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Migrations : le(s) sens des liens

Protección social transnacional en Centroamérica. Reflexiones a partir de tres contextos de movilidad

La protection sociale transnationale en Amérique centrale. Réflexions autour de trois contextes de mobilité
Transnational social protection in Central America. Reflections based on three contexts of mobility
Sergio Salazar et Koen Voorend
p. 29-48

Résumés

Cet article s’inscrit dans les débats sur la protection sociale transnationale et analyse les cas de migration Sud-Sud en Amérique centrale et au Mexique, à la fois de la mobilité de la main-d’œuvre des Nicaraguayens vers le Costa Rica, et de la mobilité économique et induite par la violence sociale des personnes du Honduras et du Salvador en transit vers les États-Unis. L’étude des pratiques de protection et des environnements de ressources qui se développent autour de la population en mobilité implique une contribution analytique et méthodologique à la réflexion sur la protection sociale transnationale dans les contextes du Sud. Les cas analysés montrent que, dans ces conditions, les pratiques de protection pèsent surtout sur les individus et les réseaux familiaux, ainsi que le tiers secteur et le marché, de manière informelle.

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Notes de la rédaction

Texte reçu le 15 décembre 2018, accepté le 22 mai 2019.

Texte intégral

1Cada vez son más las personas en Centroamérica, la región más desigual y violenta del mundo [Médecins Sans Frontières, 2017; El Faro, 2018-2019], que eligen o son forzadas a llevar vidas que cruzan, y están cruzadas, por las fronteras nacionales. Si se estima que en el mundo el 3 % de la población no vive en su país de nacimiento, en Centroamérica el 12 % vive «afuera». De los casi 45 millones de personas en la región, más de 5 millones son migrantes. Se trata de una realidad estructural y estructurante de la vida de millones de personas [Sandoval, 2016].

2Ante la pobreza extrema, la falta de oportunidades y la violencia social y estructural [Salazar, 2017], surge la necesidad de pensar las formas de protección social en el proceso migratorio: ¿cómo y en qué medida son protegidas las personas en movimiento? En una región de baja protección estatal, ¿cómo se producen otras formas de protección social en torno a los procesos de migración transnacional?

3Los principales debates sobre protección social transnacional reconocen que cada vez más personas, en su capacidad diaria para lidiar con riesgos sociales, dependen de prácticas de estados, mercados y redes sociales que transcienden las fronteras nacionales. Sin embargo, si bien existe un cuerpo de literatura en América Latina que discute la (expansión de la) protección social formal, esta no incorpora los complejos arreglos de proveimiento y protección que surgen en la movilidad migratoria.

4En este artículo se hace un aporte al mostrar que alrededor de la producción masiva y permanente de desplazamiento humano transnacional, la protección social se constituye de prácticas formales (estatales y mercantiles) e informales en complejos «entornos de recursos», entendidos como la combinación de todas las posibles formas de protección social de diferentes fuentes (estados, mercados, tercer sector, redes sociales) [Levitt et al., 2016] que en Centroamérica se articulan sobre todo desde redes sociales y acciones individuales. Para esto, escogimos tres momentos de diferentes procesos de migración Sur-Sur en la región, aunque los dos primeros forman parte de una eventual ruta Sur-Norte: la salida de Honduras hacia México, el tránsito en México de migrantes de Honduras y El Salvador y un momento de llegada de migrantes nicaragüenses en Costa Rica.

  • 1 Esto implica contrastes de contenido y metodológicos en el carácter y alcances de los materiales em (...)

5Para elaborar nuestro argumento partimos de dos procesos de investigación muy diferentes1. El primero [Voorend, 2019] constituye un estudio de métodos mixtos sobre el acceso de migrantes nicaragüenses a la seguridad social y los servicios de salud en Costa Rica; se retoman datos cualitativos del 2014 y 2015, de entrevistas y de ocho grupos focales para un total de cuarenta y un migrantes nicaragüenses. El segundo [Salazar, 2017] es una investigación antropológica sobre la producción social de la migración centroamericana en tránsito y las condiciones en que día a día se trasladan cientos de miles de personas, así como un análisis de las redes transnacionales de trabajo desde las que se (re)produce el movimiento masivo de esta población.

6Tras una discusión conceptual sobre la protección social transnacional en la región, se presentarán los tres momentos seleccionados. Cada uno inicia con una viñeta corta y una breve contextualización a partir de la cual se describen y analizan las prácticas de protección social implicadas. La última sección aporta reflexiones finales.

Sobre la protección social transnacional

7Primero, la protección social se ha entendido mayoritariamente como un asunto entre los Estados y sus ciudadanos [Levitt et al., 2016], y en América Latina se ha estudiado como protección social estatal. La literatura sobre regímenes de bienestar en América Latina [por ejemplo, Barba, 2007; Martínez Franzoni, 2008] estudia el manejo de riesgos sociales en el régimen de bienestar, entendido como una constelación de prácticas de tres instituciones: el mercado, el Estado y la familia [Martínez Franzoni, 2008]. De forma más reciente ha estudiado la expansión de la política social en América Latina, pero el foco de análisis ha sido la protección social estatal nacional, subnacional y sectorial y no las prácticas de las personas migrantes y sus formas de movilidad, menos de manera comparativa.

8Segundo, la literatura sobre migración internacional ha estudiado, sobre todo en el Norte, el otorgamiento de derechos sociales a, y la integración de, poblaciones inmigrantes [cf. Joppke, 2010; Carmel et al., 2011; Freeman y Mirilovic, 2016]. Para América Latina, esta literatura ha surgido sobre todo en países con importantes flujos de inmigración y regímenes de política social más estables, como Argentina, Chile y Costa Rica, y en su mayoría evalúa el reconocimiento legal de derechos sociales en reformas migratorias [cf. Ceriani, 2011; Novick, 2012]. Sin embargo, no ha prestado mucha atención a la constelación de prácticas de bienestar y su enfoque se ha mantenido en los criterios de elegibilidad de la política social, analizando los derechos, con notables excepciones [Voorend, 2019], en términos formales, sin considerar el acceso real a los servicios [Sainsbury, 2006].

