1Las Comisiones de la Verdad son órganos creados para investigar el historial de violaciones de los derechos humanos en un país determinado, cometidas por el ejército u otras fuerzas gubernamentales o por fuerzas armadas de la oposición. Estas suelen estar patrocinadas por el poder ejecutivo y, con menos frecuencia, por el legislativo; también pueden haber sido patrocinadas internacionalmente, por las Naciones Unidas u otras organizaciones no gubernamentales (Hayner, 1994). Los estudios reunidos en este volumen quieren dialogar en torno a las Comisiones de la Verdad, analizando de modo particular las experiencias de Perú y Colombia, e incluyendo también temáticas comparadas entre otros países andinos como Ecuador, Bolivia y Chile, pero también de otros países latinoamericanos, como Argentina y Uruguay.
2En Perú, el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se publicó en el 2003, hace 20 años; mientras que, en Colombia, el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) fue publicado en el 2022. Dado que los diálogos y las colaboraciones entre los comisionados de los dos países han sido frecuentes y continuos, y que el caso peruano ha marcado un ejemplo para Colombia y otros países andinos (Bolivia y Ecuador), nos pareció oportuno entablar una reflexión sobre los procesos que se enmarcan en distintas temporalidades. Nos cuestionamos sobre los debates pasados y presentes en torno a las múltiples perspectivas de «verdad» y las discusiones relacionadas con conceptos centrales que no dejan de mostrar complejidades: especialmente, «memoria», «Justicia Transicional» (JT), «reconciliación» y «reparación». Del mismo modo, nos parece prioritario reflexionar sobre las complejidades y problemas presentes en el concepto de «víctima», comúnmente utilizado, pero poco cuestionado (Lefranc, 2004).
3Los artículos del dossier proponen una mirada analítica a los múltiples roles desempeñados por las Comisiones de la Verdad y a las diferentes instancias que ellas implementan. Se plantea, de ese modo, una mejor comprensión de los contextos políticos y de los conflictos que dejaron víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como un diagnóstico parcial sobre los efectos e impactos de las Comisiones en los procesos de cambio social, político y cultural. A través de una serie de trabajos comparativos en torno a los resultados y aportes llevados por las Comisiones de la Verdad en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, se evalúa su impacto en los procesos de transición política o en los procesos inciertos de «postconflicto» que han llevado a ambivalencias dentro de los cambios en curso. Todo ello a la luz de investigaciones en ciencias sociales que muestran el nivel parcial, controvertido o ambiguo de muchos de sus programas de «reparación simbólica» y «pacificación», en respuesta a los objetivos predefinidos de «reconciliación» y «perdón colectivo» (Lefranc & Stein, 2005; Lefranc & Pons, 2005).
4La relación conceptual, jurídica y social entre las Comisiones de la Verdad y la JT, suele ser compleja, ambigua y poco clara, además de tomar fisionomías y perspectivas distintas dentro de cada caso. En primer lugar, es impreciso, y muchas veces erróneo, considerar que toda Comisión de la Verdad constituye una pieza fundamental en el engranaje de la emergencia de la JT. Esto implicaría que no hay posibilidades de que exista una Comisión de la Verdad por fuera del marco de la JT y que, por ende, toda JT requiriera de una Comisión de la Verdad. De hecho, no todos los casos de Comisiones de la Verdad están seguidos por un proceso de JT. En este mismo dossier, consideramos dos Comisiones de la Verdad que tienen desarrollos institucionales específicos de JT: son los casos de Colombia y Bolivia. Por encima, el caso colombiano es un buen ejemplo sobre las particularidades de instituciones creadas en el marco de la implementación de un Acuerdo de Paz entre dos actores en conflicto, el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este Acuerdo tuvo importantes repercusiones en la naturaleza misma de la CEV, que trata los casos de violencia durante un periodo de conflicto todavía abierto. Todo ello lleva a que el poder de la CEV no sea estrictamente judicial, así como la verdad tejida en su Informe final no tenga una traducción dentro de los mecanismos de justicia institucional. Al mismo tiempo, la Jurisdicción Especial para la Paz se ocupa, precisamente, del establecimiento de una verdad judicial que no necesariamente termina correspondiendo con los hallazgos de la CEV o de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A la luz de estas complejidades y diferencias, creemos útil y necesario un esfuerzo de comparación y diálogo entre los resultados o consecuencias de las diferentes experiencias de Comisiones de la Verdad de los países andinos (Lefranc & Stein, 2005; Lefranc & Pons, 2005).
