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Dossier

Teoría y práctica de la monarquía nacional y democrática. La constitución de 1869 y su forma de gobierno1

Théorie et pratique de la monarchie nationale et démocratique. La constitution de 1869 et sa forme de gouvernement
Implementing the National and Democratic Monarchy. The 1869 Constitution and Its Form of Government
Isabel María PASCUAL SASTRE

Résumés

Ce travail veut préciser le rôle que les hommes de la Révolution de 1868 et de ceux qui ont fait la Constitution voulurent donner à la monarchie au sein du premier système démocratique de l'histoire de l'Espagne : une simple forme de gouvernement. Il analyse la place que la nouvelle constitution de 1869 finit par donner théoriquement à la monarchie, pour la première fois à la tête de l'Etat, en comparant les compétences qu'elle avait dans la dernière constitution d'Isabel II de 1845 et dans la nouvelle, en identifiant les changements, mais aussi les continuités. Puis ce travail étudie le rôle pratique du pouvoir modérateur dans cette “ monarchie nationale » inédite en démocratie. Et enfin, il approfondit les facteurs les plus marquants qui ont contribué à l'échec du règne d'Amédée Ier de Savoie, étant entendu que le système des partis politiques n'était pas à minimiser.

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Texte intégral

  • 1 Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto «La herencia de los Reales Sitios. Madrid, de (...)

1Tres han sido los intentos que se han dado en la España contemporánea de lograr consolidar un sistema democrático ; dos de ellos bajo la forma de gobierno monárquica. Aquí vamos a abordar la primera tentativa que se dio en suelo ibérico de conjugar monarquía y democracia, dos términos que hasta entonces parecían irreconciliables, con el fin de comprender de dónde surgió esta experiencia, cuál fue su concreción práctica y qué factores concurrieron a su fracaso.

2 Lo que aquí se pretende mostrar es que ninguno de los grupos de la coalición victoriosa estaba plenamente convencido de las virtualidades, ni apoyaba plenamente el proyecto de una monarquía democrática : fue algo con lo que se transigió ; era un sistema que se consideró o bien transitorio, o bien instrumental para otros fines. Y la proclamación de la república por las propias Cortes amadeístas e incluso por ministros suyos, el mismo día de su renuncia no es la única prueba al respecto. Era razonable prever que un sistema en el que tan pocos creían desapareciera ante las primeras dificultades.

  • 2 Uno de ellos, el gran literato Juan Valera, escribía el 28 de febrero de 1873: «no teniendo candida (...)
  • 3 Cristino Martos temía una posible reacción conservadora apoyada por el Rey. Aunque sería él mismo q (...)
  • 4 «Al irse de repente, en un momento de hastío y de cansancio, [el rey Amadeo] nos expuso a grandísim (...)
  • 5 Como escribió Francisco Pi y Margall: «Rivero, Presidente del Congreso, hacía días que ya se había (...)
  • 6 «Es curioso que las Cortes, tras su abdicación [de Amadeo I], no se plantearan siquiera la posibili (...)

3 Esto ayuda a comprender lo que sucedió el 11 de febrero de 1873 en las Cortes españolas, de forma tan repentina e inmediata, cuando se convirtieron en Asamblea Nacional. Los monárquicos conservadores de la revolución (el grupo unionista de Serrano aliado con Sagasta) reconocieron la república como un hecho consumado y se negaron a buscar otro rey2. Los radicales (el grupo de Ruiz Zorrilla) se ausentaron o incluso facilitaron la llegada de la república (Martos3), quedándose incluso algunos en el poder como ministros, tal vez al sentirse inesperadamente abandonados por su rey4. Y los demócrata-monárquicos o “ cimbrios » (de Rivero) se sumaron a los demócrata-republicanos y a los mismos republicanos5. Nadie salió en defensa, ni pretendió buscar sustitución (otro rey democrático) a un sistema que no había convencido ni a unos ni a otros. Nadie siquiera planteó la posibilidad de una regencia (de larga práctica en el Ochocientos español) interina para buscar cómo salvar la Constitución democrática y monárquica de 1869. Se la daba por fenecida6.

  • 7 Antonio Ma Calero Amor, «Los precursores de la Monarquía Democrática», en José Luis García Delgado (...)
  • 8 En expresión de Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional: Teoría y práctica política», en Javier (...)
  • 9 Ángel Menéndez, La Jefatura del Estado…, p. 265.

4 La “ monarquía democrática »7, término político (que no jurídico) propio de los progresistas, hizo referencia a una “ monarquía constitucional de Gobierno parlamentario »8 (en la que el parlamento primaba formalmente sobre el poder ejecutivo), pero con soberanía exclusivamente nacional (no compartida por Rey y Cortes). Un modelo monárquico entre el constitucional y el parlamentario, aunque más próximo al primero en cuanto al título de la Corona y sus competencias (como se verá a continuación). “ Más aún, la expresión “monarquía democrática” se hace sinónima de “monarquía constitucional” con notoria impropiedad lingüística, que entraña, sin embargo, el profundo significado de que la institución sólo es ya concebible en esas condiciones. Algo parecido a lo que pretendía expresar la declaración francesa de 1789 cuando afirmaba que no había “constitución” fuera de la separación de poderes »9.

  • 10 Ibid., p. 213-216.
  • 11 Ibid., p. 30-46.
  • 12 Ibid., p. 216.
  • 13 Baldomero Oliver León, Monarquía y Estado constitucional. La institución monárquica en el proceso d (...)

5 Además de la expresión “ monarquía democrática », aquí hemos optado por hacer uso también del término “ monarquía nacional », siguiendo el sentido y la distinción establecida por Menéndez Rexach. Frente a las constituciones de inspiración “ doctrinaria » (1845 y 1876), resultado de un pacto entre la nación y el rey, que habrían dado lugar a un monarca “ limitado » ; las constituciones de inspiración “ progresista » (1837, la non nata de 1856 y 1869), que consagraban la soberanía nacional, generaron el monarca “ nacional »10. Ejemplos de monarca “ nacional » en otras monarquías europeas habían sido los surgidos de las constituciones francesa de 1791 y belga de 183111. En la española de 1869, “ la posición del rey alcanza probablemente su punto más bajo en cuanto a la posibilidad de intervenir activamente en el proceso político, pero se acerca, en cambio, a una verdadera configuración de Jefatura estatal, compatible con la inviolabilidad »12. Más recientemente algún otro jurista también usa dicha expresión al ocuparse de las que denomina “ monarquías nacionales constitucionales »13.

  • 14 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «El Liberalismo francés después de Napoleón. (De la Anglofobia a l (...)
  • 15 Jesús Millán y María Cruz Romeo, «Modelos de monarquía en el proceso de afirmación nacional de Espa (...)
  • 16 Encarna y Carmen García Monerris, «Monarquía y patrimonio en tiempos de revolución en España», Diac (...)

6 Y no sólo los juristas, también los historiadores hacen uso de este término. Precisamente Joaquín Varela, a partir de Mirabeau, se refiere a “ la nueva Monarquía nacional » como la salida en Francia de la Asamblea de 178914. Jesús Millán y María Cruz Romeo apuntan al modelo de monarquía ensayado por las Cortes de Cádiz como el “ intento de realizar una monarquía nacional, bajo el signo de un renovador liberalismo político »15. E igualmente Encarna y Carmen García Monerris han entendido la monarquía concebida por los constituyentes de 1869 como “ una monarquía nacional en el sentido más literal de la palabra »16. En todo caso, dicha expresión será usada aquí en el sentido que le dio Menéndez Rexach.

1. La Corona en la Constitución democrática de 1869 : la teoría, comparada con el pasado

7 Para abordar esta cuestión partiremos por recordar el estatuto que el liberalismo doctrinario asignó a la Corona, para inmediatamente observar su notable transformación, así como las permanencias, tras la revolución de 1868.

8 El liberalismo-doctrinario declaró que la persona del rey era sagrada e inviolable, no sujeta a responsabilidades. Los ministros eran los responsables (art. 42, Const. 45), de ahí que todo lo que dispusiese el rey “ en el ejercicio de su autoridad » necesitara el refrendo ministerial (art. 64). En la Corona residía el poder ejecutivo y, además, el Rey era copartícipe de la potestad legislativa, que ejercía a través de la iniciativa de la ley, la sanción de las leyes y la capacidad de veto absoluto e ilimitado (art. 35, 38 y 44). A esto había que añadir que, siendo las Cortes bicamerales, estaban compuestas por un Congreso de Diputados cuyos miembros eran elegidos por cinco años y un Senado vitalicio, para el cual la Corona tenía reconocida la prerrogativa de nombrar senadores en número ilimitado (art. 14).

