Como señala Norbert Lechner (2000), la ciudadanía se ha definido históricamente en referencia al Estado y el sistema político. En esa línea, ha sido el ámbito político-estatal quien otorga reconocimiento e integra como miembros de la comunidad a las y los ciudadanos. Aquí se desprenden algunos sentidos asociados a la ciudadanía, tales como el de identidad, igualdad, libertad o seguridad. Para Chantal Mouffe y Hortensia Moreno (1993), el liberalismo ha contribuido a la formulación de la ciudadanía universal con base en la afirmación de que todas las personas nacen libres e iguales, reduciendo así la ciudadanía a un estatus meramente legal.

7Asimismo, “la ciudadanía se constituye en una noción que resalta su impronta hegemónica a partir de la existencia de una racionalidad instrumental ligada a fines; la separación entre la esfera de lo público y lo privado – expresadas en el Estado y en la sociedad civil, respectivamente – y, por último, la existencia de una esencialidad que define las prácticas de los sujetos políticos” (Del Valle Truccone 2022, 16). De esta forma, nociones como Estado, ciudadanía y derechos encierran la paradoja entre la exclusión de lo otro y la creación de un consenso a partir del ocultamiento del conflicto u antagonismo social.

8Considerando que este debate posee más de un siglo de desarrollo, es importante delimitar que el presente artículo se desprende de una aproximación feminista a nociones que se han presentado en la historia como universales, abstractas y objetivas. Desde el contexto histórico de la Ilustración, encontramos a Olympe de Gouges y otras autoras feministas ilustradas quiénes disputaban la noción de ciudadanía y democracia liberal. Sus demandas buscaban el ser reconocidas como sujetos políticos, con derechos y deberes ciudadanos. El feminismo ilustrado fue sumamente crítico en develar la forma en que la revolución de las luces no alcanzó realmente a todas las poblaciones. Las mujeres formaron parte de las luchas políticas de la época por la transformación del tipo de gobierno, buscando así que el poder residiera en el pueblo y no en la monarquía. Y, sin embargo, es conocida la derrota política que sufrieron las mujeres, en tanto una vez conseguida la revolución, estas quedaron por fuera de la noción misma de ciudadanía.

9Históricamente, este contexto se ha repetido una y otra vez. La supuesta neutralidad que se le atribuye a nociones tales como ciudadanía o democracia, revelan una estrategia en donde los grupos dominantes definen este paradigma desde la exclusión. Como señala Sagot, “la abstracción engañosa de las teorías dominantes sobre la democracia está saturada de sexo, de clase, de etnia y de sexualidad, pero con la intencionalidad de ocultarlos y de excluirlos” (2014, 39), y la prueba de esto se encuentra en los constantes resultados desiguales y discriminatorios contra las mujeres y otros grupos.

10Un contexto que permite problematizar nuevamente esta discusión, lo refleja la década de los noventa en Centroamérica con los distintos procesos de paz y democratización. Las mujeres centroamericanas formaron parte activa de las luchas revolucionarias por la justicia social y, sin embargo, una vez concluida la guerra, las demandas de estas pasaron a un segundo o tercer plano. Esto fue así tanto en contextos donde la revolución fue exitosa como el caso de Nicaragua (Cuadra y Jiménez 2010); como en los procesos de pacificación que se vivieron en los demás países de la región (Monzón 2015).

11Ahora bien, siguiendo el hilo conductor de este análisis que hace referencia a la violencia contra las mujeres, se puede apreciar la forma en que las reflexiones feministas centroamericanas enmarcan dicha violencia como una forma de guerra social. En los procesos de negociación por el fin de la guerra, las feministas idearon una importante consigna: “la paz comienza en casa”. Con esto, las mujeres afirmaron que no se podía hablar de paz social en la región, si no se comprendía también que la violencia contra las mujeres es una guerra cotidiana, permanente y recluida al espacio privado.

  • 1 Es de remarcar que La Cuerda continúa hoy siendo un referente feminista en Centroamérica. Recomiend (...)

12Este contexto de invisibilización y supeditación del avance de los derechos de las mujeres impulsó una ruptura a lo interno de los movimientos sociales y partidos políticos, en tanto las mujeres decidieron organizarse de forma autónoma para defender una agenda política propia, una agenda en donde la vida de las mujeres era colocada en el centro. De esta forma, en la década de los noventa en la década de los noventa se da una proliferación de espacios y acciones feministas en la región, revelando un contexto de alta participación política, así como una expansión de las reflexiones teóricas. Surgen entonces nuevos grupos en defensa de los derechos de las mujeres y se organizan encuentros internacionales que permiten poner en diálogo las distintas experiencias de las mujeres – como por ejemplo el primer Encuentro Centroamericano de Mujeres en Nicaragua en 1992, o el VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en El Salvador en 1993 –. También se publican nuevos periódicos y revistas feministas que tenían por objetivo contribuir en la divulgación del pensamiento y la acción política del movimiento – por ejemplo, La Cuerda1, revista publicada por primera vez un 08 de marzo de 1998 en Guatemala –.

13Esta multiplicación del quehacer feminista tuvo un importante efecto en la política pública. Como señala Sagot (2014), el feminismo centroamericano logró incorporar la igualdad de género como parte del discurso público y con esto contribuyó en la transformación de la institucionalidad de los Estados y los sistemas legales de la región. Este contexto de relativa apertura democrática permitió que el movimiento de mujeres posicionara los derechos de las mujeres en el centro de los debates sobre la democracia y la paz. Por ejemplo, en Costa Rica, se aprobaron al menos 21 leyes que buscaban defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en 1990, la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia en 1995 o la Ley contra la violencia doméstica en 1996.