5Las Comisiones de la Verdad, bajo distintas denominaciones, con mandatos más o menos amplios y con duraciones variables (desde pocos meses a varios años) han sido parte de los mecanismos sociales, políticos y jurídicos más utilizados para elaborar y superar los hechos traumáticos asociados a las vulneraciones de derechos humanos en América del Sur (Reyes et al., 2015). Por esta razón, se cuentan hoy en día con un número elevado de Comisiones: Argentina (1983-1984), Chile (2003-2011), Guatemala (1994-1997), Perú (2001-2003), Paraguay (2002-2008), Ecuador (2007-2009), Brasil (2011-2014), Bolivia (2017-2020) y Colombia (2018-2022), siendo esta última la más reciente. Dadas las diversas dinámicas de cambio sociopolítico en las que se inscriben, se diferencian aquellas pertenecientes al Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay), que tuvieron lugar en el curso de procesos de transición política después de dictaduras militares, y las del área andina, que responden más bien a conflictos sociopolíticos civiles o a gobiernos autoritarios, mas no necesariamente a un proceso dictatorial.
6En Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se encargó de elaborar un Informe sobre el conflicto armado interno que desangró al país entre las décadas del ochenta y noventa y lo llevó a una crisis social, política y cultural. En el medio de este período, los grupos armados fueron creciendo en su ofensiva y se instauró un régimen dictatorial. La primera victoria electoral de Alberto Fujimori en 1990 solo se puede explicar en relación con sus promesas electorales de «sanación». Del mismo modo, el golpe de Estado del 5 de abril 1992, y la consiguiente instauración de un régimen dictatorial, no hubieran sido posibles sin el apoyo de una buena parte de la población, convencida de sus méritos en la captura de Abimael Guzmán, líder del movimiento armado de Sendero Luminoso (Degregori, 2022). Por su parte, en Colombia, existe formalmente un régimen democrático desde 1958. Pero en un contexto marcado por el conflicto armado y distintas modalidades de violencia por grupos armados de diferente índole (guerrillas, paramilitares y mafias criminales), los gobiernos, con diferentes afiliaciones políticas hicieron uso frecuente de mecanismos de «estado de sitio» o «estado de excepción», así como de una fuerte represión hacia sus oponentes. A pesar de ello no hubo un «régimen dictatorial», según el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV); sin embargo, la CEV examinó con detalle los factores de persistencia de esas formas de violencia en el contexto formalmente democrático.
7Las Comisiones de la Verdad posteriores a los regímenes dictatoriales han tenido que propiciar procesos de democratización social y política, en aras de promover la cohesión social y consolidación del Estado de derecho. En los países andinos, donde prevalecen o prevalecieron conflictos que involucran grupos armados —como guerrilleros, paramilitares, terroristas, grupos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas—, las Comisiones han buscado fomentar la paz, el diálogo intercultural, la reconciliación y formas de restitución simbólica. En muchos casos han propuesto una apertura política o el desarrollo de una renovada sensibilidad social hacia grupos tradicionalmente discriminados (mujeres, minorías étnicas, indígenas, LGTBIQ+, por ejemplo). Las Comisiones de la Verdad apuntan, entonces, a propiciar el restablecimiento de relaciones sociales pacíficas en el largo plazo. Sin embargo, las dinámicas de violencia, violaciones de los derechos humanos y explícitas expresiones de racismo por las instituciones que hoy en día se manifiestan en Perú o Colombia, plantean serios desafíos frente a estos propósitos de cohesión, convivencia y reconciliación que han propuesto las Comisiones.
