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Dossier

La política colonial del Gobierno Provisional al final de la República

La politique coloniale depuis le Gouvernement Provisoire jusqu'à la fin de la Repúblique
The colonial policy from the Provisional Government to the end of the Republic
Inés Roldán de Montaud

Résumés

Ce texte étudie la façon dont les hommes de la Révolution de 1868 essayèrent de situer les territoires coloniaux dans le cadre de la nouvelle légalité et de les doter d'un gouvernement et d'une administration plus adéquats avec les changements métropolitains. Les divers groupes politiques (et les personnalités) considérèrent l'ajustement nécessaire de façon différente et leurs possibilités d'agir furent influencées par diverses circonstances. La plus déterminante fut sans doute le conflit colonial à Cuba, qui obligea à tenir compte des intérêts des groupes pour lutter contre l'insurrection mais qui réduisit la portée de changements possibles. Il passe en revue quelques mesures adoptées en politique coloniale et y relève les changements observés à mesure que la révolution se déplace à gauche. Souvent les questions coloniales furent au premier plan, s'inscrivant dans le contexte de certaines crises politiques de la période et contribuèrent à la chute de la Monarchie d'Amédée et plus tard de la République. Finalement, il ne restera pas grand-chose des quelques dispositions adoptées pendant ces années-là.

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Texte intégral

  • 1 Desde entonces se habían sustraído al régimen constitucional y habían quedado excluidas de la repre (...)

1En el Manifiesto del Gobierno Provisional de 25 de octubre de 1869 los recién llegados al poder hicieron públicos los principios generadores del movimiento revolucionario. En el documento no faltaba una referencia a las provincias ultramarinas que formaban parte de la “ gran familia española ». Disfrutarían de las ventajas y beneficios de la revolución e intervendrían con su inteligencia y su voto en las cuestiones políticas, administrativas y sociales1. En el transcurso de los años de intensa agitación política que siguieron, los representantes de los partidos que suscribieron el documento (y de otros ausentes en el momento inaugural del Sexenio) fueron accediendo a las responsabilidades del poder y tuvieron ocasión de mostrar el alcance dado a los propósitos anunciados en un momento de euforia. Se trataba de ver de qué modo se podían situar los territorios coloniales en el marco de la nueva legalidad y de dotarlos de un gobierno y administración más adecuados a los cambios metropolitanos. La manera de contemplar el necesario ajuste fue distinta en los diversos grupos políticos y las posibilidades de actuación estuvieron mediatizadas por diversas circunstancias, una de las más importantes fue el conflicto colonial en Cuba, que obligó a respetar intereses de grupos que se oponían a cualquier cambio, pero cuya lealtad era necesaria para luchar contra la insurrección.

2 Durante aquellos años la cuestión colonial estuvo a menudo en primera fila, se situó en el trasfondo de algunas de las crisis políticas del periodo y tuvo un papel relevante en la caída de la monarquía de Amadeo y más tarde de la República. En estas páginas se presentan los grandes rasgos de la política colonial del periodo y se ponen de manifiesto los cambios a medida que la revolución se fue desplazando hacia la izquierda. A la postre poco quedaría de las limitadas disposiciones adoptadas durante aquellos años.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

3 La noticia de la revolución se recibió en las Antillas con preocupación. Incluso la Unión Liberal, que en breve se mostró opuesta a cualquier cambio, era vista con desconfianza, pues hombres como Serrano habían contraído compromisos reformistas en los años sesenta. Además la Unión Liberal había promovido en 1866 una Información de la que se habían esperado importantes cambios en la gobernación de Ultramar, un proyecto que fracasó tras la llegada al poder de los moderados. Inicialmente la política ultramarina quedó en manos de los unionistas. López de Ayala ocupó la cartera por primera vez el 8 de octubre y la desempeñó hasta el 21 de mayo de 1869, el mandato más largo del periodo. Llevó a la subsecretaría al también unionista Francisco Romero Robledo, vinculado a los plantadores de Cuba por su matrimonio con la hija de Julián de Zulueta, un importante propietario de esclavos. Dado el proverbial abandono que el poeta hacía de sus funciones, su hombre de confianza tuvo un papel fundamental en el manejo de los asuntos del ministerio.

  • 2 José J. Ribó, Historia de los voluntarios cubanos. Hechos más notables en que ha tomado parte aquel (...)

4 En su circular de 28 de octubre López de Ayala anunciaba sus propósitos a las autoridades ultramarinas. Prácticamente se limitaba a indicar que aquellas provincias disfrutarían de las ventajas de la revolución, que elegirían diputados del modo más amplio posible, y que no se atropellarían derechos adquiridos al amparo de las leyes, clara alusión a la esclavitud. Pese a su tono conservador, en las Antillas fue calificada de “ fuera de propósito » para un país donde la insurrección había levantado la cabeza para atentar contra la integridad nacional. Ayala debería haber considerando la cuestión únicamente en el terreno “ de la repulsión por medio de la fuerza »2.

  • 3 Inés Roldán de Montaud, «El derecho electoral en las Antillas españolas durante el Sexenio democrát (...)

5Pronto se puso al descubierto el interés de la Unión Liberal por limitar el alcance de lo ofertado. En breve mostró un decidido empeño en bloquear cualquier cambio en Ultramar. En efecto, el decreto de 9 de noviembre reconociendo el sufragio universal no hacía referencia a su ejercicio en los territorios de Ultramar, y el de 6 de diciembre convocando Cortes Constituyentes los excluyó, parece que por imposición de los unionistas. Por fin el 20 de enero Ayala publicó un decreto electoral basado en el principio doctrinario del censo y las capacidades y sumamente restrictivo3. La existencia de 370.000 esclavos en Cuba y 40.000 en Puerto Rico impedía, a su juicio, extender el sufragio universal. No se trataba solo de un problema de raza y de privar de la ciudadanía política a los negros, sino también de mermar la representación de los grupos liberales reformistas de las colonias a quienes no pocos tenían por enemigos de la nacionalidad española. Así pues, uno de los derechos sobre los que se asentaba la legitimidad de la revolución de septiembre se llevó a Ultramar con importantes reservas, reconociéndose a los antillanos una ciudadanía política limitada.

  • 4 José R. Betancourt, Las dos banderas. Apuntes históricos sobre la insurrección de Cuba. Soluciones (...)

6El 16 de octubre llegaron a Madrid noticias del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes el día 10 en Yara. El 7 de noviembre Serrano, presidente del Gobierno Provisional, envió a Cuba al general Dulce, de buenos recuerdos entre los reformistas. A su llegada, en enero, anunciaba una serie de reformas y facilitaba la libertad de reunión y cierta libertad de prensa. El día 22 publicó el decreto electoral y comenzaron los preparativos para los comicios. Bien pronto se sucedieron los desórdenes promovidos por el españolismo intransigente defensor del statu quo, que forzó a Dulce a suspender las reformas y lo embarcó finalmente hacia la península. Era la “ rebelión de la lealtad ». A lo largo del Sexenio no faltaron amagos de un proceder similar con otras autoridades tanto en Cuba como en Puerto Rico. Los Cuerpos de Voluntarios y el Casino Español de La Habana se convirtieron en instrumento del partido español, opuesto a la revolución e identificado paulatinamente con los sectores que en la península se movilizaron para impedir el afianzamiento de los gobiernos democráticos. La idea de que en las colonias existía una doble revolución una contra la integridad de la patria y otra contra el gobierno revolucionario adquirió difusión en aquellos años4. Lo cierto es que los reformistas cubanos no tuvieron otra salida que incorporarse a la insurrección o abandonar el país, que el gobierno metropolitano perdió el control de la situación y que el partido español se enseñoreó de la situación e impidió que el ejecutivo actuara libremente. También en Puerto Rico el Partido Incondicional dificultó la implantación de las reformas según llegaban de la metrópoli.

  • 5 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD), 24 de febrero de 1869, ap.

7Tras la apertura de las Cortes, López de Ayala presentó una memoria de su gestión en la que dejaba sentada su posición cara al futuro : no habría reformas hasta que Cuba estuviese pacificada5. Sin intención de plantear cambio alguno, retrasó las elecciones en Puerto Rico hasta el 30 de mayo. Cuando los diputados de la pequeña Antilla tomaron posesión de sus escaños, hacía meses que se había aprobado la Constitución. En Cuba no llegó a convocarlas.

