1En 2018, la elección triunfal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México fue sinónimo de muchas esperanzas para el movimiento feminista. Tanto las mujeres como las personas que se identifican con los colectivos LGBTQIA+ sintieron que, con la llegada de un gobierno de izquierda, sus reivindicaciones y protestas serían escuchadas, y ellas recibirían apoyo para obtener mejores condiciones de vida, libres de discriminación y violencias de todo tipo.
2Este artículo propone analizar lo que hizo el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) ante el movimiento feminista y la situación de las mujeres en México. A manera de introducción, recordemos brevemente la gran batalla que están dando las feministas en América Latina desde hace unos años porque necesariamente tuvo resonancias en el contexto mexicano. Una de las movilizaciones más significativas es la denuncia de las violencias contra las mujeres y sobre todo el combate por acabar con los feminicidios que se conoce por el hashtag #NiUnaMenos. Argentina llevó la delantera a mediados de 2015 con una manifestación que agrupó a varios cientos de miles de mujeres en las calles. Esta surgió después de una serie de asesinatos de mujeres en el país y en particular del crimen de Chiara Páez (14 años) [Barrancos, 2020, p. 222; Koechlin, 2019, p. 66].
3A raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la investigadora Julia Monárrez y la antropóloga Marcela Lagarde identificaron en ellos un tipo específico de crimen contra las mujeres. Mientras que Monárrez, pionera en el estudio de este caso, destacó desde el inicio el carácter misógino y brutal de los feminicidios y estableció una tipología de las mujeres víctimas de estos, fundamental para entender el tipo de crimen de que se trata [Monárrez Fragoso, 2006], Lagarde buscó, con el uso del término feminicidio, subrayar la especificidad de esta manifestación de violencia contra mujeres y niñas y señaló que se trataba de un crimen de Estado, en tanto que este debe garantizar el derecho a la vida de aquellas [Lagarde, 2006]. Por su parte, la antropóloga argentina Rita Laura Segato destacó la complicidad entre redes mafiosas y órganos del Estado o “Segundo Estado”, que hace posible estos crímenes y su impunidad [Segato, 2013]. Para estas y otras estudiosas feministas en América Latina, los feminicidios representan la sanción máxima que incurren las mujeres bajo la dominación masculina. Inspirado por los aportes teóricos de Segato, el colectivo chileno Las Tesis difundió, a finales de noviembre de 2019, su performance “Un violador en tu camino”. Este fue reproducido por miles de mujeres de todas edades en instituciones, calles y plazas públicas, y transmitió la urgencia de reaccionar contra las violencias dirigidas hacia las mujeres. En el Zócalo, frente al Palacio Nacional donde reside Andrés Manuel López Obrador, las mujeres hicieron esta performance y gritaron: “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”. Eso ocurrió el 29 de noviembre de 2019, a casi un año exacto de la toma de posesión de AMLO.1 Algunos meses después, el 8 de marzo de 2020, del Monumento a la Revolución al Palacio Nacional, más de 80 000 mujeres marcharon por sus derechos.2 La masiva concurrencia de esta manifestación fue histórica. Al día siguiente, el 9M, millones de mujeres, adultas, jóvenes y niñas de todo el país participaron en el paro nacional #UndíaSinNosotras. Ese día, las mujeres dejamos toda actividad, nos quedamos en casa para que, en los espacios laborales y públicos, se sintiera qué sería un mundo sin la participación de esta mitad de la población. La idea fue no sólo demostrar el papel central de las mujeres en todas las esferas de la vida cotidiana sino también protestar contra las múltiples violencias sufridas por las mujeres, desde la infancia hasta la vejez.
4Recordamos estos acontecimientos ocurridos en México entre 2019 y 2022 porque sin duda marcaron un antes y un después en la mente de numerosas mujeres, quienes, a partir de ese momento, decidieron unirse a este grito para expresar su profunda indignación ante la situación de inseguridad y violencias que viven. Desde 2020, cada día más mujeres participan en las marchas. Lo que ocurre en México es el reflejo de lo que ocurre en América Latina. Ha explotado el número de manifestaciones públicas masivas; cientos de miles de mujeres toman las calles para expresar su “¡Ya basta!”.
5Si las violencias contra las mujeres y los feminicidios constituyeron el punto central de las movilizaciones feministas de los últimos años, también hay que recordar el movimiento estudiantil que surgió en Chile a partir de la primavera 2018 y que se propagó muy rápido en otros países. Denominado Mayo feminista, ese movimiento tuvo por objetivo exigir rotundamente a las autoridades universitarias erradicar y sancionar toda situación de acoso y abuso sexual por parte de estudiantes y profesores hombres que las estudiantes habían padecido y padecían [Barrancos, 2020, p. 229-234]. El Mayo feminista chileno de 2018 se inspiró en el movimiento #MeToo, surgido en octubre de 2017, a raíz del escándalo de Harvey Weinstein. Se trató de reunir testimonios para protestar al unísono, denunciar la impunidad reinante en estos espacios académicos, forzar a que se adoptaran medidas de protección y protocolos de actuación contra el acoso.