8Nos parecen extremadamente estimulantes los estudios que sugieren observar las Comisiones de la Verdad como «rituales transicionales» para consolidar normas y reforzar la cohesión social, en aras de evitar la aparición o reaparición futura de la violencia y de afianzar la confianza institucional (Beristain et al., 2010). Las Comisiones pretenden hacerse cargo de graves conflictos con la perspectiva de generar condiciones para la paz social, a través de la reconstrucción de una narrativa sobre la «verdad» y evitando dejar las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la impunidad (Cárdenas et al., 2013). Sin embargo, existen pocos debates acerca de los alcances y límites de las Comisiones para generar una memoria colectiva inclusiva capaz de reforzar la cohesión social o sobre la manera de concebir la transición política y social que se implementa a través de procesos de Justicia Transicional (JT) en la sociedad en conjunto (Hayner, 1994). Las Comisiones de la Verdad postulan a veces un proceso de transición lineal, desde un pasado cargado de conflictos hacia un estado idealizado de «postconflicto», definido por términos occidentales como «Estado de derecho», «democracia», «paz» (Reyes et al., 2015). Esto, aun cuando los mismos conceptos y las realidades que describen no suelen ser consensuales en esas sociedades, e incluso cuando existe el riesgo de que los mecanismos de JT no dejen un espacio equitativo a todas las víctimas, ya que los procedimientos suelen excluir las cuestiones de desigualdad económica y violencia estructural, hasta discriminar a ciertos grupos. Por ende, las Comisiones han sido también (re)evaluadas a la luz de estos debates para tratar de evitar los errores cometidos en el pasado. Por este motivo, es importante inscribir la implementación de sus recomendaciones en un contexto histórico determinado y considerando el mediano plazo.
9A continuación, se presentan más en detalle los casos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia que se encuentran entre los más debatidos y analizados. Luego examinaremos algunos aportes transversales del dossier y presentaremos los artículos que lo componen.
10El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó al Estado peruano su Informe final, que consta de nueve volúmenes y cerca de 17 000 testimonios que dan cuenta de alrededor de 69 000 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos, y 42 casos reconocidos de violaciones de los derechos humanos, muchos de ellos aún no sentenciados (Comisión de la Verdad y Reconciliación, en adelante CVR, 2003). Este Informe refleja el esfuerzo colectivo realizado durante dos años de trabajo e incluye un análisis profundo sobre las formas de violencia vividas en el país entre los años 1980 y 2000. En sus casi 8 000 páginas, el Informe Final contiene una serie de recomendaciones hechas «con el propósito de desterrar (la violencia) como medio para resolver nuestros conflictos, y establecer un nuevo pacto social de modo que el Estado sea realmente expresión de todos los peruanos».
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11La mayoría de especialistas peruanos han planteado el «no cumplimento» de estas recomendaciones, así como la frustración frente a la posibilidad de consolidar un «nuevo pacto social» (Uccelli, ed., 2023). Además, se sostiene que el proceso de reparación de las víctimas, las garantías de no repetición, la convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos siguen siendo procesos inacabados (Macher, 2023: 15). Testimonio de ello son los eventos sociales y políticos más recientes, que han vuelto a desangrar y contraponer brutalmente a distintos grupos de la sociedad civil. Entre finales del 2022 e inicios del 2023, el Perú vivió un panorama social y político obscuro y violento, con una respuesta agresiva y abusiva del poder militar que llevó a cuarenta y nueve manifestantes muertos y miles de heridos graves1 que aún reclaman por sus derechos. Esta nueva ola de crímenes de Estado, junto con diferentes formas de represión a las protestas sociales, son el fruto, una vez más, de manifestaciones de violencia por las autoridades gubernamentales que consideran legítimo actuar bajo medidas de exclusión, marginalización y racismo. Este accionar sorprendió a la opinión pública internacional y suscitó una serie de llamados oficiales2. A causa de esto, el Perú recibió la visita de una delegación de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) que emitió un informe expresando su preocupación por la situación de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en adelante CIDH, 2023).
12A pesar de ello, el nuevo gobierno terminó por asentarse en el poder gracias al apoyo del Congreso y los medios de comunicación, que se perciben respaldados por un régimen semidictatorial y abiertamente represivo y violento. La sucesión gubernamental generó una situación de profundo malestar (sobre todo entre la población rural y en el sur del país) abonando el divisionismo y la fragmentación interna, en la que el menosprecio, la arrogancia y el racismo de un sector de la población hacia el otro, reflejaban los mismos síntomas que habían determinado el nacimiento de la violencia interna de la década del ochenta. Lo sucedido entre el 2022 y 2023 plantea una discusión muy sensible entre diferentes sectores de la sociedad, evidenciando la falta de mínimos consensos, haciendo difícil la posibilidad de reconocerse como una sociedad en postconflicto y, más difícil aún, poder plantear procesos de reconciliación (Ilizarbe, 2013). Como lo plantea un excomisionado: «(…) desgraciadamente, como analistas no nos sorprende que el racismo continúe» (Ames, 2023).
