Cuadro 1 – Los primeros encomenderos de la Sierra Norte y sus encomiendas en los corregimientos de Otavalo, Quito y Riobamba*

* Fuentes: Ponce Leiva, 1991: 201-204; Hampe Martínez, 1979: 107-110; Espinosa Soriano, 1983, II: 27-30, 64; Ortiz de la Tabla, 1993: 28-29, 31-32, 34, 76; 1985: 93. Los topónimos entre paréntesis corresponden a la nomenclatura posterior que sigue vigente hasta la actualidad

5Al igual que para las demás encomiendas entregadas en este primer repartimiento, no existe una definición clara de los asentamientos involucrados. Tampoco se conocen cifras demográficas confiables y las estimaciones para toda la sierra norte oscilan entre 66 000 y casi 133 000 habitantes (Larraín Barros, 1980: 127, 142-165). Los pobladores quedaron a merced de los caciques y de los representantes de sus encomenderos, sin posibilidades de acudir a una instancia superior que pudiera defenderlos contra abusos y exigencias excesivas. Por largo tiempo la población estuvo involucrada en las sucesivas expediciones de conquista al igual que en las luchas entre las diferentes fracciones españolas, reflejadas estas últimas en los cambios y reasignaciones de las encomiendas.

7Pocos fueron los encomenderos del primer momento que lograron sobrevivir las Guerras Civiles de la década de 1540 y que aparecen en la reasignación de las encomiendas efectuada por La Gasca en 1548 (Ortiz de la Tabla, 1993: 28-29). Con esta reasignación de encomiendas termina una primera etapa en la cual la distribución de territorios y poblaciones había estado en manos de los principales conquistadores, quienes, como encomenderos, cabildantes y primeros terratenientes, controlaban todos los ámbitos económicos. En algunos casos La Gasca confirmó las mercedes hechas por los hermanos Pizarro, en otros sucedieron las viudas o los hijos de los conquistadores fallecidos y que habían permanecido fieles a la Corona.

13Recién en los años posteriores a la Guerras Civiles y juntamente con la reasignación de las encomiendas se dan los primeros pasos para una organización administrativa con la intención de ofrecer un mínimo de protección a la población indígena frente al «binomio encomendero-curaca» (Lohmann Villena, 1957: 20). Los corregidores de españoles, instalados en los núcleos urbanos, no podían cumplir esta función por la enorme extensión de sus jurisdicciones; además se hacía necesario evitar la acumulación, en los juzgados de la capital, de juicios instigados por la población indígena. En el período del Presidente de la Audiencia de Lima, Pedro de la Gasca (1547-1550), una Real Cédula, fechada el 9 de octubre de 1549, determinó el nombramiento de caciques como jueces pedáneos, idea que evidentemente no prosperó (Lohmann Villena, 1957: 20, 14). Obviamente La Gasca partía de la idea de que los indios vivían en pueblos, tal como lo expresa al emitir, en mayo de 1549, instrucciones a los visitadores quienes debían «visitarlos en sus pueblos». (Espinoza Soriano, 1960: 200)

14La década siguiente fue un período de propuestas y tanteos destinados a encontrar una solución para la administración de justicia en las zonas rurales. Debido a la desaparición de las actas de Cabildos de Quito para los años de 1552 a 1572, esta época decisiva para la organización administrativa y territorial, tanto por la redistribución de tareas entre el cabildo y la Audiencia, fundada en 1563, como por el nombramiento de los primeros corregidores de indios, está insuficientemente documentada.

15La propuesta del licenciado Matienzo de instalar en cada repartimiento un indio ladino proveniente de otra provincia con título de corregidor, no tuvo acogida. Más éxito tuvieron los consejos de La Gasca quien, basado en su experiencia administrativa adquirida en el Perú, recomendó, en 1554, crear el cargo de alcalde de indios para atender los pleitos de poca cuantía en los pueblos indígenas. El primero en llevar a la práctica esta medida administrativa fue el virrey Marqués de Cañete (1556-1561) con el nombramiento de cuatro alcaldes en el Cuzco (Lohmann Villena, 1957: 15-17).