6Al igual que en otros países, el Mayo feminista chileno tuvo eco en México. Las estudiantes mexicanas llevan ya varios años protestando contra la injusticia y la violencia de género que viven en sus facultades. Instalan tendederos universitarios con hilos y carteles, y este es un método de denuncia bastante eficaz para dar testimonio de lo que pasa en sus instituciones, denunciar a sus agresores, presionar a las autoridades, prevenir futuros casos y apoyarse entre ellas. También circulan fotos de agresores en redes sociales, a la manera del #MeToo. En México, entre otros casos, esta protesta feminista en espacios universitarios fue detonado por el feminicidio de la estudiante Lesvy Berlín Osorio, sucedido en 2017 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México [Cerva, 2020].
7He aquí, pintadas a grandes rasgos, la fuerza de las movilizaciones feministas en América Latina desde hace una década y la forma en que las mujeres mexicanas también se han unido al movimiento. Ahora proponemos observar en detalle, en un primer momento, qué avances contra las desigualdades entre hombres y mujeres se habían dado en México antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo momento, cómo, a partir de 2018 hasta la fecha, numerosos logros se han ido perdiendo o diluyendo frente a otras supuestas prioridades del Gobierno.
8Como manifiesta la continuidad de los movimientos feministas en México, la condición de las mexicanas ha estado marcada por la desigualdad. Los avances en el ejercicio de la ciudadanía, el reconocimiento y goce de sus derechos en los siglos xx y xxi se deben por una parte a los cambios socioeconómicos, en particular desde los años 60, en términos de democratización, fortalecimiento de la laicidad, acceso a la educación y desarrollo económico, y por otra, a la capacidad de organización y a las demandas de las mujeres, sobre todo de las feministas desde los años 70. Aunque en las últimas décadas del siglo pasado se dieron cambios significativos, lo que nos interesa destacar aquí son algunos de los principales logros de los movimientos feministas y de mujeres, resultado de demandas previas o nuevas, que para 2018 constituían una base a partir de la cual habría sido posible impulsar más cambios necesarios hacia la igualdad de género. Señalamos también los retos pendientes antes del inicio del régimen actual, algunos de los cuales se han vuelto más urgentes. A la luz de este escenario, inevitablemente parcial, abordaremos la situación de mujeres y niñas, a más de cuatro años del inicio del actual Gobierno.
9La igualdad sustantiva ha sido una de las demandas constantes de las mujeres en un país caracterizado por hondas desigualdades socioeconómicas, ligadas a factores como el origen étnico, la clase y el machismo. Si bien desde 1974 la igualdad de género está inscrita en la Constitución, los cambios jurídicos y, sobre todo, los cambios en la vida cotidiana, la participación en la vida laboral y política, los efectos de las leyes civiles y penales, y las normas sociales, han sido lentos. Gracias al movimiento feminista y a organizaciones diversas de mujeres, para el año 2000, cuando se dio la transición política del predominio del PRI a gobiernos de oposición, se había reconocido la necesidad de promover la igualdad de género mediante políticas públicas específicas. Así, entre 2000 y 2018, los Planes Nacionales de Desarrollo incluyeron este asunto, se creó el Instituto Nacional de la Mujer para impulsar esta política (2001), se aprobó una Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres (2006) y se diseñaron políticas de equidad de género con presupuestos etiquetados para este fin a partir de 2008, formalizados desde 2013 en el Anexo 13 de los Presupuestos Federales. Entre los programas de este tipo, podemos destacar el programa Progresa-Oportunidades-Prospera, creado en 1997 bajo el acrónimo de Progresa y modificado después con sus sucesivos nombres de Oportunidades y Prospera, que buscaba disminuir la pobreza y la pobreza extrema —uno de los problemas más graves del país— y los programas de Estancias Infantiles y de Escuelas de Tiempo Completo, cuyo fin era apoyar a las madres trabajadoras de modo que pudieran dejar a sus hijos e hijas en lugares seguros durante su jornada laboral. Oportunidades-Prospera recibieron críticas por sobrecargar a las mujeres con la responsabilidad de administrar el dinero que recibían del Gobierno, llevar a sus hijos e hijas a revisiones médicas y asegurar su asistencia a la escuela. Las familias pobres contaban con un apoyo económico que también beneficiaba a niños y niñas; sin embargo, al centrarse en compensar la desigualdad de ingresos, “la búsqueda en la igualdad de condiciones de hombres y mujeres se relega, y las acciones públicas se reorientan a la preocupación por la problemática de la pobreza” [Tepichín, 2012].
- 3 Instituto Nacional Electoral. Diagnóstico. El alcance y los resultados de la paridad. Procesos ele (...)
