- 1 Este artículo se elaboró a partir de la ponencia presentada en el Coloquio Internacional “Sociedade (...)
1Costa Rica es reconocida internacionalmente por su estabilidad política, su tradición de paz, y compromiso ambiental. Sin embargo, esta realidad contrasta con una situación interna donde su rica diversidad étnica y cultural del país permanecen en un segundo plano, menos visible en los discursos hegemónicos y en la praxis de su gestión de política pública de acción e inacción en relación con algunos temas fundamentales, la cual si bien presenta avances también enfrenta retos importantes. Esta situación ha generado históricamente deudas significativas en relación con la garantía de condiciones dignas para el bienestar de estas poblaciones indígenas, quienes enfrentan un contexto histórico social complejo y marcado por tensiones persistentes.
- 2 En este texto se utiliza el concepto de postmodernidad para no entrar en su discusión filosófica, p (...)
- 3 Se combinan ambos conceptos para indicar que actualmente, enfrentan un colonialidad del poder que s (...)
2La interacción entre el Estado/gobierno costarricense y los pueblos indígenas se inscribe en una dialéctica entre la tradición y postmodernidad2, influenciada por los procesos dominación cultural y neo-colonialidad/colonialismo interno3. Persisten conflictos territoriales y extractivos, exclusión y falta de reconocimiento efectivo e institucionalidad insuficiente e inapropiada para atender sus realidades. La persistencia de estas problemáticas subraya la urgencia de abordar y replantear la cuestión indígena en Costa Rica; es imperativo trascender de la visión de estas comunidades como objetos de políticas públicas asistencialistas o como sujetos de desarrollo y, en su lugar, reconocerlos como titulares de derechos inherentes (RIMISP, 2024). Reconocer estos derechos y su cultura, así como promover su plena inclusión en la sociedad nacional, son improntas para revertir sus actuales condiciones. En este marco, se podrían identificar dos tensiones significativas a abordar: por un lado, el reconocimiento efectivo y la distribución equitativa, mientras que, la otra está referida a la institucionalidad y políticas públicas insuficientes e inapropiadas. Ambas, sin duda demandan, intrínsecamente, una nueva forma de concepción del otro y de las formas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado/gobierno.
3Desde esta perspectiva, en referencia a Nancy Fraser, en su obra Justicia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista” (1997), en Costa Rica la ausencia de un reconocimiento efectivo y una distribución justa se manifiesta en una institucionalidad y políticas públicas inadecuadas e insuficientes que no logran responder de manera adecuada y suficiente a las necesidades y/o realidades indígenas. Esta problemática abarca no solo la distribución desigual de los recursos de la sociedad (riqueza, bienes, servicios que ofrece la sociedad costarricense), sino también limita el acceso a los espacios de toma de decisiones propios de individuos reconocidos como sujetos de derechos autónomos y que les conciernen directamente.
4En el 2015, el país da un paso importante con el reconocimiento constitucional de la República como multiétnica y pluricultural. No obstante, la materialización de este alcance requiere replantearse la prestación de los bienes y servicios estatales hacia los diferentes grupos étnicos, incluyendo los pueblos indígenas, en quienes se centra esta reflexión. Asimismo, es fundamental el compromiso continuo del Estado, sus instituciones pertinentes, así como de la sociedad civil (indígena y no indígena). De manera que se logre pensar una sociedad inclusiva, donde se reviertan las barreras estructurales y se fomente un entorno que permita a las personas indígenas prosperar en igualdad de condiciones y desde sus propias cosmovisiones.
5En ese sentido, la política pública debe tener como elemento estructural y transversal la pertinencia cultural, de manera que sea posible adecuar los bienes y servicios del Estado costarricense a las características culturales, sociales y lingüística de los pueblos indígenas. Es decir, que las intervenciones estatales respetan la diversidad cultural, mediante el reconocimiento de estas poblaciones como sujetos de derechos. Solo así se construye una sociedad verdaderamente inclusiva donde las características multiétnicas y pluriculturales del país, se consideren en la gestión estatal. Esta construcción es una impronta para el país. No obstante, es clave contextualizarla dentro de la realidad actual, sobre todo cuando en el Informe del Estado de la Nación se advierte que:
Costa Rica está sumida en la inmediatez, en la coyuntura; quitó las luces largas y descuido el rumbo. Esta omisión no ha generado, además, mayor respuesta del sistema político. Durante el 2022 y el primer semestre del 2023, el país consolidó un desgate de los logros históricos en su desarrollo humano sostenible; así como, una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo. Esta cosecha de resultados negativos acumulados, un nuevo paso en el progresivo abandono del contrato social costarricense tiene como principal consecuencia un debilitamiento en la capacidad previsora; es decir, la posibilidad de anticipar los problemas, acometer lo necesario para solventarlos y sentar las bases de un futuro compartido de más bienestar para el mayor número de habitantes. (CONARE 2023, 13)
6Así, “[e]l desgaste del desarrollo humano se constata porque, en comparación con la década atrás, amplios sectores de la sociedad tienen menos acceso a oportunidades laborales de calidad, al bienestar social y a un entorno seguro” (CONARE 2023, 13). Es decir, la situación es crítica e impacta aún más negativamente en los sectores más vulnerables, como los pueblos indígenas, con quienes el Estado también ha tenido deudas históricas que no ha saldado, inclusive cuando los tiempos eran mejores. La situación se torna más compleja pues el mismo informe señala que el desgaste del sistema político ha generado un cambio en el estilo de la gestión pública; lo cual se refleja en un estancamiento en la mejora de oportunidades para el bienestar de su población y coloca al país en una situación lamentable.