9Tercero, de manera más reciente ha surgido desde el Norte un cuerpo de literatura con aportes interesantes para nuestro análisis: la protección social transnacional. El lente transnacional reconoce la variedad de prácticas de protección y es una forma de superar el nacionalismo metodológico [Levitt, 2012]. En nuestro caso, se vincula con la literatura sobre formas de protección social transnacional informales y familiares [cf. Bada, 2014; Lamba-Nieves, 2013; Kilkey y Merla, 2014; Merla, 2014; Parella y Speroni, 2018].

10De ahí retomamos que la protección social puede trascender al Estado nación [Levitt et al., 2016] y que incorpora políticas, individuos, organizaciones e instituciones que proporcionan y protegen a las personas transnacionalmente en diferentes áreas del bienestar (pensiones, discapacidad, salud, familia, mercado laboral, vivienda, educación, violencia social e institucional) [Levitt et al., 2016]. En estos espacios transnacionales, el alcance de la protección social formal dirigida por el Estado puede variar considerablemente [Dobbs y Levitt, 2017; Faist, 2017; Levitt et al., 2016], por lo que exige la incorporación de prácticas informales. Utilizamos el concepto de «entorno de recursos» [Levitt et al., 2016] como combinación de las formas de protección estatales, mercantiles, familiares y del tercer sector. El conjunto de protecciones que finalmente está disponible depende de la fuerza y la capacidad de los estados emisores y receptores, de la naturaleza y el acceso a los mercados en ambos lados de la frontera, de la ecología organizacional del tercer sector y de las características de los migrantes individuales y de sus familias.

11Ante la ausencia de la protección social estatal o la dificultad de su acceso, en este artículo nos proponemos estudiar las prácticas de protección social formales e informales en tres momentos emblemáticos de diferentes procesos migratorios. Como aporte adicional, argumentamos la importancia de las prácticas de protección directamente vinculadas a la movilidad, dirigidas a enfrentar los riesgos asociados al tránsito, las cuales no han sido estudiadas dentro de la literatura sobre protección social transnacional. Estos riesgos son tanto una condición que marca la decisión de salir como la condición que está presente durante el traslado como violencia social, criminal e institucional [cf. Izcara Palacios, 2016; Álvarez Velasco, 2016].

Migrantes y prácticas de protección social en Centroamérica

La salida de Honduras: la migración como protección

  • 2 Don Alberto, salvadoreño, 40 años, Tenosique, Tabasco, 13 de octubre de 2014.

«Hace un año hicimos intento, pero como no teníamos quién nos ayudara pues nos regresamos. Ahí fue cuando pasó lo de mi hijo pues… Un día llegó a la casa pidiéndome que lo sacara del país porque tenía problemas con las pandillas […]. Luego me dijo que ya se había arreglado el problema, que solo necesitaba dinero para la licencia de conducir porque quería trabajar, entonces pedí prestado. Como al mes fue que me lo desaparecieron. Me lo desaparecieron y… fue un tres de septiembre. Después me comunicaron a mí… porque yo iba a ayudar a buscarlo, y ahí fue donde… como que les caí mal a los pandilleros, ellos me veían y sabían mi nombre… Sentían que yo los miraba como sospechosos. Después me dijo otro amigo que sí me andaban buscando para hacerme daño […]. Luego empezaron con este otro que anda conmigo, a buscarlo a la casa… […]. Al fin decidimos tomar este camino a ver qué o pedir refugio en México… estar un tiempo. Yo pienso que regresar sería un problema porque también perderíamos la vida […]2

12El caso de don Alberto muestra el drama invisibilizado de cientos de familias que deciden migrar, huyendo, sin mayor previsión y capacidad de decisión familiar, de la violencia extrema que caracteriza el llamado Triángulo Norte [Flores Fonseca, 2012]. En su séptimo intento de cruzar a EUA, don Alberto huía junto a su hijo de 17 años y su cuñada, a quien la madre del muchacho le había pedido que lo «cuidara», mientras ella se quedaba buscando al que le habían desaparecido.

13Ante la debilidad del Estado y del mercado formal en los entornos de recursos, las únicas prácticas factibles de protección se reducen al plano familiar, individual e informal. Muchas de las primeras prácticas de protección en torno al inicio de la movilidad y su sostenimiento son generadas por redes familiares que se separan con la salida y por las propias personas que se han visto directamente afectadas por las condiciones de violencia que los obligan a huir. El Estado no ofrece ningún recurso de protección ni participa de las prácticas familiares que permiten sostener el traslado.

14El Estado hondureño como proveedor de protección social está casi ausente. El gasto social total per cápita para 2016 fue de 201 USD, con solo 64 USD en salud y 17 USD en transferencias de protección social, muy por debajo del promedio para América Latina (728 USD) y el más bajo de la región [Cepal, 2018]. La cobertura de programas nacionales de educación y salud es limitada y hay pocas transferencias estatales [Martínez Franzoni, 2008].

  • 3 Prácticas informales de protección social que se basan en las redes familiares y comunitarias, con (...)

15La condición estructural del riesgo social y la desprotección estatal se expresa en experiencias cotidianas: no hay trabajo y, cuando se inventa, el mercado flexible, el crimen organizado o el propio gobierno se encargan de capturarlo. Ante el riesgo asociado a la falta de oportunidades, la movilidad es estrategia de sobrevivencia y construcción de oportunidades. Aun en este contexto de desprotección se dan prácticas familiaristas3 de protección y adaptación (migración interna e intrarregional, remesas desde EUA, disminución de calidad de vida, ingreso a la economía informal y criminal).