  • 6 DSCD, 25 de mayo de 1869, p. 2331-2344.

8El título X de la Ley Fundamental reintegraba las “ Provincias de Ultramar » al marco constitucional del que habían quedado excluidas en 1837. Dada su importancia, llama la atención el escaso debate que suscitó. Con dos o tres enmiendas, el asunto se despachó en una docena de páginas del Diario de Sesiones. Sus dos artículos se discutieron y aprobaron el 25 de mayo. El 107 (108 del texto definitivo) establecía : “ El gobierno de las provincias ultramarinas de Cuba y Puerto-Rico se reformará tan luego como hayan tomado asiento los diputados de ellas, para hacer extensiva a las mismas con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución ». La comisión aceptó una enmienda y el artículo quedó redactado : “ Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer… »6. Se pretendía evitar que la reforma del sistema de gobierno quedara aplazada sine die, como ocurriera con las leyes especiales, y lograr que fueran las Constituyentes las que resolvieran la cuestión, sin que la falta de diputados cubanos impidiera reformar en Puerto Rico.

9Pese a la falta de concreción del artículo, se entendía que para la gobernación de las Antillas se aplicarían las leyes peninsulares con adaptaciones, es decir, que se iría hacia una asimilación. Así lo interpretaron quienes intervinieron en el debate, como Fernández Vallín, uno de los firmantes de la mencionada enmienda, que reclamó una descentralización completa y las leyes especiales ofrecidas en 1837. Servando Ruiz Gómez, futuro ministro de Hacienda, buscando una mayor concreción, sugería la siguiente redacción : “ los territorios de ultramar serán gobernados por leyes especiales que comprenderán estas o las otras bases, poco más o menos ». Terció en el debate Emilio Castelar, recordando que la minoría republicana siempre había defendido el sistema de dotar a las colonias de “ una Constitución particular, una autonomía propia para que se gobiernen por sí mismas y no tengan con el resto del país más lazo que el lazo nacional ». En nombre de la comisión, Moret explicaba que la esclavitud, la autonomía, la organización de las relaciones con la metrópoli no podían resolverse al elaborarse la Constitución porque estaba pendiente la “ cuestión de fuerza, porque se ofrecía un peligro para la honra y la integridad del territorio », palabras del demócrata y abolicionista que en breve ocupó la cartera de Ultramar.

  • 7 Carmen Serván Reyes, «Transposición constitucional en ultramar o el proyecto de constitución de 187 (...)

10Constitucionalizar la representación antillana suponía una ruptura respecto a la exclusión de los diputados en 1837 y un retorno al primer constitucionalismo liberal ; de momento eso era todo. En modo alguno quedaban los antillanos equiparados en el ejercicio de los derechos individuales a los españoles peninsulares. El principio de soberanía nacional y los derechos fundamentales de la persona (cimiento del nuevo régimen) quebraban en Ultramar7, donde la aplicación de la Constitución debería ir precedida de una modificación que podría convertir los derechos que consagraba en algo ilusorio. De modo que aprobada la Constitución, las colonias mantuvieron el sistema de gobierno vigente al llegar la revolución, siguieron regulándose por el Derecho indiano y las leyes borbónicas posteriores (entre otras, el decreto de las facultades omnímodas de 1825), y perduró el sistema esclavista. En conclusión, tanto el gobierno como los constituyentes resistieron la unidad constitucional, que solo se lograría en Puerto Rico merced al esfuerzo de sus diputados por lograr su aplicación y la de la legalidad que de ella derivaba, tras la proclamación de la República.

  • 8 Gaceta de Madrid, 1 de febrero de 1869. y Josep M. Fradera, La nación imperial (1750-1918). Derecho (...)

11 En las Cortes Constituyentes se planteó también la cuestión de Filipinas. Existía cierto consenso en que no era posible extender los derechos políticos a unos territorios poblados por varios millones de indígenas que desconocían el castellano y por 20.000 blancos, por más que la colonia hubiera tenido representación en Cortes durante el primer liberalismo. Allí eran impensables –había advertido Ayala en su decreto– la representación “ directamente designativa » y la concesión de “ franquicias políticas »8. En breve, la Constitución sancionó la decisión de privar a los filipinos de derechos políticos. El artículo 109 anunciaba que su gobierno se reformaría por una ley. Esto no quiere decir que los hombres del Sexenio de todos los matices (particularmente Moret) no se preocuparan por modernizar las Filipinas en el orden administrativo, económico y social, precisamente cuando la apertura del canal de Panamá y la propia guerra de Cuba estaban reorientando la mirada hacia aquel espacio colonial.

La democracia en el Ministerio de Ultramar

12 Inaugurada la Regencia de Serrano, Prim formó su primer gobierno en junio y dio entrada a los demócratas en el Ministerio de Ultramar, hasta entonces en manos de la Unión Liberal. Prim comprendía con claridad el problema de Cuba y estaba convencido de que, a la larga, la independencia sería inevitable, como lo sería el conflicto con los Estados Unidos, cuyos intereses no se le ocultaban. Además, la guerra dificultaba el arraigo de la revolución en España, en la medida que impedía la abolición de las quintas y la reducción de la presión fiscal. Mientras buscaba una solución negociada al conflicto cubano impulsó en Puerto Rico una serie de cambios en el orden político, cuyo objeto era pacificar Cuba demostrando que con la paz llegaban las reformas, con las que también quería allanar el camino de las negociaciones con el ejecutivo norteamericano. Se ha dicho, con razón, que la política colonial en la etapa de Prim fue hija de la política exterior.

  • 9 Rafael M. de Labra, Cuestiones de ultramar, la cuestión de Puerto Rico, Madrid, Imprenta a cargo de (...)

13Con Manuel Becerra en Ultramar se operó un cambio importante en la política colonial. Se esforzó por asentar los principios constitucionales en Puerto Rico, cumpliendo las prescripciones del artículo 1089. Además, estaba dispuesto a llevar a los diputados cubanos a las constituyentes ; si no lo hizo fue porque Caballero de Rodas (sucesor de Dulce) consideraba que los trabajos electorales favorecerían a los separatistas y que el partido español se oponía.

  • 10 Manuel Becerra, La democracia en el Ministerio de Ultramar 1869-1870. Colección de leyes, decretos, (...)

14De momento, renunciaba a las reformas en Cuba, pero en Puerto Rico, pacificada y con representación en Cortes, procedió con rapidez. El 24 de noviembre presentó un proyecto de ley poniendo en vigor los derechos del Título I, bien que con algunas restricciones en el ejercicio de la libertad de imprenta (discusión sobre la esclavitud y la integridad del territorio), y de los derechos de reunión y de enseñanza. Consagraba la representación en Cortes, pero solo reconocía el derecho electoral a quienes supieran leer y escribir. Además se reconocía al gobernador facultades discrecionales para suspender las garantías individuales en ciertos casos. Lo interesante es que Becerra conciliaba “ la exigencia de mantener la nación » con la de reconocer a Puerto Rico “ cierta autonomía », necesaria por su distancia, su historia y sus necesidades particulares y dotaba a la diputación de mayores facultades que las reconocidas a las peninsulares10. En cualquier caso, los derechos consignados en la Constitución no se aplicarían a quienes estuvieran en estado de servidumbre, si bien los esclavos adquirirían plena ciudadanía desde el momento de su libertad. En su dictamen la comisión amplió el sufragio, al reconocer derecho a voto también a quienes pagasen ocho pesos por contribución directa. Empero, estableció que la “ Constitución de Puerto Rico » no entraría en vigor hasta que no se aprobasen las leyes orgánicas que desarrollaban sus principios, obstaculizando así su aplicación9.

  • 11 Agustín Martínez de las Heras, «La crisis cubana en el arranque del Sexenio democrático», Tesis doc (...)

