Introducción

2En Perú y Colombia, los mecanismos de JT han sido el paradigma dominante para enfrentar los legados de las violaciones de los derechos humanos, siendo centrales la rendición de cuentas, el esclarecimiento de la verdad y las medidas de reparación. Los derechos sociales, económicos y culturales de las víctimas, además de los aspectos vinculados a la justicia transformadora y distributiva, están siendo abordados progresivamente desde este paradigma (De Waardt & Willems, 2022). Así, los estudios sobre JT proponen transitar desde un modelo centrado en los Estados hacia uno centrado en la víctima, para promover su voz y participación (Amir, 2022) y fomentar la apropiación de estos procesos por parte de las personas afectadas y sus organizaciones. La participación activa de las víctimas ha sido reconocida como un elemento clave en el diseño e implementación de políticas de reconocimiento y mecanismos de JT, no solo como receptoras de las medidas, sino como participantes activas de todo el proceso en tres dimensiones: expresión, incidencia y transformación de las relaciones de poder (Saffon Sanín & Tacha Gutiérrez, 2018). En la apuesta de la JT se hace obligatorio asegurar que a la expresión pública de esa voz, como los testimonios, le sigan procesos de sanación y soporte a las necesidades psicosociales de las víctimas (Hamber & Lundy, 2020), dadas las experiencias de sufrimiento social (Das, 2008).

3En Latinoamérica los sistemas de dominación colonial y opresión patriarcal han dejado a las mujeres fuera de los espacios públicos de acción política y deliberación ciudadana (Bueno-Hansen, 2015; 2018). Las mujeres, y más aún, las mujeres afrodescendientes, comuneras e indígenas, han sido negadas como sujetos de acción política y consideradas «ciudadanas de segunda». No obstante, y a pesar del entorno adverso, ellas han desplegado recursos personales y comunitarios, han luchado y encontrado diferentes canales y formas de participación que dan cuenta de su resistencia y agencia (Rivera-Holguín et al., 2022). Estos procesos de participación de las mujeres, no siempre reconocidos o visibilizados, tienen larga data (Crisóstomo, 2018) y se han ido transformando con los años a través de diversos mecanismos de incidencia y vocería, asumiendo roles de interlocución y negociación con el Estado y otros actores políticos en defensa de sus demandas de memoria, verdad, justicia y reparación (Jave, 2021).

4Los procesos de JT se muestran como una oportunidad para la promoción de la participación de los diferentes actores involucrados en los conflictos armados, específicamente de las mujeres. En ese sentido, abordamos la investigación a partir de un acercamiento a dinámicas y experiencias de participación activa de mujeres víctimas y familiares de víctimas. El énfasis está en el desarrollo de interpretaciones conjuntas con las mujeres participantes, tratando de darle un sentido a los fenómenos según sus significados y vivencias (Creswell & Poth, 2018).

1. Metodología

Cuadro 1 – Características de participantes

País	Región	Género	Metodología	Fecha
Perú	Ayacucho	Mujeres adultas (4) Varones jóvenes (2)	Entrevista grupal	Octubre de 2022
		Mujeres adultas (6) Mujeres jóvenes (8) Varones jóvenes (6)	Reuniones presenciales	Setiembre de 2018 Abril - septiembre de 2018 Marzo a octubre de 2019
			Reuniones virtuales	Abril - setiembre de 2020 Abril - noviembre de 2021 Mayo - noviembre de 2022
		Mujeres jóvenes (8)	Observación participante
	Huánuco	Mujeres adultas (2)	Entrevista grupal	Noviembre de 2022
		Mujeres adultas (6) Mujeres jóvenes (4) Varones adultos (4) Varones jóvenes (6)	Reuniones presenciales	Mayo - junio de 2019
			Reuniones virtuales	Mayo - agosto de 2020 Marzo - junio de 2021
Colombia	Caribe	Mujeres adultas afrodescendientes de origen campesino o LGBTQ+ (3)	Entrevista grupal	Enero de 2022
		Mujeres adultas afrodescendientes y campesinas (8)	Entrevista individual	Diciembre de 2019 - enero de 2020
		Mujeres adultas indígenas (5)	Reuniones virtuales	Marzo - septiembre de 2020

7La metodología de investigación incluyó una reflexión sobre los posicionamientos sociales en la producción de este conocimiento. Las investigadoras provienen de dos países con realidades diferentes, pero con aspectos en común, lo que facilita la construcción de puntos de encuentro y diálogo. Además, se hizo uso de una metodología feminista sustentada en la construcción de relaciones afectivas, recíprocas y solidarias (Ciofalo, 2019; Lugones, 2008), la cual enfatiza la colaboración y la co-teorización y da lugar a la construcción de relaciones de solidaridad ética y en el reconocimiento de las participantes como sujetas de agencia y conocimiento. Asimismo, el desarrollo de la investigación implicó un diálogo interdisciplinario desde la psicología, la filosofía, la comunicación y las ciencias políticas. El artículo se escribió de forma colectiva, incorporando la subjetividad y afectividad de las autoras (De Oliveira Rocha, 2018), con el fin de desarrollar una investigación crítica, comprometida y situada. Además, se hizo uso de un consentimiento informado que hacía explícito el objetivo de la investigación, el carácter voluntario de la participación y el tratamiento posterior de la información. La aceptación de estas condiciones se dio en un clima de confianza y de cercanía entre las partes.