10Otra faceta fundamental es la igualdad de oportunidades en la vida política que se impulsó junto con el proceso de democratización del sistema electoral. Desde 1997 en particular, se aprobaron medidas de acción afirmativa que aumentaron considerablemente la participación de las mujeres en las cámaras legislativas y, menos, en los gobiernos municipales. En 2014, además, se aprobó la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas. Así, mientras que en 2015 había 42.5 % de mujeres en la Cámara de Diputados y en los municipios representaban el 7.2 %, para 2018, las mujeres ocupaban la mitad de las curules en la Cámara (49.2 %), en el Senado (51 %) y 14 % en los gobiernos municipales. Esta composición paritaria se ha mantenido hasta ahora.3
11Además de la desigualdad económica, la violencia de género ha sido un pesado lastre en la vida de las mexicanas. Desde los años 70 y 80, mujeres organizadas impulsaron cambios legales para castigar la violación con penas más altas y mayor efectividad [Saucedo González & Huacuz Elías, 2011]. Sin embargo, solo en 2005 la Suprema Corte de Justicia reconoció el delito de violación en el matrimonio. En los años 90 el feminicidio en Ciudad Juárez destapó la brutalidad de la violencia contra las mujeres. Tras más de una década de reclamos de justicia en el país, y con antecedentes internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, adoptada en 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará, creada en 1994), en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta fue una ley vanguardista que estableció un sistema institucional de seguimiento del problema, definiciones sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres, medidas de protección y figuras novedosas como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un medio de respuesta inmediata a la agudización o situación grave de violencia machista en alguna zona particular. También se crearon instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Estas leyes e instancias no han bastado para frenar la violencia creciente contra las mujeres, exacerbada desde 2007, sin embargo, representan un marco legal e institucional para exigir una mejor respuesta gubernamental y el freno a la impunidad.
- 4 Según datos de la ONU [2022], en África subsahariana hubo 99 nacimientos por cada mil mujeres de 1 (...)
12Por otra parte, se continuó impulsando medidas para mejorar el acceso de las mujeres a la salud, en particular a servicios de salud sexual y reproductiva. Las demandas feministas por el derecho al aborto, desde los años 70, culminaron en el año 2007 con su despenalización hasta las doce semanas de gestación en la Ciudad de México, pese a la oposición del gobierno federal y de la jerarquía católica. Esta medida suscitó una reacción conservadora en más de veinte estados del país, que aprobaron cláusulas constitucionales o cambios legales para “proteger la vida desde la concepción” [Lerner, Guillaume & Melgar, 2016]. Estas contrarreformas se fueron luego revirtiendo, mediante fallos de la Suprema Corte, y paralelamente en diversos estados se aprobaron otras reformas que ampliaron las causales legales de aborto o lo despenalizaron hasta las doce o catorce semanas de embarazo. En 2015, se creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia cuyo objetivo principal era reducir en un 50 % el número de embarazos en la adolescencia para 2030. Cabe recordar que América Latina se encuentra en segunda posición después de África Subsahariana por sus altas tasas de fecundidad adolescente.4
13Como suele suceder en México, la brecha entre las leyes y la realidad es amplia, lo mismo que el contraste entre la política pública en la letra y sus aplicaciones. Así, por ejemplo, la mayor participación de las mujeres en la vida política también ha provocado mayor violencia de género contra candidatas o funcionarias. Las alertas de violencia de género apenas empezaron a instrumentarse en 2015, por razones políticas, y no han sido efectivas. Así, además de la deficiente aplicación de leyes y medidas contra la violencia, la situación ha empeorado debido a factores como la expansión de la violencia criminal y de la violencia extrema que es un enorme problema que se incrementó desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en diciembre de 2006; o la creciente militarización, que no ha cesado, y que aunque afecta a toda la población en diversos grados, tiene efectos particulares para mujeres y niñas. Así, el feminicidio y los asesinatos dolosos de mujeres aumentaron sobre todo a partir de 2007, y las desapariciones de niñas y mujeres (y las desapariciones en general) han crecido así mismo desde entonces, como documentamos más adelante.
14Por otra parte, si bien las políticas que promovían la igualdad eran insuficientes o estaban lastradas por la ineficiencia o la corrupción, contribuyeron a reducir algunas brechas de género, y representaban un reconocimiento de la obligación del Estado de garantizar la ciudadanía plena y los derechos humanos de las mujeres. En particular, existía una vinculación entre el Estado y la sociedad a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil organizada (las ONG) que eran consultadas o a las que se otorgaban financiamientos por concurso para que instrumentaran proyectos en beneficio de las mujeres y comunidades, como refugios para mujeres violentadas o proyectos comunitarios. Aunque el financiamiento desde el Estado no ha desaparecido del todo, se ha reducido mucho.
