Al autor agradece a Karen Franco y Candy Hurtado el apoyo en la compilación de datos. También a los evaluadores y editores del artículo.

1El propósito del presente trabajo es analizar y evaluar el desenvolvimiento de los problemas de violencia criminal, así como las estrategias para resolverlos durante el período de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 2018-2024. Esto significa analizar muchas formas de violencia y violaciones a derechos humanos que han ocurrido en su administración. Para realizarlo, necesitamos ubicar la administración presidencial en un contexto de cambios y continuidades, y compararlo con las dos administraciones presidenciales precedentes; así mostraremos los cambios, los problemas resueltos, los rezagos y los nuevos retos. Desde hace casi dos décadas hay un incremento sostenido de la violencia criminal, social y política en México, que se manifiesta en más de trescientos mil homicidios, cientos de miles de desplazados, cerca de cien mil desaparecidos, y varios millones de víctimas de otras agresiones violentas, todo ello en medio de una gran impunidad. Desde fines de los años noventa México transitó a un régimen electoral competitivo y democrático y era de esperarse que se encaminara hacia una reforma judicial que enfrentara el problema delictivo con justeza y forjara un régimen democrático de derecho. No ha sido así.

2Este trabajo cubre cuatro objetivos:

31º. Presentar un esbozo de la evolución de la violencia criminal, social, organizada y política, que ha llevado a una crisis de derechos humanos, de seguridad y de gobernanza de varias porciones del país. Interpretar las tendencias actuales a partir de una triple tipología: dinámicas, eventos y procesos. Según esta tipología, las dinámicas refieren al movimiento de los delitos en el período considerado; los eventos y procesos están construidos como tipos de actos representativos de hechos violentos durante la gestión AMLO, que muestran el inmenso mundo criminal que afecta al país; algunos eventos están encadenados desde Gobiernos anteriores: son pues flujos inextinguibles. Entre ellos están los desaparecidos, los desplazados y las explosiones de violencia en varias localidades.

42º. Aportar al análisis y comprensión de la política de seguridad del Estado Mexicano, marcada por cambios de orientación política, programática e ideológica, que está produciendo una transformación completa del régimen, sin construir un Estado de derecho. Nos centraremos en la construcción de capacidades institucionales, que incluyen aspectos del diseño de los programas, del diagnóstico correcto de los problemas, sus componentes, su correcta ejecución y su evaluación.

53º. Analizar y proponer un conjunto de argumentos que expliquen el proceso de la amplia, diversa y profunda militarización y la hibridación del régimen policial. La militarización creciente dentro del régimen de gobierno tiene consecuencias estructurales, ya que altera su configuración. Tomaremos en cuenta los estudios previos sobre estos temas, sobre las capacidades de las policías y los militares. La pregunta es si la creciente intervención militar está produciendo capacidades para prevenir y combatir el delito, establecer la paz y un Estado de leyes, o por el contrario, está contribuyendo a una desinstitucionalización, creando zonas de exclusión y espacio de poder y gobernanza fuera del Estado. Esto afectaría la soberanía, la legitimidad de los actos de gobierno y la configuración de una gobernanza híbrida, fragmentada.

64º. Efectuar un balance de la política presidencial hacia las organizaciones criminales. El hecho más notorio es la retórica que supuestamente busca la paz, pero que ha desembocado en eludir las responsabilidades relacionadas con el combate al crimen y en culpar a Gobiernos precedentes o hasta a las propias víctimas de los problemas.

Método

7El método consiste en comparar tres administraciones presidenciales, así como distintos momentos del actual gobierno, en un conjunto de parámetros sobre la dinámica criminal, la política empleada para su combate, y por ende, el desempeño de las autoridades y de los militares. En particular, para analizar el incremento y el grado de militarización alcanzado, adaptamos el índice de seguridad creado por Alvarado & Padilla [2021, p. 27-28] que examina el gasto en seguridad, el estado de las fuerzas policiales y militares, el control militar sobre todas ellas, la percepción de seguridad y la evaluación ciudadana del desempeño del gobierno y de aceptación del modelo. Los datos provienen de estadísticas públicas de percepción y de registros de delitos, documentos del Gobierno, diagnósticos de expertos y organismos internacionales, y de una agrupación de tipos de eventos criminales provenientes de fuentes abiertas.

8Los resultados de este análisis muestran las inercias y problemas encontrados para implementar reformas que han contribuido a un deterioro institucional en la seguridad, los derechos humanos y la democracia en cinco años de gobierno.

Contexto y consideraciones previas

10En segundo lugar, a pesar de todas las iniciativas y esfuerzos de los actores públicos y de la sociedad civil, México no contaba ni cuenta hoy con un sistema de procuración de justicia que funcione, como tampoco con un Poder Judicial autónomo, eficaz y responsable, al que AMLO ha estado atacando y vulnerando pertinazmente. No hay una Fiscalía capaz de perseguir los delitos, presentar casos sólidos y reducir la impunidad. No existe un Estado de derecho. En tercer lugar, parcialmente resultado de todo esto, México no tiene un cuerpo de seguridad completo, coherente. Cuenta con numerosas fuerzas coercitivas federales, estatales y una miríada de pequeñas fuerzas policiales municipales (cf. cuadro 2). Estas instituciones no conforman un régimen policial legal y legítimo. Además, hoy el Estado ya no se compone sólo de sus fuerzas públicas, sino de una combinación con fuerzas privadas e internacionales. La evolución de las organizaciones públicas oscila entre la militarización y la centralización de funciones. Las prácticas policiales y militares intersectan y reproducen el régimen de violencia así como la desigualdad, las violaciones a derechos humanos, y limitan la consolidación de una ciudadanía. La soberanía del Estado es limitada y el monopolio de la coerción estatal es fragmentado. Hay expertos que argumentan que existe un régimen de gobierno paralelo, que fusiona las élites políticas con élites criminales, formando una gobernanza criminal [Trejo & Ley, 2020].

11A partir de un examen de las políticas, del gasto y de ciertas acciones policiales, podremos discernir si la propuesta gubernamental es sostenible o no, tanto en términos de concepción, de una clara definición y entendimiento de los problemas, como del diseño adecuado de las políticas para enfrentarlas y de los recursos asignados. A partir de este análisis resolveremos una cuestión central de la formulación de la política de seguridad, porque no es claro si la preferencia actual del Gobierno es resolver el problema o aplazarlo hacia el futuro. Como mencionamos, la debilidad institucional y la inexistencia de un régimen de derecho continúan siendo las carencias fundamentales del régimen mexicano pero, a su vez, estas causas se vuelven consecuencias. Finalmente, al contexto regional de intenso tráfico de drogas se adhirió la nueva ola migratoria que afecta Norteamérica. Así, el reto mayor del Estado mexicano desde la transición ha sido y sigue siendo crear instituciones de justicia adecuadas al respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la democracia.