13En este sentido, este volumen surge como respuesta al llamado que se les hace a las ciencias sociales para visibilizar, despertar conciencia y marcar nuevas sensibilidades en la «sociedad del futuro». El reto es conocer los hechos, profundizar y complejizar las miradas de análisis, para lo cual es necesario conocer las experiencias más actuales e inmediatas, pero también situar nuestra comprensión dentro de procesos de larga duración. En ese sentido, este dossier temático participa con una serie de estudios que analizan los aportes, los límites y las dificultades que las sociedades en posconflicto han tenido que enfrentar en el uso de los programas e iniciativas propuestas por la JT o en las recomendaciones de las Comisiones de la Verdad.
14La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) desarrolló sus actividades desde octubre de 2018 hasta junio de 2022, en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de J. M. Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016. La CEV es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en coordinación con otras dos instancias: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
15Según su mandato, definido por el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, el objetivo de la CEV fue «conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad». En este sentido, la CEV pretendió: a) lograr una comprensión lo más exhaustiva y plural sobre el conflicto y las distintas formas de violencia que se ejercieron, sus causas estructurales y múltiples impactos; b) fomentar el reconocimiento de las víctimas, los perpetradores de violencias y las violaciones de los derechos humanos desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH); y c) promover la coexistencia, en lo posible, entre los sectores que han contribuido o han sido afectados por el conflicto, mediante propuestas de cambio político, social, cultural, y, en cierto grado, económico, al reconocer a las fuertes desigualdades como fundamentos del conflicto.
16Ello implica, como lo evidencia el Informe final publicado el 28 de junio del 2022, compuesto por trece tomos y más de 10 000 páginas (CEV, 2022), una visión abarcadora de todas las dimensiones del conflicto armado y sus impactos en todos los espacios y actores de la sociedad. Teniendo en cuenta el subregistro, se estiman 450 664 fallecidos a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 (potencialmente más de 800 000), 121 768 víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016 (potencialmente 210 000), 50 770 víctimas de secuestro y toma de rehenes entre 1990 y 2018 (potencialmente 80 000), 16 238 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes entre 1990 y 2017 (potencialmente 30 000), así como 752 964 víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2019. También existen cifras sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares y paramilitares, conocidas como «falsos positivos»; es decir, civiles («marginales», oponentes políticos, jóvenes desempleados) ejecutados y posteriormente disfrazados de guerrilleros para presentarlos falsamente como «bajas» en combate militar. Esta cifra, tal vez una de las más polémicas en la sociedad colombiana, fue opacada y minimizada por largo tiempo y alcanza a 6402 víctimas entre 2002 y 2008, registradas en 31 de los 32 departamentos del país. En general, sobre el universo total de víctimas, según diversas fuentes recogidas por la CEV, el 80 % fueron civiles. Las cifras mencionadas, que no incluyen todas las modalidades de violencia, son tan solo una ilustración parcial del impacto del conflicto armado en Colombia.
17Un trabajo de esta magnitud requiere un proceso pedagógico que abarque al conjunto de la sociedad, principalmente mediante una diversidad de actividades de difusión en prensa, pero también por medio de actividades artísticas y propuestas de debate en el ámbito educativo, con las cuales los ciudadanos se apropien del informe. Esto coincide con la elección del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha mostrado a favor de la CEV y de las recomendaciones del Informe. De hecho, el proceso de difusión y debate del Informe final conlleva el desafío de no repetir los errores de anteriores Comisiones expertas, que no ha logrado traspasar la esfera académica y ni proporcionar una narrativa alternativa a los medios de comunicación o actores en el poder sobre el conflicto armado. Este reto generó álgidos debates durante el mandato de la CEV, la cual buscaba legitimar su trabajo frente a la sociedad colombiana incluyendo una amplia pluralidad de voces de la sociedad civil, lo que se evidencia en el artículo de Sebastián Granada sobre los aportes de los movimientos estudiantiles, o el trabajo de Ana Guglielmucci y Juan Pablo Vera, quienes examinan el diálogo tejido entre la CEV y la escena artística o científica. Su labor se tradujo, como lo evidencia el artículo de Mario Cépeda, en el despliegue de varias instancias y metodologías para recoger testimonios y promover espacios de memoria en museos a nivel nacional y local.