15Pese a presentarse como opción progresista que, entre otras promesas, tendría un gabinete paritario, el Gobierno de López Obrador, en el ámbito ejecutivo sobre todo, ha obstaculizado, si no revertido, los avances hacia la igualdad de género. Por un lado, ha adoptado medidas económicas, políticas y sociales que representan un retroceso para las mujeres, en términos de igualdad de oportunidades, acceso a la salud, y derecho a una vida libre de violencia. Por otro lado, su discurso —en particular a través de las conferencias matutinas del presidente— difunde una visión tradicional de la familia, que tiende a exaltar los roles tradicionales de las mujeres; además AMLO ha estigmatizado a las ONG y a la sociedad civil en general y ha cortado puentes de colaboración y financiamiento con ellas so pretexto de combatir la corrupción, y ha buscado acallar las voces críticas y las demandas feministas mediante continuas descalificaciones y ataques contra medios de comunicación, periodistas, las ONG y hasta manifestantes feministas. Esta hostilidad oficial, por parte del ejecutivo y de funcionarios y funcionarias estatales hacia las demandas de las mujeres y de la sociedad organizada ha contribuido a crear un ambiente polarizado y ha favorecido mayores expresiones y manifestaciones de violencia contra periodistas, defensores y defensoras del territorio y de derechos humanos y contra las jóvenes feministas.
16Si bien en los sexenios anteriores también había deficiencias, políticas erradas y simulación, en estos cuatro años se han reducido o cortado las posibilidades de diálogo entre el Estado y la sociedad, de modo que es más difícil para esta incidir en las políticas públicas aun cuando denuncie fallas o exija cambios. Así, pese a múltiples reclamos y propuestas para modificar el rumbo en materia de igualdad, seguridad, prevención de la violencia, entre otros, se mantiene sin modificaciones o muy pocas un proyecto político que, en gran medida, carece de perspectiva de género en la práctica, a la vez que se ahonda y expande una política de seguridad basada en el uso creciente de las Fuerzas Armadas, estrategia fallida que ya ha demostrado sus efectos negativos para las mujeres. Dada la complejidad de la situación, nos centraremos sólo en algunas áreas que nos parecen fundamentales: las medidas que han afectado directamente a mujeres y niñas en términos socioeconómicos, incluyendo la salud, la incapacidad de frenar la violencia y los riesgos de la militarización, así como la falta de política integral ante la pandemia de COVID-19 y algunos efectos del discurso oficial y de la impunidad.
17El discurso de López Obrador contra la corrupción, sin duda existente en sexenios anteriores, ha sido un argumento primordial para modificar políticas públicas en todos los ámbitos. Han cambiado también las prioridades gubernamentales para impulsar proyectos de política social y se ha dado prioridad a entregas directas de dinero del Estado a distintos grupos mediante becas, pensiones y otras medidas con las que se han substituido algunos programas existentes. Así, se han recortado o eliminado presupuestos o programas que beneficiaban a ONG o grupos diversos.
18En lo que se refiere a los programas para abatir la pobreza y la pobreza extrema, una de las primeras medidas del Gobierno fue eliminar el programa Prospera, crear otros como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y ampliar la cobertura de las pensiones para adultos mayores. También se eliminaron el Programa de Estancias Infantiles, que beneficiaba sobre todo a madres trabajadoras, y las Escuelas de Tiempo Completo, y se modificó la administración de subsidios institucionales al sistema educativo.
- 5 FUNDAR, 2022. Presupuestos etiquetados. Análisis del Anexo Transversal 13. Erogaciones para la igu (...)
19Prospera, como se ha dicho, representaba en gran medida un ingreso para mujeres, sus hijos e hijas. Ellas recibían el apoyo económico y en principio lo administraban. El programa Sembrando Vida sólo contribuye de manera limitada al bienestar de las mujeres, porque en general ellas no son propietarias de la tierra y por tanto no pueden acceder al financiamiento para sembrar árboles frutales o maderables, propósito de este programa. Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca ubicar a aprendices en distintas empresas e instituciones con el fin de que se capaciten para el trabajo, no tiene perspectiva de género. Las pensiones para adultos mayores, por otra parte, se destinan a personas mayores de 68 años (o mayores de 65 años en municipios indígenas), con lo cual las mujeres adultas, menores de 68 (o 65) años no tienen de hecho acceso a ninguna fuente de financiamiento estatal. En todo caso, dependen de que sus hijas o hijos accedan a alguna beca para la educación, cuya cobertura se ha ampliado. Ilustra bien la carencia de perspectiva de género de esta distribución de los ingresos públicos el diseño en los últimos cuatro años del Anexo 13 del Presupuesto Federal de Egresos (PEF).5
20El Anexo 13 es un apartado del presupuesto anual de la Federación destinado a promover la igualdad mediante presupuestos etiquetados para programas con ese fin. Como demuestran los análisis de diversas organizaciones especializadas, al incluir en este Anexo el presupuesto para la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y otros programas prioritarios sin perspectiva de género, se distorsiona la finalidad de este apartado. Por ejemplo, el monto de los recursos destinados al Anexo 13 en 2022 aumentó en 74 % respecto de 2021 y volvió a aumentar en 47 % para 2023. Sin embargo, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2023, más del 89 % de los recursos se concentran en programas que no promueven la igualdad de género ni van dirigidos a prevenir y erradicar la violencia ni a disminuir la discriminación. Además, los programas con mayor presupuesto son, por ejemplo, las Pensiones del Bienestar (51 %), Becas de Educación Media Superior Benito Juárez (5 %) y Sembrando Vida (3.1 %), mientras que los servicios de guarderías del IMSS —sólo para personas afiliadas— recibieron el 3.9 %. En contraste, a programas que sí tienen la finalidad de beneficiar a mujeres y niñas se les destinó en conjunto menos del 10 % del presupuesto de este Anexo, algunos con un porcentaje simbólico del 0.1 % como los refugios especializados, la promoción de la atención y prevención de la violencia desde la Secretaría de Gobernación, en un país con extrema violencia machista. Otro ejemplo de este desequilibrio es el 0.6 % del total del Anexo al programa específico para la salud sexual, materna y reproductiva [Beltrán Castillo & Arely Villa, 2022].