17La procedencia de los tres funcionarios y su situación en la sociedad quiteña son, por el momento, desconocidas. Ninguno de ellos consta entre los vecinos fundadores de Quito ni tampoco entre los beneficiados de mercedes de tierras del S. XVI. Pedro Hernández de Reina es probablemente idéntico con aquel Pero o Pedro Hernández quien había recibido, en 1548 por parte del Presidente La Gasca, la encomienda de Mocha y Mira, la cual, en 1573, pertenecía a su hijo (Ponce Leiva, 1991: 202). El nombramiento de encomenderos para las funciones administrativas era bastante frecuente debido a la falta de fondos públicos para el pago de salarios (Lohmann Villena, 1957: 22). Además puede haberse tratado de una medida para reducir la oposición de los encomenderos a cualquier cambio destinado a reducir su control sobre la población indígena. En la década de 1560 se discutía la idea de un régimen jurídico tripartito para la población no hispana. Los infractores negros, mulatos y mestizos serían juzgados por los corregidores de españoles; los conflictos menos graves entre los indios se tratarían por sus alcaldes nativos y los crímenes graves al igual que las apelaciones por los encomenderos. Esta idea no parece haber pasado del nivel de debate. La llegada del virrey Conde de Nieva (1561-1564) significó un cambio tanto en la terminología como en la jurisdicción de los alcaldes de indios, llamados ahora jueces de naturales. Su actividad se redujo a las causas civiles de indios con valores inferiores a los 50 pesos, mientras que los casos de mayor cuantía así como los juicios criminales serían tratados por los corregidores de españoles. Al igual que la institución de los alcaldes o «protectores» de la época del Marqués de Cañete, la de los jueces de naturales no parecía ofrecer una solución satisfactoria. Obviamente nunca fue introducida en todo el territorio del virreinato y su abolición comenzó ya durante el gobierno del Conde de Nieva y terminó con la llegada del licenciado Lope García de Castro (Lohmann Villena, 1957: 24-25, 34-35, 47).

19Marchena, que era vecino y regidor de Cuenca, tenía experiencia en este cargo, ya que el 19 de febrero de 1558 Gil Ramírez Dávalos le había nombrado protector de la región de Riobamba, en reemplazo de Juan Alvarrazín, quien fue encargado de una visita como juez de comisión. Alonso de Marchena, a quien el Conde de Nieva había otorgado la encomienda de Guarme en Guayaquil, es otro ejemplo de los encomenderos nombrados para la protección de la población indígena (Oficios o cartas al Cabildo de Quito, 1934: 122-125; Vargas, 1977: 149). Su nombramiento para funciones públicas fue duramente criticado por Salazar de Villasante, quien lo acusaba de ser prófugo de la justicia de Córdoba y haber huido de galeras, a más de ser hijo de una mulata vendedora ambulante en Sevilla (Ortiz de la Tabla, 1993: 159).

20Parece, además, que ejerció su función solamente hasta fines de 1564 o inicios de 1565, puesto que el presidente de la Audiencia, Hernando de Santillán, informó al rey, en carta fecha el 15 de enero de 1565, que había quitado los corregidores proveídos por el Conde de Nieva y mandado a realizar residencias a su gestión. Según Santillán no se necesitaban corregidores en el territorio

«porque son pueblos pequeños y cercanos a esta audiencia y con lo que he proveido que sean alcaldes dellos los mas principales y que pudieran ser corregidos de otros mayores y con la Visita que se ha de hazer no ay necesidad de hazer gasto en corregidores ni fueron inventados sino para aprovechar y entretener los Visorreyes a los suyos...».

21Para el amparo de la población había ordenado el nombramiento de un «defensor de los naturales» en cada pueblo, a pesar de que su instrucción le ordenaba abstenerse de nombramientos relacionados con los corregimientos y las encomiendas (Vargas, 1963: 139-140).

