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Dossier. La prohibition des drogues au quotidien

Extractivismo. Concierto de intereses detrás de la violencia en México

Entrevista con Ignacio Alvarado Álvarez
Ignacio Alvarado Álvarez, Chiara Calzolaio et Sabine Guez
p. 53-70

Texte intégral

Chiara Calzolaio y Sabine Guez (C.C., S.G.): Desde que empezaste a trabajar como periodista de investigación en El Diario de Ciudad Juárez a principios de los años noventa, hasta tus reportajes más recientes para Al Jazeera o Newsweek en español, has estado documentando las dinámicas político-económico-criminales y sus repercusiones violentas en distintos contextos urbanos y rurales del norte de México. ¿Cómo analizas esta gran violencia que sigue habiendo ahora mismo en México desde una perspectiva histórica? ¿Hubo actores o momentos claves a lo largo de las décadas pasadas que nos permitirían entender la desregulación de la violencia en el país?

  • 1 Sobre la historia de las drogas ilegales en México y las articulaciones entre redes criminales y po (...)

Ignacio Alvarado (I.A.): Me parece que hay un momento decisivo que parte en dos grandes dimensiones el tema de la violencia en México. Ese punto de inflexión está en 2006, con el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Antes de ello, la violencia atribuida a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas es muy diferente a lo que veremos después. Para explicarlo mejor habría que irnos a la década de 1970. Hasta ese momento, el tráfico de drogas fue una actividad hasta cierto punto aldeana. Algunas entidades del país tenían una vocación para cultivar y traficar marihuana y opiáceos desde mediados de los cuarenta. Esta actividad estuvo en manos de caciques regionales: políticos, terratenientes o miembros de la oligarquía militar. Pero es hasta la década de los ochenta, cuando los contrabandistas mexicanos se constituyen en enlace para la cocaína sudamericana, cuando el negocio comienza a generar más dinero y se involucra una mayor cantidad de actores del sistema de gobierno, concretamente militares y agentes federales, quienes ya no perderían la rectoría del negocio1. Solo quiero subrayar un hecho: en la historia mexicana, ni antes ni después de 2006, ningún narcotraficante o empresario criminal ha estado por encima de las líneas que le traza el mismo sistema del poder público o los personajes oscuros del sistema, mejor dicho. […] ¿Qué es lo que pasa con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994? Quizás exceptuando las zonas de la frontera con Estados Unidos, México vivía con un atraso sensible respecto al acceso a mercancías extranjeras y, por lo tanto, la sociedad misma estaba inmersa en otras dinámicas de convivencia y de comercio cotidianos. Lo que marca el Tratado de Libre Comercio es un reacomodo significativo de todos los componentes sociales, políticos y económicos del país, y en esto se incluye también todo lo que atañe a la delincuencia y el crimen.

  • 2 Drogas hacia Estados Unidos; divisas y armas hacia México.

Lo que ocurre, en términos prácticos, es que el volumen de transacciones comerciales, sobre todo por la frontera común, se multiplica N cantidad de veces. Y no solamente por las fronteras, sino por los puertos marítimos. Es decir, toda la transacción comercial entre los tres países (Canadá, México y Estados Unidos) adquiere volúmenes que nunca registró en su historia. Esto supone un mayor desplazamiento de mercancías en plazos mucho más cortos, porque esos eran los términos del tratado y, por lo tanto, las revisiones en los puntos de entrada se vuelven mucho más laxas. Eso dispara el cruce de mercancías ilegales en uno y otro sentido2. Básicamente, las fronteras y los puertos se vuelven porosos, se abren y, desde luego, el negocio se magnifica, como todos los negocios que implican una comercialización global, y, ante más dinero, crece el llamado de intereses específicos.

Entonces, estos viejos empresarios de la droga, estos viejos caciques, estorban para los propósitos del sistema —o del nuevo sistema— que nace o se desarrolla a partir de la firma del TLCAN. En los hechos, lo que sucede es que terminan asesinando o encarcelando a estas figuras dominantes de la escena del narco (los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes, Juan García Ábrego). En ese momento, 1994, también existe una especie de ola, de reacción política en varias regiones del país, sobre todo en el norte, en donde el partido dominante, que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI), comienza a perder bastiones trascendentales como Baja California y Chihuahua, donde se ubican las principales ciudades fronterizas, Tijuana y Ciudad Juárez. El PRI pierde el gobierno de otros municipios importantes como Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara y, posteriormente, los estados a los que pertenecen estas ciudades: Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco. Esto no solo marca un cambio en la geopolítica nacional, sino también en los juegos de poder y de cacicazgos políticos y empresariales. A finales de los noventa, cuando el PRI de manera masiva pierde varios espacios del territorio nacional y hay gobernantes de la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, se consolidan estructuras criminales nuevas. Aquella idea que se tenía sobre grandes infraestructuras dentro del narco (se hablaba básicamente de cuatro en esa década: el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez y el de Sinaloa) se desvanece porque ya no operan estas grandes ramificaciones a las que se podía controlar desde el centro del poder público mexicano…

C.C.: Entonces, ¿para ti, antes de esta fecha importante de mediados de los años noventa, sí existían grandes estructuras criminales que operaban a nivel nacional?

I.A.: Existían, digamos, estas cuatro empresas criminales. Sin embargo, siempre operaron con anuencia del Gobierno federal. Los hermanos Arellano Félix o Amado Carrillo Fuentes, lo mismo que Juan García Ábrego, es decir, estos personajes que forman parte de la mitología del narcotráfico en México, no pudieron alcanzar esos niveles empresariales sino por la protección que les prodigaron políticos, militares y policías federales. […] Pero la dinámica del negocio cambió tras la firma del TLCAN. Es a partir de ese momento cuando van desvaneciéndose estas figuras. Mi lectura es que el movimiento de mercancías por fronteras y puertos marítimos entre México, Estados Unidos y Canadá potencia el negocio mismo de la droga y, consecuentemente, despierta intereses de personajes o estructuras del Estado. El cambio más tangible ocurre en las calles, con la multiplicación de células dedicadas al trasiego y venta de drogas, una suerte de democratización del negocio de la droga que, al mismo tiempo, está marcada por la anarquía. La década del 2000 inicia con una multiplicación de organizaciones criminales. Con ellas se fragmenta también el volumen de desplazamiento de droga y narcóticos, así como el del dinero. Las grandes figuras empresariales que existían diez años atrás ya no estaban vigentes.

S.G.: ¿Cómo puede medirse este proceso de democratización del tráfico de drogas de manera tangible?