- 6 CONEVAL, 2019, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de evi (...)
21Así, el significativo aumento presupuestal al Anexo 13 en poco o nada favorece la igualdad de género o la salud y el bienestar de las mujeres; más bien encubre un fuerte sesgo que privilegia a programas de entrega directa de dinero, de tipo asistencial, que en gran medida tienen fines clientelistas, que carecen de perspectiva de género (PEG) pues se otorgan por igual a hombres y mujeres a partir de cierta edad, o a los que las mujeres tienen difícil acceso. Además, en 2022 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encontró que, lejos de atenuar la pobreza y la pobreza extrema, la substitución de los programas focalizados contra la pobreza por programas asistenciales de cobertura universal en este Gobierno (como los mencionados) han beneficiado más a quienes más tienen, ya que se amplió la cobertura sin considerar los ingresos y, por tanto, sin tomar en cuenta el objetivo original de estos subsidios. Así, entre 2018 y 2020, aumentó en 4 % la cobertura de personas con más ingresos y disminuyó en 7.6 % la de personas más pobres [Aquino, 2023]. Así mismo, la desaparición del programa de Estancias Infantiles para hijos e hijas de madres trabajadoras sin seguridad social ha tenido un fuerte impacto en las familias, antes y durante la pandemia. Según el CONEVAL, entre 2007, año de su creación, y 2012 “su presupuesto creció en promedio 22.1 % en términos reales” mientras que entre 2013 y 2018 sólo aumentó en 0.02 %; en 2019 se redujo en cambio, para llegar a un nivel semejante al de 2008.6 Con este programa las madres (98.5 %) y padres solos, con ingresos menores al nivel de pobreza y en general con empleos informales o sin empleo, podían enviar a sus hijos e hijas a guarderías registradas que recibían un subsidio gubernamental por niño o niña. Este apoyo buscaba facilitar el acceso de las mujeres al empleo o al estudio y ofrecía a niños y niñas servicios de cuidado, estimulación temprana y socialización. Según el CONEVAL, se trataba de un programa exitoso pero que debía mejorarse. Con la cancelación del programa en marzo de 2019 y su substitución por un subsidio individual de 800 pesos al mes entregado a la madre (o padre), suma inferior a la que recibían las guarderías, algunas de estas cerraron, otras subieron sus precios, y muchas mujeres han tenido que dejar o reducir su trabajo asalariado o recurrir a la ayuda familiar.
- 7 CONEVAL, 2019, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de evi (...)
22Aunque esta medida se justificó en aras de la lucha contra la corrupción —se habló de “niños fantasmaˮ y “desvío de recursosˮ— es significativo que el secretario de Hacienda de entonces y el presidente hayan planteado que las abuelas podrían muy bien cuidar a los niños, dando por hecho que las mujeres mayores (o no tanto) o los abuelos tendrían esa disponibilidad. Ignoraron que, según el propio CONEVAL, las guarderías son un ámbito necesario para la socialización temprana.7 Si bien subsisten estancias infantiles registradas ante la Secretaría del Bienestar y la cancelación del programa no incluye a las guarderías para hijos e hijas de personas con acceso al seguro social por su trabajo, deja a la intemperie a quienes más lo necesitan: las mujeres, incluyendo jefas de familia, que necesitan trabajar, y pasa por alto la necesidad de modificar el estereotipo que asocia el cuidado al destino de las mujeres.
- 8 IMCO, 2 de marzo 2022, “Eliminar el programa de escuelas de tiempo completo refuerza la desigualda (...)
23En cuanto a las Escuelas de Tiempo Completo, creadas en 2007, programa al que el presidente también achacó corrupción, beneficiaban a 3.6 millones de estudiantes de primaria, de municipios marginados o con altas tasas de pobreza en contextos urbanos, urbanos marginales, rurales e indígenas. Según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en estas escuelas se redujeron la deserción escolar y la desnutrición, mejoró el aprendizaje y aumentó la participación laboral de las madres de familia.8 Las reacciones sociales contra esta medida han logrado revertirla en parte, ya que trece estados las mantienen, incluyendo entidades gobernadas por el partido oficial, como la Ciudad de México y Puebla [Galván, 13 de marzo de 2022]. Quizá por esa razón, la Secretaría de Educación Pública abrió la posibilidad de ampliar el horario en algunas escuelas adscritas al nuevo programa La Escuela Es Nuestra en 2022-2023 [López, 16 de julio de 2022]. Aunque la política gubernamental se revierta parcialmente, medidas de este tipo atentan contra programas de largo aliento que han demostrado su utilidad, pasan por alto sus beneficios para las madres trabajadoras y afectan más a familias con menos recursos.