14Este contexto revela que, si bien hubo un avance en el reconocimiento formal de algunos de los derechos de las mujeres, no se estaban realmente resolviendo los nudos duros de la desigualdad: ya sea en términos económicos, políticos o de género. Desde una perspectiva crítica, se puede asumir que la democracia liberal logra captar las demandas por la igualdad formal de género, sin que esto signifique un cambio o transformación del sistema como tal. Es aquí donde se hace necesaria una lectura de economía política para comprender la forma en que las políticas neoliberales logran ajustarse a las políticas de la igualdad formal. Las democracias liberales funcionan bajo la lógica del capitalismo, y como señala Sagot (2014) estas se encuentran conectadas con la colonialidad del poder y son responsables del aumento exponencial de todas las formas de violencia en la región.

15A continuación, interesa cuestionar si es posible imaginar nuevas ciudadanías o sociedades inclusivas cuando se está frente a contextos generalizados de violencia extrema contra las mujeres – femicidios –, tal y como es el caso de Centroamérica y el Caribe.

2. Las violencias contra las mujeres bajo la lógica de una guerra cotidiana

16La década de los años setenta y ochenta en Centroamérica revela un contexto de profunda convulsión social, dictadura y sueños de revolución. En distintos países de la región, los conflictos armados y la represión política merma la estabilidad social. En países como Guatemala o El Salvador se evidenció el papel del Estado en el recrudecimiento de las violencias sociales. De forma directa o indirecta, el Estado fue autor y responsable de múltiples violencias y, en particular, de aquellas ejercidas contra los cuerpos de las mujeres. Las violencias sexuales que sufrieron las mujeres mayas en Guatemala, particularmente – bajo la denominada política de tierra arrasada durante el periodo 1980–1983, la cual consistió en una modalidad extrema de violación a la vida y la integridad de los colectivos indígenas (CEH 1999) –, es un atroz ejemplo de la imbricación de violencias patriarcales, racistas y de Estados.

17Estas dolorosas y dramáticas experiencias sirvieron de base para la reflexión feminista centroamericana, en el sentido en que permitieron ampliar la comprensión de las violencias contra las mujeres. Es necesario indicar que socialmente, este tipo de violencia fue inicialmente percibida como parte del ámbito privado, íntimo y, por ende, individual. Fue gracias al movimiento feminista, su accionar y sus investigaciones que el carácter público, político y estructural de dicha violencia pudo ser develado. En los primeros análisis encontramos una centralidad explicativa en el marco cultural e ideológico donde la violencia contra las mujeres se entendía a partir de su carácter misógino, así como los recursos del poder y el control utilizados para la reproducción y mantenimiento de la dominación masculina. Sin embargo, el contexto particular de violencia política y económica que atraviesan Centroamérica y el Caribe en la época, así como el involucramiento de las mujeres como sujeto político activo en los esfuerzos por acabar con las desigualdades e injusticias sociales, posibilitaron la construcción de un marco teórico y político en donde la violencia contra las mujeres fue entendida como una guerra social (Sagot 2020). Este precursor análisis centroamericano ha sido retomado por distintas autoras preocupadas por comprender la violencia extrema contra las mujeres.

18La noción de femicidios ingresa a Latinoamérica y el Caribe con la primera traducción al español que lleva a cabo la socióloga costarricense Montserrat Sagot Rodríguez en 1995. Desde este primer texto, se puede apreciar la forma en que se analizan los femicidios como parte de una guerra cotidiana contra las mujeres. Para ejemplificar este argumento, se recurre a los datos de la Guerra de Vietnam para contrastar la magnitud de la violencia contra las mujeres, en especial los femicidios, en tanto estos representaron una cantidad superior a los soldados estadounidenses asesinados en el contexto de la guerra (Sagot 1995).

19Esta propuesta analítica ha recorrido la larga e importante producción teórica de la autora. En sus últimos trabajos, se puede apreciar la forma en que se ha complejizado su análisis, en particular con la definición de los femicidios como parte de una necropolítica de género en la región (Sagot 2013). En diálogo con autores como Mbembe y Casper y Moore, analiza la necropolítica como un elemento central de los sistemas de estratificación, los cuales generan un biopoder y, por tanto, la capacidad de definir sobre la vida y la desechabilidad. De esta forma, la biopolítica se centra sobre el control de poblaciones y la ocasional muerte de miembros de esta población; mientras que en la necropolítica las personas son asesinadas en tanto pertenecen a grupos sociales o comunidades consideradas perjudiciales para el conjunto de la población.

  • 2 Desde una perspectiva decolonial en este artículo se utiliza la noción de raza y no etnia. Si bien (...)

20La existencia de normas sociales que justifiquen en los hombres un sentido de posesión sobre las mujeres y los altos niveles de tolerancia frente a las diferentes formas de violencia contra las mujeres son factores que confluyen para producir un contexto de desechabilidad política de mujeres, en donde “la necropolítica de género produce una instrumentalización generalizada de los cuerpos de las mujeres, construye un régimen de terror y decreta la pena de muerte para algunas” (Sagot 2013, 5). En esta línea, los femicidios forman parte de los sistemas de estratificación y desigualdad social que producen contextos de “descartabilidad biopolítica”, creando así “mundos de muerte” (Sagot 2017), donde estos mecanismos son utilizados para el control de la vida y muerte de las mujeres como grupo social, entendiendo que en estas lógicas convergen opresiones de raza2 y clase que evidencian que no se trata de un grupo homogéneo. Las mujeres centroamericanas, indígenas, afro, migrantes, lesbianas, trans, refugiadas, representan esos cuerpos y vidas que no merecen ser vividas. Son cuerpos “fácilmente sustituibles”, considerados un “excedente” social – y no podemos leer este contexto si no es a partir de la profundización de las políticas neoliberales en la región que han exacerbado las desigualdades sociales, económicas, políticas y raciales.