I.A.: A comienzos y mediados de los noventa, cuando se encontraba a una persona asesinada o se daba la noticia sobre el secuestro de algún sujeto, se decía de ellos regularmente que eran empresarios, ganaderos o agentes aduanales. En las versiones oficiales sobre sus asesinatos solía revelarse que habían robado una tonelada de droga o un millón de dólares. Eran individuos que causaban un daño significativo a la red en la que ellos operaban. Para el 2000, sin embargo, comenzaron a aparecer víctimas de homicidio en una cantidad mucho mayor, cuyo perfil era radicalmente distinto: cuidadores de carros, mecánicos, albañiles, carpinteros. La pregunta era: ¿por qué? Cuando indagabas, la información era reveladora: se trataba de sujetos que adeudaban mil pesos o habían perdido o robado un kilo de mariguana. Eso daba cuenta de que los grandes volúmenes del pasado, movidos por empresas de grandes alcances, ya no estaban presentes. Ahora todo sucedía en la base social, en donde el encargado de una calle debía rendir cuentas a sus proveedores o a aquellas figuras de las que dependía para mantener el negocio, y ya no eran deudas grandes. El negocio estaba completamente atomizado. En esta atomización las Policías locales adquieren mayor fuerza e influencia en el concierto criminal. Esto obliga a una nueva forma de regulación, digamos, en el año de transición hacia el nuevo milenio. Sin una figura presidencial hegemónica, sobrevienen poderes locales encabezados por los gobernadores de cada entidad. Bajo el amparo del poder público regional se consolidan, entonces, poderes fácticos que habrán de controlar todas las expresiones criminales, no solo la de las drogas y estupefacientes.

S.G.: En términos prácticos, ¿qué es lo que cambia a nivel local con el fin de la hegemonía política del PRI?

I.A.: Si en el pasado un jefe de la Policía Judicial Federal, por ejemplo, daba una orden a sus delegados nacionales, esa orden se ejecutaba. Lo mismo sucedía si el secretario de la Defensa daba una orden, la orden se acataba. Y la voz imperante en todo el sistema era, desde luego, la del presidente de la República. Y no es que precisamente se ordenara algo concreto. Había discursos políticos, una forma muy mexicana de establecer los ejes del gobierno. Pero el sistema, o su forma de ejercer esa forma de ordenamiento, pierde vigencia a mediados de los noventa: ahora el gobernador de la oposición no obedecía al presidente. Sin el presidencialismo que dominó la escena nacional hasta entonces, comienzan a gestarse poderes regionales de corte político y empresarial, tanto del PRI como del PAN o del PRD, el partido de izquierda. Cuando la oposición alcanza el gobierno de una alcaldía o de una entidad, ellos estructuran sus propias fuerzas de poder policial. Tomo como ejemplo el estado de Chihuahua. En 1997 la Policía Judicial Federal disponía allí de una fuerza de poco más de cien efectivos. Pero tan solo Ciudad Juárez, la ciudad más poblada de ese estado, contaba con una fuerza mayor a los dos mil elementos, y el estado mismo contaba con más de seiscientos agentes. De tal suerte que el poder de la Federación era irrelevante en términos prácticos. La fuerza la ostentaban el gobernador y el alcalde. Y entre el gobernador y el alcalde había rivalidad también, porque el gobernador de entonces quería imponer a su fuerza de seguridad en el municipio.

Así se llega al 2000. Ese año el PRI pierde la Presidencia de la República. Arriba al poder Vicente Fox, del PAN, y con él se supone que se abre la democracia en México. Pero las estructuras, esos grandes cimientos en los que se sostenía la burocracia del país, Fox no las toca. Gobierna con ese entramado, a la vez que los cambios se vuelven inevitables. Gracias a ello el PRI recupera en las elecciones subsecuentes entidades y municipios que había perdido, y esta relación entre gobernadores y presidente de la República se vuelve mucho más distante; hay una confrontación real, no solo política, sino práctica, que fragmenta aún más el país en términos de gobernabilidad. Estos nuevos gobernantes van consolidando cacicazgos regionales mucho más sólidos que en el pasado. Junto con ellos se forman grupos de empresarios que ven por su propio futuro y, para preservar su estatus, establecen alianzas con estos gobiernos locales, creando así un inédito sistema de poder. En el mismo sentido, las fuerzas criminales se acomodan a esta lógica en un contexto que también se vuelve más violento, o en el que la violencia se vuelve una práctica más arraigada. A partir del 2000 y hasta el 2006, de manera decidida, la violencia está vinculada al negocio de la droga o del tráfico de drogas, personas y armas. Pero ello no significa que sobrevino una “guerra entre cárteles” en los años posteriores, eso nunca existió. Lo que sucedió a partir de 2007, no solo en Chihuahua, sino en toda aquella entidad federativa con grandes reservas energéticas y minerales, fue una estrategia violenta para generar terror con propósito de destierro. Pero de ello hablaremos más adelante.

El caso de Ciudad Juárez es muy particular. Lo que atestigüé allí no lo vi en ninguna otra ciudad del norte mexicano, porque esta diseminación de la estructura de venta fue dándose ante los ojos de todos. Para 2005 estaba estrechamente ligada a la vida cotidiana de la ciudad e incluso estaba trasmutando a una forma atemorizante igualmente particular. Ahora, en cada colonia existían puntos de distribución controlados por pandilleros y, consecuentemente, por la Policía local, estableciéndose con ello un sistema que llegó inclusive a los enclaves de la clase media. ¿Ante quién acudías? Ante nadie. No existía ninguna autoridad que actuara en consecuencia. Además, el propósito político de los gobernantes de garantizar paz social había quedado difuminado. Ya no existía un alcalde lo suficientemente empoderado como para ordenar a un director de policía que, a su vez, hiciera su trabajo. […] Había dos grupos dentro de la Policía municipal, dos barras de capitanes que trabajaban con distintos intereses, ilegales ambos, y dentro de la Policía estatal sucedía algo parecido. Por eso desde comienzos del 2000 se registraron muchos secuestros y asesinatos de policías, antes de que llegaran las fuerzas federales en 2008… Una guerra fratricida.

  • 3 Sobre las estadísticas de homicidios anteriores al Gobierno Calderón se puede consultar el trabajo (...)