- 9 Alternativas y Capacidades, 12 de enero 2022, “Adiós al INDESOL: Nuevo año, mismas políticasˮ, htt (...)
24Por otra parte, la desaparición de una instancia de política social como el Instituto Nacional de Desarrollo Social, por decreto presidencial del 31 de diciembre de 2021, es otro ejemplo de una centralización de recursos que obstaculiza la cooperación con la sociedad civil. Creado en 1994, Indesol promovía “la participación ciudadana y la organización comunitaria” articulando a sociedad civil, academia, e instancias gubernamentales. Era la única instancia que administraba fondos concursables para proyectos específicos de organizaciones de la sociedad civil o comunitarias,9 como la Red Nacional de Refugios (RNR). Aunque esta tarea pasó a la Secretaría del Bienestar y desde 2022 la CONAVIM administra los fondos a los que pueden acceder los refugios para mujeres violentadas, este cambio retrasó los procesos y afectó, entre otras, a la RNR, justo cuando el confinamiento por la pandemia había disparado la violencia en las casas y la demanda de ayuda para mujeres y niñas. La hostilidad gubernamental hacia las ONG, la tendencia a centralizar la política social y la reducción o los aumentos mínimos de presupuestos han dificultado el acceso de las ONG a recursos públicos para continuar con su trabajo.
25El giro hacia una política asistencialista y de recorte presupuestal para programas destinados a mujeres y niñas, como los refugios, ha tenido serias repercusiones desde 2019, agravadas durante la pandemia. Frente a la emergencia sanitaria que llevó a gran parte de la población a confinarse (aunque no era obligatorio) y redujo la actividad económica, se preveía un aumento de la violencia machista en los hogares. También era previsible el mayor impacto en las mujeres debido al desequilibrio en las responsabilidades de cuidado, muy significativo desde antes del confinamiento. No obstante, el Gobierno tendió a minimizar los riesgos de la pandemia, negó el alza de las violencias machistas y, a diferencia de otros países, no creó programas de apoyo económico para la población.
- 10 Gobierno de México, 2022, Exceso de mortalidad en México (2020-2022) [en línea]. Disponible en: ht (...)
26La política gubernamental ante el COVID-19 ha sido criticada por expertos en salud y en economía y por organizaciones feministas. Según datos oficiales, para diciembre de 2022, las muertes acumuladas por COVID-19 llegaron a 331 365 y el exceso de defunciones acumulado alcanzó 650 602.10 Mediciones alternativas calculan más del doble. Más allá de las deficiencias de la respuesta oficial (confusión acerca del uso de cubrebocas, control gubernamental de las vacunas, limitaciones del sistema de salud), es importante destacar que el propio presidente minimizó los riesgos del virus. En la Cumbre del G20 y en ocasiones anteriores aseguró que la familia era “la principal institución de seguridad social” [Guerrero, 26 de marzo de 2020]; adjudicó, explícita o implícitamente, a las mujeres el trabajo de cuidados, afirmó que por tradición las mexicanas cuidan y llegó a exaltar su “abnegación”.
- 11 INEGI. 2022. “La COVID y su impacto en las mujeres en México”, 8 marzo 2022,disponible en: https:/ (...)
27En todo el mundo, el confinamiento implicó una sobrecarga de trabajo para las mujeres. Si ya en 2018 las mexicanas destinaban más horas que los hombres al trabajo no remunerado en el hogar, durante 2020 y 2021 se multiplicaron sus tareas, tuvieran o no un trabajo asalariado o en la economía informal. Según el INEGI, a fines de 2021, la población de mujeres desocupadas había aumentado en 2.7 millones, de las cuales 2.4 millones antes estaban ocupadas, y el valor del trabajo femenino no remunerado aumentó de 16.8 % del PIB en 2019 a 20.2 % en 2020. Las horas de trabajo del hogar y de cuidado aumentaron sobre todo en hogares con niños y niñas, entre otras razones porque en 86 % de los casos las mujeres les apoyaron con sus trabajos escolares.11
28No sólo el COVID-19 repercutió directamente en la salud de la población, también la afectó la reducción de servicios y de la atención para otras enfermedades. Las mujeres enfrentaron además problemas específicos como el cese o disminución de atención durante el embarazo, la dificultad para acceder a hospitales por otras causas (o el temor de asistir a ellos) y la falta de acceso a métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo. Las consecuencias de este deterioro son múltiples; destacan el aumento de la mortalidad materna en 37.8 % entre 2019 y 2020 y el aumento de morbilidad materna [Cárdenas, 2021]. El confinamiento, la incertidumbre y los problemas económicos también afectaron la salud mental, con aumentos en depresión y tendencias suicidas (fenómenos que aún no se han estudiado lo suficiente); asociados también con la violencia contra las mujeres, agudizada por el encierro, pero ya grave antes y que sigue creciendo.
