1Agradecimientos
Una versión preliminar de este texto fue presentada a modo de informe como parte del proyecto «Contributing to the construction of a national plan of memory in Peru» desarrollado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). El autor agradece de manera expresa la autorización del Instituto para utilizar los insumos elaborados en esta publicación. Asimismo, agradece al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por su apoyo en el marco del proyecto «Memorias en estado de emergencia» que permitió recabar los primeros insumos para este texto.

Introducción

2La memoria se constituye como un proceso social inscrito en las prácticas e imaginarios de los sujetos. De esta manera, la memoria se crea y existe de manera colectiva en doble acepción (Halbwachs, 2004); por un lado, porque es socialmente compartida por una colectividad de sujetos, por el otro, porque recolecta acontecimientos —recuerdos y olvidos— para construir una narración sobre el pasado que se inscribe en el presente. De esta manera, la memoria es un fenómeno cambiante y contingente al tiempo que se transmite a través de lo que Jelin (2002) llama «vehículos de la memoria», es decir, agentes que buscan materializarla en productos culturales como textos, espacios y memoriales, prácticas rituales, productos artísticos y audiovisuales, etc. De acuerdo a Halbwachs (2004 en Reátegui, 2011), la memoria es omnipresente en la sociedad ya que está constituida por recuerdos y olvidos que van estableciendo las interpretaciones y conceptualizaciones del presente. La memoria es pues un acto performativo que existe en los discursos y prácticas y se va replicando y construyendo en el mundo. Como todo acto performativo, la memoria no puede ser aleatoria ni contingente, incluso cuando así lo parece, sino que requiere de un orden y coherencia interna que permita orientar acciones individuales y colectivas y que permita organizar el pasado para el presente (Turner, 1975).

3Este artículo tiene por objetivo comprender los modos en que se gestionan los espacios de memoria en cuatro países latinoamericanos (Chile, Argentina, Uruguay y Colombia) a partir de los regímenes de verdad creados por las Comisiones que investigaron —o investigan— el pasado de violencia (ver cuadro 1). A partir de los casos analizados, se verá cómo los regímenes de verdad se van materializando en los espacios de memoria a partir de mecanismos de gestión institucional que buscan satisfacer las expectativas no solo de las víctimas, sino también de grupos de poder y autoridades del Estado, todo esto dentro de las lógicas de la administración pública y los estándares internacionales para los espacios de memoria. Al culminar, se brindarán luces sobre la manera en que los espacios de memoria evidencian los encuentros y desencuentros institucionales, culturales y políticos entre el Estado y la ciudadanía a partir del conocimiento que se devela sobre el pasado reciente.

Cuadro 1 – Espacios de memoria analizados

País	Espacio de memoria	Año de inauguración
Chile	Museo de la Memoria y los Derechos Humanos	2010
Argentina	Museo Sitio de Memoria ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada)	2015
Uruguay	Centro Cultural Museo de la Memoria	2007
Colombia	Centro de Memoria, Paz y Reconciliación	2012
	Museo de Memoria de Colombia	Su construcción inició en el 2019 y el año original de inauguración era el 2022, pero aún sigue en proceso

Elaboración propia

4Si bien varios de los espacios de memoria que son foco de este artículo han sido ampliamente estudiados (López, 2013; Aguilera, 2013; Sepúlveda et al., 2015; Messina, 2019; Torres Ayala, 2019; Jaramillo et al., 2020), no es nuestra intención presentar un estado de la cuestión sobre cada uno de ellos. El presente artículo apunta a recoger y contrastar las diversas naturalezas jurídicas y operativas de los cinco sitios propuestos con el propósito de encontrar los vínculos entre sus guiones y actividades y las propuestas de verdad de pretensión hegemónica en cada uno de sus países. Por este motivo, si bien se hará referencia a diversos estudios emblemáticos en la materia, el foco está centrado en los mismos sitios y su gestión institucional. De esta manera, el artículo apunta a contribuir en una temática no del todo analizada por la bibliografía y ampliar el debate al respecto.

5La información presentada se basa en una investigación documental que utiliza fuentes secundarias, entre las que destacan los portales web y documentos institucionales de gestión de cada sitio. Si bien se tuvo contacto con las administraciones de algunos de estos espacios, el objetivo de estas comunicaciones no fue el recojo de nuevos datos, sino solicitar el acceso a documentación clave para el estudio. Se optó por el trabajo de gabinete, en primer lugar, para aproximarse a los discursos oficiales que gestionan cada uno de estos sitios y la manera como se presentan a la sociedad y, en segundo lugar, para analizar la forma en que estos discursos se inscriben en los regímenes de verdad construidos por las Comisiones. Con esto no solo se estudian las narrativas sobre el pasado de violencia, sino también aquellas que se construyen en el presente y que buscan incidir en las sociedades nacionales.

1. Apuntes conceptuales

6Nora (1989) argumenta que el surgimiento de los «lugares de memoria» corresponde a las crisis de los «ambientes de memoria», es decir, a las transformaciones de las comunidades de memoria y sus prácticas culturales. Al mismo tiempo, argumenta que los lugares de memoria permiten democratizar y socializar la memoria en comunidades más amplias que no comparten, necesariamente, los canales de transmisión por los que los recuerdos y olvidos circulan. De esta manera, la memoria es un proceso vivo y cambiante, contingente a las prácticas y comunidades —ahí la necesidad de transmitirla entre los sujetos y las generaciones de la manera más amplia posible—, mientras que la historia es una reconstrucción siempre problemática e incompleta de aquello que ya no existe más. Asimismo, a diferencia de la historia, la memoria no tiene pretension de universalidad y es contingente a las comunidades en un momento determinado. En ese sentido, la memoria existe en cuanto prácticas discursivas, espacios geográficos, acciones de los sujetos y comunidades, etc; por su parte, la historia se hace presente en tanto narración formal sobre los acontecimientos del pasado. Por lo tanto, mientras que la historia centra su atención en sucesos ya acabados, la memoria existe en el vínculo permanente entre el pasado y el presente.

Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas.

8La CIDH se refiere únicamente a aquellos espacios que están marcados por la violencia del pasado y han heredado la carga simbólica de esta hasta el presente. Debemos entender que los lugares de memoria, tanto aquellos que surgen de manera orgánica como aquellos planificados, se constituyen como vehículos que permiten inscribir la memoria en la sociedad y tienen el potencial de ser apropiados, resignificados y performados por las comunidades de memoria. En ese sentido nos referiremos a lo largo del texto a estos lugares y sitios como «espacios de memoria» para poder abarcarlos y entenderlos en su diversidad.