18El Informe final de la CEV, por su magnitud, complejidad y ambición por incorporar lecciones aprendidas de otras Comisiones de América Latina, representa, asimismo, un hito para la reflexión académica nacional, regional e internacional, acerca de los procesos de Justicia Transicional implementados en una sociedad que sigue en conflicto mientras opera la Comisión. El Acuerdo de Paz con las FARC-EP no significó el fin del conflicto armado o de la violencia social y política en Colombia. De acuerdo al análisis de Juan Diego Prieto (2012a; 2012b) sobre el trabajo de «reconciliación» vinculado a la desmovilización de actores armados, un proceso de Justicia Transicional no se plasma automáticamente en un proceso de «convivencia pacífica». En Colombia subsisten aún una multitud de grupos alzados en armas, lo que no permite vislumbrar la paz a corto plazo pese a los acercamientos con diversos grupos armados por parte del gobierno de Petro entre los años 2022 y 2023.
19La Comisión de la Verdad en Ecuador (CVE) se formó en el 2007, bajo el Decreto Ejecutivo 305, como respuesta a la demanda de varios colectivos de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridos entre los años 1984 y 2008. Esta Comisión nace en medio de una situación conflictiva, donde el estado de violencia, si bien no oficialmente reconocido, aún no ha acabado. El Informe final «Sin verdad no hay justicia» (Comisión de la Verdad en Ecuador, en adelante CVE, 2010) es un documento constituido por cinco tomos, donde se describen y analizan graves violaciones de los derechos humanos, considerando el contexto sociopolítico, las consecuencias sociales y psicosociales, las estructuras institucionales involucradas y los presuntos responsables.
20El aporte de la CVE al esclarecimiento de la verdad fue de enorme significación para la sociedad civil, pues —aunque con limitaciones— logró dar inicio a un proceso de lectura histórica de la violencia política en el país, sin el revisionismo histórico ni los ocultamientos públicos que las instituciones gubernamentales solían hacer hasta el momento (Solís-Chiriboga, 2018). La investigación realizada por la CVE incorporó más de 600 testimonios de víctimas y sus familiares, así como documentación desclasificada proveniente de archivos de instituciones como el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Todo ello permitió configurar 118 casos de violaciones de los derechos humanos que afectaban a 456 víctimas, 440 ciudadanos ecuatorianos y 16 extranjeros. De acuerdo al Informe final, el 84 % fueron hombres y el 16 % mujeres. Además, el 68 % de los casos de violación de derechos humanos sucedió entre 1984 y 1988, durante el Gobierno de Febres Cordero, mientras que el 32 % restante ocurrió entre 1989 y 2008 (Reyes et al., 2015). Eso fue de enorme importancia, ya que permitió dar visibilidad a la violencia política que la ciudadanía había sufrido, y que estaba todavía sufriendo, ya que la Comisión trabajó casos contemporáneos. En relación con los presuntos responsables, se identificaron 459 personas, la mitad oficiales activos y pasivos de la Policía Nacional y los demás miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas y autoridades de gobierno (Valencia Villa, 2011: 231). Las prácticas de violencia más frecuentes fueron la tortura, la privación arbitraria de la libertad, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
- 3 «Comisión de la Verdad entrega informe final sobre 18 años dictadura en Bolivia y pide que hechos n (...)
21En Bolivia, la Comisión de la Verdad fue creada el 21 de agosto de 2017 por el gobierno de Evo Morales para esclarecer todos los delitos de lesa humanidad y hechos de violencia política durante la dictadura militar, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. El 3 de marzo de 2020 se entrega el Informe final a la Defensora del Pueblo3. Similar a otras experiencias, la Comisión nació bajo el impulso de las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos por establecer la verdad sobre la violencia y no dejarla impune. La Ley 879, promulgada en diciembre de 2016, estableció como principal objetivo de la Comisión esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, vinculados a motivos políticos e ideológicos, de los cuales fueron identificadas unas 130 víctimas.
22Múltiples han sido los debates y publicaciones sobre los éxitos, resultados y principales consecuencias de las Comisiones en América Latina. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se caracterizan por tener un enfoque nacional: pocos son, todavía, los dedicados a desarrollar una mirada transnacional y comparativa, tal como propone el artículo de Mario Cépeda en este dossier con una mirada comparada, a países andinos, pero también a otros países de América Latina, Argentina y Chile (Rodrigues Pinto, 2017; Ibáñez Najar, 2017). Además, existe una clara desigualdad en la producción académica, con mayores investigaciones sobre las Comisiones de la Verdad de Argentina, Chile, Perú y Colombia, en comparación con Ecuador, Paraguay, Bolivia. Esta misma problemática se ha reconfirmado en nuestro dossier, donde la riqueza de los datos y contenidos sobre Colombia y Perú no han encontrado equivalente en los casos de Bolivia y Ecuador (con excepción del artículo de Vargas, Peñafiel y Marchán).
