Texte intégral
1El pasado reciente uruguayo encierra una experiencia traumática y como toda sociedad que los ha soportado experimenta una poderosa interpelación moral cuando la revive ya sea como ejercicio de memoria o como reconstrucción histórica. La historia reciente es interpelada tanto por las demandas con el presente como por los compromisos con el pasado, por lo que la investigación de este pasado queda en una permanente encrucijada. Como dicen Marina Franco y Florencia Levin, “al historiador del pasado reciente se le suele exigir que sea testigo, juez y garante, que su labor sirva como guía para la praxis, que brinde las claves para evitar errores y repeticiones”, y se preguntan cómo elaborar un producto serio y profesional sin renunciar al compromiso cívico y político que esa tarea implica1. En el caso de Uruguay la expresión “historia reciente” comenzó a circular en la época de la dictadura (1973-1985) que le adjudicó un lugar importante en la educación. Desde su planteo inicial la historia reciente era objeto de manipulaciones para justificar el proyecto político autoritario: la dictadura construyó un relato justificatorio que postulaba la contradicción radical entre el supuesto caos de la democracia previa al golpe de Estado y la ordenada y apacible realidad del autoritarismo. A partir de 1985 los gobiernos democráticos continuaron este relato, ahora bajo la llamada “teoría de los dos demonios”. Los partidos que gobernaron en el período previo al golpe, el p. Colorado y el p. Nacional o Blanco –llamados “tradicionales” por su origen en el siglo xix–, continuaron alternándose en el poder luego de recuperarla la democracia. En 1985-1990 gobernó Julio Ma. Sanguinetti (Colorado), en 1990-1995 Luis Lacalle Herrera (Blanco) y en 1995-2000 nuevamente el Dr. Sanguinetti. Este mantuvo una actitud negacionista; durante su primer mandato se aprobó la “Ley de Caducidad”2 que suspendió los procesos judiciales iniciados a los violadores de los DDHH. El texto se interpretó en sentido amplio; bloqueó el avance de todas las causas judiciales contra los uniformados e impidió el acceso a los repositorios documentales, lo que limitó las investigaciones a los archivos de prensa y los testimonios de las víctimas sobrevivientes. Esta situación comenzó a cambiar a partir del año 2000; en este trabajo intentaré describir el impacto de las revelaciones y las diferentes estrategias negacionistas desarrolladas en los años siguientes hasta los años 20 de este siglo, recurriendo a documentos oficiales, publicaciones web y artículos tomados de la prensa de Montevideo, que tiene distribución nacional.
2Los vigorosos reclamos de los familiares de los desaparecidos y el impacto internacional de algunos reclamos de búsqueda de personas terminaron por vencer el cerrado negacionismo de las autoridades. En el año 2000 el recién asumido presidente colorado Jorge Batlle3, electo por el p. Colorado, dejó de lado el silencio de sus antecesores y aceptó la creación de una “Comisión para la paz”. En 2003 publicó su informe que no agregaba nuevos datos sobre los desaparecidos pero por primera vez reconocía oficialmente la responsabilidad del Estado en la tortura y la desaparición de personas. El Informe contenía algunas “recomendaciones” entre las que incluía la de promover la enseñanza del período autoritario4, lo que suponía un reconocimiento de que esos temas no habían sido del agrado de las autoridades educativas. En el año 2005 cambió la voluntad del poder político cuando se instaló el gobierno del Frente Amplio (FA), asumió el compromiso de investigar las denuncias y orientó su actividad en tres direcciones: la búsqueda de los desaparecidos, la investigación en archivos y la incorporación del tema en la enseñanza. El cambio de gobierno también activó la acción de la justicia: el Poder Ejecutivo interpretó de manera diferente la Ley de caducidad y los militares acusados de asesinatos y torturas debieron desfilar por los juzgados penales.
- 5 Desde noviembre de 2005 hasta setiembre de 2024 se han encontrado los restos de siete personas; tod (...)
- 6 Este proceso está descrito en: Allier Montaño, Eugenia, ”De historias y memorias sobre el pasado re (...)
