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Dossier - Invisibilité et vitalité de la justice sociale au Chili

Las fluctuaciones de los modelos de justicia social de la izquierda chilena, entre las demandas de garantía de derechos y el ejercicio del poder (1990-2025)

Emmanuelle Barozet
Cet article est une traduction de :
Les fluctuations des modèles de justice sociale des gauches au Chili, entre demandes de garantie des droits et exercice du pouvoir (1990-2025) [fr]

Résumés

Le texte décrit l'évolution des conceptions de la justice sociale au Chili depuis la transition démocratique. Jusqu’aux années 2000, elle était centrée sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. À partir des années 2010, face à l'essoufflement du modèle économique, des mouvements sociaux ont imposé une nouvelle conception fondée sur la repolitisation des inégalités économiques et l'exigence de droits sociaux universels. La pandémie de Covid-19 a ensuite fragilisé ce nouveau consensus en ravivant la crise et l'insécurité. L'article examine la manière dont les gauches partisanes et extra partisanes ont répondu à ces exigences de justice sociale et les défis rencontrés, en se concentrant sur trois aspects : la formulation des droits sociaux, l'application des programmes politiques et la réception de ces politiques par la société chilienne. L'analyse repose sur des projets récents incluant près de deux-cents entretiens avec divers acteurs politiques et sociaux.

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Texte intégral

Introducción

1Desde la década de 2010, los debates sobre los derechos sociales en Chile han renovado la reflexión sobre la justicia social. La repolitización de las desigualdades es plural y afecta tanto a la izquierda como a la derecha. Se han actualizado reivindicaciones históricas, al tiempo que han surgido nuevas concepciones de la justicia social, que incluyen reivindicaciones materiales e identitarias de grupos específicos. A pesar de las demandas de los movimientos sociales, los Gobiernos de centro y centroizquierda (1990-2010, 2014-2018, 2022-2026) solo han respondido parcialmente a estas expectativas. El ejercicio del poder revela las fricciones entre partidos, movimientos sociales y opinión pública, especialmente en lo que respecta a las políticas de justicia social. Desde 2012, la aparición de partidos de izquierda surgidos del movimiento estudiantil ha abierto nuevos debates. Varios acontecimientos han redefinido el concepto de justicia en un contexto de múltiples crisis: la revuelta social de 2019, la pandemia de Covid-19 (2020-2021), el fracaso de los dos procesos constitucionales (2021-2023) y el aumento de la inseguridad. Las reconfiguraciones de las derechas locales y globales, así como su éxito ideológico, también obligan a la izquierda a recomponerse.

2En un contexto de modificación de los discursos sobre justicia social dominantes desde el retorno a la democracia, ¿qué respuestas han dado las fuerzas de izquierda partidistas y extrapartidistas a las reivindicaciones de justicia social, y a qué discrepancias y limitaciones se han enfrentado? Analizamos estas cuestiones en tres planos: 1) la formulación de derechos relacionados con la justicia social en las demandas programáticas de los movimientos sociales y los partidos políticos; 2) la aplicación de estos programas una vez en el poder, así como las dificultades que ello implica; 3) la recepción, a menudo decepcionante, de estas políticas en la sociedad chilena.

  • 1 En las partes 2 y 3, las entrevistas utilizadas en el metaanálisis corresponden a dos corpus. El pr (...)
  • 2 ECOS220011, FONDECYT 1211099, 1250872, 1251786 y COES ANID/FONDAP/1523A0005 (incluido el proyecto M (...)

3Este artículo se basa en los resultados1 de varios proyectos llevados a cabo en los últimos años.2 Dado que es imposible presentar de forma exhaustiva todas estas aportaciones empíricas en un solo artículo debido a su amplitud, utilizamos esta información de forma meta y sintética, refiriéndonos a resultados ya publicados. También recurrimos a otros artículos y obras, lo que nos permite discutir los resultados de otras fuentes.

4En la primera parte, presentamos los principales conceptos y modelos de justicia social, así como el contexto chileno. En la segunda parte, analizamos las formas en que las izquierdas, ya sean contestatarias o en el poder, abordan —o no— las diferentes nociones de justicia social. En la tercera parte, presentamos las dificultades y contradicciones a las que se enfrentan las izquierdas y, en general, todo el sistema político actual para implementar estas diferentes opciones de justicia social.

La justicia social en transición: corpus normativos y modelos políticos en el contexto chileno

5En esta parte, presentamos las teorías de la justicia social, antes de mostrar la erosión de las soluciones políticas del siglo xx. Esta doble constatación permite describir la situación en Chile en términos de políticas públicas en los primeros años del retorno a la democracia, basada inicialmente en la cuestión de la reducción de la pobreza. La reconstrucción de esta problemática a lo largo del tiempo permite comprender la importancia de la justicia social en la sociedad chilena y ver cómo los debates de la transición han moldeado de manera duradera el período más reciente.

De la justicia social teórica a la justicia social pragmática: la erosión de las políticas del siglo xx

  • 3 También en el informe de la ONU de 2020, cf. ONU, 2020, World Social Report 2020. Inequality in a R (...)
  • 4 ONU, 2006, Social justice in an open world: the role of the United Nations, Nueva York, ONU. Dispon (...)

6El aumento de las desigualdades sociales a nivel mundial desde finales de la década de 1970 ha ido acompañado de un renovado interés por el concepto de justicia social, que ha sido objeto de intensos debates [Piketty, 2013].3 La justicia social, un concepto problemático que navega entre los mundos académico, activista y cotidiano, se define como una construcción moral y política, tanto individual como colectiva, de lo que es justo en términos de derechos, o en términos de distribución y redistribución de las ventajas y desventajas, así como de los recursos de la sociedad.4 Pero mientras que el derecho y la filosofía han aportado importantes contribuciones teóricas [Kant, 1992; Rawls, 1987], las propuestas políticas puestas en marcha en el siglo xx se han debilitado, en particular las doctrinas asociadas a los derechos universales y al Estado keynesiano. El agotamiento de los recursos del planeta ha puesto fin a la idea de que el crecimiento económico ilimitado garantizaría el bienestar material. La pluralidad de los principios de justicia, así como la fragmentación social y de las identidades, complican la elaboración de un corpus que satisfaga a la mayoría sobre la base de un contrato social y una racionalidad impersonal [Elster, 1992; Walzer, 1983; Barozet et al., 2022].