23En la búsqueda por llenar este vacío y estimular nuevos caminos de investigación, el presente dossier compila una serie de estudios en torno a las consecuencias y herencias de las Comisiones de la Verdad y recomendaciones en Justicia Transicional (JT) entre los países andinos. En particular, los artículos presentan un balance actualizado sobre los principales debates que animan hoy en día las reflexiones y narrativas respecto de las consecuencias y resultados pragmáticos de las Comisiones de la Verdad, entre ellos: el espacio, el rol y las funciones de los museos de la memoria, el rol de las mujeres y las asociaciones de víctimas en los procesos de construcción de la JT y en la implementación de sus recomendaciones, la construcción de imaginarios e imágenes del pasado violentos y sus consecuencias, las problemáticas definiciones de la categoría «víctima» por las Comisiones de la Verdad, entre otros.
24Para la elaboración de una reflexión con miradas y metodologías de investigación innovadoras, hemos priorizado investigaciones colectivas y que construyan diálogos comparativos capaces de sobrepasar los límites nacionales, que pudieran aportar con nuevas pistas de reflexión para el futuro. Este ejercicio permite tener un grupo de trabajos estimulantes y originales, capaces de abrir nuevas preguntas alrededor de los efectos e impactos múltiples de las Comisiones y sus informes, pero también sus limitaciones y retos, en los procesos de cambio social, político y cultural desde 1980 hasta la actualidad. Esta elección nos ha permitido valorar la singularidad de cada experiencia dentro de su contexto histórico, cultural y nacional particular. Cada Comisión ha marcado un hito y un antecedente dentro de la «historia de formación» de las Justicias Transicionales; sin embargo, no todos los casos han tenido la misma visibilidad e importancia. Queda, entonces, explorar en adelante el rol y la importancia, dentro del panorama latinoamericano, de los casos de Ecuador y Bolivia y sus vínculos directos o indirectos con Perú y Colombia.
25El dossier se compone de seis artículos, presentados en el siguiente orden:
26El texto de Mario Cépeda propone un análisis comparado entre los procesos memoriales en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. El autor introduce el concepto de «régimen de verdad» y refiere a las diversas estrategias a escala nacional, regional y local usadas para implementar espacios de memoria, considerando los aportes del sector público y privado. Cépeda examina el mandato, objetivos, propuestas metodológicas y modos de implementación de diversos espacios de memoria, mostrando las especificidades nacionales. Esto permite contextualizar las diferentes estrategias usadas por los actores públicos o privados para debatir, escenificar o cuestionar los procesos memoriales en distintos ámbitos históricos y políticos.
27Como ya hemos mencionado, el texto de Jeny Vargas, Diego Peñafiel e Ignacio Marchán nos propone un trabajo inédito y original que elabora una comparación entre las Comisiones de Ecuador y Perú dentro de sus diferentes contextos histórico-políticos, y los elementos más contundentes que caracterizan y diferencian a los informes finales. En primer lugar, se desarrolla una reflexión teórica sobre la JT, subrayando los alcances y limitaciones de las Comisiones de la Verdad como instrumentos de esclarecimiento y para el rescate de la memoria histórica colectiva. En segundo lugar, se realiza una aproximación teórica a la Doctrina de Seguridad Nacional y su implementación en la Región Andina, destacando las diferencias entre las dictaduras del Cono Sur y los casos de Ecuador y Perú, que se distinguen porque los crímenes se ejecutaron en el contexto de gobiernos democráticos. El artículo describe los principales hallazgos formulados por los Informes finales, destacando el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en Ecuador, mientras que Perú evidencia la ejecución tanto de crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad.