Es el escenario que priva en el momento en el que Felipe Calderón asume como presidente de la República. Y es también el momento en el que cambiará el curso de la historia social del país. Cuando Calderón llega a la presidencia se propone hacer lo que no hizo Vicente Fox: desarmar el entramado del poder político priista. Más que legitimarse ante la nación como un presidente democráticamente electo (hay que recordar que López Obrador se dijo víctima de un fraude electoral), mi tesis es que él busca desestructurar esos poderes regionales, asentados sobre todo en las zonas que adquirirán relevancia mayúscula al concretarse la reforma energética, una reforma que se buscó desde la firma del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Para abordar esto, no puede soslayarse el tema que nace tras la firma del TLCAN: las reformas estructurales en materia energética, en materia ambiental, en materia fiscal, en materia educativa, en materia de salud. Calderón busca llegar a esas reformas, pero para ello necesitaba un consenso que pasaba por gobernadores y empresarios que habían configurado un poder sin precedentes. Bajo el control de estos se hallaba también un sistema de seguridad totalmente volcado al negocio criminal. Calderón declara la guerra en contra de “los cárteles de la droga” con el argumento de que el país vive bajo su amenaza y sufre violencia desenfrenada, lo cual era falso. Las estadísticas sobre homicidio, secuestro y extorsión indicaban lo contrario3. La invención de la amenaza le permite incursionar con fuerzas federales en entidades muy específicas, coincidentemente ricas en recursos naturales y previstas para desarrollar en ellas grandes obras de infraestructura.

C.C.: En esos años, el estado de Chihuahua y, sobre todo, Ciudad Juárez, estuvieron viviendo uno de los episodios de violencia más cruentos. ¿Cómo se inserta este fenómeno dentro de tu análisis?

I.A.: Lo que pasó en Chihuahua, de acuerdo con la versión oficial, es que el “cártel de Sinaloa”, a cuyo líder las autoridades de México y Estados Unidos identificaron desde hace años como Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, disputa “la plaza” al “cártel de Juárez”, bajo control, dijeron, de Vicente Carrillo Fuentes (hermano de Amado Carrillo, muerto en 1997). Con ello se justifica el terror desatado desde 2008. En los hechos, lo que documenté fue muy diferente. Antes del arribo del Operativo Conjunto —como se llamó a las acciones emprendidas por militares y agentes federales en esta “guerra”—, fueron grupos de operación táctica los que llegaron para aniquilar a jefes de las Policías municipales y de la Policía estatal que formaban parte del sistema criminal. En municipios pequeños los miembros del cuerpo de policía huyeron para no ser masacrados. El exterminio de los mandos de policía fue casi total. También el de los agentes ministeriales y periciales. La razón por la que, deduzco, se asesinó a los agentes periciales es porque ellos podían revelar con su trabajo la farsa de una confrontación entre cárteles de la droga. Quienes actuaron eran mercenarios, militares con licencia. Los testimonios que he recogido desde entonces entre varios traficantes y miembros desertores del ejército indican también que antes de operar se enviaron emisarios. Durante 2007 estos mensajeros contactaron a los principales operadores del estado —me refiero a operadores del negocio criminal— para invitarlos a sumarse al nuevo orden que habría de imponerse a partir de 2008. Aquellos que rechazaron la oferta fueron asesinados en emboscadas o secuestrados y torturados antes de morir. Fue el comienzo de una era sin registro en la historia del país que, al paso de los meses, abriría nuevas espirales de violencia en las que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes menores de treinta y cinco años, no solo allí, sino en buena parte de la República en donde se aplicó el mismo modelo de “guerra”.

Tras el aniquilamiento de mandos policiales se anuncia el arribo de la Operación Conjunta Chihuahua, en marzo de 2008. Llegan los militares a continuar la aniquilación. Sus operaciones se enfocan en capturar o asesinar a los líderes de una coalición de pandillas metidas en el negocio de la droga. La idea era que todo ello concluyera en agosto de ese mismo año, de acuerdo con los pronósticos hechos por las propias autoridades, entre ellas el gobernador del estado, José Reyes Baeza, y el secretario de Gobernación o ministro del Interior mexicano, Juan Camilo Mouriño. Pero sucede la masacre de Creel, en la que doce jóvenes y un recién nacido murieron a manos de un grupo armado en medio de una fiesta popular el 16 de agosto de 2008. En este poblado de la Sierra Tarahumara se anticipa lo que viene en términos de violencia. Las personas que habían sido desplazadas de las operaciones criminales —incluidos los agentes de policía— vuelven para cobrar venganza. La Ciudad Juárez de 2008-2011 fue un campo de ocupación total en el que nadie se movía más de cinco minutos sin encontrarse de frente con un convoy militar y en el que la población civil se ocultaba a la puesta del sol. La ecuación para explicar ese terror era hasta cierto punto simple. En esos años la ocupación federal alcanzó los trece mil efectivos en un municipio con 1.5 millones de habitantes. Nunca otra ciudad mexicana tuvo tal cantidad de efectivos patrullando las calles, fuertemente armados, y con un incremento de un 300% en el número de homicidios y desapariciones. Aun así, el gobierno siguió sosteniendo que el nivel de violencia era producto de una batalla entre narcos.

El objetivo no era desaparecer la estructura del crimen, sino suplantarla. La estructura criminal que había en Juárez, en Chihuahua, fue moldeada por un gobierno anterior, un gobierno estatal, y como tal se mantuvo hasta el arribo de las fuerzas federales. Durante ese periodo (2008-2011) se logró desestructurar ese orden criminal. La seguridad pública y el crimen quedaron entonces bajo tutela de las fuerzas federales. En los hechos, se recupera un control que se había perdido una década atrás.

S.G.: Entonces, desde tu perspectiva, ¿la idea detrás de las operaciones militares era recuperar el control con el objetivo de poner en marcha las reformas estructurales?

I.A.: El tema es dónde se concentra esa guerra contra los cárteles mexicanos: en territorios codiciados por su ubicación o por sus recursos naturales, en un marco de reformas estructurales que se buscaba consolidar desde la firma del TLCAN, entre ellas la energética. ¿En qué momento relaciono una cosa con la otra, la “guerra” con el tema energético? Al iniciarse este periodo de violencia una cosa me quedaba en claro: esto no obedecía a un tema por el tráfico de drogas ni de narcóticos. Tampoco se trataba de frenar índices de violencia desorbitados y, mucho menos, de atender emergencias relacionadas con el fenómeno en territorios que históricamente habían vivido del contrabando. La pregunta entonces era: ¿por qué ahora? La respuesta me llegó trabajando sobre la región del valle de Juárez, que comprende la parte nororiental de ese y otros dos municipios (Guadalupe y Práxedis G. Guerrero), en la frontera con Texas. Al tiempo que la zona se despoblaba como efecto de la violencia, comenzaron a registrarse movimientos sísmicos. Esos temblores, que alcanzaron los 4.5 grados en la escala de Richter, obedecían a la perforación con chorros de agua del subsuelo, una práctica conocida como fracking. En el valle de Juárez se tenían informes de la existencia de gas y petróleo de lutitas desde al menos cuatro décadas atrás. Esos mismos datos se tenían en otras entidades en las que “la guerra entre cárteles” dejaba miles de víctimas y desplazados.