7En el caso de Chile, al igual que en el de muchos de sus vecinos, ante las desigualdades heredadas del periodo colonial, los movimientos sociales y los partidos de izquierda promovieron durante el siglo xx políticas de redistribución. Es la época que la historiografía denomina “Estado de compromiso” (1920-1970), con resultados limitados y corporativistas [Lomnitz, 1994]. La Iglesia también participó en estos debates, tanto en la izquierda como en el centro y la derecha. El marxismo y las variantes latinoamericanas del comunismo renovaron las controversias durante el siglo xx, según los modelos y los retos específicos de cada país. Pero el contexto de la Guerra Fría redibujó y polarizó estos debates en la década de 1960. La reforma agraria de 1964 y el socialismo de Allende (1970-1973) dieron paso a un brusco retorno a cuestiones más fundamentales durante la dictadura (1973-1990): los derechos humanos, el derecho a la vida y a la libertad. En las décadas siguientes, se movilizaron varios movimientos sociales (estudiantes de secundaria, universitarios, ambientalistas, feministas, por el derecho a la vivienda, mapuches, etc.), lo que contribuyó a incluir en la agenda algunos aspectos de la justicia social. Por su parte, los partidos políticos, que son un intermediario organizativo entre la sociedad, los movimientos sociales y las autoridades, suelen defender nociones de justicia social inscritas en un corpus ideológico. Proponen una concepción más general de la justicia social, debido a su vocación de gobernar.

8En términos normativos, estos debates se han centrado en los modelos de justicia social y en los regímenes económicos teorizados por Esping-Andersen [1990] o Hall & Soskice [2001]. Chile no encaja exactamente en ninguno de los modelos tipológicos, pero posee características tanto liberales (importancia del mercado, protección social limitada y segmentada) como conservadoras (fuertes desigualdades) o corporativistas (herencia católica, sindicalización limitada). Martínez Franzoni [2007] describe Chile como un régimen estatista-productivista (inserción en el mercado laboral para garantizar el acceso a las prestaciones sociales). Por último, Schneider [2013] añade una dimensión “familiarista” y jerárquica en su descripción del modelo económico. A continuación, analizaremos diferentes períodos de la transición en relación con este modelo.

La situación posterior a la transición y la construcción de un concepto de justicia social

  • 5 Ministerio de Desarrollo Social, 1990, Encuesta de Caracterización Socioeconómica [en línea], Obser (...)
  • 6 Grupo Banco Mundial, 2025, “Crecimiento del PIB (% anual) – Chile”, Datos [en línea] [búsqueda real (...)

9El modelo económico impuesto por la violencia durante la dictadura militar sentó, paradójicamente, las bases de los “treinta años” de crecimiento económico de Chile, entre finales de la década de 1980 y 2015. Cuando se restableció la democracia en 1990, las dos principales preocupaciones de los movimientos sociales y de los partidos de la Concertación —la coalición de partidos de centroizquierda que estuvo en el poder entre 1990 y 2010— eran la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, cuya tasa ascendía al 39 % de la población en 1990.5 En la zona metropolitana de Santiago, el coeficiente de Gini pasó de 0,45 en 1975 a 0,57 en 1988 [Larrañaga, 2001]. Sin embargo, la reintroducción de los derechos sociales resulta difícil en el marco de un Estado subsidiario, en el que la calidad de las prestaciones está vinculada a la inserción en el mercado laboral y los servicios sociales públicos se delegan a los municipios, lo que los hace dependientes de ingresos desiguales. Los gobiernos de transición cuentan con el crecimiento económico promedio del 6 % en la década de 19906 para crear riqueza y redistribuirla en función de la dinámica del mercado, según la teoría del trickle down. En una concepción liberal y competitiva de la justicia social, la protección mínima del Estado se extiende a aquellos que no pueden integrarse de forma autónoma en la vida económica y en el mercado laboral. El principio de necesidad —ofrecer unos mínimos sociales a quienes no pueden integrarse en el mercado laboral— se aplica sobre todo a la salud, la educación, las pensiones y el acceso a la vivienda. Los derechos de las mujeres y las minorías sexuales son en gran medida invisibles, al igual que los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente o las personas con discapacidad [Barozet & Mac-Clure, 2015]. La Concertación, en este contexto, tras el retorno a la democracia, debe navegar entre los éxitos económicos y las nuevas críticas que surgen frente a su gestión. Este debate en torno a las “paradojas de la modernización” se instala en el seno de la Concertación a finales de la década de 1990 [PNUD, 1998]. Por un lado, los “autocomplacientes” consideran que el modelo funciona y que el malestar que se desarrolla en algunos sectores de la sociedad constituye una forma temporal de adaptación a una economía dinámica. Por otro lado, los “autoflagelantes” consideran que, a pesar de sus éxitos, el modelo ha producido un fuerte aumento de las desigualdades y necesita correcciones importantes, ya sean políticas (reforma de la Constitución), económicas (reforma fiscal) o sociales (sistema no focalizado) [Nogué & Avendaño, 2023]. Sin embargo, sigue existiendo un consenso entre la élite política en torno a la gestión del modelo liberal, corporativista y “familiarista”, que permite la inclusión de los diferentes grupos sociales, pero con claras diferencias según los ingresos de las familias y, por lo tanto, grandes disparidades en la cobertura y la calidad de las prestaciones.

