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Chronique

Guatemala: las elecciones de 2023 y la defensa de la democracia

Ricardo Sáenz de Tejada

Texte intégral

  • 1 Algunas de las ideas desarrolladas en esta crónica ya fueran discutidas en el artículo de opinión “ (...)

1En la madrugada del 15 de enero de 2024, en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Bernardo Arévalo de León fue juramentado como presidente constitucional de la República de Guatemala. El acto, programado originalmente para las 15:00 del 14 de enero, puso fin a una larga y conflictiva jornada en la que diputados y fiscales ligados a redes de corrupción intentaron evitar la toma de posesión del presidente electo y mantener el control del Ejecutivo.1

2106 días antes, el 2 de octubre, un grupo de autoridades de pueblos indígenas encabezadas por el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, la Municipalidad Indígena de Sololá y la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán convocaron y mantuvieron un paro nacional indefinido que exigió la renuncia de los fiscales y jueces que intentaron ignorar los resultados de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto. El primer acto del presidente inmediatamente después de su juramentación fue visitar el campamento que los pueblos en resistencia mantenían frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía, MP en el resto del artículo) para agradecer a las autoridades indígenas por su movilización en defensa de la democracia.

3Guatemala lograba así interrumpir, por lo menos temporalmente, un proceso de autocratización que se inició en 2017 y que implicó la criminalización, encarcelamiento y exilio de operadores de justicia, periodistas, líderes de la sociedad civil y defensores del territorio; el cierre del espacio cívico; la exclusión en las elecciones de 2019 y 2023 de candidatos opositores y la captura de la mayoría de las instituciones del Estado, desde la universidad pública hasta el Procurador de Derechos Humanos.

4La llegada a la presidencia del presidente Arévalo, postulado por el partido político Movimiento Semilla (ubicado ideológicamente en el campo progresista), fue el resultado de la voluntad ciudadana de derrotar en las urnas a la coalición de redes políticas y económicas ilícitas conocida coloquialmente como “pacto de corruptos”, y de las autoridades de los pueblos indígenas que lideraron un levantamiento popular en defensa de la democracia.

La captura del Estado y la ofensiva autoritaria

  • 2 Las RPEI son estructuras que pueden estar formadas por políticos, funcionarios, empresarios, medios (...)
  • 3 Cf. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 2019, Guatemala: un Estado cap (...)

5Con la llegada del general retirado Otto Pérez Molina y el Partido Patriota a la presidencia en 2012, se aceleró el proceso de captura del Estado por lo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala —conocida como Cicig, entidad creada en 2006 por las Naciones Unidas a solicitud del gobierno de Guatemala para apoyar la lucha contra la impunidad y la identificación y desarticulación de redes criminales— denominó una red política y económica ilícita, RPEI (Redes Políticas y Económicas Ilícitas).2 De acuerdo con la Comisión, tras perder las elecciones de 2007, Pérez Molina y su partido articularon una estructura de recaudación de fondos que sirvió para su enriquecimiento personal, el sostenimiento del partido y para el financiamiento de la campaña electoral de 2011. Esta estrategia de recaudación incluyó la recepción de aportes del monopolio de la televisión abierta, empresas de comunicaciones y constructores que invirtieron en este partido con la intención de mantener y ampliar sus privilegios.3

  • 4 Para hacer frente a la insurgencia entre 1962 y 1996 el ejército de Guatemala estableció estructura (...)

6Tras hacerse con la presidencia, Pérez Molina distribuyó las posiciones de su gabinete entre operadores de corrupción en una estructura piramidal en la que los recursos ilícitos fluían hasta la misma presidencia. El 16 de abril de 2015, la Cicig y el MP hicieron pública una investigación que ponía al descubierto una estructura de corrupción que anidaba en el sistema de aduanas del país. “La línea”, como se le conoció, era una red criminal heredera de la contrainsurgencia.4 Este caso no estaba restringido a los funcionarios de aduanas, sino que involucraba a autoridades del ejecutivo, incluyendo al secretario privado de la vicepresidenta.