16Los riesgos asociados a las formas de violencia social e institucional son los factores más significativos para entender el éxodo [Salazar, 2017]. La extorsión, el reclutamiento y control territorial de pandillas, como muestra el caso de don Alberto, así como la presencia y operación de actores vinculados al tráfico internacional de drogas, han incidido directamente en el aumento de la migración extra regional en Centroamérica en los últimos quince años.

17El Triángulo Norte de Centroamérica se ha convertido «en el territorio más violento de Latinoamérica y, por causas distintas a las de un conflicto bélico, en una de las zonas más peligrosas del planeta» [Programa Estado de la Nación, 2011, p. 66]. En Honduras, la tasa de homicidios ha oscilado entre 60 y 80 por 100 000 habitantes en la última década [Programa Estado de la Nación, 2016]. A pesar de su ineficacia [Thale, 2006; Salazar, 2008], las respuestas del Estado hondureño se enfocan en la securitización y la militarización y no en la seguridad humana. La migración se ha convertido más en una estrategia de sobrevivencia que en una estrategia de ascenso social; su carácter económico-histórico ha cambiado a una situación de «desplazamiento forzoso» [Valladares, 2014; Sandoval, 2015].

18En el caso de don Alberto, el desplazamiento responde a la operación de un mecanismo de explotación laboral que ha tomado cada vez más fuerza en Centroamérica, específicamente en Honduras y El Salvador, donde la presencia de las pandillas está más consolidada en torno a redes transnacionales de capitalización [Farah, 2012; Sampó, 2013]. El reclutamiento forzado captura fuerza de trabajo excluida del sistema educativo y del mercado laboral y activa población económica que de otra forma permanecería ociosa. Solo en 2013, alrededor de 17 000 familias cambiaron de colonia o abandonaron sus casas huyendo de amenazas, extorsiones o reclutamientos y 2 000 niños desertaron de la escuela por amenazas de muerte [Rivera, 2014].

19Puede mencionarse el caso de Manuel, un hombre de mediana edad que trabaja como taxista en Tegucigalpa, una de las ocupaciones más riesgosas de Honduras y uno de los nichos laborales más explotados por el impuesto cobrado por algunas pandillas. Manuel y sus hermanos eran campesinos hasta que tuvieron que migrar a la ciudad, donde se dedicaron al transporte. Pocos años después, sin embargo, «cuando [las pandillas] empezaban a cobrar el impuesto de guerra», tres de ellos, y luego una hermana, decidieron irse a EUA. Sus recursos de protección eran de carácter familiar nacional y transnacional (remesas) o estaban vinculados al trabajo informal, con nula presencia estatal. La estrategia que lo protege es «andar tranquilo», una práctica individual de rutina moral y religiosa a la que se apega cada día, y que lo disciplina laboral y socialmente con graves costos para su economía. Implica trabajar mucho pero fuera de los espacios donde hay más servicios; significa pagar lo que tiene que pagar y nunca dejar de hacerlo; implica no denunciar, no tomar, no fumar, ni siquiera decir malas palabras. No se detiene en puntos de taxis y trabaja casi exclusivamente con clientes de organizaciones religiosas y de defensa de derechos humanos. Manuel se ha habituado por sus conductas y rutas a ciertos protocolos de autocuidado que reducen el riesgo, pero también la rentabilidad de su oficio, razón por la cual suele trabajar el doble que la mayoría de sus colegas. Su familia, desperdigada transnacionalmente por la violencia y el desempleo, se rearticula en su relocalización trasnacional y desde ahí protege al grupo familiar. Las remesas que Manuel recibe lo ayudan a la crianza y cuidado de los hijos de sus hermanos, al tiempo que sus propias prácticas de autoprotección le permiten seguir canalizando recursos para sus parientes más vulnerables. Pero también le han permitido algo más: no tener que migrar.

20Sin embargo, día a día son menos los que logran evitar enfrentarse a la decisión cada vez menos libre de migrar. Cuando lo hacen, suele ser mediante el sometimiento al control territorial de las organizaciones delictivas, que se convierten en proveedoras de prácticas de protección informales (y forzadas): «en los postes [las pandillas] colocan un papel diciendo que van a cobrar 50 lempiras a cada casa y garantizan que no habrán asaltos […] usted termina sometido […] hemos tenido que buscar nuestros propios mecanismos de sobrevivencia» [Valladares, 2014]. En estos casos, el Estado permanece ausente.

21No obstante, para muchas personas la migración es una práctica de autoprotección, es decir, una estrategia comúnmente familiar que las personas realizan para enfrentar contextos de riesgos asociados a la violencia social y a la precarización, las dos principales condiciones actuales de la migración desde Centroamérica [Salazar, 2017]. Si bien la migración desde hace mucho tiempo ha constituido una práctica de protección de los grupos familiares de la región, ahora esta estrategia es en sí misma generadora de nuevos riesgos, vulnerabilidades y amenazas, por lo que la relación migración-protección se vuelve más estrecha e interrelacionada. Por la peligrosidad de la ruta, la protección social también se vuelve necesaria para mantener la propia migración: no solo se trata de proteger y reproducir la vida familiar mediante la estrategia migratoria, sino que se vuelve necesario proteger la estrategia misma.

El tránsito de centroamericanos en México: el albergue como dinámica de protección informal

  • 4 Fray Tomás González, director del Hogar-Refugio para personas migrantes La 72, 20 de septiembre de (...)

«Nos empezaba a llegar gente violada, asaltada, los secuestros que todo el mundo sabía que ocurrían, fue entonces cuando decidimos hacer algo, empezamos a buscar un espacio y surgió la posibilidad de instalar un albergue donde recibir a la gente, atender sus necesidades, escuchar sus historias, y empezaron a llegar, más de los que podíamos recibir, pero siempre hubo gente, organizaciones amigas que nos ayudaron, que nos apoyaron desde el principio4

  • 5 Cf. La bestia, película dirigida por Pedro Ultreras en 2011, así como la serie de documentales de S (...)