7Esta alerta sobre un desgaste en el desarrollo humano y en la capacidad democrática del país, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, indicada por Estado de la Nación. Si bien es una condición importante, debe también verse como una oportunidad para repensar una forma de abordaje y relación con estas poblaciones dentro de las cuales se encuentran las poblaciones indígenas.
8Frente a esta realidad, es importante identificar otras formas de reconocimiento del otro y de las relaciones entre ambos. Este artículo plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los alcances y los retos que aún persisten en Costa Rica para construir una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas, a partir del reconocimiento de su diversidad étnica y cultural y qué posibles vías podrían facilitar una mayor equidad y participación de estas comunidades en la vida nacional? Para responder a esta interrogante, se analizaron los principales logros en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Costa Rica, se identificaron los desafíos que obstaculizan la construcción de una sociedad inclusiva, y se reflexionó sobre posibles caminos para avanzar hacia una mayor equidad y participación de estos pueblos en la vida nacional.
9Teóricamente, este abordaje se fundamenta en tres perspectivas interrelacionadas: derechos humanos, diversidad e inclusión, pensando esta última más allá de la integración y partiendo de la teoría crítica y desde enfoques como el decolonial y la interculturalidad crítica. Metodológicamente, este artículo presenta los resultados de un estudio exploratorio de fuentes secundarias, cuyo objetivo principal es definir una línea investigativa doctoral que presente un abordaje innovador para analizar la situación de los pueblos indígenas. Esta última con la finalidad de contribuir a la consolidación de los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos, capitalizando el reconocimiento del año 2015 y repensar las posibles modalidades de articulación entre los pueblos indígenas y el Estado/gobierno costarricense.
10Este artículo se estructura en cuatro secciones clave para abordar la complejidad en cuanto al reconocimiento y participación indígena en Costa Rica hacia la construcción de una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas. La sección primera contiene un marco teórico de referencia fundamentado en los derechos humanos, la diversidad y la inclusión, como bases conceptuales para el análisis posterior.
11Mientras que la segunda, contiene un balance crítico de los logros y desafíos en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en el país. Seguidamente, la tercera ofrece una propuesta concreta desde el valor público y la participación en un Estado Multiétnico y Pluricultural, con el objetivo de avanzar hacia una mayor participación y respuesta con pertinencia cultural a las necesidades de estas comunidades. Finalmente, el artículo cierra con una conclusión que sintetiza los hallazgos principales.
12Esta investigación partió de tres entradas teóricas referenciales: derechos humanos, diversidad cultural e inclusión social. La primera teoría sostiene que todas las personas son sujetos de derechos, condición que no exime a los pueblos indígenas. Al contrario, se han dictado una serie de convenios internacionales justamente con el interés de erradicar las distintas formas de discriminación y racismo que imperan en la sociedad, históricamente construidos desde perspectivas de dominación como el colonialismo, patriarcado y el mismo capitalismo. Con base en lo anterior, los pueblos indígenas son sujetos de derechos, los cuales son inherentes e irrenunciables. Esta premisa fundamenta que, el Estado es responsable de tutelar y promoverlos; así como, el garantizar el acceso igualitario, equitativo a estos y su disfrute en condición de igualdad de los bienes y servicios estatales para toda la población.
13Por otra parte, la teoría de la diversidad cultural sostiene que es importante reconocerla y valorararla como un recurso para el desarrollo. Por tanto, debe estar acompañada del respeto por las diferencias, como condición que favorece la inclusión. En este sentido, en el marco de la pertinencia cultural, el diálogo intercultural es clave para generar condiciones que favorezcan la inclusión social y refiere a la “relación entre culturas que implica la capacidad de comprender las particularidades de dos o más, marcos de referencia cultural, con el fin de identificar puntos de encuentro, en un entorno de reconocimiento de la dignidad y Derechos Humanos de los participantes (Gobierno de Costa Rica 2016). Asimismo, León Olive sostiene que:
Dado el carácter multicultural de las sociedades contemporáneas, ya sea por la convivencia en los mismos territorios de pueblos originales, ya sea por los flujos migratorios, es necesario proponer normas éticas y de convivencia política, así como instituciones que garanticen la justicia social para todas las personas y para todos los pueblos, respetando sus diferencias y la identidad y autonomía de cada uno. Pero al mismo tiempo se requiere garantizar la participación de todos los pueblos y de todos los ciudadanos en el proyecto nacional de sus países y en el proyecto de una sociedad global donde los pueblos y los grupos diferentes dialoguen en armonía, y establezcan programas de cooperación y colaboración. (Olive 2011, 221)
14En cuanto a la teoría de la inclusión social centra su atención en las condiciones habilitantes que permiten a todas las personas el pleno disfrute de su vida social, cultural y económica. En este sentido, las políticas públicas son un instrumento de gestión estatal que debe facilitar la generación de condiciones que reduzcan el riesgo de exclusión social a grupos vulnerables, o vulnerabilizados como los pueblos indígenas. Al respecto, Torres León apunta que,
La inclusión social se define como un proceso que busca garantizar la participación plena y equitativa de todos los grupos sociales en la vida económica, política, cultural y educativa, con especial énfasis en aquellos históricamente marginados. En el ámbito global, la inclusión ha evolucionado desde modelos compensatorios hacia enfoques que reconocen la diversidad cultural como un valor y promueven la igualdad de derechos y oportunidades sin asimilación forzada. (Torres León 2023, 35)
15En el caso costarricense, si bien, se han venido realizando esfuerzos en esta línea, existen importantes retos para lograr una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas. Las tensiones históricas limitan la inclusión de los indígenas, debido a factores estructurales que los consideran como una otredad (desconocida o incomprendida). Estas tensiones afectan la relación/interacción entre los pueblos indígenas y el Estado, en un sistema democrático participativo. Es necesario explicar la revisión de las condiciones para que tanto la inclusión como el discurso democrático participativo contribuya a mejorar esta relación con una perspectiva de pertinencia cultural y de manera directa un mejor bienestar de estas poblaciones. Aspectos que serán abordados más adelante.