7La presentación del caso “La Línea” desencadenó una secuencia de investigaciones que posibilitó identificar y desmantelar en los meses siguientes más de sesenta estructuras de corrupción. Tras conocerse el caso, desde Facebook, un grupo de jóvenes convocó con el hashtag #JusticiaYa, a una concentración de protesta el sábado 25 de abril de 2015. La respuesta ciudadana en Ciudad de Guatemala fue masiva, y desde ese día hasta agosto se realizaron protestas todos los sábados, que se fueron ampliando hacia las principales ciudades y cabeceras departamentales y municipales del país. La movilización ciudadana fortaleció políticamente las investigaciones de la Cicig y el MP, y, la presentación de nuevas pesquisas y la identificación de más redes criminales incentivó la movilización ciudadana.

8Los alcances de las estructuras identificadas llevaron a la exigencia de la renuncia de las autoridades del ejecutivo, de #JusticiaYa se pasó a #RenunciaYa. Tras semanas de protestas y denuncias judiciales, y la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y parte del gabinete de ministros, se convocó a un paro nacional. El presidente Pérez Molina, despojado de su derecho de antejuicio, renunció el 1 de septiembre de 2015. Parecía que la interacción entre la protesta ciudadana y la acción judicial había permitido allanar el camino para el rescate del Estado. Las protestas, capturas y renuncias influyeron en el proceso electoral y modificaron las preferencias ciudadanas. El 25 de octubre de 2015 fue electo presidente en segunda vuelta el ex comediante Jimmy Morales, postulado por el partido FCN-Nación, y cuyo lema de campaña fue “Ni corrupto ni ladrón”.

9Aunque en un inicio la lucha contra la corrupción generó un respaldo unánime, conforme las investigaciones fueron alcanzando a las elites políticas y empresariales, y, sobre todo, a las corporaciones globalizadas, se empezó a generar una reacción contraria. Inicialmente, se trató de acciones individuales y relativamente aisladas de individuos o grupos afectados por las investigaciones. Posteriormente, estas respuestas se fueron coordinando, hasta que el entonces presidente Jimmy Morales se puso al frente de la cruzada contra la Cicig, para lo que contó con el apoyo de las cámaras empresariales, del entonces alcalde y expresidente Alvaro Arzú, y de otros actores relevantes.

10En agosto de 2017 el presidente Morales intentó expulsar a la Cicig. Pese a que un amparo judicial evitó su salida, se redujo su capacidad de acción. Desde el Ministerio de Gobernación se limitó el trabajo de investigación policial, vehículos artillados de la policía fueron utilizados para intimidar frente a la sede de la Comisión y los aparatos de inteligencia realizaron operaciones para controlar a sus funcionarios y trabajadores. Tras el fin del mandato de la Cicig en 2019, la ofensiva autoritaria continuó, no solo para perseguir a manera de venganza a quienes participaron en la primera línea de la lucha contra la impunidad (magistrados y jueces independientes, fiscales, exfuncionarios de la Cicig) sino para lograr el pleno control del Estado y el conjunto de sus instituciones. La estrategia autoritaria incluyó la coordinación y control relativo de los distintos órganos del Estado que, desde el ejecutivo influyeron indebidamente en el legislativo y judicial (como se señaló, las altas cortes ampliaron ilegalmente su mandato durante cuatro años).

11Uno de los hitos claves de esta ofensiva autoritaria fue el nombramiento y continuidad en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras. La cooptación y subordinación de los órganos del Estado incluyó una nueva composición de la Corte de Constitucionalidad y, desde ahí, una estrategia de sentencias ambiguas que, lejos de frenar la ofensiva autoritaria, en la práctica la legitimaron. También se sometió a entidades públicas que podrían ser un contrapeso (Contraloría General de Cuentas, Universidad de San Carlos, etc.). Se inició un proceso de criminalización de la oposición y de restricciones a la libertad de organización.