9 Tácitamente se asignaba a la Corona un poder moderador en el juego político para arbitrar en los conflictos entre los poderes del Estado. Lo ejercía a través de las prerrogativas de nombrar y separar libremente a los ministros (art. 45.10), y de disolver la cámara electiva, con la única limitación de la obligación de reunir nuevas Cortes en el plazo de tres meses. Dicha capacidad era ilimitada para disolver las Cortes en cuanto al número de veces en que se podía recurrir a este expediente en una misma legislatura anual (art. 44 del Estatuto Real y art. 26 de la Const. 37), siendo así que dos disoluciones sucesivas otorgadas a un mismo Gobierno suponían un repudio formal del carácter arbitral de las consultas electorales.

10 En cambio, la prerrogativa sobre libre nombramiento y separación de ministros se vio limitada en el uso constitucional por un embrión de régimen parlamentario, el régimen de las dos confianzas, por el cual la instalación y permanencia de un gobierno dependía de la posesión simultánea de la confianza regia más la confianza parlamentaria.

11 La confianza regia estaba legitimada por mostrarse eficaz, en orden a un cambio de gobierno, frente a la confianza parlamentaria. Por ello fueron legítimos y operativos los conflictos unilaterales de confianza entre la Corona y el Gobierno, que se explicitaron de dos formas, a saber, por la iniciativa de la Corona en hacer uso de su prerrogativa sobre libre nombramiento y separación de ministros, independientemente de la situación parlamentaria de éstos ; y a través de la negativa de la Corona a prestar su firma a una propuesta en el área de la función de gobierno hecha por un Ministerio parlamentario, siendo ambas situaciones frecuentes en época isabelina.

12 Por su lado, la confianza parlamentaria se articuló a través de dos instrumentos al margen de las previsiones constitucionales : por un lado, las cuestiones de gabinete, cuestiones de confianza planteadas discrecionalmente por iniciativa de los Gobiernos, a cuya resolución positiva vinculaban su permanencia en el cargo ; y, por otro, los votos de censura, a iniciativa de las Cortes, para exigir la responsabilidad política de los Gobiernos.

  • 17 Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Con (...)

13 De este modo, y a despecho de su teórica fórmula dualista, en el régimen de las dos confianzas, se reconocía a la Corona un principio de orientación política y una coparticipación en la capacidad decisoria en la función de gobierno. Esto supuso, insiste Marcuello Benedicto17, colocar “ en vía muerta la hipotética estructuración de una monarquía parlamentaria », en la que la Corona se constituyera en un poder neutral.

  • 18 Gaceta de Madrid, nº 300, 26 de octubre de 1868, p. 1-3. (Cita en p. 2).
  • 19 Decreto de 6 de diciembre de 1868. Gaceta de Madrid, 7 diciembre 1868, p. 2.

14 Tras la Gloriosa, a la monarquía se llegó por medio del manifiesto del Gobierno Provisional “ A la nación » de 25 de octubre de 1868, en donde se alegaban “ antecedentes orgánicos indiscutibles »18. También el propio decreto de convocatoria de elecciones para diputados afirmó meridianamente que el Gobierno “ prefiere la forma monárquica con sus atributos esenciales, y celebrará por consiguiente que salgan victoriosos de las urnas los mantenedores de este principio, y del hecho de un monarca, no electivo, sino elegido por aquellos a quienes el pueblo español otorgue al efecto sus poderes »19. Esto llevó a pensar que las Cortes de 1869 no fueron auténticamente constituyentes.

  • 20 Manuel Pérez Ledesma, La Constitución de 1869, Madrid, Iustel, 2010.
  • 21 Luis Sánchez Agesta, «Los perfiles históricos de la monarquía constitucional en España», Revista de (...)
  • 22 Era la «monarquía establecida», en expresión del unionista Cirilo Álvarez. Jorge J. Montes Salguero (...)
  • 23 Interesante observar que el nuevo rey democrático adoptó ambas expresiones a la vez para encabezar (...)
  • 24 Así «el rey carece de poderes efectivos aunque sí está investido de potestas, como titular del máxi (...)
  • 25 Ángel Menéndez, La Jefatura del Estado…, p. 265.

15 La Constitución de 186920 aportó importantes cambios en sentido democrático. No sólo iniciaba con una extensa declaración de derechos (Título I), para seguidamente afirmar que la soberanía residía “ esencialmente en la Nación » (art. 32) ; sino que, a renglón seguido, afirmaba que “ la forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía » (art. 33). Con ello, la monarquía había dejado de ser la forma de Estado (monarquía hispánica, luego monarquía española) para pasar a ser una forma de Gobierno (de la Nación), en la que –como explicara Sánchez Agesta21- al rey no compete intervenir ni en la actuación ordinaria ni extraordinaria de la misma, ni en la fijación de la política de Estado. La nación por medio de sus representantes se había convertido a sí misma en Estado, el Estado nacional. Y era la propia Constitución la que establecía al Monarca, cuyo nombramiento y legitimidad emanaba de los representantes del pueblo22. Por ello, el Rey no lo era por la gracia de Dios, sino por la voluntad de la nación23 ; con lo cual, la Corona perdía su representación histórica del país y pasaba a convertirse en “ encarnación de la unidad y de la permanencia del Estado24 por encima de las polémicas partidistas »25.

16 La forma de gobierno adoptada era la monarquía y la autoridad real era hereditaria (art. 77), si bien el primer monarca tras la aprobación de la nueva carta magna sería elegido, que no electivo, o lo que es lo mismo, sería una monarquía electiva sólo en su origen. Los artículos sobre la reforma constitucional (Título XI) dejaban claramente establecido que la nación era dueña de sí misma, por cuanto preceptuaban que las Cortes podrían acordar, por sí (o a propuesta del Rey también), la reforma constitucional. Mientras deliberaran la reforma, las Cortes tendrían carácter de constituyentes (sólo a tal efecto), y mientras fueran constituyentes no podría ser disuelto ninguno de los Cuerpos Colegisladores (art. 112). Así, el pueblo, a través de sus representantes, podría legalmente cambiar la forma de gobierno, sin que el Rey tuviera poder alguno, ni de disolución, ni de negativa de sanción, sobre las Cortes reunidas con tal fin.

  • 26 Antonio M. Calero, «Los precursores...», p. 28-29.

17 Con el mismo objetivo, había otros mecanismos previstos por la Constitución, como la obligación para el Rey de jurar “ guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes » (art. 79). O igual juramento que debería prestar el Príncipe de Asturias al cumplir 18 años (ibidem), o la exclusión por las Cortes de las personas incapacitadas para reinar (art. 80). Todo ello se hacía para recalcar la supremacía de la nación sobre el Rey, para demostrar que no había enajenación de soberanía al crear un poder hereditario, sino que cada generación la conservaba permanentemente26. Además, la Constitución de 1869 establecía que el presupuesto debía votarse en Cortes (art. 100), y que el Rey no podría disolverlas mientras lo discutieran, ni negarles su sanción.

  • 27 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 220.
  • 28 Carmen Bolaños Mejías, El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, Madrid, UNED, (...)
  • 29 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 221.
  • 30 Carmen Bolaños, El reinado…, p. 97.
  • 31 Antonio Ma Calero, «Los precursores...», p. 27.

18 Por lo demás, el rey “ se concebía, prima facie, Jefe del Estado, no como titular del Ejecutivo », en palabras de Joaquín Varela27. Y es que, a pesar de mantener la titularidad del poder ejecutivo, no lo ejercía por sí mismo, sino a través de sus ministros, que eran quienes lo detentaban plenamente. En materia legislativa, la potestad de hacer las leyes residía sólo en las Cortes (art. 34) ; mientras que el Rey mantenía la iniciativa -que compartía con el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 54)-, la sanción y la promulgación de las leyes. Respecto a la sanción, la nueva ubicación de la potestad legislativa en las Cortes, obligaba a interpretar la facultad de sancionar las leyes como una mera formalidad28. De hecho, se deducía que el monarca debía prestar su asentimiento a lo que aprobaran las Cortes, sin posibilidad de veto, ni absoluto ni suspensivo29. Es decir, la Constitución no preveía la eventual negativa de la sanción, lo que significaba admitir en su plenitud que la potestad legislativa pertenecía a las Cortes30. Sin embargo, como el Rey podía suspender las Cortes una sola vez en cada legislatura sin el consentimiento de éstas, la negativa a la sanción se podía establecer sólo para una legislatura, eso sí, con la obligación de convocar nuevas Cortes en el plazo de tres meses y apelar así a la soberanía nacional (art. 71-72). De este modo, los constituyentes interpretaron la sanción, más que como una prerrogativa regia, como una facultad propia del poder moderador, común a reyes y presidentes de repúblicas31.