16Las tensiones históricas limitan la inclusión de los indígenas, debido a factores estructurales que los consideran como una otredad desconocida. Estas tensiones afectan la relación actual entre los pueblos indígenas y el Estado, en un sistema democrático participativo. Es crucial aplicar las condiciones del discurso para mejorar esta relación. En este sentido, en los esfuerzos de inclusión, es pertinente partir de la tesis de Nancy Fraser (1997), cual plantea la importancia de superar la falsa dicotomía entre redistribución y reconocimiento en las acciones para lograr la justicia en las sociedades contemporáneas (post colonialistas). Por tanto, la autora propone un enfoque integrador que facilite la comprensión de cómo las injusticias económicas y culturales a menudo están entrelazadas y cómo las soluciones a la injusticia deben abordar ambas dimensiones. En cuanto a la inclusión de los pueblos indígenas, la propuesta integradora de Fraser es atinente al caso costarricense porque existen brechas tanto en cuanto al bienestar como al reconocimiento de estas poblaciones, las cuales deben abordarse de manera concomitante, en el marco del sistema democrático participativo del país.
17En el marco de estas tres teorías, este artículo parte de los términos multiétnico, pluricultural e inclusión como conceptos clave y su evolución sido un proceso significativo que refleja las dinámicas sociales y políticas a lo largo de la historia, asociadas a sus estilos de gestión económica y estatal. La multietnicidad se refiere a la presencia de diferentes grupos étnicos dentro de una sociedad (diversidad étnica), donde cada grupo puede tener distintas tradiciones culturales, lenguas y costumbres. Entre los principales exponentes están Giovanni Sartori (2001) y Amartya Sen (2000, 2007). El primero, exploró cómo las sociedades multiétnicas pueden funcionar bajo un marco pluralista, donde se reconoce la diversidad como un valor enriquecedor. Mientras que, Sen argumentó sobre la identidad múltiple y cómo las personas pueden identificarse con varias comunidades étnicas al mismo tiempo. Un ejemplo de aplicación fue en las sociedades multiétnicas en África.
18Por su parte, el término pluricultural refiere a la existencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio geográfico, en este caso de un Estado-Nación, donde cada uno mantiene su identidad e interacción con las otras. Este concepto es criticado entre otros autores por Catherine Walsh (1989) en tanto es utilizado como una herramienta de dominación dentro del marco del capitalismo; promueve la convivencia superficial entre culturas sin abordar las causas profundas de la desigualdad. En su lugar propone el concepto de interculturalidad crítica, justamente porque no solo reconoce la diversidad, sino que busca transformar las estructuras de poder existentes.
19Charles Taylor en su libro Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, publicado en 1992, defendió la importancia del reconocimiento cultural es esencial en sociedades multiculturales para la dignidad e identidad de los individuos (Taylor 1992). En la evolución del concepto se reconocen dos períodos clave: el primero, en las décadas de 1960–1970, surge como respuesta a los movimientos por los derechos civiles y la descolonización. Por su parte, en el segundo periodo, corresponde a los años 1980–1990, de consolidaciones políticas multiculturales en varios países, promoviendo la diversidad cultural como un valor positivo. Un ejemplo, son las políticas culturales en Canadá. Al respecto, Catherine Walsh indica que:
La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una totalidad nacional. (Walsh 2005, 5)
20Actualmente, según el documento del RIMISP (2024), titulado “Brechas étnicas y discriminación a los pueblos indígenas”, en relación con el enfoque intercultural que emergió en los años 1990 y, en referencia a Boccara (2012), se plantea que si bien el concepto de interculturalidad en Latinoamérica tuvo inicialmente “un sentido crítico, y evocaba un pensamiento y praxis política anti sistémica”, a inicios del 2000, al ser apropiada por los Estados para designar las nuevas generaciones de políticas, dicha noción perdió “su potencial subversivo y político para ser incorporado a la nueva agenda etnodesarrollista estatal que no considera a la autonomía y al autogobierno como la base de una nueva relación entre el Estado y pueblos indígenas” (Boccara 2012, 11 cita en RIMISP 2024, 19).
21Por otro lado, la inclusión, es la antítesis de la marginalidad cultural o la exclusión social. Dicho término se refiere al proceso mediante el cual se mejora la participación de individuos y grupos en la vida económica, social, política y cultural de la sociedad, especialmente aquellos que enfrentan desventajas. Busca garantizar que todas las personas tengan acceso a las oportunidades y recursos que les permitan participar de la vida social.
