1El reto de implementar el derecho a la vivienda adecuada para todos los individuos, las comunidades y las familias en América Latina es inmenso y probablemente sea mayor después de que nuestras ciudades enfrenten eventos naturales críticos y recurrentes.

¿Cómo ve la cuestión de la reconstrucción posdesastre en nuestro continente?

La reconstrucción después de los desastres se ha convertido en uno de los temas con mayor importancia en el mundo, no solo por todos los procesos de cambio climático que hemos visto, que muy claramente han acelerado otros procesos muy radicales de transformación territorial frente a los derrumbes, maremotos, etc., sino porque también tenemos regiones en nuestro continente que históricamente están sujetas a desastres. El Caribe y América Central tienen la presencia permanente de huracanes y el área andina la recurrente amenaza de potenciales terremotos y fenómenos como el de La Niña y El Niño. En nuestra región, la preocupación por los fenómenos climáticos es cada vez más importante. Hemos notado un gran aumento en la cantidad y concentración de lluvias. La violencia con que estos procesos se manifiestan, por ejemplo en un país como Brasil que históricamente nunca ha sido tan afligido por situaciones climáticas similares a las ocurridas en el resto de la región, ha provocado cada vez más inundaciones.

¿Qué problemas relacionados a los posdesastres tenemos en nuestra región?

Por un lado, una especie de agudización de las situaciones climáticas frente a las territoriales, las ubicaciones urbanas en los frentes de agua son tipos de asentamientos de los cuales debemos ocuparnos; y tenemos, por otro lado, algo clásico, un patrón histórico de ubicación y distribución poblacional latinoamericana que, habiéndose dado como proceso intenso a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, ha continuado y ha llegado actualmente a establecerse con prácticamente el 90% de nuestras poblaciones viviendo en asentamientos urbanos. Este porcentaje es la inserción preferencial de los pobladores de más bajos ingresos a las ciudades y es exactamente el mismo porcentaje de pobladores en situaciones vulnerables frente a todo lo que son los efectos climáticos. Basta con ver dónde están ubicadas la mayor parte de familias y comunidades de bajos ingresos en nuestras ciudades que, habiendo emigrado desde áreas rurales hacia centros urbanos, nunca han encontrado un espacio adecuado, seguro y no sujeto a los eventos climáticos.

La ubicación preferencial de los pobladores más carenciados no es por casualidad…

Si miramos Bogotá, Caracas, Río de Janeiro, Belo Horizonte y otras muchas ciudades, encontramos que los asentamientos autoproducidos están donde el mercado formal no puede o no quiere llegar porque es difícil utilizar el espacio y porque solo la gente carenciada sabe cómo autoproducir su propio hábitat. Si miramos la ubicación de los pobres en nuestras ciudades verificaremos muy claramente que no es apta para urbanizar y que inclusive muchas legislaciones la protegen con perspectiva ambiental; sin embargo, son las áreas que por su precio se vuelven accesibles a los sectores más vulnerables, a los de menores rentas y por tanto son las de preferencia para los más carenciados. Los pobladores pobres se ubican en zonas urbanas de extremada vulnerabilidad frente a los fenómenos de la naturaleza. Cuando las lluvias son intensas son justamente estas zonas las que van a sufrir las inundaciones o es en las zonas de mayores pendientes en donde se van a producir deslaves. Es la población pobre la que tiene las peores condiciones en términos de acceso y gestión a medios técnicos y financieros para poder ubicarse con seguridad en la ciudad. Es la población pobre la que va a sufrir.

¡Pero todo esto opera dentro de un sistema más amplio!

Es claro que dentro del marco de la economía política del suelo urbano —es decir, hay una cierta coincidencia entre lo que es la vulnerabilidad ambiental y la social de las comunidades y las familias pobres que habitan suelos no seguros— hay también una cierta ambigüedad o ambivalencia con respecto a la situación de la tenencia de esos suelos y esto se da porque muchas veces hablamos de áreas de protección ambiental que no se pueden urbanizar y al mismo tiempo hablamos de tomas de suelo, ocupaciones o situaciones de vínculo tradicional con ese mismo suelo protegido que además está apresado dentro de sistemas hegemónicos y dominantes de propiedad privada. La combinación de todos estos procesos, en nuestras sociedades, provoca que la mayor parte de los damnificados sean de bajos ingresos y a ellos se los atiende casi siempre con iniciativas de reconstrucción o relocalización, con las cuales muchas veces pierden para siempre la posibilidad de mantener su ubicación y acceso histórico a medios de sobrevivencia, medios de vida, empleos, oportunidades culturales y de educación.

¿Por qué esto?