22La real provisión había detallado las tareas del cargo, a saber, conocer, en primera instancia, todos los pleitos, tanto civiles como criminales, entre indios y españoles; tomar la residencia a los funcionarios indígenas, alcaldes y alguaciles, en todos los pueblos del distrito; convocar a los principales y ancianos a la elección anual de un alcalde por cada pueblo; impedir que algún español pase por el distrito sin expresa licencia de la Audiencia y controlar el paso de ganado vacuno y ovejuno.

25El primer corregidor de Otavalo seguramente tuvo poca libertad para actuar en defensa de la población autóctona. En el Perú, y quizás también en la Audiencia de Quito, se desató una verdadera campaña de desprestigio contra estos nuevos funcionarios que podía llegar hasta la instrucción de autoridades eclesiásticas de no darles la absolución (Lohmann Villena, 1957: 56-57). La oposición del cabildo quiteño se puede dar por descontada, pero tampoco podía esperar apoyo alguno de la recién fundada Audiencia, cuyo primer presidente, Hernando de Santillán (1564-1568), benefició con mercedes de tierras al grupo de los encomenderos y estableció vínculos de parentesco con algunos de ellos (Ortiz de la Tabla, 1993: 175). Seguramente no es una mera coincidencia que el 31 de julio de 1565 Santillán nombrase a Carlos Salazar, familiar del poderoso encomendero de Otavalo, como corregidor de Quito, nombramiento que lo convertía en la autoridad inmediatamente superior del corregidor de Otavalo (Garcés G., 1934a: 319-321).

26En 1569, año en el que el virrey Toledo llegó al Perú, el corregidor de Otavalo era Juan Cisneros y Reinoso. En los pocos años de existencia de los corregimientos de indios ya se habían suscitado una serie de problemas y Toledo, quien elogiaba las ordenanzas elaboradas por su antecesor, criticaba la selección de funcionarios hecha por García de Castro (Lohmann Villena, 1957: 84). Una de sus primeras actuaciones fue la destitución de los corregidores, medida que se aplicó también a Cisneros y Reinoso cuya suspensión y residencia se ordenó en julio de 1570. Aunque el encargado de la medida, el oidor Pedro de Hinojosa, hizo efectiva la suspensión, no llevó a cabo la residencia ordenada (Garcés G., 1935a: 210-215).

• 22 Toda la documentación citada en Garcés G., 1935a: 207-219.

«... y después acá [i.e. julio de 1570 y diciembre de 1575] he sido informado que conviene que en aquel partido haya corregidor por lo que toca a la defensa de los naturales y para hacerles pagar sus trabajos en las mitas y otras cosas, y por los agravios y dexaciones [debe ser: vejaciones] y malos tratamientos que reciben de pasajeros y otras personas»22.

28La demora entre el primer nombramiento de Zárate Chacón, la real provisión de la Audiencia acerca del salario y el documento de diciembre de 1575, que representa un segundo nombramiento, refleja la política de la época. Por un lado debe haber existido una constante oposición del cabildo quiteño dominado por los encomenderos. Por otro lado había la actitud vacilante y ambigua de la Corona causada, más que nada, por lo que G. Lohmann Villena (1957: 84) ha llamado su «mezquindad fiscal».

29Una cédula de 1571 exigió a Toledo un informe acerca de la utilidad de corregidores y las posibilidades de su financiamiento y ordenó la suspensión de nombramientos para las plazas que quedaban vacantes. Los resultados de la visita de Toledo y sus informes finalmente convencieron a las autoridades españolas quienes, en 1575, confirmaron la existencia de los corregimientos de indios que debían administrarse según las Ordenanzas de Castro de 1565. La vacancia del cargo de corregidor no solo se había dado en Otavalo, sino también en el corregimiento de Riobamba donde, según la Descripción de Quito de los oficiales reales Pedro de Valverde y Juan Rodríguez (1576), el nombramiento de un nuevo funcionario se demoró aun más tiempo (Ponce Leiva, 1991: 284; Lohmann Villena, 1957: 84, 87-88).