  • 4 Para más información sobre el caso, cf. Alvarado Álvarez [2015 (d)].

En el valle de Juárez convergían las siguientes razones: no solo en lo profundo había hidrocarburos. También allí, en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos, se proyectaba construir el cruce internacional más grande entre ambos países (con dos cuerpos de catorce carriles cada uno), así como una autopista y una línea ferroviaria que darían salida y entrada a mercancías desde el Pacífico hasta Estados Unidos. Por allí también ingresan los ductos de la nueva red petrolera por los cuales México importa refinados. Al sur de Chihuahua se halla el punto nodal desde el cual se distribuirá combustible a la tercera parte del país. Coincidentemente, los dueños de las tierras colindantes con ese municipio son los magnates del gas: las familias Zaragoza y Fuentes. Desde 2008 inició una batalla legal y varias denuncias de ejidatarios en contra de ambas familias, quienes manipularon —dicen ellos— los polígonos territoriales para despojarlos de grandes porciones de tierra. En medio de esas disputas, varios ejidatarios fueron asesinados y desaparecidos por supuestos grupos del narco. Durante 2010 se realizaron más de trescientas perforaciones utilizando la técnica del fracking. Se comprobó la existencia de un gran yacimiento de gas de lutitas y, animados por ello, se consolidó un grupo de empresarios dispuestos a explotar el recurso. Para ello fueron a capacitarse a Texas. Pero todo se frenó súbitamente. El problema es que no hay agua suficiente para explotar el recurso y, desde entonces, no se han recuperado los precios de los energéticos, lo que vuelve inviable el negocio, al menos de momento. […] En el periodo de 2008-2011 un porcentaje elevado de pobladores —más del 70%— de los municipios de Guadalupe y Práxedis abandonaron sus tierras como consecuencia del terror. Decenas de personas fueron víctimas de desaparición forzada, secuestro y asesinato; sus viviendas fueron incendiadas y los que se mantuvieron sufrieron extorsiones y amenazas de manera constante. Y todo ello frente a destacamentos y puntos de revisión de los militares4.

El tema de la posesión legal de las tierras es un tema ancestral en México. En Chihuahua, como en el resto del país, los polígonos territoriales se establecieron a partir de mojoneras, es decir, de referentes naturales, como una loma, una colina, un río o un arroyo. Pero con la implementación de mediciones satelitales esos polígonos resultaron mal medidos. La consecuencia de ello es que miles de metros fueron reclamados por los dueños de predios colindantes o inclusive por los gobiernos que los reivindicaban como parte de sus fundos legales, y entonces sobrevino un conflicto generalizado por la posesión de tierras que cada parte reclamaba como suya. Esas disputas no tienen hasta hoy solución por la vía jurídica. El conflicto agrario es un conflicto mayúsculo, que ha generado enfrentamientos armados no solo ahora, sino desde hace años. Con ello en mente, realicé un ejercicio para conocer las condiciones de conflicto agrario en otras entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Por qué estos estados del norte? Porque en ellos yacen las reservas de gas de lutitas y también de petróleo. Las zonas en las que coincidentemente sobrevienen enfrentamientos entre “cárteles” de la droga, o se desata el terror mediante asesinatos, secuestros y extorsiones, son aquellas en las que existen reservas de hidrocarburos o bien sobre las que se proyecta infraestructura carretera, ferroviaria, parques de paneles solares, puentes internacionales. Las predicciones globales indican que dentro de diez años el gas será el combustible dominante (90%) para generar energía eléctrica. Por lo tanto, esas reservas interesan no solo a empresarios y políticos mexicanos, sino a los grandes tiburones del sector energético.

  • 5 Cf. Paley [2014].

La violencia que desata Calderón no tiene relación con el negocio de las drogas. Eso fue un pretexto para avasallar regiones enteras que interesaban con propósitos estratégicos al sistema de poder. Si se hace una revisión puntual de dónde surgen estos conflictos armados se hallará que en todas hay gas o petróleo, uranio, oro, plata, agua, o son territorios en los que se tienen planeadas las vías para darle salida a todos estos recursos, ya sea por debajo de la tierra o por la superficie (sobre ello abunda Capitalismo Antidrogas, el libro de 2014 de la periodista y académica canadiense Dawn Paley5). Y esto no debe perderse de vista en el contexto de la economía global, de lo que sucede en el resto del mundo. Hasta antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos estaba aprobado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica en el que participaba dicho país. Por ello, todas las rutas de conexión carretera, ferroviaria y de gasoductos estaban orientadas hacia las costas del Pacífico, desde la frontera norte y el Golfo de México. Un ejemplo: si partimos desde Tamaulipas hacia Sinaloa o Jalisco, que están en el Pacífico, se cruza por las entidades que concentran a diecinueve millones de mexicanos que generan el 23% del producto interno bruto. Nombra cualquier “cártel” de los últimos catorce años y allí habrá yacimientos o megaestructuras proyectadas.

  • 6 Cf. Alvarado Álvarez [2015 (a); 2015 (b); 2015 (c)].

C.C.: Este vínculo entre intereses económicos y violencia emerge claramente en tus reportajes sobre otro estado de la frontera norte, Coahuila6.

  • 7 Cf. Alvarado Álvarez [2014].

I.A.: Los intereses de los grupos políticos y empresariales sobre territorios muy concretos del país pueden verse, más que en ninguna otra parte, justo en Coahuila. Al norte de ese estado se encuentra la Cuenca de Burgos, la cuarta reserva mundial de gas de lutitas descubierta hasta hoy. Esa cuenca, que se extiende hasta Nuevo León y Tamaulipas, tiene una dimensión de aproximadamente ciento veinte mil kilómetros cuadrados. En Coahuila se junta con una más, llamada de Sabinas. Coahuila es, además, el principal proveedor de carbón (en un 90%) para la generación de energía eléctrica en México. Justo en la zona donde convergen esos yacimientos sobrevino uno de los episodios de terror más notables que han sucedido en el país. Sin embargo, eso no se tradujo en una cantidad enorme de homicidios, sino de asedio permanente de células criminales que lo mismo secuestraban que extorsionaban a la población y, sobre todo, a los dueños de esos territorios inmensos y desérticos7.