2. Justicia Transicional y participación política en Perú y Colombia

2. 1. Los procesos de Justicia Transicional y la participación de las mujeres

8Las actuales democracias latinoamericanas enfrentan la debilidad de sus Estados y las extremas desigualdades sociales (Levitsky, 2018). Estos regímenes han sido precedidos o subsisten en medio de gobiernos autoritarios y conflictos armados internos, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el incremento de la fragmentación social. Si bien los mecanismos de Justicia Transicional (JT) tienen como objetivo confrontar los crímenes del pasado y sentar las bases para prevenir su repetición, es necesario analizar de manera detallada el papel que cumplen las víctimas y el alcance de su incidencia para evitar la reactivación de patrones de opresión y exclusión. Como señalan Rivera-Holguín & Velázquez (2021), se debe repensar la noción de «víctima» en los procesos de JT desde una perspectiva interseccional y cuestionar su percepción como grupo homogéneo (Amir, 2022), cuando más bien incluye múltiples voces con demandas y capacidades heterogéneas. No obstante, también hay que tener cuidado de incorporar superficialmente una perspectiva interseccional, sin politizar los profundos conflictos ontológicos y las relaciones de poder históricas y estructurales que caracterizan el contexto de aplicación de la JT (González Villamizar & Bueno-Hansen, 2021).

9Cabe resaltar que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los Estados latinoamericanos durante los conflictos armados y los regímenes dictatoriales del siglo XX incluyeron masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y encarcelamiento arbitrario (Hayner, 2010). Los impactos del abuso permearon la vida de las víctimas y familiares de víctimas y han permanecido como una experiencia crónica que incluye procesos de duelo emocional a largo plazo, con impactos en la salud y en las relaciones interpersonales y sociales (Crocker et al., 2021). Estos impactos se relacionan, además, con la violencia estructural y la exclusión socioeconómica (Rivera-Holguín et al., 2022), por lo que las principales víctimas y sus familiares son y han sido poblaciones que ya vivían en condiciones de marginación, dominación y pobreza y que vieron su situación agravada después de los conflictos.

10Los esfuerzos para hacer frente al legado de las violaciones de los derechos humanos ubican a los países latinoamericanos como pioneros en la aplicación de la JT a través de las comisiones de la verdad, juicios nacionales e internacionales y programas de reparación (Skaar et al., 2016; Sikkink & Walling, 2007). Los mecanismos de JT han mostrado efectos psicosociales favorables sobre las víctimas al romper el silencio sobre el pasado colectivo y aumentar la conciencia pública sobre el impacto de la violencia (Beristain et al., 2010). En ese sentido, muchas familias se han comprometido en la búsqueda de justicia para sus parientes desaparecidos y en relación con otros crímenes de lesa humanidad. Ese compromiso y dedicación parte de varias generaciones y marca una dinámica única que involucra su participación activa en diversos procesos vinculados a la JT (Rivera-Holguín, 2022) como medio para contribuir a la búsqueda de verdad, justicia y reparación (Hamber et al., 2000), lo que está también relacionado con el restablecimiento de los lazos sociales (Ansión et al., 2017). En Perú, las víctimas y sus familiares ubicaron sus pérdidas y su agencia en sus relaciones comunitarias, lo cual nos ofrece una mayor comprensión sobre los modos en que las familias participan, se organizan y movilizan espacios de denuncia y apoyo (Rivera-Holguín, 2022), además de contribuir en procesos de recuperación social (Martín-Baró, 2013; Velázquez, 2022). En Colombia, muchas mujeres indígenas y afrocolombianas se articularon en torno a la defensa de la comunidad o familia extensa en sus territorios para asegurar la inclusión de una perspectiva étnica y de género en la construcción de la paz (Gruner & Mina Rojas, 2019; González Villamizar, 2021).

11Tanto en Perú como en Colombia la mayoría de las víctimas fatales son varones, mientras que las mujeres se vieron afectadas en mayor medida por la desaparición de sus familiares, el desplazamiento forzado y la violencia sexual (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en adelante CVR, 2003; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en adelante CEV, 2022). Por esta razón, muchas mujeres asumieron roles tradicionalmente dominados por varones para sostener a sus familias y lideraron procesos de lucha social (Chouayfati, 2022) a través de organizaciones de base con otras mujeres. No obstante, también enfrentaron obstáculos para una real participación e inserción en la política asociados con estereotipos de género, la división genérica entre lo público y lo privado y la distribución desigual de recursos y oportunidades. Adicionalmente, las mujeres peruanas y colombianas víctimas del conflicto han debido afrontar barreras históricas causadas por el racismo estructural, la falta de acceso a la educación, la salud y los recursos económicos y la discriminación por orientación sexual e identidad de género (Gómez et al., 2021). En Colombia, los grupos armados han ejercido violencia contra maestras, enfermeras, comerciantes y lideresas comunales con el objetivo de truncar su accionar político (Grupo de Memoria Histórica, en adelante GMH, 2011; Gómez et al., 2021).

12La participación de las víctimas y sus familiares es un elemento clave para la legitimidad del diseño e implementación de la JT (Saffon Sanín & Tacha Gutiérrez, 2018). Su incidencia debe ir «de abajo hacia arriba» (Gen & Conley Wright, 2013), en lugar de ser promovida verticalmente por el Estado en su interlocución con la sociedad civil. De ese modo, la participación de las víctimas y familiares de víctimas debe desarrollarse desde antes de la implementación de la JT, no solo como recipientes de las medidas, sino como propulsores (De Waardt & Willems, 2022). Los mecanismos de JT deben favorecer la consolidación de las mujeres como sujetos políticos y ayudarlas a superar los obstáculos que limitan su participación política (Gómez et al., 2021), lo que implica reconocerlas como «personas con el derecho y la capacidad de influir en la toma de decisiones, en el esclarecimiento de la verdad, y en las propuestas que se estructuran para la convivencia y la no repetición, y desde un accionar que les permita posicionarse como protagonistas de los procesos y mecanismos de transición» (Gómez et al., 2021: 30-31).