22Es durante el traslado por México cuando surgen los principales riesgos que enfrenta la población centroamericana en tránsito: redes delictivas de tráfico y extorsión [CNDH, 2011], peligrosos medios de transporte5, militarización y paramilitarización de las fronteras [Delgado, 2011] y políticas regionales de securitización estatal [Wolf et al., 2011; Sandoval, 2015; Salazar, 2017]. Su camino es una trama de violencias sociales y estatales, muchas profundamente institucionalizadas, que marcan las experiencias migratorias [Barja, 2014; Itam, 2014; Álvarez Velasco, 2016].

23Existen pocas cifras oficiales sobre tránsito irregular por México [Rodríguez et al., 2011, p. 1], pero se estima que 90 % de las nacionalidades que transitan son centroamericanas [CDHDF, 2011, p. 4]. Si en los años noventa e inicios de los años 2000 la migración centroamericana había ido creciendo, entre 2005 y 2010 se redujo en un 70 % [Rodríguez et al., 2011, p. 2], en un contexto de externalización a México de las políticas represivas de control migratorio de EUA, dirigidas a reducir la migración irregular [Kron, 2011, p. 54]. No obstante, a partir de 2012, con el agravamiento de las condiciones en el Triángulo Norte y la llamada «crisis de niños migrantes», la migración volvió a crecer.

  • 6 Sobre la (in)acción de los servicios consulares centroamericanos en México, cf. Álvarez Velasco, 20 (...)
  • 7 Cabe hacer la distinción entre los polleros y coyotes, por un lado, y los guías, por el otro. La di (...)

24Esta creciente cantidad de migrantes que transitan o permanecen en México se encuentra con escasa protección social estatal. Si bien el gasto público social per cápita (vivienda, salud, educación y transferencias de protección social) sumaba 965 USD en 2016 [Cepal, 2018], casi cuatro veces más que en Honduras, Nicaragua y Guatemala, en los entornos de recursos de la mayoría de las personas migrantes la protección social estatal es prácticamente inexistente6. Esto implica que las prácticas de protección de migrantes recaen sobre la sociedad civil mexicana en sus contextos locales [Pastoral Social Cáritas 2003; Marroni, 2013], casi siempre de manera informal, así como sobre las propias personas migrantes y sus estrategias informales de autoprotección. Esta ausencia estatal genera espacios para «actores delictivos para hacer de los migrantes en tránsito un nuevo nicho delictivo» [Itam, 2014, p. 19]. Gracias al control territorial del crimen organizado [Martínez, 2012; Izcara Palacios, 2016], redes de polleros o coyotes han ido monopolizando y encareciendo el tráfico de migrantes, lo que implica constantes riesgos de asesinato, secuestro y extorsión7.

  • 8 El uso de la cifra «72» en el nombre es una forma de rendir homenaje a las 72 personas migrantes ma (...)

25Son personas y colectivos de la sociedad civil y albergues para migrantes los que ofrecen formas de protección que, aunque sostenidas desde la voluntad del «tejido humanitario de apoyo» [Marroni, 2013], logran disminuir los riesgos del tránsito. Los albergues forman parte del «capital social del transmigrante» [Itam 2014, p. 20], con notable incidencia desde el tercer sector. Este puede ser movilizado en tres sentidos principales: 1. protección frente a violencia social y criminal; 2. despliegue estratégico del tránsito, y 3. reconstitución y fortalecimiento de las fuerzas de traslado y movilidad. Entre estas experiencias destaca el Hogar-Refugio para personas migrantes La 72, ubicado en la ciudad de Tenosique, componente prioritario de los entornos de recursos en la movilidad transnacional de las poblaciones más precarizadas y vulnerables8. Para muchas personas migrantes, La 72 se ha posicionado como clave para su protección y, aunque oscila entre lo formal e informal, está cada vez más equipada e institucionalizada.

26Impulsada por la orden franciscana desde el 2011, La 72 brinda techo y comida desde una visión caritativa y consolida un complejo sistema de apoyo y defensa ante la violencia migratoria. Actualmente ofrece una amplia diversidad de servicios que van desde el monitoreo del accionar de las autoridades hasta el acompañamiento para la regularización, denuncia y defensa de abusos y delitos, pasando por el acompañamiento psicoemocional, la alimentación, el abrigo y la atención médica [Salazar, 2017]. El albergue ofrece también una alternativa segura de comunicación transnacional, esencial ante la captura constante que el crimen organizado realiza de estas comunicaciones para la extorsión [CNDH, 2011]. Esta comunicación es básica para circular los tan indispensables apoyos, recursos, afectos e informaciones que se gestionan desde las redes familiares en los países de origen y destino para las trayectorias de movilidad [Sandoval et al., 2013].

  • 9 Estas relaciones de intercambio se dan tanto entre las personas encargadas de administrar el alberg (...)

27Los recursos y servicios se ofrecen en relaciones de intercambio [Mauss, 1979], realizadas mediante la reconversión cotidiana de diversas formas de capital [Bourdieu, 2000; Salazar, 2017]9. Al ser recursos de protección con gran valor, surge una situación de pugna difícil de evitar, y que fomenta lógicas estratégicas [Tilly y Tarrow, 2006] para obtener ropa, alimentos, medicinas, asesoría táctica, etc. Para don Alberto y su familia, por ejemplo, quedarse en La 72 era indispensable, pues además de lo básico, obtenían apoyo y asesoría en su toma de decisiones ante las implicaciones de haber iniciado la solicitud de refugio. Constantemente estaban ofreciendo retribución y pidiendo disculpas por su presencia, sintiéndose incómodos por quedarse «mucho tiempo» y no lograr conseguir trabajo.