  • 32 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 133.
  • 33 «La Constitución regulaba las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, pero no el equilibrio (...)
  • 34 Decreto de 9 de noviembre de 1868 regulando el ejercicio del sufragio universal (para varones españ (...)
  • 35 Carmen Bolaños, El reinado de Amadeo…, p. 97.

19 Todas estas novedades constitucionales convivieron en la carta magna de 1869 con un título de la Corona (Título IV-Del Rey) que curiosamente no difería completamente del existente en la Constitución anterior, la isabelina de 1845. En efecto, ciertas facultades regias –particularmente las que conllevaban más contenido político- se mantuvieron de manera semejante al sistema precedente. Así el monarca retuvo facultades como las de nombrar y separar ministros, convocar y disolver las Cortes, suspender y cerrar sesiones (art. 42). Además no existía la reunión automática de las Cortes en caso de no ser convocadas. Tampoco había Diputación permanente. Quedó sin tocar la conflictiva cuestión de la negativa a la sanción. Y la reforma constitucional podía llevarse a cabo por iniciativa del Rey (además de por iniciativa de las Cortes)32. Con todo, bien es cierto que estas facultades eran atribuidas ahora a una Corona equidistante entre Parlamento y Gobierno ; que no elegía sus Gabinetes según sus preferencias personales o políticas ; y que trataba de resolver los conflictos entre Gobierno y Parlamento33 apelando a la opinión pública. Eso era así porque ahora las Cortes eran bicamerales, pero con ambas Cámaras electivas y por sufragio universal masculino34, representando ambas al conjunto de la nación y desapareciendo el Senado vitalicio de nombramiento regio. Así, las facultades del Rey en la organización y funcionamiento de las Cámaras permanecían, pero matizadas. Mantenía su competencia para la convocatoria de las Cortes, pero ahora no era una facultad enteramente discrecional. Las Cortes debían ser convocadas cada año (art. 42) y, a más tardar, para el día 1 de febrero (art. 43), debiendo estar reunidas, al menos, cuatro meses cada año (art. 43). Igualmente, el Rey tenía competencias para suspender y cerrar sus sesiones, y para disolverlas (art. 42). En este último caso, el real decreto debería contener necesariamente la convocatoria de las Cortes para dentro de tres meses (art. 72). Según Bolaños Mejías, la facultad de disolver las Cámaras fue “ una introducción novedosa en la regulación de dichas atribuciones » regias, pero que precisamente se convirtió en una “ fórmula mágica » que todos los partidos pretendieron del Rey ante el menor conflicto político35.

2. La primera práctica en España de un “ monarca nacional » dentro de un sistema democrático

  • 36 Juan Ignacio Marcuello, «La práctica del poder moderador…», p. 233-236.
  • 37 Ibid., p. 235.

20 La práctica del poder moderador en época isabelina ha sido estudiada por Marcuello Benedicto36, quien concluye que en aquel reinado la Corona se convirtió en el factor determinante del signo político de los responsables de la función de gobierno, a raíz de la concurrencia de un par de factores : la propia concepción liberal-doctrinaria, unida a un fraude electoral sistemático, y sobre todo, directa y primordialmente, por el peculiar uso que la Corona hizo de las prerrogativas constitucionales inherentes a su poder moderador. Esto se concretó en el hecho de que la Corona se sintió legitimada para plantear unilaterales conflictos de confianza ; o en que la Corona reforzó también su protagonismo político interviniendo en los conflictos Gobierno-Cortes, hasta llegar a neutralizar totalmente la operatividad de los votos de censura, sosteniendo así Gobiernos minoritarios, mediante sucesivos decretos de disolución de las diputaciones desafectas o avalándoles en sus propuestas inconstitucionales de legislar por real decreto en materia de presupuestos. La teórica fórmula de equilibrio Rey-Cortes no se mostró capaz de evitar que en la práctica se desequilibrase en una conversión del monarca en efectivo árbitro del cambio político, y que acabara dando más alas a la Corona, amenazando “ la supervivencia misma de los presupuestos esenciales de una monarquía “limitada” o constitucional, que era precisamente la razón de ser del propio régimen político liberal »37 y de las condiciones de aquel templado régimen parlamentario.

  • 38 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 132.

21 Lo interesante aquí es subrayar que, una vez triunfó la revolución y cayó la denostada reina, los progresistas en el Sexenio no cambiaron la relación Rey-Cortes. Como recuerda Ángeles Lario, “ entre Corona y Cortes, los políticos moderados, pero también los progresistas, se inclinaron por la Corona, al contrario de lo que había sucedido en su momento en Inglaterra (…), condenando así el único camino conocido en este sistema para controlar efectivamente los poderes del Rey : el fortalecimiento de las Cortes y el Gobierno de partidos »38.

  • 39 Aldo Albònico, «Amadeo, honesto y torpe», Historia 16, a. XV, nº 174, 1990, p. 32-39.
  • 40 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 132.
  • 41 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder moderador…», p. 238.

22 De entrada, hay que constatar que con Amadeo I, aunque la práctica fue radicalmente contraria a la de Isabel II, la monarquía no obtuvo por ello mejores resultados. Se sucedieron las crisis ininterrumpidamente ; y la responsabilidad no es posible achacarla a un rey, que en las crisis actuó constitucionalmente, si bien en un “ constitucionalismo en el vacío », en expresión de Aldo Albònico39. Los cambios de Gobierno se guiaron por las prácticas admitidas para el Gobierno parlamentario y, si bien el rey no pudo seguir siempre el criterio de las mayorías (dada la realidad de la práctica electoral), los presidentes de las Cámaras eran los primeros consultados en los cambios de Gobierno40. “ De ahí su fracaso y desengaño al no poder hallar la verdadera representación de la opinión pública, lo que le incapacitaba para resolver desde su esfera de poder la dinámica política que vivía la nación »41.

  • 42 Ibid., p. 241.

23 El corto reinado de Amadeo I, de poco más de dos años, vio la sucesión de seis gobiernos y tres elecciones generales. Esto da idea de “ la inestabilidad política [que] determinó que se activaran aquellas facultades del monarca como poder moderador que entrañaban una participación del Rey en el proceso político de decisión »42. De ahí que el estudio de las crisis ministeriales ponga de relieve la tesitura en la que se halló el Rey y las soluciones que dio en cada momento, para intentar mantener el equilibrio establecido por la Constitución, en el ejercicio de esta función moderadora.

24 Nada más llegar a Madrid, Amadeo I llamó a Palacio a los principales líderes de los partidos monárquico-liberales. Al día siguiente, el hasta entonces regente Serrano, con los hombres políticos más importantes que habían hecho la revolución de 1868, formaba un gabinete al que denominaron de “ conciliación » y que significó un intento por afianzar la dinastía. Aquel primer Gobierno, sin embargo, no anunció ni siquiera prometió la presentación de un solo proyecto de ley, dadas las dificultades que existían para elaborar una política definida. Al final, renunció a todo intento.

25 Cuando un Gobierno iba a presentar su dimisión, se suspendían las sesiones de las Cortes, conforme a las prácticas parlamentarias, al estar rota la relación que unía a éstas con el jefe del poder ejecutivo. Así la solución pasaba a ser de la exclusiva competencia de la Corona, a quien la Constitución confería la facultad de nombrar y separar libremente a sus ministros (art. 68). Los presidentes de las Cámaras tuvieron durante este periodo un papel consultivo de primer orden, ya que se consideraba que en tan críticas circunstancias eran los representantes de la opinión pública, y fueron siempre los primeros llamados por el monarca para darle consejo. Una vez asesorado, el Rey resolvía en el sentido conveniente.

26 Ahora bien, dada la inestabilidad de la vida política española, Amadeo I no siempre se guió por el criterio de que un Gobierno debía gozar de la mayoría parlamentaria para otorgarle su confianza o admitirle la dimisión. A pesar de su deseo, tras caer su primer gobierno (el de coalición presidido por Serrano) por divergencias intra-ministeriales, el Rey se encontró con dificultades insalvables para hallar un Ministerio que contara con el respaldo de la Cámara popular.

  • 43 «Amadeo I era consciente de las dificultades a las que se enfrentaba el funcionamiento de la monarq (...)
  • 44 La ruptura se formalizó con sendos manifiestos publicados el 12 y 15 de octubre de 1871.