12La estrategia de la coalición gobernante hasta enero de 2024 se basó y buscó legitimarse en un discurso ideológico sustentado en el cristianismo conservador, el anticomunismo, el neoliberalismo, el nacionalismo y el racismo. El “nuevo enemigo interno” es ateo, pro aborto, globalista, comunista (guerrillero, chairo), operador extranjero, y promotor del “indigenismo” (definido como una amenaza a la unidad nacional). No es extraño que estos elementos entraran en juego contra el partido Movimiento Semilla tras haber ganado la primera vuelta electoral.

  • 5 Cf. Evie Papada et al., 2023, Resistencia frente a la autocratización: Reporte de la democracia 202 (...)

13Estos siete años de ofensiva autoritaria representaron graves retrocesos en todos los campos de la vida del país, lo que incluye la degradación de la institucionalidad democrática, el reinicio de la vigilancia, criminalización y represión contra presuntos opositores, la generalización de la corrupción, retrocesos sociales y las bases para el establecimiento de una dictadura cerrada. En términos políticos, y de acuerdo con la organización VDEM, en una década Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral.5 Pese a la intensidad de la ofensiva autoritaria, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones, ni los partidos políticos progresistas dejaron de actuar en defensa de sus derechos.

Las elecciones de 2023

14En enero de 2023 y con el inicio formal de la campaña electoral, parecía que las elecciones generales serían un trámite para consolidar a la coalición de redes de corrupción. Como ocurrió en 2019, los resultados electorales probablemente incluirían cambios en el ejecutivo y en el legislativo, pero se mantendría la continuidad del predominio de estas estructuras. A esto se sumó lo señalado en la sección anterior en cuanto a que esta coalición contaba con el pleno control de prácticamente todas las entidades del Estado, disponía de recursos ilimitados, tanto provenientes de la corrupción como del crimen organizado y de algunos financistas privados, y existían serias dudas sobre la independencia y la capacidad técnica del Tribunal Supremo Electoral (en adelante, TSE).

15La estrategia del “pacto de corruptos” para garantizarse la continuidad en el gobierno incluyó la pulverización del sistema de partidos políticos. Como en su momento lo caracterizó Edelberto Torres-Rivas, Guatemala es un “cementerio de partidos políticos”: desde 1984 han nacido y desaparecido más de cien de ellos. Mientras que en otros países de la región existen tradiciones de partidos centenarios, en Guatemala, después de las elecciones de 2023, el partido más antiguo es URNG-Maíz, registrado en 1998, y que sobrevivió por haber electo en coalición a una diputada nacional. De los treinta partidos que se inscribieron para las elecciones de 2023 muy pocos son portadores de una propuesta ideológica, mucho menos de propuestas programáticas diferenciadas. Como se ha insistido, los partidos son vistos como un vehículo/instrumento para postular candidatos a cargos de elección popular.

16La otra consecuencia, y fue parte de la estrategia de la coalición, fue que a mayor número de partidos políticos compitiendo —según la distribución de los votos—, se requieren menos sufragios en términos absolutos y relativos para acceder a una posición. En las elecciones presidenciales, por ejemplo, esto se mostró en el caso de Alejandro Giammattei, que con el 13 % de los votos logró pasar a segunda vuelta en 2019 y derrotar a Sandra Torres. Este mismo tipo de situaciones se repite para las alcaldías y diputaciones. Otro resultado de la fragmentación, es que sea tal el número de candidatos a puestos de elección que los grupos de poder regional aprovechan para reciclarse y volver al ruedo electoral. Ahora bien, para poner en funcionamiento dos docenas de partidos y centenares de candidatos a alcaldes y diputados, estas estructuras han recurrido a fuentes de financiamiento ilícitas, particularmente provenientes de la corrupción —ha sido ampliamente denunciado el uso de recursos públicos durante la campaña electoral de 2023— y de estructuras criminales. Frente a esto, ni el TSE ni el MP actuaron de manera diligente.

17Pese a lo anterior, las propias condiciones democráticas podrían permitir que candidatos ajenos a la alianza, y críticos del statu quo, puedan desafiar a los autoritarios. Así, una línea de acción fue anular la participación de candidaturas presidenciales que podían dar una sorpresa electoral o bien que crecían en la intención de voto. Tres candidatos presidenciales que, en su momento, se convirtieron en amenazas a la estrategia electoral de la coalición gobernante fueron excluidos de la contienda (nos referimos a Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda). Después de estas sucesivas exclusiones, las encuestas mostraban una volatilidad de las preferencias electorales e incluso una decisión de ocultarlas para evitar nuevas cancelaciones.