9Nora (2008) propone la idea de «lugares dominantes» y «lugares dominados». Los primeros, estudiados en este artículo, corresponden a los sitios y contenidos considerados hegemónicos u oficiales, mientras que los segundos son aquellos considerados subalternos, es decir, sin una voz públicamente escuchada y aceptada (Chakravorty Spivak, 2003). Los espacios nacionales, aquellos lugares dominantes, tienen por objetivo incidir de manera directa en los procesos de memoria de las sociedades a las que pertenecen, en un tránsito entre la memoria y la historia bajo mecanismos pedagógicos (Montestruque Bisso, 2016). De esta manera, se vuelven vehículos de las narrativas del pasado con pretensiones históricas.

10Esta pretensión dominante sobre el pasado apunta a «esclarecer» los hechos que la violencia y los quiebres democráticos han «opacado». En ese proceso de esclarecimiento surge la noción de «verdad» como parte de la Justicia Transicional (JT). Las transiciones hacia la paz y la democracia se encuentran en conflicto con el intento de los perpetradores por convertir a las víctimas en invisibles y a sus discursos en irreales (Gamio, 2009). La verdad se convierte en un ejercicio de «limpieza moral» para el reconocimiento social y la dignificación de las víctimas (Lerner, 2004). Así, las Comisiones de la Verdad cumplirán una función política en la construcción de relatos sobre el pasado que no requieren de «hechos» como lo hacen los mecanismos penales-judiciales (Ruiz Romero & Hristova, 2019). De esta manera, en el marco de la JT, la verdad se produce desde los testimonios de las víctimas y transciende convirtiéndose en un régimen que da sentido al estado de derecho que se viene reconstruyendo (Lerner, 2004). La verdad como un imperativo moral que transciende lo jurídico y que no está limitada a los hechos con evidencias comprobadas y validadas se inscribe en prácticas individuales y colectivas que permiten interpretar los hechos del pasado, dar sentido al presente y construir una perspectiva de futuro en un ejercicio histórico (Uprimny & Saffon, 2006).

12Es importante detenernos a pensar el contenido de estos regímenes, es decir, cómo se constituyen las memorias estabilizadas por la labor de las Comisiones de la Verdad y la centralidad que tienen las víctimas como sujetos de verdad. Si bien los debates sobre la verdad como derecho se inician a partir de la necesidad de los familiares de las personas desaparecidas por conocer el paradero de sus seres queridos, con el paso del tiempo, el derecho se amplía a toda la sociedad para procesar el pasado y construir un mejor futuro (Defensoría del Pueblo, 2002: 21). Por lo tanto, la verdad se constituye no solo como una práctica de esclarecimiento, sino también como una herramienta política para la consolidación del estado de derecho.

13La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que «cada persona tiene un derecho a saber la verdad acerca de lo que le ha ocurrido y que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a saber y también el deber de recordar» (ACNUDH, 2009: 3). En ese sentido la verdad se inscribe en el derecho que tienen las sociedades y la obligación que tienen los Estados de conocer, esclarecer y reparar las violaciones de los derechos humanos y del estado de derecho como forma de garantizar un proceso de transición democrática.

15Por todo esto los regímenes de verdad requerirán, entre otras cosas, de prácticas de conmemoración que generen sentidos de identidad y pertenencia, así como procesos de transmisión intergeneracional, interétnica e intercultural que apunten a garantizar la estabilidad de la hegemonía. Este aspecto resulta clave pues, como veremos a lo largo del artículo, los sitios analizados tienen una pretensión de hegemonía nacional, es decir, tienen anclajes en la memoria de cada uno de sus respectivos países, donde las múltiples voces que fundamentan sus regímenes de verdad no solo tienen cabida, sino también capacidad de enunciación. Por supuesto, esta pretensión no es homogénea y no siempre se traduce en proyectos y respaldos políticos articulados que les permitan cumplir a cabalidad con sus objetivos; sin embargo, ello no los hace menos valiosos para las comunidades que los engendraron.

16Dentro de los mecanismos de JT la verdad y la reparación son dos de sus principales fundamentos. Skaar et al. (2015) afirman que las medidas de reparación —que incluyen el desarrollo de espacios y museos— solidifican los procesos transicionales y los regímenes de verdad creados por las Comisiones. Más allá del efecto verdadero y medible, comentan las autoras, las políticas de memoria y reparación atienden las necesidades de las víctimas y los imaginarios colectivos sobre la paz y la democracia. Los espacios de memoria, por lo tanto, apuntan a restituir derechos y producir transformaciones sociales y políticas. En esta misma línea, Del Pino & Agüero (2014) sostienen que este tipo de sitios cumplen con evidenciar de manera fehaciente el pasado violento. Así, se argumenta a favor de su trascendencia histórica en el presente para poder construir ideas colectivas de nación.

17Existe un amplio desarrollo sobre el vínculo entre la memoria, el espacio y el territorio, por lo que resulta útil detenerse en algunos puntos centrales del debate. Halbwachs (1990) plantea la existencia de un vínculo fundamental entre las personas y los objetos materiales que forman parte de su cotidianidad. De esa manera, cada uno, plantea el autor, se encuentra rodeado de imágenes evocativas sobre la propia trayectoria que no existen en el vacío ni se reducen a cada individuo, por el contrario, estas son socialmente compartidas —ahí radica la naturaleza colectiva del espacio y su vínculo con la memoria—. En la misma línea, Nora (1989) argumenta que los espacios de memoria se construyen gracias a la fuerza de las señales, objetos y símbolos que en ellos radican y que permiten el anclaje del pasado en el presente. Por lo mismo, los espacios de memoria son «lugares» —según Augé (2000)— pues canalizan la transmisión simbólica, material, oral y escrita del pasado colectivo.

18Si la cultura material, incluyendo los espacios, es un vehículo evocador de memoria, se hace necesario reflexionar sobre la dotación de contenido de estas memorias. Al respecto, Halbwachs (1990) comenta que la memoria se ancla en el espacio de manera performativa, es decir, en el constante quehacer del discurso y la acción de los sujetos. Así, los espacios evocadores de memorias deben estar «vivos» y ser ocupados y utilizados por los sujetos, independientemente de su naturaleza u origen. En esa línea, Reátegui comenta:

El tratamiento colectivo de un pasado de violencia y masivas violaciones de derechos humanos tiene diversas manifestaciones. Se puede distinguir entre dos direcciones básicas. Por un lado, existen los procesos de búsqueda de verdad y de trabajo colectivo sobre la memoria. Por otro lado, se dan prácticas de conmemoración. Ambos procesos se encuentran estrechamente vinculados, pero representan dos momentos distintos de una misma preocupación social (…) La conmemoración se expresa en diversas formas, tales como la construcción de monumentos, la consagración al recuerdo de espacios físicos prexistentes, la transformación de los significados de objetos o lugares, el señalamiento de fechas especiales, la realización de rituales y la promoción de actividades (educativas, recreativas, cívicas o de otro signo) que inviten a una población a revisitar el pasado y a cultivar una conciencia activa al respecto (Reátegui, 2012: 9-10).