22La pluriculturalidad de Costa Rica es el resultado de un intrincado proceso histórico de migraciones. Previo a la colonia, diversos grupos indígena poblaban el territorio, llevando a cabo una diversidad manifestaciones culturales y manteniendo importantes intercambios tanto con el centro como al norte y al sur del continente. La llegada violenta de los europeos diezmo la población debido a enfermedades y formas de esclavitud interpuestas de manera vedada, sus tierras y recursos les fueron zaqueados, aunque los pueblos indígenas se resistieron con una fuerza inquebrantable. En y tras la colonia, otras migraciones afrodescendientes y asiáticas también contribuyeron a la identidad nacional. Actualmente, las resistencias persisten, pese y en respuesta a la vulnerabilidad estructural, políticas públicas débiles y las propias dinámicas neoliberales.
23En los últimos años, Costa Rica es un importante país receptor de migrantes, con un 9% de su población proviene de otras naciones, principalmente de Nicaragua (79%), Colombia, Venezuela y el Caribe (Solís Bastos, Hernández Murillo 2022, 3; ONU-OIM 2023, 1). Recientemente, se reconoce que Costa Rica funciona como un corredor migratorio para el flujo de personas que transitan hacia los Estados Unidos, provenientes de África, Suramérica y el Caribe. (Solís Bastos, Hernández Murillo 2022, 3). Esta dinámica ha sido impactada por las recientes medidas interpuestas con el retorno de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU. Asimismo, desde 2018, acoge a refugiados nicaragüenses, incluyendo miskitos, quienes enfrentan el reto de ser reconocidos étnicamente. Estas dinámicas históricas y recientes reafirman la diversidad cultural de Costa Rica y plantean desafíos cruciales para construir una sociedad verdaderamente inclusiva.
24La sección siguiente a manera de contexto presenta un balance en relación con los logros y desafíos en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.
- 4 El Censo del 2011 es la fuente oficial más reciente donde se abordó las características de los pueb (...)
25Esta sección examina la evolución de la política pública y el contexto histórico con el interés de presentar un balance de los logros y desafíos clave para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Costa Rica. La población total de Costa Rica estimada para el 2022 fue de 5.044.197 habitantes según el Censo del 20114, la población total del país fue de 4.301.712, en ese momento se estimó que la población indígena representó el 2,4 % (121.204 personas). Los pueblos indígenas en Costa Rica, según el Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas son
aquellos colectivos constituidos por personas indígenas, descendientes directos de las civilizaciones precolombinas con identidad propia y cuyas condiciones sociales, culturales, económicas, espirituales y políticas, les distingan de otros sectores de la colectividad nacional. Los pueblos indígenas están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o bien por una legislación especial y, a su vez, conservan la totalidad o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, espirituales, culturales y políticas. (Gobierno de Costa Rica 2016)
26Étnicamente, los pueblos indígenas provienen de ocho grupos. Estos son: bribri: 18.198 personas, cabécar: 16.985 personas, maleku: 1.780 personas, chorotega: 11.442 personas, huetar: 3.461 personas, ngäbe: 9.543 personas, bröran o brunka: 5.555 personas y teribe o térraba: 2.665 personas (INEC 2013, 34–35). Los bribri son el grupo con mayor población y con la menor los maleku. Los pueblos indígenas se encuentran distribuidos en 24 unidades geográficas, denominadas territorios indígenas, estos refieren a “la propiedad colectiva de los pueblos indígenas que comprende las tierras y recursos naturales que han sido tradicionalmente ocupados o utilizados por los pueblos indígenas, sin reducirse a la delimitación político-administrativa de los mismos” (Gobierno de Costa Rica 2016, 1). El área que comprende todos los territorios indígenas en Costa Rica representa 3.344 km2, el 7 % de la superficie total del país.
27El Estado costarricense ha logrado avances significativos en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, aunque persisten desafíos sobre los cuales se hará referencia más adelante. Los logros pueden agruparse en el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad cultural, la ratificación de instrumentos internacionales, protección territorial y políticas públicas con enfoque cultural. En cuanto al reconocimiento Constitucional y legal de la diversidad cultural en Costa Rica ha avanzado significativamente, si bien la Constitución no es explicita en relación con los pueblos indígenas su contenido y posteriores modificaciones de artículos han permitido avanzar en este reconocimiento.
- 5 El artículo 9 reza que, “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alt (...)
28En este sentido, la modificación constitucional de 2015 (artículo 1, en el 2015), que define al país como pluriétnico y multicultural, sumada al reconocimiento del gobierno participativo (artículo 9, en 2003)5 y derechos ambientales (artículo 50, 1994 y 2020), ha fortalecido el marco legal para una relación más equitativa entre los pueblos indígenas y el Estado, buscando una sociedad más inclusiva. Por su parte, la Ley Indígena No. 6172 de 1977 fue un hito, declarando los territorios indígenas inalienables, imprescriptibles y exclusivos, también otorgando plena capacidad jurídica a estas comunidades. Más recientemente, en el 2018, mediante la Ley N° 9593 de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas de Costa Rica, aprobada el 24 de julio de ese mismo año, se busca fortalecer el acceso a la justicia a los pueblos indígenas mediante el pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, adaptando los servicios judiciales a sus requerimientos culturales y lingüísticos.
29La ratificación de instrumentos internacionales ha sido crucial para Costa Rica en la protección de los derechos indígenas. El Convenio 169 de la OIT (Ley No. 3716 de 1992) es fundamental, garantizando derechos territoriales, culturales y el derecho a la consulta previa, libre e informada. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) si bien no es vinculante como el anterior, complementa este marco, estableciendo un rango integral de derechos, incluyendo la autodeterminación y la gestión de recursos. Además, la suscripción de convenios ambientales internacionales ha dirigido acciones y recursos hacia los territorios indígenas.