28La situación muestra un entorno de recursos altamente informal, sostenido desde voluntades y esfuerzos del tercer sector, sobre todo eclesial y organizativo. Con respaldo institucional por parte de la parroquia, el albergue se gestiona a partir de grupos de voluntarios cambiantes, y canaliza recursos de donaciones y voluntades comunitarias, corporativas y empresariales, más que de apoyos formalizados (estatales o no). Las prácticas de protección surgen a partir de una vocación de defensa de derechos, pero se activan cuando las propias personas migrantes logran iniciar una relación de reciprocidad con las personas encargadas en la casa. Además, muchos de los servicios se articulan con procesos e instancias formales-estatales de protección (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o Comar), frente a las cuales el equipo del albergue emerge como un actor que presiona y da seguimiento, acompañando directamente a las personas solicitantes.

29Don Alberto quería iniciar el trámite de refugio y «mandar a traer» a su esposa y sus otros hijos con ayuda del albergue, pero ante la falta de empleo reconsideraron sus planes: «creo que mejor me regreso a El Salvador a trabajar». La falta de empleo temporal y el rechazo o dilación de la Comar presionaron la estrategia de movilidad y protección familiar y provocaron un «retorno forzado» que, al igual que las deportaciones, es causa de numerosas agresiones y muertes por parte de pandillas. Irónicamente, la única intervención estatal es fuente de nuevos riesgos sociales frente a los que las familias tienen aún menos mecanismos de protección.

Nicaragüenses en Costa Rica: un desequilibrio entre protección social formal e informal

  • 10 Grupo focal, Pavas, 20 de agosto de 2014.

Cuando Xinia, nicaragüense en Costa Rica, se siente mal, va «a la pul [pulpería], a comprarse una pastilla10

  • 11 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, 3 de mayo de 2014.

«Si no tenés seguro [social] aquí, es mejor volver a tu país11

  • 12 Rafaela, migrante nicaragüense [Fouratt y Voorend, 2018].

«Rafaela nos explicó con crudeza: Somos como elefantes, que, cuando nos sentimos mal volvemos a nuestro lugar de nacimiento… Sí, un elefante puede viajar y viajar y viajar, ¿verdad? Pero cuando se siente que se va a morir, vuelve al lugar donde nació. Y ahí se muere. Sí, así somos nosotras [mujeres migrantes]12

  • 13 Mientras se escribía este artículo, Nicaragua estaba viviendo una crisis política y social que ha g (...)

30Xinia y Rafaela forman parte de los aproximadamente 400 000 nicaragüenses que residen en Costa Rica, uno de los países receptores más importantes de toda la región latinoamericana. La población inmigrante representa casi el 10 % de la población total, la tasa más alta del continente [Naciones Unidas, 2017]. La migración en el importante sistema migratorio Sur-Sur entre Nicaragua y Costa Rica alcanzó su punto máximo en los años noventa, siguiendo las reestructuraciones de las economías centroamericanas inspiradas en el Consenso de Washington. Entre 1984 y 2000, la población inmigrante en Costa Rica creció a una tasa promedio anual de 7.5 %, la mayor parte por afluencia de nicaragüenses, y siguió creciendo en la década siguiente, aunque a una tasa menor (2.4 %) [Inec, 1984, 2000, 2011]. En contraste con el éxodo del Triángulo Norte, donde la violencia extrema incide mucho en la decisión de migrar, estos flujos migratorios están relacionados principalmente con factores laborales [Morales y Castro, 2006; Sandoval, 2007]13. Hoy, casi el 7 % de la población en Costa Rica es de origen nicaragüense [Inec, 2011].

31Su integración ha sido difícil y polémica, en buena medida porque el auge de la migración hacia Costa Rica en los años noventa coincidió con la aplicación de medidas de austeridad en el sector público y, en particular, en la política social. Si bien Costa Rica hoy día todavía tiene uno de los gastos sociales per cápita más altos de América Latina (1 176 USD en el 2016), estas medidas implicaron una fuerte presión sobre la larga y «singular» trayectoria de política social universal y solidaria [Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2013]. Así, surgió «una gran tensión debido a la exigencia de realizar más con menos recursos» [Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2012, p. 90]. Como resultado, la calidad de los servicios sociales públicos se ha deteriorado, mientras que la demanda y la oferta de servicios privados están prosperando [Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2013].

32Esta situación «usualmente no se representa como una consecuencia de las políticas neoliberales, sino como el resultado de la migración de nicaragüenses a Costa Rica» [Sandoval, 2004, p. 444]. Esta se ha vuelto extremadamente polémica, en parte por una cobertura mediática negativa [Sandoval, 2012]. Son constantes las ideas de que las personas migrantes nicaragüenses reemplazan a los costarricenses en el mercado laboral [Voorend y Robles Rivera, 2011], de que son responsables de los altos índices de delincuencia [Sandoval, 2012] y culpables de la decadencia de los servicios sociales [Dobles et al., 2013], en particular del seguro social y de la institución más importante y emblemática del sector de la salud: la Caja Costarricense de Seguro Social [Voorend, 2019].

33En este contexto, a pesar de un mayor reconocimiento legal de los derechos sociales de los inmigrantes [Fouratt, 2014; Voorend, 2019] y, a pesar de que seis de cada diez inmigrantes nicaragüenses cotizan para el seguro social, han surgido mecanismos de exclusión institucionales que dificultan su acceso a la protección social estatal costarricense [Voorend, 2019]. Otros mecanismos son estructurales y están vinculados a la informalidad y la explotación en el mercado laboral [Morales y Castro, 2006; Sandoval, 2007]; otros más son de agencia y están asociados a las prácticas de discriminación que muchas personas enfrentan incluso con un estado migratorio regular [Dobles et al., 2013; Fouratt y Voorend, 2018].