La justicia social en términos de políticas públicas para los Gobiernos de centro y centroizquierda de la Concertación

10Las políticas públicas de los Gobiernos de centro de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000) se ven limitadas por los “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura [Garretón, 2000]. Sin embargo, el crecimiento económico permite la inversión social en los ámbitos más críticos, en el marco de la política a favor del crecimiento. Los Gobiernos siguientes, dirigidos por los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), continúan estos esfuerzos para paliar los principales problemas del modelo económico, sin cambiar sus fundamentos. La concentración del gasto público en los más pobres permite no aumentar los impuestos, lo que no altera la distribución general de los ingresos. La situación de las familias mejora gracias a la creación de empleo y al aumento de los salarios, pero los ingresos más altos crecen más rápido [Contreras, Cooper & Neilson, 2008]. Además, los gobiernos de los dos presidentes socialistas se dedican a mejorar la calidad de los servicios, en particular en el ámbito de la salud y la educación. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se introdujeron correcciones más profundas, como una reforma del seguro de desempleo en 2002 y la garantía de atención médica universal para una serie de enfermedades en 2004. La mejora del nivel de vida también pasa por el acceso al crédito, ya que la financiarización de las clases medias precarias permite costear un estilo de vida hasta entonces inaccesible.

  • 7 The International Social Survey Programme, encuestas de 2009 y 2019. Disponible en: https://issp.or

11En esa época, los resultados del Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP, por sus siglas en inglés) indican que la población chilena tiende a justificar las desigualdades como un resultado aceptable del crecimiento económico.7 La concepción dominante de la justicia social, basada en la hegemonía de la igualdad de oportunidades y no en la igualdad de resultados [Dubet, 2006], se centra en la focalización de los recursos y en una mayor eficacia del gasto social, segmentando los derechos sociales en función de los ingresos familiares. Esta situación permite contener las demandas sociales más fuertes y reducir la tasa de pobreza a menos del 20 % a finales de la década de 2000. Así se perfila un consenso aparente en torno a un modelo económico que permitiría finalmente sacar al país del “subdesarrollo”, al tiempo que se da prioridad a la autonomía de las familias [Martuccelli, 2007]. La promesa de la justicia social intergeneracional se instala en toda la sociedad: gracias al acceso a la educación, la situación de los hijos sería mejor que la de sus padres. Esta esperanza a menudo es, para las familias, incluso más fuerte que la mejora de su propio nivel de vida, y motiva a las personas de las clases populares a soportar las desigualdades [Mac-Clure & Barozet, 2016].

  • 8 Grupo Banco Mundial, op. cit.

12Sin embargo, a finales de la década de 1990, los primeros análisis revelaron que la modernización y las decisiones en materia de políticas públicas se veían debilitadas por el endeudamiento de las familias [Moulian, 1997]. Los salarios se estancaron en la década de 2000, mientras que el crecimiento disminuyó y se mantuvo en promedio en torno al 4,2 %.8 La situación de las mujeres, con una escasa presencia en el mercado laboral (50 %), seguía siendo en general precaria [Contreras & Plaza, 2010]. Por otra parte, la expansión del sistema de educación superior no logró cumplir la promesa de movilidad social entre generaciones [Jorrat, Boado & Espinoza, 2024]. Por último, con el aumento de la esperanza de vida, las escasas pensiones comenzaron a plantear un problema nacional, aunque su cobertura pasó del 44 % al 84 % de las personas mayores durante la década de 2000 [Espinoza & Barozet, 2018].

La izquierda ante estas nuevas exigencias de justicia social

13En esta segunda parte, analizamos las respuestas dadas por las distintas izquierdas ante las nuevas exigencias de justicia social. En primer lugar, describimos cómo los gobiernos de centroizquierda tratan de conciliar un modelo de justicia social basado en el crecimiento con las nuevas exigencias de redistribución. A continuación, analizamos las conclusiones y propuestas de los actores contestatarios, antes de describir el agravamiento de la situación social y la revuelta de 2019. Por último, discutimos la propuesta alternativa y universalista del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que surge de los movimientos sociales.

De la Concertación a la Nueva Mayoría: el cansancio del modelo

14Ante estas nuevas demandas, que exigen la implantación de derechos más amplios, más allá de la ayuda a los más pobres, la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) cambia la orientación de las políticas sociales. La organización institucional de las políticas públicas contribuyó a consolidar y reproducir las diferencias sociales, principalmente debido a las características del modelo de desarrollo basado en el extractivismo, que permite la acumulación de riqueza en los sectores acomodados. El Gobierno de Michelle Bachelet destinó parte de los recursos recaudados por el Estado a financiar nuevos programas o políticas. Se pusieron en marcha varias medidas, en particular para la infancia (ampliación de la red de guarderías públicas en 2006), las mujeres (ayudas a las mujeres que han tenido hijos y ley de igualdad salarial de 2009) y las personas mayores (acceso gratuito a la atención de salud, reforma del sistema de pensiones con la creación de una pensión básica solidaria). Estas medidas permiten ampliar la red de seguridad a casi el 40 % de la población [Espinoza & Barozet, 2018]. Por su parte, los estudiantes de secundaria que se movilizaron contra la privatización de la educación, en el marco de la “revolución de los pingüinos” de 2006, no lograron reformas importantes. Por lo tanto, fue el siguiente Gobierno, el de Sebastián Piñera (2010-2014), de la derecha liberal, el que heredó estas reivindicaciones.

  • 9 Grupo Banco Mundial, op. cit.