30En cuanto a la protección territorial de los pueblos indígenas, aunque con deficiencias en la práctica, tiene bases jurídicas sólidas. La Ley General de Terrenos Baldíos (Ley No. 13 de 1939) marcó el inicio al reconocer los derechos indígenas sobre sus tierras, declarándose inalienables y permitiendo la demarcación de los primeros territorios. Posteriormente, la Ley Indígena de 1977 reforzó esta protección, consolidando la posesión y exclusividad de la tierra para las comunidades, un pilar esencial para su supervivencia cultural y económica.
31Actualmente, se reconoce la existencia de 24 territorios indígenas, estos espacios son considerados espacios culturales, económicos y autónomos. Asimismo, si bien se han dado pasos lentos existen esfuerzos por la devolución de tierras que fueron ilegalmente ocupadas por personas no indígenas, incluso con asignación de presupuesto e indemnizaciones a aquellos definidos poseedores de buena fe.
32En cuanto a las políticas públicas se estableció mediante decreto el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Se ha establecido un marco jurídico que reglamenta el proceso de consulta previa, libre e informada para aquellas medidas administrativas, proyectos de ley o proyectos privados que pueden afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, garantiza su participación plena y efectiva. Existe en el Ministerio de Educación un departamento de Educación Indígena intercultural, en Salud hay registro de algunas iniciativas.
33Las políticas públicas costarricenses, aunque no se detallan ampliamente en este artículo, se orientan hacia un enfoque cultural. La legislación existente y los convenios internacionales ratificados han sentado las bases para el desarrollo de iniciativas que buscan respetar y fortalecer las tradiciones, modos de vida y el patrimonio histórico-cultural de los diversos pueblos indígenas. Estas políticas pretenden facilitar una mejor distribución de recursos y una mayor participación de las comunidades, contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva.
34En síntesis, en cuanto a los logros, Costa Rica presenta un avance significativo en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de sus pueblos indígenas, cimentado en un robusto marco legal y constitucional que declara la plurietnicidad y multiculturalidad del país y la inalienabilidad de sus territorios, pero como se aborda en seguida, persisten desafíos en la implementación efectiva y erradicación de las desigualdades.
35A pesar de los avances normativos, Costa Rica enfrenta persistentes desafíos estructurales que obstaculizan la inclusión plena de los pueblos indígenas. La discriminación y marginalización cultural prevalecen, se manifiestan en un acceso desigual a servicios públicos básicos, que a menudo carecen de pertenencia cultural. Los conflictos por la tierra y la escasa participación de las comunidades en la toma de decisiones son obstáculos significativos.
36La brecha entre legislación y su implementación efectiva es una problemática central. Aunque Costa Rica posee un marco jurídico robusto en derechos indígenas, las políticas públicas en los poderes legislativos, judicial y ejecutivo no han logrado una ampliación efectiva, evidenciando una crisis de gobernabilidad y debilitamiento institucional. Esta situación limita la resolución de los problemas, pero también una oportunidad para repensar de forma innovadora las formas de articulación del Estado con su población, buscando mayor reconocimiento y eficiencia. Esta ineficiencia se refleja en la persistencia de tensiones y en datos que muestran profundas desigualdades en comparación con el resto de la sociedad costarricense.
37Costa Rica enfrenta una serie de tensiones cruciales que impactan la inclusión de los pueblos indígenas. La dialéctica entre tradición/neo colonialidad/colonialismo interno imponen valores hegemónicos y subalternizan las culturas indígenas, lo que subraya con la urgencia de propuestas educativas interculturales y bilingües como apuntan Carvajal y otros autores. (Carvajal et al., 2017, 27). Además, los conflictos territoriales y extractivos persisten, a pesar de la titulación, con un 43,2 % de las tierras en manos no indígenas. (CEPAL 2020, 53–54) y una lenta acción e inacción estatal, las cuales generan resistencias y estrategias de recuperación por parte de las comunidades con altos costos sociales.
38La exclusión y falta de reconocimiento efectivo se manifiestan en que las demandas indígenas por una distribución justa de recursos y oportunidades son a menudo ignoradas. La insuficiencia de la institucionalidad y políticas públicas se refleja en la falta de datos desagregados, la concentración de territorios indígenas en zonas de alta desigualdad y las elevadas tasas de pobreza: por ejemplo, el 94,3 % de los cabécar y el 87,0 % de los ngäbe viven en pobreza (IWGIA 2021). Además, el 70% de los hogares indígenas carece de acceso adecuado a salud, educación y vivienda (PNUD 2021). Como señala Camacho-Nassar (2021), las causas estructurales de la exclusión social, económica y cultural de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos territoriales y la autodeterminación, siguen siendo una materia pendiente, lo que requiere un cambio en el imaginario social hacia la aceptación de la diversidad como valor fundamental (Sojo 2010, 123).
39A manera de balance en relación con los logros, si bien el país presenta avances en el reconocimiento formal es importante indicar que la implementación plena de esto derechos y la erradicación de las desigualdades históricas continúa siendo un desafío persistente. En otras palabras, consolidar estos retos en logros es una impronta para la construcción de sociedades inclusivas para los pueblos indígenas, con una amplia participación no solo del Estado sino de las propias comunidades, lo cual es posible porque el país cuenta con las bases democráticas.
- 6 En cuanto al concepto de valor público, Calderón y Fernández (2018) indican que el mismo, fue “intr (...)
