2Mi objetivo con este artículo es mostrar los principales comportamientos de esta modalidad de migración durante el periodo 1980-2011. Para ello, reviso cronológicamente desde cuándo y cómo dos actores (prensa e instituciones estatales) empiezan a referenciar este fenómeno. Mi propósito es aportar elementos analíticos para posteriores ejercicios investigativos relacionados con las políticas del suelo, el hábitat popular y la inclusión social de las víctimas de esta modalidad de violencia en las políticas locales, regionales y nacionales sobre la atención y la reparación. Está claro, en efecto, que la migración forzada al interior de las ciudades en Colombia es aún una temática ausente de un reconocimiento cabal tanto en las agendas investigativas como en las políticas de prevención del desplazamiento forzado y de atención, protección y reparación de las víctimas. En lo que sigue de este artículo me interesaré por abordar tres aspectos: i) la migración forzada campo-ciudad-ciudad como catástrofe humanitaria; ii) el proceso de reconocimiento de la migración forzada en la ciudad y un panorama nacional del comportamiento de esta modalidad de violencia; iii) la cronología de la movilidad forzada en los escenarios urbanos. Finalizaré con unos breves comentarios conclusivos.

1. La migración forzada campo-ciudad-ciudad como catástrofe humanitaria

3Algunos investigadores (Naranjo, 2004; Uribe, 2002; Jaramillo et al., 2004; Bello & Jiménez, 2008) afirman que la migración forzada representa una de las peores catástrofes humanitarias y de violación de derechos que existen en Colombia, y por lo tanto, llaman la atención sobre la necesidad urgente de una respuesta institucional más adecuada y el estudio sistemático de las implicaciones que este flagelo tiene para la sociedad colombiana, su territorio y, especialmente, para sus víctimas:

[…] el conflicto armado y la crisis humanitaria hacen del desplazamiento forzado un verdadero desastre humanitario, confirmándose como un asunto de carácter público, no sólo porque sea un problema que afecta a una cantidad considerable de personas, sino porque el desplazado es un ciudadano en el que se sintetiza la violación de todos sus derechos humanos, políticos y sociales, individuales, familiares y colectivos, de género y generación (Naranjo, 2004: 25).

4Martha Bello & Sandro Jiménez (2008) afirman que el Estado ha reconocido el fenómeno, ha asumido la responsabilidad de la atención al mismo y ha hecho un esfuerzo enorme por responder de manera adecuada. Sin embargo, aseguran también que estos esfuerzos se han quedado en el intento de atender la emergencia que representa la migración forzada como hecho, a través de la ayuda humanitaria de emergencia, sin ofrecer realmente una solución de restablecimiento a largo plazo, que le permita a las víctimas recuperar su dignidad, su cotidianidad, su proyecto de vida y superar esa situación —en un principio transitoria— de éxodo forzado.

5Todos estos autores (Naranjo, 2004; Uribe, 2002; Jaramillo et al., 2004; Bello & Jiménez, 2008) también se han encargado de mostrar las consecuencias e impactos de la migración forzada para las víctimas en general y en las ciudades, reafirmando la existencia de la violación sistemática de derechos y producción de vulnerabilidades que hace que sus víctimas, sean cada vez más vulnerables.

La población desplazada es el grupo más vulnerable entre los vulnerables, no solo por las carencias materiales que afronta al huir de su lugar de origen sino por el efecto que tiene el desarraigo en su capacidad de agenciar su propio proyecto de vida (Naranjo, 2004: 28).

7También es importante mencionar que la población que está siendo re-desplazada de las zonas en las que se han reasentado en las ciudades —por lo general se trata de zonas periféricas—, está expuesta no solo a la tragedia que implica un nuevo éxodo, sino a patrones de exclusión y riesgos propios de una dinámica urbana. Por tal razón resulta fundamental reflexionar sobre el fenómeno de la migración forzada al interior de las ciudades en Colombia, un problema que aún no ha sido abordado como neurálgico en las acciones integrales de reducir los riesgos urbanos debido a su poco conocimiento y formas de intervención. Como académicos tenemos el reto de proporcionar elementos para el diseño de planes de mejoras, que para el caso que trataré en esta sección, tiene que ver con el reconocimiento del fenómeno, el diseño de políticas públicas que lo atiendan y el imperativo de conducir la gestión urbana a un lugar en el que se evite la proliferación de vulnerabilidades para un gran número de personas perseguidas hasta en la ciudad por el accionar de los violentos. La migración forzada al interior de las ciudades como desastre de un desastre mayor (la migración forzada) nos pone en el imperativo de pensar y reflexionar sobre los desastres que la guerra sigue creando en Colombia. En un contexto aún de conflicto armado ¿cómo podemos pensar en políticas posdesastres?