28El texto de Iris Jave Pinedo, Tesania Velázquez, Juliana González y Miryam Rivera-Holguín muestra cómo los procesos de JT se presentan como una oportunidad para la promoción de la participación de los diferentes actores involucrados en los conflictos armados y, en particular, para las mujeres. A través de un trabajo comparativo entre las experiencias de Perú y Colombia, y adoptando un enfoque multidisciplinario que incluye a la sociología, la antropología y la psicología comunitaria, las autoras buscan reunir material de primera mano sobre el sentir de mujeres que han participado activamente en los programas de reparación de víctimas dentro de diferentes contextos vinculados al conflicto armado o la violencia política. En esta contribución, las autoras reflexionan sobre los mecanismos de participación de las mujeres, así como los aspectos que limitan y promueven su agencia ciudadana, en los procesos de JT como son las Comisiones de la Verdad. Además, este trabajo busca poner énfasis en el papel de las mujeres dentro de los procesos de postconflicto, donde ellas vienen a ocupar múltiples roles con una alta complejidad emocional: además de ser víctimas del conflicto, ellas enfrentan situaciones de violencia en los contextos de postconflicto debido a las barreras históricas causadas por el racismo estructural, la falta de acceso a la educación, la salud y los recursos económicos y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
29A continuación, el texto de Sebastián Granada estudia el caso de los movimientos estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia, y cómo estos respondieron al llamado de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV) para congregar iniciativas de investigación sobre el conflicto armado. Granada analiza el trabajo de investigación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, organizados en el colectivo «Archivos del Búho» (2015). El colectivo propuso un análisis y reflexión propias en torno a la represión contra la marcha del 16 de mayo de 1984, evento que, pese a que generó el cierre de la universidad por un año, ha sido totalmente opacado en la memoria nacional. Así, el texto examina cómo los movimientos estudiantiles revitalizaron el recuerdo y la interpretación de este evento, evidenciando las dinámicas locales de recuperación de la información desde diversas fuentes, en gran parte dispersas y ocultas por un «pacto de silencio y olvido» que negó la represión sufrida por los estudiantes.
30Por su parte, Ana Guglielmucci y Juan Pablo Vera analizan las estrategias de difusión y socialización de resultados implementadas por la CEV a lo largo de su mandato y las diversas propuestas artísticas, tecnológicas y científicas a las que se recurrió. Los autores examinan la forma en que se incorporan diversos métodos de tratamiento de datos masivos para representar con la máxima precisión los casos de apropiación ilegal de tierras o la ocupación de territorios de grupos étnicos por actores armados. Los tres casos examinados (específicamente, los casos de Urabá, del territorio Nukak y del Palacio de Justicia, en 1986) son objeto de la exposición «Huellas de la Desaparición», que los autores analizan para entender su metodología, alcance y objetivos. Esta exposición se inscribe en el proceso de socialización del trabajo de la CEV, a través de innovadores formatos digitales de difusión para acceder a audiencias diversas, pero fuertemente condicionados por la conectividad, lo cual aún representa un reto para las regiones aisladas y fuertemente afectadas por el conflicto.
31Para finalizar el dossier, y en continuidad con la reflexión anterior, tenemos el texto de María Eugenia Ulfe, Mauricio Godoy y Sara Guerrero, en el que se desarrolla un análisis de antropología visual sobre un conjunto de producciones cinematográficas y audiovisuales elaboradas en el Perú a partir de las experiencias de memorialización, comunicación, visualización y documentación del conflicto armado y en continuidad con el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). La investigación se basa en la identificación, catalogación y análisis de 285 producciones realizadas en Perú entre los años 1980 y 2021. Al interior de este vasto panorama, los autores se plantean una serie de preguntas: ¿qué eventos de ese periodo se representan en cine o en producciones audiovisuales?, ¿cómo se construye el recuerdo de un hecho violento y cómo se le representa?, ¿qué subjetividades pueden ser representadas y cuáles son sus memorias? El texto comienza con una descripción sobre el contexto sociocultural, histórico y político donde se ha producido el material y sus vínculos históricos con la producción y entrega del Informe final de la CVR. Además, se busca definir, desde una perspectiva crítica, los vínculos subterráneos presentes en dicho contexto de Justicia Transicional y sus consecuencias para la definición de ciertas subjetividades. Específicamente, el texto valoriza la dimensión política dentro de las producciones fílmicas, al considerar este archivo como una forma de apropiación para la representación de subjetividades. Finalmente, el ensayo nutre la reflexión sobre los sujetos que son representados y cómo ciertas memorias emergen de manera hegemónica frente a otras que quedan relegadas.
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