21El contexto en El Salvador también ha permitido a autoras como Jules Falquet (1997), socióloga francesa, llevar a cabo un análisis sobre la forma en que la violencia doméstica puede ser leída bajo los mecanismos y las estrategias empleadas durante las guerras de “baja intensidad”. A partir de su lectura de Ignacio Martín Baró (1990) sobre la psicología social de la guerra, y el de la socióloga Mercedes Cañas (1989) sobre la violencia doméstica en el país, la autora traza paralelos entre la tortura y la violencia doméstica. La intención con esto es evidenciar ambos tipos de violencia como sistemas de control social que son utilizados de manera “excepcional”, pero que se mantienen también en tiempos ordinarios (o de paz) para garantizar el orden social existente. Esta guerra de “baja intensidad” se describe como estructural, sistemática y posee el objetivo de dividir en dos partes enemigas, mutuamente excluyentes y asimétricas según el sexo. El objetivo es producir en aquellos grupos a los que dirige la violencia, una desmoralización y desorganización sostenida en el tiempo.

22Falquet (2019) extiende este análisis para el caso de los femicidios y ubica cuatro lógicas que revelan un continuum de violencias: el primero refiere al continuum de la violencia patriarcal y misógina; el segundo hace referencia al continuum de las violencias políticas donde se ejerce una lógica represiva de “baja intensidad” heredada de las dictaduras militares y la impunidad de sus crímenes; el tercer continuum implica las violencias económicas en donde mujeres resultan mano de obra barata y sustituible para el capital global y, finalmente, un continuum de violencias coloniales (o la matriz colonial de las violencias) donde operan lógicas muy similares de desterritorialización, despojo y violencia sexual. Un contexto que reúne de forma lamentable estos distintos tipos de continuum de violencias es Ciudad Juárez en México. Desde la década de los noventa, los femicidios en Ciudad Juárez inician una escalada nunca antes vista. Julia Monárrez, investigadora mexicana, lleva a cabo un estudio pionero sobre las características y contextos de esta violencia, lo que la lleva a proponer la noción de feminicidios sistémicos sexuales, el cual define como:

el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades. (Monárrez 2004, 9)

23El aumento de este tipo particular de femicidios coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en 1994, lo cual es leído como parte del marco político y económico que posibilita la comisión de estos crímenes organizados, sumamente violentos, y muchas veces vinculados con el narcotráfico. El contexto de Ciudad Juárez revela entonces la forma imbricada en que se ejercen distintos tipos de violencias sobre los cuerpos de las mujeres, y en especial, sobre mujeres migrantes, trabajadoras de maquilas y trabajadoras sexuales. Esta problemática puede ser vista a través de las cifras del INEGI (2023), en donde se afirma que para el año 2022, más del 50 % de los presuntos homicidios de mujeres se registraron en seis entidades, entre ellas Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad Juárez. En términos de tasas, esto hace referencia a más de 10 homicidios de mujeres por cada 100 mil mujeres, cifra que duplica el promedio nacional (INEGI 2023, 15). Estos contextos de violencia extrema revelan nuevamente una guerra cotidiana contra las mujeres.

24Rita Laura Segato, antropóloga argentina, también ha contribuido en el análisis de la violencia contra las mujeres en el marco de las guerras formales e informales. Para la autora, el papel y la función asignada al cuerpo femenino o feminizado en las guerras de hoy evidencia un cambio en el modelo bélico, ya que “la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño letal que es simultáneamente material y moral” (Segato 2014, 342). Sobre este último aspecto, es necesario puntualizar que los medios sexuales de estas violencias afirman la “destrucción moral del enemigo”, por lo que el cuerpo de las mujeres se torna el significante de esta derrota moral.

25La función expresiva de estas violencias se potencia en tanto la crueldad que se aplica en estos contextos se da en cuerpos no guerreros, cuerpos frágiles, por lo que la amenaza se dirige al conjunto de la población o colectividad: “Un mensaje de ilimitada capacidad violenta y de bajos umbrales de sensibilidad humana” (Segato 2014, 345). Otro elemento importante de señalar es que los bajos niveles de formalización de esta guerra implican también la indefinición de un comienzo o un final, por lo que no existen límites temporales o espaciales claros. Este carácter informal y atemporal ha caracterizado durante varias décadas el contexto centroamericano y caribeño.

3. El contexto de los femicidios y el continuum de la impunidad en Costa Rica

26Examinar los femicidios en el contexto centroamericano antes descrito permite cuestionar la materialidad o concreción de las “nuevas ciudadanías” en contextos donde las vidas de las personas no poseen el mismo valor social, político y económico. En el caso de las mujeres, se está frente a una guerra de baja intensidad que año con año produce víctimas mortales. Esta argumentación se apoya en el análisis de cómo opera el reconocimiento tanto formal como legal de los femicidios, así como la efectividad con que se llega a operar desde el Estado para prevenir y sancionar dicha violencia. En Costa Rica, durante la década de los noventa, el movimiento feminista inicia un periodo de discusión para proponer un proyecto de ley de penalización y prevención de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones. El 25 de noviembre del año 1999, tras una importante manifestación, el movimiento presenta dicho proyecto a la Asamblea Legislativa. Cabe resaltar que este es uno de los proyectos legislativos que más ha tardado en ser aprobado y durante este periodo sufrió grandes modificaciones que redujeron el campo de aplicación de la ley, así como la eliminación del componente de prevención. Es hasta el año 2007 cuando la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) es finalmente aprobada y es, por ende, la primera vez en la historia en que el femicidio pasa a ser reconocido judicialmente.