El terror en Coahuila sirvió, coincidentemente, a los intereses de un grupo plenamente identificado en el que participó de manera pública al menos uno de los dos últimos gobernadores (los hermanos Humberto y Rubén Moreira) y un grupo empresarial presidido por otro ex gobernador y ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor. Ellos constituyeron el primer clúster minero-petrolero de México tras la reforma energética. Con la aparición de “Los Zetas”, varios de los ganaderos abandonaron sus tierras o terminaron malvendiéndolas. Algunos que no lo hicieron fueron asesinados.

Cabe otro dato: cuando Montemayor gobernó Coahuila, en la segunda mitad de los noventa, Halliburton había realizado exploraciones en campo y descubierto las dos cuencas, la de Burgos y la de Sabinas. Halliburton, no está de más decirlo, ha patrocinado durante años a grupos de mercenarios en Oriente Medio, justo para defender sus intereses en el ramo de los energéticos. Burgos es la extensión de la cuenca Eagle Ford, en Texas, considerada la mayor reserva de gas de lutitas del planeta. Eagle Ford ha sido explotada mediante fracking durante años. Las reservas de la parte mexicana adquieren un valor extraordinario cuando la texana pierde volumen y el gas de lutitas se perfila como el principal hidrocarburo para mantener la creciente necesidad de energía eléctrica en las décadas siguientes. Así es que, primero como gobernador y luego como director de Pemex, Rogelio Montemayor tiene, antes que nadie, el mapa exacto de las cuencas. Con esa información busca desde el 2000 sacar provecho. No lo logra porque el gobierno de Vicente Fox (PAN) lo acusa de desvío de fondos de Petróleos Mexicanos para apoyar la campaña presidencial del PRI durante las elecciones que justamente ganaría Fox. Pero es durante los gobiernos de los hermanos Moreira cuando cristaliza su idea de enriquecerse a partir de proyectos relacionados con la explotación del gas, un negocio que él mismo estima en cuarenta mil millones de dólares en quince años.

Humberto Moreira asume como gobernador en 2005. Cuando lo sucede su hermano Rubén, en 2011, la zona de la cuenca estaba despoblada o revendida. Rubén Moreira comienza, entonces, una etapa de cacería en contra de los miembros de la célula de Lazcano y Treviño (los dos líderes de los Zetas) valiéndose de un grupo de operación táctica que operó durante más de dos años sin reconocimiento oficial. Se llamaba Grupo de Armas Tácticas Especiales (Gate). Los asesinatos en contra de los Zetas se cometieron dentro de prisiones a cargo del estado, lo mismo que en las calles. Los Gate secuestraron a cientos de individuos en la misma región donde antes lograron el destierro con violencia. Los Gate operaban sin insignias oficiales, tripulaban camionetas sin número ni escudos del Gobierno, pintadas siempre de negro mate, igual que los uniformes que portaban los agentes. Con ellos se impuso un nuevo orden de violencia en el estado, que servía o iba emparejado a los intereses del clúster. La idea era presumir una entidad libre de amenaza del crimen organizado y bajo total control de la autoridad. Pero ese grupo termina por asesinar al sobrino de Miguel Ángel Treviño y, en venganza, él ordena el asesinato de un hijo o sobrino del gobernador. La víctima resultó ser el hijo mayor de Humberto Moreira. La respuesta fue contundente: en menos de setenta y seis horas Heriberto Lazcano es abatido por un grupo de marinos y se desata una persecución contra Treviño, a quien se apresa semanas más tarde. El mensaje, para mí, es claro: nadie se mete con los hombres del Estado.

C.C.: Lo que estás diciendo es que los intereses que se juegan alrededor de la propiedad de esas tierras tienen un rol central en las explosiones de violencia… ¿Por qué las tierras con yacimientos son tan codiciadas por empresarios y políticos de estas regiones?

I.A.: Si bien es cierto que no tienen posibilidad de competir por la extracción, son los dueños absolutos de lo que vaya a construirse en la superficie. Es la parte que les corresponde: solo infraestructura y conocimiento sobre el territorio. Antes de firmarse el TLCAN, Carlos Salinas, entonces presidente de México, modifica el artículo constitucional que permite la privatización de tierras ejidales. El ejido es un logro posrevolucionario con el que se repartieron tierras a los campesinos con la obligación única de que fueran trabajadas. Esas tierras podían heredarse de padres a hijos, pero no venderse. La intención de fondo no era ayudar al ejidatario, sino aplanar el camino rumbo a las reformas que permitirían la extracción de recursos naturales, algo que se pretendió desde esos años. Con la firma del tratado comercial sobreviene la mayor migración de mexicanos hacia Estados Unidos y la inmensa mayoría eran campesinos. El estrangulamiento del agro mexicano dejó una cantidad inmensa de pueblos y villas desoladas, en las que solo quedaron mujeres, niños y ancianos. Aun así, para 2006, año en el que inicia el sexenio de Felipe Calderón, los pocos ejidatarios que quedaban se negaban a dejar sus tierras o venderlas. Por la vía legal nadie podía echarlos de sus tierras. Eso se logró con “la guerra entre cárteles”.

Esto no significa que toda la violencia se explique a partir de estos factores. Esto, para mí, es el origen. Lo que se ha desarrollado después son espirales que se generan por venganzas, traiciones, por emancipaciones de grupos criminales, por desgastes del tejido social y porque, a fin de cuentas, la violencia y el crimen se constituyeron como una gran industria, no solo para los delincuentes, sino para las autoridades, sobre todo para el ejército. Los militares no tenían tantas prerrogativas desde hace más de setenta años. Hoy, el poder que han adquirido al estar como frente principal del Estado en esta supuesta lucha contra el crimen organizado les ha permitido subordinar, en algunas regiones, a la autoridad civil. De ellos depende la paz y tranquilidad social.

  • 8 Dicha cifra oficial fue actualizada el 6 de enero de 2020 cuando el subsecretario de Derechos Human (...)

S.G.: Las cifras oficiales hablan de más de cuarenta mil desapariciones entre 2007 y 20188. Con base en tus investigaciones, ¿quién desaparece?, ¿dónde y por qué?, ¿quiénes son los desaparecidos en México?