1. 1. La migración forzada al interior de las ciudades

9Según la propuesta de las investigadoras colombianas Gloria Naranjo y Deicy Hurtado, históricamente las ciudades colombianas se han formado a partir de la exclusión y de la lucha por el reconocimiento y por el derecho a la ciudad. En este sentido las autoras aseguran que los procesos de urbanización han estado marcados por la segregación socioespacial y han respondido a una lógica de «colonización urbana», que explican de la siguiente manera:

En la base de la urbanización y estructuración física y social de la gran mayoría de ciudades colombianas se encuentran procesos socioculturales, políticos y organizativos que, con Jacques Aprille, bien podríamos denominar colonización urbana. Se trata de una suma de acontecimientos, donde se destaca la ocupación de zonas deshabitadas de las ciudades mediante tomas, invasiones o posesiones, pero también diversas relaciones con urbanizadores piratas, partidos políticos e instituciones estatales. La construcción de territorios barriales por vía de la colonización urbana ha estado marcada por una relación de conflicto con el Estado y con el resto de la sociedad urbana. Es decir, el sentido de co-pertenencia se construye, necesariamente, a partir del conflicto por el uso y ocupación del espacio urbano, que es desigual por la relaciones de poder existentes, y es allí donde han construido y reconstruido sus formas de relacionamiento (Naranjo & Hurtado, 2004: 11).

10Para estas autoras la ciudad se presenta entonces como un contexto en el cual hay una constante disputa por el territorio y uso del suelo, en la que pobladores que llegan deben «colonizar» espacios para hacerse a un lugar en ella. Sobre estos pobladores que llegan, que es el caso de los desplazados forzadamente, las autoras afirman que son percibidos como un problema para la ciudad, desconociendo su realidad y las razones por las cuales se encuentran en esas situaciones de precariedad y necesidad, que entre otras, es el sistema mismo de concentración de propiedad, uso del suelo y desigualdad social propios del entorno urbano.

Migrantes y desplazados expulsados a la ciudad, no pueden verse más como los disruptores del orden, como los que han venido a alterar la «coherente» estructura urbana; ellos son el resultado de un orden societal injusto, intolerante, que ha perpetuado patrones de concentración de la propiedad y del ingreso y tolerado altos índices de pobreza y miseria. En fin, son el producto también de un Estado que, sumido en un burocratismo y una corrupción extrema, pierde aceleradamente su capacidad de control cediendo el paso a otros actores (armados la más de las veces) para que tomen decisiones sobre el devenir de la población civil a la que someten e intimidan (Naranjo & Hurtado, 2004: 11).

11El papel que el Estado colombiano ha jugado para los migrantes y desplazados que llegan a la ciudad es también importante en el sentido que este no tiene el control y la soberanía sobre algunos de los territorios urbanos y por lo tanto no puede garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos ni de los habitantes de la ciudad, ni de los que llegan a esta. Al contrario, en muchos casos se ha comprobado que el Estado facilita el accionar de actores armados o no ofrece la suficiente resistencia como para que estos no cumplan con sus objetivos. De esta manera se crea un ambiente en el cual los diferentes actores armados, propios del conflicto armado y los propios de los conflictos y violencia de la ciudad (bandas, pandillas, etc.) pueden articularse para complejizar sus relaciones y hacer difusa su presencia y su forma de actuar. Es por esto que Naranjo reconoce que

lo cierto es que ambas [violencias] entran en interacción para fortalecerse y robustecerse y la llamada violencia difusa se convierte en un excelente escenario para ampliar el accionar de la violencia organizada (Naranjo, 2004: 285).