27Centroamérica y el Caribe fueron epicentros teóricos y políticos para el análisis de los femicidios, y esto es así desde su primera traducción al español (Sagot 1995), su pasaje académico a través de la investigación estadística (Sagot y Carcedo 2002, Pola 2002, Ungo 2008, Hidalgo 2009, CEFEMINA 2010) y su temprano pasaje judicial a partir de la tipificación de los femicidios como delitos penales – Costa Rica en 2007, Guatemala en 2008 y El Salvador en 2010 –. Este contexto refleja un profundo deseo por parte del movimiento feminista centroamericano por comprender, analizar y transformar la dramática situación de violencia extrema contra las mujeres. Sin embargo, la inclusión de esta problemática en la política pública de los distintos países de la región ha revelado que esta no ha tenido efectos tangibles en la disminución como tal de la violencia extrema contra las mujeres. Siguiendo los indicadores sobre femicidio que produce la CEPAL para el año 2022, a nivel internacional es precisamente en Centroamérica y el Caribe donde se registran las cifras más alarmantes. En términos de las tasas de femicidio, Honduras cuenta con una tasa de 6 por cada 100 mil mujeres; en Belice es de 3,5; en República Dominicana es de 2,9 y en El Salvador es de 1,6 casos. Para dimensionar aún más el problema, se puede realizar el contraste con México – país que lamentablemente ha sido referente en la materia – en donde la tasa de femicidios corresponde a 1,5 (CEPAL 2024).

28La contradicción entre el pasaje temprano del concepto de femicidios al ámbito judicial y la expresión extrema de esta violencia en la región obliga a hacer preguntas urgentes en torno a la aplicación de la ley – tanto en el ámbito penal como en la prevención de la violencia contra las mujeres –. Realizar este cuestionamiento nos remite al papel del Estado, su responsabilidad y accionar en torno a dicha violencia. Si bien Costa Rica no ejemplifica un caso extremo como el que se puede observar en el resto de Centroamérica, este permite analizar la forma en que el Estado logra encubrir los distintos niveles de impunidad en los femicidios. Para Erin Adamson, Cecilia Menjívar y Shannon Walsh (2020), analizar casos como el de Costa Rica, permite comprender el papel de un Estado que ha dado una respuesta comprensiva al problema de la violencia contra las mujeres, y aun así esta continúa o se mantiene de forma estable a lo largo de los años. Una de las preguntas centrales es: ¿cómo se puede explicar la brecha entre las leyes contra la violencia hacia las mujeres y su implementación en contextos menos violentos, en donde se supone que el sistema de justicia funciona de forma más efectiva?

29El reconocimiento de los femicidios como un delito penal en Costa Rica representó un hito histórico en la lucha feminista, pero a su vez trajo consigo ciertas dificultades. Por ejemplo, la definición que se estableció en la ley redujo el femicidio al ámbito del matrimonio o la unión de hecho, delimitación que deja por fuera distintos escenarios de femicidio, tales como femicidios por exparejas, en contextos de violencia sexual o por conexión. Ante esto, el movimiento feminista ejerció presión política para que de alguna forma el Estado reconociera estos otros escenarios de femicidio, consiguiendo así la creación de una categoría estadística llamada femicidio ampliado, la cual se basa en la definición de violencia de género de la Convención de Belem do Pará (1994).

30Es importante destacar que este reconocimiento se restringe al ámbito de la estadística que produce el Estado y no posee una injerencia en el proceso judicial de dichos casos. Este particular contexto es el que sirve de motivación para realizar un análisis exhaustivo sobre los datos que produce el Estado de Costa Rica en torno a los femicidios. Como se comentó en la introducción, en términos metodológicos, se hizo revisión de los informes estadísticos-judiciales sobre muertes violentas de mujeres que produce el Poder Judicial y, siguiendo la tradición feminista de investigación en el país, se realizó también un análisis de medios de comunicación para llevar así un registro propio de los femicidios llevados a cabo entre el año 2017 al 2020. Con esto, se buscaba contrastar aquellos casos que eran reconocidos por el Estado de aquellos que aún seguían siendo invisibilizados.

31Este análisis permitió delimitar un primer momento de tensión y exclusión en torno a escenarios específicos de femicidio, tal y como sucede con frecuencia en escenarios de violencia o acoso sexual, escenarios de venganza o conexión, escenarios de transfemicidios y escenarios donde las víctimas han sido mujeres en situación de calle. La exclusión de estos crímenes y el no reconocimiento que se hace de ellos como femicidios ha tenido un impacto en varios niveles. De forma más directa, esta exclusión llega al lugar de juicio, en donde la construcción del caso se hace desprovisto del enfoque de género. Es así como se niega la direccionalidad de género de dichos delitos y estos pasan a diluirse en la categoría género neutral de homicidios. Con esto, no sólo se da marcha atrás en lo que se describía en el apartado anterior, en cuanto a la ampliación del análisis de la violencia contra las mujeres, sino que posee también un efecto material en cuanto al tipo y los años de condena.

32Otra importante conclusión derivada del análisis crítico sobre la producción de datos por parte del Estado refiere a la importante y peligrosa categoría de “homicidios de mujeres con informe pendiente”; es decir, casos pendientes de clasificar y/o en proceso de investigación. El estudio longitudinal realizado de los femicidios permite dar cuenta que esta categoría sufre pocas modificaciones durante los años. Esto significa que la mayoría de estos casos quedan irresueltos, o a lo sumo pasan a ser homicidios de mujeres y no femicidios. ¿Qué nos dice esto del contexto de impunidad y, por ende, del papel del Estado en la aplicación de la LPVCM?

33La noción de continuum ha estado en la base misma de la conceptualización de los femicidios. Si se retoma la definición clásica de Caputi y Russell (1992) el femicidio se sitúa en el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de violencias. Las autoras refieren a una larga y no exhaustiva lista de violencias, donde incluyen la violencia física y verbal, la violación, la tortura, el acoso sexual, la mutilación genital, la heterosexualidad obligatoria, la esterilización forzada, entre otras.

34Esta comprensión de la violencia femicida se basa en la definición de continuum de Liz Kelly (1988), quien analiza las narraciones y vivencias de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. La extensión y sobre todo la reincidencia de estas violencias la lleva a construir su definición de violencia sexual como un continuum, donde su formulación se relaciona con la repetición de diferentes formas de violencia sexual y no con algún tipo de jerarquía (Mora 2022).