15En 2014, Michelle Bachelet regresó al poder para un segundo mandato (2014-2018). Fue elegida al frente de una nueva coalición, la Nueva Mayoría, que agrupaba tanto a los partidos de la antigua Concertación como al Partido Comunista. La Nueva Mayoría defendía un programa transformador que integraba las principales reivindicaciones de los movimientos sociales, en particular algunas de las surgidas del masivo movimiento estudiantil de 2011. El segundo Gobierno de Michelle Bachelet iniciaba así un cambio de marco normativo, ya que ahora era necesario mejorar los mínimos sociales. Además, la tasa de crecimiento era menor que en años anteriores, pasando a un promedio del 3,3 % entre 2010 y 2019.9 La calidad de la oferta pública era cada vez más criticada, no solo en el ámbito de la salud o la educación, sino también en el de la vivienda social [Rodríguez & Sugranyes, 2004], ya que la oferta privada estaba fuera del alcance de muchos.

16Basado en una política de redistribución, el programa social del segundo gobierno de Michelle Bachelet incluye una reforma fiscal y de la legislación laboral. También prevé una reforma de la educación para responder a las protestas que se multiplican en varios frentes. El Gobierno se esfuerza en poner fin a la extracción de beneficios financieros en las instituciones, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y garantizar el acceso gratuito a la universidad para el 50 % de las familias más vulnerables.

17Desde el punto de vista político, la izquierda en el poder considera que el país está maduro para redefinir las bases del contrato social y avanzar hacia un régimen socialdemócrata [Esping-Andersen, 1990]. Sin embargo, los sectores sociales opuestos a estas reformas inician procedimientos judiciales y se acumulan los juicios. En esta línea, algunas medidas son rechazadas por el Tribunal Constitucional, que actúa con mayor frecuencia como una “tercera cámara” antidemocrática que limita la posibilidad de realizar reformas sociales. Además, el Gobierno pone en marcha un proceso participativo que sienta las bases del debate constitucional en 2016. Este proceso no se llevó finalmente a término, al no ser una prioridad política, pero se retomó en parte durante la revuelta social de 2019, gracias a la experiencia adquirida en la creación de asambleas deliberativas locales [Henríquez Viñas & García, 2023]. La movilidad social ascendente se bloquea [Espinoza, Barozet & Méndez, 2013] y China inicia una nueva fase económica, poniendo fin al “superciclo del cobre” [Eyraud, 2015], que impulsaba el crecimiento y frustraba el modelo liberal. 2015 es también un año decisivo: los escándalos financieros salpican a los partidos de izquierda y derecha, demostrando que las grandes empresas han eludido las normas fiscales impuestas a los demás y no respetan la justicia social.

Las izquierdas contestatarias y las nuevas exigencias de justicia social

18Al salir de la dictadura, a finales de los años ochenta, la mayoría de los partidos de izquierda formaron la Concertación de Partidos por la Democracia. A diferencia de estos, hubo una fracción que se negó a integrarse en esta alianza. Esta izquierda, denominada “extraparlamentaria”, que mantiene un fuerte vínculo con los movimientos sociales, está representada principalmente por el Partido Comunista (hasta su integración en 2012 en la Nueva Mayoría), el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, los ecologistas y otras corrientes y/u organizaciones partidistas más radicales (MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Desde el final de la dictadura hasta mediados de la década de 2010, estas izquierdas elaboraron una crítica de las restricciones de la transición, del neoliberalismo y de la Concertación, pero con una influencia muy modesta. Más recientemente, el Partido Alianza Verde Popular, fundado en 2022, es el primer partido en Chile que aboga por la defensa de los derechos de los animales, lo que refleja la extensión de los principios de justicia social a otras especies, aunque no obtuviera el mínimo legal en las elecciones legislativas de 2025 para garantizar su continuidad.

19Sin embargo, no son los partidos los que mejor canalizan las expresiones de “malestar social” en la década de 2010, sino los movimientos sociales. En este sentido, surgen nuevas manifestaciones a favor de la protección del medio ambiente a nivel nacional, como el movimiento No a Hidroaysén contra la instalación de represas y líneas de alta tensión en la Patagonia. En 2011, el movimiento estudiantil reabrió el debate sobre las desigualdades sociales y, más tarde, surgieron colectivos a favor del aumento de las pensiones (como No+AFP, fundado en 2016) o feministas y relacionados con la disidencia sexual, a partir de 2018. Todos estos movimientos proponen nuevas lecturas del concepto de justicia social, desplazando el centro de atención del acceso al mercado laboral y al consumo, hacia la lucha contra las desigualdades socioeconómicas, territoriales y relacionadas con las identidades.

20De hecho, los discursos de los actores sociales comienzan a centrarse también en las desigualdades simbólicas y la diferencia de trato entre los distintos tipos de población. Así, en la década de 2000 surge un sentimiento de irritación ante los abusos y malos tratos causados por el desprecio de clase de las élites [Araujo, 2009; Mac-Clure, Barozet & Moya, 2015], lo que da lugar a demandas de justicia en las relaciones entre las personas. También supone el fin de la conciliación entre jerarquías normativas diferentes según los grupos sociales y una primera ampliación de la reflexión hacia una nueva universalidad de los derechos.

21Tras los movimientos estudiantiles masivos de 2011, una generación de líderes estudiantiles de izquierda se lanza a la política nacional con el fin de representar las reivindicaciones expresadas por el movimiento social. Sus principales figuras entran en la Cámara de Diputados en 2014. De esta forma, cuatro colectivos estudiantiles dan lugar a cuatro partidos de izquierda: Revolución Democrática (2012), Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria (2016) y Nueva Democracia (2016), que se alían con una gran diversidad de partidos de izquierda y forman el Frente Amplio (FA), con vistas a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017. Insertándose en la tradición de las izquierdas extraparlamentarias y alimentándose de experiencias internacionales contemporáneas (en particular, Podemos en España), el FA combina una promesa de renovación política y un programa progresista de construcción de un Estado del bienestar. Esta retórica contestataria, unida a una renovación política, permite captar a una parte de la opinión pública insatisfecha con el sistema político tradicional [Nogué, 2023].