Los resultados electorales del 25 de junio

18El 25 de junio de 2023 se realizaron elecciones generales en Guatemala. Poco más de nueve millones de ciudadanos fueron llamados a elegir presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. La encuesta más próxima al día de las votaciones mostraba un panorama en el que se destacaban Sandra Torres, de la UNE, que competía por tercera ocasión, Edmond Mulet, que competía por segunda vez postulando por el partido Cabal, y Manuel Conde, el candidato del partido oficial, activo en política desde hace más de tres décadas y en las últimas dos legislaturas como diputado, operador del “pacto de corruptos”.

19La noche del 25 de junio, cuando en los centros de votación se empezaron a contar los votos se dio un resultado asombroso. Lo primero que se destaca es el voto de rechazo. El 17 % de quienes asistieron a votar anularon su voto; el 7 % lo dejó en blanco, el 15 % votó por Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza; y el 12 % por Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla quienes disputarían una segunda vuelta electoral. La gran sorpresa de la noche fue la irrupción de Arévalo, de posiciones socialdemócratas e hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), y quien pasó de ser un candidato secundario a encarnar la posibilidad de derrotar, pese a la asimetría de la competencia, a la coalición de redes de corrupción. Como se indicó, finalmente compitieron 22 candidatos presidenciales y, a diferencia de procesos anteriores, ningún candidato superó el 20 % de los votos. El 17.38 % fueron nulos, y el 7 % en blanco. Sandra Torres obtuvo el 15.78 %, y Bernardo Arévalo el 11.8 %. Manuel Conde, del partido oficial, logró hacerse con el tercer lugar con el 7.84 % de los votos. Dieciséis de los partidos en contienda no lograron alcanzar el 5 % en las elecciones presidenciales, aunque por haber logrado elegir diputados, diecisiete lograron preservar su registro electoral.

20Los sorpresivos resultados de las elecciones generales de 2023, y particularmente el paso a la segunda vuelta electoral de Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla provocaron reacciones diversas. Por un lado, desde el campo progresista, la celebración y la esperanza de iniciar una ruta para rescatar el Estado de derecho y reconstruir la institucionalidad democrática; por otro lado, desde la coalición gobernante, los partidos perdedores, y algunos sectores empresariales, el rechazo y el intento de boicotear la posible victoria electoral de Arévalo y del Movimiento Semilla.

21Este rechazo pasó de una intensa campaña de ataques y descalificaciones los primeros días después de las elecciones de la primera vuelta, a la presentación de recursos legales para anular y/o diferir los resultados electorales. En los días posteriores al 25 de junio de 2023 se desencadenó una campaña de ataques en contra del Movimiento Semilla y su candidato. Los ataques incluyeron decir que Arévalo era un ciudadano uruguayo y que, por lo tanto, no podía asumir la presidencia (efectivamente, nació en Montevideo, pero es, de acuerdo con la Constitución, guatemalteco de origen); hasta acusaciones de comunista y “castrochavista”, pasando por señalamientos de impulsar el “globalismo”, “la ideología de género” y la Agenda 2030 que, según el discurso ultraconservador atentan contra la familia tradicional. Esta campaña fue apoyada por las tres principales denominaciones neopentecostales que incluso realizaron visitas casa por casa.

22El sábado 1 de julio de 2023, en medio de un fin de semana largo, la Corte de Constitucionalidad, en una resolución ambigua —y paradójicamente inconstitucional—, ordenó verificar las actas de los centros de votación, en ciertas condiciones recontar los votos, y suspender la oficialización de los resultados electorales. Para esto dio un plazo de cinco a quince días, y sostuvo que la segunda vuelta se realizaría el 20 de agosto, de acuerdo con lo programado. La resolución de la Corte, y las reuniones para revisión de actas, introdujeron dudas sobre los resultados electorales, y abrieron la posibilidad a que la coalición gobernante intentara un golpe de mano para evitar el triunfo de Arévalo.