15El 25 de enero Romero Robledo emitió un voto particular al dictamen en el que pedía que se suspendiera la discusión hasta la llegada de los diputados cubanos, es decir, sine die11. El 21 de febrero presentó una proposición en términos similares, suscrita, entre otros, por López de Ayala. Ese mismo día, el también unionista Antonio Cánovas se convirtió en “ abogado de los intransigentes » al invocar una exposición firmada por 9.000 peninsulares pidiendo el aplazamiento. La reacción contra las reformas de Becerra, tanto en las Antillas como en la península, se complicó con la virulenta campaña que suscitaron las noticias de la posible cesión de la isla. En medio de duros debates y tras un enfrentamiento con Romero Robledo, Becerra presentó su dimisión. El 1 de abril el Congreso rechazó su voto particular, pero la reforma colonial había provocado una crisis de gabinete. Comenzaba la ruptura de la coalición revolucionaria.

  • 12 DSCD, 22 de marzo de 1870, ap. 2; el dictamen en DSCD, 30 de mayo de 1870, ap. 1.
  • 13 Becerra, p. 362-384.
  • 14 Labra, Cuestiones de ultramar, p. 37.

16Entre tanto, Becerra había comenzado a preparar los proyectos de leyes orgánicas que desarrollaban los preceptos constitucionales. Poco antes de abandonar el gabinete, el 22 de marzo, presentó el relativo a la organización de la vida municipal en la Antilla, asentado sobre bases similares a las del proyecto que se estaba elaborando para la península : democratización y descentralización. Con una población de 700.000 habitantes, en Puerto Rico solo existían tres municipios ; el resto del territorio estaba administrado por corregidores y funcionarios nombrados por el gobierno, conforme a una vieja norma de 1846. La comisión presentó su dictamen el 30 de mayo de 1870, pero no llegó a discutirse12. Preparó también un proyecto de ley orgánica de gobierno y administración para la provincia de Puerto Rico13. Dotaba a la diputación provincial de amplias atribuciones y preveía la separación del mando civil y militar que no se reunirían salvo en circunstancias excepcionales. El gobernador podía suspender sus acuerdos en circunstancias tasadas y dando cuenta al gobierno para su resolución. También preparó un proyecto de ley electoral, que tampoco adquirió estado parlamentario. Prueba de la importancia de esos proyectos es que en las negociaciones con el representante norteamericano en Madrid, a las que se hace referencia más adelante, Becerra los presentó como muestra de la sinceridad del gobierno. Labra opinó que determinaron un cambio de actitud de los hombres de Estado norteamericanos hacia los insurrectos, mermando su disposición a reconocer la beligerancia14.

  • 15 Becerra, p. 329-353.

17Becerra quería adoptar alguna medida abolicionista en Cuba. En febrero –mientras aguardaba la discusión del proyecto de Constitución– firmó un proyecto de ley dando la libertad a los nacidos de mujeres esclavas desde septiembre de 1868, y otro a los esclavos que sirvieran en el ejército. El día 20 tenía listo uno de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, basado en el principio de la coartación, reconocido por el Derecho esclavista español : los esclavos irían comprando su libertad durante seis años. El proyecto suscitó la oposición de sus compañeros de gobierno, para quienes resultaba demasiado radical. Ninguno de los tres llegó a tomar estado parlamentario15.

  • 16 Roldán de Montaud, La Restauración, p. 51-52.
  • 17 Biblioteca Nacional (Madrid), manuscrito, 13845, Apuntes sobre Puerto Rico, y DSCD, 30 de abril de (...)
  • 18 La Época, 21 de abril de 1870; DSCD, 24 de enero de 1870, ap. 2, y DSCD, 6 de mayo de 1870, ap. 5.
  • 19 Rafael M. de Labra, La política colonial de la revolución española de 1868: discurso pronunciado en (...)

18Prim mantuvo el peso de los demócratas en el ejecutivo y sustituyó a Becerra con Segismundo Moret, un antiguo colaborador de La Voz del Siglo, el periódico del reformista cubano Nicolás Azcárate. El nombramiento no gustó en Cuba, donde se entendía que su misión era salvar las reformas de su predecesor. Pero como había previsto La Época, Moret no tardó en abandonar algunos de los proyectos de aquél, y pronto quedó patente la mayor condescendencia ministerial hacia los intereses del partido español de Cuba y el Incondicional de Puerto Rico, defendidos en el campo de la coalición revolucionaria por la Unión Liberal16. En efecto, Moret retiró el dictamen del proyecto de Constitución para modificarlo17. Siguiendo sus instrucciones, en mayo la comisión presentó uno nuevo de alcance más limitado18. A pesar de la insistencia de los diputados puertorriqueños, las constituyentes se cerraron sin que se hubiera discutido. Es posible que la Unión Liberal pusiera como condición para aceptar la candidatura de Amadeo que se prescindiese del proyecto, que habría sido “ sacrificado a la buena inteligencia de los bandos de aquella Cámara »19.

19Los demócratas se habían comprometido a poner término a la esclavitud, pero además la presión creciente de los Estados Unidos convertía la abolición en algo ya ineludible. Por otra parte, había que evitar la atracción que la posición abolicionista finalmente adoptada por los insurrectos pudiera ejercer sobre los esclavos de los propietarios leales. De modo que el 28 de mayo Moret presentó su proyecto de ley preparatoria para la abolición de la esclavitud. A su formulación llegó después de renunciar a su idea inicial de proceder a la abolición inmediata, convirtiendo a todos los esclavos en colonos que prestarían servicios durante diez años a cambio de un jornal, a lo que se habían opuesto los propietarios cubanos. Descartada la solución, se limitó a declarar libres a los hijos de madres esclavas, a los nacidos desde el 17 de septiembre, a los que lucharan en el bando peninsular, a los que eran propiedad del Estado y a los mayores de setenta años. En realidad, mantenía la esclavitud respecto a los esclavos útiles para el trabajo y liberaba a los ancianos20. A pesar de su escaso alcance, el proyecto fue tenazmente combatido. Una vez más, Romero Robledo defendió los intereses de los propietarios21. Pronunció un discurso contra la totalidad, lamentando que el gobierno hubiera planteado la cuestión en ausencia de los diputados cubanos. Cánovas logró incorporar el artículo 21, en el que se prohibía tocar la cuestión de la esclavitud en su ausencia. Desde entonces los conservadores cubanos se opusieron a la celebración de las elecciones22.

20Aprobada la ley, los propietarios de esclavos trataron de dificultar su aplicación y lograron retrasar dos años la publicación de los reglamentos para su ejecución, en cuya redacción intervinieron. Lo limitado del alcance emancipador de la ley se ajustaba mal a los principios de una revolución que había proclamado los derechos naturales del hombre, pero aquello era cuanto Moret lograba en aquel momento. Labra consideró la ley un respiro dado “ con sana voluntad sin duda, pero por excesivo temor », a los intereses del esclavismo. La historiografía ha señalado un alcance liberalizador mayor que el imaginado por sus contemporáneos. En Cuba el censo de 1877 computa 51.000 esclavos menos que el de 1871. En Puerto Rico adquirieron la libertad unos 10.000 esclavos.

  • 23 Gaceta de Madrid, 3 y 9 de septiembre 1870, y Rafael M. de Labra, La República y las libertades de (...)

21Entre tanto, el 20 de agosto de 1870 se habían aprobado las leyes municipal y provincial peninsulares. Su artículo adicional disponía su aplicación en Puerto Rico (no así en Cuba). Unos días más tarde, Moret decretó su cumplimiento. La primera consagraba la elección popular de los ayuntamientos que nombrarían sus alcaldes, aunque para ser elector se exigía ser contribuyente o saber leer y escribir. La ley provincial reconocía a la diputación amplias facultades en materia de instrucción, obras públicas, bancos y sociedades y contratación de ciertos empréstitos interiores. Podía proponer la creación de impuestos, la modificación de los existentes y plantear cualquier otra medida financiera. En definitiva, la nueva organización provincial se concebía como un instrumento que ponía coto a las arbitrariedades de las autoridades y a la centralización de la vida colonial, y daba a los puertorriqueños cierta participación en los asuntos de la colonia, aunque no había trasferencia alguna de competencias legislativas, que residían exclusivamente en las Cortes. Aun así, la oposición entorpeció su puesta en funcionamiento23.

  • 24 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (siglo XIX), tomo II primera parte (1868-1874), Río Pi (...)