12La ciudad se convierte entonces en un espacio en el cual se mezclan varios tipos de violencia y actores que la ejercen, provocando entre otras cosas, la migración forzada dentro de esta y al mismo tiempo recibiendo constantemente migrantes y desplazados forzados que llegan con la intención de encontrar un lugar en ella, así sea en la periferia. Estas se caracterizan generalmente por ser zonas de alto riesgo, cuyos habitantes (nuevos y viejos) se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, la ciudad también se entiende como agudizadora de la vulnerabilidad e invisibilidad de la migración forzada al considerar que los migrantes forzados que llegan representan un problema, un «exceso innecesario», en vez de reconocer la grave situación en la que se encuentran y brindarles atención y protección adecuada para que se integren y encuentren un lugar en la ciudad.

13Además de los anteriores contextos explicativos, resulta relevante considerar también los intereses de actores que no necesariamente están armados, pero que sí tienen un impacto en la generación de la migración forzada en las ciudades. Estos pueden ser actores políticos o de redes de economías ilegales que tienen intereses políticos (obtención de poder y control) o económicos (economías ilegales, tráfico de drogas y armas, captura de recursos) que, por alcanzar un objetivo específico de acuerdo a sus intereses, aportan a la generación de la migración forzada o al contexto urbano conflictivo en el cual esta se genera. En este caso son megaproyectos, proyectos de infraestructura, corredores estratégicos, planes de desarrollo nacionales, regionales y locales, los que juegan un papel importante y enmarcan los intereses de los actores involucrados.

2. Reconocimiento de la migración forzada en la ciudad: panorama nacional

2. 1. Algunos antecedentes de la migración forzada en la ciudad

14En 1984 el Estado colombiano, a través del decreto 1547 del 21 de junio, creó el Fondo Nacional de Calamidades. En este decreto se definió que una catástrofe era:

toda situación de emergencia que altere gravemente las condiciones normales de la vida cotidiana en una área geográfica o región del país determinada y que, por lo mismo, requiera de la especial atención de los organismos del Estado y de otros de carácter humanitario o de servicio social. Las situaciones de emergencia […] pueden ser causadas por: a) Fenómenos naturales o artificiales de gran intensidad o violencia; b) Sucesos infaustos únicos o repetidos; c) Enfermedades o afecciones de carácter epidémico; d) Actos de hostilidad o conflictos armados de alcance nacional o internacional, que afecten a la población (Decreto 1547 de 1984, Artículo 1).

15Este decreto es la base para que en el año 1989, se organizara el Sistema Nacional para la prevención y Atención de desastres, creado a través del Decreto 919 de 1989 (Art. 70). La idea de catástrofe se plantea ahora como:

daño grave o […] alteración grave de las condiciones normales de la vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social (Decreto 919 de 1989. Art. 18).

16Bajo esta definición el Gobierno de Virgilio Barco, creó el Comité Nacional para la prevención de Desastres, el Plan Nacional para la prevención y Atención de desastres, así como una serie de comités operativos y técnicos de carácter nacional y regional para la atención de desastres. Esta es la primera institucionalidad creada para atender la migración forzada en Colombia entendida como un desastre natural. Varias décadas después, el fenómeno de la migración forzada persiste, a punto tal que ha sido catalogado como una crisis humanitaria, y la institucionalidad que la atiende se ha transformado notablemente. Sin embargo, una nueva variedad de migración está siendo reconocida en el país en los últimos años: la que sucede al interior de una misma ciudad.

Las amenazas y el posterior incendio de los ranchos [el 1 de mayo] produjeron, en menos de tres semanas, el desplazamiento masivo de todo el asentamiento […] el incendio fue denominado por los mismos habitantes del sector y por algunos medios de comunicación como un hecho que había sido anunciado por el actor armado y que estaba en conocimiento de las autoridades administrativas de los municipios de Bello y Medellín […] Por fuera de las personas que recurrieron a familiares, vecinos y amigos de la ciudad, luego de dejar el asentamiento, se pueden identificar dos grupos que de forma colectiva buscaron refugio en el tejido urbano. El primer grupo, cerca de cuarenta familias […] se dirigieron a La Honda, un asentamiento de población en situación de desplazamiento en el centroriente de la ciudad. La evacuación y ubicación temporal [del segundo grupo]; es atendida por la administración del municipio de Bello; las personas son acogidas en dos sitios: -El Coliseo Tulio Ospina y Casa Betania- y carpas (Atehortua, 2007: 125-126).