27 Después, los dos siguientes Gobiernos –de Ruiz Zorrilla y Malcampo- dimitieron a causa de la formación de “ mayorías negativas » –típicas del parlamentarismo del siglo xix- forjadas en la Cámara popular con el único objetivo de poner en minoría al Gobierno. Es decir, ambos Gabinetes presentaron su renuncia al ser derrotados por coaliciones circunstanciales (que no tenían ninguna alternativa de recambio de Gobierno) formadas en un Congreso en el que ningún grupo político tenía mayoría por sí solo. La posibilidad de disolución de las Cortes para apelar al arbitraje de la nación no fue barajada en ningún momento por ninguno de los líderes del progresismo, ya que el partido conservador de la dinastía (los herederos de la Unión Liberal liderados por Serrano) no podía todavía constituir Gobierno por no hallarse organizado, mientras el partido progresista no lograba convertirse en el centro político, dado que se estaba fracturando (y tras esta división pasarían a existir cuatro grupos supuestamente dinásticos o amadeístas). De hecho, la disolución de las Cortes se realizó sólo en enero del 72, ya que hasta entonces no estuvieron ni mínimamente organizadas las dos grandes formaciones políticas que debían sustentar el régimen. Por eso, el Rey se encontró con dificultades a la hora de formar un Ministerio que contara con mayoría en las Cámaras43. Y una vez que se hubo consumado formalmente la ruptura en dos del progresismo en octubre de 187144, el interés de las oposiciones al Gobierno en el Congreso se centró en derrocar al Gabinete. De este modo, el conflicto Gobierno-Cortes no volvió a plantearse, puesto que tanto conservadores-constitucionales de Sagasta, como radicales-cimbrios de Ruiz Zorrilla se sirvieron de las elecciones para formar sus mayorías parlamentarias.

28 El cuarto gobierno, presidido por Sagasta, vivió la relevante intervención regia para obligar al propio Sagasta a aceptar la inevitabilidad de la fusión de los progresistas-sagastinos con los unionistas de Serrano. Este panorama hay que reconocer que no mostró un Rey pasivo y alejado del juego político ; bien al contrario, la Corona tuvo que influir constantemente para configurar las bases en que debía asentarse el sistema de partidos capaz de sostener el régimen. Tarea que resultó excesiva para las fuerzas del representante de la monarquía nacional y democrática, debido a la disparidad ideológica del sistema de partidos imperante.

  • 45 «Disgregados por personalismos los partidos, las facciones progresistas se acabaron diluyendo en su (...)

29 El intento de lograr un sistema bipartidista, que consolidara el régimen amadeísta, con la fusión de progresistas-zorrillistas con los cimbrios y de los progresistas-sagastinos con los unionistas condujo, como lamentable resultado, a que cimbrios y unionistas acabaran dominando a las mayorías progresistas de sus partidos. Precisamente, ésta fue la tragedia del progresismo triunfante de 1868 : su escisión irreconciliable en dos fracciones antagónicas, incapaces por sí solas (sin sus aliados) de ser una alternativa de Gobierno viable, llevó a la pérdida de identidad del progresismo a manos de sus coaligados políticos (en ambos extremos, demócratas y unionistas)45. El consenso sobre el régimen fue cada vez más escaso. El progresismo perdió así su oportunidad de convertirse en un partido de centro, aglutinador de todas las fuerzas dinásticas y que ejerciera una labor de atracción de los extremos.

30 Sucesivamente, Amadeo I retiró su apoyo al Ministerio de Serrano (su quinto y penúltimo Gobierno, el más conservador de la monarquía nacional y democrática) al negarse el monarca a firmar el decreto de autorización para presentar a las Cortes un proyecto de ley suspendiendo las garantías constitucionales, tal como le pedía el duque de la Torre. Gracias a los métodos consabidos, Serrano gozaba del respaldo del Congreso ; aun a pesar de esto, el Rey –tras consultar a su padre Víctor Manuel II- se reafirmó en su decisión irrevocable de no firmar, pues tenía que amparar y custodiar los derechos de todos. Y el gabinete Serrano presentó su dimisión.

31 Entonces, Amadeo I –tras intentarlo infructuosamente con Espartero- ofreció el poder a los radicales (junio 1872), que, aunque contaban con escasos representantes en la segunda legislatura (la de 1872), habían garantizado al monarca que dominarían la situación sin apelar a medidas extraordinarias. Merced a los decretos de disolución (con elecciones para agosto) y convocatoria de Cortes, los radicales se formaron, a su vez, un Parlamento adicto con el que poder gobernar.

  • 46 El 6 de diciembre, los conservadores se retiraron del Congreso. El retraimiento duraría hasta que s (...)
  • 47 «Amadeo I se negó a cumplir ambas condiciones. Los conservadores exigían una reparación del monarca (...)
  • 48 Conde de Romanones, Amadeo de Saboya, el Rey efímero, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 102.

32 En esas circunstancias, abiertas las nuevas Cortes en octubre de 1872, los conservadores pronto abandonaron el Congreso. La Corona observó con temor este retraimiento46. Para remediarlo, Amadeo I (aconsejado por el embajador italiano Barral y sin consultar al Gobierno) llamó a Serrano a Palacio. El encuentro tuvo lugar el 13 de enero de 1873. “ Don Amadeo, para desenojarlo, le rogó que la Duquesa aceptase la camarería mayor de la Reina y llevase en sus brazos a la pila bautismal al recién nacido, cuyo padrinazgo confiaba al matrimonio. El Duque declinó la invitación ; mas dominado por la pasión política, cometió la torpeza de mostrarse presto a aceptar el honor que se le ofrecía, imponiendo condiciones ; la primera, que Ruiz Zorrilla dejara de ser el jefe del Gobierno ; que para sustituirlo se entregara el poder a los constitucionales, y que el Rey firmara el decreto de suspensión de las garantías constitucionales, causa de su salida. Dignamente, el Monarca no podía aceptar tales imposiciones47, y fríamente despidió a Serrano, que no volvió a pisar los salones de Palacio »48.

  • 49 Juan Valera valoraba así este intento: «ya el 30 del mes pasado [enero], con ocasión de un pretendi (...)

33 Sucesiva prueba de la situación de degradación que alcanzaba a la monarquía nacional y democrática fue el intento del Congreso de constituirse en sesión permanente, a raíz de que la comisión encargada de acudir a la presentación del infante (que nació día 29 de enero de 1873, a las 22 h.) no fue recibida en Palacio, al parecer por indicación de la Reina, cansada por el parto49. Así las cosas, la monarquía sólo necesitaba un desencadenante para caer.

  • 50 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 269.
  • 51 Sánchez Agesta explicaba el mecanismo constitucional que se puso en juego: «El refrendo de los acto (...)
  • 52 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 270. Bien diferente fue la versión qu (...)

34 Y éste se presentó con la “ cuestión artillera », cuando el Gobierno, día 7 de febrero, por mediación de un diputado de la mayoría (Romero Girón), pidió un voto de confianza al Congreso para llevar a término las reformas anunciadas por el ministro de Guerra, Fernando Fernández de Córdova ; en el fondo, presentaba “ una proposición para que el Congreso ofreciera al Gobierno “todo su apoyo para que contenga a todos en el círculo de sus deberes” »50. Así las cosas, el presidente del Consejo de ministros Ruiz Zorrilla, amparado por el voto favorable del Parlamento, presentó a la firma del Rey –sin haberle consultado previamente- el decreto de remodelación del Cuerpo de Artillería, aun sabiendo que el monarca estaba en desacuerdo y era el jefe del ejército (Const. 1869, art. 70). Amadeo I lo firmó, pero le anunció su intención de renunciar al Trono51. La monarquía nacional y democrática estaba a punto de desaparecer. El líder radical aseguró ante el Congreso (día 10) que había hecho saber al Rey que el Gobierno estaba dispuesto a dimitir y que la Corona podía llamar a los conservadores52.

  • 53 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 270.
  • 54 Carta de José de Olózaga a José Luis Albareda sobre la abdicación del Rey. (Madrid, 21 de abril de (...)
  • 55 Amadeo I «encomendó a D. Eugenio Montero Ríos la redacción del Mensaje de abdicación a la Corona; n (...)
  • 56 Mariano Ríus y Montaner (1838-1894). Isabel María Pascual Sastre, «La Corte bajo una constitución d (...)
  • 57 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 271.
  • 58 Ver el interesante debate acerca de la renuncia (no abdicación y sus razones) entre los tres releva (...)