32El principal evento del tercer período, que se extendía desde 1575 hasta la fundación de la villa de San Miguel de Ibarra en 1606, fue sin lugar a dudas el retorno a la Corona del «repartimiento de Otavalo» de Rodrigo de Salazar. El inusual retorno de una encomienda después de la muerte de su primer beneficiario se debió a la visita efectuada, en 1579, por el oidor Ortegón, quien descubrió una serie de problemas, entre ellos el maltrato a la población indígena y la falta de una doctrina adecuada. Salazar apeló la sentencia y logró la conmutación de las penas pecuniarias en la pérdida de su encomienda después de su muerte, castigo que afectaba principalmente a su segunda mujer en Lima (Ortiz de la Tabla, 1993: 97-98; 1985: 95-96).

33Con la muerte de Salazar en 1584, después de casi 50 años de administración y aprovechamiento privados, el mayor grupo humano y la principal renta del corregimiento quedaron bajo control directo de las autoridades coloniales, control que no fue más cedido. Los ingresos deben haber constituido uno de los rubros más importantes de las Cajas Reales. A diferencia de otras encomiendas, el repartimiento de Otavalo quedó libre de gravámenes durante algo más de tres décadas. Recién en 1617 la Corona concedió una renta privada a pagarse de los tributos de Otavalo (Ponce Leiva, 1991: 119, 161, 168).

35El establecimiento de la aldea de Riobamba y, unos treinta años después, de la villa de Ibarra desembocó en la subdivisión de territorios a través de la fundación de nuevos corregimientos. En el corregimiento de Riobamba, donde muy pronto se había formado un núcleo de población española, este proceso se había iniciado ya en 1575, con la fundación no autorizada de una villa por parte de españoles establecidos en esta zona. Este procedimiento que, según los cabildantes quiteños, se había realizado «con grande alboroto, escandalo e mano armada, espadas desembainadas e con otras armas», obligó al cabildo de la capital a mandar a uno de sus alcaldes ordinarios para restablecer el orden y presenciar la fundación oficial de una «aldea de españoles» el 9 de julio de 1575 (Garcés G., 1935a: 30-31, 88, 101-123). La subdivisión del corregimiento se dio poco después, ya que a más tardar en 1581 Miguel Cantos, cuñado de Rodrigo de Salazar, actuaba como corregidor de Chimbo (Ponce Leiva, 1991: 281-311; Ortiz de la Tabla, 1985: 70). También el corregimiento de Latacunga debe haberse establecido en estos años, puesto que en una merced de tierras de 1580 se menciona al capitán Alonso de Peñafiel como corregidor de esta jurisdicción (Garcés G., 1941a: 51).

36Parece, sin embargo, que ni siquiera con la fundación de los nuevos corregimientos de Latacunga y Chimbo la división de poderes quedó inequívocamente establecida, puesto que todavía en la primera década del siglo XVII había enfrentamientos y pleitos. El principal conflicto se dio con Diego Niebla quien, en 1603, había adquirido, en remate, el cargo de alguacil mayor de Quito e insistía en que su jurisdicción abarcaba los corregimientos de Otavalo, Latacunga, Chimbo y Riobamba. Poco después de asumir el cargo había enviado a sus lugartenientes a Ambato en una misión ordenada por el corregidor de Quito. El corregidor de Riobamba, que se encontraba en el pueblo, quitó las varas a los alguaciles e impidió el cumplimiento de la acción legal. En 1606 Niebla nombró a Pedro Montenegro como alguacil mayor de la recién fundada villa de Ibarra, actuación que causó, en diciembre del mismo año, la protesta del cabildo. Durante años Diego Niebla seguía insistiendo en sus derechos, involucrando en el debate a los cabildantes de Ibarra. Por sentencias de 1610 y 1611 le fue negada una jurisdicción tan amplia y finalmente quedó reconocida la facultad del cabildo de Ibarra de nombrar su alguacil mayor con jurisdicción sobre todo el corregimiento (Garcés G., 1944a: 13-17, 37-38; 1937: 31-33, 233).