13Si bien al inicio las comisiones de la verdad no lograron visibilizar de manera diferenciada las vivencias y las formas de victimización según el género, a partir de la Comisión Sudafricana este aspecto se ha hecho cada vez más importante (Hayner, 2010; Nessiah, 2006). En Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) mostró una propuesta de inclusión de género no solo desde las afectaciones particulares hacia las mujeres, sino también desde su accionar en el espacio público. Al incorporarlas en las audiencias públicas, la elaboración de sus discursos y la documentación para los procesos judiciales se buscó visibilizar las experiencias marcadas por el género (Macher Batanero, 2014). No obstante, aún se siguen reproduciendo visiones estereotipadas que las encasillan en el rol de víctimas indefensas, inocentes y pasivas, mostrándolas como apolíticas y víctimas de violencia sexual. Hay que tener en cuenta que la reducción del enfoque de género al análisis de la violencia sexual oscurece el contexto estructural en el que ocurre (Bueno-Hansen, 2015; Theidon, 2007). Esta «miopía conceptual» le permite al Estado aparecer y legitimarse en los procesos de JT como benevolente y paternal, a la vez que evade su responsabilidad en la reproducción de jerarquías raciales y de género y sobre las violencias perpetradas por las propias fuerzas armadas (Bueno-Hansen, 2018).

14Aunque las comisiones de la verdad de Sudáfrica, Guatemala y Perú buscaron analizar hechos de violencia marcados por los legados racistas de sus pasados coloniales, diferentes factores dificultaron la incorporación de un enfoque interseccional en el análisis de las violencias hacia las mujeres racializadas (Hayner, 2010). En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad apostó por descentrar la raza y el racismo como marco crítico para analizar las violencias del apartheid, lo que impidió dar cuenta de las mayores privaciones sociales, políticas y económicas que sufrieron las mujeres negras (Fullard, 2004). En Guatemala se hicieron públicos los actos genocidas del Estado en contra de la población maya (Oettler, 2006) y se visibilizó la violencia sexual. Sin embargo, la Comisión de Esclarecimiento Histórico contiene en su mayor parte interpretaciones hegemónicas sobre las mujeres y su victimización, evitando reconocer que la violación sistemática de mujeres constituyó un elemento del genocidio, coartando así la relación entre género y etnicidad (Rosser, 2007). Por su parte, en Perú, «los arraigados legados coloniales que se manifestaban en la división de producción del conocimiento entre Lima y las sucursales de recolección de información» (Bueno-Hansen, 2015: 69) limitaron la consideración del lenguaje, la etnicidad y la cultura en el análisis del género.

2. 2. Los conflictos armados en Perú y Colombia

17Por su parte, el conflicto armado colombiano tuvo sus inicios con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC - EP) y otros grupos guerrilleros a principios de la década del cincuenta. A estos actores armados se sumaron grupos paramilitares y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales, dejando cerca de nueve millones de víctimas, 80 % de ellas civiles (CEV, 2022). Además, en el marco del conflicto armado se produjo el despojo y desplazamiento forzado de numerosas poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a lo largo y ancho del país, profundizando conflictos históricos relacionados con la tenencia de la tierra y la exclusión política (González González, 2014).

18La CEV fue establecida en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016 y es uno de los mecanismos de JT contenidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Entre 2018 y 2022, la CEV investigó y dio a conocer los daños causados durante el conflicto armado, identificando patrones, causas, factores, responsabilidades y víctimas, con el fin de promover el reconocimiento y la convivencia. La CEV abrió oficinas en once regiones del país, incluyendo la región del Caribe colombiano e incluyó grupos de trabajo especializados en enfoques diferenciales de género, etnicidad, curso de vida y discapacidad, lo que marca el inicio de la transversalización de la interseccionalidad en los procesos de JT.

3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA ENTRE MUJERES

20La transición democrática, las comisiones de la verdad y los acuerdos de paz constituyen el marco institucional que permite una mayor acción y visibilización de las mujeres en Perú y Colombia. Aunque la Justicia Transicional (JT) se enfocó inicialmente en el restablecimiento del Estado de derecho e impulsó procesos de construcción de paz, en la actualidad se busca complementar ese abordaje con las percepciones de las víctimas en torno a los programas de reparación (Jave, 2023). De acuerdo a García-Godos (2016), se ha pasado de una preocupación en la reconstrucción de las sociedades a considerar la reparación y atención directa de las víctimas y familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos como objetivo prioritario y no supeditado al primero. La centralidad de las víctimas de violencia durante dictaduras, guerras y conflictos armados en la implementación de políticas de verdad, justicia, reparación y memoria responde a este giro de enfoque.

21En ambos países, la participación de las organizaciones de mujeres empezó muchos años antes de la creación de las comisiones de la verdad, durante contextos de violencia, inseguridad y temor. En el Perú, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (en adelante ANFASEP, 2007), se constituye como un espacio de encuentro y organización de mujeres que buscaban a sus familiares en la década del ochenta, durante el conflicto armado interno. En Colombia inicia en la década del noventa, especialmente con el trabajo de la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz y la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP). En ambos casos, las mujeres estuvieron motivadas por el deseo de apoyar medidas conducentes a la terminación de los conflictos y a encontrar la verdad sobre lo sucedido con sus familiares.