19Jelin & Langland (2003) analizan cómo las disputas en la esfera pública —la política, el sistema educativo o judicial, etc.— inciden también en la gestión territorial de la memoria. Así, marcadores territoriales como placas, monumentos o espacios de conmemoración se dotan de contenido en y desde las disputas por la memoria:

Si hablar y decir es difícil, los emprendimientos que intentan marcar el espacio físico parecen ser al mismo tiempo más fáciles y complejos. Más fáciles porque en muchos casos hay rastros, ruinas y restos; hay una materialidad que puede hablar por sí misma. Más difíciles porque no se trata de marcas personales o grupales, significativas para alguien en particular, con sentido privado o íntimo. Más bien, nos referimos a espacios físicos públicos, reconocidos por el Estado y la autoridad legítima, lo cual implica procesos de lucha política por parte de quienes llevan adelante las iniciativas. Implica también luchas acerca de los criterios estéticos para lo que se va a construir o preservar (Jelin & Langland, 2003: 2).

2. Análisis

21El análisis de los espacios de memoria elegidos se divide en cinco categorías que permiten la comparación, resaltando los encuentros y desencuentros en la gestión y las necesidades de cada espacio. Estas son: 1) el periodo histórico y los regímenes de verdad, 2) los objetivos y tipos de muestra, 3) la gestión y organización interna, 4) el marco normativo y 5) el trabajo en red y otros espacios de memoria.

2. 1. Períodos históricos y regímenes de verdad

22Los periodos de violencia y dictadura en América del Sur tienen particularidades nacionales, pero en términos temporales se superponen unos a otros y conviven durante las últimas décadas del siglo XX, lo que conlleva a que los procesos transicionales coexistan en un mismo marco temporal. Schechner (1981) plantea el concepto de «conducta restaurada» para hacer alusión a las prácticas performativas que buscan dar sentido al presente a partir de un pasado que puede o no haber existido en términos fácticos. Estas prácticas permiten la creación de identidades y mecanismos de cohesión social a partir de normas institucionalizadas, con las que se construyen discursos e imaginarios sobre el pasado que dan significado al presente, pero que también pueden pasar por un proceso de resignificación.

23En los espacios analizados, los regímenes de verdad tienen un claro asidero fáctico ya que responden a las Comisiones de la Verdad y demás mecanismos transicionales desarrollados en cada país (ver cuadro 2). No obstante, al inscribirse en procesos de memoria y, por lo tanto, en prácticas sociales, la hegemonía de sus narraciones se encuentra permanentemente interpelada por diversos actores (Todorov, 2013). Frente a esto, la muestra, el espacio y el recorrido establecidos se vuelven conductas restauradas cuyo objetivo es apuntalar las relaciones entre la sociedad y el Estado en los contextos posconflicto.

Cuadro 2 – Espacios de memoria y periodos históricos

País	Espacio de memoria	Periodo histórico	Comisiones de la Verdad
Chile	Museo de la Memoria y los Derechos Humanos	Dictadura de Augusto Pinochet y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado chileno entre 1973 y 1990	Informe Rettig, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
			Informe Valech, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
Argentina	Museo Sitio de Memoria ESMA	Dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado ocurridos en Argentina entre 1976 y 1983	Informe Nunca más por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
Uruguay	Centro Cultural Museo de la Memoria	Dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado y la lucha del pueblo uruguayo de 1973 a 1985	Informe final de la Comisión para la Paz
Colombia	Centro de Memoria, Paz y Reconciliación	Hechos de violencia vinculados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, desde 1985 y durante el conflicto armado interno colombiano	Informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica
	Museo de Memoria de Colombia		Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Elaboración propia

24El régimen de verdad chileno se fundamenta en dos investigaciones sobre el periodo de la dictadura: el Informe Rettig, realizado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y el Informe Valech, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El primero indica que «(…) la verdad que debía establecerse tenía un fin preciso y determinado: colaborar con la reconciliación de todos los chilenos» (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996a: 10). En la misma línea, el Informe Valech argumenta que «(…) deberá ser hecho “según el recto criterio y conciencia de sus miembros” y con la mirada de procurar la reconciliación entre los chilenos» (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004: 517). Por lo tanto, el régimen de verdad que se establece busca estabilizar las memorias que garanticen la no repetición de la violencia, dando énfasis a las experiencias narradas por las organizaciones de víctimas y los testimonios individuales, con el propósito de construir un nuevo pacto social.

25El Informe Rettig define «(…) la reparación como un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del Informe. La reparación es una tarea en la que el Estado ha de intervenir en forma consciente y deliberada» (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996b: 1253). Así, la labor del Estado se orienta a reparar los daños perpetrados por sus agentes de manera orgánica o sistemática y dar a conocer a la sociedad chilena los hechos sufridos por las víctimas y sus familias. El Informe es muy claro al afirmar que «(…) [Chile] necesita reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas y recordar lo sucedido para que nunca más se vuelva a repetir (…) [y] requiere más que nunca de gestos y símbolos de reparación, del cultivo de nuevos valores que nos acerquen y nos abran perspectivas comunes en torno de la democracia y del desarrollo» (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996b: 1254). En la misma línea, el Informe Valech considera la necesidad de establecer reparaciones simbólicas y colectivas como garantías de no repetición, gestos simbólicos, reconocimiento de la memoria, educación en derechos humanos, entre otros. En adelante veremos cómo estos propósitos y recomendaciones se traducen en la gestión del espacio de memoria nacional.

26En el caso argentino, el texto de referencia es el informe Nunca más elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante, CONADEP), el cual indica:

Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad (CONADEP, 2015: 36).

27Asimismo, se afirma que «se derrotó a algunas organizaciones terroristas, pero a cambio de implantar un sistema de terror institucionalizado, vulnerador de los más elementales principios éticos y morales inherentes a la persona humana, con respaldo doctrinario en concepciones también extrañas a nuestra identidad nacional» (CONADEP, 2015: 214). De esta manera, resulta evidente cómo la verdad presentada en el Informe trasciende las pretensiones judiciales y se inscribe en un hecho histórico, social y político con implicancias éticas, como es la violencia de estado en contra de la sociedad civil. El informe es muy claro al afirmar que «(…) no se cometieron “excesos”, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y extendida y eran los actos normales y corrientes efectuados a diario por la represión» (CONADEP, 2015: 213). Por lo tanto, nos encontramos frente a un régimen de verdad que apunta a estabilizar la memoria sobre los crímenes cometidos para que la sociedad pueda aprender y construir, a partir de ello, conocimiento para su futuro:

Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria, con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición (CONADEP, 2015: 32).