35 Aquel 10 de febrero, el Congreso se había constituido nuevamente en sesión permanente. Ruiz Zorrilla no pudo evitarlo porque se encontraba en minoría frente a su partido53. Al día siguiente, el secretario del Congreso leía el mensaje de renuncia al Trono, “ votándose en votación ordinaria, como si se tratase del asunto más baladí y sin que precediera una sola palabra »54. Dicho mensaje de renuncia había sido redactado, a petición del Rey55, por José de Olózaga, Presidente del Consejo de Estado, hermano menor de Salustiano y tío político del último Mayordomo Mayor de Palacio56. “ Este texto fue presentado al ministro de Gracia y Justicia, Montero Ríos, que lo retocó suprimiendo las frases que hacían referencia a la petición para tramitar la necesaria ley que permitiera abdicar al monarca. Así el acto solemne y constitucional de la abdicación se convirtió en una simple renuncia, renuncia que no estaba prevista por la Constitución »57. Un rey no renuncia, abdica ; pero la ley especial para abdicar (como exigía la Constitución de 1869, art. 74, párrafo 7º) no fue preparada58.

  • 59 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 271. «Los radicales,…, aceleraron la (...)
  • 60 En expresión de Juan Valera. Por su lado, Albareda afirmó que «La Cámara, ante la cual el rey ha re (...)

36 Teniendo en cuenta la mayoría que existía en el Congreso desde octubre de 1872, no es descabellado considerar que habría habido una salida a aquel callejón por medio de la tramitación de la ley especial de abdicación, en cuya votación la nación habría ratificado la forma de gobierno que deseaba, pero eso hubiera implicado el sacrificio de los radicales, algo a lo que no estaban dispuestos59. De hecho, la reunión conjunta el mismo 11 de febrero de 1873 de las dos Cámaras y su constituirse en Convención60 -al margen de las previsiones constitucionales, que lo prohibían expresamente (art. 47)- demuestran que ya no quedaba esperanza. En tan sólo dos años, no sólo la Corona había quedado sin sus pocos apoyos y desprestigiada, sino la propia Constitución del 69 vulnerada y arrinconada.

3. El fracaso como conclusión

  • 61 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 218.
  • 62 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 136, enumera cinco ocasiones, al menos, en que el (...)
  • 63 «La “consolidación de una monarquía constitucional” dependió no tanto del uso por la Corona de la p (...)
  • 64 «El problema era que los instrumentos que faltaron en el reinado de Isabel II, seguían faltando en (...)

37 A lo largo del reinado de Amadeo I, el monarca se convirtió de nuevo en el centro del juego político, ahora a causa de las presiones insistentes que ejercieron los partidos políticos sobre su persona. Como subrayaba Joaquín Varela, en las Constituyentes de 1869, “ los tres partidos que apoyaron la revolución de septiembre coincidieron en concebir al rey como un “poder moderador”, “armónico” y “neutral”, por encima de los partidos políticos »61, para evitar la mala experiencia de Isabel II. Pero, ninguno de los partidos encargados de sostener el régimen aceptó su pasividad62. De ahí que en el caso de Amadeo I, su fracaso parezca achacable al sistema de partidos políticos, idea sostenida por Viches63 y Lario64.

  • 65 «Vivo este general, habría contenido, cuando menos por algún tiempo, la división de su partido». Fr (...)

38 Existe la tendencia a plantear la idea de que el partido progresista no se habría roto estando Prim en vida65. Es imposible saberlo. Lo que es muy probable es que la posibilidad de estructurar la monarquía nacional y democrática en torno a un eje que fuera el progresismo, un progresismo unido y fuerte, que hiciera de centro político, con los unionistas a la derecha y los demócratas-cimbrios a la izquierda (y en los márgenes del régimen, republicanos y carlistas), seguramente fuera imposible en ausencia del líder carismático que fue Prim. Y lo cierto es que, una vez escindidos los progresistas, ni los constitucionales de Sagasta, ni los radicales de Ruiz Zorrilla lograron formar dos partidos sólidos y capaces de turnarse pacíficamente en el poder.

  • 66 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 134.
  • 67 «El teórico sistema bipartidista fracasó ante la realidad de un sistema pluralista polarizado» (Mar (...)

39 Respecto al sistema de partidos, compartimos el balance de Margarita Mas y Rafael Troncoso cuando señalan que dos fueron los grandes factores que hicieron inútil la buena voluntad de la Corona. Por un lado, el falseamiento sistemático de las elecciones, el mismo fraude electoral del reinado de Isabel II, pero que con Amadeo I no sólo era un fraude para el conjunto de la ciudadanía, llamada ahora a politizarse por vía del sufragio universal masculino, sino que destruyó la base sobre la que el Rey debía ejercer su poder moderador, quien tuvo que elegir primero Gobierno para que éste formase su mayoría : “ nada nuevo en la práctica »66. Y, por otro lado, el sistema de partidos vigente, sistema pluralista polarizado –en expresión de G. Sartori- y con un consenso mínimo, que hizo inoperativo el intento de crear un turno pacífico de dos partidos67.

  • 68 «Amadeo I tuvo siempre sobre su actuación la amenaza de su destronamiento por las Cortes, a la par (...)
  • 69 Como señalara Pi y Margall: «Surgían de la misma Constitución del Estado graves obstáculos. Los cre (...)

40 Con todo, además del sistema de partidos y el falseamiento electoral, había un tercer factor, el factor constitucional. De una parte, la Constitución establecía que el Parlamento podía decidir el cambio en la forma de Gobierno de la nación, transformándola en una República68 ; esto era un peligro siempre presente69. De otra parte, a pesar de las teóricas declaraciones de irresponsabilidad, la solución de los diversos conflictos políticos pasaba por las manos del Rey como consecuencia de las facultades que la propia Constitución del 69 mantuvo a la Corona, a saber, la de nombrar y separar ministros o la de disolver las Cortes. Toda monarquía no parlamentaria acaba siendo en realidad responsable, ya que, aun declarando al rey teóricamente inviolable y neutro, le condena volis nolis a no poder ser pasivo. De ahí que la Constitución de 1869 fuera una cuadratura casi imposible. Dicho de otro modo, pueden existir y existen monarquías parlamentarias ; pero una monarquía nacional y democrática así como se vieron obligados a elaborar los constituyentes de 1869 era un sistema artificial y/o artificioso, que acabó perjudicando a la propia Corona. Ni antes ni después existió algo así.

  • 70 «Los progresistas de izquierda y los demócratas desarrollaron además un discurso, ya en el periodo (...)

41 Esto pudo suceder, además, por la presencia de un cuarto factor. El diseño de una monarquía tal como la formuló la Constitución de 1869 no interesaba a ningún grupo. En realidad, fue tolerada por cada fracción liberal como única salida para llegar a una nueva constitución. De las dos grandes formaciones políticas que se pergeñaron en el reinado de Amadeo I, la conservadora hubiera deseado una monarquía con más poderes, como la constitucional de Isabel II, pero sin los Borbones ; y los demócratas radicales aspiraban como fórmula puramente transitoria a una monarquía parlamentaria70.

  • 71 Ángeles Lario afirma que «la rivalidad entre ambos por la jefatura acabó con el partido (lo que sir (...)
  • 72 «La caída de Amadeo produjo escasa impresión en los que hasta entonces le habían defendido. Algunos (...)

42 El sistema político, por lo demás, no podía funcionar porque se fundamentaba en una alianza puramente circunstancial. La coalición tan diversa de partidos liberales desavenidos que se formó de cara al destronamiento de Isabel II sirvió para derrocar un régimen, pero no se mostró eficaz para construir otro nuevo ; apenas para apuntalarlo. Y cuando, por añadidura, los puntales fallaron por las rivalidades (entre Ruiz Zorrilla y Sagasta) dentro del propio partido progresista, que debiera haberse convertido en el centro político del sistema, la construcción se desmoronó71. O lo que es lo mismo, la monarquía de Amadeo I no fue derrocada, se deshizo. No cayó por un levantamiento militar o el golpe de un espadón, no cayó a impulsos del pueblo, no fue vencida por los carlistas en guerra, ni por los republicanos en un levantamiento revolucionario ; no atacó la muchedumbre el palacio real. Aunque algún intento pudo darse sin éxito en el reinado de Amadeo I, dicha monarquía se desmoronó a causa de los suyos72, en su mayoría.

  • 73 Desde noviembre de 1872 (inicio de la cuestión artillera), el Presidente del Congreso, el demócrata (...)