López Obrador: De las promesas de paz a una guerra continuada y soterrada

12López Obrador ganó las elecciones de 2018 con una campaña que proponía la construcción de paz y prometiendo la desmilitarización del país. Como ha ocurrido con otros gobernantes al iniciar las campañas electorales, AMLO ofreció una solución definitiva al problema, cambiando la estrategia de confrontación contra el crimen organizado, resolviendo las causas sociales de la violencia y con el regreso de los militares a los cuarteles. Pocos meses después de su victoria anunció un programa con una muy diferente alternativa, por la instalación de los militares como el eje de su iniciativa, que fue extiéndose a otros ámbitos del Gobierno federal. A lo largo de estos años ha incrementado las funciones, las responsabilidades y beneficios para las Fuerzas Armadas, hacia tareas públicas de carácter interno en temas de construcción de infraestructura, política urbana, de salud, social y fiscal. Ha reiterado su interés por consolidar legal y organizacionalmente esta nueva presencia de los militares dentro del Estado, con muchas iniciativas de reforma legal y constitucional. Pero la mayoría de esas tareas continúan fuera de los parámetros normativos de la Constitución y las leyes. Nada de esto no es nuevo. A lo largo de veinticinco años, las Administraciones presidenciales han creado y destejido numerosas organizaciones estatales, consejos de seguridad y policías. Pocas de ellas permanecen, lo que contribuye a la desarticulación de dichas políticas. Solo las Fuerzas Armadas han sobrevivido a estos ciclos. Por su parte, AMLO, creó sobre todo una Guardia Nacional (GN) para sustituir las policías federales creadas en el pasado, supuestamente para combatir el crimen y reducir la violencia, proteger a la población indefensa e imponer un mínimo respeto a las leyes. La GN es una enorme organización vinculada estrechamente con las Fuerzas Armadas, con mando militar, vestida como militar y con un bastidor militar, que es utilizada de manera reactiva, pero que no ha demostrado ser eficaz en la lucha contra la violencia y las organizaciones criminales. Además, concentró los fondos públicos para seguridad, prevención, reducción de los delitos e impartición de justicia, reduciendo drásticamente los subsidios a las entidades federativas y los municipios, con lo que desdibujó los esfuerzos de varios años para crear capacidades locales en seguridad, prevención, combate al delito y administración de la justicia. Modificó el equilibrio conformado por la federación, los estados y las instituciones coercitivas del Estado.

13Junto con estos cambios, a lo largo de la gestión de AMLO han ocurrido en México innumerables eventos violentos, que integran una imagen sumamente compleja y multidimensional del fenómeno. Muchos han sido atendidos, otros no son considerados como parte de sus políticas ni de su responsabilidad, y otros están fuera de una solución a su alcance. En consecuencia, la estrategia del Ejecutivo Federal ha sido desplazarlos, negarlos, culpar a autoridades precedentes o a las propias víctimas, o convertirlos en otro tema. El campo donde el Gobierno pretende tener incidencia es estrecho, y otro en donde abre un espacio de discrepancias y debates con las víctimas, con organizaciones sociales, nacionales e internacionales, es muy amplio.

La literatura sobre el tema. Políticas públicas, organizaciones del Estado, militarización y reformas policiales

14Para entender y formular explicaciones, tenemos que partir de un marco que comprenda las acciones del Gobierno, así como el comportamiento de otros actores de la sociedad civil y también el de los actores criminales. En el actual trabajo tomamos en cuenta tres orientaciones teóricas: la teoría de las organizaciones que analiza la capacidad institucional [Ostrom, 2000, p. 10; Ostrom 2005, pp. 29 & 184; Polidano, 2000, p. 805]; las teorías asociadas sobre las organizaciones policiales y los procesos de militarización y militarismo [Alvarado & Padilla, 2021; Stucky, 2005, p. 141]; y las de las políticas públicas y sus reformas [Cohen, March & Olsen, 1972, p. 1-2].

15De acuerdo con Alvarado & Padilla [2021] y Polidano [2000, p. 805], capacidad es el conjunto de componentes del Estado para ejercer el poder, junto con aquellos recursos destinados para hacer políticas públicas, crear políticas, implementarlas con recursos y operarlas eficientemente. Esta definición incluye normas, administración (gasto, planeación) y política. Según Ostrom [2000, 10 y ss.], las capacidades son condiciones facilitadoras. Para evaluarse deben incluir condiciones e indicadores de desempeño (como la certificación, las detenciones legales y legítimas). En la misma línea, el presidencialismo ralentiza el procesamiento de las políticas, cuando no las paraliza o las obstruye, con momentos excepcionales de avances, debido a que confronta las preferencias, intereses y prioridades diferentes de los actores. Además, el predominio del Poder Ejecutivo sobre otros órganos republicanos se reproduce en las entidades federativas y López Obrador ha retomado la tendencia centralista.

16Los actores en este régimen político presidencial son los políticos, los burócratas de la seguridad, los militares, las policías estatales y sus jefes, los gobernadores y el Gobierno norteamericano. Agruparé a los militares en lo que llamaré las fuerzas coercitivas del Estado mexicano (esto es, las Fuerzas Armadas, integradas por la Sedena, Marina, Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Guardia Nacional (GN) así como las policías de todos los ámbitos de gobierno). Pero una configuración más amplia de los actores que participan en la arena o campo de la seguridad debe considerar también al personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de las secretarías de Seguridad, de Gobernación y de la Fiscalía general; como también a los congresos locales (parcialmente); a los ayuntamientos; y a algunos grupos de poder local (incluyendo grupos de ciudadanos). Por supuesto, los grupos criminales son actores con poder de influencia y de veto. Su conducta es parte del problema de acción colectiva [Olson, 1965 y Ostrom, 2000] y puede entenderse también como un modelo agente-principal. También, partiendo de lo anterior, consideramos que la creación de capacidades es un proceso discontinuo, sin un término definido. Lo que nos lleva a plantear que los desafíos y riesgos de cualquier iniciativa de reforma son influidos por coyunturas (como la de covid-19). Por ejemplo, las elecciones modifican las preferencias de los actores, por lo que muchas veces los gobernantes terminan con una estrategia similar a la del modelo de “bote de basura”, en donde las metas no son claras, y pueden confundirse con los medios; las preferencias de los tomadores de decisiones son confusas [Cohen, March & Olsen, 1972] y prefieren una ruta para “salir del paso” [Lindblom, 1959, p. 81].

17Con base en estos modelos teóricos, nos preguntarnos qué ocurre con las capacidades durante los procesos de militarización ¿La militarización mejora o bloquea la creación de capacidades y de un Estado democrático de derecho? Para nuestro caso habría que preguntarse por qué López Obrador tomó la decisión de comprometerse con este modelo que suscitó muchos enredos en la izquierda. Siguiendo las teorías mencionadas, podría pensarse que este actor tuvo que seguir una trayectoria de dependencia con las tendencias de hace más de quince años, concurrentes durante la transición a la democracia. Podemos examinar estos cambios, las semejanzas o diferencias con el proceso de militarización previo examinando: 1) el cambio en las relaciones cívico militares, que como lo veremos ha producido serias controversias; 2) los cambios organizacionales en las policías y en el Ejército (hibridismo), que analizaremos con detalle; 3) las modificaciones ideológicas; y 4) la literatura que propone que hay que medir los grados de militarización. Esta hace referencia el grado de la intervención o influencia de los militares en alguna institución o contexto particular.