28Esta aspiración dará sentido al Museo Sitio de la Memoria ESMA, en la medida en que «la enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que, por el contrario, busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano» (CONADEP, 2015: 32).

30Finalmente, el caso colombiano resulta distinto a los ya mencionados en la medida en que los documentos que apuntan a construir el régimen de verdad son posteriores al establecimiento de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Museo de Memoria. Por un lado, el Informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica fue publicado en el 2013, mientras que el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición data del año 2022. No obstante, veremos cómo coinciden los propósitos y acciones de los sitios colombianos con la verdad reconstruida por ambos documentos.

31El Informe Basta Ya señala que «es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas décadas no es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 31). De igual manera señala que es necesario «reconocer que el pasado se caracteriza por dinámicas de violencia [e] implica encarar y rechazar la naturalización de la guerra, recuperar la indignación frente a ella, romper el círculo perverso de la explicación que se convierte en justificación, y condenar sin atenuantes las atrocidades y sus responsables» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 31). Por lo tanto, apunta a estabilizar una memoria contrapuesta a discursos sobre el pasado que normalizan la violencia o invisibilizan a ciertos actores involucrados. Con esto, se resalta la necesidad de consolidar las bases institucionales para la transición hacia la paz, por lo cual «es necesario transformar la estructura institucional que ha sido diseñada para tiempos de guerra y lograr, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, construir una institucionalidad propicia a los objetivos de la paz, aunque es evidente la vigencia del conflicto armado en el país» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 397).

32En esta línea, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición menciona en su informe que «la democracia ha sido violenta. Se ha desarrollado más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario, que desde el diálogo constructivo (…) La guerra, con sus silencios, con sus estigmas, con sus mentiras, erosionó el clima de la controversia pública, a tal punto que se confunde al contradictor ideológico o político con un enemigo» (2022: 88-89). Por ello, la noción de democracia busca ser resignificada dentro del régimen de verdad colombiano, lo que también influye sobre la gestión de los espacios de memoria colombianos que se analizan.

33El Informe Basta Ya señala que «las iniciativas de memoria del conflicto armado son diversas entre sí y responden a significados y propósitos variados de acuerdo con las metas de los grupos sociales y comunidades que las impulsan» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 391). Además, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición resalta que «más allá de la destrucción física, esta larga guerra (iniciada en 1958 con la creación del Frente Nacional pero con raíces históricas mucho más profundas que se remontan a las primeras décadas del siglo XX) dejó una herida que sigue abierta en el alma colectiva. El miedo, el odio, la venganza, la rabia, el resentimiento, el dolor, la impunidad, el señalamiento y la deshumanización han lesionado la vida comunitaria y la confianza entre prójimos. Miles de familias y comunidades viven aún en duelo por sus seres queridos» (2022: 88). En ese sentido, ambos documentos resaltan la centralidad de la experiencia de las víctimas para la comprensión de los hechos del pasado y su permanencia en el presente. Además, el Centro Nacional de Memoria Histórica indica:

En el marco del derecho a saber, se conjugan el derecho a la verdad, en su dimensión individual (de las víctimas) y colectiva (de la sociedad), con el deber de recordar a cargo del Estado, lo que se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que tanto la sociedad —a través de sus diferentes expresiones, como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos—, como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto (2013: 398).

34Ello se alinea claramente con la necesidad de desarrollar «(…) espacios seguros de encuentro entre personas de diferentes sectores en los que se promuevan el respeto, la igualdad de dignidades, la diversidad, la capacidad de diálogo y deliberación argumentada y que, por esta vía, contribuyan a 1) transformar narrativas de enemistad, discriminación y estigmatización y 2) superar los dogmatismos, intolerancias y odios políticos» (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022: 726).

2. 2. Objetivos y tipos de muestra

37Las tensiones al interior de las democracias chilena, argentina y uruguaya están presentes en las gestación y gestión de sus espacios de memoria; no obstante, el tiempo entre los periodos de violencia y el establecimiento de los espacios de memoria ha configurado un proceso de memorialización que permite hablar del pasado desde una narrativa con pretensión oficial, a partir de los informes de las Comisiones de la Verdad. El régimen de verdad materializado tiene, por lo tanto, ramificaciones en los propósitos de los espacios de memoria y, de esta manera, en su gestión. La pretensión de hegemonía de los regímenes de verdad es contestada por diversas voces, lo que impacta en la composición de las muestras y lleva a que los sitios implementen diversas estrategias, como el trabajo en red, para complementar sus propios marcos de gestión.

40En suma, los casos analizados comparten un claro patrón en cuestiones estructurales, pero también hay otros aspectos en que se diferencian, como la construcción de sus muestras y labor en la sociedad. Por un lado, en los casos de Chile, Argentina y Uruguay el foco se encuentra en la vigencia de un régimen de verdad histórica arraigado en la memoria sobre el pasado para extraer lecciones para el presente y futuro. Por otro lado, en Colombia, se resalta la necesidad de expresar a través de actividades artísticas y pedagógicas las múltiples voces y perspectivas para la reflexión individual.

2. 3. Gestión y organización interna

A los fines de garantizar la seguridad jurídica de los sitios de memoria, los Estados deben proveer un marco normativo preciso y adecuado que regule su identificación, señalización, creación o recuperación, preservación y gestión sustentable, asegurando la participación de las víctimas en todas las etapas y en armonía con los estándares internacionales en la materia (…) [esto] puede plasmarse a través de una legislación específica sobre sitios de memoria o, subsidiariamente, mediante la declaración de los sitios de memoria como patrimonio cultural, histórico o símil. El marco de mención debe, asimismo, incluir medidas específicas destinadas a evitar la destrucción o alteración de los predios, tales como: restricciones en el uso y/o acceso de personas que pudieran poner en riesgo el sitio o la preservación de evidencias, la designación de depositarios o garantes, la previsión de sanciones por incumplimiento y/o provisión de custodia externa e interna. Estas medidas específicas deben evitar recaer en exigencias de alta especialidad técnica que tornen ilusoria la protección de los sitios y la protección de evidencia forense.

42Si bien los cinco sitios de memoria aquí analizados tienen pretensiones de construirse como espacios nacionales, cada uno de ellos presenta distintas formas de organización que no siempre dialogan con los estándares establecidos por la CIDH. En cuanto a la gestión, tenemos espacios de naturaleza pública-privada y otros que dependen directamente del Gobierno Central o de los gobiernos locales. Veremos que cada una de estas formas de gestión no significa, necesariamente, mayor o menor respaldo en capital humano, económico o político.