29Aunque la sociedad ha exigido desde hace décadas un cambio en la política de seguridad y políticas públicas integrales contra la violencia hacia las mujeres, México está atravesado por múltiples formas de violencia extrema, criminal, organizada o no, institucional y otras. La expansión de la violencia desde 2007 hasta la fecha afecta a toda la población, pero adopta formas particulares contra mujeres y niñas. El feminicidio, como ya mencionamos, ha sido un problema social creciente desde los años 90; la desaparición afecta sobre todo a los hombres, pero la de mujeres también ha aumentado, posiblemente relacionada con la trata de personas.
30Pese a haber prometido un cambio en la estrategia de seguridad para enfrentar la violencia, el Gobierno de López Obrador ha seguido la línea de los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Peor: ha profundizado la militarización de la seguridad pública e incluso de tareas del ámbito civil. Para las mujeres, el despliegue de grupos de hombres armados, criminales o integrantes de las Fuerzas Armadas, representa un mayor riesgo para su seguridad, como ya denunciaron colectivos de Ciudad Juárez en el periodo 2008-2012 y como demuestran denuncias contra integrantes de la Marina y del Ejército por tortura sexual cometida entre 2006 y 2018 [Díaz, 2022].
31Esta estrategia, así como el incremento de la presencia del crimen organizado en un amplio territorio del país, se contraponen a las medidas de prevención de violencia —de por sí insuficientes— con presupuestos mínimos y carentes de visión integral. Al mismo tiempo, el discurso presidencial —que exalta a la familia, descalifica a las feministas y minimiza las violencias machistas— mina las iniciativas por la igualdad, favorece la tolerancia social hacia la violencia machista y las agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos [Chavarría, 2022].
- 12 INEGI, 2021, ENDIREH 2021. Presentación ejecutiva nacional [en línea]. Disponible en: https://www. (...)
32La violencia contra las mujeres, como ya explicamos, no es reciente y afecta a gran parte de esta población. En 2021, según la encuesta ENDIREH que mide su incidencia en mujeres de quince años y más, 70.1 % de estas había vivido algún tipo de violencia en su vida y 42.8 % en el último año. Este problema se da tanto en el espacio público como en el privado: la más común es la violencia psicológica (29.1 % en el último año), seguida de la sexual (23.3 %), patrimonial y económica (16.2 %) y física (10.9 %). Las tasas más altas no corresponden a zonas donde impera el crimen organizado sino al Estado de México (78.2 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %). Los espacios donde se dan también son significativos: en el último año, en el ámbito comunitario (espacio público) la había sufrido el 22.4 % de la población encuestada, en la pareja el 20.7 %, en el trabajo el 20.7 %, en la escuela el 20.2 % y en la familia 11.4 %.12 Estas violencias no se dan por separado y pueden acumularse a lo largo de la vida o de un solo día.
- 13 INEGI, 2022, Defunciones por homicidio [en línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistema (...)
- 14 El Financiero. 20 de enero de 2022, “Feminicidios en México: 2021 es el año más violento para las (...)
- 15 Pérez Maritza, 26 de enero de 2023, “Registran cifras históricas en delitos contra las mujeresˮ [e (...)
33Hay que destacar por último al menos cuatro problemas preocupantes: los feminicidios, el acoso, la violencia sexual y las desapariciones. Cuando se mencionan las cifras de feminicidios, es preciso recordar que este delito, tipificado en 2012, depende de la interpretación de las leyes por las fiscalías y que, como ha sido uno de los indicadores más sonados para solicitar las alertas de violencia de género, se tiende a esconder. Por ello deben considerarse a la vez las cifras de mujeres asesinadas, que incluyen feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. Según el INEGI, en 2018 fueron asesinadas 3 752; en 2019, 3 893; en 2020, 3 957; en 2021, 4 003.13 Según la Secretaría de Seguridad Pública, el feminicidio alcanzó un pico en 2021 con 1 004 casos, pues en 2018 se contaron 917; en 2019, 973; y en 2020, 978.14 Para 2022 se contaron 3 754 mujeres asesinadas, con 2 807 homicidios dolosos y 968 feminicidios.15 Estos datos sólo presentan parte del problema pues indican un aumento casi continuo, pero no dicen cómo se ha exacerbado la saña contra los cuerpos femeninos, como ilustró el caso de Ingrid Escamilla, asesinada con crueldad indecible en febrero de 2020.
- 16 Red Nacional de Refugios, AC, 2020. Las dos pandemias: violencia contra las mujeres en México en e (...)