35Tras la experiencia de investigación sobre femicidios en Costa Rica planteo que la impunidad puede ser comprendida también a partir de la noción de un continuum. Como se mencionó antes, existe un nivel de impunidad que se ve reflejado en la alta cifra de “homicidios de mujer con informe pendiente” que registra el Poder Judicial. Cada año esta lista de casos aumenta y el año 2023 ha sido uno de los más mortales para las mujeres del país, tal y como se evidencia en las cifras presentadas por el Observatorio de Género contra la Violencia hacia las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Un análisis cualitativo sobre los datos que presenta el Estado desde el año 2017 a la fecha, permite definir este contexto como un tipo de impunidad oculta, ya que se trata de muertes violentas de mujeres que nunca llegan a ser resueltas en términos de la investigación judicial. Es decir, son casos que siquiera pueden llegar a juicio, por lo que hay una negación ad portas de la justicia.

36Otra forma de analizar la impunidad es a través de los datos que produce al respecto el Estado. Sin embargo, la divulgación y construcción de cifras por parte del Poder Judicial no permite conocer a fondo la problemática del acceso a la justicia y la impunidad. El siguiente ejemplo evidencia esta situación. Los datos de personas condenadas por el delito de femicidio pueden conocerse en números absolutos y según los años. Sin embargo, esta forma de presentar la información no permite identificar una relación entre el número de femicidios y el número de condenas, ya que los procesos judiciales toman por lo menos 2 años en ser resueltos – en el mejor de los casos –. Tras esta advertencia metodológica, si aun así se quisiera hacer el contraste, se tendría que del año 2007 al 2022 hubo un total de 425 femicidios en el país y para ese mismo periodo se registran apenas 121 condenadas, según datos del Observatorio. Esto equivale a que, por cada 10 femicidios, menos de 3 casos obtendrán finalmente algún tipo de justicia penal.

37Ante la limitación de los datos, es necesario indagar de forma cualitativa la impunidad de los femicidios. Para esto, el estudio de casos permitió analizar la repetición de las violencias institucionales y la forma en que estas constituyen un continuum de impunidad en los femicidios. En relación con el perfil de los estudios de casos, estos son muy diversos entre sí; por ejemplo, hay escenarios de pareja, de violencia sexual, por conexión y por lesbofobia. En términos territoriales, los femicidios fueron cometidos en distintos puntos del país: la capital San José, Cóbano y Puerto Jiménez en Puntarenas y Liberia en Guanacaste. El rango de edad es un factor similar y este oscila entre los 16 y 29 años. Al momento de la investigación, ninguno de los femicidios había obtenido justicia. El femicidio múltiple de Liberia, Guanacaste era el caso más cercano en acceder a la justicia. Sin embargo, incluso este se encontraba en apelación por parte del imputado. Tras varios años de concluida la investigación doctoral, es importante señalar que dos de los femicidios permanecen aún en impunidad.

38Lo que se presenta a continuación es un recorrido por ese continuum de violencias institucionales que dan cuenta de la impunidad en los femicidios. Para esto, es necesario iniciar con una violencia institucional que es ejercida de forma previa al femicidio. Se trata del momento en que un juzgado de familia decide eliminar las medidas de protección que se habían adjudicado ante la denuncia de violencia doméstica. Al respecto, familiares señalan que el juzgado no realizó ningún estudio previo sobre la situación de pareja y, a pesar de esto, la decisión del Estado se traduce en una desprotección de la vida de la mujer. Como resultado, Angélica fue asesinada por quien sería su pareja.

39Este, junto a otros femicidios perpetrados en zonas rurales o costeras, evidencian una segunda violencia institucional y esta refiere a la falta de acceso a servicios mínimos por parte del Estado. Por ejemplo, en Cóbano, en la costa pacífica, para poder interponer una denuncia por violencia de género ante un juzgado, se debe tomar un bus y posteriormente un ferry, lo cual equivale a un mínimo de 2 horas y media de transporte público, más los gastos económicos asociados. Cabe resaltar que Cóbano es una región que expresa, además, las altas desigualdades económicas y sociales de las costas de Costa Rica, en donde confluye una economía de mega turismo y gentrificación, así como una migración laboral en condiciones de explotación. Estas contradicciones y desigualdades son factores que inciden en las violencias contra las mujeres y en los últimos años Cóbano ha manifestado altos números de violencia sexual y de femicidios.

40Otro ejemplo relacionado con el reducido acceso a los servicios del Estado se ve reflejado en la falta de recursos, espacios y personal especializado para atender a mujeres víctimas de violencia. En Costa Rica, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), es el ente encargado de promover y tutelar los derechos de las mujeres. A pesar del importante trabajo que realizan en la atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, es evidente que la institución cuenta con recursos insuficientes para hacerle frente a dicha problemática. El INAMU posee únicamente 3 Centros Especializados de Atención y Albergue de Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e hijos (CEAAM) en todo el país. En las zonas rurales y costeras, los servicios se reducen y encarecen aún más; por ejemplo, para la región Brunca del país (Pacífico Sur), la institución cuenta con únicamente dos profesionales para atender 6 cantones y, por ende, a miles de mujeres.

41Otro serio problema de impunidad que se presenta de forma reiterada en la ruralidad y las costas del país tiene que ver con la rotación de fiscales y, por lo tanto, la administración de la justicia. En la región de Los Santos, en San José, familiares de Fernanda y Raisha, madre e hija víctimas de femicidio, denuncian que sólo en un año vieron rotar al menos 3 veces la fiscalía. Esto posee un impacto profundo en el desarrollo de la investigación judicial y explica en parte los 4 años de impunidad en que permanece este doble femicidio. Los contextos de la ruralidad evidencian la forma en que las violencias contra las mujeres se imbrican con otros tipos de desigualdad. Desde una perspectiva multidimensional de la violencia se presta atención a otros ámbitos sociales en donde las mujeres también son violentadas y excluidas, tal y como es el caso de la violencia legal que se viene describiendo, violencias estructurales, violencias simbólicas y cotidianas.