43En primer lugar, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile es una asociación pública-privada que depende de un patronato, la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La Fundación es una organización de derecho privado sin fines de lucro y con representación legal cuyo objetivo es la administración del museo. Esta cuenta con un directorio compuesto por representantes de la academia (universidades chilenas con un centro de derechos humanos), organizaciones de defensa de los derechos humanos (la Vicaria de la Solidaridad, la Casa de la Memoria y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi) y personas naturales. Es importante detallar que los miembros pertenecientes son personas naturales que forman parte de la Fundación por invitación expresa y a título personal a partir de su reconocida trayectoria. La composición del directorio es vitalicia, contingente a renuncia expresa, defunción o desvinculación por la organización. El directorio de la Fundación designa —con cargo a supervisión y renovación indefinida— a la Dirección Ejecutiva del Museo, la cual representa y lidera al equipo de la institución. El equipo del museo se organiza en siete áreas de trabajo: i) Colecciones e Investigación, ii) Educación y Audiencias, iii) Museografía y Diseño, iv) Comunicaciones, v) Extensión y Producción, vi) Tecnologías de la Información y vii) Administración y Finanzas. Según estatuto, la Fundación debe remitir periódicamente un informe ratificado por sus quince directores al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

45En segundo lugar, el Museo Sitio de Memoria ESMA de Argentina es un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al ser desconcentrado, la Secretaría solo supervisa mas no tiene injerencia directa en su gestión, lo cual es una situación en extremo particular respecto a otros espacios de memoria argentinos que responden de manera directa a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de dicha Secretaría. Según la Ley N˚ 26.691, «Ley para declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal», el Museo Sitio de la Memoria ESMA tiene un estatus especial que lo distingue de otros museos y sitios de memoria a razón de su condición de organismo desconcentrado. En ese sentido, el Museo reporta de manera directa al Secretario en materia de gestión y recibe de este los fondos públicos destinados para su funcionamiento. El financiamiento se realiza con una transferencia de presupuesto público proveniente de la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de su programa para la promoción y defensa de los derechos humanos. Para el año 2021, se ha presupuestado un monto de 9,7 millones de pesos argentinos (US$ 113 425). Adicionalmente, el Museo está autorizado para recibir otros fondos públicos y privados a través de su Dirección Ejecutiva.

46El Museo Sitio de Memoria se compone por una Dirección Ejecutiva y un Consejo Asesor. El Consejo está integrado por los miembros del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y se encuentra encargado de elaborar el Plan Anual de actividades del Museo e intervenir en la definición de los contenidos a ser expuestos. En el ámbito interno el Museo se organiza a partir de tres áreas de trabajo lideradas por la Dirección Ejecutiva: i) Relaciones Institucionales, ii) Contenidos y Producción Museográfica y iii) el Proyecto UNESCO, las cuales cuentan con un extenso equipo de trabajo encargado de desarrollar las funciones estratégicas. Además, es importante destacar la candidatura del Museo a la lista Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y del predio donde este se ubica como zona protegida. Esta es una iniciativa que cuenta con un equipo especial desde el 2015 que ha logrado integrarlo en el listado tentativo en el 2017. Posteriormente, en el año 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se dio un nuevo impulso a este plan con el respaldo oficial del Estado argentino.

47En tercer lugar, el Centro Cultural Museo de la Memoria de Uruguay depende del Servicio de Coordinación de Museos, Sala de Exposición y Espacios de Divulgación perteneciente a la división de Artes y Ciencias del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La gestión del Museo que plantea: i) desarrollar las condiciones de adecuada preservación del acervo, ii) estudiar el patrimonio, iii) potenciar las actividades educativas del Museo de la Memoria como herramienta para la comunidad, iv) desarrollar el programa de exposiciones y otras actividades artísticas y culturales, como un programa de comunicación del patrimonio de la comunidad, y v) optimizar la gestión.

48El Museo de la Memoria de Uruguay se mantiene gracias a una partida dentro del presupuesto de la Intendencia de Montevideo. Para el año 2020, tenía asignado un total de 12 millones de pesos uruguayos (US$ 283 020). En el ámbito interno, el Museo cuenta con una Dirección General, la cual está apoyada por el Equipo de Dirección (compuesto por la Coordinadora del Departamento Educativo y la Jefatura Operativa) y por el Servicio de Proyectos, el cual tiene el cometido de diseñar proyectos específicos para desarrollar la estrategia y planes de trabajo del museo, así como desarrollar contactos y cooperaciones estratégicas. Asimismo, el Museo se organiza en tres áreas de trabajo y ocho departamentos (ver cuadro 3).

Cuadro 3 – Organización interna del Centro Cultural Museo de la Memoria

Áreas	Departamentos
Área de Administración	i) Departamento Administrativo, ii) Departamento de Servicios
Área de Patrimonio	i) Departamento de Investigación, ii) Departamento de Conservación, iii) Departamento de Mediateca
Área de Comunicación	i) Departamento Educativo, ii) Departamento de Exposiciones y Eventos, iii) Servicio de Prensa, Difusión y Publicaciones

Elaboración propia

49El Museo de la Memoria de Uruguay tiene un Consejo Asesor conformado por la directiva de la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria (MUME), el cual participa en la elaboración de lineamientos, orientaciones y evaluaciones del Museo. La Asociación fue creada por un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos con la intención de recuperar la historia de las luchas durante la dictadura militar uruguaya y comenzó a trabajar en el año 2005 con el apoyo de la Intendencia de Montevideo. Inicialmente, tenía una existencia inorgánica y con poca planificación, pero con el paso de los años adquiere mayor relevancia y comienza a ocupar un espacio importante en el diseño del Museo. Así, en el 2007 se constituyó en asociación civil sin fines de lucro, tomando su actual nombre y, junto a otras instituciones y personas, fundó el Museo de la Memoria.

51El Centro de Memoria cuenta con una Coordinación General, la cual tiene el encargo de diseñar e implementar sus actividades de pedagogía social, arte y cultura, archivo y gestión documental, etc. Para esto, el Centro está divido en líneas de acción que, a su vez, marcan la conformación de sus áreas y equipos internos de trabajo (ver cuadro 4). La Coordinación General del Museo se responsabiliza del diseño y ejecución de actividades más allá de su infraestructura física, abarcando distintas zonas y localidades de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá le otorga un presupuesto, con un monto asignado de 5224 millones de pesos colombianos (US$ 1 510 479) para el año 2019.