I.A.: La gran mayoría son jóvenes, menores de treinta y cinco años. Las autoridades sostienen que de alguna u otra manera formaban parte de organizaciones delictivas. Eso es muy debatible porque ni ellas ni nadie puede sustentarlo. Pero si se toman en consideración los testimonios de sus familiares, el rostro de esos desaparecidos cambia: hay muchos, miles de personas que no tienen o tuvieron ningún tipo de relación con grupos criminales. Lo que consta, porque de ello me han hablado profusamente antropólogos forenses, es que en varias fosas halladas en Veracruz, Guerrero, Coahuila, Durango, Chihuahua y Jalisco existea una clara huella paramilitar, un rastro que ya han visto innumerables ocasiones en Centroamérica y Colombia. La complejidad del fenómeno, sin embargo, es enorme, mayor que la de los homicidios de esta falsa guerra.

Varias de las fosas que se han descubierto recientemente datan de hace más de diez años. Es decir, justo cuando el Gobierno sostuvo que los grupos criminales trataban de sembrar terror entre sus enemigos y en la sociedad misma escenificando los cuerpos de sus víctimas. Lo que existe en los alrededores de las fosas, lo que han hallado antropólogos independientes, son huellas de fusilamiento. La mayoría de estas fosas se localizan a las afueras de ciudades importantes. Mi deducción es que se trata de aniquilamientos efectuados por las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares. Son a quienes, en todo caso, puede importarles ocultar evidencia. Esta es una de las causas por las que creo que han asesinado a muchos agentes periciales a lo largo de estos años. Y eso ocurre primordialmente en donde se encuentran más activos los militares y los marinos. Es la razón también por la que los grupos de peritos independientes no registran de manera oficial el total de sus descubrimientos. Saben que con ello se juegan la vida.

S.G.: Entonces, ¿cuál sería la lógica?

I.A.: Estoy convencido de que la inmensa mayoría de las células criminales operan bajo anuencia de alguna autoridad, ya sea castrense o civil. En tal caso, importaría entonces ocultar evidencias. Las causas por las cuales se desaparece a un individuo, más allá de lacerar a familias y sociedades, pueden ser diversas. En mi caso, decidí concentrarme en una serie de desapariciones efectuadas en municipios del centro y sur de Chihuahua, sobre todo en uno de ellos llamado Cuauhtémoc. Es la cuarta población más grande del estado, con alrededor de trescientos cincuenta mil habitantes, y da entrada a la Sierra Tarahumara. Allí, en cuatro años, desaparecieron unos tres mil jóvenes con una edad promedio de veinticinco años. La versión de las autoridades es que se trata de reclutamientos forzados que realizan los cárteles de la droga, una especie de leva militar. Y se los llevan, dicen, para que se sumen como soldados de esos grupos criminales o para realizar trabajos en los cultivos y almacenes de amapola y mariguana. Pero no hay nada que me indique en todos estos años que es así. Los campos donde se cultiva amapola y mariguana no son valles inmensos, sino mesetas, muchas de ellas pequeñas, esparcidas a través de los cañones y montañas de lo que se conoce como el Triángulo Dorado, la frontera que forman los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Son plantíos que suelen estar bajo cuidado de los mismos habitantes de la zona. Proporcionalmente no se corresponden las cifras. Se necesitarían enormes campos de plantación para ocupar mano de obra de miles de individuos.

¿Dónde están esas personas desaparecidas? No lo sé. ¿Los desaparecieron células criminales? Puede ser. Pero también, y en gran medida, creo que fueron desaparecidos por agentes de policía, militares o grupos paramilitares. Lo que pude documentar es la correspondencia de buena parte de esas desapariciones con las zonas por donde corre la nueva red de gasoductos, donde se proyectan los campos de paneles solares más grandes del hemisferio y donde se encuentran las tierras que pretenden privatizarse con propósitos turísticos y que hoy son habitadas por indígenas y ejidatarios. No asevero que haya ocurrido estrictamente por eso, pero es una gran coincidencia que se desaparezca a personas en zonas estratégicas.

S.G.: ¿Y por qué jóvenes?

I.A.: Es una pregunta central siempre que se toca el tema. Puedo conjeturar, pero lo cierto es que no dispongo de razones contundentes para responder a esa pregunta. Lo que suelo hacer es teorizar. Y la teoría más recurrente es también la más simple: cuando el ejército entra en acción, en 2007, lo hace de manera escalonada, comienzan por Michoacán, después siguen por el Triángulo Dorado, luego por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Jalisco. Algunas de las fosas descubiertas en cada entidad datan de cuando irrumpieron las fuerzas militares, de poco antes incluso. Entonces, vuelvo al territorio de Chihuahua, para hacerme de ideas más concretas. En el momento en el que llegaron las fuerzas armadas se establecieron patrullas militares para incursionar en colonias empobrecidas. En ellas detenían a jóvenes drogadictos, o que les parecían adictos, y se los llevaban detenidos. La mayoría fue sometida a tortura, tanto en la base militar como en casas de seguridad. A esos lugares también llegaban individuos uniformados de negro, militares que operaban de manera clandestina. Lo sé porque he entrevistado a varios sobrevivientes de esas torturas. Muchos se les morían en el acto y sus cuerpos aparecían después en baldíos urbanos, con un cartón o manta en el que un cártel se atribuía el asesinato. Ese era el trabajo de “inteligencia” que hacían los militares, no solo allí, también lo constaté en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Siempre he pensado que Ciudad Juárez fue un experimento para los militares y los agentes de la Policía Federal (que en su mayoría estaba compuesta por militares y marinos “en préstamo”). Esa fue una táctica que perfeccionarían en otras ciudades y otras entidades a las que llegaron poco después. La razón por la que se secuestró y torturó a jóvenes fue la manera más pragmática que hallaron los militares y federales para obtener información, un mapa casi perfecto con el que pudieron identificar puntos de venta, distribuidores y jefes de distribución de la droga. Con esa información consumaron secuestros masivos y posteriores exterminios que terminaron en una inmensidad de fosas a lo largo y ancho del país.