3Estas iniciativas dieron resultado: si bien los perpetradores mantuvieron un pacto de silencio, sobre finales del año 2005 ocurrieron los primeros hallazgos: dos enterramientos clandestinos de los años 1970, y todo parecía indicar que éstos no eran los únicos5. Las causas judiciales llevaron a la condena del dictador Gral. Gregorio Álvarez y de algunos de sus subalternos, y del autor del golpe de Estado Juan Ma. Bordaberry y su ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco, que fue un eslabón importante en la coordinación represiva de las dictaduras de la región (el llamado “Plan Cóndor”). Más adelante se publicaron los primeros resultados de la revisión de los archivos realizada por el equipo de historiadores: Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos publicada por Presidencia de la República en 2007, seguido de la Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985) editada por la Universidad de la República en 2008: estas fueron las primeras reconstrucciones históricas de la acción de la dictadura basadas en documentos oficiales. La primera es una publicación con la que el P. Ejecutivo comenzaba a cumplir (tardíamente) el mandato del art. 4° de la Ley de caducidad, que establecía la obligación de investigar las denuncias y de comunicar el resultado a los familiares. En la investigación sobre desaparecidos se describe (con abundante base documental) las modalidades del terrorismo de Estado aplicadas en Uruguay y la participación en la “Operación Cóndor”, mientras que la segunda describe el impacto de la dictadura sobre todas las dimensiones de la vida social. Estas publicaciones dejaron en claro que el terrorismo de Estado había sido una práctica habitual y sistemática aplicada desde antes de la instalación de la dictadura y que afectó a toda la sociedad, y no sólo a los “sospechosos”. La revisión archivística y el manejo documental implicados en esta tarea también tuvieron efectos jurídicos, y sus coordinadores han sido convocados en diferentes países para intervenir como peritos en causas penales, lo que significó un importante reconocimiento a estas investigaciones. Las publicaciones desmentían el negacionismo de los gobiernos anteriores y generaban preguntas de parte de los jóvenes que recibían las noticias sin comprender claramente qué estaba ocurriendo; entonces se decidió incorporar estas novedades a los planes de enseñanza, tal como recomendaba la Comisión para la Paz. El Consejo Directivo Central (Codicen), órgano rector de la enseñanza pública, dispuso la incorporación del tema en todos los programas de Historia que abarcaran ese período, con el objetivo de brindar una visión crítica y documentada del episodio dictatorial. Simultáneamente se llamó a concurso a los investigadores y se planificó un programa de clases públicas difundidas por TV abierta, destinadas a la capacitación de los docentes6.
- 7 “El maestro ejecutado”, El País, Montevideo, Nota editorial, 4 de diciembre de 2011. (Énfasis míos)
4Mientras las excavaciones proseguían y se sumaron hallazgos particularmente impresionantes como el caso del maestro Julio Castro, un especialista en educación de relieve internacional desaparecido en agosto de 1977. En su momento la dictadura informó que había viajado a Buenos Aires pero esa versión fue rápidamente desechada; más adelante se supuso que había fallecido como consecuencia de las torturas (tenía 68 años cuando fue detenido), pero el hallazgo de sus restos en octubre de 2011 reveló que había sido asesinado por el impacto en el cráneo de un proyectil de grueso calibre. En este caso no cabía ninguna de las explicaciones habituales: nunca integró ninguna “agrupación subversiva” ni empuñó las armas. La prensa de derecha debió aceptar que se trataba de un crimen injustificable, y el diario El País de Montevideo debió reconocer “una realidad hasta ahora tan desconocida como infame de la dictadura instalada en nuestro país a partir de 1973: la ejecución de presos políticos”7; pero en cambio, solamente le mereció comentarios a un integrante de su nutrido equipo de columnistas (que incluye dos ex presidentes).
- 8 Uruguay. Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, t. 22, p. 406. Sesión del 15/02/2007.
- 9 “Un abuso de poder”, El País, Montevideo, Editorial, 28 de enero de 2007.
- 10 Irónicamente, en el decreto de aceptación de las “Conclusiones” de la Comisión para la Paz, el pres (...)