Cuadro 4 – Organización interna del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá

Líneas de acción	Áreas y equipos de trabajo
Gestión del conocimiento ciudadano para la paz y la memoria histórica	i) Pedagogía de la memoria, ii) Apoyo a organizaciones de víctimas, iii) Investigación para la memoria histórica y la paz
Apoyo a los acuerdos de terminación del conflicto armado y a la construcción de paz y cultura de paz y no violencia
Documentación y archivos	i) Centro de documentación, ii) Memorial por la vida y iii) Archivos de memoria oral
Acciones de memoria desde la cultura y el arte	i) Acciones culturales por la memoria y la paz, ii) Acciones simbólicas de reconocimiento de los derechos de las víctimas y iii) Promoción del eje de la memoria y la paz y de la cartografía Bogotá Ciudad Memoria.
Acciones de comunicación y de divulgación
Relaciones y alianzas estratégicas	i) Coordinación de actividades de cooperación internacional, ii) Intercambio y acciones comunes con centros, museos o casas de la memoria en localidades de Bogotá, otras regiones de Colombia y con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y iii) Gestión de convenios y proyectos de cooperación
Gerencia y administración

Elaboración propia

53En síntesis, se trata de cinco espacios distintos en términos de gestión administrativa, humana y de recursos financieros. Cada uno de ellos presentan ejemplos de trabajo coordinado entre la sociedad civil y el Estado, así como características particulares en su conformación interna. Un aspecto resaltante es el rol fundamental y estratégico que tienen las organizaciones de víctimas —actores principales del régimen de verdad— y la academia para brindar soporte y asesoramiento a estos espacios de memoria. Otro aspecto importante es que estos sitios han adquirido cierto nivel de independencia y autonomía frente al Estado y sus políticas, a pesar de que varios de ellos se encuentran adscritos a órganos públicos. Un caso particular es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile pues se ha constituido como institución privada, no obstante, se mantiene a través de la transferencia de fondos públicos. De esta manera, la autonomía establecida, conseguida o gestionada por cada espacio de memoria sirve como «barrera» frente a otras memorias externas al régimen de verdad que cada uno pretende materializar.

2. 4. Marco normativo

54En el análisis de los casos se han identificado diferencias en el marco normativo en materia de memoria y/o en las normas específicas para la creación y gestión de sitios de este tipo. En primer lugar, en Chile no existe un marco normativo especial en la materia. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos no es resultado de una legislación ad hoc para sus fines ni ha logrado promoverla, por lo que se rige por normas generales en materia de museos y sitios monumentales en el país. En esta línea, Escariz Oñate (2022) resalta la necesidad de aprender de otras experiencias nacionales, como la argentina y uruguaya, así como las normativas establecidas por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La figura de la asociación pública-privada con la que funciona el caso chileno le permite, de esta manera, existir y realizar su labor sin contar con el marco normativo necesario. La libertad que tiene la Fundación es la respuesta a un escenario en el que leyes sobre memoria y memorialización están ausentes. Por lo tanto, la labor del Museo y la Asociación se rige, en primer lugar, por su estatuto, y, en segundo, por una serie de convenios firmados con instituciones públicas.

56En cuanto al financiamiento, las organizaciones de derechos humanos chilenas que buscan sacar adelante un espacio de memoria deben enfrentar la ausencia de un marco ad hoc que, entre otras cosas, no permite un presupuesto directo. La labor del Consejo de Monumentos Nacionales es reactiva pues responde a las solicitudes de la sociedad civil para el reconocimiento de los espacios de memoria por lo que no tiene capacidad directa para financiarlos o apoyar su gestión. La Ley N˚ 21.045 crea el Fondo del Patrimonio Cultural que sirve a modo de concurso público para el financiamiento de actividades culturales y artes en las que se incluyen espacios de memoria. Asimismo, la Ley N˚ 20.675, «Modifica la Ley sobre donaciones con fines culturales, contenida en el Artículo 8˚ de la ley N˚ 18.985», permite la recepción de donaciones por canales públicos y privados para mantener su existencia y gestión.

57En segundo lugar, en Argentina se va construyendo un marco normativo especial en la materia a medida que el proyecto del espacio de memoria se desarrolla. La Ley N˚ 26.935, «Ley de Ratificación del Convenio celebrado entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Cesión del derecho real de usufructo sobre inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Estado nacional», oficializa el convenio entre el gobierno local y central y permite la creación del Museo de Sitio ESMA a través del Decreto Nacional 1.133/2015. De ese modo se establece la creación, estructura orgánica y funciones del Museo y se permite la modificación de las leyes de presupuestos y de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para albergar a la institución. Asimismo, se cuenta con la Ley N˚ 26.415, «Ley para ratificar el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”». El espacio referido abarca la totalidad del terreno de la ESMA, donde se encuentran múltiples organizaciones públicas y privadas de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos, entre ellas, el Museo que se ubica en lo que fuera el Casino de Oficiales de la ESMA.

58Finalmente, tenemos la Ley N˚ 26.691, «Ley para declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal», la cual resulta fundamental pues establece una definición legal sobre los espacios de memoria en Argentina. En su art. 1 declara como «Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983». Como resultado, se establece el Decreto 1333/200, «Declárase monumento histórico nacional al edificio del Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada».

59En tercer lugar, el caso uruguayo y los casos colombianos cuentan con un marco normativo especial en la materia. En Uruguay, la Ley N˚ 19.641, «Ley sobre Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente», define el proceso por el cual se declara un sitio de memoria. La misma es producto del trabajo de incidencia de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) conformado actualmente por el Museo de la Memoria (MUME), la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria y el Espacio de Memoria Quica Salvia. En el art. 4˚ se definen tres elementos característicos: i) la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ii) la realización de actos de resistencia y lucha por la construcción o recuperación democrática, y iii) otros sitios a los cuales las víctimas, familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos y que han sido creados para construir y transmitir memorias. Asimismo, a partir del art. 8˚ se crea la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, adscrita al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, cuya función es velar por el procedimiento de declaratoria y la promoción de los espacios en el país.

60Además, en Uruguay se cuenta con la Ley N˚ 18.596, «Ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985», cuyo art. 8˚ garantiza la memorialización del espacio y otorga herramientas legales al Estado para mantener vigente la memoria: «En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos».

61Por su parte, los sitios colombianos demuestran el modo en que un marco normativo especial en materia de memoria y Justicia Transicional (JT) permite la gestación y funcionamiento de espacios de memoria. La reconocida «Ley de víctimas», Ley N˚ 1448, «Ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», es el marco general en el cual se inscribe el más reciente proceso transicional en este país y es un hito para el desarrollo normativo de la memoria y los derechos humanos. En el Párrafo 1 del art. 144˚ se indica: «En ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Los entes territoriales, en desarrollo de los principios de autonomía y descentralización, pueden desarrollar iniciativas sobre la materia y crear espacios dedicados a esta labor». Por lo tanto, no solo se reconoce el valor de los espacios de memoria, sino también capacita a los distintos niveles de gobierno para crear estos sitios y gestionarlos.