43 Mientras, la mayoría de la Asamblea y ciertos ministros de la Corona preparaban el advenimiento de la República (la intriga de Rivero, desde la propia presidencia del Congreso, determinó la rapidez de su llegada73). Y, por su lado, Cánovas es fácil que sacara -de las experiencias fracasadas de aquel régimen- material suficiente para aprender de los errores y concebir su sistema político para la Restauración. Nadie se ocupó de estudiar cómo salvar la Constitución de 1869, ni cómo regenerar la monarquía nacional y democrática, seguramente porque se había manifestado inviable e insostenible.

  • 74 Conde de Romanones, Amadeo de Saboya,…, p. 112.
  • 75 «Es triste y desairado irse y dejar el campo, cuando se tiene de su parte la razón. Y si al menos s (...)
  • 76 Amadeo de Saboya fue el primer candidato –además del último- que barajó con fundamento el gobierno (...)

44 El monarca, que había sido criticado destructivamente a lo largo de su reinado, tampoco salió mejor parado después de su marcha. No es casual, y acaso sea significativo, que quienes entonces más alabaran su actuación fueran los republicanos ; así en el mensaje de respuesta a la renuncia del Rey, redactado –a pesar de carecer de autoridad para elogiarle- por Castelar74. En cambio, los conservadores, como Juan Valera, le acusaron de abandono de sus obligaciones75. Amadeo I abandonó el trono, sí, pero sólo después de que le hubiesen abandonado los suyos, no los republicanos o los carlistas, que nunca le quisieron, sino quienes le votaron e incluso quienes fueron a buscarle a Italia, para arrancarle de su país, llevándole a un cargo que no le interesaba, ni ambicionaba, y que —con cordura y madurez, a pesar de tener apenas 23 años, en enero de 186976— había afirmado con rotundidad que no podría desempeñar justamente por las circunstancias que lo rodeaban, como entonces ya presagió. Una vez en España, fue uno de los pocos que apostó decisivamente por el sistema político-constitucional que recibía e intentó ponerlo en práctica. No bastó la actuación de uno, aunque fuera el Rey, para salvar el sistema del 69, la monarquía nacional y democrática.

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Notes

1 Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto «La herencia de los Reales Sitios. Madrid, de corte a capital (Historia, Patrimonio y Turismo)» (H2015/HUM3415) de la Convocatoria de Programas de I+D en Ciencias Sociales y Humanidades 2015 de la Comunidad de Madrid, financiado con el FSE; y del Proyecto de Excelencia del MINECO-FEDER-UE «Del patrimonio dinástico al patrimonio nacional: los Sitios Reales» (HAR2015-68946-C3-3-P).

2 Uno de ellos, el gran literato Juan Valera, escribía el 28 de febrero de 1873: «no teniendo candidato al trono, ni juzgando patriótico buscarle ni poner el menor obstáculo a la realización de una república ordenada, hasta que se demuestre con evidencia que estos propósitos son vanos e imposibles, nos sometemos lealmente a la República, la reconocemos como un hecho consumado, a pesar de su origen no legítimo hasta ahora; y nos prestamos a darle nuestro débil apoyo para sostener el orden público, la integridad del territorio y la unidad de la nación. En España, abandonada por el rey que elegimos, nos parece imposible o al menos poco decoroso y harto peligroso, buscar otro rey entre las familias soberanas de Europa. Pensar en un rey, no nacido en la púrpura, en un particular benemérito para elevarle al trono democrático de un pueblo libre, es un verdadero absurdo». Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España (Madrid), año 6, 1873, tomo 30, nº 120, p. 547. Reeditado en Id., Obras completas, tomo III, Madrid, Aguilar, 1958, p. 764.

3 Cristino Martos temía una posible reacción conservadora apoyada por el Rey. Aunque sería él mismo quien, inmediatamente después, daría un intento de golpe de Estado en marzo de 1873, que se saldó con el cierre de la Asamblea Nacional de mayoría radical.

4 «Al irse de repente, en un momento de hastío y de cansancio, [el rey Amadeo] nos expuso a grandísimos males, que no se realizaron gracias a la cordura del pueblo de Madrid, y a la docilidad y ecuanimidad con que los radicales votaron la República: docilidad casi disculpable, porque al cabo ¿qué habían de hacer cuando el monarca se les iba, y el pueblo cercaba amenazador el palacio de la Asamblea?». (28 de febrero de 1873). Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 30, nº 120, p. 552. Reeditado en Id., Obras completas, tomo III, p. 768-769.

5 Como escribió Francisco Pi y Margall: «Rivero, Presidente del Congreso, hacía días que ya se había aliado con la fracción republicana de Figueras». Citado por Margarita Mas Hesse y Rafael Troncoso Ramón, «La práctica del poder moderador durante el reinado de Amadeo I de Saboya», Revista de Estudios Políticos, nº 55, 1987, p. 270.

6 «Es curioso que las Cortes, tras su abdicación [de Amadeo I], no se plantearan siquiera la posibilidad de formular nuevos llamamientos a la Corona, ni tampoco la reforma de la Constitución para sustituir al monarca por un presidente de la república (modificación perfectamente admisible, en rigor jurídico), sino que «reasumen» la soberanía para establecer un régimen distinto, con la consiguiente ruptura constitucional». Ángel Menéndez Rexach, La Jefatura del Estado en el Derecho Público español, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1979, p. 264.

7 Antonio Ma Calero Amor, «Los precursores de la Monarquía Democrática», en José Luis García Delgado (ed.), La España de la Restauración, Madrid, Siglo xxi, 1985, p. 21-54. Id., Monarquía y democracia en las Cortes de 1869, Madrid, CEPC, 1987. Alberto Oliet Palá, El conflicto social y la legitimación de la monarquía ante la revolución de 1868, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989. Hortensia González Rodríguez, «La forma de gobierno en el debate constituyente de 1869», en El sexenio revolucionario. La constitución española de 1869, monográfico de la Revista de Derecho Político, nº 55-56, 2002, p. 365-410. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «La monarquía en las Cortes y en la Constitución de 1869», Historia Constitucional, nº 7, 2006, p. 209-227.

8 En expresión de Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional: Teoría y práctica política», en Javier Tusell, Ángeles Lario y Florentino Portero (eds.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 134.

9 Ángel Menéndez, La Jefatura del Estado…, p. 265.

10 Ibid., p. 213-216.

11 Ibid., p. 30-46.

12 Ibid., p. 216.

13 Baldomero Oliver León, Monarquía y Estado constitucional. La institución monárquica en el proceso de consolidación del Estado constitucional, Madrid, Tecnos, 2002, cap. II.

14 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «El Liberalismo francés después de Napoleón. (De la Anglofobia a la Anglofilia)», Revista de Estudios Políticos, nº 76, 1992, p. 29-43. (Cita en p. 37).

15 Jesús Millán y María Cruz Romeo, «Modelos de monarquía en el proceso de afirmación nacional de España, 1808-1923», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 16, 2013, p. 1-20. (Cita en p. 4-5).

16 Encarna y Carmen García Monerris, «Monarquía y patrimonio en tiempos de revolución en España», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, nº 16, 2013, p. 1-20. (Cita en la p. 9).

17 Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986. Íd., «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II», Revista de Estudios Políticos, nº 55, 1987, p. 197-236. (Cita en p. 234).

18 Gaceta de Madrid, nº 300, 26 de octubre de 1868, p. 1-3. (Cita en p. 2).

19 Decreto de 6 de diciembre de 1868. Gaceta de Madrid, 7 diciembre 1868, p. 2.

20 Manuel Pérez Ledesma, La Constitución de 1869, Madrid, Iustel, 2010.

21 Luis Sánchez Agesta, «Los perfiles históricos de la monarquía constitucional en España», Revista de Estudios Políticos, Nueva época, nº 55, 1987, p. 17-20.

22 Era la «monarquía establecida», en expresión del unionista Cirilo Álvarez. Jorge J. Montes Salguero, «Funciones de la Corona en el constitucionalismo histórico español del siglo xix», en Mª Dolores del Mar Sánchez González (coord.), Corte y monarquía en España, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces-UNED, 2003, p. 325-376. (Cita en p. 364).

23 Interesante observar que el nuevo rey democrático adoptó ambas expresiones a la vez para encabezar el documento más importante que regulaba su propia Casa: la Ordenanza de la Real Casa y Patrimonio, Madrid, Quirós, 1872 (aprobada por R.D de 9 de noviembre de 1872), que empezaba así: «Don Amadeo I, por la gracia de Dios y la voluntad de la Nación, Rey de España». Archivo General de Palacio, Administración General, leg. 947.