34Xinia y Rafaela, al igual que muchas otras personas migrantes, enfrentan obstáculos para acceder a los servicios de salud, lo cual no solo está vinculado a las condiciones laborales y de vida precarias o a las cada vez más rigurosas políticas migratorias restrictivas [Castañeda, 2012], sino también a la estigmatización y discriminación. Sarah, una mujer joven nicaragüense con dos años en el país, nos contó:

  • 14 Sarah, migrante nicaragüense, grupo focal, Alajuelita, Costa Rica, 26 de enero de 2014.

«En la mayoría de los casos, se topa uno [con discriminación]. En todo, ya sea en un banco o en el hospital: la cédula nicaragüense y ya la empiezan a tratar mal a uno. Donde quiera que usted vaya y le toque enseñar la cédula… uno se topa con personas que ya le empiezan… a hacer caras14

35Frente a las dificultades de acceso a la protección social estatal, surgen otras prácticas de protección social. Cuando la presencia del Estado costarricense se limita en sus entornos de recursos, aparecen prácticas que se vinculan con los mercados, así como con las familias y las redes individuales. Es notable que estas prácticas a menudo cruzan la informalidad y la formalidad de manera fluida y, aunque hay un abanico de prácticas de protección social diversas, coinciden en sufragar servicios privados en combinación con estrategias familiares de protección. Por ejemplo, una opción recurrente es pagar por servicios médicos en el sector privado, tanto por citas médicas como por medicinas. En este caso, se resuelve la necesidad a través del mercado.

  • 15 Dora, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 20 de agosto de 2014.

«No estoy asegurada, y cuando yo me siento… mal, lo que hago es ir a una farmacia si tengo la plata. Y si no, me aguanto15

  • 16 Martha, migrante nicaragüense, grupo focal, Alajuelita, Costa Rica, 26 de enero de 2015.

«Entonces, para que la atiendan [a mi mamá]… tenemos que ver cómo hacemos y pagar clínica privada16. »

36En estos casos, las prácticas de protección social son mercantiles y formales. Otras prácticas cruzan la informalidad y dependen de las redes comunitarias ya existentes entre las personas nicaragüenses. Sin embargo, estas no son transnacionales directamente, ya que no cruzan las fronteras del Estado. Y al mismo tiempo lo son, ya que, aunque no sean transfronterizas, cubren a una población que es parte de una dinámica familiar y comunitaria de movilidad, con lazos y vínculos más allá del lugar donde se realiza la práctica de protección social específica.

  • 17 Carlos, migrante nicaragüenses, grupo focal, San Sebastián, Costa Rica, 7 de agosto de 2014.
  • 18 «La Merced es parque de “paisas”», La Nación, 7 de junio de 2004.
  • 19 «Vendedores ambulantes hacen de “farmacéuticos” en parque de San José», Teletica, 20 de marzo de 20 (...)

37Existen también prácticas mercantiles informales. Carlos, un inmigrante nicaragüense con cinco años en el país, cuenta cómo se consiguen medicinas «en el mercado negro, que le dicen. Al parque a La Merced llega mucho nicaragüense y a escondidas17». Carlos se refiere al Parque La Merced, ubicado en el centro de la capital, el cual se ha convertido en un importante espacio de encuentro de la comunidad nicaragüense en Costa Rica18 y donde se ha desarrollado un mercado informal de medicamentos19. Ante la dificultad de muchas personas para conseguir medicamentos gratuitos del seguro social, y con un limitado poder adquisitivo, es común comprar protección social en el mercado informal.

  • 20 «Mujer vendía medicamentos ilegales en el parque de La Merced», Repretel, 30 de julio de 2018.
  • 21 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 3 de mayo de 2014.

38En algunos casos estas prácticas son transnacionales. Recientemente, Repretel emitió un reportaje sobre una mujer nicaragüense que vendía medicinas contrabandeadas desde Nicaragua en el parque20 y, en efecto, durante nuestra investigación fue común escuchar sobre prácticas clandestinas de importación de medicamentos desde Nicaragua. Por lo general, estas medicinas provienen de «farmacias privadas donde tiene que pagar la consulta con el médico [para el paciente en Costa Rica] y el medicamento que le manden21».

  • 22 Carlos, migrante nicaragüense, grupo focal, San Sebastián, Costa Rica, 7 de agosto de 2014.

39Se trata de prácticas transnacionales de protección social que cruzan la formalidad al cruzar la frontera. La consulta médica en Costa Rica es una práctica formal mercantil, igual que la compra de medicinas en Nicaragua. Es el elemento transnacional, por los familiares o conocidos que cruzan la frontera con las medicinas, lo que la hace informal. El entorno de recursos está constituido, entonces, por una constelación de prácticas mercantiles formales con prácticas de redes individuales informales de carácter transnacional. El mismo Carlos cuenta cómo se cruzan las fronteras del Estado al comprar medicinas, y «lo mandamos a traer de Nicaragua22».

  • 23 Fabián, migrante nicaragüense, grupo focal, Carrillo, Costa Rica, 18 de octubre de 2014.

«Nosotros mismos vamos allá [a Nicaragua] con las recetas, o tenemos que pagar caro. Aquí es caro en la farmacia. Hay gente que trae de Nicaragua grandes sacos… porque el nicaragüense está usando ese, la medicina que viene de allá e inclusive costarricenses que pagan seguro compran a esa gente… “Ando penicilina, ando esto, ando lo otro”23

  • 24 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 3 de mayo de 2014.

40Cuando las personas inmigrantes carecen de seguro médico, su acceso a la protección social estatal es muy limitado. Incluso en Costa Rica, con su fuerte sistema de seguridad social y la alta calidad de la atención médica, ante la exclusión surgen prácticas transnacionales como alternativa. Estas se pueden vincular al mercado (costarricense o nicaragüense) o al Estado nicaragüense, pero la mayoría se basan en las redes familiares y comunitarias transnacionales que existen en la diáspora nicaragüense. Por ejemplo, algunas personas entrevistadas mencionaron que regresan a Nicaragua para recibir atención médica, ya sea en el sistema de salud público o en el centro de salud privado más económico que puedan encontrar: «Si no tenés seguro aquí, es mejor volver a tu país24».