La segunda vuelta electoral

23El domingo 20 de agosto se realizaron las elecciones presidenciales de segunda vuelta en las que participaron Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Pese a los accidentados dos meses entre la primera y la segunda vuelta electoral, como lo adelantaron la mayoría de encuestas, el triunfo del candidato Movimiento Semilla fue contundente.

24De cara a la segunda vuelta electoral la arena política se dividió en dos campos. Por un lado funcionarios, políticos, empresarios, denominaciones protestantes conservadoras, redes de corrupción y estructuras criminales que han mantenido el control del Estado, y que buscan preservar su impunidad y los negocios a costa de los recursos públicos, y que se aglutinaron alrededor de la candidatura de Torres Casanova; y, por el otro, ciudadanos, grupos y organizaciones que vieron en la candidatura de Arévalo la posibilidad de efectivamente enfrentar la corrupción e iniciar un proceso para recuperar el Estado y la institucionalidad democrática. Aunque inicialmente fue visto con desconfianza, incluso algunos empresarios optaron por apoyar la candidatura de Semilla. “Cambio y futuro” fue el lema que este movimiento posicionó de cara a la segunda vuelta y que expresa en buena medida la oferta de este partido.

25La estrategia y el discurso de Bernardo Arévalo y su partido hacia el sector privado se adecuó a la necesidad de construir alianzas. Con sus principales asesores económicos y políticos, visitaron a casi todas las cámaras empresariales, a quienes explicaron los elementos centrales de su programa económico, y ratificaron el compromiso de impulsar alianzas públicas y privadas, así como de no modificar las tasas de los impuestos vigentes. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la asistencia fue del 45.10 % de los ciudadanos empadronados. El Movimiento Semilla obtuvo el 58.01 % de los votos y el partido UNE el 37.24 %. Con relación a la primera vuelta electoral, los votos nulos (3.49 %) y en blanco (1.25 %) se redujeron sustancialmente. En la Ciudad de Guatemala, la candidatura de Arévalo alcanzó el 80 % del respaldo; y en la zona metropolitana el 75 % de los votos. En la mayoría de distritos electorales del occidente del país, mayoritariamente poblados por indígenas, también se impuso el Movimiento Semilla.

El intento de golpe judicial y la defensa de la democracia

26En respuesta a los resultados electorales de la primera vuelta, el lunes 26 de junio la Fiscalía empezó a operar en contra del Movimiento Semilla. Activaron un caso ya prescrito de perjurio, para convertirlo en una acusación por criminalidad organizada, aduciendo falsedad ideológica y lavado de dinero. Esto llevó a la suspensión provisional de la personería jurídica del partido y a la salida al exilio de varios de sus fundadores. La intención era retrotraer la cancelación del partido para declarar nulos todos sus actos, incluyendo la participación electoral, y de esa forma impedir que asumieran la presidencia y las posiciones en el legislativo.

27Se hicieron acusaciones al Tribunal Supremo Electoral, a las juntas receptoras de votos e incluso en contra de los digitadores de los resultados electorales. La coalición gobernante pretendería anular el proceso electoral y repetir las elecciones solo con los partidos permitidos por ellos, o bien, impedir la toma de posesión de las autoridades electas y obligar a que el Congreso (dominado por el “pacto”) nombrase a autoridades provisionales. Desde agosto, y ante la amenaza del rompimiento del orden democrático, numerosos actores tendieron a realinearse. Estos abarcan a la mayoría de cámaras empresariales y grandes empresarios, que exigieron que se garantizara el cambio del gobierno en la fecha y forma prevista, algunos partidos de distinto espectro ideológico y la Iglesia Católica.

28El 16 de noviembre, el Ministerio Público anunció el caso “Toma de la USAC: botín político”, derivado de la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala por un grupo de estudiantes y trabajadoras en respuesta a la imposición de su rector por medio de un fraude electoral. La acusación estuvo acompañada de la captura de tres profesores, un trabajador administrativo, un estudiante y una joven lideresa del Movimiento Semilla. Además, y este era el objetivo central, se solicitó desaforar al presidente y vicepresidenta electos así como a varios diputados por apoyar la protesta estudiantil. Arévalo y Herrera fueron acusados de “depredación del patrimonio nacional, asociación ilícita y tráfico de influencias”.