22El general Gabriel Baldrich publicó la ley municipal, pero inspirado por el Partido Incondicional no la puso en vigor. La razón era que la ampliación de los derechos políticos beneficiaba a los reformistas en quienes veía peligrosos partidarios de la autonomía, aunque el partido fuera entones de orientación marcadamente asimilista. Baldrich la remitió a Madrid, con la finalidad de que se restringiera el sufragio y se fijase la cuota de ocho pesos o saber leer y escribir. Así consiguió aplazar su publicación un par de años24. Puso en vigor la ley provincial el 22 de octubre de 1870, pero la diputación no quedó constituida hasta abril de 1871, con restricciones que la desvirtuaban y sin un presupuesto que permitiera su actuación.

23Mientras impulsaba estas reformas, Prim trataba de llegar a una salida negociada del conflicto cubano. A mediados de 1869 mantuvo conversaciones con Daniel G. Sickles, el embajador americano en Madrid, sobre la mediación de los Estados Unidos en la independencia de Cuba sobre la base de un plebiscito que se celebraría cuando los insurrectos hubieran depuesto las armas. España recibiría una indemnización. En ausencia de Prim, y ocupando Becerra la cartera de Estado interinamente, Sickles presentó una nota fijando un plazo para que las condiciones de mediación fueran aceptadas y amenazó con reconocer la beligerancia de los insurrectos. Las negociaciones trascendieron, y en medio de una indignación general, quedaron rotas en septiembre.

  • 25 Martínez de las Heras, p. 548-661; Javier Rubio, La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estad (...)

24En el verano de 1870 Prim reanudó los esfuerzos. Fue entonces cuando Moret envió a su amigo Azcárate a Nueva York con plenos poderes, para que sus antiguos compañeros reformistas de La Habana, a la sazón miembros de la Junta Cubana, apoyaran un plan de mediación sobre la base de la autonomía. Los insurrectos depondrían las armas, se daría amnistía general, se desarmaría a los voluntarios y se decretaría la abolición. Tras el fracaso de las negociaciones con los exiliados en octubre, Azcárate envió al poeta Clemente Zenea a Cuba para que negociase con el presidente Céspedes la autonomía a cambio de la capitulación, con conocimiento de Moret y un salvoconducto expedido por el ministro de España en Washington. Zenea fue capturado, y las autoridades de Madrid no lograron evitar que Valmaseda (cuyo nombramiento habían impuesto los integristas) dispusiera su fusilamiento25. En octubre de 1870 Prim emprendió nuevas gestiones. De acuerdo con Rivero y Moret, autorizó al republicano Jaime Jorro a negociar con los representantes de los insurrectos unas bases para la independencia con indemnización. Llegaron a firmarse en abril de 1871, pero para entonces Prim había sido asesinado, hecho al que quizá no fueron ajenos los intereses esclavistas cubanos. López de Ayala, nuevamente en el Ministerio de Ultramar, abandonó la negociación.

25El 4 de enero de 1871 Serrano formó el primer gobierno del reinado de Amadeo de Saboya. Se trataba de un nuevo gabinete de conciliación en el que los unionistas arrebataban a los demócratas la cartera más importante para ellos, desde la que podían controlar el planteamiento de las preocupantes reformas aprobadas por los demócratas. Esa sería la misión de Ayala durante siete meses, hasta la crisis de gabinete del 26 de julio de 1871. Como otros unionistas, en el último momento abandonó la defensa de Montpensier y aceptó la candidatura de Amadeo, lo que le permitió ocupar de nuevo la cartera de Ultramar.

  • 26 Roldán de Montaud, «El derecho», p. 225-228.

26López de Ayala no hizo nada digno de mención, como no fuera obstaculizar la puesta en marcha de la ley de Moret y sus reformas educativas en Filipinas. En enero remitió al Consejo de Estado el reglamento para su ejecución, que año y medio más tarde seguía sin informarse. La ley provincial se había publicado en San Juan, pero no se habían asignado recursos, y el gobernador se había negado a dar posesión al presidente electo, Baldorioty de Castro. Por otra parte, López de Ayala volvió a aplazar la convocatoria de las elecciones en Puerto Rico. Hasta el 17 de abril (14 días después de la apertura de las Cortes) no publicó su decreto convocándolas para el 20 de junio. Entre tanto, había estado estudiando cómo evitar el cumplimiento de la ley de división del territorio electoral en distritos (enero de 1871), que suponía el aumento del número de electores de 3.718 en 1869 a 19.789 aquel año26. Lo cierto es que los diputados puertorriqueños no pudieron ocupar sus escaños hasta seis meses después de la apertura de las Cortes. Así se iba aplazando la discusión de las reformas, en otras cosas, la del proyecto de Constitución.

  • 27 La Época, 2-VI-1871, «Parte política», y DSCD, 6 de junio de 1871, p. 1462 y 1465.

27La posición irreconciliable de los partidos de la coalición de gobierno sobre política colonial se manifestó nuevamente en mayo de 1871, con motivo de la contestación al discurso de la corona. Después de hacer referencia a la situación de Cuba, en ausencia de Ayala, los demócratas incluyeron un párrafo relativo a la concesión de libertades a los puertorriqueños y a la inmediata libertad de los esclavos, algo inaceptable para los unionistas, cuya posición había quedado clara en la legislatura anterior. El ministro pidió que se modificara y amenazó con dimitir. Pero era la única manera de contar con los cuarenta votos de los demócratas y de mantener la conciliación y Ayala tuvo que ceder. La contestación motivó una serie de enmiendas y suscitó una discusión que puso en evidencia el distanciamiento entre radicales y constitucionales, que poco después se consumó27.

  • 28 DSCD, 10 de julio de 1871, p. 2515-2519.
  • 29 La Época, 12 de julio de 1871.

28 El 10 de julio de 1871, como diputado por Infiesta, Labra pronunció su primer discurso parlamentario. Defendía un voto de censura contra López de Ayala y su gestión ministerial, en el que denunciaba la inobservancia de los decretos de la revolución en Ultramar28. En el marco de una acalorada discusión, López de Ayala defendió su política y Romero Robledo presentó una proposición pidiendo que la Cámara declarara que había oído con gusto las palabras del ministro y que la política seguida por el gobierno iba encaminada a mantener la integridad del territorio. La intención de Romero era provocar una votación y ver en qué situación se colocaban los cimbrios. Para evitar la ruptura Serrano le pidió que la retirara, lo que motivo un comentario de Canga Argüelles : “ piérdanse las colonias y sálvense los cimbrios ». Para el duque de la Torre y para Sagasta mantener la coalición revolucionaria era prioritario. José de Elduayen lamentó entonces que sus compañeros hubieran abandonado a Ayala a su suerte29.

Las reformas del Partido Progresista Democrático Radical

  • 30 Eleuterio A. Llofriu y Sagreda, Historia de la insurrección y guerra de la isla de Cuba, Madrid, Im (...)

29 Tras una serie de fugaces gobiernos presididos por Ruiz Zorrilla, Malcampo, Sagasta y Serrano, el 13 de junio de 1872 Ruiz Zorrilla formó gobierno. Durante los cuatro meses largos que permanecieron en el poder, los radicales dieron un impulso a la reforma ultramarina. Ruiz Zorrilla ya había ocupado la presidencia del ejecutivo un par de meses en el verano de 1871, pero entonces su posición en política colonial pareció menos clara30.

  • 31 El Imparcial, 17 de octubre de 1872, y DSCD, 3 de octubre de 1872.

30A la altura de 1872, tras la ruptura del progresismo en constitucionales y radicales, el programa ultramarino de Ruiz Zorrilla era bien conocido. En el verano de 1871 ya se perfilaba la desavenencia y el acercamiento de Ruiz Zorrilla a los cimbrios, en tanto que los seguidores de Sagasta se aproximaban a los unionistas. La posición de los radicales en política ultramarina había quedado sentada en la contestación al mensaje de la Corona en 1871 y en el manifiesto del 15 de octubre de aquel año, que era el programa más acabado del radicalismo : “ Extinguir a todo trance la rebelión de Cuba, y asegurar a toda costa la integridad nacional […] y una vez restablecida la paz, entrar para aquella isla en el camino de las reformas que la Constitución de 1869 ha ofrecido libremente a nuestros conciudadanos de Ultramar y que han comenzado a plantearse en Puerto-Rico, donde la tranquilad no se ha turbado y donde el complemento de estas reformas y la abolición de la esclavitud no han de influir para que se turbe »31. Se distinguía, pues, entre ambas Antillas, y se asumía el compromiso de impulsar las reformas iniciadas por los demócratas en Puerto Rico.