38Durante su período comenzaron a evidenciarse los conflictos que dificultaron la convivencia entre un corregidor de indios con sede en Otavalo y el cabildo de una villa española fundada a poca distancia. En 1608 Troya Pinque solicitó a los alcaldes de Ibarra de abstenerse del conocimiento de causas legales de los indios, solicitud que fue rechazada, el mismo año, por un real acuerdo de la Audiencia. A pesar de esta decisión su sucesor, el capitán Miguel Arias de Ugarte, insistía en reservar para sí todos los asuntos relacionados con la población indígena (Garcés G., 1937: 229-230, 177).

39Cristóbal Troya Pinque estuvo con cierta frecuencia en la villa fundada por él y cuya vecindad adquirió en 1609, unos dos meses después de finalizar su período como corregidor. Su sucesor parece haber sido el primer corregidor que tuvo que hacer dos juramentos, a saber, el día 17 de febrero de 1609 ante el cabildo quiteño como corregidor de indios y, casi un mes después, el segundo como corregidor de españoles ante el cabildo de Ibarra. Con él la situación cambió y la escasa presencia de los corregidores en la villa se constituyó en fuente de disgustos y de reclamos por parte de los ibarreños, de que el «corregidor del dicho corregimiento haga vecindad y tenga su audiencia y juzgado en la dicha villa». El primer reclamo oficial parece haberse producido en una sesión del cabildo, a comienzos de junio de 1609, cuando Arias de Ugarte, en su segunda participación, manifestó que tenía muchas tareas «que forzosamente las ha de hacer y ejecutar en dicho pueblo de Otavalo, y no puede asistir personalmente en esta villa». Al reclamo por la presencia del corregidor se añadió, posteriormente, la exigencia de la presencia del escribano quien, en 1618, seguía residiendo en el asiento del corregidor, desde donde atendía sus obligaciones en Ibarra (Garcés G., 1944a: 466; 1937: 158; 1944b: 33).

40La argumentación de Arias de Ugarte fue ampliada por el corregidor Pedro Vergara (1619-1621) quien, a más de sus muchas ocupaciones, esgrimió el argumento de un urgente control de delitos y desmanes en la villa para justificar el nombramiento de Alonso de la Chica Narváez como su lugarteniente:

«... por cuanto las muchas ocupaciones que tengo en la cobranza de tasas, tributos y visitas de Corregimiento no puedo asistir ordinariamente en la Villa de San Miguel de Ibarra, donde está el concurso de la gente española, donde es necesario nombrar un Teniente de Corregidor que administre justicia y que en la dicha Villa asista de ordinario para que cesen los muchos delitos y excesos que cometen muchas personas que en ella andan vagantes y atrevidos por el poco castigo que han tenido...». (Garcés G., 1944b: 170-171)

41El 2 de abril de 1622 el funcionario Pedro Ponce Castillejo, al nombrar a Antonio de Carvajal como su lugarteniente, repitió el argumento de los muchos delitos y excesos en la villa «donde está el mayor concurso de la gente española» (Garcés G., 1937: 253-254). La veracidad de las afirmaciones de Vergara y Ponce Castillejo no se puede confirmar ante la ausencia de estadísticas criminales. Lo que se puede comprobar es la escasa presencia de los corregidores en las sesiones del cabildo ibarreño.