19Para varios autores el militarismo y la militarización son la implementación de un conjunto de creencias y valores procedentes de una ideología militarista [Tickner, 2022; Kraska, 1999], que hoy día se arraiga en la sociedad (en sus clases, en los grupos racializados que perciben nuevas amenazas), no sólo en lo público. También son un proceso de organización, planeación, entrenamiento y equipamiento para tratar de resolver el crimen y en ocasiones para implementarlo en otros conflictos (como las guerras), o ante las nuevas amenazas [Zepeda Solís, 2018] como el narcotráfico, el terrorismo, las organizaciones criminales o la migración. Para Tickner [2022] también es usado en procesos de colapsos y situaciones de excepción.

21Otros aspectos utilizados para evaluar el militarismo están asociados con el grado de involucramiento de los militares en la política, a la distribución del poder dentro del nuevo régimen y a los controles creados por cada órgano de poder [Cerqueira, 1998]. Esto incluye militares en puestos directivos en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. (como son el patrullaje, detenciones, operativos, atención de retenes [Hall y Coyne, 2013]. Aquí tenemos puestos públicos y electorales ocupados por militares (diputados, gobernadores, secretarios). La militarización es mayor cuanto más militares dominen la organización de la violencia estatal y la política. Otras dimensiones son el incremento de la participación de las Fuerzas Armadas en el presupuesto público, en el diseño de políticas (por ejemplo, de “inteligencia” y la forma como son definidas bajo criterios y doctrinas militares), en la ejecución y en el control de las policías y sus gastos. Otra idea de las nuevas funciones de los militares es la misma lucha contra organizaciones criminales, el control de flujos migratorios y las tareas sociales de acercamiento con las poblaciones, como por ejemplo construir obras públicas y administrarlas para su beneficio [Flores-Macías & Zarkin, 2021]. Luego está la cuestión de obediencia de las Fuerzas Armadas a la Constitución, a la democracia y a los derechos humanos.

22Así, tenemos tres procesos simultáneos: 1) una transformación de las formas de operación de las policías hacia lógicas militares, 2) la policiación de los militares, y 3) una modificación mayor dentro del régimen político en la distribución del poder estatal. Es, pues, una transformación del Estado. Este Gobierno involucra cada vez más a soldados que provienen de organizaciones preparadas para la guerra con organizaciones destinadas para el orden civil y administrativo.

Hipótesis de trabajo

23Tenemos varias hipótesis sobre los cuatro objetivos del trabajo y su articulación con el debate teórico. La primera sobre el planteamiento político del presidente sobre la militarización, que es una transformación del Estado. Con base en este razonamiento, proponemos una dimensión política y estratégica en el uso de los militares y, a su vez, una nueva fase de involucramiento de los militares en la élite en el poder. El acuerdo es mutuo. Tanto López Obrador aprovecha los militares, como éstos hacen manifiesta su preferencia por estas políticas y por obtener beneficios económicos y políticos. Pero el beneficio político no se traduce en creación de capacidades, como lo hemos anotado. Sería de esperarse en este contexto de cambios, que todos los actores, especialmente militares, policías y la élite política, estén interesados en construir capacidades, que inviertan recursos, se asocien con otros y procuren mejorar su desempeño. Los indicadores serían un mayor gasto y su ejercicio más eficiente; además de una preferencia por responder a la demanda ciudadana y por resolver el problema criminal. Si no ocurre así habrá que explicar cuáles son las causas probables del desastre.

24Así que la hipótesis de trabajo es que la militarización no siempre contribuye a producir capacidades legales y legítimas, sino que reproduce los espacios de control y disputa políticas entre actores civiles y militares, como también recrea espacios de discreción, impunidad e ilegalidad. Tiende al deterioro institucional y mina el régimen democrático. La mayor intervención militar sin controles democráticos desequilibra las relaciones cívico-militares; distorsiona el trabajo policial, al convertirlo en una estrategia diferente a la relación de proximidad, comunicación e intervención ciudadanas. Limita y bloquea los esquemas de la administración pública sustentados en la rendición de cuentas y la transparencia; e induce ideologías divergentes del civilismo y el respeto a los derechos humanos. La pregunta derivada con esto es si la GN sería una nueva forma de policiamiento o de plano un intento de imponer un nuevo orden militar en la seguridad y en la sociedad.

25El resto de las conjeturas están asociadas con la creación de capacidades, con las reformas a las organizaciones policiales y militares, con la restructuración del régimen político y con la dinámica de la violencia.

26A partir de un examen de las políticas, del gasto y de otras acciones policiales, podemos argumentar que la propuesta de seguridad de AMLO es insostenible, tanto porque carece de una clara definición y comprensión profunda de los problemas, como del diseño adecuado de las políticas para enfrentarlas y de los recursos asignados. Además, no es claro si la preferencia actual del Gobierno es resolver el problema, acomodarse a un estado de cosas muy violento donde no hay solución de corto plazo, o aplazarlo hacia el futuro.

27Desde el punto de vista organizacional y del diseño de políticas públicas, es de esperarse que las reformas tengan distorsiones en su implementación, de manera que las metas cambien, y que en muchos casos se confundan con los medios; que las preferencias originales se modifiquen y se vuelvan confusas, distorsionando los objetivos y los medios para lograrlas. Este sería el caso de la estrategia “abrazos y no balazos”. Así por ejemplo, las policías y los militares no sólo sirven para combatir delitos, sino para otros propósitos; incluso contribuyen a reproducir la violencia y a proteger delincuentes. La política de gasto en seguridad también puede trastornarse y dirigirse a otros objetivos, como parece estar ocurriendo con el gasto federal. Y con respecto al comportamiento de la clase política, hay que explicar por qué los gobernadores, en primera instancia, y los alcaldes, después, han respondido de manera tan débil y sorprendente frente a las amenazas y agresiones de grupos armados en sus territorios, permitiendo su expansión, debilitando aún más a sus policías y dejando en completa desprotección a sus habitantes.

28Pero la decisión de utilizar a los militares en seguridad pública tiene otros motivos políticos, en donde alinea sus preferencias e intereses con los de los militares. El propósito de López es garantizar los cambios de su programa político, consolidar su poder (Calderón también usó el Ejército para consolidarse), no sólo reducir la violencia; esperando que así sus reformas sean difícilmente reversibles. El presidente fortalece su poder asimétrico con el Congreso, con los gobernadores y los municipios. El Ejército y parcialmente la nueva coalición política, son los beneficiarios de esta nueva política, pero el endoso mayor es para la élite militar. Para los militares es una ganancia dentro de una lucha de larga duración. Ganan poder y legitimidad.