  • 32 Rafael M. de Labra, Una campaña parlamentaria. Colección de proposiciones presentadas y discursos p (...)

31 Ruiz Zorrilla se había declarado partidario de llevar a Puerto Rico la abolición, la separación de mandos, la Constitución de 1869, la ley de ayuntamientos y el sufragio universal, es decir, de una asimilación político administrativa y de una identidad de derechos políticos y civiles entre los habitantes de Puerto Rico y los de la península. Este compromiso de reforma social y política había permitido a los diputados del Partido Reformista de Puerto Rico constituido formalmente en 1870 afiliarse al Partido Radical. Tras el cierre de las Cortes, el 31 de enero de 1871 sus ex diputados en Madrid hicieron pública su adhesión32. El Gobierno de Ruiz Zorrilla convocó elecciones el 28 de junio de 1872. Celebrados los comicios, 14 de los 15 diputados elegidos reforzaron la mayoría parlamentaria. A ellos les cupo una parte esencial en la resolución de Zorrilla de impulsar las reformas.

  • 33 DSCD, 12 y 15 de octubre de 1872, p. 506 y 582, y Piqueras Arenas, p. 268-269.
  • 34 El Imparcial, 28 de enero de 1873, «Abolición gradual».
  • 35 La Discusión, 3 de octubre de 1872, «Crónica política», y Diario de Sesiones de la Asamblea Naciona (...)
  • 36 La Época, 14 de junio de 1872, «Parte política».

32Discutiéndose el proyecto de contestación al discurso de la Corona, en octubre de 1872 Ruiz Zorrilla expresó su posición respecto a Cuba : “ hoy en Cuba no hay más que contestar al hierro con el hierro ». Ese era el programa en aquella Antilla. Tres días más tarde, anunciaba la abolición en Puerto Rico y la aplicación de la ley de ayuntamientos33. La posición del ministro de Ultramar, Eduardo Gasset y Artime, no era fácil. Además de existir una amplia movilización en favor y en contra de la abolición, Gasset tenía un planteamiento mucho más moderado que sus compañeros de gabinete. Trató de equilibrar diversos intereses en un proyecto en el que abolía el trabajo esclavo y convertía a los esclavos en coartados hasta 1878, es decir, compensaba a los propietarios entregándoles el control sobre el trabajo y los ingresos de sus esclavos34. En la tensa atmósfera política de 1872, la propuesta no satisfizo a nadie y el proyecto no llegó a presentarse en Cortes. En definitiva, la reforma contribuyó a gestar la crisis que el 19 de diciembre condujo a la salida de Gasset del gabinete, por lo demás, anunciada desde que en octubre rechazara los párrafos del proyecto de contestación al discurso de la Corona más comprometidos con las reformas35. También se oponía Gasset, a la división de mandos, lo que le alejaba igualmente de la mayoría del gabinete, en cuyo seno representaba al sector más moderado del radicalismo. No en vano, poco después de su nombramiento, La Época había comentado que su designación “ era propia para no infundir desconfianza en los buenos españoles de Cuba »36.

33Si en la cuestión social mantuvo una posición prudente, Gasset estaba decidido a implantar la reforma municipal. El 13 de diciembre dispuso su planteamiento inmediato. Reformaba en sentido democrático el régimen municipal, ya que alcaldes y concejales serían elegidos por los vecinos mayores de 25 años que supieran leer y escribir o pagaran cualquier contribución. Tampoco se extendía el sufragio universal para las elecciones locales.

  • 37 DSCD, 24 de diciembre de 1872, ap.

34Gasset fue sustituido por Tomás Mosquera, que representaba una posición más decidida en cuanto a las reformas. El día 24 llevó al Congreso un proyecto de abolición inmediata y simultánea de la esclavitud en Puerto Rico : los esclavos serían libres a los cuatro meses de publicarse la ley en la Gaceta y los propietarios serían indemnizados37. El dictamen se presentó el 27 de enero, pero llegó la abdicación de Amadeo sin que se hubiera discutido

  • 38 José A. Piqueras Arenas, «La cuestión cubana, de la Revolución Gloriosa a la Restauración», en Rafa (...)
  • 39 Emilio A. Soulere, Historia de la insurrección de Cuba (1869-1897), Barcelona, Juan Pons, 1879, vol (...)

35Entre tanto, tras las elecciones de agosto de 1872, el partido “ conservador de la revolución » o Partido Constitucional había formado un gran grupo de presión para bloquear las reformas radicales. Conocidos los proyectos de Gasset y de Mosquera se redobló la oposición. El 7 de diciembre, el Centro Hispano-Ultramarino de Madrid, fundado el año anterior y modelo de otros cuya creación se extendió por la geografía española, convocó la creación de una Liga Nacional para mantener la integridad del territorio, que reunió a quienes se oponían a las reformas ultramarinas y a quienes deseaban desestabilizar el régimen de Amadeo de Saboya o simplemente forzarle a retirar su apoyo a los radicales38. Integraban su directiva importantes empresarios con intereses coloniales ; personajes que habían tenido una experiencia en la administración antillana, como Caballero de Rodas o Laureano Sanz (organizador de los Cuerpos de Voluntarios en Puerto Rico), y políticos como Cánovas, Balaguer, Romero Robledo, Serrano o el ex ministro Ayala, redactor del manifiesto que la Liga publicó el 10 de enero39. Se acusaba al gobierno de haber violado el artículo 21 de la ley Moret ; de contrariar el artículo de la Constitución que prohibía la expropiación sin indemnización, ya que consideraban ilusoria la prevista por Mosquera. En realidad deseaban convertir la ley preparatoria de Moret (en su opinión de excelentes resultados) en definitiva y evitar las alarmas y peligros que ocasionaría una nueva ley de abolición inmediata. El manifiesto se ocupaba también de la reforma municipal, más orientada a “ organizar la rebelión que el municipio ». Protestaba por la ampliación del sufragio y reclamaba los ocho pesos del dictamen del proyecto de Constitución de Becerra. Lamentaba, en fin, las atribuciones de los ayuntamientos, capacitados incluso para fijar impuestos sobre el consumo, toda una amenaza para la industria nacional. Sin apoyo de los conservadores que se habían colocado al margen del sistema constitucional, en lugar de retirar su confianza al Partido Radical, el único que lo sostenía, el rey Amadeo optó por abdicar.

La política ultramarina de la I República

36La noticia de la proclamación de la República el 11 de febrero fue recibida con estupor por quienes hasta entonces se habían impuesto en La Habana y San Juan y habían bloqueado, con apoyo de los conservadores de la revolución, las reformas en Ultramar. De la República se temía todo. Algunos periódicos de Cuba tenían por seguro que los españoles abandonarían la isla, dadas las vinculaciones que creían ver entre insurrectos y los republicanos. Ciertamente, en un principio hubo republicanos que justificaron la insurrección por considerar que no iba dirigida contra la nacionalidad española sino contra el gobierno de los borbones. Más tarde se acusó a los republicanos de estar en relación con los insurrectos cubanos, a quienes se atribuía la financiación de levantamientos federales, rumores que circularon nuevamente en 1872 y que motivaron alguna interpelación parlamentaria. Además, los republicanos eran partidarios de una organización autonómica de las provincias ultramarinas, y muchos juzgaban que la autonomía era equiparable a la independencia.

  • 40 Sobre las relaciones entre Pi y Martí, Francisco Conangla Fontanilles, Cuba y Pi y Margall, La Haba (...)

37Cuando el general Ceballos puso en conocimiento de sus subordinados los acontecimientos, les indicaba que la junta de autoridades había acordado resistir cualquier reforma que pudiera poner en peligro la integridad del territorio o “ el modo de ser de aquella sociedad » (refiriéndose a la esclavitud). Para alejar los temores, poco después Francisco Salmerón, el titular de Ultramar, insistía en que todos los esfuerzos del gobierno tenderían a conservar Cuba40. Tras doce días de mandato, el 24 de febrero, el nuevo ministro de Ultramar Cristóbal Sorní uno de los fundadores de la Sociedad Abolicionista y miembro de la Junta Suprema revolucionaria de Madrid– daba a conocer su intención de introducir reformas políticas y sociales, si bien anunciaba que el gobierno estaba dispuesto a esperar la llegada de los representantes de Cuba para proceder.