40Al pensar sobre los posibles caminos para la equidad y participación de los pueblos indígenas en la vida nacional, el paradigma de política pública centrada en la generación de valor público en un Estado multiétnico y pluricultural es clave. En ese sentido, Costa Rica ha venido apostando a una Nueva Gestión de la Política Pública (NGP) y al Gobierno Abierto, el cual fomenta la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía y la gestión basada en resultados para la generación de valor público6; el cual se define como la capacidad del Estado para generar beneficios a la ciudadanía mediante la provisión de servicios y bienes públicos que respondan a sus necesidades. Mientras que, la Gestión para Resultados (GpR) es un enfoque que se adopta con el interés de “repensar el Estado; mejorar su eficiencia eficacia y calidad de los servicios públicos; y optimizar el desempeño de los empleados públicos y de las organizaciones en las que trabajan” (CLAD-BLID 2007, 154).
41En otras palabras, este nuevo paradigma demanda no solo la generación de valor público, sino también una gestión que permita definir, implementar y medir los resultados, de manera que los servicios y bienes públicos sean eficientes, accesibles y relevantes para la población. En el caso de los pueblos indígenas, permite asegurar la tenencia en manos indígenas de sus territorios y reduciendo la marginalidad económica y política que perpetúa su vulnerabilidad y exclusión de la sociedad. Esta perspectiva de gestión es una oportunidad para repensar la calidad de los bienes y servicios estatales que se prestan a estas poblaciones para la generación de valor público. No solo desde la eficiencia sino alineada con las necesidades y expectativas de la población, lo cual redefinirá la relación entre el Estado y la sociedad. Al respecto, Naciones Unidas, CEPAL e ILPES (2018) sostienen que,
[...] el emergente paradigma del gobierno abierto se postula como un enfoque renovado para la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular iniciativas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de diversos actores para la coproducción de valor público. (CEPAL e ILPES 2018)
42Cabe resaltar que también a la luz del ingreso de Costa Rica a la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la medición de valor público es integral y combina al menos los siguientes elementos: evaluación de calidad eficacia y eficiencia; Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), Rendición de cuentas, Auditoria del Valor Público, con el objetivo superior de buscar mediante los bienes y servicios estatales, la mejor satisfacción y bienestar de la ciudadanía. Tomando en consideración lo anterior, uno de los principales retos que enfrenta el país es incorporar la pertinencia cultural como elemento clave para lograr el objetivo del valor público, ya que logra que la gestión pública sea cercana no solo a las necesidades percibidas por las personas sino a las formas culturales que elijan los pueblos indígenas para responder a estas. En este marco, para el caso de los pueblos indígenas la pertinencia cultural como eje transversal del ciclo de políticas públicas es clave para la generación de valor público.
43La pertenencia cultural es un eje transversal en la gestión de la política pública para la generación de valor público. En este sentido, la prestación de bienes y servicios públicos con pertinencia cultural contribuirá a mejorar el bienestar de las comunidades, al tiempo que fortalecerá la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. A continuación, se analizarán los componentes de la pertinencia cultural como estrategia para la generación de valor público. Estos son: participación activa de las comunidades; reconocimiento de los derechos desde la puesta en valor público; integración de su cosmovisión y conocimiento tradicional.
44En cuanto a la participación activa de las comunidades podemos indicar que Costa Rica cuenta con un Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas, el cual es un avance importante; sin embargo, es fundamental trascender de esta modalidad hacia formas que permitan la participación significativa de los pueblos indígenas mediante la creación de espacios de diálogo y toma de decisiones en torno a la gestión de servicios de bienes y servicios del Estado, desde sus etapas más tempranas. En otras palabras, es trascender de la mera consulta, como requisito de gestión, hacia una construcción conjunta desde la identificación de necesidades hasta las estrategias para su abordaje 6. Este reto demanda el acompañamiento de procesos de capacitación, empoderamiento y liderazgo indígenas que generen condiciones para la participación informada. Es decir, que puedan conformarse en una contraparte con conocimiento de sus derechos, en temas vinculados a la gestión pública y procesos administrativos.
45Los pueblos indígenas han ido desarrollando estas habilidades, conocimiento y capacidades que han permitido su resistencia, pero es importante considerar la capacitación, empoderamiento y liderazgo como condiciones para una gestión pública con pertinencia cultural y de tipo inclusiva. Por otra parte, los problemas estructurales que han experimentado estas poblaciones han tenido repercusiones en la vida comunitaria, familiar y, por consiguiente, en sus cuerpos. Estos aspectos explican fenómenos como la desarticulación social, asimilación cultural, desplazamientos y debilitamiento de los distintos tipos de tejido social fundamentales para la reproducción social.
46En este sentido, es importante desde el Estado contribuir a la generación de condiciones para el fortalecimiento de las organizaciones sociales representativas para la gestión pública culturalmente pertinente. Claro está, salvaguardando el respeto del Estado a su cosmovisión y saberes tradicionales. En la misma línea, esta participación activa enfrenta importantes retos, como resultado de la exclusión estructural experimentada. Entre estos, se encuentran la desinformación (justamente por esta razón se recomendó la importancia de la educación, capacitación, empoderamiento y liderazgos), las limitaciones en el acceso a reuniones y consultas por la falta de infraestructura adecuada, transporte, distancia, etc.