29En este sentido, la construcción de nuevas instituciones militarizadas se torna un fin en sí mismo y no un medio para combatir el crimen. La Guardia Nacional es resultado de esa alianza, en la que se les otorga una enorme función, y pone a su disposición una gran organización para intervenir en seguridad y otros espacios. Pero las decisiones tomadas por estos cuerpos muestran una actitud diferente en el combate al crimen. Más que actores activos contra los grupos armados, los militares (y la GN) se han convertido en una suerte de observadores pasivos de los enfrentamientos entre actores ilícitos y de muchas acciones de estos contra la sociedad y los ciudadanos. No son agentes de protección, no imponen un orden propio, sino uno mediado por el poder criminal. El resultado es un cambio de régimen. Esto es parte de una lucha por el control del Estado y de los desafíos de regímenes políticos que han intentado transitar a la democracia y que intentan recomponer el viejo esquema de control y límites a los militares [Diamint, 2015; Barany, 1997; Huntington, 1985; Loveman, 1999; Serra, 2002; Rodríguez & Solís, 2018]. También es parte del esfuerzo por someter a control legal las policías donde antes nada se había logrado.

30El Estado mexicano inició un proceso de cambios desde 1995, con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto fue consecuencia de una configuración de factores entre los cuales están el levantamiento neozapatista, la sucesión presidencial de 1994 en la que resurgió la violencia política, y el aumento en la violencia delictiva (que incluye la nueva “emergencia” del narcotráfico). Luego, ocurrieron varios ensayos de reorganización de instituciones, entre ellas, la creación y desmantelamiento de secretarías de seguridad y procuradurías (con Fox, con Calderón, con Peña, hasta llegar a la GN). López Obrador ha mantenido una estrategia que intenta destruir lo creado durante treinta años de Gobiernos previos (como las dictaduras hicieron antes). Pero sus esfuerzos no lo distinguen del todo de sus antecesores.

31Una última hipótesis es sobre la evolución del crimen, pero sólo podremos bosquejar esta dinámica en el presente texto. Estamos en medio de un proceso de organización industrial del crimen a gran escala mundial, una cartelización, que está produciendo una nueva interfaz entre los actores criminales con los lícitos y políticos; ello impone nuevos retos a los Estados. Durante la administración actual continuó consolidándose un nuevo campo de la violencia en la región, que tiene un componente criminal, otro componente económico y social, y otro estatal. Los criminales tienden a ocupar de manera creciente posiciones económicas, sociales y políticas, a controlar poblaciones, territorios y gobiernos; la sociedad resiste de maneras diversas (reactivas o pasivas) y el Estado incrementa la capacidad de sus fuerzas coercitivas, formalmente para combatir al crimen, más no siempre ocurre así. A pesar de todo, parece permanecer como un testigo inerte de la compenetración criminal. Procedemos ahora a describir el estado de la delincuencia.

Violencias delictivas, victimizaciones, percepción de la inseguridad

35La tasa de incidencia nacional de delitos (gráfica 4) es sumamente alta y se produce fundamentalmente por delitos del fuero común, que deben ser atendidos por autoridades estales y locales, no federales. Pero la evolución parece haber completado un ciclo de enorme incremento. El peor período ha sido el del gobierno de Peña. El descenso durante el gobierno de AMLO parece ser sostenido. No obstante, su tasa promedio puede alcanzar la de Peña, dado que, mientras que la suma total de delitos entre 2013 y 2018 fue de 160.7 millones, la administración acumula ya 145 millones.

36Las tasas en la gráfica 5 son sumamente altas, solo comparables a países como Brasil o Colombia, y que cuentan con un registro más o menos regular de estos delitos; son altas incluso para países que tienen un bajo reporte de delitos. La tasa de incidencia general también muestra un descenso respecto del año 2021, que fue de 30,786 delitos por cada cien mil habitantes. Los principales crímenes continúan siendo el fraude, en muchas modalidades, luego robo o asalto en vía pública, seguido de la extorsión, las amenazas y el robo a vehículo. Esto muestra la desprotección de los habitantes en las vías públicas y en el transporte. El fraude y la extorsión son dos delitos de alta incidencia y que, además, son los que menos tienden a reportarse.

38Por lo que se refiere a otros fenómenos de violencia que han ido emergiendo con la prolongada crisis de seguridad de casi dos décadas, hoy día contamos con información escasa y discontinua de muchos fenómenos, para poder construir una estimación de la profundidad del problema.

Otra narrativa de las dimensiones del fenómeno criminal

39Hay un enorme y diverso conjunto de violencias que han evolucionado desde varios años y Gobiernos previos, que en la Administración actual continuaron su crecimiento, consolidación o extensión territorial, pero de la cual no existen datos públicos sistemáticos y confiables. ¿Cómo integrar un balance de este múltiple campo generado por décadas en México y que atrapó a un Gobierno que pretendió resolverlo? Se trata de una serie de fenómenos, dinámicas, eventos y tipos de procesos criminales de gran magnitud.

40Junto con el análisis de las estadísticas de la evolución de los delitos, una manera de ofrecer una comprensión más amplia de las complejas aristas de la violencia criminal que vive el país está en el estudio de varios eventos representativos de la vida cotidiana de varias poblaciones. En este trabajo agrupamos algunos de ellos en ocho tipos o ejes temáticos. El primero estriba en la lucha contra el robo de combustibles. El segundo tipo es la captura de jefes de organizaciones criminales; el tercero, la violencia cotidiana de grupos armados contra las poblaciones; el cuarto consiste en la negociación de las autoridades locales con grupos criminales; el quinto, en los enfrentamientos en combates abiertos entre las huestes armadas de varios cárteles; el sexto es la negociación de pactos de paz de miembros de la sociedad civil y religiosa, ya sean integrantes de la Iglesia católica o de Las Madres Buscadoras, con criminales; el séptimo, pobladores defendiendose y enfrentando a las bandas o cárteles; y el octavo tipo lo constituyen los casos de violencia político-electoral y de violencia en razón de género.

42El segundo acto fue la puesta en escena de un intento por detener a un jefe de un grupo criminal. El 14 de octubre de 2019, un grupo combinado de fuerzas federales detuvo e intentó trasladar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, a un centro de reclusión federal. La respuesta orquestada por parte del Cártel de Sinaloa venció a las fuerzas del Estado, quienes desistieron de su propósito y se retiraron porque el grupo delincuencial demostró su poder de fuego, su dominio sobre la ciudad y el conocimiento de estrategias de combate. Es conocido como el Culiacanazo. Este caso demostró la subestimación del problema criminal, de su capacidad de confrontación, y la sobrevaloración de la capacidad del Estado.