42En su primer año Miguel Arias de Ugarte participó tres veces, la primera para presentar sus credenciales y la segunda, a comienzos de junio, para hacer conocer un auto con las reglas básicas de convivencia en el corregimiento y justificar su mayor presencia en el asiento de Otavalo (Garcés G., 1937: 158, 182, 203, 207). En 1610 presidió la elección de las autoridades municipales el día primero de enero, para luego volver en el mes de julio (Garcés G., 1937: 213, 231). En los años de 1611 y 1612, las sesiones del cabildo, incluyendo las del primer día del año, se realizaron sin la presencia del corregidor. Aun el teniente general, el capitán Juan de Ribadeneira, en ambos años hizo acto de presencia únicamente en la elección de las dignidades municipales (Garcés G., 1937: 245, 300). Esta situación se observa hasta agosto de 1612 cuando, por una real provisión de la Audiencia, Arias de Ugarte tuvo que nombrar como teniente a uno de los alcaldes de Ibarra (Garcés G., 1937: 366-367). En 1613 se repitió el esquema anterior con dos asistencias fuera de la obligada participación en el proceso de elección en el primer día del año (Garcés G., 1937: 379, 389, 402). La última sesión que registró la presencia de Arias de Ugarte fue la del primero de enero de 1614, mientras que la sesión del primero de enero de 1615 fue presidida por el teniente general, el futuro corregidor Francisco Pérez Menacho (Garcés G., 1937: 417, 468). Es obvio que Arias de Ugarte dedicó la mayor parte de su tiempo a dos prolongadas visitas. La primera de ellas fue una incursión en los territorios de la región de Esmeraldas, ordenada por el Virrey Marqués de Montesclaros, y de la cual informó a las autoridades en Quito en abril de 1611, después de haber residido por algún tiempo en el asiento de San Ignacio de Montesclaros, quizás fundado por el mismo (Monroy, 1937: 423-424). La segunda actividad fue la visita, numeración y nueva reducción de la población de su corregimiento en 1611 y 1612, en un momento en que los rezagos de tributos habían adquirido niveles alarmantes. Los resultados de esta visita son casi desconocidos hasta ahora. Solamente hay datos acerca de la nueva tasa de la encomienda de Cayambe-Tabacundo de 1611 y del incremento del número de ayllus asentados en el pueblo de Otavalo de siete en 1573 a dieciocho en 1612 (Espinosa Soriano, 1983; 138-142, 154, 159; Herrera, 1909: 34-75).

43El sucesor, Paulo Durango Delgadillo, cuya fecha de inicio en el cargo se ignora, solo se presentó dos veces en Ibarra, ya que, también en el caso de él, la principal tarea fue la apertura de un camino hacia la Costa. Solamente consta su participación los días 23 de diciembre de 1615 y 1616, cuando presidió las elecciones del cabildo que se habían adelantado a esta fecha (Garcés G., 1937: 503-504, 562). En marzo de 1617, el Príncipe de Esquilache, al destituir a Durango Delgadillo, nombró como nuevo corregidor de Otavalo a un abogado, el doctor don Diego Hurtado de Avendaño, quien obviamente tuvo que trasladarse desde Lima a su nuevo destino. A comienzos de agosto se presentó ante el cabildo quiteño y a finales del mismo mes ante el de Ibarra (Garcés G., 1937: 584-589, 593). Tanto en 1617 como en 1618 Hurtado de Avendaño estuvo presente en tres ocasiones, sus dos últimas participaciones en las sesiones fueron a comienzos de 1619 (Garcés G., 1937: 599; 1944b: 3, 25, 65, 72, 87).

46Quizás las acusaciones del cabildo contra el corregidor fueron el detonante que motivó a Antonio de Morga a informar, en marzo y abril de 1620, al Virrey y al Consejo de Indias de los graves problemas que padecía, según su opinión, el corregimiento, especialmente en la parte correspondiente al repartimiento de Otavalo, que con el obraje del Rey ubicado en la capital del corregimiento así como las primeras haciendas cañeras en Urcuquí y Tumbaviro constituía la principal zona productora de riquezas de la provincia:

«... de algún tiempo a esta parte se ha ido y va despoblando, con tanta quiebra y disminución de su renta y valor que no se cobran en su Real Caja la tercera parte de los tributos que antes solían y causando dichas y otras razones mucha suma de tributos rezagados...». (Garcés G., 1944b: 245-246)

«... comisión y poder bastante para que principalmente y con particular cuidado asistáis en Otavalo y pueblos del dicho Repartimiento, entendáis y tratéis en conformidad del apuntamiento de capítulos por Su Majestad remitidos». (Garcés G., 1944b: 249-251)