3. 1. Visibilización de sus demandas

23Entre las primeras acciones de participación de mujeres pertenecientes a grupos étnicos, de familiares y víctimas, se encuentran las movilizaciones y marchas en espacios públicos. En el caso de Perú, las primeras iniciativas de organización surgieron por parte de la ANFASEP, del Comité de familias desplazadas víctimas de violencia política (COFADESVIVPO) y de la Organización de mujeres víctimas de violencia política (OMAVIPO) a raíz de la búsqueda de personas desaparecidas (Jave, coord., 2018; Jave, 2021). En un contexto donde primaban los roles tradicionales de género, muchas mujeres se quedaron desprevenidamente solas y tuvieron que agruparse y apoyarse para asumir los espacios y roles de los que habían sido excluidas: «Éramos [un] grupo de mujeres que andábamos, grupos de mujeres valientes que nos incentivamos, que nos guiamos, que nos dábamos esa fortaleza para prácticamente buscar nuestros derechos» (Hilda, mujer adulta, Huánuco).

24La ANFASEP permitió a sus integrantes acompañarse en la búsqueda de las personas desaparecidas en las calles o a las afueras de los cuarteles militares. De la misma manera, la Asociación permitió el aprendizaje de estrategias de búsqueda, intercambiando información sobre las circunstancias de la desaparición —desde la vestimenta hasta posibles sitios de entierro—. A través de estas organizaciones, las mujeres realizaron denuncias a las autoridades locales y en instancias judiciales y policiales. Sin embargo, estas actividades estuvieron marcadas por la estigmatización y persecución de las poblaciones rurales y campesinas, además de la consideración sobre las mujeres como ajenas al espacio público y político: «Nosotros caminamos, reclamamos, pero todavía con miedo, no había este reconocimiento. No había nada, a quien reconocer autoridades, (…) todavía no saben cómo hemos pasado, hemos sufrido, por eso nosotros hemos buscado la verdad, justicia» (Daniela, mujer joven, Ayacucho).

25En Colombia, numerosas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y LGBTIQ+ han presionado desde la década del ochenta por la resolución pacífica del conflicto armado. Su participación en la mesa de negociaciones de La Habana fue decisiva para la creación de la subcomisión de género, encargada de transversalizar el enfoque de género en los Acuerdos de Paz. Esta instancia también influyó en la contratación de personal experto que garantice la implementación del enfoque de género en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo que condujo a la creación del Grupo de Trabajo de Género dentro de la CEV.

27Las mujeres se organizaron alrededor de las Agendas de Paz desde 1987, cuando se intensificaron en la región del Caribe colombiano las confrontaciones entre la guerrilla y los grupos paramilitares, así como el narcotráfico. Un caso significativo en ese contexto es la Red de Mujeres del Caribe, fundada en 1994, que reunió a diferentes organizaciones de mujeres. En la década del noventa, la Red cumplió un importante papel en la implementación de la Resolución N˚ 1325 de las Naciones Unidas en Colombia y en la instalación de diferentes negociaciones de paz (Solano, 2016). En 2004, la Red organizó los «Ágoras de mujeres», que ofrecieron a cientos de mujeres la oportunidad de exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación (Solano, 2007). El movimiento de mujeres en el Caribe refleja una fuerte sensibilidad interseccional tanto en su discurso como en sus proyectos políticos, destacando las jerarquías y la segregación de clase social, etnicidad, raza, religión, edad y orientación sexual que afectan tanto a hombres como a mujeres de la región.

Estamos constituidas por mujeres víctimas del conflicto armado y tenemos casos de todas las violencias tipificadas; violencia por abuso sexual, desaparición forzada y desplazamiento forzado. En el contexto de los Montes de María, los patrones de conducta indican que las mujeres fuimos instrumentalizadas y que no fue una casualidad los hechos que nos ocurrieron. Queremos que se reconozca que nuestra organización ha sido perseguida políticamente (…) por pensar como lideresas, por considerarnos como sujetas de derechos, hemos sido amenazadas (…) (Mayerlis Angarita, mujer adulta, fundadora de la Red de Mujeres Narrar para vivir)

29Los espacios de acción pública se combinan con la realización de diferentes formas de memorialización que, a través de rituales u objetos con una identidad religiosa, étnica o comunitaria, contribuyen con el proceso de búsqueda de justicia y al mismo tiempo se convierten en un recurso fundamental para fortalecer su capacidad de participación.

3. 2. Fortalecimiento de su participación en instancias públicas

30La participación de víctimas en los mecanismos de JT se desarrolla de tres maneras: (i) como forma de expresar distintos puntos de vista, expectativas, necesidades y testimonios, (ii) como incidencia y (iii) como transformación en las relaciones de poder (Saffon Sanín & Tacha Gutiérrez, 2018). Este marco nos ayuda a entender mejor su participación en las comisiones de la verdad desde la etapa de diseño y no solo desde su inclusión posterior en instancias o espacios formales promovidos por el Estado, con lo que se busca promover una participación de «arriba hacia abajo». Por ejemplo, el cabildeo y la incidencia son estrategias que han sido utilizadas por las familiares de víctimas para hacer visibles sus demandas y derechos y así verse reflejadas en las futuras políticas a través de recomendaciones u observaciones. Esta participación reconoce el relacionamiento de las familias y el Estado, pero trasciende este campo y ubica sus orígenes en las primeras intervenciones que realizaron para encontrar a sus seres queridos y su evolución a partir de factores externos que involucran a otros actores sociales y políticos.

• 12 Ley N˚ 28592. «Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR)». Disponible en https://www.gob. (...)
• 13 Ley N˚ 28223. «Ley sobre los Desplazamientos Internos». Disponible en https://www.mimp.gob.pe/homem (...)