  • 41 DSCD, 10 de marzo de 1873, p. 472-475, Roldán de Montaud, «El derecho», p. 230-231.

38Cuando el 11 de marzo la Asamblea Nacional convocó elecciones a Cortes Constituyentes la convocatoria se hizo extensiva a la isla de Puerto Rico, donde extendió el voto a todos los puertorriqueños contribuyentes mayores de 21 años. Dio así un paso importante en sentido democratizador, pues el número de electores pasó de 19.789 en 1871 a 46.256 en 187341. En aquella ocasión las elecciones se celebraron al mismo tiempo que en la península y (ausentes de las urnas los incondicionales) los quince diputados fueron radicales. En el caso de Cuba el decreto de convocatoria se limitó a reconocer al gobierno la facultad de fijar los plazos para realizar las operaciones electorales y la de definir las circunstancias que debían concurrir en los electores. La República no llegaría, no obstante, a convocar elecciones en Cuba.

  • 42 Rafael Ma de Labra, La abolición y la Sociedad Abolicionista en 1873, Madrid, 1874, y Piqueras Aren (...)

39La desaparición de la esclavitud era uno de los mayores compromisos de los republicanos. Muchos habían figurado entre los promotores de la Sociedad Abolicionista. El 22 de marzo la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la abolición inmediata de la esclavitud en Puerto Rico, que afectaba a unos 30.000 esclavos. Para sacarla adelante hubo que admitir una indemnización de 35 millones de pesetas, la sujeción de los libertos a contratos de tres años, y su acceso a los derechos políticos solo cinco años después de la publicación de la ley en la Gaceta. La abolición en Puerto Rico fue, con todo, el mayor éxito de la política ultramarina republicana42.

  • 43 Labra, La República, p. 43.

40En el caso de Cuba, donde había cerca de 370.000 esclavos, se esperaría a los diputados cubanos. Entre tanto, en sus instrucciones al general Cándido Pieltain (enviado a Cuba en marzo) Sorní le pedía que hiciese comprender a la opinión pública y a los propietarios que la cuestión de la esclavitud debía resolverse en aquellas Cortes y que de ellos dependía una solución prudente. Como medida preliminar, el 24 de marzo decretó la libertad de los cerca de 10.000 esclavos no inscritos en el censo que debió concluirse en 1867 conforme a la ley sobre represión y castigo del tráfico de esclavos de 1866, que no llegó a cumplirse43.

  • 44 Antoni Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, vol. II, p. 904-911.
  • 45 Francisco Pi y Margall, El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873. Prólogo y notas de A (...)

41El gabinete de Figueras dimitió cuando se reunieron las Cortes Constituyentes el 7 de junio. Proclamada la República Federal, Pi y Margall formó gobierno el día 9. La noticia fue mal recibida en las Antillas, donde su posición ante el problema colonial se conocía desde que en 1854 publicara La reacción y la revolución, en la que justificaba la autonomía colonial en el marco de un sistema federalista. En 1870 había pronunciado un discurso contra Prim, oponiéndose a que las Cortes Constituyentes se disolviesen sin haber aprobado las reformas necesarias para extender los derechos individuales y la Constitución a las colonias. Solo así –había advertido– se pondría fin a la insurrección. En su mensaje presidencial del día 13 de julio insistía en que no era posible conservar la integridad del territorio con el régimen vigente44. “ ¿Cómo queréis, señores diputados, que haya paz en nuestras provincias de América, bajo el régimen actual ? », se preguntaba. Seguro de que solo se podría desarmar la insurrección con las libertades tal y como había proclamado en la oposición, rechazaba la idea de que era imposible llevarlas a Cuba mientras los insurrectos empuñasen las armas45. Había pues un importante cambio de planteamiento respecto a la posición adoptada por los radicales con relación a las reformas en Cuba.

  • 46 El proyecto en Jutglar, op. cit., vol. II, p. 995 y ss.
  • 47 Cruz Monclova, op. cit, p. 318-322. Agustín Sánchez Andrés, «La alternativa federal a la crisis col (...)

42De ahí que los republicanos concibieran ambas colonias como estados integrantes de la estructura estatal federal prevista en la Constitución, leída el 17 de junio, dentro de la que pretendían resolver todos los particularismos. Como estados integrantes de la República Federal disfrutarían de las mismas prerrogativas que el resto, con sus propias constituciones, gobiernos y asambleas. Regirían su hacienda, comercio, industria y los asuntos sociales que no fuesen competencia del Estado. No intervendrían, sin embargo, en materia arancelaria, que quedaba reservada a la federación. El proyecto sancionaba, al menos temporalmente, el carácter colonial de las posesiones asiáticas y africanas, que podrían ser futuros estados si evolucionaban positivamente. Entre tanto, se regirían por leyes especiales, presumiblemente de carácter asimilador46. Conocido el proyecto de Constitución, el Partido Reformista de Puerto Rico abandonó la doctrina asimilista por la autonomía federativa, adoptando el criterio de la política colonial del republicanismo47.

  • 48 DSCD, 10 de agosto de 1873, p. 1208, ap. 10.
  • 49 DSCD, 11 de julio de 1873, ap. 2.
  • 50 Labra, La República, p. 49-54.

43El 28 de junio Suñer y Capdevila sustituyó a Sorní. En apenas tres semanas, este controvertido personaje llevó a las Cortes un puñado de medidas importantes. En tanto se aprobara la Constitución federal, el 10 de julio presentó un proyecto de ley declarando vigente en Puerto Rico el título I de la Constitución de 1869, que se convirtió en ley el 6 de agosto, pese a los esfuerzos de los conservadores por evitarlo48. Llevaba a la Antilla los derechos y libertades sobre los que se asentaba el régimen democrático (incluido el sufragio universal). El día 11 de junio Suñer presentó un proyecto similar para Cuba, donde el título I regiría en los territorios que no ocupaban u ocupasen los insurrectos. La abolición de la esclavitud quedaba implícitamente consagrada en varios de los artículos de la Constitución, según advertía, y se realizaría mediante una ley especial49. El proyecto encontró oposición en las filas republicanas y no pasó de la fase de presentación de enmiendas. Se argumentaba que a la sombra de las garantías constitucionales los insurrectos levantarían su bandera en la zona occidental que se mantenía en orden. En cualquier caso, el día 20 se suspendían las Cortes50.

  • 51 Nicolás EstévaÑez, Fragmentos de mis memorias, Madrid, 1903, p. 433-434. Conangla Fontanilles, p. 1 (...)

44Parece que Pi y Margall, lo mismo que Prim, entró en negociaciones con los Estados Unidos para poner fin a la guerra, y se comprometió a conceder a Cuba el gobierno propio. A cambio se realizaría un empréstito que permitiría a España hacer frente a sus acuciantes necesidades financieras51. Se garantizaría con la renta de las aduanas de Cuba, que los americanos pretendían administrar directamente, lo que parece fue rechazado por Pi.

  • 52 Cándido Pieltain, La isla de Cuba desde mediados de abril a fines de octubre de 1873, Madrid, La Un (...)

45Los republicanos adoptaron medidas que tendían a humanizar la guerra. Por ejemplo, en junio Suñer declaró alzados los embargos realizados en los bienes de los insurrectos e infidentes por disposición gubernativa (aprobados por Dulce en 1869), que el título I de la Constitución proscribía. La medida tropezó con la oposición del españolismo radical, ansioso de que aquellos cuantiosos bienes se pusieran a la venta. El 18 de septiembre su sucesor –Santiago Soler y Plá– suspendió la venta de los bienes incautados por sentencia de los tribunales dispuesta por el general Pieltain, lo que motivó la dimisión del general52. Los republicanos querían facilitar el retorno a la legalidad de centenares de individuos en esa situación y restar adeptos a la revolución.

  • 53 AHN, Ultramar, 5109, exp. 54.
  • 54 Cruz Monclova, op. cit., p. 387.
  • 55 Estévanez, op. cit., p. 434-435.