24 Así «el rey carece de poderes efectivos aunque sí está investido de potestas, como titular del máximo órgano del Estado, de forma que su actuación más sustancial se situaría al margen de las específicas funciones conferidas por el texto constitucional o, como mucho, enmarcadas en proclamaciones genéricas», como «símbolo de la unidad del Estado» o «árbitro y moderador» (Baldomero Oliver, Monarquía y Estado…, p. 25-26). Esto, que es evidente en la monarquía parlamentaria, empezó a darse en la monarquía nacional y democrática.

25 Ángel Menéndez, La Jefatura del Estado…, p. 265.

26 Antonio M. Calero, «Los precursores...», p. 28-29.

27 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 220.

28 Carmen Bolaños Mejías, El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, Madrid, UNED, 1999, p. 97.

29 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 221.

30 Carmen Bolaños, El reinado…, p. 97.

31 Antonio Ma Calero, «Los precursores...», p. 27.

32 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 133.

33 «La Constitución regulaba las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, pero no el equilibrio en este último ya que el consejo de ministros carecía de existencia propia separada del Rey». Gregorio de la Fuente Monge, «Monarquía y República en la España revolucionaria (1868-1873)» (Ángeles Lario (ed.), Monarquía y república en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 215).

34 Decreto de 9 de noviembre de 1868 regulando el ejercicio del sufragio universal (para varones españoles mayores de 25 años). Publicado en la Gaceta de Madrid, 10.XI.1868.

35 Carmen Bolaños, El reinado de Amadeo…, p. 97.

36 Juan Ignacio Marcuello, «La práctica del poder moderador…», p. 233-236.

37 Ibid., p. 235.

38 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 132.

39 Aldo Albònico, «Amadeo, honesto y torpe», Historia 16, a. XV, nº 174, 1990, p. 32-39.

40 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 132.

41 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder moderador…», p. 238.

42 Ibid., p. 241.

43 «Amadeo I era consciente de las dificultades a las que se enfrentaba el funcionamiento de la monarquía democrática sin un sistema de partidos de gobierno, por lo que aseguró a los conservadores y a los radicales que daría el poder al partido [no a las fracciones] que reuniese en el Congreso el mayor número de votos dinásticos» (Jorge Vilches, Progreso y libertad…, p. 424).

44 La ruptura se formalizó con sendos manifiestos publicados el 12 y 15 de octubre de 1871.

45 «Disgregados por personalismos los partidos, las facciones progresistas se acabaron diluyendo en sus aliados de ocasión, perdiéndose así la base de la revolución» (Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 134).

46 El 6 de diciembre, los conservadores se retiraron del Congreso. El retraimiento duraría hasta que se presentaron las reformas de Ultramar. Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder moderador…», p. 267.

47 «Amadeo I se negó a cumplir ambas condiciones. Los conservadores exigían una reparación del monarca por haberles quitado su confianza, [también] exigían una participación activa y decisiva del Rey en el proceso político. La Constitución de 1869 no resultaba ya válida para ellos. La monarquía democrática estaba entrando en un proceso de degeneración agudo». Ibid., p. 268.

48 Conde de Romanones, Amadeo de Saboya, el Rey efímero, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, p. 102.

49 Juan Valera valoraba así este intento: «ya el 30 del mes pasado [enero], con ocasión de un pretendido desaire que creían haber recibido en palacio los ministros, estuvo la mayoría de diputados casi a punto de declararse en Convención. Por no recibir el rey, por tardar en recibir a sus ministros, estando el rey preocupado y angustiado a causa de los dolores de parto o de sobreparto de la reina, estuvo la mayoría radical apercibida y dispuesta a lanzarle del trono. ¿Qué podía esperar el rey de esta mayoría, en otra ocasión de más importancia?» (Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 30, nº 120, p. 550. Reeditado en Id., Obras completas, tomo III, p. 766).

50 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 269.

51 Sánchez Agesta explicaba el mecanismo constitucional que se puso en juego: «El refrendo de los actos del jefe del Estado, propuestos normalmente por el presidente del Gobierno, no era sólo una ocasión de suscitar la dimisión de un Gobierno, sino, in extremis, esas disparidades de criterio de dos factores de la Corona podían determinar la abdicación del Rey. En el reinado de don Amadeo de Saboya, Ruiz Zorrilla solicitó la firma del Rey para un acto, para el que previamente había solicitado la confianza de la Cámara Alta [Diario de Sesiones, Senado, 9 de febrero de 1873], con el propósito que denunció un senador de “cohibir en cierta manera el ejercicio de la regia prerrogativa”. El Rey refrendó el decreto que el presidente le proponía, pero al mismo tiempo abdicó» (Luis Sánchez Agesta, «Los perfiles históricos…», p. 21).

52 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 270. Bien diferente fue la versión que los conservadores ofrecieron de estos momentos: «En vano declaró el rey en el último Consejo de ministros que no persistiría en su renuncia a la corona si se presentaban ante él, leal y noblemente unidos en una aspiración común, los hombres que lo habían elevado al trono. Todavía no se había desprendido de los labios del rey la última palabra cuando el presidente del Consejo de ministros [Ruiz Zorrilla] manifestó su resuelta oposición a las condiciones con que el Soberano estaba pronto a retirar la renuncia. […]. ¿Por qué no intentó siquiera el presidente del Consejo de ministros lo que el rey pedía?». José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 31, nº 123, p. 410-411. Dos semanas después de los hechos, también Valera había querido explicar lo ocurrido. Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 30, nº 120, p. 550-551. Reeditado en Id., Obras completas, tomo III, p. 767.

53 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 270.

54 Carta de José de Olózaga a José Luis Albareda sobre la abdicación del Rey. (Madrid, 21 de abril de 1873). Revista de España, año 6, 1873, tomo 31, nº 124, p. 557.

55 Amadeo I «encomendó a D. Eugenio Montero Ríos la redacción del Mensaje de abdicación a la Corona; no acertó D. Eugenio a darle gusto; resultaba el borrador que le entregó la obra de un jurista, pecaba de seco, no se acomodaba al pensamiento del Rey. Entonces rogó al presidente del Consejo de Estado, D. José Olózaga, que diera forma literaria a unas cuartillas autógrafas que le entregó». Conde de Romanones, Amadeo de Saboya,…, p. 111.

56 Mariano Ríus y Montaner (1838-1894). Isabel María Pascual Sastre, «La Corte bajo una constitución democrática. La Casa Real en el reinado de Amadeo I», en Raquel Sánchez; David San Narciso (eds.), La cuestión de palacio. Corte y cortesanos en la España contemporánea, Granada, Comares, 2018, p. 287-292.

57 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 271.

58 Ver el interesante debate acerca de la renuncia (no abdicación y sus razones) entre los tres relevantes juristas y protagonistas: Eugenio Montero Ríos (de los radicales de Ruiz Zorrilla, además de ministro de Gracia, también Letrado Consultor de la Casa Real), José de Olózaga (arriba citado) y José Luis Albareda (de los unionistas de Serrano, «fronterizos» o próximos a Sagasta, igualmente Letrado Consultor de la Real Casa). Revista de España, año 6, 1873, tomo 31, nº 123, p. 402-414; y nº 124, p. 552-558.

59 Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder…», p. 271. «Los radicales,…, aceleraron la proclamación de la república para salvar su proyecto cuando el conflicto artillero apuntaba la inminencia de un golpe de Estado. La parte fundamental de la legislación impulsada por Ruiz Zorrilla, de hecho, vio la luz bajo la Primera República» (Eduardo Higueras Castañeda, Manuel Ruiz Zorrilla. Con los Borbones, jamás, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 279).

60 En expresión de Juan Valera. Por su lado, Albareda afirmó que «La Cámara, ante la cual el rey ha renunciado, […] sólo con la primera Asamblea legislativa de la revolución francesa puede compararse» (José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 31, nº 123, p. 411).

61 Joaquín Varela, «La monarquía en las Cortes…», p. 218.

62 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 136, enumera cinco ocasiones, al menos, en que el «Rey no pudo ser pasivo y no lo fue».

63 «La “consolidación de una monarquía constitucional” dependió no tanto del uso por la Corona de la prerrogativa regia para designar gobiernos y suspender y disolver Cortes, como de la construcción de un sistema de partidos de gobierno, leales y legales tanto en el poder como en la oposición, que respetaran la Constitución y las reglas del parlamentarismo». (Jorge Vilches, Progreso y libertad..., p. 427).