Reflexiones finales

41La protección social de personas migrantes en Centroamérica se caracteriza por entornos de recursos de protección social con muy poca presencia estatal. En estos entornos, incluso en un país como Costa Rica, con un régimen de política social fuerte y sin el mismo nivel de violencia que experimentan las personas migrantes en tránsito por México, la protección social es predominantemente informal y familiar-individual. Ante la desprotección estatal se ha configurado una ciudadanización de la seguridad ciudadana, en la cual la responsabilidad se traslada desde el Estado al ejercicio cotidiano de la gente común con sus propios mecanismos de protección. Así, la protección social depende de sus propias acciones, de las de sus redes individuales y familiares, de las de los mercados (principalmente informales) y, en algunos casos, de las de las organizaciones del tercer sector, que operan en un área gris entre la formalidad y la informalidad.

42Los tres casos analizados en este artículo, relativos a diferentes momentos de la migración, ponen sobre la mesa, primero, que el análisis de la protección social transnacional amplía el análisis tradicional del Estado, y que se necesita, precisamente, un lente transnacional. Segundo, que el enfoque sobre la protección social formal no es suficiente. Es indispensable pensar el nexo de la migración y la protección social a través de las prácticas informales que tienen lugar fuera del Estado. Finalmente, que la protección social formal e informal debería ser un eje central del análisis para explicar dinámicas y rutas migratorias. En Centroamérica, destaca incluso la paradoja de que las formas de violencia social asociadas a las pandillas se configuran como condiciones de desplazamiento forzado (irónicamente fortalecidas y especializadas a causa de las políticas estatales de mano dura) y, también, como mecanismos de protección que sustituyen al Estado frente a las propias condiciones de riesgo y amenaza que estas generan.

43Si bien la literatura sobre la protección social transnacional reconoce la importancia de estudiar las prácticas de protección informales, para países del Sur es importante que se genere, además de un marco analítico que reconozca la ausencia estatal, la extrema informalidad y la violencia como factores que condicionan la protección social, un cuerpo de estudios empíricos para entender mejor cómo se protegen las personas migrantes en el Sur y cómo se produce valor alrededor de la falta de protección formal en diferentes momentos del proceso.

  • 25 Nos referimos a formas concretas de movilidad, desde la salida del país hasta los sorteos de retene (...)

44Los procesos migratorios en Centroamérica están estructurados desde una lógica que toma la forma de un «continuo valor-violencia» [Salazar, 2019], condición estructurante de la producción social de la movilidad implicada en dichos procesos25. La violencia constituye un riesgo continuo de la movilidad, por lo que las prácticas de protección transnacional señaladas buscan enfrentar esta condición estructurante del tránsito. La existencia de lugares concretos como albergues, casas de refugiados y centros de atención de deportados permite perímetros de refugio ante las formas de violencia social y de captura de valor señaladas.

45Por otra parte, destaca el contraste en las formas en que se colectivizan las prácticas de protección en los otros momentos seleccionados. En Costa Rica, el hecho de que la población nicaragüense tenga un patrón de asentamiento más amplio y estable que el de la población centroamericana en tránsito por México fomenta la emergencia de un tejido social más extenso, que en la ruta al Norte suele quedar reducido al individuo, a los pequeños grupos o a las redes familiares.

46Algunas de las prácticas de protección tienen un carácter transnacional. Este transnacionalismo se encuentra en las interacciones de redes individuales, familiares y comunitarias, aunque a veces también con el tercer sector, como en el caso del albergue que forma un pivote en los procesos migratorios hacia el Norte. En este caso, el alcance transnacional se articula en el trabajo de protección y cuidado que ofrecen los albergues para migrantes a lo largo de la ruta migratoria, estableciendo vínculos con prácticas realizadas en otros puntos, como los centros de atención de migrantes deportados o las mismas unidades domésticas en los países de origen. Esta articulación es económica, ya que participan de una misma economía transnacional de cuidado, pero es también fisiológica, pues constituyen un sistema transnacional dirigido a reconstituir el cuerpo de una población en tránsito frente a las amenazas, riesgos e inclemencias de la ruta y los desgastes del traslado. En otros casos, el alcance se observa en las prácticas mercantiles, en las cuales se mueven recursos (medicinas, en el caso de Costa Rica) del país de origen al país de destino ante la dificultad de obtenerlos en este último. Como hemos venido sosteniendo, la participación estatal en la configuración y movilización de estos entornos es escasa, cuando no inexistente.

47Este trabajo aporta una mirada inicial a estas prácticas de protección social desde dos estudios muy diferentes. La principal implicación metodológica que se puede extraer de esto es que existen diferentes formas de estudiarlas. Aunque entender la protección social en contextos tan informales depende principalmente de métodos cualitativos, creemos necesario complementar los enfoques etnográficos, como el de Salazar [2017], con estudios cuantitativos para análisis más sistemáticos. Esto implicaría, ante la falta de datos actuales, la generación de datos primarios como lo ha hecho Voorend [2019] para Costa Rica. Además, complementando la literatura sobre regímenes de bienestar, una importante lección ante la ausencia del Estado es que el sujeto de análisis tiene que ser la persona migrante, ya que construye sus propias prácticas de protección social ante la informalidad y la desprotección estatal. La reconstrucción de sus entornos de recursos es una tarea pendiente para entender las prácticas de protección social (transnacional) en el Sur.

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Notes

1 Esto implica contrastes de contenido y metodológicos en el carácter y alcances de los materiales empíricos utilizados, lo que se evidencia con relación al momento de llegada frente a los dos momentos anteriores.