50Para los habitantes de Matamoros, de Chilpalcingo, Apatzingán o Texcatitlán, estos eventos se agregan a los cientos de enfrentamientos ocurridos en sus ciudades, producidos por organizaciones criminales regionales y transnacionales que cometen múltiples delitos como la extorsión, el secuestro, la desaparición de personas, el desplazamiento forzoso, el tráfico de migrantes para todo tipo de prácticas crueles y degradantes (tráfico humano, sexual, de órganos), a los que habría que añadir la esclavitud de los habitantes y de los migrantes, usados como mulas para contrabandear drogas hacia Norteamérica. A ello se suman actividades económicas de lavado de dinero, tráfico de bienes públicos y de propiedades privadas y hasta involucramiento en las elecciones locales para imponer gobernantes. Revela una realidad de desprotección, un estado de incapacidades estatales y de guerra entre grupos criminales, que es parte de una gobernanza criminal en varios territorios del país. Pone en evidencia el limitado monopolio de la seguridad, de la coerción y la soberanía del Estado. El patrullaje de guardia federal, las policías locales o los militares no significa protección ni prevención de la violencia. Incluso, para muchas poblaciones, la presencia policial es un ingrediente más de incertidumbre, porque en muchas ocasiones no puede discernir quiénes patrullan sus calles, si son los comandos legales del Gobierno o son de otros grupos.

53Luego están los crímenes contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, contra la libertad de expresión tanto por parte de las autoridades como por delincuentes. Entre 2019 y 2023, hubo 43 periodistas asesinados, en contraste con 47 de la administración de Peña y 27 de Calderón (31%. https://articulo19.org/​periodistasasesinados/​). Entre 2019 y 2020 hubo 11 defensores de derechos humanos asesinados. También está la violencia de género, los feminicidios contra mujeres y niñas, migrantes, jóvenes y niños que son objeto de agresiones sexuales, del reclutamiento forzado; del tráfico humano y de órganos; son forzados a trabajar como vigilantes, sicarios, o esclavizados en el comercio sexual o en el secuestro. Los mismo ocurre con las personas migrantes, explotadas por criminales y policías.

56También están los temas del combate a la corrupción y la impunidad, avanzar en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en septiembre de 2014, o el caso de corrupción y tráfico de influencias transnacional engendrado por la empresa brasileña Odebrecht. Buscar mecanismos para el desmantelamiento de las bases sociales del crimen, así como para resolver e integrar a un marco legal e institucional las numerosas iniciativas locales de formación de autodefensas para protegerse de grupos depredadores: en Michoacán llegaron a sumar más de 5 500 elementos en varios municipios, principalmente en la Tierra Caliente. Muchas de ellas derivan en formas de vigilantismo o son capturadas por facciones criminales [Maldonado, 2021; Fuentes Díaz & Fini, 2018; Guerra, 2022].

58Todos estos procesos son de larga data, aunque han tenido giros importantes en estos años. Muestran la cristalización de tres pautas. En primer lugar la incursión territorial y paramilitar sin límites de grupos armados en todas las poblaciones. En segundo lugar, la incapacidad de todo tipo de autoridades para resolverlo y que, entonces, proceden a la evasión, desatención o confabulación con el crimen. En estos casos no faltan autoridades ni agencias. Los hechos ocurren a plena luz del día, en un lugar donde las autoridades están presentes. En tercer lugar, manifiestan la búsqueda de la población de rutas para resistir y protegerse del desamparo y la violencia.

59Estos y otros muchos eventos y actuaciones del equipo de trabajo en seguridad de López Obrador, sucedidos a lo largo de su gestión, son muestra de mala preparación, de incapacidades y errores con que inició su mandato y que todavía persisten. Son ejemplos de omisiones en el diagnóstico de los problemas y del desconocimiento de la realidad criminal del país, de una confianza irrazonable en la capacidad de las Fuerzas Armadas para resolver los problemas, y del abandono de la sociedad. Forman una cadena de desaciertos y de una continuada práctica de violencia policial y militar, en donde nada ha cambiado, en contrapunto con el lema de “abrazos y no balazos”. Una narrativa y un continuo montaje para forjar una verdad alternativa positiva.

60La posición general de la literatura no gubernamental es el fracaso de las políticas de seguridad, con muy nocivas consecuencias para las víctimas, el Estado de derecho y la sobrevivencia del mismo Estado, en peligro de ser capturado y convertido en un orden criminal. Esto ha creado un campo de debate entre dos narrativas: la de AMLO, por un lado; y la de los testigos, víctimas y estudiosos de las violencias, por el otro.

61Pero más allá de dichas posiciones, lo cierto es que la violencia está siguiendo un proceso acumulativo [Misse, 2019]. Con base en esta idea, proponemos continuar el análisis con una pregunta contrafactual: ¿qué hubiera ocurrido si este y otros Gobiernos mexicanos que precedieron a AMLO hubieran tomado un curso diferente en sus políticas? Este interrogante tiene particular interés para un Gobierno que se autotitula de izquierda, porque mostraría que sí hubo o no una ruptura con el pasado y un esfuerzo por una ruta efectiva ¿Qué hubiera pasado si López Obrador hubiera revertido la militarización de la seguridad, hubiera creado capacidades efectivas de procuración de justicia en todos los niveles de gobierno y hubiera implementado un estado de derecho? La pregunta puede extenderse a los gobiernos estatales y municipales.

62Atender los problemas de la violencia, los delitos y las acciones criminales no es responsabilidad exclusiva de la federación, como lo anotamos en el caso de Matamoros: los gobiernos estatales y municipales son parte de la lucha contra la inseguridad y también parte del problema dentro de un sistema federal, como lo establece el artículo 21 de la Constitución mexicana vigente. Por lo tanto, al estudiar la militarización debemos atender al papel y la contribución de otras autoridades locales, de la sociedad y de Gobiernos extranjeros.

Análisis de las políticas públicas y del comportamiento del sector público

63Comenzaremos con las actividades del Poder Federal. Luego las entidades federativas y los municipios. Posteriormente describiremos qué hace cada actor en sus funciones y jurisdicciones. Lo que nos interesa responder es ¿quién hace qué en seguridad? y ¿quién recibe qué? El período de estudio son cinco años de gobierno federal de López Obrador, en casi tres de los cuales ha transcurrido la pandemia de COVID-19 y una recesión económica compleja, condiciones estas que transformaron la vida social, pública y delictiva del país. La base de análisis son los programas nacionales y los acuerdos dentro del Sistema Nacional de Seguridad. Dentro de ellos se establecen metas y responsabilidades de ejecución, federales y locales. Los factores centrales son entonces el gasto, el personal (estado de fuerza, entrenamiento, evaluación), el equipo, la percepción que tienen los ciudadanos (y varias autoridades) tanto del problema del crimen como de la evaluación de los propios conciudadanos (medida en encuestas de percepción, corrupción, desempeño y confianza). Las autoridades tendrían que cumplir con una evaluación de su trabajo, pero todavía no contamos con ellas. Presentamos algunas comparaciones con las administraciones pasadas, para entender la dinámica de las acciones de los Gobiernos.