La degradación de la situación social y la revuelta de 2019

22Sin embargo, todos los dirigentes se vieron sorprendidos por la revuelta de 2019, que constituyó el movimiento social más importante desde el fin de la dictadura. En octubre de 2019, una subida del precio del transporte público en Santiago desencadenó una revuelta que sacudió todo el territorio hasta marzo de 2020. Este acontecimiento de gran envergadura exacerbó los discursos y las reivindicaciones sociales, al tiempo que obligó a las fuerzas políticas a debatir en profundidad nuevas opciones de sociedad y los límites del modelo de desarrollo de los últimos treinta años (“No son 30 pesos, son 30 años”). La magnitud de la crisis, la pérdida de control del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), que volvió al poder tras Michelle Bachelet, y la represión policial, abren la vía a la expresión de reivindicaciones sociales radicales, más arraigadas en los territorios y las identidades.

23Los primeros momentos de la revuelta son una amalgama de demandas de justicia social en torno a la cuestión de la “dignidad”, que engloba demandas plurales y a veces contradictorias [Aguilera & Espinoza, 2022]. Además, esta revuelta no está liderada por actores políticos y sociales, lo que explica en gran medida su duración y el apoyo de la población. Las demandas son múltiples: la renuncia del presidente (lo que no permite la Constitución de 1980) o el fin del neoliberalismo, pasando por las demandas materiales clásicas (salarios, educación, pensiones, salud), que se acompañan de reivindicaciones de los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, los territorios, pero también de los pueblos indígenas, lo que supone una novedad a nivel nacional, sin que estas demandas sean asimilables a organizaciones concretas [Aguilera et al., 2023]. Los manifestantes también expresan un fuerte rechazo a las élites y a los partidos, tanto de derecha como de izquierda, a los que señalan como la fuente de los males del país. El FA, cuya aparición política fue posible gracias a la captación temporal del descontento, también es objeto de esta crítica antipartidista. Los partidos de izquierda no ven venir una reacción que se produce, a menudo subterránea, ante la violencia callejera y el deterioro de las condiciones de seguridad: con ello alimenta un nuevo discurso en el seno de algunos partidos o dirigentes políticos, tanto conservadores como liberales. Estos últimos defienden los logros de “los que trabajan” frente a “los que lo quieren todo gratis” [Barozet et al., 2021].

24Se produce entonces una recomposición de las alianzas dentro de la izquierda chilena. El FA, muy debilitado por el movimiento social de 2019, se alía con el PC, que ha abandonado la Nueva Mayoría. Esta nueva coalición de izquierda antineoliberal (Apruebo Dignidad) defiende y promueve las principales reivindicaciones planteadas durante la revuelta de octubre de 2019 (nueva Constitución, instauración de derechos sociales universales, etc.). Los partidos firman rápidamente un acuerdo para canalizar la crisis mediante un cambio constitucional, aprobado en noviembre de 2020. En las elecciones de mayo de 2021, en las que se eligen tanto a los gobernadores regionales como a los alcaldes, concejales y miembros de la Convención Constitucional —órgano encargado de redactar la nueva Constitución—, la izquierda gana terreno a pesar de la alta abstención [Nogué & Barozet, 2023]. Tras vencer en las primarias de la izquierda en julio de 2021 frente al candidato comunista, el exlíder estudiantil Gabriel Boric se presenta a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, cuya primera vuelta confirma la desaparición de los candidatos de los partidos tradicionales en favor de la aparición de discursos contestatarios o del estilo “que se vayan todos”. El antiguo líder estudiantil gana las elecciones, pero en un contexto de elevada abstención.

El Frente Amplio en La Moneda: ¿qué respuesta da la izquierda en el Ejecutivo?

25En marzo de 2022, Gabriel Boric y el FA llegan al poder con un programa presidencial que sintetiza las reivindicaciones de los movimientos sociales de los últimos diez años. El programa electoral de 2021 se articula en torno a tres grandes prioridades propias de la socialdemocracia y que deben eliminar los elementos más negativos del liberalismo corporativista. En primer lugar, la “nueva izquierda” desea establecer derechos sociales financiados de manera solidaria mediante impuestos. De hecho, el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) busca aportar más beneficios a la población para mitigar la crisis económica pospandémica, al tiempo que anticipa la financiación de un programa progresista que abarca la universalidad de los derechos mediante la expansión de los servicios públicos. Los puntos estructurales más clásicos son la mejora del acceso a la salud y la educación, la reforma del sistema de pensiones, incluida la derogación del sistema privado de pensiones, y la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, Gabriel Boric y el FA defienden la construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Por último, el gobierno promueve la llegada de una nueva Constitución que consagre la participación ciudadana y los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de los pueblos indígenas.

26Estas reivindicaciones, generalmente calificadas de posmateriales o identitarias, impregnan todo el programa del Gobierno. Por primera vez en la historia política del país latinoamericano, un Ejecutivo electo se ha definido como feminista. En definitiva, más allá de la radicalidad que alaban los propios actores para seducir al ala izquierda y que critica la oposición para deslegitimarla, el programa político es reformista, gradualista y se asemeja a la socialdemocracia clásica [Rovira & Zanotti, 2022].