Porque el elemento de configuración esencial en el marco de los procesos de reconstrucción es la idea de que se reconstruyen casas en propiedades de la gente.

Y en situaciones concretas de reconstrucción como las de Haití…

En Haití, ubicando al caso como el más extremo, encontramos que millones de personas estuvieron viviendo en asentamientos informales que nunca fueron objeto de intervenciones públicas en términos de dotación de infraestructuras. Llega un terremoto que destruye el país y una parte muy importante de esos millones de personas quedan absolutamente damnificadas. Posteriormente son trasladadas hacia campos provisorios para que sobrevivan precariamente en carpas mientras se desarrolla la idea internacional de un proceso de reconstrucción. Pero en poco tiempo se paraliza todo esfuerzo y toda operación porque la esencia de la idea fue reconstruir casas sobre los mismos lugares donde los millones de damnificados vivían sin ninguna propiedad o seguridad de tenencia. Tampoco vivían en barrios ni tenían servicios básicos.

En Chile, los damnificados eran propietarios, ¿operó igual la idea de la reconstrucción?

En la reconstrucción posterremoto en Chile, que no fue extrema como la de Haití, lo que se produjo fue la reconstrucción de casas en las periferias de la ciudad y no donde estaban viviendo los damnificados; fue la situación de Talca especialmente. El proceso de reconstrucción chileno ofreció un producto llamado «casa» en las afueras de la ciudad que no tuvo nada que ver con los modos de vida de los damnificados.

¿Cómo denominaría a los procesos que se basan en ideas de reconstrucción?

Desde el punto de vista del derecho a vivienda adecuada como procesos inciertos.

Entonces, ¿cuál es la cuestión fundamental con respecto a los procesos de reconstrucción?

Aquí es muy importante señalar que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución muy clara después de que le presentamos dos informes, uno en el año 2011 sobre reconstrucción posconflicto y otro en el año 2012 sobre reconstrucción posdesastres; la resolución que adoptó el Consejo está basada en la definición del derecho a la vivienda adecuada, tal como está definida en el marco internacional de los derechos humanos.

¿Cuál es esa definición y cómo ella nos puede ayudar a entender y orientar los procesos de reconstrucción?

La vivienda adecuada no son cuatro paredes y un techo, es mucho más que eso. El concepto de vivienda adecuada es la puerta de entrada para que todo individuo, toda familia y comunidad pueda tener acceso a otros derechos humanos como son la educación, la salud, el medio ambiente sano, las oportunidades de trabajo y los medios de sobrevivencia. Esto significa que no se reconstruye un pueblo de pescadores en la cima de una montaña, no tiene ningún sentido hacerlo así, es una violación a su derecho de vivienda adecuada como derecho humano. También significa, retomando el caso de Haití, que un proceso de reconstrucción implica reconstruir todo el tejido del barrio, aquel donde vivía la gente y solo a partir de él también reconstruir las casas.

Reconstruir solo casas es un concepto estrecho de todo un proceso posdesastres…

Producir solo casas no es un concepto estrecho sino uno muy estrecho de reconstrucción que puede ser muy interesante a una industria inmobiliaria de reconstrucción pero que no tiene nada que ver con el derecho humano a la vivienda adecuada que tiene muchos elementos y no solamente la idea de reconstruir casas aunque estas fueran de mejor calidad. Un proceso de reconstrucción debe reconocer derechos de ubicación y los modos de reproducción de las personas en sus barrios y para esto es fundamental que las comunidades participen en los procesos que vienen después de los desastres.

Un reto es intervenir después de los desastres y otro es disminuir la vulnerabilidad previa al desastre, ¿cómo prevenir?

Disminuir radicalmente la vulnerabilidad de las comunidades es un reto mucho más radical para los gobiernos y las políticas urbanas, podemos actuar después de pasado un desastre que terminó con cientos de vidas humanas y con millonarias pérdidas materiales, pero el gran reto de prevención es terminar con esa ambigüedad y esa ambivalencia de cómo se insertan las comunidades de bajos ingresos en nuestras ciudades y en nuestros territorios, afirmándoles seguridad en la tenencia de suelo de calidad como elemento fundamental del derecho humano, asegurándoles mejores condiciones físicas para que disminuyan los riesgos y garantizándoles a los pobladores un mejor acceso a las infraestructuras urbanas públicas y a todos los elementos que componen la urbanidad.

Para concluir, ¿cuál es el mayor desafío en este momento?

Creo que es cómo poner el derecho humano de todos a la vivienda y a la ciudad, tal como se ha definido en el marco jurídico internacional de los derechos humanos, como prioridad en las políticas urbanas y en las políticas de vivienda. Tenemos los medios técnicos sí, conocemos la situación sí, el desafío es eminentemente político.