46Pi y Margall dimitió a raíz del levantamiento armado de los federales cantonalistas el 18 de julio. Le sucedió Nicolás Salmerón, con Eduardo Palanca en Ultramar. En telegrama reservado del 28, el ministro se dirigía a Primo de Rivera –el general republicano enviado a la pequeña Antilla en marzo– explicándole que su intención era asimilar la isla a la península y le pedía que estudiase la posibilidad de aplicar la ley sobre organización de la milicia ciudadana, que permitiría compensar las fuerzas del cuerpo de voluntarios al servicio de la reacción sin tener que desarmarlos53. Los voluntarios se habían manifestado contra la aplicación del título I y habían amagado con expulsar al general54, pero cuando llegó la respuesta el gabinete había desaparecido. El desarme de los voluntarios se consideraba una necesidad, ya lo había previsto Prim en el marco de las negociaciones de 1870. En junio Figueras ofreció el Gobierno General de Cuba al federal Nicolás Estévanez, que estuvo dispuesto a aceptarlo si se le proporcionaban los 20.000 hombres “ no maleados » que le permitieran disolver a los voluntarios. Y concluía : “ mientras la isla esté gobernada por las turbas o por sus inspiradores, los insurrectos no depondrán las armas »55.

  • 56 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 26 de julio de 1873, p. 953.
  • 57 Pieltain, op. cit., p. 243.

47En telegrama de 27 de julio, Palanca había indicado a Pieltain que iba a realizar las reformas sociales defendidas por el Partido Republicano Federal. Probablemente tenía en mente aplicar el proyecto de abolición que Suñer había dejado preparado56. Ante la amenazadora declaración, Pieltain le pedía prudencia. Entre tanto aconsejaba a los propietarios que presentasen ellos mismos una solución al problema. Reunidos bajo la dirección de Zulueta los dueños de esclavos elaboraron un proyecto que debía aplicarse solo unos meses después de finalizada la guerra, en el que básicamente se convertía a los esclavos en colonos. Los hacendados cubanos trataban de ganar tiempo en espera de que el tambaleante régimen republicano hiciera aguas57.

  • 58 Emilio Castelar, Discursos parlamentarios, prólogo, C. Llorca, Madrid, Narcea Ediciones, 1973, p. 2 (...)

48 La formación del gobierno presidido por Castelar, el 7 de septiembre, infundió cierta tranquilidad a los conservadores antillanos, pues la política del nuevo gabinete se encaminaba, ante todo, a garantizar el orden y a restablecer la disciplina. Castelar había lamentado como los demás republicanos la inercia de la revolución : “ En el momento mismo de la revolución de septiembre pudimos cambiar por completo el sentido de América respecto a España, cambiando el sentido de España respecto a América. Las reformas debieron ir, como va a todas partes la luz, con celeridad »58. Había sostenido que la negativa de las reformas, el mantenimiento de la esclavitud, y el imperio de los capitanes generales y burócratas perderían a Cuba y Puerto Rico ; solamente las salvarían las reformas y los principios republicanos.

  • 59 Manuel Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1975.

49 En la Presidencia del Gobierno, Castelar abandonaba las doctrinas que para la organización del mundo colonial había defendido con tanto apasionamiento en 1870, plegándose a la realidad que venía demostrando que en Cuba el gobierno no podía sino hacer la política dictada por los conservadores antillanos. Pieltain, era sustituido por el general Joaquín Jovellar, que inauguró su mando prohibiendo las reuniones políticas y clausurando los periódicos y clubs republicanos, en definitiva, poniendo fin al ejercicio de ciertas libertades tolerado por Pieltain. En cuando a la abolición, se trataba de llegar a un arreglo entre los compromisos abolicionistas de la República y la realidad cubana, marcada por la influencia de los intereses esclavistas relacionados ya con el movimiento alfonsino59.

50A finales de octubre Soler y Plá emprendía viaje hacia las Antillas. En Puerto Rico debía estudiar los efectos de las reformas aplicadas ; en Cuba, conocer los problemas sobre el terreno, mejorar la situación económica, preparar la abolición y estudiar las otras reformas. La empresa fue censurada por los sectores más radicales del republicanismo, que vieron en ella un aplazamiento innecesario de las reformas. La llegada del ministro a La Habana tuvo lugar tras el inicio de la crisis política y diplomática originada por el apresamiento del Virginius el 31 de octubre y el fusilamiento de parte de la tripulación, entre la que se encontraban algunos ciudadanos norteamericanos.

  • 60 Alfonso Rodríguez Aldave, La política ultramarina de la República del 73, La Habana, Nuestra España (...)

51El representante del gobierno fue acogido con frialdad, y pronto entró en pugna con su subordinado, el general Jovellar, que adoptó una posición de abierta rebeldía frente al Gobierno de Castelar, aproximándose al punto de vista del ultra conservadurismo peninsular. Resistió la entrega del buque, tal como se había comprometido a hacer el Gobierno de Castelar tras unas negociaciones que evitaron el enfrentamiento bélico. En este ambiente vino a sorprender al ministro el golpe de Estado del general Pavía, y las circunstancias políticas esterilizaron los efectos del único viaje que hiciera a Ultramar un ministro de la Corona60. El caso del Virginius puso de manifiesto el desencuentro entre la República española y una Cuba donde se habían cobijado las fuerzas opuestas a la revolución, que pronto triunfarían en la metrópoli.

  • 61 Antoni Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, vol. l, p. 509; López (...)

52 Inmersos en multitud de problemas, las medidas de política colonial adoptadas por los hombres que ocuparon el poder en los once meses de la República fueron escasas ; pero hubo en los hombres del 73 un afán por resolver los problemas de Ultramar y una nueva forma de encararlos acorde con sus compromisos doctrinales61. A pesar de que carecían de la fuerza suficiente para imponer su programa de reformas, no puede negarse que manejaron el problema cubano con otra actitud y que trataron de hacer frente a la oposición del españolismo radical dispuesto a exterminar a los enemigos de la nacionalidad.

53El golpe de Pavía llevó al poder a los sectores que se habían opuesto a las reformas de 1870 y 1872. Con Serrano en la Presidencia del Consejo se inició un periodo de reacción. El ejecutivo envió a Puerto Rico al general Sanz, que no tardó en suspender el título I de la Constitución, en amordazar la prensa y prohibir las reuniones públicas. Sanz disolvió los ayuntamientos y la diputación provincial, cuya creación había sido uno de los éxitos más visibles del esfuerzo descentralizador de demócratas, radicales y republicanos y junto a la abolición de la esclavitud una de las reformas fundamentales del periodo. Hasta tal punto aquella experiencia había sido exitosa que cuando en 1878 los insurrectos cubanos negociaron con Martínez Campos las condiciones de la paz, en el artículo primero del acuerdo se estableció que Cuba obtendría las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfrutaba Puerto Rico, ignorantes de que habían sido suspendidas. Así pues, aquellas reformas del Sexenio contribuyeron a restablecer el dominio español en Cuba durante la Restauración.

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Notes

1 Desde entonces se habían sustraído al régimen constitucional y habían quedado excluidas de la representación en Cortes.

2 José J. Ribó, Historia de los voluntarios cubanos. Hechos más notables en que ha tomado parte aquel benemérito cuerpo, fines de su creación, negación de los cargos dirigidos al mismo y apuntes biográficos de sus principales jefes, Madrid, Imprenta de N. González, 1872, vol. 1, p. 246.

3 Inés Roldán de Montaud, «El derecho electoral en las Antillas españolas durante el Sexenio democrático, 1868-1873», en Josef Opatrný (coord.), Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de los siglos xix y xx, Ibero-Americana Pragensia Supplementum, nº 43, 2016, p. 221-225.

4 José R. Betancourt, Las dos banderas. Apuntes históricos sobre la insurrección de Cuba. Soluciones para Cuba. Cartas al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, Sevilla, 1870.

5 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD), 24 de febrero de 1869, ap.

6 DSCD, 25 de mayo de 1869, p. 2331-2344.

7 Carmen Serván Reyes, «Transposición constitucional en ultramar o el proyecto de constitución de 1870 para Puerto Rico», Historia, Instituciones y Documentos, nº 25, 1999, p. 639-652. Carmen Bolaños Mejías, «Falseamiento de los principios liberales en la legislación del Sexenio Revolucionario», Revista de Derecho Político, nº 43, 1998, p. 157-173.