El programa de seguridad de López Obrador

Desarrollo de capacidades

66El cuadro 1 desglosa en cinco dimensiones los componentes del modelo de capacidades, así como sus variables e indicadores. Agrupamos las dimensiones relacionadas al ejercicio de los recursos públicos; luego, las relaciones intergubernamentales y su coordinación en el sector de la seguridad; los factores del desarrollo policial y militar y las variables que registran los criterios sobre calificación y certificación junto con las variables que dan cuenta de la calidad de las detenciones, y la percepción de las policías y los militares (confianza, desempeño y corrupción) y de la seguridad pública (sentimiento de inseguridad). No contamos con las mismas variables para el caso de las Fuerzas Armadas, como para todas las entidades, por lo que sustituiremos algunos índices y factores por promedios y porcentajes, con la idea de ilustrar el estado en que se encuentra cada actor. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los datos públicos no abarcan toda la administración (muchos datos son de 2022). En la siguiente sección proporcionaremos el panorama de los delitos, la percepción ciudadana de inseguridad y de la actuación de la autoridad. Una segunda parte de este análisis describe algunos de los eventos que han marcado con claridad el rumbo de cada organización policial, de la militarización y de las reformas a la política pública, tales como enfrentamientos con criminales, detenciones, conflictos, masacres, y otros más que muestran el cumplimiento de acciones sustentadas en la ley.

67Es importante anotar que la propuesta de capacidades hasta 2019 no incluía ningún elemento asociado con el trabajo militar. Por el contrario, estaba sustentado en un modelo de policía civil, responsable ante la ciudadanía.

Presupuesto y gasto

68Veamos cada uno de los componentes de las capacidades. Ahora comparamos cómo está el gasto del Estado mexicano, tanto del sector federal, de las entidades y municipios, como de lo que llamamos el gasto de la república.

69El gasto en seguridad se magnificó para todos los estándares nacionales e internacionales. Es el desembolso más grande, sólo después de educación y salud (no obstante, hoy día no tenemos claridad de cuánto gasto de seguridad pasa a infraestructura, ni tampoco, cuánto de éste es administrado por el sector militar). Para los estados, tiende a ser el segundo o tercer presupuesto más importante, y requería antes estar vinculado con fondos federales. En alguna forma puede considerarse excesivo. Los estudios sobre el tema coinciden en una evolución al alza de todos los gastos. Si bien el gasto federal ha crecido positivamente en términos reales, no ha ocurrido lo mismo en los estados y los municipios. Este cuadro muestra las tendencias de largo plazo. No obstante, no hay datos para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2023 de la mayoría de las entidades, por lo que utilizamos las proyecciones de 2016. Las asimetrías en la distribución de los recursos son claras. La federación tiene una razón de gasto de 4.91 puntos mayor respecto del presupuesto de los estados; de 3.91 respecto de los municipios. Además, a partir de 2019 desaparecieron varios de los programas de subsidio federal, como el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), con el cual se daba apoyo a policías locales para entrenamiento y equipo, lo que pudo haber traído consecuencias drásticas en la presencia policial local. En el mismo sentido se aprecia una tendencia descendiente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Una de las razones reside en que 77 % del gasto corriente promedio es para cubrir gastos personales (plazas y prestaciones), lo cual ancla el gasto en seguridad. Las excepciones han sido la Ciudad de México y el Estado de México, con un gasto desproporcionalmente mayor y con mayor inversión en infraestructura y tecnologías. En este tema, las Fuerzas Armadas tienen mejores recursos y prestaciones. Además de los recursos, los militares han adquirido varias funciones que acumulan otros fondos públicos. Ahora mostramos el gasto en el sector militar (Fuerzas Armadas) que incluye cinco de las siete instituciones que integran la seguridad federal.

70La Secretaría de la Defensa, SEDENA, es la que tiene más recursos y la que más ha ganado de las políticas nacionales, tanto a lo largo de la administración como por varias décadas precedentes. La Secretaría de Seguridad ha tenido el segundo lugar en la participación, aun cuando buena parte de su presupuesto incluye a la Guardia Nacional, que es la organización militar policial con mayor peso en la ejecución de las políticas presidenciales. En promedio durante los últimos seis años, el Gobierno dedicó 3 % del presupuesto, pero para 2024 esto asciende a 5.18 % para las siete instituciones (esta suma no está en la gráfica, es un cálculo elaborado por el autor). El gasto per cápita en 2024 equivaldría a 4 257 pesos, contra el de 2019, a 1 191 pesos. El crecimiento del gasto entre 2019 y 2024 es del 57 %.

72Pasemos ahora a la opinión ciudadana sobre el desempeño, la percepción de su trabajo, la confianza y la evaluación de las policías en el país durante los años de AMLO. ¿Qué opinan los ciudadanos del desempeño policial?

73La encuesta de percepción Envipe es el mejor instrumento disponible para registrar la opinión ciudadana. Es notorio que el Ejército mantiene una posición privilegiada y que la GN los siga, no obstante que su patrullaje ha sido muy acotado en el país, sustentado en operativos de la federación y en algunos casos en convenio con las entidades federativas (más adelante mencionamos cuatro convenios y los operativos en Ciudad de México). En cambio, las policías de contacto más común siguen mal evaluadas. Otra paradoja es que la percepción de inseguridad y las tasas de victimización siguen siendo excesivamente altas.

74La confianza está muy alineada con el desempeño y es un factor clave en la cooperación de los habitantes con las actividades policiales y militares, así como con el respeto a la ley.

75En contrapunto, la percepción de corrupción en las policías suma dos terceras parte de la población. En este tema tanto la GN como el Ejército no son intachables. Esto se debe a que durante las detenciones siempre aumenta la probabilidad de cometer abusos.

77A continuación, se muestra un análisis centrado específicamente en la Guardia Nacional; eje de la presente Administración en materia de seguridad.

¿Qué es y qué hace la Guardia Nacional?

¿En qué actividades ha trabajado la GN?

¿Qué hacen los otros militares?

Participación de los estados de la Unión en la provisión del servicio de seguridad pública

82Los estados son centrales en la prevención y persecución delitos dado que la mayoría son del fuero común. 82 % de las detenciones de presuntos delicuentes son efectuadas por policías estatales y municipales (las ministeriales arrestan 35 %, las estatales 15 % y las municipales 32 %) y en mucho menor medida por la federación (18 %) [gráfica 12; Alvarado & Padilla, 2021]. Las fuerzas policiales en algunas entidades son las maquinarias burocráticas más grandes, como son los ejemplos de la Ciudad de México (90 mil plazas), el Estado de México (con 20 mil plazas, 16 mil de policías). También son las nóminas más grandes del Gobierno (la otra más importante es la de educación, y ambas acumulan 33 % del presupuesto de los estados). En cambio, muchas entidades no cuentan con capacidad para reaccionar frente a los grupos criminales y en varias ocasiones han sido cooptadas, controladas o limitadas por organizaciones delictivas. La desaparición de los fondos de apoyo a municipios, Subsemun, luego convertido en Fortaseg (respectivamente, Subsidio para la Seguridad en los Municipios y Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública), ha contribuido a la pérdida de capacitación y de registro para certificarse. Por estos factores, la carrera policial se ha vuelto inconsistente y discontinua (como lo muestran los datos de la auditoría, más abajo).