Uno de los primeros casos que trabajé y me llamó la atención sucedió a las afueras de un poblado del sur de Coahuila llamado Parras. Desaparecieron a varias personas que viajaban en un par de autos, entre ellos un tío y su sobrino, ambos con el apellido Verástegui. A ellos los detuvieron en un punto de revisión antes de llegar al pueblo. El retén lo instalaron militares y policías. Les preguntaron de dónde venían y hacia dónde se dirigían y luego los dejaron proseguir con el viaje. Pero les dieron alcance kilómetros adelante y se llevaron, entre otros, al tío y al sobrino. Es un caso con el cual comienzan a compararse otros que sucedieron en distintos puntos de Coahuila porque se observa un mismo modo de operar: en esos retenes los policías y militares interrogaban a los viajeros y tras ello decidían a quién secuestrar o desaparecer. Estos casos generan la formación de Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), que logra documentar más de trescientos casos de desaparición forzada en ese estado. En el caso concreto de los Verástegui no existía ninguna vinculación con alguna organización criminal ni nada que justificara su desaparición. ¿Qué hizo que esos elementos del ejército y de la policía decidieran desaparecerlos? Es algo que ni la propia familia puede responderse a más de diez años de lo ocurrido. Es uno de los sucesos —el de los Verástegui— que me llevó a enfocarme en la participación de autoridades en este tipo de crimen. Muchas de las personas que fueron retenidas de forma ilegal fueron torturadas para responder a dinámicas de las que no sabían absolutamente nada y terminaron muriendo a manos de alguna autoridad que posteriormente se deshizo de sus cuerpos, ya sea enterrándolos o incinerándolos. Al menos es lo que sucedió en el principio. Lo más probable es que esas tácticas de desaparición hayan sido replicadas por grupos criminales, como muchas otras formas de tortura y aniquilamiento de individuos.

La cruzada por los derechos humanos es un trabajo no solamente extenuante, sino peligroso. En Tamaulipas, por ejemplo, solo existe una ONG dedicada a ello, y la encabeza un solo individuo: Raymundo Ramos. Él, como nadie ha hecho, ha podido documentar casos de desaparición forzada, asesinato y tortura cometidos por marinos, soldados y policías de los tres niveles de gobierno. […] En conclusión, no hay una idea clara del porqué de las desapariciones. Cada grupo de deudos y derechohumanistas tendrán sus hipótesis, fincadas en sus propias condiciones de vida. Pero no hay nada concluyente sobre las causas o, mejor dicho, no hay una sola causa que explique el fenómeno. La mía es que detrás de la mayoría de las desapariciones y de esas fosas está alguna fuerza del Estado.

C.C.: El trabajo periodístico, al igual que el de la defensa de los derechos humanos que acabas de mencionar, puede exponer a riesgos importantes, aún más cuando se trata de documentar casos en los que se involucra a los poderes —ya sean ocultos o no— del Estado. ¿Cómo haces trabajo de campo? ¿Has estado expuesto a amenazas o intimidaciones por tus reportajes?

  • 9 I.A. Justo hace poco —4 de octubre de 2019— un reportero de National Geographic fue herido de bala (...)

I.A.: Poco tiempo después de comenzar a trabajar como reportero, a los veinte años, me di cuenta de la constante relación entre los agentes y jefes de policía y los empresarios de la droga, a quienes todos en Ciudad Juárez conocían. Me quedaba claro que ellos, los policías, fabricaban culpables. Entonces, cuando incursioné a otras ciudades para trabajar, lo primero que establecí como estrategia de investigación en campo fue dejar hasta el final las entrevistas con cualquier autoridad. La razón era muy simple: si desde el inicio hubiera llegado directamente con un jefe de la policía, inmediatamente se habría enterado la red que yo estaba allí, haciendo preguntas sobre un tema en específico. La otra causa era que las personas a quienes entrevistaría corrían el riesgo de ser intimidadas, secuestradas e incluso asesinadas. Esa fue una lección que aprendí muy temprano en Juárez, donde pandilleros a quienes entrevisté sobre el negocio de la droga fueron asesinados al día siguiente de la publicación. Por eso las dejo hasta el final y, cuando la ciudad es demasiado peligrosa, lo hago por teléfono, ya estando fuera de ese territorio. En lo que me enfoco es en buscar actores que sé que me pueden contar historias, sus historias. Dejarlos hablar. El error que comete la inmensa mayoría de los periodistas, ya sean nacionales o extranjeros, es llegar primero con la autoridad9, y ahí se pervierte todo el trabajo de campo. Que sepan que estás allí no necesariamente significa que te van a hacer algo, pero lo mejor es que no se enteren.

Desde 1998, cuando empecé a trabajar fuera de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua, mi campo de acción lo enfoqué a los estados del norte que hacen frontera con Estados Unidos (de Tamaulipas a Baja California). He trabajado en menor medida la frontera sur y Michoacán, todavía menos Guerrero y Veracruz. La razón por la que no incursiono demasiado en Veracruz y Guerrero es porque no domino el escenario, los códigos sociales. Y, para el propósito del trabajo que me interesa, evito llegar cuando ocurre un suceso y eso se llena de periodistas. Prefiero ir después, cuando se han marchado todos. La experiencia me dice que, ante un asedio de la prensa, las personas suelen declarar lo que los periodistas quieren oír. Al paso de las semanas o los meses, las personas suelen profundizar más en sus historias y rectificar aquello que dijeron presionados o inmersos en la fiebre de los sucesos. Hacerlo solo implica también más riesgo. Por eso incursiono a regiones en las que puedo, de alguna manera, leer las reacciones y comportamientos de las personas, intuir la amenaza, y en donde tengo redes de apoyo. Cada zona tiene rasgos sociales y culturales muy específicos. No sabría identificarlos bien en Veracruz o Guerrero, y es la razón por la que no he incursionado mucho en ambos estados.

C.C.: Lo que nos remite a la cuestión de tu seguridad y de las repercusiones personales de tu trabajo periodístico…

I.A.: A través de los años he sido objeto de amenazas, intimidaciones y de una privación momentánea de la libertad. En Ciudad Juárez, donde nací y trabajé mis primeros años como periodista, solía, por ejemplo, recibir llamadas en mi casa de la parte de individuos que me daban detalles sobre las causas por las que habían asesinado a sujetos cuyos cadáveres aparecían en las calles. No era tanto que buscaran que yo publicara algo en el diario, algo que jamás hice. Aquello lo tomé como una manera de hacerme ver que estaba bajo vigilancia. En años más recientes, los trabajos que escribí sobre Coahuila suscitaron llamadas intimidatorias, de amenazas de muerte directas. Mis teléfonos, tanto el móvil como el de casa, fueron intervenidos durante meses. De ello saben periodistas y activistas que son amigas y amigos muy cercanos, en quienes confío plenamente. Los organismos y asociaciones concebidos para la defensa de los periodistas son inútiles en un contexto de violencia como el que se vive en México, y en lo personal creo que se interesan más en obtener recursos financieros que en resolver las condiciones críticas de un periodista bajo asedio. Basado en ello, intento ser lo más precavido que puedo y, sobre todo, nunca me invento una historia.

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Bibliographie

Alvarado Álvarez Ignacio, 2014, “El violento rediseño de Coahuila”, diario19.com [en línea], 12 de agosto de 2014. Disponible en: https://diario19.com/2014/08/12/el-violento-rediseno-de-coahuila/.