El sábado 29 de junio de 2002, paramilitares del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en la parte alta del barrio El Salado, sectores 6 y 7, en la Comuna 13 de Medellín. Durante la incursión asesinaron a un habitante, incendiaron nueve ranchos, amenazaron, maltrataron física y verbalmente a los residentes y forzaron el desplazamiento de aproximadamente 170 de las 200 familias que habitaban el sector (Grupo de Memoria Histórica-Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011: 13).

2. 2. Cifras de la migración forzada al interior de las ciudades: panorama nacional

22Ahora bien, resulta interesante señalar que entre 1980 y 2002 las cifras de la migración forzada intraurbana se presentan de forma ascendente lo que guarda estrecha relación con la dinámica histórica del conflicto armado interno en Colombia. Ciertamente, durante los años 1980 las FARC-EP inician una etapa de crecimiento exponencial a través del desdoblamiento de sus frentes (Ferro & Uribe, 2002). De igual modo, los grupos paramilitares empiezan a tomar fuerza en regiones con previo dominio guerrillero (Romero, 2007). En síntesis, para la década de los años 1980 los grupos armados ilegales se encuentran en un momento de ascenso militar que los prepara para el escalamiento de la guerra que caracteriza los años 1990. En 1995 se inicia el proceso de organización político-militar de las AUC que coincide con un conjunto de victorias militares alcanzadas por las FARC-EP para esta época: Patascoy (diciembre de 1997), Miraflores (agosto de 1998), El Billar-Caquetá (marzo de 1998), entre otras (Granada et al., 2009). Comienza entonces la expansión paramilitar que se ubica entre los años 1997 y 2002.

23Para el año 2003 las cifras de migración forzada intraurbana comienzan a descender. De 7297 registros de personas expulsadas intraurbanamente que se presentan en el año 2002 se pasa a un número de 4336 registros en 2003, 5986 en 2004 y 5981 en 2005. En esta etapa se puede hablar de una cierta hegemonía paramilitar que se mantiene hasta el año 2005 con el proceso de desmovilización de las mismas. Para los años 2006 y 2008 se tiene otro ascenso en las cifras de migración forzada intraurbana que descienden en 2009 cuando se presenta un número de 7302 registros. Finalmente, el último pico que se presenta, como ya se ha señalado, corresponde al año 2011. El ascenso de las cifras en este último periodo puede estar relacionado con los resultados del fallido proceso de desmovilización paramilitar, con lo que Granada et al. (2009) denomina un «desgaste de la política de seguridad democrática» y con la aparición en la escena de las llamadas bandas criminales —Bacrim—.

24Las ciudades más afectadas por este fenómeno en el periodo 1980-2013, en orden de magnitud, corresponden a:

CIUDAD	DEPARTAMENTO	n.o DE REGISTROS 1980-2013
Buenaventura	Valle del Cauca	33 706
Medellín	Antioquia	31 586
Timbiqui	Cauca	2278
Quibdó	Choco	2092
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	1610
San Onofre	Sucre	1278
Apartado	Antioquia	1230
Valledupar	Cesar	1174
Riosucio	Choco	1014
San José Del Guaviare	Guaviare	929

25En términos de migración forzada intraurbana de carácter individual que se presentó durante el periodo 1980-2013 vemos que: Medellín (Antioquia) presenta un registro de 31 027 personas expulsadas individualmente, Buenaventura (Valle del Cauca) un total de 23 835 personas expulsadas individualmente, Bogotá (Cundinamarca) 1611 personas, Quibdó (Choco) 1610 personas y Timbiquí (Cauca) 192. En estas ciudades, el registro más alto de migración intraurbana de carácter masivo (equivalente a 10 familias o 50 personas) corresponde a: Buenaventura (Valle del Cauca) con un registro de 10 204 personas expulsadas masivamente, Medellín (Antioquia) con 624 registros, Timbiquí (Cauca) con 2093 registros, Quibdó (Choco) con 620 registros y finalmente Bogotá (Cundinamarca) con un registro de 0 personas expulsadas masivamente.