29Como ninguna de las acciones emprendidas por el MP dio resultados, el 8 de diciembre se lanzaron nuevas acusaciones contra el partido Movimiento Semilla, el presidente electo Bernardo Arévalo y el Tribunal Supremo Electoral.

El levantamiento de Octubre de 2023

30De acuerdo con Carlos Ochoa, el concepto de levantamiento en la tradición k’iche’ se expresa con la palabra yakataj. En k’iche’ “tiene como significado de base yak, que denota una condición del cuerpo: el hallarse tendido, tumbado, yacente, dormido, es decir en régimen de pasividad”. El segundo morfema, taj, “crea la voz pasiva, además taj interviene en otros tipos de estructuras e interactúa con marcadores de discurso, aspecto, modalidad, y se identifica con la negación […] Yakataj vendría entonces a significar ‘no estoy sometido, oprimido, pasivo’”. Siguiendo con el autor:

  • 6 Ochoa García Carlos Fredy, 2020, “Levantamiento: una noción k'iche' de rebelión”, Guatemala, Prensa (...)

el concepto k’iche’ de levantamiento permite entonces pensar, primero, la toma de conciencia sobre una realidad o situación dada. En otras palabras, la conciencia de la responsabilidad individual ante una situación o condición social. Segundo, esta concepción mueve a la acción. […] La fuerza conceptual del término Yakataj deviene del hecho de vincular la toma de conciencia con el rechazo de la legitimidad de un pasado opresivo. De esta conciencia y de esta decisión de actuar, derivaría la capacidad crítica ante el presente y el compromiso con un proyecto a futuro.6

31Así, en la madrugada del 2 de octubre de 2023, decenas de comunidades indígenas se movilizaron a puntos clave de las carreteras del occidente, centro y suroriente del país para detener la circulación de vehículos. Días antes, una alianza de autoridades ancestrales de los pueblos originarios, encabezada por la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, convocó a un paro nacional indefinido para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

32Estas cuatro personas actuaban como operadores de lo que se denominó como un “golpe de Estado en cámara lenta” que buscaba impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la Presidencia y Vicepresidencia el 14 de enero de 2024. El desencadenante del paro nacional fue el allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de fiscales que secuestraron las actas de los resultados electorales de junio y agosto de 2023. La amenaza de modificar los resultados electorales o anular las elecciones se hizo presente en las imágenes de funcionarios del MP, con los rostros cubiertos y con el apoyo de decenas de policías, pasando literalmente por encima de los magistrados del TSE para llevarse las cajas con los resultados de las elecciones de 2023.

33El primer día de la protesta fueron bloqueados 15 tramos carreteros, ubicados mayoritariamente en territorios indígenas (Totonicapán, Sololá, Chimaltenango y Santa Rosa). Conforme pasaron los días, organizaciones de mujeres, campesinas, estudiantiles, sindicales, colectivos, grupos y personas individuales se fueron incorporando al paro, bloqueando más carreteras y calles en las zonas urbanas. Para el jueves se llegó a poco más de 130 lugares bloqueados y el lunes 9 se mantuvo la movilización en más de un centenar de localidades.

34El 20 de octubre, aniversario de la Revolución de 1944, se realizó una concentración y manifestación encabezada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, que en su discurso afirmó:

  • 7 Arévalo de Léon, Bernardo, 2023, “El discurso de Bernardo Arévalo para conmemorar 79 años de la Rev (...)