34La muerte violenta es sólo uno de los riesgos que enfrentan las mexicanas: los delitos sexuales aumentaron de manera significativa entre 2018 y 2019, y luego durante la pandemia. Sin duda se incrementaron las denuncias, pero esto corresponde también al crecimiento de las agresiones, que incluso afectan a niñas, como han expuesto la Red Nacional de Refugios y la Red por los Derechos de la Infancia.16 Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2022 los delitos contra mujeres aumentaron 13.2 % respecto de 2021, entre ellos la trata, las lesiones culposas y la corrupción de menores. En consonancia, aumentaron las denuncias por incesto (120 %), acoso sexual (55 %), abuso sexual, violación y violencia familiar [Vela, 2022].
35La desaparición constituye una forma de violencia extrema que golpea a las familias y a la comunidad de las víctimas. En un país con más de 110 000 personas desaparecidas, el Gobierno no ha respondido con la contundencia necesaria, pese a las demandas de familiares y organizaciones. Las mujeres desaparecidas representan casi el 25 % del total. Con base en una investigación de la periodista Itxaró Arteta, a partir de datos oficiales, sabemos que en 2020 las desapariciones de mujeres rebasaron la cima anterior de 2017, con 1 284 adultas desaparecidas, y un total de más de 14 000 en diez años, de las cuales 6 000 son menores de edad [Arteta, 2021]. Por desgracia esta tendencia se ha agravado, pues en 2021 se denunciaron 2 729 casos más, de las cuales la mayoría son mujeres de 15 a 19 años [Chavarría, 27 de octubre de 2022]. Esta característica lleva a pensar que en estas desapariciones están involucradas redes de trata, delito que no se ha combatido con eficacia.
- 17 INEGI, 2021, ENVIPE 2021. Presentación ejecutiva nacional [en línea]. Disponible en: https://www.i (...)
36Este conjunto de violencias representa la cara más visible de una misoginia arraigada, favorecida por una cifra negra para todos los delitos de 93 % en 2020, que alcanza el 98.6 % para el acoso,17 y una gran tolerancia a las agresiones machistas en los medios y en la sociedad. Junto con las desigualdades ya mencionadas, dificultan a las mujeres el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de su proyecto de vida. Ser mujer en México implica por tanto un alto riesgo.
37Regresemos brevemente a algunas consideraciones sobre la acción y la fuerza que han tenido las movilizaciones feministas en América Latina en la última década y que son históricas para el feminismo internacional. Es aún más difícil entender la pasividad y sordera del Gobierno mexicano cuando toda la región está en llamas, y las mujeres demandan su seguridad, su derecho a la integridad y a una vida digna. A cada marcha, las filas se ensanchan, en cualquier gran ciudad del continente. Desde hace unos ocho años, se constata que cada día más mujeres salen a las calles, se identifiquen o no como “feministas”, porque sí les importa unirse todas, hacer frente y reclamar a los Gobiernos que su responsabilidad es rendir justicia y proteger la vida de todas las ciudadanas.
- 18 Suprema Corte de Justicia de la Nación,7 de septiembre de 2021, “Suprema Corte declara inconstituc (...)
38Los retrocesos observados en este análisis son, definitivamente, incomprensibles cuando se demostró que sí se podía avanzar en el terreno de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Obtener la legalización del aborto es tan esencial como luchar contra las múltiples violencias hacia las mujeres. Desde 2012, Uruguay dio el paso. Siguió Argentina que pudo celebrar, a finales de diciembre de 2020, la adopción de la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho hasta las catorce semanas de gestación. Simbolizada por los pañuelos verdes, atados en el cuello, la muñeca o la mochila, la “marea verde”, acuñada en ese contexto argentino, empezó a subir en otros países. En México, desde el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.18 Desde ese momento, nueve estados (Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo) han legalizado el aborto, sumándose a la Ciudad de México y Oaxaca que ya lo habían legalizado desde 2007 y 2019. Este avance deja pensar que el efecto dominó continuará hasta que todos los estados lo hayan aprobado. Es una ilusión pendiente, porque el camino a recorrer todavía puede ser muy largo.
39A cuatro años de la elección triunfal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México, el movimiento feminista había perdido ya muchas esperanzas. Dada la gravedad de los problemas que afectan a las mujeres y las niñas, la actitud del presidente y de funcionarios, como la jefa del gobierno capitalino, hacia las protestas feministas en nada contribuyen a mejorar la situación.
40A falta de una política integral contra las violencias y las violencias machistas, que siguen en aumento, el malestar social, particularmente entre las jóvenes, se ha intensificado. Sin embargo, este mismo malestar y hartazgo, junto con la necesidad de buscar soluciones desde la sociedad, han inspirado la organización de colectivas de jóvenes, redes de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como la constitución de grupos de especialistas y mujeres organizadas que difunden información, y critican con datos y argumentos las medidas gubernamentales erradas. En este sentido, es de esperar que al menos en el mediano plazo estas organizaciones y otras que trabajan en temas de seguridad, impunidad y derechos humanos logren crear las sinergias necesarias para impulsar un cambio de rumbo que permita crear condiciones más favorables para que las mexicanas vivan en igualdad y libres de violencia.
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