27Entre los avances sociales, el Gobierno ha logrado que se aprueben leyes destinadas a mejorar la situación material de la población. En primer lugar, se ha aprobado el aumento del salario mínimo de 380 000 a 500 000 pesos (380 a 500 euros) mensuales y se ha implantado la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en el sector privado. En lo que respecta a grupos más específicos, el Ejecutivo llega a un acuerdo con los maestros de la enseñanza pública, a quienes el Estado debe pagar la diferencia salarial perdida durante la dictadura. El Gobierno también consigue que se apruebe, tras alcanzar un acuerdo con la derecha tradicional, una reforma de las pensiones, la más importante desde la creación del sistema de capitalización en 1981. En el ámbito de la salud, se hace hincapié en la universalización de la atención primaria, la cobertura de determinados gastos por parte del Estado y la ampliación de la atención a la salud mental. El último año del Gobierno de Boric se caracteriza por el debate en el Congreso sobre la reforma de la financiación de la educación superior y la cancelación del reembolso de la deuda estudiantil. El derecho al aborto sin restricciones y el derecho a la eutanasia también son presentados por el Gobierno en el Congreso en 2025, pero sin resultados concluyentes debido a la falta de mayoría en el Congreso y a la polarización política propia de la campaña presidencial del segundo semestre de 2025.

Dificultades estructurales y contradicciones para aplicar las exigencias de justicia social

28A pesar del apoyo mayoritario de la opinión pública a las nuevas reivindicaciones sociales desde la década de 2010 y la elección del Gobierno de Gabriel Boric, la aplicación de reformas que tienden a la universalización de los derechos sociales y garantizan nuevos derechos a poblaciones específicas se enfrenta a importantes obstáculos, al igual que en otros países. Se combinan la dificultad de los poderes públicos para poner en marcha reformas, un modelo económico estancado y unas demandas de la población difíciles de transformar en políticas públicas que sirvan a la mayoría de la población, pero que también interpreten correctamente las demandas sociales. A pesar del deseo teórico de avanzar hacia un régimen socialdemócrata, resurgen los anclajes históricos de la política y la economía chilena, manteniendo las principales características liberales y corporativistas del Estado chileno.

Dificultades estructurales relacionadas con el sistema político

29Las fuerzas de izquierda en el poder deben hacer frente a tres grandes problemas: la falta de mayoría en el Congreso, el fracaso de dos procesos constituyentes sucesivos, en 2022 y 2023, y el regreso del voto obligatorio, que hace que los resultados electorales sean mucho más volátiles. En primer lugar, el Gobierno de Gabriel Boric no tiene mayoría absoluta en el Congreso, lo que exige negociaciones continuas con otros partidos. Doce alianzas y veintisiete partidos políticos, y unos resultados electorales que conducen a una representación muy fragmentada en las elecciones parlamentarias de 2021, dan lugar a un Congreso sin mayoría. Aparecen tensiones dentro de la coalición gubernamental, entre los partidos del FA, los partidos más antiguos como el PS o el PC y los movimientos más radicales, decepcionados con el Gobierno.

30La falta de mayoría también provocó el rechazo de la ambiciosa reforma fiscal al comienzo del mandato, que debía financiar gran parte del programa. Este fracaso es doloroso, ya que el Ejecutivo no puede presentar el mismo proyecto hasta dentro de un año. Esto le obliga a fragmentarlo y aligerarlo, en particular en el ámbito minero. A este revés le sigue el rechazo del primer proyecto constitucional en septiembre de 2022, lo que no solo pone fin a las pretensiones de refundación socialdemócrata del sistema político y económico, sino que también supone un golpe al voluntarismo de esta nueva generación política. Igualmente, algunas reformas puestas en marcha por el Gobierno tienen finalmente un impacto menor de lo previsto. En efecto, la revalorización del salario mínimo se ve en gran medida reducida por la inflación. La reforma de las pensiones tampoco permite la desaparición de los fondos privados de pensiones por capitalización, inicialmente deseada por la izquierda antineoliberal y el movimiento No+AFP.

31En junio de 2022, el Gobierno también debe hacer frente a la corrupción en uno de sus partidos (el llamado caso de las fundaciones), lo que empaña gravemente su credibilidad en el ámbito de la probidad pública, sobre todo porque la nueva generación había prometido erradicar el nepotismo y las prácticas clientelistas [Nogué & Barozet, 2023].

32Por último, la instauración del voto obligatorio en 2022 para el primer referéndum y las votaciones siguientes, que los partidos consideraban una forma de dar un nuevo impulso democrático al juego político, no favorece los intereses de la izquierda en el poder. Tras una década de abstención que alcanza una media del 50 % de los votantes, el regreso de los abstencionistas al juego electoral dinamiza más bien las candidaturas independientes y antisistema, así como el voto de rechazo, lo que confirman las elecciones legislativas y presidenciales de 2025.

33Los avances en materia de justicia social son, por tanto, muy inferiores a lo que prometía el impulso inicial del Gobierno, lo que no es inusual en sí mismo, pero que en este caso resulta especialmente perjudicial para la nueva generación en el poder. El Estado dispone de una capacidad cada vez más limitada para gobernar una sociedad atomizada [Luna, 2024] e imponer un cambio de modelo.

Cambio de agenda política en un contexto de estancamiento del modelo de desarrollo

34La limitación de los avances inicialmente prometidos en la campaña electoral también plantea una cuestión clásica para los programas keynesianos de justicia social: ¿pueden ponerse en marcha amplios programas sociales fuera de los periodos de crecimiento económico sostenido? Las relaciones con el sector privado no se ven facilitadas por la preferencia mostrada por el Gobierno por el sector público y su voluntad de limitar la presencia de las empresas privadas en el ámbito de las pensiones y la salud, cuando existe una importante preferencia liberal en la sociedad. Las restricciones presupuestarias debidas a la desaceleración del modelo económico y a la crisis posterior a la Covid-19 dificultan, como en otros lugares, la consolidación de los derechos ya existentes y crean un desfase entre las aspiraciones de los diferentes grupos sociales y las posibilidades de establecer nuevos derechos [PNUD, 2023]. Por ejemplo, reformas emblemáticas como la cancelación de la deuda de los antiguos estudiantes, uno de los principales apoyos del Gobierno, compiten con la financiación de otras prestaciones para los grupos menos favorecidos.