Las calles y carreteras de nuestro país hoy están inundadas de protesta pacífica, de rechazo al golpe [de Estado] y a sus perpetradores, de fiesta y baile. Una expresión única de determinación y alegría, de lucha y de paz, de conciencia de la amenaza que ensombrece nuestro mañana, pero al mismo tiempo de esperanza y certeza del triunfo. Las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas le han abierto camino a los estudiantes de todas las universidades, a los líderes barriales y comunitarios, a los profesionales, los sindicatos del sector público y privado, a los liderazgos de mercados y de la economía informal. A los líderes empresariales. Todos, al unísono, en distintos espacios, con distintos estilos, en distintos idiomas, gritando, juntos y juntas, que este pueblo NUNCA MÁS vivirá bajo la tiranía de la corrupción. […] [Este ha sido] un momento de unidad. Un momento para construir lazos, coaliciones, alianzas amplias que nos permitan progresar. Que permitan pensar un futuro donde todas las personas estén representadas. Un programa. Una agenda. Un porvenir. Una patria donde los únicos que no caben son los corruptos, los autoritarios y los violentos.7

35Decenas de miles de guatemaltecos desfilaron hacia la Plaza de la Constitución, donde se mantuvo la demanda de la renuncia de los operadores del golpe de Estado. Finalizó así una etapa del paro indefinido —terminaron los bloqueos carreteros—, pero la contestación continuó bajo otras formas. Por ejemplo, se instaló un campamento frente a la sede central de la Fiscalía en el que autoridades indígenas y organizaciones sociales se turnaron para continuar con la protesta hasta la madrugada del 15 de enero de 2024.

36Las jornadas de octubre de 2023, aunque no lograron la renuncia de la fiscal y sus secuaces, dejaban dos lecciones. Primero, se confirmaba que el centro de gravedad de la protesta y del liderazgo político y social había cambiado de ubicación. Fueron los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones quienes tienen la capacidad y legitimidad para movilizarse y convocar a otros actores sociales del país. Mientras que en 2015 el protagonismo fue de los colectivos urbanos y el centro de la inconformidad fue la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, en 2023 el liderazgo es indígena y la protesta se dispersó en centenares de localidades a lo largo y ancho del país. Segundo, por primera vez desde el intento de autogolpe de Estado del expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, los guatemaltecos salieron a las calles a defender la democracia y los resultados electorales. La posibilidad de que se instalara en el país una dictadura cerrada propició la movilización de miles de personas decididas a defender la democracia y el cambio de Gobierno.

Expectativas, restricciones y posibilidades

37Como se indicó, la toma de posesión del presidente Arévalo en enero de 2024 logró interrumpir, al menos temporalmente, el proceso de autocratización. Frente a más de diez años de Gobiernos corruptos e incompetentes y tras siete años de ofensiva autoritaria, el nuevo Gobierno se encontró con un Estado desmantelado y capturado por redes de corrupción. Pese a esto, ha logrado una política de negociación y alianzas que les ha permitido aprobar algunas iniciativas legislativas importantes, aunque han tenido que ceder en ciertos temas en el Congreso. El interés de los diputados en el control de la obra pública ha sido una pieza de negociación que ha sido puesta en juego en la aprobación de los presupuestos públicos.

38Para iniciar su mandato, Arévalo integró un gabinete de ministros plural, en el que, además de figuras del partido y técnicos de su confianza, incorporó a personas provenientes del sector privado. Antes incluso de tomar posesión, la persona propuesta para asumir el Ministerio de Energía y Minas renunció ante denuncias de compromisos con el sector minero del país. En los primeros meses de Gobierno fueron destituidas la ministra de Ambiente, por uso de recursos públicos para fines privados, y la ministra de Comunicaciones, por la realización de pagos anómalos a firmas constructoras. Un secretario de gobierno presentó su renuncia por conflicto de intereses, el ministro de salud por asuntos personales; y el segundo ministro de comunicaciones por desacuerdos con Arévalo.

39Estos cambios confirmaron, por un lado, el compromiso del presidente con la ética del servicio público, pero también la inercia de un Estado que ha funcionado asistido por la corrupción. Por ejemplo, el grave deterioro de la infraestructura vial en el 2024 es, en parte, expresión de este problema: muchos contratos firmados en el pasado son anómalos, muchas obras están suspendidas por orden judicial, y otras están sometidas a litigio, lo que la ciudadanía puede percibir como una parálisis en la capacidad de gobierno. Lo mismo podría comentarse de otras áreas del Gobierno. Esto se ha traducido en una relativa pérdida de popularidad de este, que de acuerdo con algunas fuentes ha caído del 53 % de apoyo en mayo, al 32 % en octubre. Pese a ello, la ciudadanía diferencia entre las limitaciones gubernamentales y la figura del presidente, que continúa siendo reconocida y respaldada. Esto se debe en buena medida a que los Gobiernos anteriores fueron corruptos e incompetentes para resolver los problemas del país.