26Respecto a los presuntos autores de los desplazamientos forzados intraurbanos, el RUV registra entre los actores más desplazadores a grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Sin embargo, la categoría de no identifica, es decir, cuando la víctima no reporta a su presunto victimario, cuenta con un número bastante alto de registros:

27En términos nacionales no es fácil ubicar a un actor que prevalezca como autor de la migración forzada intraurbana. Los grupos desplazadores son aquellos que han resultado protagonistas en el conflicto armado interno del país: grupos guerrilleros y paramilitares. Junto a estos, aparecen registros relacionados con Bacrim y Fuerza Pública. Pese a esto, parece que el actuar de grupos que hacen parte del conflicto armado interno no está claro en términos de la migración forzada intraurbana puesto que las personas afectadas por este fenómeno no pueden identificar a su agresor, o por el contrario, es tan clara la responsabilidad de un grupo u otro en estos desplazamientos que las personas que se registran en el RUV prefieren omitir la identidad del agresor por miedo a ser victimizados de nuevo.

3. Representación y reconocimiento de la movilidad forzada en los escenarios urbanos

29En el año 2004, la Defensoría presenta un informe sobre esta modalidad de desplazamiento forzado y la conceptualiza como una consecuencia del conflicto armado en las ciudades. Para esta entidad, la migración de pobladores urbanos al interior de una misma ciudad está asociada con el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno y concretamente por la intensificación, en las zonas marginales de las ciudades, del accionar bélico de «milicias urbanas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales que se disputan el control de territorios y habitantes, así como de enfrentamientos permanentes entre estos grupos, y entre la Fuerza Pública y los mismos» (Arboleda, 2004: 7).

La PGN ha podido probar que, […] desde sus inicios el conteo gubernamental ha tendido al subregistro. Según datos suministrados a la PGN por las unidades territoriales de la Red de Solidaridad, ahora Acción Social, el subregistro en ocasiones ha alcanzando un porcentaje de hasta el 33.42%. Así ocurrió en el año 2004, en el cual de 138.888 personas que solicitaron ser registradas, un total de 33.105 no fueron aceptadas como desplazadas y, por tanto no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada. Las principales causales de rechazo están asociadas con la noción crecientemente restrictiva de desplazamiento forzado con la que opera Acción Social para alimentar el SUR (Sistema Único de Registro). Por ejemplo, las solicitudes originadas por desplazamientos intra-urbanos, intra-veredales y, en el caso de grupos étnicos, dentro de los territorios colectivos, tienden a ser rechazadas por no considerarlas como desplazamientos propiamente dichos. Lo mismo sucede cuando el desplazado individual y, en algunos casos, los integrantes de desplazamientos masivos, han conseguido retornar en un plazo relativamente breve a su lugar de origen, en cuyo caso Acción Social ha tendido a no incluirlos en el registro (Procuraduria Nacional, 2006a: 5-6) [Negrillas fuera del texto]

31Para este mismo año, la Defensoría del Pueblo emite su decimocuarto informe al Congreso de la República y en este documento identifica que

Los desplazamientos intraurbanos son más intensos en Bogotá, Soacha, Buenaventura, Bucaramanga y otras grandes y medianas urbes, dentro de las zonas periféricas, que, además, se caracterizan por ser receptoras de población víctima de desplazamientos forzados donde las milicias de la guerrilla y las bandas emergentes se disputan el control de negocios legales e ilegales; allí, las víctimas sufren un segundo o tercer desplazamiento en la mayoría de los casos (Defensoría del Pueblo, 2006: 74).

33Para el caso de la prensa, en los diarios El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, la migración forzada en las ciudades puede rastrearse a través de tres grandes bloques temporales: i) antecedentes (1997-2000); ii) surgimiento y menciones esporádicas (2000- 2007); y iii) aumento de frecuencia e intensidad (2007-2011). El primero ilustra algunos textos que antecedieron el surgimiento del desplazamiento forzado en la ciudad, anunciando su posible aparición, alertando sobre la complicación de orden público y seguridad en las ciudades colombianas, o diagnosticando el desarrollo del conflicto armado hacia la ciudad.