La Ley del PIR12, la [ Ley N˚] 28592 se ha promulgado, se ha reglamentado y bajo esa Ley nosotros ahora reclamamos nuestros derechos ¿no? También la Ley [N˚] 28223, que es la Ley del Desplazamiento13, la hemos luchado nosotros a nivel nacional también, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, allí nos juntábamos ¿no?, pues en Lima con muchas organizaciones que venían tanto de Ayacucho más que nada, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Ucayali, Ica y Huánuco (Hilda, mujer adulta, Huánuco).

[El Santuario de la] Hoyada también hemos logrado, ¿no? No es su voluntad de las autoridades, no es voluntad política, solo nosotros con nuestra lucha, con nuestra exigencia hemos logrado cosas, es nuestra exigencia. No es de parte del Estado, su voluntad política de ellos no tienen, señorita, eso es lo que tantos años ya luchando. Ahora, también hemos hecho reflexionar un poco ¿no?, a las autoridades de eso. También [ese es] un logro importante para nosotros (Mirta, mujer adulta, Ayacucho).

33En Colombia, posterior a los logros de la Subcomisión de Género en la Mesa de Negociaciones de la Habana, la CEV incluyó un Grupo de Trabajo de Género compuesto por integrantes del movimiento de mujeres, feminista y LGBTIQ+, con la responsabilidad de transversalizar el enfoque de género en todas sus actividades. Este grupo trabajó de la mano de múltiples organizaciones en el marco de una Mesa de Asistencia Técnica que se reunía periódicamente con el fin de aportar a los procesos de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Se analizaron un total de 83 informes, entregados por estas organizaciones, que documentaban diferentes violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ ocurridas en el marco del conflicto armado (CEV, 2022). El Grupo de Trabajo propuso, por iniciativa propia, incorporar un lente antirracista e interseccional para implementar la salvaguarda del «enfoque étnico, de género, mujer, familia y generación» (González Villamizar & Bueno-Hansen, 2021).

3. 3. Consolidación de la participación e incidencia política

35La agencia de las mujeres víctimas y familiares de víctimas se construye a través de sus trayectorias de participación, desarrollando una serie de estrategias y aprendizajes en la representación de sus propias demandas con diferentes actores estatales y sociales. Ello ha sido posible debido a cierta inercia estatal y al vacío dejado por las instituciones públicas, de forma que estos espacios son ocupados por estos actores civiles. Así, una de las principales tareas de las organizaciones es informar sobre los mecanismos aprendidos y las conquistas alcanzadas, buscando reducir las brechas de información entre los espacios rurales y urbanos, así como entre aquellos con un involucramiento activo y otros que se encuentran más alejados de los espacios de activismo. Las mujeres entrevistadas informan sobre las reparaciones simbólicas, el registro único de víctimas, las becas de educación, entre otros aspectos:

• 16 Es una beca integral dirigida a víctimas de la violencia. Fue creada el 2012 por el Estado peruano, (...)

Ahorita, por ejemplo, nosotros los que sabemos estamos informando en educación sobre la beca REPARED16 ¿no? Estamos informando a los que se merecen saber estos derechos ¿no? Pero el Estado no lo hace. Acá en la misma ciudad, claro, informan, pero en las zonas rurales muchas de las personas que son afectadas viven lejos del departamento de Huánuco (Hilda, mujer adulta, lideresa de organización de víctimas de Huánuco).

36Otra particularidad en esta etapa es la identificación de nuevas demandas y espacios para generar incidencia política, lo que incluye la necesidad de involucrarse en el fortalecimiento de los servicios de salud mental, la lucha contra la violencia de género, contra el bullying, la pobreza o el Covid-19. Por otro lado, aparece un incremento en la sensación de fragilidad de las organizaciones y un temor asociado a perder los avances obtenidos debido a las limitaciones de tiempo de los asociados:

Están aislados nuestros asociados, han retornado a sus lugares de (…) refugio de donde prácticamente se habían desplazado, han retornado a sus lugares, así que nuestras organizaciones pues acá en Huánuco estamos un poco aislados. No tenemos participación de nuestros asociados porque de una y de otra manera buscan el pan de día con sus trabajos (Hilda, mujer adulta, lideresa de organización de víctimas, Huánuco).

37Finalmente, es indispensable señalar que las organizaciones llegan altamente consolidadas y con un enorme recorrido de aprendizajes. Las mujeres han atravesado la experiencia de organizarse y articularse con otros actores y territorios, dialogar y negociar entre ellas o con instituciones estatales e internacionales. También han adquirido una serie de herramientas gracias a su participación en espacios de formación técnica y de políticas públicas:

• 17 Ley N˚ 30470, «Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000» (...)

Las mujeres esposas y madres de aquellos desaparecidos han podido desarrollar muchas capacidades, entre ellas está el liderazgo (…) el tema de desarrollo de capacidades, el tema de acompañamiento emocional, cosa que anteriormente no sabían, pero sí lo vivían directamente ¿no? (…) ellas se han informado tanto de este proceso que lo han vivido en sí, pero lo pusieron en práctica. Ellas ya saben de [la] Ley de Búsqueda17, del proceso de desaparición, [el] Banco Genético, o sea, hay un montón de información que ellas manejan y que están en esa capacidad de poder. Han cambiado de cómo eran antes, de cómo son ahora, es diferente porque ya ves a las mamás más empoderadas, más capaces de plantear cosas, de sugerir cosas, ellas mismas pueden incidir en diferentes cosas, ¿no?, o sea, se han formado de una manera más técnica podríamos decirlo ¿no? (Luis, hombre joven, activista, Ayacucho).

38Las organizaciones de víctimas y familiares de víctimas han generado diferentes mecanismos de participación y han desarrollado capacidad de agencia en medio de condiciones de desigualdad social y económica y frente a su condición de víctimas (Jave, 2021). Esa agencia ha transitado por diversas etapas a través de las cuales han ido adquiriendo una serie de capitales que les permiten expandir su ámbito de acción y concretar sus demandas a través de la generación de políticas públicas.