40En la conmemoración del 80o aniversario de la Revolución del 20 de octubre de 1944, el presidente Bernardo Arévalo, cuyo padre, Juan José Arévalo, gobernó el país al inicio de la década revolucionaria y participó en la construcción de una democracia efímera, ratificó los principios de dicha gesta, que guiaban su gestión. Estos eran: el compromiso con la democracia, reconociendo la centralidad de lo electoral pero trascendiéndola; la justicia social, en un país que arrastra desigualdades económicas y sociales centenarias; la ética del servicio público frente a décadas de corrupción; y la educación transformadora como medio para lograr no solo desarrollo sino una construcción colectiva del sentido de nación. Estos principios y fines pueden resultar claves para evitar que, en las próximas elecciones de 2027, en un nuevo contexto internacional, el país enfrente un retroceso democrático y un nuevo asalto de las redes de corrupción.

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Notes

1 Algunas de las ideas desarrolladas en esta crónica ya fueran discutidas en el artículo de opinión “Guatemala resiste el ‘golpe en cámara lenta’”, Nueva Sociedad, 2023, disponible en: https://nuso.org/articulo/guatemala-golpe-Arevalo/

2 Las RPEI son estructuras que pueden estar formadas por políticos, funcionarios, empresarios, medios de comunicación, entidades civiles y grupos criminales propiamente dichos que anidan en las entidades públicas para favorecer sus intereses. Estas redes son fluidas y tienen una gran capacidad de adaptación. El concepto “pacto de corruptos” daba cuenta de una coalición de RPEI que coincidían en expulsar a la CICIG y retomar el control del Estado.

3 Cf. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 2019, Guatemala: un Estado capturado, Ciudad de Guatemala, Cicig. Disponible en: https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/informe-guatemala-un-estado-capturado/

4 Para hacer frente a la insurgencia entre 1962 y 1996 el ejército de Guatemala estableció estructuras en distintas dependencias del Estado con el fin de contener las actividades guerrilleras. Estas incluyeron al Ministerio de Finanzas, la Dirección General de Migración, y al sistema de aduanas. En estas últimas, inicialmente se buscó evitar que la insurgencia pudiera ingresar armas o pertrechos a territorio nacional; pero, paulatinamente, estas estructuras se organizaron y se dedicaron al contrabando e incluso al tráfico de drogas.

5 Cf. Evie Papada et al., 2023, Resistencia frente a la autocratización: Reporte de la democracia 2023, Gotemburgo, Pontificia Universidad Católica de Chile/V-Dem Institute. Disponible en: https://v-dem.net/documents/35/V-dem_democracyreport2023_espanol_med.pdf

6 Ochoa García Carlos Fredy, 2020, “Levantamiento: una noción k'iche' de rebelión”, Guatemala, Prensa Comunitaria (en línea). Disponible en: https://prensacomunitaria.org/2020/08/levantamiento-una-nocion-kiche-de-rebelion/

7 Arévalo de Léon, Bernardo, 2023, “El discurso de Bernardo Arévalo para conmemorar 79 años de la Revolución”, Guatemala, Prensa Comunitaria (en línea). Disponible en: https://prensacomunitaria.org/2023/10/el-discurso-de-bernardo-arevalo-para-conmemorar-79-anos-de-la-revolucion/

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ricardo Sáenz de Tejada, « Guatemala: las elecciones de 2023 y la defensa de la democracia »Cahiers des Amériques latines [En ligne], 105 | 2024, mis en ligne le 19 décembre 2024, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cal/19703 ; DOI : https://doi.org/10.4000/137or

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Auteur

Ricardo Sáenz de Tejada

Profesor titular de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y director de Oxfam en Guatemala

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