Alvarado Álvarez Ignacio, 2015, “Up to 300 disappeared in Mexico’s forgotten massacre”, Al Jazeera Americas [en línea], 9 de marzo de 2015. Disponible en: http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/9/hundreds-disappeared-in-allende-massacre-in-mexico.html.

Alvarado Álvarez Ignacio, 2015, “Terror in Coahuila: Gas reserves beneath turf war in northern Mexico?”, Al Jazeera Americas [en línea], 10 de marzo de 2015. Disponible en: http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/10/gas-and-coal-behind-violence-northern-mexico.html.

Alvarado Álvarez Ignacio, 2015, “Terror in Coahuila: ‘Everything became hell’ after Zetas entered prisons”, Al Jazeera Americas [en línea], 11 de marzo de 2015. Disponible en: http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/11/terror-in-coahuila-everything-became-hell-after-zetas-entered-prisons.html.

Alvarado Álvarez Ignacio, 2015, “Mexico’s ghost towns”, Al Jazeera America [en línea], 19 de septiembre de 2015. Disponible en: http://projects.aljazeera.com/2015/09/mexico-invisible-cartel/.

Astorga Luis, “Organized Crime and the Organization of Crime”, in John Bailey y Roy Godson (eds.), 2000, Organized Crime & Democratic Governability. Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, p. 58-82.

Escalante Gonzalbo Fernando, 2009, El homicidio en México entre 1990 y 2007: aproximación estadística, México D.F., El Colegio de México/Centro de Estudios Internacionales/Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Flores Pérez Carlos Antonio, 2009, El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Lajous Andrés y Piccato Pablo, 2018, “Tendencias históricas del crimen en México”, Nexos [en línea], 1 de abril de 2018. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=36958.

Mottier Nicole, 2009, “Drug Gangs and Politics in Ciudad Juárez: 1928-1936”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 25, n. 1, p. 19-46.

Paley Dawn, 2014, Drug war capitalism, Edinburgh, AK Press [edición en español: 2014, Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo, México, Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra. Disponible en: https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/capitalismo-antidrogas/].

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Notes

1 Sobre la historia de las drogas ilegales en México y las articulaciones entre redes criminales y poder político se pueden consultar los trabajos del sociólogo Luis Astorga [2000], el antropólogo Carlos Flores Pérez [2009] y la historiadora Nicole Mottier [2009].

2 Drogas hacia Estados Unidos; divisas y armas hacia México.

3 Sobre las estadísticas de homicidios anteriores al Gobierno Calderón se puede consultar el trabajo del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo [2009]. Un primer acercamiento a la evolución del crimen en la historia mexicana con base en las fuentes judiciales ha sido propuesto por Andrés Lajous y Pablo Piccato [2018]. Las estadísticas con las que trabajaron este sociólogo y este historiador se pueden consultar en su integralidad (1926-2008) en la página: https://ppiccato.shinyapps.io/judiciales/.

4 Para más información sobre el caso, cf. Alvarado Álvarez [2015 (d)].

5 Cf. Paley [2014].

6 Cf. Alvarado Álvarez [2015 (a); 2015 (b); 2015 (c)].

7 Cf. Alvarado Álvarez [2014].

8 Dicha cifra oficial fue actualizada el 6 de enero de 2020 cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que hay 61 637 desaparecidos en México.

9 I.A. Justo hace poco —4 de octubre de 2019— un reportero de National Geographic fue herido de bala en Juárez. Al dealer que entrevistaba lo asesinaron frente a todo el equipo de producción. Horas antes habían entrevistado a funcionarios de la fiscalía de Chihuahua.

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Pour citer cet article

Référence papier

Ignacio Alvarado Álvarez, Chiara Calzolaio et Sabine Guez, « Extractivismo. Concierto de intereses detrás de la violencia en México », Cahiers des Amériques latines, 92 | 2019, 53-70.

Référence électronique

Ignacio Alvarado Álvarez, Chiara Calzolaio et Sabine Guez, « Extractivismo. Concierto de intereses detrás de la violencia en México », Cahiers des Amériques latines [En ligne], 92 | 2019, mis en ligne le 01 avril 2020, consulté le 07 août 2020. URL : http://journals.openedition.org/cal/9912 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cal.9912

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Auteurs

Ignacio Alvarado Álvarez

Ignacio Alvarado Álvarez est journaliste d’investigation. Il a collaboré aux journaux El Diario de Juárez et El Universal, ainsi qu’aux magazines Día Siete, Expansión, Contralínea, EmeEquis, Variopinto et Letras Libres. Il a été producteur associé pour l’Amérique latine à ARD, la télévision publique allemande. Il est co-auteur des livres La Guerra por Juárez (Planeta 2010), La guerra contra el narco y otras mentiras (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2011) et Road to Ciudad Juárez (Samsara 2013). Il a écrit pour Al Jazeera America et a codirigé le magazine Newsweek en Español jusqu’en janvier 2018.

Chiara Calzolaio

Chiara Calzolaio est doctorante en anthropologie sociale et ethnologie à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris-EHESS). Elle s’intéresse aux manifestations contemporaines de la violence au Mexique, en conjuguant deux niveaux d’analyse : celui de l’expérience quotidienne des violences et celui de leur problématisation publique, dans le contexte des opérations militaires de lutte contre le narcotrafic. Parmi ses publications : 2016, « Contre la violence. Fabriquer des “bons” citoyens à Ciudad Juárez (Mexique, xxie siècle) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 43, p. 117-138 ; 2016, « Ethnographier la violence d’État : récits et expériences des victimes de la lutte contre le narcotrafic à Ciudad Juárez, Mexique », Cultures & Conflits, no 103-104, p. 35-61.

Articles du même auteur

Sabine Guez

Sabine Guez est docteure en anthropologie (Iris/EHESS). L’ouvrage issu de sa thèse sur l’ordinaire du trafic de drogue à Ciudad Juárez et El Paso paraîtra en 2021 aux Éditions Anacharsis. Elle a récemment publié « Les années 1980 ou Le temps de l’innocence. Un tournant sociétal dans l’histoire du trafic de drogue au Mexique », Outros Tempos, vol. 14, no 24, p. 161-183, décembre 2017, et « Lalo, una carrera interrumpida en el tráfico de drogas en Ciudad Juárez, a la vuelta de los años 1990 », in Efrén Sandoval (dir.), Violentar la vida en el norte de México. Estado, tráficos y migraciones en la frontera con Texas, Mexico, Ciesas, p. 103-143, 2018.

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