4. Factores determinantes para la participación de las organizaciones de mujeres

39La participación de las mujeres en espacios públicos y políticos, más aún en un contexto de extrema violencia, se puede entender como un factor discordante en un contexto tradicionalmente machista que otorga el dominio del espacio público a los varones. Aunque los procesos de Justicia Transicional (JT) promueven su participación, hay otros factores que la dificultan.

4. 1. Factores que facilitan la participación

Las mamás siempre han tenido como prioridad la participación (…) por el mismo hecho de la trascendencia que ellas tuvieron, por los procesos que ellas pasaron, también por los acontecimientos que hicieron como (…) la Ley de Búsqueda y toda esa trascendencia que hicieron. Casi la mayoría de instituciones son las que más invitan a las mamás para que de esta manera puedan participar en estos eventos (Luis, hombre joven, Ayacucho).

41En Colombia, un factor que ha facilitado la participación de las mujeres en el escenario de JT es la incorporación de miradas diferenciadas sobre el conflicto para abordar las violencias contra grupos poblacionales particulares. De este modo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) dispuso de diferentes canales para facilitar su participación en las actividades de investigación y diálogo social. Por una parte, aunque no todos los equipos cuentan con personal experto en la aplicación del enfoque de género, hay un acuerdo general sobre su importancia y la necesidad de un esfuerzo por narrar lo que las mujeres han vivido en el conflicto. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) del Perú fue una referencia importante para la incorporación de un enfoque diferencial en las afectaciones del conflicto en las mujeres y en las personas LGBTIQ+.

43Un cuarto factor facilitador de la participación de las mujeres se evidencia en el trabajo que la CEV hizo en la región caribeña, en donde se desarrolló una estrategia de diálogo social orientada a reflexionar sobre la relación entre las violencias del conflicto armado y las desigualdades imbricadas de género, raza, etnicidad y sexualidad, así como a transformar sus efectos a nivel individual y comunitario. Esto fue posible gracias a los roles de liderazgo que mujeres lideresas y víctimas—especialmente la Red de mujeres del Caribe— llegaron a ocupar al interior de la CEV. La participación de las mujeres se facilita gracias al reconocimiento de los saberes, la experiencia acumulada y la posibilidad de acceder a espacios estatales como la CEV. Varias de estas lideresas participaron en la organización de las «Ágoras de Mujeres», inspiradas en los diálogos entre mujeres que realizó la Red en 2004, esta vez con la ventaja de utilizar una plataforma estatal como la CEV. Las «Ágoras» reunieron a mujeres afrocolombianas, indígenas, campesinas, lesbianas y transgénero víctimas de violencia sexual y violencia política en el conflicto armado. Varias de las participantes indican los resultados positivos del diálogo con otras mujeres, reconocen los efectos internos de la construcción de raza, género y sexualidad en sus cuerpos y vivencias e indican que han ganado seguridad y resiliencia frente a la violencia del conflicto armado y en otros contextos (Jiménez González & González Villamizar, 2023).

Mi abuela era blanca. Cuando yo tenía seis o siete años, ella dejaba que todos mis hermanos entraran a su casa a jugar, excepto a mí. Yo le pedía que me dejara, pero ella me decía que tenía que quedarme afuera porque yo era negra como mi papá. Ahora mi familia rechaza mi orientación sexual. Compartiendo mi historia en las «Ágoras» y escuchando las experiencias de otras mujeres he empezado a entender que mi familia me discrimina. Este conocimiento me ayudó a perdonar a mi abuela y a exigir el respeto de mi familia (Beatriz Mejía, mujer adulta).

44Una participante, víctima de violencia sexual y desplazamiento forzado por parte de paramilitares en Apartadó (municipio del Urabá en el Caribe colombiano), relata el impacto positivo de las «Ágoras» en su bienestar emocional y capacidad de agencia política: «Durante 24 años después de mi violación no pude hablar en público. Me temblaban las manos y no podía pronunciar ni una sola palabra. Las “Ágoras” me ayudaron porque sentí confianza en las otras mujeres que hablaban de todo lo que nos ha pasado. Perdí el miedo porque ahora estamos juntas por la causa de las mujeres» (Estebana Roa, mujer adulta mayor). Otra mujer entrevistada también señala la influencia de las «Ágoras» sobre su perspectiva: «Hace diez años, yo pensaba que era horrible que a un hombre le gustara otro hombre. En las “Ágoras” escuché las historias de mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y empecé a reconocer su valor y el hecho de que todas estamos en el mismo camino de buscar la verdad. Me he convertido en una defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+» (Concepción Julio, mujer negra adulta mayor). Así, las «Ágoras» se convirtieron en escenarios donde mujeres diversas tenían la posibilidad de contar su propia versión de la narrativa y de sentir que eran parte del diálogo histórico promovido por la CEV. El reconocimiento de sus saberes sobre las dinámicas de violencia del conflicto armado en la región y el fortalecimiento de su agencia política sirvieron para deconstruir los efectos de las opresiones imbricadas en sus cuerpos y maneras de existir en el territorio (Jiménez González & González Villamizar, 2023).

4. 2. Factores que dificultan la participación

45La participación de las organizaciones de mujeres víctimas y familiares de víctimas se ve limitada por cinco factores: (i) la lengua, la cual constituye una parte fundamental de su identidad pero también se convierte en una barrera para el acceso a servicios; (ii) la edad, dado que en ambos países las principales afectadas son, actualmente, mujeres adultas mayores; (iii) la falta de recursos económicos necesarios para desplazarse territorialmente o continuar con diversas gestiones; (iv) el maltrato por parte de las instituciones públicas; y (v) la falta de un enfoque interseccional que responda a sus necesidades.