35Entre el momento en que se formularon las bases del programa político del FA (2011-2021) y el ejercicio del poder, la situación de Chile ha cambiado considerablemente. No solo la crisis de la Covid-19 ha provocado una inflación que se suma a la causada por la crisis económica mundial, sino que la crisis migratoria consecuencia de la situación política y económica de Venezuela y el aumento de la inseguridad obligan al Gobierno de Gabriel Boric a gestionar cuestiones tradicionalmente marcadas por la derecha. Esta agenda se ve reforzada por el deterioro de la situación en la zona indígena mapuche, entre reivindicaciones legítimas de reapropiación de tierras ancestrales, mafias que prosperan y aumento de la violencia entre comunidades. La economía ilegal también se infiltra en diversas esferas de la vida social [Luna, 2024]. Los partidos de la coalición en el poder tampoco han logrado desarrollar un fuerte arraigo en los sectores populares y en los territorios alejados del centro de las metrópolis, lo que agrava otro problema estructural, el de la desincronización entre el tratamiento de las demandas sociales y las respuestas del sistema político [Rosa, 2013].

Justicias sociales plurales y en competencia

36Finalmente, entre el momento de las grandes manifestaciones y la revuelta social de 2019, los analistas políticos pudieron pensar que las demandas eran claras y convergentes, propias de una esperanza socialdemócrata, e incluso que su interpretación y aplicación serían relativamente fáciles una vez en el poder. Sin embargo, las múltiples reivindicaciones que surgieron se volvieron plurales y, en algunos casos, contradictorias [Sainsaulieu et al., 2019], mezclando la demanda de protección corporativista con el mantenimiento de las ventajas del liberalismo. Una experiencia anterior tuvo lugar en 2014, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, con la puesta en marcha de la reforma de la educación primaria y secundaria, cuyo objetivo era poner fin al lucro, la financiación compartida y la selección de alumnos en las escuelas. La Confederación de Padres y Tutores de Escuelas Privadas Subvencionadas, que entonces representaba a un tercio de los centros, se negó a perder el derecho a elegir su escuela. Así pues, asistimos al retorno de los debates clásicos sobre la oposición entre el derecho a la educación para todos y la libertad de educación.

37Tras la revuelta social de 2019, se repite el mismo fenómeno en torno a otros derechos. Ante la resistencia del Gobierno de Sebastián Piñera a poner en marcha transferencias de dinero a las familias en los primeros meses de la pandemia, el debate toma un giro populista: el Congreso autoriza a los particulares a realizar tres retiros del 10 % de los fondos de pensiones. Estos retiros de fondos alivian las dificultades económicas de las familias, pero las empobrecen en el futuro, al tiempo que crean inflación debido a la importancia de la liquidez disponible en el mercado. Una parte de la izquierda contestataria ve en ello una forma de socavar el sistema privado de pensiones, mientras que entre la población se refuerza la idea de que es mejor disponer individualmente de los fondos de pensiones ahora, en lugar de favorecer respuestas solidarias a la crisis.

38En el ámbito de la seguridad pública, la violencia durante la revuelta social crea en una parte de la población la aguda sensación de que tiene mucho que perder, lo que vuelve a poner en la agenda política el derecho a la seguridad. Voces menos audibles defienden la continuidad de las normas que les han permitido mejorar su situación familiar durante las últimas décadas [Barozet et al., 2021]. Estas posiciones son un terreno fértil para el desarrollo de las derechas radicales o los movimientos populistas, que proponen una interpretación simple de la situación y un retorno al orden, según la teoría del backlash [Stefanoni, 2021], que se consolida a nivel mundial, impulsada por Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei [Payne & De Souza, 2021; Alenda & Escoffier, 2024].

39Además, la dificultad para poner en marcha respuestas sociales amplias también es palpable en los dos procesos constitucionales. Durante el primer proceso en 2022, las demandas de grupos específicos, con listas muy detalladas de derechos particulares, reflejan la desconfianza de las nuevas formaciones independientes de izquierda hacia los partidos tradicionales, que en el futuro podrían reescribir o limitar el texto mediante reformas. En 2023, durante el segundo proceso, la derecha y la extrema derecha, mayoritarias en el Consejo Constitucional, tampoco logran traducir las demandas de la población, ya cansada de los debates sobre los derechos futuros, mientras la crisis se agrava. Ante el debate político cada vez más polarizado, las encuestas muestran un aumento de la percepción de decepción y cansancio con respecto a la situación política y una preferencia mayoritaria por una mejor calidad de las prestaciones sociales, ya sean públicas o privadas, sin limitar la autonomía de las familias [Espinoza et al., 2023].

Conclusión

40Tras la dictadura, Chile ha experimentado casi veinticinco años de crecimiento económico: un fenómeno excepcional en América Latina, donde los ciclos positivos son volátiles debido a la fuerte dependencia de la exportación de materias primas. Esta situación ha llevado tanto a los Gobiernos como a la opinión pública a pensar que Chile ya no se enfrentaría a uno de los dilemas históricos de América Latina: elegir entre el crecimiento económico y la justicia social. De hecho, las dificultades de la inclusión social en Chile a pesar del crecimiento demuestran que el modelo de desarrollo orientado a los más pobres ya no puede, en un momento dado, responder a las expectativas de la población. En lugar de conformarse con umbrales de inclusión, las reivindicaciones sociales han puesto el énfasis en la identificación de niveles de vida acordes con los esfuerzos de la población, lo que implica un cambio en el marco normativo de la justicia social, pasando de la supervivencia a las condiciones mínimas necesarias para vivir, pero manteniendo una fuerte creencia en la meritocracia basada en la educación.