35No obstante, es a partir de octubre de 2007 que aumenta el registro sobre este tipo de migración forzada, al incrementar la frecuencia e intensidad con las que se informa sobre el fenómeno. Este es mencionado, por ejemplo en el diario El Tiempo, más constantemente y en casos concretos (como de octubre de 2007 a marzo de 2008, noviembre de 2008 o junio a noviembre de 2010), en lo que se puede ver una mayor intensidad en el tratamiento de la migración forzada en las ciudades. Se puede ver cómo la migración forzada en las ciudades se menciona de forma más continua y constante, se va volviendo recurrente, y el discurso alcanza algún grado mayor de profundidad, en la medida en que se discute sobre el fenómeno y la respuesta estatal frente al mismo, en vez de hacer una simple mención de su existencia en el contexto de violencia en la ciudad (Periódico El Tiempo, 2008; 2010a; 2010b; 2011).

36Si en el año 2002 los medios de comunicación evidenciaron la existencia de una «guerra» dentro de los espacios urbanos, con ocasión de la urbanización del conflicto armado y las nuevas estrategias de control territorial de los actores armados en disputa, durante los años 2010-2011, se ve que los medios de comunicación enfatizan en la idea de que el fenómeno de la migración forzada al interior de las ciudades responde a dos situaciones:

38ii) La migración forzada en las ciudades responde también a las profundas desigualdades sociales y económicas que se presentan en los bordes de las ciudades.

El caldo de cultivo para la proliferación de estos grupos han sido los amplios niveles de pobreza, en una ciudad a donde sigue llegando población desplazada y donde los niveles de pobreza crecen en las zonas de periferia (Periódico El Espectador, 2011).

39Con base en estos dos grandes argumentos (seguridad y factores económicos), la prensa ha señalado que la migración forzada en las ciudades es un fenómeno que se presenta por:

La toma de las zonas más pobres de la ciudad por actores armados ilegales, que dominan micro territorios, con el uso de la fuerza y el control social y territorial… el desplazamiento intraurbano también tiene entre sus motivos la no colaboración con grupos armados ilegales, el ser testigo o tener conocimiento de delitos, haber sido víctima de atentados, la extorsión y el despojo de viviendas… Es común que las familias se resistan a abandonar sus domicilios y, en la mayoría de los casos, solo se desplacen «después de recibir amenazas directas o de atentar en contra de la vida de alguno de sus integrantes (Periódico El Espectador, 2010).

A modo de cierre

40El recorrido hecho en este artículo sobre las dinámicas de la migración forzada en las ciudades de Colombia, permite establecer que este fenómeno se ha venido intensificando en el país y cada vez más genera múltiples impactos que afectan al conjunto de la población que habita las ciudades en zonas marginales o periféricas. Desde esta perspectiva, la migración forzada al interior de las ciudades no solo da cuenta de la confrontación armada, propia de un conflicto armado interno, sino que también da cuenta de un conflicto urbano, operacionalizado básicamente a partir de la complejidad de los dominios territoriales que se presentan en la ciudad. Estos dominios en la ciudad no pasan exclusivamente por acciones de confrontación armada. Los actores (legales e ilegales) recurren a una serie de prácticas de terror que no pasan necesariamente por acciones de violencia directa, sino muchas veces por acciones de amenazas, miedo, incertidumbre y desconfianza, bajo el control de actores armados que pretenden dominar la vida cotidiana. Esto revela, tal como lo señala Luz Amparo Sánchez (2008), que «el desplazamiento intraurbano hace parte de la dinámica de desplazamiento forzado interno que pervive en el país y que ha sido experimentado por varias generaciones; y por otro lado, que por lo menos para una buena parte de la población, las ciudades no son, como lo fueron en los años sesenta, un lugar que significa refugio y protección» (Sánchez, 2008: 176).