2 Don Alberto, salvadoreño, 40 años, Tenosique, Tabasco, 13 de octubre de 2014.

3 Prácticas informales de protección social que se basan en las redes familiares y comunitarias, con especial importancia del trabajo no-remunerado femenino, desde las cuales se movilizan recursos para la protección de uno o varios de sus miembros.

4 Fray Tomás González, director del Hogar-Refugio para personas migrantes La 72, 20 de septiembre de 2014.

5 Cf. La bestia, película dirigida por Pedro Ultreras en 2011, así como la serie de documentales de Silver Marc y Gael García Bernal, Los invisibles: un viaje oculto a través de México.

6 Sobre la (in)acción de los servicios consulares centroamericanos en México, cf. Álvarez Velasco, 2016.

7 Cabe hacer la distinción entre los polleros y coyotes, por un lado, y los guías, por el otro. La diferencia tiene que ver con el trabajo realizado: el guía suele ser una persona conocida del grupo, quizás de su misma comunidad e incluso con vínculos de parentesco; el pollero y el coyote, por el contrario, son operadores de redes establecidas de tráfico de personas, cobran cuotas fijas por su trabajo, no necesariamente viajan con el grupo y responden a organizaciones del crimen organizado.

8 El uso de la cifra «72» en el nombre es una forma de rendir homenaje a las 72 personas migrantes masacradas por el crimen organizado en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2010. El material etnográfico fue generado en el marco de una estancia de trabajo de campo en La 72, a donde uno de los autores llegó para participar como voluntario de septiembre a diciembre de 2014.

9 Estas relaciones de intercambio se dan tanto entre las personas encargadas de administrar el albergue y la población migrante como entre esta última; implican la circulación de bienes y servicios que van desde la comunicación (telefónica, por internet) hasta la vestimenta, pasando por formas de apoyo emocional y asesoría en la movilidad o en trámites, entre otras cosas.

10 Grupo focal, Pavas, 20 de agosto de 2014.

11 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, 3 de mayo de 2014.

12 Rafaela, migrante nicaragüense [Fouratt y Voorend, 2018].

13 Mientras se escribía este artículo, Nicaragua estaba viviendo una crisis política y social que ha generado un aumento sustancial de solicitudes de refugio en Costa Rica. Sin embargo, lejos de una «crisis migratoria», los principales factores que explican la migración de Nicaragua a Costa Rica siguen siendo laborales.

14 Sarah, migrante nicaragüense, grupo focal, Alajuelita, Costa Rica, 26 de enero de 2014.

15 Dora, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 20 de agosto de 2014.

16 Martha, migrante nicaragüense, grupo focal, Alajuelita, Costa Rica, 26 de enero de 2015.

17 Carlos, migrante nicaragüenses, grupo focal, San Sebastián, Costa Rica, 7 de agosto de 2014.

18 «La Merced es parque de “paisas”», La Nación, 7 de junio de 2004.

19 «Vendedores ambulantes hacen de “farmacéuticos” en parque de San José», Teletica, 20 de marzo de 2017.

20 «Mujer vendía medicamentos ilegales en el parque de La Merced», Repretel, 30 de julio de 2018.

21 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 3 de mayo de 2014.

22 Carlos, migrante nicaragüense, grupo focal, San Sebastián, Costa Rica, 7 de agosto de 2014.

23 Fabián, migrante nicaragüense, grupo focal, Carrillo, Costa Rica, 18 de octubre de 2014.

24 Isabel, migrante nicaragüense, grupo focal, Pavas, Costa Rica, 3 de mayo de 2014.

25 Nos referimos a formas concretas de movilidad, desde la salida del país hasta los sorteos de retenes y operativos oficiales, pasando por los cruces fronterizos o los traslados por zonas controladas por redes delictivas. Estas formas de movilidad componen y estructuran el proceso migratorio desde la realización de formas de violencia vinculadas a la extracción de formas de valor, las cuales no solo están presentes como condiciones de salida o expulsión, sino que también se realizan en el tránsito, en las constantes extorsiones y abusos de funcionarios estatales o actores delictivos y sociales.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sergio Salazar et Koen Voorend, « Protección social transnacional en Centroamérica. Reflexiones a partir de tres contextos de movilidad », Cahiers des Amériques latines, 91 | 2019, 29-48.

Référence électronique

Sergio Salazar et Koen Voorend, « Protección social transnacional en Centroamérica. Reflexiones a partir de tres contextos de movilidad », Cahiers des Amériques latines [En ligne], 91 | 2019, mis en ligne le 27 septembre 2019, consulté le 20 novembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/cal/9369 ; DOI : 10.4000/cal.9369

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Auteurs

Sergio Salazar

Sergio Salazar est titulaire d’un doctorat en anthropologie sociale de l’université ibéroaméricaine du Mexique, avec une thèse sur « La production sociale des migrations d’Amérique centrale en transit à travers le Mexique » et une maîtrise en science politique de l’université du Costa Rica (UCR) en 2009. Ses sujets de recherche sont la démocratie, les politiques de sécurité et la démocratisation en Amérique centrale, les migrations en transit en Amérique centrale, les modèles punitifs et les politiques pénitentiaires au Costa Rica et la population pénale juvénile au Costa Rica. Il a été chercheur à l’Institut de recherches sociales et est actuellement professeur à la faculté de science politique et chercheur au Centre de recherche et d’études politiques de l’université du Costa Rica.

Koen Voorend

Koen Voorend est titulaire d’un doctorat en études de développement à l’Institut international d’études sociales de La Haye, université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas. Il est chercheur à l’Institut de recherche sociale et professeur à l’École des sciences de la communication de l’université du Costa Rica. Parmi ses publications les plus récentes, citons « ¿Un imán de bienestar en el Sur? Migración y política social en Costa Rica » (San José, Editorial UCR, 2019) et « Sidestepping the State. Practices of Social Service Commodification among Nicaraguans in Costa Rica and Nicaragua » dans le Journal of Latin American Studies (avec Caitlin Fouratt, 2018).

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