49Fue en el período de Pedro Ponce Castillejo, quien prestó juramento el 20 de marzo de 1622, cuando se tomó la decisión de dividir el corregimiento de Otavalo y de la Villa de Ibarra en dos distritos administrativos, proceso que culminó con el ya mencionado juramento del capitán Francisco Pérez Menacho (Garcés G., 1944b: 242-243). Ante el desconocimiento del juicio de residencia a Ponce Castillejo, no se puede determinar si quizás algunos resultados de su visita o, por el contrario, la falta de resultados concretos, proporcionaron las bases para esta decisión. El nombramiento de Pérez Menacho transformó a Ponce Castillejo en el último corregidor, aunque sea de facto, del corregimiento más extenso llamado «del partido de Otavalo y Villa de Ibarra» y en el primero del corregimiento de Otavalo más reducido, que perduró en esta forma por 200 años, hasta la Independencia.

50A lo largo de casi 66 años, desde junio de 1557, cuando se nombró a Francisco Araujo «con vara de justicia», hasta marzo de 1623, se había consolidado el corregimiento y la función de su máxima autoridad colonial. Las diferentes etapas señaladas más arriba no solamente significaron cambios en la estructuración del territorio sino también el aumento de tareas relacionadas con la función del corregidor. El cargo se había creado con la idea de proporcionar jueces de primera instancia para las zonas rurales, habitadas casi exclusivamente por indígenas, que necesitaban ser protegidos de los abusos perpetrados tanto por los encomenderos como los caciques. También tenían que cuidar de una adecuada instrucción religiosa que los encomenderos estaban obligados a proporcionar. Con los años, el cargo fue adquiriendo mayor importancia cuando la Corona comenzó a limitar el poder de los encomenderos, no solamente en el campo judicial sino también en el económico.

51En el caso de Otavalo, a más tardar desde 1576, el corregidor era también el administrador del obraje y de los rebaños de comunidad. Con la muerte de Rodrigo de Salazar y el retorno de la encomienda a la Corona, las tareas del corregidor aumentaron en forma tal que se consideró necesario nombrar a un segundo funcionario con la tarea específica de administrar el obraje. El primero en ejercer esta función parece haber sido un tal Diego Fernández en 1585; posteriormente fueron nombrados administradores al menos en los años de 1593, 1596 y 1606, mientras los corregidores deben haber actuado como supervisores (Garcés G., 1935b: 110-12, 328-330; 1944a: 317).

52Al control de los tambos, mencionado ya en los primeros años, se añadió la tarea del mantenimiento de caminos y de la construcción de puentes, requeridos por el aumento del comercio de larga distancia (Garcés G., 1937: 104, 231, 280, 403-405). Un ejemplo de ello es el puente del río Pisque, en el límite de los corregimientos de Quito y Otavalo. La construcción de cal y canto y tres arcos, ordenada por el presidente Miguel de Ibarra (1600-1608), estuvo a cargo de los corregidores don Sancho Díaz Zurbano de Quito y don Cristóbal de Troya de Otavalo (González Suárez, 1970, vol. II: 507). Este puente fue una obra importante que debe haber absorbido tiempo y energía de los funcionarios coloniales. La principal tarea, cuya consecución fue precisamente uno de los motivos más importantes para la fundación de la villa de Ibarra en 1606, consistió, sin embargo, en la apertura de un camino desde la Sierra Norte hacia la Costa, tarea que se inició a los seis meses de la fundación de la villa, con la expedición de Troya Pinque, y que fue retomada en forma reiterada a lo largo de la época colonial (Rueda Novoa, 1992: 33-54; Fiehrer, 1978: 59-75; González Suárez, 1970, vol. II: 477-481, 1353).