47La marginalidad cultural se expresa en débil sensibilidad, desconocimiento cultural, estigmatización, carencia de herramientas para realizar abordajes con pertinencia cultural o bien aplicar los marcos legales existentes, por parte de las personas funcionarias públicas. Así como, las complejidades administrativas o técnicas de los procedimientos que no toman en consideración las necesidades particulares de las personas. Es importante destacar que, debido a las situaciones de violencia que experimentan las comunidades, contribuye a generar condiciones de inseguridad o tensión para el intercambio o construcción conjunta.
- 7 En el documento: Los Pueblos de América Latina Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosten (...)
48En la realidad actual costarricense, a la luz de la propuesta de una gestión pública con pertinencia cultural orientada a la generación de valor público, es necesario revisar y/o crear políticas estratégicas o bien una política marco, que enmarque las decisiones y la definición de los bienes y servicios hacia estas poblaciones, los cuales deben ser adecuados a la realidad de cada territorio. En este contexto, es clave generar políticas inclusivas vinculadas directamente con el bienestar. Al respecto, CEPAL/FILAC destacó como principales recomendaciones7 garantizar los derechos territoriales para proteger la vida y la continuidad cultural de los pueblos indígenas; así como, la protección de los bosques de posesión tradicional de los pueblos indígenas (CEPAL/FILAC 2020, 232–240). Asimismo, se indica dentro estas recomendaciones, frenar la criminalización de las personas defensoras de la vida y los territorios indígenas; garantizar los derechos colectivos en materia de salud, la educación inclusiva, reducir las inequidades y promover la integridad cultural, a una vivienda adecuada; así como, el asegurar el pleno empleo (CEPAL/FILAC 2020, 232–240).
49Otro aspecto clave es la integralidad en las políticas, la cual debe considerar la coordinación interinstitucional para abordar las problemáticas, de ser posible en modelos de gobernanza que incluyan a mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los modelos de gobernanza. Las estrategias participativas tanto en la elaboración de presupuestos como de auditoría ciudadana y el propio monitoreo participativo, se han reconocido como buenas prácticas en la relación Estado-sociedad. En este sentido, establecer mecanismos para el monitoreo y evaluación continua de los bienes y servicios del Estado, en las diferentes etapas de gestión es fundamental. Además, resulta esencial la elaboración y publicación de informes que incluyan estos aportes y la forma en los cuales se gestionan desde una perspectiva de mejora continua. Esto, en tanto aporta a la transparencia, legitimidad, confianza como a la mejora continua. Finalmente, la implementación de proyectos como mecanismos de respuesta a necesidades es también una tendencia en la gestión de bienes y servicios. Para esta finalidad, los proyectos piloto son una forma de desarrollar soluciones ágiles y con potencial de impactar positivamente sus realidades y contextos culturales.
50El reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, dentro de una gestión pública que genere valor, debe anclarse en su cultura y cosmovisión, para garantizar su pertinencia cultural. Asimismo, reclama trascender del reconocimiento instrumental, folclorista de la cultura, como concesión dada por las culturas hegemónicas, sino como un elemento esencial para el bienestar comunitario y la diversidad cultural. En esta línea de pensamiento, Moore (1998) – citado por Muñoz y Vicente – sostiene que este autor:
[…] introdujo el concepto de valor público refiriéndose a que los recursos públicos creados a través de servicios, leyes y acciones deben generar un valor que va más allá del enfoque basado en el impacto monetario, por lo que se hace necesario incluir beneficios sociales percibidos por la ciudadanía. Por ende, plantea que la existencia de valor público en las instituciones requiere que los y las diseñadoras de políticas de espacios e instituciones públicas escuchen atentamente a las partes interesadas, participen en conversaciones creativas y aprovechen dicha experiencia local como guía fundamental en el desarrollo de las políticas. (Muñoz y Vicente 2023, 1)
51A partir del reconocimiento pleno de la cultura indígena, es clave garantizar un marco institucional y legal sólido para la prestación de servicios con pertinencia cultural que incluya mecanismos efectivos para hacer cumplir estos derechos. En el contexto costarricense esto es un punto de alta sensibilidad, pues si bien se han realizado esfuerzos en fortalecer la normativa, las brechas se encuentran en la definición, implementación y evaluación en la práctica.
52En este marco, es fundamental garantizar el derecho colectivo al territorio. Al respecto, la ONU reconoce los esfuerzos de Costa Rica en la restitución de tierras a los pueblos indígenas, por ejemplo, mediante la implementación del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI). No obstante, se le ha instado al país a intensificar sus esfuerzos para enfrentar la discriminación y violencia de las cuales son víctimas estas comunidades (UN 2024). Asimismo, para garantizar la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas es esencial asegurar la protección legal de sus territorios, como paso importante hacia el reconocimiento formal de sus derechos. Esta protección legal amerita proteger su autonomía sobre la tierra, los recursos naturales y sus propias formas de conservación (Iturralde 2023).
- 8 Maru Mormina indica que, los bienes irreductiblemente sociales son aquellos cuyo valor recae princi (...)