41La migración forzada al interior de las ciudades también debe aportarnos a reflexionar sobre la relación ciudad-migración forzada. Al inicio de este artículo retomaba aquel planteamiento de entender los procesos migratorios forzados como parte del proceso de formación y establecimiento de las ciudades en Colombia. Esta propuesta se construye en contraposición a las visiones que estudian el desplazamiento forzado como un fenómeno desorganizador y desestabilizador de las ciudades. En este sentido, se busca entender la relación de las migraciones y la ciudad en una doble perspectiva: «a) desde el punto de vista de los desplazados, lo que ellos aportan y demandan a la ciudad (lo que los desplazados hacen con la ciudad); b) desde el punto de vista de la ciudad, lo que ella entrega o niega a los desplazados (lo que la ciudad hace con los desplazados)». Esta premisa hace que la relación entre el desplazamiento forzado y la ciudad tenga una mirada compleja en la que se deben «explorar las experiencias sociales y las formas de interacción e intercambio familiar, vecinal, urbano, las transacciones, las relaciones, la transposición y transferencia de límites entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, las situaciones de hecho y los derechos y la ley» (Naranjo, 2004: 95).

42En la exploración que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) respecto a las percepciones elaboradas en torno a la respuesta institucional recibida por parte de las víctimas de migración forzada intraurbana, identificaron que para estas víctimas la respuesta es insuficiente y precaria. Esto debido a que existe una institucionalidad poco preparada y sensibilizada frente al tema, unas rutas y procedimientos que no son claros para la población que intenta acceder a la oferta institucional y unos «cuellos de botella» que entorpecen el proceso, lo hacen lento y muchas veces ineficiente. La respuesta institucional resulta fundamental frente al tema de la migración forzada intraurbana pues como se ha venido exponiendo a lo largo del artículo, al ser esta un fenómeno que aún cuenta con poco reconocimiento y visibilización, la respuesta y atención al problema se tornan en un reto que es preciso adelantar para garantizar una respuesta integral, diferenciada y oportuna. Ahora bien, para afrontar el desafío propuesto no es suficiente con explorar las percepciones asociadas a la respuesta institucional; es necesario ir más allá y, a partir de estas percepciones, proponer recomendaciones de interés para trabajar y atender este problema.

43En su informe nacional sobre este fenómeno, el Centro Nacional de Memoria Histórica, recomienda varios aspectos centrales con los cuales quiero cerrar este artículo:

44La primera recomendación tiene que ver con la necesidad de visibilizar la migración forzada intraurbana como una modalidad de migración forzada y como un hecho victimizante. Así, para este centro de investigación estatal, resulta urgente que organizaciones sociales, líderes, lideresas, población víctima y funcionarios alcancen una mayor comprensión sobre este tipo de migración y lo incluyan en sus agendas de trabajo. Es necesario también llamar la atención de la academia, los medios de comunicación y otras instancias de generación de conocimiento, para que investiguen el tema, sus dinámicas, actores, expresiones, consecuencias y posibles soluciones.

45Otro aspecto central en perspectiva de recomendación tiene que ver con la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado encargadas de atender y reparar. Si se tiene una capacidad institucional instalada a nivel territorial que pueda efectivamente atender el volumen de demandas ciudadanas presentadas en términos de atención y asistencia a víctimas, sumadas a una visibilización y sensibilización frente al fenómeno, muy posiblemente los problemas relacionados con el subregistro puedan disminuirse. Ciertamente, el subregistro de población migrante forzada intraurbanamente, resulta un problema mayor no solo porque no se conoce las dimensiones reales del fenómeno sino porque imposibilita tener un universo certero de población que debe ser atendida. Así, la orientación de recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la atención de esta población siempre serán sobre o subdimensionados e imprecisos. Por ello, se recomienda contar con registros ajustados para poder identificar las tendencias del fenómeno, sus dinámicas, en qué momento se presenta de forma más alarmante, cuáles son sus picos, etcétera. Esta información resulta fundamental para conocer el fenómeno, tomar medidas para su atención e, incluso, diseñar políticas de largo plazo que le permitan a la población víctima lograr estabilización socioeconómica y garantía de derechos. Entonces, es necesario trabajar en el fortalecimiento del registro para lograr cifras ajustadas que permitan establecer un panorama de trabajo, intervención y acción.