La seguridad municipal

87Podríamos concluir esta sección indicando que la militarización está generando una mutación de los estados hacia un autoritarismo militar y policial despótico. Está creando un hibridismo tanto en instituciones que formalmente son civiles como otras meramente militares. En este sentido, podemos hablar de una militarización de las policías, como también de una suerte de policiación parcial de las fuerzas armadas, tanto en la GN, como en la estrategia de tener cada vez más control de mandos policiales. De acuerdo con el índice de Padilla [2023], el sexenio de Calderón alcanzó los puntajes más altos (315.5); en el de Peña hubo un ajuste pequeño (260) y durante el de AMLO la tendencia parece disminuir (205 hasta 2022). Las policías de Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León son las que han mostrado un avance más sostenido hacia el polo militarizado en sus operaciones [Padilla, 2023, p. 507-508].

88Se está replicando una suerte de efecto demostración en las entidades de la federación con la creación de las Guardias estatales, que pretenden militarizarse pero no tienen los recursos para hacerlo. De nueva cuenta es una conversión de los medios por los fines. Podría resultar en una extraña mezcla entre mando único, militarización y una certificación de una rara especie de trabajo policial.

89Al margen de este tipo de procesos, hay varias policías comunitarias en varias localidades del país (principalmente rurales y varias con alguna composición indígena, como en la montaña de Guerrero). Muchas de ellas no tienen financiamiento federal ni armamento (aunque hay poca información sobre esto) y han tenido conflictos con policías estatales, federales y militares. Son otra faceta de las localidades que enfrentan una doble adversidad, combatir al crimen y soportar la presión de los gobiernos.

Resultados

90Un par de preguntas sintetizan la serie de argumentos e hipótesis planteadas: ¿Están los habitantes de México mejor hoy que como estaban en 2018, cuando comenzó la gestión de AMLO? ¿Cuáles son los impactos positivos y cuáles los negativos? Los cambios gubernamentales en ideologías y programas en seguridad y las numerosas reformas a las organizaciones policiales no han producido las instituciones civiles ni militares con la capacidad para enfrentar los problemas de seguridad pública, proteger a la población y defender un Estado de derecho; tampoco pueden hoy día pretender al monopolio de la coerción y la soberanía estatal.

91En primer lugar, es claro que en la administración se propusieron muchas metas deseables, pero faltó preparación y diagnósticos correctos de la dimensión de los problemas. El Ejecutivo estimó que el Ejército contribuiría a resolver la inseguridad y violencia, sin hacer un claro diagnóstico de sus limitadas capacidades y del profundo efecto que traería la supresión de la policía federal, por muy corrupta que fuera y como estaba, capturada por mafias criminales dentro y fuera del aparato del Estado. La liquidación hizo la transición más vulnerable. No hubo un diagnóstico adecuado de las dimensiones de la violencia ni mucho menos de las organizaciones criminales, de su poder de fuego, sus apreciables ejércitos irregulares y su capacidad de persuasión sobre el aparato estatal y secciones de la sociedad. Tampoco hubo un diagnóstico y una propuesta clara de lo que debería ser una nueva policía federal. El gasto está sumamente concentrado en la federación y en el sector militar. Tenemos un enorme presupuesto sin que existan mecanismos para evaluar su impacto en la reducción de delitos, en el respeto a los derechos humanos, y en la mejora de la procuración de justicia. Entre los estados y los municipios no parece haber equilibro y los municipios tienen una condición de precariedad profunda.

92Sobre el gasto hubiéramos esperado que su incremento impulsara las capacidades. Pero con excepción de la federación no hay claridad sobre las directrices de los estados y los municipios. No hay medidas transparentes de rendición de cuentas.

93En segundo lugar, la creación de capacidades estatales sigue siendo una tarea pendiente, con necesidades acumuladas a lo largo de tres sexenios, pero acentuadas en la presente administración. Se desatendieron las policías estatales, creando un desanudamiento lógico y político de un sistema de seguridad nacional que no termina de enraizarse. La Administración sobrestimó la capacidad instalada del estado.

94Por lo que toca a las relaciones entre el Gobierno federal y los gobiernos locales, la dinámica ha sido de una concentración de recursos en el centro, así como la recreación de asimetrías de poder y negociación a favor de la Presidencia. Además del trato desigual entre entidades, municipios y gobiernos, la política federal tiene sesgos de selectividad partidistas.

95En cuanto al desarrollo de policías profesionales, los indicadores de las variables de confianza en la policía, percepción de corrupción y calidad de las detenciones, muestran las grandes diferencias entre cada tipo de organización. Como lo mostramos, las policías locales cuentan con las más bajas valoraciones, cuando son las que más contacto tienen con la población. Las autoridades militares en cambio tienen las más altas evaluaciones, no obstante que su presencia territorial y su contacto con la población es menor. Es probable que estos indicadores estén influidos por variables como la percepción y el contacto policial cotidiano con los habitantes. No obstante, resulta igualmente contradictorio el alto nivel de aprobación con la evidencia contrastante de graves violaciones a derechos humanos ocasionadas solamente por militares, y el poder de veto de sus instituciones (propias) de justicia. Otros trabajos han mostrado que el contacto cotidiano y la satisfacción con la gestión policial son elementos en la construcción de la confianza en la autoridad, en la cooperación contra el crimen y en el respeto a la ley. En años anteriores mejorar variables como la calidad de las detenciones y la certificación estaban produciendo efectos positivos en la capacidad.

96Sobre el cumplimiento de criterios de programas, podemos comentar que el programa de policía y justicia cívicas (incluido en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) no ha dado resultados. La principal medida del programa es la certificación única, que no refleja la calidad del trabajo. La coordinación interinstitucional ha tenido giros muy complejos. Para comenzar, hay tendencias a formar mandos únicos militares, a contratar militares como altos mandos policiales, a recrear programas verticales y reactivos (contra los de proximidad y comunitarios) y, finalmente, una política estatal de emular la organización policial estatal con base en la GN militarista. Esto es un indicador del fenómeno de distorsión de las preferencias y las metas, en donde los medios para reducir la violencia se tornan en fines en sí mismos.

97En tercer lugar, hay que plantear una paradoja. El gasto y el empleo en seguridad han crecido inmensamente, pero el estado de fuerzas coercitivas del Estado mexicano sigue siendo insuficiente para las necesidades urgentes y los estándares internacionales, y más aún frente a comunidades, pueblos y ciudades sin patrullaje efectivo. Por supuesto, hay diferencias importantes entre los estados, entre los gigantes como la Ciudad de México y el Estado de México y los que menos fuerza tienen, así como entre los más afectados por varios grupos criminales en guerra.