42Desde los estudios sobre violencia contra las mujeres y, en especial sobre femicidios, se ha evidenciado otra violencia institucional y esta se relaciona con la falta de un enfoque de género en la investigación policial como un factor fundamental al momento de analizar la impunidad. En Costa Rica, el Poder Judicial validó el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género – impulsado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –, el cual debía de implementarse a partir del 2014. Sin embargo, al analizar casos concretos de impunidad, es reveladora la ausencia de implementación de dicho protocolo. Esto se hace evidente desde el momento en que se hace el levantamiento de pruebas e incide en las primeras formulaciones de hipótesis e interrogantes que las o los investigadores policiales se pueden o no hacer sobre el escenario de femicidio. Esto muestra que por más que se aprueben protocolos o normativas relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, se está realmente ante una estructura de pensamiento que permea el derecho penal y la formación-acción de dichos funcionarios/as.

43Continuando con las violencias institucionales que forman parte del continuum de impunidad, se encuentra la falta de acompañamiento psicolegal a familiares de las mujeres víctimas de femicidio. Las múltiples entrevistas que he realizado permiten dar cuenta que este es un problema sistemático. Las y los familiares manifiestan una falta de comunicación y empatía a lo largo de todo el proceso de investigación y judicialización del femicidio. Ante una experiencia tan dolorosa como lo es el femicidio, la responsabilidad del proceso es arrojada a estas víctimas en segundo grado, ya que se espera que conozcan los procedimientos y que cuenten con las herramientas judiciales, económicas y psicológicas para hacerle frente a esta situación. Se externaliza así la responsabilidad y el deber estatal de dar atención y acompañamiento a personas que atraviesan una experiencia traumática como lo es el femicidio.

44En la investigación se da cuenta del importante contraste en las experiencias de familiares que recibieron acompañamiento psicosocial y psicolegal, de aquellas/os que tuvieron que sobrellevar el duelo y el proceso por acceder a la justicia sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado. El caso “excepcional” del femicidio múltiple de Liberia (Guanacaste) evidenció el impacto profundo que tuvo el acompañamiento otorgado por la Brigada de Atención Psicosocial de la Universidad de Costa Rica. Al tratarse de un femicidio múltiple de estudiantes universitarias, el centro educativo activó este abordaje, el cual fue sumamente importante para las familias en las distintas etapas de la experiencia; desde el momento inicial en que se recibe la noticia hasta el momento en que se asiste a los tribunales para la condena del femicida. Enfrentar la experiencia traumática del femicidio a partir de un acompañamiento psicosocial permite sobrellevar el duelo, el dolor, la impotencia, el miedo, y tantas otras emociones, desde otro lugar subjetivo (Mora, 2022).

45Los ejemplos mencionados en este apartado revelan distintos estados de un continuum de impunidad en los femicidios. Este puede iniciar desde el escaso o nulo acceso a los servicios y las estructuras legales que debería proporcionar el Estado para la atención de mujeres víctimas de violencia; hasta los procedimientos policiales y judiciales que evidencian una falta de implementación del enfoque de género y de los derechos de las víctimas. La reiteración de las violencias institucionales, la sistematicidad con que se perpetran, el recrudecimiento en las zonas rurales y costeras, son todas manifestaciones de una impunidad que debe ser analizada a partir del continuum de las violencias contra las mujeres y, por ende, como un campo extensivo de análisis de los femicidios y su preocupante aumento en el país. El objetivo ha sido demostrar a través de las experiencias de las personas que sobrellevan estos procesos judiciales, las formas en que la exclusión social se mantiene y se reproduce, incidiendo así en el riesgo y la vulnerabilidad de la vida de las mujeres.

Conclusiones

46Para concluir, es necesario retomar las preguntas iniciales: ¿Cuáles son los sujetos y los cuerpos que encarnan las “nuevas ciudadanías”?, ¿es posible extender este concepto a contextos sociales donde no hay un estado social de derecho, o este es sumamente débil?, ¿cómo imaginar estas nuevas ciudadanías en contextos de profundas desigualdades sociales, políticas y económicas como en Centroamérica y el Caribe?

47Analizar la impunidad y los femicidios en Costa Rica ha permitido situar esta problemática en el contexto de un país relativamente estable en términos económicos, políticos y sociales; pero con una violencia hacia las mujeres que aumenta y se exacerba a lo largo de los años. Las distintas violencias institucionales de las cuales han sido víctimas familiares y personas cercanas a mujeres víctimas de femicidio, revela la repetición e intensificación de estas violencias, dando cuenta así de un continuum de impunidad. Esto revela que a pesar de que se hagan avances a nivel de política pública y prevención, la violencia contra las mujeres no va a disminuir en tanto no se enfrenten las distintas formas de violencia macrosocial, tal y como lo es la impunidad, pero también las desigualdades económicas y sociales, el despojo y el extractivismo, las consecuencias del fundamentalismo religioso, el racismo y tantas otras violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

48En el contexto de Centroamérica y el Caribe, las políticas neoliberales y necropolíticas han sido las responsables de los asesinatos y muertes de miles de mujeres en nuestro territorio, y es precisamente este marco político en el que se enmarca el continuum de la impunidad en los femicidios. Al no haber consecuencias para los perpetradores, los crímenes contra las mujeres permanecen impunemente como vidas desnudas, tal y como lo afirma Julia Monárrez (2019).

49La profundización y transformación neoliberal de la violencia contra las mujeres (Falquet 2016), así como la extensión de la impunidad han sido elementos trascendentales de movilización para aquellas agrupaciones feministas y de familiares que se organizan exigiendo justicia. En un contexto social que produce violencia extrema, impunidad, desigualdad estructural, opresión y demás, la categoría de “nuevas ciudadanías” no permite situar los orígenes y mucho menos las posibilidades de cambio. Los movimientos sociales históricamente han sido los sujetos políticos que han buscado expandir y transformar las condiciones de desigualdad y opresión de las cuales son víctimas.