53En lo concerniente a la integración de la cosmovisión y conocimiento tradicional podemos anotar que la incorporación del conocimiento y las prácticas culturales de los pueblos indígenas debe ser considerada en la identificación de necesidades y los programas que las abordan desde los bienes y servicios estatales. El reconocer y poner en valor la cultura indígena es una deuda histórica de gran potencial para revertir la exclusión y marginalidad cultural. En este sentido, conceptualizar como bien social irreductible nos ayuda a mirar más allá del beneficio y del valor público, a reconocer que la actividad cultural está indisolublemente entrelazada con los flujos y reflujos de las relaciones sociales que dan forma a las normas, prácticas, creencias, comportamientos y tradiciones de una sociedad en particular. Al respecto, el reconocimiento de la cultura como un bien irreductible8 es clave, en palabras de Maru Mormina:
Cambia el enfoque de política pública de la provisión de bienes o recursos culturales, como implica el marco del bien público, a un compromiso para mejorar las capacidades culturales de la sociedad. Las capacidades culturales son las oportunidades para crear y disfrutar simultánea y colectivamente la cultura a través de una participación inclusiva, equitativa y diversa en la vida social de la comunidad. Por lo tanto, un compromiso para mejorar las capacidades culturales es un compromiso para fortalecer las estructuras de convivencia, las instituciones sociales que hacen tangible el poder intangible de las comunidades.
¿Por qué el Estado debería apoyar la cultura? No sólo por algún beneficio público, sino porque su naturaleza irreductiblemente social significa que no hacerlo nos disminuye como sociedad. (Maru Mormina 2024, 25)
54La misma autora plantea que la irreductible dimensión social de la cultura debe ser analizada en relación con las condiciones en que las personas viven su vida en sociedad y no de manera aislada. Esto se debe considerar de manera sistemática y explícita en las decisiones de política pública, de manera que se alineen con las prioridades y objetivos estatales. Es decir, se debe reconocer que no es posible separar la cultura de otros aspectos de la sociedad (Mormina 2024, 25).
55Finalmente, en cuanto a la integración de su cosmovisión y conocimiento tradicional, es importante considerar que la educación y capacitación son clave para poner en valor la cultura. Se requiere sensibilizar a la población en general – y no solo a las personas indígenas – sobre los derechos de los pueblos indígenas y su cultura para revertir el racismo y discriminación colonial que persiste en el imaginario nacional. Desde esta perspectiva, los funcionarios públicos deben ser capacitados con las habilidades suficientes para prestar servicios con pertinencia cultural. Este aspecto es fundamental porque lo contrario genera desconfianza y resistencia entre las poblaciones indígenas. En un estudio sobre la salud indígena, se apuntan las siguientes palabras de la adulta mayor indígena bribri de 88 años, María Delgado Rojas: “… Los médicos no indígenas, nos ven de mala manera, no nos quieren, ni nos hablan…” [María Delgado Rojas. Adulta mayor indígena bribri de 88 años] (Rojas Delgado 2018).
56En este marco, han sido valiosos los esfuerzos para la inclusión de personas indígenas en el sistema educativo superior, a través del acompañamiento durante el proceso de admisión y permanencia universitaria, creación de comisiones y organizaciones de estudiantes. No obstante, enfrenta importantes retos en virtud de que la educación no es intercultural y no pone en valor el conocimiento indígena.
57Al responder a la pregunta, ¿cuáles son los alcances y los retos que aún persisten en Costa Rica para construir una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas, a partir del reconocimiento de su diversidad étnica y cultural y qué posibles vías podrían facilitar una mayor equidad y participación de estas comunidades en la vida nacional? En conclusión, podemos indicar que casi diez años después de la modificación constitucional del 2015, los problemas estructurales que limitan la construcción de una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas persisten, tal y como fue posible analizar mediante el abordaje de las principales tensiones. Si bien, se identifican avances tales como el reconocimiento cultural y un marco normativo robusto en relación con los pueblos indígenas, en Costa Rica persiste una brecha entre legislación e implementación efectiva mediante políticas públicas tanto de orden legislativo, judicial y ejecutivo.
58En este marco, desde la perspectiva de “reconocimiento/distribución” de Nancy Fraser (1997), para el caso de Costa Rica, la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su existencia, cosmovisión, lenguas, organización social y derechos territoriales ancestrales ha sido fundamental. La falta de este reconocimiento ha llevado a que sus demandas por una distribución justa de recursos y oportunidades sean frecuentemente ignoradas debido al desconocimiento por parte del Estado en tanto poder hegemónico y de quienes finalmente gestionan la política pública (funcionarios públicos). En este sentido, la falta de titulación de territorios ancestrales y el no reconocimiento de sus prácticas culturales limitan el acceso a la tierra, su desarrollo económico y su bienestar, incluso exponiéndolos a políticas públicas perjudiciales. Un mayor reconocimiento y una mejor distribución de recursos fortalecerían su capacidad de participación plena en la sociedad costarricense para entre otros, hacer valer sus derechos y sus agendas, consolidándose como sujetos de derechos. Lamentablemente, el país atraviesa una crisis de gobernabilidad e institucionalidad (CONARE 2023), lo que limita la resolución de los pueblos indígenas.
59Es decir, la construcción de la sociedad, pensada desde Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico, debe partir de la erradicación de las barreras estructurales que promueven la discriminación y exclusión, con pertinencia cultural. En coherencia con este reto aspiracional, desde el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural, las respuestas del Estado deben, en primer lugar, ser planteadas y construidas con la participación activa y significativa desde las poblaciones indígenas. Es decir, debe ir más allá de los mecanismos de consulta. Además, deben estar directamente vinculadas a la mejora en su bienestar; con la generación de valor público. En este sentido, este artículo pretende interpelar la sociedad sobre la imperiosa necesidad del reconocimiento de Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico, cambio de paradigma en la construcción de una sociedad inclusiva para los pueblos indígenas, que demanda repensar la gestión de lo público, desde su marco jurídico, judicial y ejecutivo.