54Ante esta situación no es de admirarse que los problemas del corregimiento no se limitaban a los reiterados reclamos del cabildo de Ibarra que exigía una mayor presencia de la máxima autoridad de la provincia y que, finalmente, las autoridades tomaron la decisión de subdividir el territorio:

«... quedando al Corregimiento de Otavalo todos los demás pueblos que su Majestad tiene, que son: Otavalo, San Pablo, Tontaqui, Cotacache, Urcuquí, Tumbaviro, Cayambe, Tabacundo, Tocache, Malchinguí, hasta la puente de Pisque, que es el principio del dicho corregimiento, con que tendrán mejor cobro los tributos de su Majestad, pues no tendrán otro cuidado el Corregidor de Otavalo más que acudir a la buena cobranza de ellos». (Garcés G., 1944b: 301-302)

Cuadro 2 – Los primeros funcionarios de la administración colonial en el corregimiento de Otavalo desde mediados del S. XVI hasta la fundación del corregimiento de Ibarra

Nombre	Cargo	Fechas
Francisco Araujo	Funcionario con vara de Justicia	18 de junio de 1557
Pedro Hernández de Reina	Funcionario con vara de Justicia	enero de 1559
Juan Alvarrazin (Albarracín)	Funcionario con vara de Justicia	7 de noviembre de 1559
N.N. Hernando Paredes	Corregidor Teniente de corregidor	octubre de 1564-1566
Hernando Paredes	Corregidor	¿1567-1568?
Juan Cisneros y Reinoso	Corregidor	1569 – julio de 1570
Juan Zárate Chacón	Corregidor	primer nombramiento julio de 1570; ejercicio del cargo desde el 30 de marzo de 1576, probable- mente hasta 1577
¿?	Corregidor	1578-1579
Sancho Paz Ponce de León*	Corregidor	1580-1582
Alonso Cabrera*	Corregidor	1582-1584
Luis Chávez Guerrero*	Corregidor	1584-1586
Cristóbal Núñez de Bonilla*	Corregidor	1587-1588
Pedro Arévalo*	Corregidor	1588-1589
Álvaro Morán*	Corregidor	1590-1592
Alfonso López Patiño	Corregidor	1592-1593 el 17 de diciembre de 1593 presentó la prórroga decretada por el Virrey
Francisco Zapata y Vizuete	Corregidor	desde el 23 de agosto de 1595
Proaño de los Ríos*	Corregidor	1597-1598
(Pedro) García de Vargas	Corregidor	desde el 6 de enero de 1598
Juan Alonso Carvajal	Corregidor	desde el 28 de noviembre de 1600
Juan Nieto de Torres*	Corregidor	1603-1604
Diego López de Zúñiga*	Corregidor	1605-1606
Cristóbal de Troya Pinque	Corregidor	desde el 9 de diciembre de1606
Miguel Arias de Ugarte	Corregidor	desde el 17 de febrero de 1609; ausente de Ibarra en 1611-1612; última presencia en el Cabildo de Ibarra el primero de enero de 1614
Paulo Durango Delgadillo	Corregidor	primera presencia como corregidor en el Cabildo de Ibarra el 23 de diciembre de 1615; última presencia el 23 de diciembre de 1616
Diego Hurtado de Avendaño	Corregidor	desde el 31 de agosto de 1617
Pedro Vergara	Corregidor	desde el 9 de agosto de 1619
Pedro Ponce Castillejo (el primer nombramiento como «justicia mayor» por parte del presidente Morga, en 1619, no fue reconocido)	Visitador-administrador del partido de Otavalo e villa de Ibarra Visitador-administrador del partido de Otavalo	desde el 20 de marzo de 1622 hasta el 27 de marzo de 1623 desde el 27 de marzo de 1623 hasta abril o mayo de 1625
Alonso Pérez de Armida	Juez de residencia	desde 10 de mayo de 1625
Pedro Valvacil y Rivera	Corregidor	antes de 10 de mayo de 1625

* Datos de Jaramillo, Víctor A. Corregidores de Otavalo. Otavalo, 1972

Fuentes: Libros de Cabildos de Quito e Ibarra. Libro de oficios y cartas al Cabildo de Quito
Elaboración: Chr. Borchart de Moreno