62Esta Ley se acompaña del Decreto N˚ 4800, cuyo art. 7˚ señala que el Estado procurará generar espacios públicos de profundización de la democracia en un marco de JT. De esta manera, se busca el diálogo entre las víctimas, la sociedad civil, las instituciones y demás actores para avanzar en la búsqueda de la verdad, el respeto por los derechos humanos y la construcción de memoria histórica. Asimismo, el Estado debe garantizar la no repetición de los hechos, la reconciliación y la paz. El Decreto resalta la necesidad de que la institucionalidad pública y los distintos sectores sociales participen de la política transicional y se puedan tender puentes para reconstruir el tejido social y la ciudadanía. Como resultado se promulgaron los Decretos N˚ 4633, 4634 y 4635, los que delinean las políticas de memoria histórica y comunidades étnicas y ordenan al Estado promover la inclusión de «documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que hace referencia el presente decreto, así como la documentación sobre procesos similares en otros países (…)». De esta manera, se recogen y salvaguardan las memorias locales desde un enfoque intercultural y se permite su incorporación en los espacios de memoria.

63Por último, en Bogotá se cuenta con el Decreto N˚ 4803, que establece la estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica y le confiere la función rectora y administrativa sobre el Museo de la Memoria. También cuentan con el Decreto N˚ 632, que reconoce en su ámbito de aplicación al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, integrándose al Centro Histórico de Bogotá y permitiendo que su labor no se limite a sus instalaciones y pueda realizarse en toda la ciudad.

64De los cuatro países analizados, Colombia es el que presenta el marco normativo más robusto y desarrollado en materia de memoria, JT y memorialización. No obstante, a diferencia de los casos en Chile, Argentina y Uruguay, los espacios colombianos apuntan a una labor pedagógica que no procure construir una verdad única del pasado reciente y, en ese sentido, están diseñados para funcionar más como centros culturales que como museos de memoria. Ello evidencia que el marco normativo no es un punto mínimo ni suficiente para el desarrollo, debate y construcción de un discurso oficial y la estabilización de la memoria sobre los hechos violentos a partir de los regímenes de verdad que se han construido desde las Comisiones y los mecanismos transicionales. Si bien la existencia de un marco normativo es importante y facilita los esfuerzos públicos y de la sociedad civil, este no es requisito indispensable para el desarrollo de los espacios de memoria. La investigación evidencia tres escenarios: uno en que hay normas y leyes desarrolladas en profundidad, otro en que no existe tal marco y se debe utilizar y adaptar la normativa existente y, finalmente, en el medio, un caso en el que el sistema de normas y leyes se va construyendo a medida que el espacio de memoria se consolida. Más allá de las normas y leyes, se evidencia la importancia de la voluntad política y el respaldo e incidencia de la sociedad civil, de los cuales se van decantando fórmulas que permitan gestionar los espacios de memoria. Los regímenes de verdad, por lo tanto, trascienden los marcos normativos en la medida en que apuntan a inscribirse en prácticas sociales y discursos, es decir, en los actos performativos de la memoria.

2. 5. Trabajo en red y otros espacios de memoria

65Los sitos de memoria estudiados no funcionan como entes aislados de sus comunidades locales o nacionales, más bien se nutren y fortalecen del trabajo de la sociedad civil y de diversas redes. Las organizaciones de derechos humanos ocupan un rol preponderante en la gestión de los sitios analizados, ya sea como consejos asesores, participando en su gobierno o encargándose de equipos y espacios especiales. Asimismo, establecen alianzas con instituciones públicas, independientemente de su naturaleza jurídica. A nivel internacional, es importante resaltar el trabajo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC). Esta red, a la que pertenecen todos los sitios estudiados, sirve como plataforma de articulación para la incidencia y aprendizaje. Asimismo, permite visibilizar esfuerzos y compartir experiencias y recursos para continuar el trabajo de cada uno de los museos y funciona como un espacio o asamblea de representación mayor al ser parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

66Pero el trabajo en red no solo ocurre a nivel internacional. En cada uno de los países estudiados los espacios de memoria se inscriben en redes o listas de memoria propiciadas ya sea por el Estado o iniciativas de la sociedad civil. En Chile, la Municipalidad de Santiago mantiene una lista de al menos quince espacios públicos, comunitarios y privados de memoria. Asimismo, el Proyecto red de Sitios de memoria para la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia reúne al menos cinco sitios más. Este proyecto se encuentra financiado por la Unión Europea y gestionado por la Corporación Parque Por La Paz Villa Grimaldi, la Fundación Patrimonio Nuestro, la Universidad de Santiago de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En Argentina, por su parte, el Archivo Nacional de la Memoria —entidad pública dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— incorpora desde el 2016 a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y a través de ella gestiona de modo directo seis espacios. De esta manera, el archivo es responsable de señalizar, preservar y conservar los espacios de memoria.

68Finalmente, la Red Colombiana de Lugares de Memoria es una organización de la sociedad civil que, desde un enfoque participativo y comunitario, trabaja en las diversas regiones del país para lograr articular espacios de memoria y con ello evitar la repetición de los hechos de violencia del pasado. La Red permite que sus miembros puedan realizar intercambio de experiencias y saberes, actividades artísticas y culturales, metodologías de trabajo y aprendizaje. Para el 2018, la Red estaba constituida por 27 espacios de memoria comunales y 3 estatales.

69Los cinco espacios de memoria estudiados no son los únicos existentes en sus países, no obstante, su pretensión de sitios nacionales los hace destacar sobre los demás. La articulación de estos espacios es fundamental para su gestión y existencia. El trabajo en red y su pertenencia en las listas mencionadas resulta fundamental pues permite la incorporación del trabajo hecho en otras regiones y museos, así como expandir su alcance y garantizar su existencia. Además, la articulación entre los espacios de memoria resulta especialmente importante para su protección pues existen en panoramas políticos donde los actores del pasado violento mantienen su vigencia o injerencia y, por lo tanto, se encuentran siempre propensos a recibir ataques:

Luego de la construcción e inauguración de un memorial, su permanencia en el tiempo no necesariamente está garantizada; ella depende especialmente de las motivaciones de los actores, además de las características de su diseño. En ese sentido, debe continuar siendo funcional a sus intereses, pero, sobre todo, debe contar con el apoyo y protección de una conciencia humanitaria dentro de los grupos a los que hacen referencia. El hecho de que su permanencia dependa de las motivaciones de los actores la expone a su vez a algunos conflictos de interés (Reátegui, coord. et al., 2010: 75).

70De esta manera, desarrollan un doble rol. Por un lado, son depositarios de los regímenes de verdad desarrollados por las Comisiones de la Verdad y otras iniciativas transicionales y, por el otro, se convierten en vehículos de memorias estabilizadas a nivel local y nacional, proyectando y transmitiendo narrativas sobre la violencia en la sociedad. En ese sentido, los espacios de memoria se inscriben en procesos de cambios y transformaciones políticas, sociales y culturales que, en algunos momentos, favorecen los regímenes creados por las Comisiones y, en otros, los convierten en marginales. De esta forma, a pesar de que los sitios estudiados tienen una importante presencia de la sociedad civil y los colectivos de víctimas en su gestión, no siempre logran satisfacer sus demandas y se desarrollan como espacios simbólicos de lucha y disputa entre la memoria de las víctimas y la gestión estatal.