41Luego, el agotamiento del modelo económico y la falta de correcciones ante las demandas cada vez más intensas de justicia social en la década de 2010 llevaron al país a una situación más preocupante, antes de que la revuelta social de 2019, la pandemia y el proceso constituyente abrieran las compuertas de un profundo cuestionamiento sobre los derechos que deben garantizarse. A partir de 2022, se impone una síntesis pesimista, al tiempo que surgen contradicciones entre los términos del programa de la “nueva izquierda” de la Coalición por el Cambio y el contexto político de su llegada al poder, lo que cierra el camino a la aplicación de políticas socialdemócratas amplias.

42Mientras que el sistema de partidos chileno es objeto de una profunda desconfianza por parte de una amplia parte de la sociedad, que se aleja en gran medida de la política institucional, el activismo partidista se derrumba y las demandas de los ciudadanos se vuelven más complejas. En este contexto, la izquierda, y en general todos los partidos políticos, tienen dificultades para interpretar y dar respuestas concretas a las múltiples reivindicaciones y divisiones presentes en la sociedad. Por otra parte, para la “nueva izquierda” chilena que llegó al poder en 2022, la luna de miel fue breve, ya que su ascenso se produjo tras un momento de galvanización social, pero dio paso a una relativa impotencia de los gobernantes.

  • 10 Entrevista realizada a Enrique Correa en el medio digital chileno Ex-Ante, cf. Bofill Cristián, 202 (...)

43En resumen, el período de la Concertación (1994-2000) se basó en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, a la vez que apostaba por la igualdad de oportunidades en el marco de un modelo liberal-corporativista. Durante la transición de la Concertación a la Nueva Mayoría (2014-2018), se instauró un modelo de justicia social basado en el crecimiento y la igualdad de oportunidades, pero preocupado por la redistribución. Finalmente, en los últimos años, se instala una amalgama de demandas de justicia social, que engloba demandas plurales. Abarca la universalidad de los derechos mediante la expansión de los servicios públicos y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, pero se enfrenta a la realidad de la financiación, la herencia del liberalismo y la fragilización del modelo democrático. Así pues, por un lado, se ve por qué la cuestión de la justicia social es múltiple y por qué es difícil establecer un consenso sobre los derechos sociales que deben priorizarse o qué modelo pueden aplicar los Gobiernos de izquierda. Por otro lado, es difícil garantizar nuevos derechos en un contexto de deterioro de la situación económica. A finales de 2024, un exministro afirmaba en una entrevista que “el presidente Boric quiso cambiar el país y no lo cambió, pero lo reencauzó. ¿Y por qué cauce? Por el de los 30 años”.10 De hecho, los chilenos están cada vez más politizados y tienen múltiples ideas sobre el bien público y privado, pero con la pandemia y la crisis, el deseo de no perder los frágiles logros económicos vuelve a ocupar un lugar destacado.

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Notes

1 En las partes 2 y 3, las entrevistas utilizadas en el metaanálisis corresponden a dos corpus. El primero incluye entrevistas realizadas a actores políticos y sociales de todo el espectro político entre 2016 y 2024 en varias regiones de Chile: Magallanes, Araucanía, BíoBío, Libertador General O’Higgins, Metropolitana y Tarapacá. Esta selección refleja la diversidad territorial y política del país. Las personas entrevistadas son comprometidas con la política, militantes o no, dirigentes de asociaciones locales, concejales, alcaldes, funcionarios y altos funcionarios, consejeros regionales, diputados, senadores, autoridades eclesiásticas, empresarios, expertos o jueces. El segundo corpus corresponde a entrevistas realizadas durante y después de la explosión social de 2019 y durante la pandemia de Covid-19 a ciudadanos que se politizaron con los acontecimientos, ya fueran a favor o en contra del cambio social que se estaba produciendo en Chile. Estos corpus comprenden un total de casi doscientas entrevistas.

2 ECOS220011, FONDECYT 1211099, 1250872, 1251786 y COES ANID/FONDAP/1523A0005 (incluido el proyecto Minicoes “El impacto de las reformas políticas y electorales desde 2012 en Chile”), financiado por UCHILE AYV076/24 e INCASI2, que ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en el marco del convenio de subvención Marie Sklodowska-Curie nº 101130456.

3 También en el informe de la ONU de 2020, cf. ONU, 2020, World Social Report 2020. Inequality in a Rapidly Changing World, Nueva York, ONU.

4 ONU, 2006, Social justice in an open world: the role of the United Nations, Nueva York, ONU. Disponible en: https://desapublications.un.org/publications/social-justice-open-world-role-united-nations

5 Ministerio de Desarrollo Social, 1990, Encuesta de Caracterización Socioeconómica [en línea], Observatorio Social - Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Disponible en: https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen

6 Grupo Banco Mundial, 2025, “Crecimiento del PIB (% anual) – Chile”, Datos [en línea] [búsqueda realizada el 2 de febrero de 2015]. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2000&locations=CL&start=1990

7 The International Social Survey Programme, encuestas de 2009 y 2019. Disponible en: https://issp.org

8 Grupo Banco Mundial, op. cit.

9 Grupo Banco Mundial, op. cit.

10 Entrevista realizada a Enrique Correa en el medio digital chileno Ex-Ante, cf. Bofill Cristián, 2024, “Enrique Correa y el último año de Boric: ‘El país va volviendo a su cauce, no sé con cuánta rapidez’”, Ex-Ante [en línea], disponible en: https://www.ex-ante.cl/enrique-correa-y-el-ultimo-ano-de-boric-el-pais-va-volviendo-a-su-cauce-no-se-con-cuanta-

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Pour citer cet article

Référence électronique

Emmanuelle Barozet, « Las fluctuaciones de los modelos de justicia social de la izquierda chilena, entre las demandas de garantía de derechos y el ejercicio del poder (1990-2025) »Cahiers des Amériques latines [En ligne], 107 | 2025, mis en ligne le 19 février 2026, consulté le 10 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/cal/20809 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15qy7

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Auteur

Emmanuelle Barozet

Universidad de Chile, Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social

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