46Primero, en cuanto a la lengua, la mayoría de integrantes de organizaciones de mujeres peruanas son quechuahablantes. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios del Estado y otros actores institucionales no manejan el quechua, lo cual dificulta la comunicación clara y directa entre las partes: «Las mamás quechuahablantes hay veces [que] no entienden, hay veces [que] hablan español, entonces ellos dicen “yo no puedo porque yo no sé”. Hay veces [que] no entiendo algunas cosas, o sea, no entiendo en realidad lo que dicen, entonces, yo lo que voy a decir también no me van a entender, ¿no? Entonces, eso es un poco [de] dificultad para las mujeres quechuahablantes» (Mirta, mujer joven, Ayacucho).

47Segundo, la edad es una limitante para la participación activa debido a que algunas mujeres de mayor edad se encuentran limitadas para su desplazamiento autónomo o padecen enfermedades crónicas que ellas asocian al cansancio y hartazgo frente a las décadas invertidas en los procesos de reclamación. Además, las informantes plantean un problema generacional que dificulta el mantenimiento o ampliación de sus bases, que consideran se debe a las limitaciones de tiempo de las generaciones más jóvenes debido a sus actividades laborales. También se indica la gran responsabilidad que representa ejercer una representación, la cual requiere tiempo, proactividad e insistencia. Así, se expresa el conflicto al conciliar las responsabilidades representativas y profesionales: «Algunos tienen interés de saber, pero ¿[salir a] caminar? Eso temen. [Quieren] que nosotros nomás hagamos. Vienen a las reuniones, escuchan y preguntan, ¿cómo va? ¿Qué cosa podemos hacer? Pero como el tiempo [es escaso] y tienen sus trabajitos eso les dificulta también. Y no pueden. Entonces por eso nosotros siempre visitamos» (Francisca, mujer adulta, Ayacucho).

Ahorita nosotros reclamamos nuestros derechos de los desaparecidos, asesinados, violadas, de todo y como del Estado es, pues los militares del Estado son los investigadores, policías e inteligencias del Estado. Ellos han hecho todo este bárbaro de afectar a nosotros aquí en Ayacucho y otros sitios más. (…) Entonces, entre ellos se tapan, entre ellos se tapan a los culpables que buscamos de los familiares, que como ya sabemos con prueba que en La Hoyada hemos encontrado los restos, 109 restos y otros cremados en el horno, todo, de eso, nosotros pedimos la justicia. Entonces, la justicia llegó, pero también entre ellos como del Estado, para ellos tienen sus abogados, para nosotros no tenemos (Daniela, mujer adulta, Ayacucho).

50Finalmente, el quinto factor que obstaculiza la participación de las mujeres, particularmente colombianas, es la ausencia de un enfoque interseccional que permita visibilizar la diversidad de voces, afectaciones y luchas que enfrentan las mujeres indígenas y afrocolombianas, lo que genera limitaciones para fortalecer los procesos comunitarios e impulsar sus liderazgos. Las narrativas institucionales tienden a universalizar el punto de vista de un grupo de mujeres, predominantemente mestizas, adultas, educadas, heterosexuales y de zonas urbanas. Ello se hizo evidente en la participación de las mujeres caribeñas durante el proceso de diálogo y reconocimiento de las violencias sexuales en el foro «Mi cuerpo dice la verdad», realizado en Cartagena en el 2019. Este primer espacio de reconocimiento marcó la pauta para el concepto de audiencia pública que la CEV quería implementar y se hicieron evidentes las expectativas de las mujeres en relación con el reconocimiento de la violencia sexual de acuerdo con sus identidades étnico-raciales. Según Dunén Muelas, mujer arhuaca que asistió como representante de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas:

Las mujeres que participaron en el evento, no sé bajo qué criterios [la CEV] las escogió para que fueran y dieran su testimonio. Me parece importante que haya la participación, pero me pregunto: ¿detrás de esto cuál es la estrategia política? ¿recoger unos testimonios de mujeres desarticulados que no fortalecen los procesos políticos de mujeres indígenas? Ojo, tampoco quiero quitarle importancia política a los testimonios de las mujeres que aportan de manera individual, pero me hace ruido en la medida en que la CEV presenta un informe que pretende hacer medidas de no repetición, pero tiene un alcance muy limitado. Vienen las mujeres, participan, cuentan el conflicto desde otra mirada, pero ¿de qué manera se devuelve eso a las comunidades? ¿los informes son suficientes? ¿las metodologías se han pensado? (Dunén Muelas, mujer arhuaca, Sierra Nevada de Santa Marta).

51Dunén Muelas apunta a la necesidad de que las violencias sexuales y de género contra las mujeres indígenas sean visibilizadas no solo como afectaciones individuales, sino identificando los impactos familiares y comunitarios y de acuerdo con la salvaguarda del «enfoque étnico de género, mujer, familia y generación». El trabajo de documentación y reconocimiento de las violencias contra mujeres indígenas requiere, desde una perspectiva interseccional, desarrollar metodologías que vayan más allá de los cuestionarios de entrevista y que prevean períodos más extensos de investigación que permitan construir confianza y dinámicas horizontales de intercambio de conocimiento (González Villamizar et al., 2021).