71En este escenario, las redes no solo fungen como espacios de intercambio, sino también de soporte y articulación institucional y política. La sociedad civil tiene un peso especialmente relevante en la materia y es la única que permite la existencia y supervivencia de los espacios de memoria en el tiempo, en especial, cuando el régimen de verdad del que nacen y reproducen es atacado o pretendido de ser marginalizado. Nuevamente, la centralidad de las víctimas en los procesos transicionales se hace evidente.

3. Algunas lecciones finales

72Si bien cada uno de los sitios analizados presenta particularidades, se han podido identificar una serie de patrones orgánicos que caracterizan su definición y gestión. En especial, destaca la forma como se ha imaginado el periodo posconflicto en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia: una situación de democracia consolidada y paz. Esta forma de pensar el presente en relación con el pasado es la materialización de los procesos de memoria desarrollados en el marco de la Justicia Transicional, los que se vuelven discursos y prácticas institucionalizadas dentro del aparato de administración pública. Además, existe una renovada coyuntura que marca como imperativo moral la necesidad de satisfacer los derechos de las víctimas, centrándose en su reconocimiento social (Reátegui, 2011). Sin lugar a dudas, los espacios de memoria son fruto de este imperativo y, en ese sentido, su prioridad es recoger las voces y experiencias de las víctimas y construir una narrativa basada en las Comisiones de la Verdad que permita aprehender lo complejo de las guerras y dictaduras del pasado.

73Por otro lado, la manera como se han construido las muestras y la gestión de los sitios en términos operativos y normativos nos demuestran el impacto profundo que tiene el contexto posconflicto en la transmisión de la memoria. En ese sentido, los regímenes de verdad se materializan en la definición del objetivo institucional, el plan de trabajo y la elaboración del guion. De esta manera, se ha evidenciado la necesidad de incluir la participación de las organizaciones de víctimas, académicos e instituciones de la sociedad civil. Esto no solo permite un trabajo participativo y validado, sino también el respaldo y solidez institucional necesarias para proyectarse en el tiempo y convertir el espacio en un referente frente a las luchas políticas por la memoria (Jelin, 2002). Del mismo modo, el involucramiento y respaldo público a múltiple nivel y más allá de los grupos de interés principal son las mejores garantías frente a la incertidumbre política y los procesos de marginalización que pueden sufrir los regímenes construidos por las Comisiones de la Verdad. Al formar parte activa de redes nacionales e internacionales lo sitios analizados no solo comparten experiencias, sino también posicionan su labor y garantizan respaldo político para la incidencia frente a otras narrativas del pasado.

74Los guiones museísticos responden a los planteamientos del régimen de verdad construidos por las Comisiones de cada país y a los contextos posconflicto que se experimentan. En esa línea, resulta interesante ver la labor de conmemoración y pedagogía en los casos colombianos y uruguayo, la cual se proyecta hacia el espacio local y regional con el propósito de recoger las diversas experiencias que conforman la memoria del pasado reciente, así como establecer procesos de diálogo que permitan que el espacio de memoria se posicione como nacional. No obstante, estos difieren en su reflexión frente al pasado de violencia ya que la narrativa que construyen tiene implicancias políticas diferentes.

75A nivel local, ha sido importante que los sitios no solo involucren a la comunidad de víctimas y derechos humanos, sino a diversos círculos de la sociedad Las disputas por la memoria han permitido que la narrativa y el espacio no solo se aprehenda por las organizaciones sociales originalmente promotoras, sino también por una gran red de instituciones y públicos que han logrado ampliar las memorias estabilizadas por el régimen de verdad. Desde su concepción y en su posterior gestión, estos espacios de memoria se han convertido en centros de reflexión, aprendizaje y conmemoración que, partiendo de la experiencia violenta del pasado reciente, permiten reflexionar sobre las problemáticas que enfrenta la sociedad en la que este se inscribe (Abarca Hernández, 2009).

76En el plano institucional, la naturaleza organizacional o jurídica que marca el desarrollo del espacio de memoria nos revela la propia existencia —o no— del contexto normativo y político en materia de políticas de memoria; en otras palabras, la manera como se ha institucionalizado el régimen de verdad construido por las Comisiones. El caso de la asociación pública-privada pareciera ser la más conveniente en términos operativos, pero revela también la ausencia de un marco normativo ad hoc procurado por el Estado. Del otro lado del espectro tenemos el modelo de gestión pública a más alto nivel, consolidado por una política nacional de memoria, así como una aparente voluntad política. Asimismo, hemos visto cómo una gestión a nivel local o regional es el resultado de un proceso empujado desde la sociedad civil que se va transformando y consolidando en el tiempo, es decir, a través de la participación activa de los sujetos que forman el núcleo de las memorias estabilizadas por las Comisiones de la Verdad.

77De esta manera, los espacios de memoria, a través del establecimiento de convenios y alianzas a largo plazo, garantizan su saneamiento físico legal, la transferencia de recursos públicos —ningún espacio de memoria estudiado, incluido el caso chileno, existe sin la transferencia anual de presupuesto público— y también el respaldo para su labor. Estas alianzas no solo permiten la creación, construcción e inicio de actividades, sino también su supervivencia a largo plazo. Por otro lado, las experiencias analizadas indican la importancia de un consejo asesor o comité de expertos ­—con representantes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y con académicos— que acompañe la gestión. Estos comités o consejos no solo sirven de enlace entre la gestión del espacio de memoria y la sociedad civil, sino también son una fuente de referencia frente a las disputas en torno al pasado.

78En suma, la gestión de los sitios analizados nos demuestra las maneras como los regímenes de verdad se materializan en espacios, muestras, discursos y prácticas de gestión pública y se convierten en «lugares dominantes» (Nora, 2008). Las narrativas de verdad, en construcción o en disputa —incluso pretendidas de ser marginalizadas—, se materializan en los sitios y evidencian los encuentros y desencuentros institucionales, culturales y políticos entre el Estado y la ciudadanía. De esta manera, la pretensión de hegemonía nacional no se traduce directamente en hegemonía normativa o institucional, pero sí en hegemonía social, cultural o política desde los actores claves de los procesos transicionales. Por lo tanto, los espacios de memoria son un reflejo e institucionalización de los diversos procesos e innovaciones sociales, culturales, políticas y jurídicas resultantes de las labores de las Comisiones de la Verdad, así como de las disputas y voluntades sobre los regímenes construidos. Si bien estos procesos han permitido crear espacios para que la sociedad civil se vincule con las autoridades públicas —incluso cuando el marco jurídico ad hoc es inexistente—, también generan desencuentros expresados en la forma en la que se construyen las muestras y se articulan voluntades.