64 «El problema era que los instrumentos que faltaron en el reinado de Isabel II, seguían faltando en el de Amadeo. No sobraba Corona, faltaban instituciones para el gobierno parlamentario: partidos unidos, representativos y acordes con la opinión pública. […] sin esos instrumentos […], todo el peso político tendía hacia la Corona» (Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 134).

65 «Vivo este general, habría contenido, cuando menos por algún tiempo, la división de su partido». Francisco Pi y Margall, El reinado de Amadeo de Saboya y la república de 1873, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1970 [original 1890], p. 98. Ver una reflexión sobre el significado de la figura de Prim, en José Álvarez Junco, «¿Qué hubiera pasado si el general Prim no hubiera sido asesinado en 1870?», en Nigel Townson (dir.), Historia virtual de España (1870-2004), Madrid, Taurus, 2004, p. 37-59. Y añadía Pi y Margall: «Para mayor desgracia suya, ¡halló Amadeo tan escaso apoyo en sus mismos partidarios! Muerto Prim, se disputaron la jefatura del partido radical los señores Zorrilla y Sagasta y pasaron, sin sentirlo, de rivales a enemigos. […] Fue principalmente esta lucha la que hizo inestables las Cortes, inestables los Gobiernos, inestable la monarquía, estéril el reinado. Sin ella, Amadeo habría dejado en el país más o menos profundas huellas; con ella, no dejó ninguna. […] El reinado se pasó todo en la guerra de los dos ilustres progresistas, que, para sostenerla, no vacilaban en recurrir a toda clase de medios. Falseaban uno y otro las elecciones, suspendían o restablecían Ayuntamientos, según el interés se lo aconsejaba, y en bajando del poder, se volvían contra el mismo Amadeo. Vencedores, exageraban las dotes que le enaltecían; vencidos, las faltas» (Francisco Pi, El reinado de Amadeo…, p. 107-108).

66 Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 134.

67 «El teórico sistema bipartidista fracasó ante la realidad de un sistema pluralista polarizado» (Margarita Mas y Rafael Troncoso, «La práctica del poder moderador…», p. 271).

68 «Amadeo I tuvo siempre sobre su actuación la amenaza de su destronamiento por las Cortes, a la par que el recuerdo permanente de a quién debía su puesto» (Jorge Vilches, Progreso y libertad..., p. 414).

69 Como señalara Pi y Margall: «Surgían de la misma Constitución del Estado graves obstáculos. Los crea en todo tiempo la contradicción, y la contradicción allí era manifiesta. Se consignaba, por una parte, la soberanía de la nación; se establecía, por otra, la monarquía hereditaria, y se terminaba con que por un simple acuerdo de las Cortes cabía reformar la ley fundamental en todos sus artículos, sin exceptuar los relativos a la forma de gobierno. Ni es soberana la nación que vincula en una familia la primera y la más importante de las magistraturas; ni hereditaria, ni siquiera vitalicia, la monarquía en que una Asamblea puede alterar y aun derogar la ley que le dio vida» (Francisco Pi, El reinado de Amadeo…, p. 55).

70 «Los progresistas de izquierda y los demócratas desarrollaron además un discurso, ya en el periodo de elaboración constitucional, que situaba a la monarquía que estaban construyendo como una forma de gobierno provisional mientras en la sociedad se asentaban las prácticas democráticas, momento futuro en el que la opinión reclamaría la república» (Jorge Vilches, Progreso y libertad..., p. 415).

71 Ángeles Lario afirma que «la rivalidad entre ambos por la jefatura acabó con el partido (lo que sirvió de claro ejemplo para Cánovas durante la Restauración)» (Ángeles Lario, «La monarquía Constitucional…», p. 136). También Gregorio de la Fuente coincide en el análisis. «La ruptura de la coalición gubernamental y las infructuosas disputas por el liderazgo hicieron inviable el régimen monárquico a pesar de ser Amadeo I un correcto rey constitucional, pues la Monarquía se convirtió, a juzgar por los conflictos Corona-Gobierno, en un problemático sistema de doble confianza» (Gregorio de la Fuente, «Monarquía y República…», p. 215). Y añade que tal división no sólo llevó a la caída de la monarquía, «sino también a la ruptura del consenso en la jefatura militar, que se había manifestado cohesionada e identificada con el proyecto revolucionario durante la larga interinidad en que Prim y Serrano fueron los generales de referencia. La vuelta a un generalato dividido por lealtades partidistas estuvo, […], facilitando la restauración de los Borbones» (Ibid., p. 216).

72 «La caída de Amadeo produjo escasa impresión en los que hasta entonces le habían defendido. Algunos, al otro día, eran ministros de la República. El que le guardó más tiempo en su memoria y en su corazón fue, sin duda, Ruiz Zorrilla. ¿Merecía Don Amadeo este olvido? Consideradas las cosas en conjunto, es más digno de lástima que de censura. Nada hizo, pero nada le dejaron hacer sus mismos hombres» (Francisco Pi, El reinado de Amadeo…, p. 110).

73 Desde noviembre de 1872 (inicio de la cuestión artillera), el Presidente del Congreso, el demócrata Rivero, buscaba la ocasión de colocar a las Cortes frente al Rey, para dejar a éste en un callejón sin salida. Para el rol de Rivero en el final de Amadeo I, ver Francisco Pi, El reinado de Amadeo…, p. 100-110. Y Eduardo Higueras, Manuel Ruiz Zorrilla…, p. 274-280.

74 Conde de Romanones, Amadeo de Saboya,…, p. 112.

75 «Es triste y desairado irse y dejar el campo, cuando se tiene de su parte la razón. Y si al menos se hubiera ido el rey por no firmar los decretos; pero firmarlos e irse, no se comprende. […] Por lo demás (aunque sea duro, es fuerza decirlo), las razones expuestas en el mensaje del rey no justifican cumplidamente la abdicación. O tenían razón o no tenían razón los ministros en pedir al rey que firmase los decretos. Si el rey en su conciencia creyó que tenían razón, debió firmarlos y no irse. Y si creyó que no tenían razón, no debió firmarlos ni irse tampoco, fuesen los que fuesen los peligros que le amenazaban. Antes que todo estaba su obligación de supremo magistrado, que era menester cumplir. No era esto imponerse, sino hacer que la razón y la justicia se impusieran» (Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 30, nº 120, p. 551. Reeditado en Id., Obras completas, tomo III, p. 767 y 768).

76 Amadeo de Saboya fue el primer candidato –además del último- que barajó con fundamento el gobierno español. Javier Rubio, España y la guerra de 1870, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1989, tomo I, cap. VI, p. 197-240. Isabel María Pascual Sastre, La Italia del Risorgimento y la España del sexenio democrático (1868-1874), Madrid, CSIC, 2001, p. 133-169. En este sentido, baste recordar la terminante carta de renuncia formal a la Corona de España que, sólo tres meses después de la Gloriosa (1 de enero de 1869), el jovencísimo duque de Aosta dirigió a su padre. «Genova 1º Gennajo 1869.- Maestà: Fu con sommo mio stupore che intesi dalla Maestà vostra, per prima volta e sensa che mai me ne fosse fatta parola che si trattava seriamente, farmi accettare la corona di Spagna. Di ritorno a Genova ne parlai con mia moglie. Essa è pronta a seguirmi ovunque io vada a dividere le mie sorti, qualunque esse siano. Non occorre che io dica alla Maestà vostra quanto io ami la mia patria, quanto io sia disposto a fare per lei: qualunque sacrifizio, quello della vita stessa mi riuscirebbe lieve. Ora, a che cosa vengo io chiamato, a reggere le sorti di uno paese, diviso, travagliato, da mille partiti. Questo mio compito, arduo per chiunque, lo riuscirebbe doppiamente per me affatto digiuno della difficile arte di governare. Non sarei io dunque che governerei ma bensí subirei le leggi di coloro che mi avrebbero chiamato al potere. Queste ragioni sono abbastanza potenti per indurmi oggi stesso a rimettere, nelle mani della Maestà vostra, la mia rinuncia formale alla corona di Spagna pregandola farla trasmettere a chi spetta. Della Maestà vostra affmo. Figlio, Amedeo» (Publicada por José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, año 6, 1873, tomo 31, nº 123, p. 405).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Isabel María PASCUAL SASTRE, « Teoría y práctica de la monarquía nacional y democrática. La constitución de 1869 y su forma de gobierno »Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En ligne], 55 | 2020, mis en ligne le 01 septembre 2020, consulté le 25 septembre 2022. URL : http://journals.openedition.org/bhce/1697 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bhce.1697

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Auteur

Isabel María PASCUAL SASTRE

Universidad Rey Juan Carlos

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