98En cuarto lugar, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, no obstante que haya una leve mejoría en los últimos meses y que los índices delictivos muestren un descenso que esperamos será consistente. Pero cada estado y cada nivel de gobierno presenta sus propios desafíos.

99En quinto lugar, la procuración de justicia en todo el país vive una crisis de capacidades, credibilidad y legitimidad. No es posible construir un Estado de leyes con la impunidad presente. Los ciudadanos no podemos esperar nada de la Justicia.

100El balance realizado en este trabajo muestra los problemas de evaluación de las políticas de seguridad, en donde las políticas tradicionales, como el aumento del gasto y el número de elementos policiales, no se están traduciendo en mejorías. Lo que mostramos es que estos procesos, cuando no son acompañados de otras reformas (como el respeto a los derechos humanos y la confianza y participación ciudadanas) y cuando son discontinuos, terminan en rotundos desaciertos.

101En el trabajo también mostramos la fragmentación, la falta de coordinación y los problemas de cooperación entre federación, estados y municipios. La militarización, tomada no sólo como eje articulador de los programas de seguridad, sino también como la ocupación por parte del mando militar de puestos y cargos directivos en todos los niveles, no resuelven ni la necesidad de capacitación, ni la de gerencia, ni el liderazgo ni la coordinación. De acuerdo con esta conclusión, son necesarios otros elementos para crear una fuerza pública capaz, eficiente y responsiva a las leyes y a las necesidades ciudadanas.

102Hemos documentado que las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas se han expandido más allá de la seguridad, las detenciones y operativos contra el crimen organizado, y llegan a patrullar calles en varias ciudades, no solo, pues, para atender las emergencias. Ahora tienen a su cargo la administración de puertos, aduanas, aeropuertos, proyectos especiales de la presidencia, así como temas de salud, educación y hasta de política social (incluye la entrega de regalos de parte del presidente a varias comunidades). Los convenios de colaboración con entidades y municipios sirven para acordar tareas y hasta transferir funciones.

106No hay signos de castigo a las transgresiones de las organizaciones policiales y militares a las reglas, a los procedimientos de arresto o a la calidad del trato a ciudadanos. Los ejemplos más dramáticos de la muerte de civiles en diversos encuentros con militares y policías no han sido atendidos con justicia.

107La militarización y la policiación de militares están teniendo efectos más profundos en las estructuras policiales: están dando un giro inédito en las esferas de organización del Estado y del poder. Este período muestra dos cambios importantes. El primero es que la militarización como ideología empieza a permear entre algunos sectores de la población y en los tomadores de decisiones. En segundo lugar, la militarización como proceso está construyendo cuerpos federales nuevos de policías locales, con una acervada tendencia militar a las prácticas de trabajo, al entrenamiento y a la administración directiva, que podrían mantener conductas nocivas, como la arbitrariedad, el abuso y la letalidad policiales. Por todas estas razones, no debemos ver la militarización sólo como un problema de incremento de su presencia e involucramiento en la Administración estatal, o como una consecuencia de la lucha contra la violencia criminal. Debemos entenderla como un proceso de mutación del Estado hacia un autoritarismo militar y policial despótico.

Conclusiones

108La acumulación de la violencia junto con la impunidad del crimen se han mantenido durante décadas en la administración de justicia en México, con la desprotección de los habitantes, creando un inmenso campo de la violencia acumulada. Las reformas policiales de estos años no han cumplido su objetivo central. No han respondido adecuada y prontamente a las demandas de grupos movilizados, de víctimas, de madres y asociaciones de buscadoras y buscadores.

109En la administración actual hemos visto un proceso inédito de transformación del régimen político, con tendencias militares que ponen en riesgo el equilibrio de las relaciones cívico militares, el equilibrio de poderes, el control de la legalidad y el respeto a un esperado Estado de derecho.

110México atraviesa por un ciclo político más de reformas, grandes expectativas y escasos resultados. Al comparar la evolución del sector seguridad y de la violencia, mostramos que sus resultados son comparables y tan malos como los cuatro Gobiernos precedentes. Así, también, al compararlo con la evolución del crimen en el país y en su inserción internacional, encontramos signos de que estos procesos continuarán deteriorando el orden social y la gobernanza ya fragmentada en México, a menos que se generen cambios que apunten a su solución.

111López Obrador ha mantenido una estrategia política de destruir lo creado por treinta años de Gobiernos previos y de tratar de garantizar, bloquear y evitar a toda costa desmantelar sus reformas (la misma conducta que han intentado otras autocracias). Los resultados en seguridad ya muestran el profundo deterioro por el militarismo para un débil Estado democrático, que se combina con una conducta política semejante a los peores momentos de nuestra historia política.

112El actual encargado del Poder Ejecutivo utilizó un discurso que proponía integrar la esperanza de forjar la paz y la desmilitarización para obtener un contundente triunfo en su carrera por la Presidencia de la República, con una legitimidad que no se producía desde hacía más de tres décadas. Con base en esto, construyó otro régimen político y militar. Por estos motivos emerge la idea de que hoy día gobierna una coalición de izquierda con filiación militar y con tradición autoritaria, sin rendición de cuentas y sin respeto al Estado de derecho. En este sentido, hay que cuestionar si la nueva Administración es una ruptura con las prácticas autocráticas presidencialistas. Asociado con esto, el rechazo a la prensa crítica, al activismo contra sus programas, al feminismo que le demuestra constantemente un escenario contrario al de su retórica, a quienes solicitan apoyo y solidaridad y protección, a quienes claman justicia, manifiesta una nueva actitud de ataques a las libertades básicas, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, al derecho a la protección del Estado.

113Los pasados presidentes han predado sobre el uso de recursos, han abusado de las leyes y concentrado privilegios en beneficio de sus coaliciones de poder, y no de la ciudadanía, ni mucho menos del pueblo. Los tres Gobiernos recientes no han tenido respuestas positivas y proactivas firmes, consistentes, para solucionar esta tragedia humana. El desempeño de AMLO no modificó el curso de la violencia creciente de décadas recientes, cuando gobernó la extrema derecha mexicana. Tampoco modificó las ancestrales tendencias autoritarias. En el presente, la lucha ha ido más allá; semeja hoy una réplica trágica de un pasado presidencialista pero más autoritario. Los mexicanos acumulamos el día de hoy varios rezagos, violencias y peligros de un pasado que creíamos haber superado y que amenazan nuestros derechos y la sobrevivencia de las instituciones. Los mexicanos nunca hemos tenido acceso al derecho a la seguridad, nunca hemos sido sujetos de un Estado de derecho democrático. Pero siempre hemos aspirado a esos bienes públicos, y es necesario luchar por adquirirlos. El futuro que nos hereda AMLO es un gran desafío.