52Una experiencia que se evidencia en Colombia, y de manera similar en Perú, es la falta de condiciones para acoger y reparar el dolor durante los procesos de denuncia de violencia sexual por parte de las mujeres. El énfasis está en mostrar a la sociedad la gravedad de determinadas vulneraciones y no atiende a la sanación individual y comunitaria de las personas afectadas. Una mujer de los Montes de María que participó en las jornadas de concertación relata:

En Cartagena nos metieron a mucha gente en el espacio y poca persona que hiciera la atención psicosocial. Se dedicaron a invitar pero no a mirar cómo iba a ser el trauma, cómo iban las mujeres a recibir las historias que estaban contando por lo que a una le sucedió. Eso fue una cosa muy dura. Tenían que tener en cuenta la humanidad y el sentimiento de las mujeres. Era un teatro oscuro, solamente las luces al frente, y no te dabas cuenta si la que estaba acá se privaba, se desmayaba. Nosotras no íbamos a ver una película ni una obra de teatro. Nosotras íbamos a escuchar nuestras propias historias. (…) terminaron desmayándose porque les llegaba el sentimiento o les ha sucedido y no lo han dicho, porque a mí me parece que la que lo siente es porque lo ha vivido y todavía no lo acepta, lo tiene reprimido. A muchas mujeres las encontraron desmayadas cuando prendieron las luces (Yojaira Pérez, mujer adulta afrodescendiente, Sucre).

53Estas circunstancias dejan ver las tensiones que generan los escenarios de participación de las víctimas en las comisiones de la verdad. Si bien en el foro realizado en Cartagena se abrieron posibilidades para conocer la realidad del conflicto armado, esto sucedió, en parte, a costa de la integridad física y emocional de las mujeres, lo que se suman a las barreras socioeconómicas y de género. Es por ello que resulta fundamental incoporar un enfoque interseccional que permita implementar medidas diferenciales para el acceso de las mujeres a estos espacios y así garantizar su participación.

5. Conclusiones

54La participación de las mujeres en organizaciones de víctimas y familiares de víctimas en Perú y Colombia tiene algunas coincidencias pese a la distancia temporal y a los contextos políticos y culturales distintos. En Perú no se realizó un acuerdo de paz, lo que ocurrió fue una derrota militar de la subversión frente al Estado peruano, luego de lo cual, y a partir del retorno de la democracia, se implementaron una serie de mecanismos de Justicia Transicional (JT). Para ello el impulso de las organizaciones de mujeres ha sido fundamental, desarrollando un proceso de agencia que ha influido en la inclusión de sus demandas en las políticas públicas. En el caso colombiano, por su parte, se firmó un Acuerdo de Paz entre el Estado y los grupos subversivos, que ordenó la creación de un sistema integral de JT con mecanismos estatales específicos para la participación de las mujeres, los cuales se han convertido en espacios formales, pero con escasa representación. Las experiencias de mujeres indígenas y afrodescendientes en Perú y Colombia contienen una dimensión interseccional que atraviesa el género, lo étnico y territorial y que deja en evidencia la dominación, exclusión y violencias que impactan a nivel individual y en los espacios familiares y comunitarios.

55Los mecanismos de participación de las mujeres víctimas y familiares de víctimas han transitado por una serie de oportunidades y dificultades en su relación con otros actores sociales y estatales, que les han dotado de nuevas formas de acción para insertarse en la esfera pública logrando mejores condiciones de relacionamiento y de atención a sus demandas con el Estado y la sociedad. Sin embargo, no todas las organizaciones de mujeres se encuentran en igualdad de condiciones, dado que las oportunidades de participación activa se encuentran determinadas por factores económicos, lingüísticos y territoriales. Por ello resulta fundamental visibilizar las experiencias de las mujeres víctimas y familiares de víctimas en diversos contextos regionales para poder evidenciar los matices geográficos y culturales de sus historias.

56Este artículo analiza los modos en que las mujeres desarrollan estrategias de resistencia y agencia política, potenciando sus demandas y generando referentes colectivos. El proceso ha ido acompañado de tensiones y conflictos con el aparato estatal, el cual ofrece servicios y atención a una víctima «homogénea» sin considerar la enorme diversidad, no solo étnica y social, sino también en sus demandas y estrategias. Segundo, mientras los Estados se preparan para responder a un modelo de justicia basado en la judicialización, las víctimas se han apropiado de estrategias y recursos de JT, como la dignificación y el reconocimiento, y buscan procesos de justicia retributiva y restaurativa que incluyan sus demandas e identidades interseccionales. Para las mujeres de ambos países, los procesos de memoria y conmemoración aparecen como un mecanismo de resistencia, pero también de construcción y afirmación de su identidad. La JT y los espacios generados luego de la CVR han contribuido a visibilizar la pluralidad de narrativas vinculadas a las memorias, especialmente de las mujeres, que en muchos casos fueron negadas y quedaron fuera de las narrativas oficiales. Además, se han ido incluyendo nuevos sentidos, por ejemplo, las reparaciones simbólicas en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas han sido resignificadas cuando la identificación o restitución de restos requiere de varios años o no se realiza. Estas iniciativas producidas y apropiadas por las mujeres han contribuido a fortalecer sus demandas frente a los mecanismos de búsqueda del Estado.

57Finalmente, los mecanismos de JT han cumplido un rol impulsor de las demandas de las víctimas, visibilizando la problemática y generando espacios para su participación. Ello les ha traído un reconocimiento social e institucional para construir su propia actoría política en representación de sus organizaciones. Sin embargo, aunque los espacios de participación se han institucionalizado, ello también ha conllevado el desgaste de otros grupos y mesas de trabajo creadas por los Estados en su intento por generar políticas que nazcan del diálogo público. Algunos se han convertido en espacios formalizados sin mayor poder de decisión, sin capacidad de lograr una representación territorial de las mujeres y con el gran desafío de exponer las violencias múltiples que las afectan a nivel individual, familiar y comunitario.