50Como se ha descrito antes, en Costa Rica, el movimiento feminista fue el sujeto político que definió, investigó y presionó políticamente por el reconocimiento de los femicidios en el país. Hoy en día, han surgido otros sujetos políticos que buscan e inciden en esta problemática – tal y como lo ha sido el Grupo de Familiares Sobreviviendo el Femicidio –. Dicha agrupación surge en agosto 2020, justo en medio de la pandemia por COVID-19. Este contexto no fue un obstáculo o una limitación para movilizar, no únicamente a familiares de mujeres víctimas de femicidio, sino también al movimiento feminista como tal. El año 2020 fue un momento álgido en las movilizaciones contra los femicidios y la impunidad, y esto tiene un efecto sumamente importante en el corto plazo, ya que un año después, en 2021, se aprueba la reforma al artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y con esto se amplía la definición de los femicidios. La reforma es una respuesta a la deuda histórica del Estado en el reconocimiento de las múltiples violencias contra las mujeres y con esto marca un importante hito en la lucha feminista. Un año después, en 2022, se aprueba también la Ley de Reparación Integral para personas sobrevivientes de femicidio, producto de la ardua lucha del grupo de familiares.

51Ahora bien, estos avances a nivel de política pública se pueden leer como esfuerzos por ampliar, reconocer e incluir los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, también hay claridad en que el aparato institucional, legal y penal no es suficiente. Por ejemplo, la Ley de Reparación Integral aún no es efectiva, ya que el gobierno actual se ha rehusado a otorgar el presupuesto necesario para su implementación. De esta forma, no sólo es necesaria la lucha por la generación de política pública inclusiva, sino que además se debe de exigir su efectiva y pronta aplicación.

52Tras comprender cómo las distintas violencias patriarcales se entroncan con las violencias de Estado, así como con las violencias de clase y de raza, es que la pregunta sobre la justicia cobra otro sentido. El enfoque sobre justicia sustantiva obliga a pensar la eficacia del derecho y sus resultados materiales más que el reconocimiento legal de los mismos (Luna y Tamarino 2016). Los enfoques sobre justicia transnacional involucran no únicamente el acceso a la justicia institucional, sino también actos de reparación como memoriales públicos, homenajes, compensaciones económicas a las familias sobrevivientes, entre otras medidas (Fregoso y Bejarano 2010). Otros ejemplos que amplían la noción de justicia remiten a la creación de observatorios comunitarios o al trabajo que llevan a cabo defensoras comunitarias en territorios indígenas de la región. Con esto, se apuesta al trabajo de la sociedad civil, las organizaciones de base, los movimientos sociales, como sujetos políticos que no sólo exigen justicia, sino que también poseen medios propios para ejercerla.

53La “utopía por un mundo sin femicidios” señala Sagot (2017), debe pasar por la desarticulación de la democracia y el Estado como meros instrumentos del neoliberalismo. Esta no es una tarea fácil y mucho menos en el contexto de Centroamérica y el Caribe donde las desigualdades y las manifestaciones de violencia se recrudecen cada vez más. Los autoritarismos, los fundamentalismos religiosos, las políticas neoliberales que producen muerte, son todos elementos estructurales de un capitalismo voraz que ha logrado conjugarse muy bien con la democracia liberal. A pesar de esto, los movimientos que luchan contra los femicidios seguirán exigiendo igualdad, dignidad y el derecho a la vida sin violencia. Esto nos obliga a pensar la justicia como un horizonte de acción colectiva, una lucha por la memoria y la reparación.

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Bibliografía

Adamson, Erin, Menjívar, Cecilia y Walsh, Shannon, “The Impact of Adjacent Laws on Implementing Violence against Women Laws: Legal Violence in the Lives of Costa Rican Women”, Law and Social Inquiry, vol. 45, no 2, 2020, pp. 432–459.

CEPAL, América Latina, el Caribe (32 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible (En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2024.

Cañas, Mercedes, “Maltrato físico a la mujer salvadoreña”, tesis para Licenciatura en Sociología, San Salvador, UCA, 1989.

Caputi, Jane, Russell, Diana E. H., “Femicide: Sexist terrorism against Women”, Femicide: The Politics of Woman Killing (J. Radford y E. H. Russell, eds.), New York, Twayne Publishers, 1992, pp. 13–21.

Carcedo, Ana, Sagot, Montserrat, Feminicidio en Costa Rica, 1990–1999, San José, Costa Rica, INAMU-Organización Panamericana de la Salud, 2002.

Carcedo, Ana, No olvidamos, ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006, San José, Costa Rica, Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), 2010.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, Memoria del silencio. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, Guatemala, Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999.

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), 1994.

Cuadra, Elvira, Jiménez Martínez, Juana, El movimiento de mujeres y la lucha por sus derechos: movimientos sociales y ciudadanía en Centroamérica, Managua, Nicaragua, CINCO, 2010.

Curiel, Ochy, “Género, raza, sexualidad: debates contemporáneos”, Intervenciones en Estudios Culturales, vol. 3, n° 4, 2017, pp. 41–61.

Del Valle Truccone, Marilina, “Ciudadanía y (nuevas) formas de lo comunitario. Una revisión analítica”, Crítica y Resistencias. Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos, n° 14, 2022, pp.16–32.

Falquet, Jules, “Guerre de basse intensité contre les femmes ? La violence domestique comme torture, réflexions sur la violence comme système à partir du cas salvadorien”, Nouvelles Questions Féministes, vol. 18, no 3–4, 1997, pp. 129–160.

Falquet, Jules, Pax Neoliberalia. Perspectives féministes sur (la réorganisation de) la violence, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, 2016.

Falquet, Jules, “Le quadruple continuum des violences. Apports féministes matérialistes et décoloniaux à l’analyse de la violence, à partir des féminicides en Abya Yala”, On tue une femme. Histoire et actualités du féminicide (L. Bodiou et al., dirs.), Hermann, 2019, pp. 129– 148.