8 Gaceta de Madrid, 1 de febrero de 1869. y Josep M. Fradera, La nación imperial (1750-1918). Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos, Barcelona, Edhasa, 2015, II, p. 1107-1128.

9 Rafael M. de Labra, Cuestiones de ultramar, la cuestión de Puerto Rico, Madrid, Imprenta a cargo de J. E. Morete, 1870, dedicado al estudio del proyecto y los dictámenes. Javier Alvarado Planas, Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo régimen en la España del XIX, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 220-222, y Roldán de Montaud, La Restauración, p. 43-52.

10 Manuel Becerra, La democracia en el Ministerio de Ultramar 1869-1870. Colección de leyes, decretos, órdenes, circulares y otros documentos emanados del Ministerio de Ultramar durante la administración del Excmo. Sr. D. M. Becerra, Madrid, 1870, p. 322 y 325. Agustín Sánchez Andrés, «Política colonial española (1810-1898): Administración central y estatuto jurídico-político», Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1996, p. 580-589.

11 Agustín Martínez de las Heras, «La crisis cubana en el arranque del Sexenio democrático», Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1984, tomo I, p. 702-730.

12 DSCD, 22 de marzo de 1870, ap. 2; el dictamen en DSCD, 30 de mayo de 1870, ap. 1.

13 Becerra, p. 362-384.

14 Labra, Cuestiones de ultramar, p. 37.

15 Becerra, p. 329-353.

16 Roldán de Montaud, La Restauración, p. 51-52.

17 Biblioteca Nacional (Madrid), manuscrito, 13845, Apuntes sobre Puerto Rico, y DSCD, 30 de abril de 1870, p. 7581.

18 La Época, 21 de abril de 1870; DSCD, 24 de enero de 1870, ap. 2, y DSCD, 6 de mayo de 1870, ap. 5.

19 Rafael M. de Labra, La política colonial de la revolución española de 1868: discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados españoles el 10 de Julio de 1871, [s.n.], 1915, p. 35, y DSCD, 3-III-1873, p. 339.

20 Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-74, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press,1999; Rebecca J. Scott; Slave Emancipation in Cuba. The Transition to Free Lobor, 1866-1899, Princeton, Princeton University Press, 1985, y José Antonio Piqueras Arenas, La revolución democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de Presión, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, p. 340-368.

21 Piqueras arenas, p. 319-331, para las negociaciones con los esclavistas.

22 Inés Roldán de Montaud, «El fracaso de las reformas en Cuba: La cuestión electoral entre 1869 y 1872», en Consuelo Naranjo y Tomás Mallo (eds.), La perla de las Antillas, Aranjuez, Editorial Doce Calles, 1996, p. 224-237.

23 Gaceta de Madrid, 3 y 9 de septiembre 1870, y Rafael M. de Labra, La República y las libertades de Ultramar, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Alfredo Alonso, 1897, p. 65.

24 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (siglo XIX), tomo II primera parte (1868-1874), Río Piedras, Editorial Universitaria, 970, p. 51-54.

25 Martínez de las Heras, p. 548-661; Javier Rubio, La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes del «desastre» de 1898, Madrid, Biblioteca Diplomática Española, 1995, p. 83-105, y Piqueras Arenas, p. 371-380.

26 Roldán de Montaud, «El derecho», p. 225-228.

27 La Época, 2-VI-1871, «Parte política», y DSCD, 6 de junio de 1871, p. 1462 y 1465.

28 DSCD, 10 de julio de 1871, p. 2515-2519.

29 La Época, 12 de julio de 1871.

30 Eleuterio A. Llofriu y Sagreda, Historia de la insurrección y guerra de la isla de Cuba, Madrid, Imprenta de la Galería Literaria. 1870, vol. III, p. 548.

31 El Imparcial, 17 de octubre de 1872, y DSCD, 3 de octubre de 1872.

32 Rafael M. de Labra, Una campaña parlamentaria. Colección de proposiciones presentadas y discursos pronunciados en las Cortes Españolas de 1872-1873, por la diputación radical de Puerto Rico, Madrid, Imp. de M. G. Hernández, 1874, p. 34-43.

33 DSCD, 12 y 15 de octubre de 1872, p. 506 y 582, y Piqueras Arenas, p. 268-269.

34 El Imparcial, 28 de enero de 1873, «Abolición gradual».

35 La Discusión, 3 de octubre de 1872, «Crónica política», y Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 19 de febrero de 1873.

36 La Época, 14 de junio de 1872, «Parte política».

37 DSCD, 24 de diciembre de 1872, ap.

38 José A. Piqueras Arenas, «La cuestión cubana, de la Revolución Gloriosa a la Restauración», en Rafael Serrano García, España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Dir., Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2003, p. 178.

39 Emilio A. Soulere, Historia de la insurrección de Cuba (1869-1897), Barcelona, Juan Pons, 1879, vol. 1, p. 751-760.

40 Sobre las relaciones entre Pi y Martí, Francisco Conangla Fontanilles, Cuba y Pi y Margall, La Habana, Lex, 1947, p. 115-125.

41 DSCD, 10 de marzo de 1873, p. 472-475, Roldán de Montaud, «El derecho», p. 230-231.

42 Rafael Ma de Labra, La abolición y la Sociedad Abolicionista en 1873, Madrid, 1874, y Piqueras Arenas, p. 503 y ss.

43 Labra, La República, p. 43.

44 Antoni Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, vol. II, p. 904-911.

45 Francisco Pi y Margall, El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873. Prólogo y notas de Antoni Jutglar, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1970, p. 206-207.

46 El proyecto en Jutglar, op. cit., vol. II, p. 995 y ss.

47 Cruz Monclova, op. cit, p. 318-322. Agustín Sánchez Andrés, «La alternativa federal a la crisis colonial. Las colonias en los proyectos de organización federal del Estado (1872-1873), Revista Complutense de Historia de América, nº 23, 1997, p. 202-208.

48 DSCD, 10 de agosto de 1873, p. 1208, ap. 10.

49 DSCD, 11 de julio de 1873, ap. 2.

50 Labra, La República, p. 49-54.

51 Nicolás EstévaÑez, Fragmentos de mis memorias, Madrid, 1903, p. 433-434. Conangla Fontanilles, p. 112-113; Rubio, p. 107, y C.A.M, Hennessy, The Federal Republic in Spain: Pi y Margall and the Federal Republican Movement, 1868-74, Oxford, Clarendon Press, 1962, p. 211, mencionan estas negociaciones.

52 Cándido Pieltain, La isla de Cuba desde mediados de abril a fines de octubre de 1873, Madrid, La Universal, 1879, p. 235.

53 AHN, Ultramar, 5109, exp. 54.

54 Cruz Monclova, op. cit., p. 387.

55 Estévanez, op. cit., p. 434-435.

56 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 26 de julio de 1873, p. 953.

57 Pieltain, op. cit., p. 243.

58 Emilio Castelar, Discursos parlamentarios, prólogo, C. Llorca, Madrid, Narcea Ediciones, 1973, p. 262, discurso del 21 de junio de 1870.

59 Manuel Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1975.

60 Alfonso Rodríguez Aldave, La política ultramarina de la República del 73, La Habana, Nuestra España, 1940, p. 33-40, e Inés Roldán de Montaud, «El viaje inédito de un ministro español a las Antillas: Santiago Soler y Plá en la Habana a fines de 1873», Ibero-Americana Pragensia, Supplementum, nº 9, 2001, p. 157-171, con información pormenorizada sobre la problemática estancia. Para el aspecto diplomático, Jerónimo Becker, Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, Madrid, 1926, vol. III, capítulo CVII.

61 Antoni Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, vol. l, p. 509; López Cordón, p. 289-340, e Inés Roldán de Montaud, «La I República y Cuba», Revista Complutense de Historia de América, 18, 1992, p. 257-279.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Inés Roldán de Montaud, « La política colonial del Gobierno Provisional al final de la República »Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En ligne], 55 | 2020, mis en ligne le 01 septembre 2020, consulté le 26 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/bhce/2212 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bhce.2212

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Auteur

Inés Roldán de Montaud

CSIC, Instituto de Historia

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Droits d’auteur

Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne

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