Fregoso, Rosa-Linda, Bejarano, Cynthia (eds.), Terrorizing Women. Feminicide in the Americas, North Carolina, Duke University Press, 2010.

Hidalgo, Ana Lorena, Femicidio en Costa Rica 2000–2004, San José, Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres. Centro Feminista de Información y Acción, 2009.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “La medición del feminicidio en México”, En números, documentos de análisis y estadísticas, [Cuaderno 28] vol. 1, no 28, Aguascalientes, 2023.

Kelly, Liz, Surviving Sexual Violence, Cambridge, Polity Press, 1988.

La Cuerda, Revista Feminista de Guatemala, [2024]. https://lacuerdaguatemala.org

Lechner, Norbert, “Nuevas Ciudadanías”, Revista de Estudios Sociales, n° 5, 2000, Bogotá, pp.  25–31.

“Ley Nº 8589. Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres”, San José, Costa Rica, 2007.

Luna, M. Eugenia, Tomaino, Sandra Karina, “Procesos históricos sociales en torno a las violencias contra las mujeres: marcos legales y acceso a la justicia”, Violencia contra las mujeres, discurso y justicia (M. G. González, comp.), La Plata, EDULP, 2016, pp. 297–345.

Martín Baró, Ignacio (comp.), Psicología social de la guerra: trauma y terapia, San Salvador, UCA, 1990.

Monárrez Fragoso, Julia, “Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica”, Ponencia presentada en el Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, D. F., 8–9 diciembre 2004.

Monárrez Fragoso, Julia, “Feminicidio sexual sistémico: impunidad histórica constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores”, Estado & Comunes. Revista de Políticas y Problemas Públicos, vol. 1, no 8, Quito, 2019, pp. 85–110.

Monzón, Ana Silvia, Las mujeres, los feminismos y los movimientos sociales en Guatemala: relaciones, articulaciones y desencuentros, Guatemala, FLACSO, Editorial de Ciencias Sociales, (Cuaderno de debate, 4), 2015.

Mora, Mariana R., “Vivas en la Memoria: tensiones por el reconocimiento y las luchas por la justicia en torno a los femicidios en Costa Rica”, tesis de Doctorado en Sociología y Género, Francia, Université Paris-Cité, 2022.

Mora, Mariana, “Cartografía de Femicidios en Costa Rica. 2017-2025”, [2025], http://www.cartografiafemicidioscr.com/.

Mouffe, Chantal y Moreno, Hortensia. “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”. Debate Feminista, vol. 7, 1993, pp. 3–22.

Naciones Unidas, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, Panamá, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 2014.

Observatorio de Género contra la Violencia hacia las Mujeres y Acceso a la Justicia. “Femicidio”, 2024, https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio.

Pola, María Jesús, Feminicidio en la República Dominicana. Un estudio de los casos ocurridos en los distritos judiciales de Santo Domingo y Santiago en el período enero – diciembre del 2001, República Dominicana, PROFAMILIA, 2002.

Segato, Rita Laura, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, Revista Sociedad y Estado, vol. 29, no 2, Brasilia, 2014, pp. 341–371.

Sagot, Montserrat, “Socialización de género, violencia y femicidio”, Revista Reflexiones, vol. 41 no 1, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 17–26.

Sagot, Montserrat, “El femicidio como necropolítica en Centroamérica”, Labrys, Études Feministes/Estudos Feministas, 2013.

Sagot, Montserrat, “La democracia en su laberinto. El neoliberalismo y los límites de la acción política feminista en Centroamérica”, Feminismos para un cambio civilizatorio (A. Carosio, coord.), Caracas, Fundación CELARG/CLACSO/Centro de Estudios de la Mujer, 2014, pp. 39–65.

Sagot, Montserrat, “¿Un mundo sin femicidios? Las propuestas del feminismo para erradicar la violencia contra las mujeres”, Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina (M. Sagot, coord.), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro de investigación de la Mujer (CIEM), UCR, CLACSO, 2017, pp. 61–78.

Sagot, Montserrat, “Violence Against Women: Contributions from Latin America”, The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America (X. Bada, L. Rivera-Sánchez, eds.), Oxford University Press, 2020.

Ungo, Urania A., Femicidio en Panamá 2000–2006, San José, Costa Rica, Asociación Centro Feminista de Información y Acción, 2008.

Zilla, Claudia. “Defining democratic inclusion from the perspective of democracy and citizenship theory”, Democratization, vol. 29, n° 8, 2022, pp.1518–1538.

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Notas

1 Es de remarcar que La Cuerda continúa hoy siendo un referente feminista en Centroamérica. Recomiendo visitar su página web (La Cuerda 2024).

2 Desde una perspectiva decolonial en este artículo se utiliza la noción de raza y no etnia. Si bien diversas posturas del pensamiento social decidieron cambiar el uso de raza por etnia tras las experiencias de esclavitud y el holocausto nazi, esto ha conllevado a dificultades ideológicas y políticas al reproducir la idea binaria de raza = naturaleza y etnia = cultura. Como menciona la afro lesbo feminista decolonial dominicana Ochy Curiel, esto “ha tendido a minimizar el fenómeno del racismo que se basa de forma real en discriminaciones y exclusiones que son justificadas ideológicamente y que son atribuidas a supuestas deficiencias físicas, morales e intelectuales y que se consideran raciales y hereditarias” (2017, 54).

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Mariana Mora, «Pensar la inclusión ante una guerra cotidiana contra las mujeres»Archipélies [En línea], HS1 | 2025, Publicado el 15 mayo 2025, consultado el 18 febrero 2026. URL: http://journals.openedition.org/archipelies/3111; DOI: https://doi.org/10.4000/14379

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Autor

Mariana Mora

Doctora en Sociología y Género por la Universidad de Paris-Cité. Profesora asociada en la Escuela de Sociología, subdirectora e investigadora en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica
mariana.rojasmora@ucr.ac.cr

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