5Los hallazgos y las publicaciones significaron un golpe para la teoría de los dos demonios, que funcionaba como la explicación de la dictadura. Quedó claro que las élites de los partidos tradicionales, que hasta entonces habían sido mayoritarios, ahora habían perdido el control de la narrativa del pasado reciente y eso explica lo confuso de sus explicaciones: la supuesta responsabilidad de los movimientos sociales que antes parecía sólidamente demostrada, ahora mostraba su debilidad. Si antes su circulación parecía poner a salvo la inocencia de la población (y también la de los perpetradores), ahora en cambio quedaba a la vista su uso político. No había investigaciones sobre el tema que coincidieran con las posiciones de la derecha, por lo que miraba la iniciativa con recelo; como dijo el Senador Francisco Gallinal “esta temática de la historia más reciente y de preparar los programas, lo que se ha hecho por parte del Gobierno y lo que se vaya a hacer, está bajo sospecha”8. Era comprensible la desconfianza; la práctica de la enseñanza es incontrolable para cualquier autoridad y el éxito de cualquier iniciativa depende del apoyo de los docentes, como también lo pudo comprobar la dictadura. Se dictaron clases para docentes trasmitidas por TV abierta donde cualquier curioso podía verlas: su contenido no despertó polémicas ni comentarios. Pero los partidos tradicionales aprovecharon para cuestionar la propuesta descartando la evidencia arqueológica y documental para hacer un giro partidista: “Ese Codicen frentista, seleccionó a los profesores que debían redactar esos materiales, quienes –¡oh casualidad!– resultaron ser frentistas9.” El proyecto fue calificado de “operativo izquierdista” que pretendía construir una historia “oficial”, por definición contraria a la democracia10.
- 11 Maiztegui, Lincoln Orientales. Una historia política del Uruguay t. 4 La dictadura. (1973-1985) Mon (...)
- 12 Sanguinetti, Julio Ma., La agonía de una democracia, Montevideo, Taurus, 2008, que comprende los añ (...)
6Sólo con esa lógica puede entenderse la exigencia de que los equipos docentes fueran “multipartidarios”, aunque resulte contradictorio con el reclamo de una historia no partidaria. Igualmente el tema llegó a ocupar una sesión del parlamento, la citada del 15 de febrero de 2007, que mostró el dilema en que se encontraban los partidos tradicionales: sin argumentos para cuestionar la enseñanza ni sus contenidos, derivaron a cuestionamientos ad hominem o a suspicacias partidarias. Pero la desconfianza no puede servir de fundamento permanente a ningún proyecto, y en los cuestionamientos conservadores era evidente la falta de propuestas. La indolencia en el tratamiento de la historia de la dictadura se vio sustituida por la publicación de libros “veraces” que “no violaban la laicidad” (un concepto difuso que originalmente aludía a la neutralidad religiosa pero que desde finales del siglo xx califica a las narrativas de los partidos tradicionales) como forma de contrarrestar la “historia sesgada” que se estaba construyendo. Comenzaron a aparecer nuevos relatos, de desigual calidad. Entre los más interesantes pueden mencionarse los trabajos publicados por Lincoln Maiztegui y por Daniel Corbo11. También el Dr. Sanguinetti publicó dos libros autojustificatorios, uno en el que describe el proceso de instalación del autoritarismo en clave de la “teoría de los dos demonios” y otro que relata la reinstitucionalización como una épica personal12. Más allá de lo que significan como testimonio o como excusa, sus libros muestran una característica que es propia de la teoría de “los dos demonios”: choca con una dificultad para construir una narrativa que abarque todo el pasado autoritario, ya que dejan en silencio el período más represivo de la dictadura como se ve en las obras de Sanguinetti. El hiato narrativo revela la incoherencia de una argumentación que se reclama como “verdad” a la vez que oculta los acontecimientos más relevantes del período.
- 13 Su traslado tuvo repercusiones internas y en la prensa internacional. Ver: [https://www.bbc.com/mun (...)
- 14 Cardoso Díaz, Mónica, Liscano, Carlos, La impunidad y su relato, Montevideo, Planeta, 2022, p. 194.
7El proyecto de conocer lo ocurrido en la etapa dictatorial no solo debió lidiar con los argumentos que todavía se mostraban firmes a pesar de la importante evidencia material ya publicada. La impunidad contaba con aliados poderosos en la sociedad: las FFAA no permitieron el acceso a sus archivos; la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no reconoció la figura de “delito de lesa humanidad” definida en el Estatuto de Roma y sólo aceptó la calificación de “homicidio muy especialmente agravado”, el delito más grave previsto en el código pero que no es imprescriptible por lo que el simple paso del tiempo termina por anular la causa judicial. También la SCJ se ocupó de neutralizar a los jueces más activos en la investigación de estos delitos, trasladándolos a juzgados “inofensivos”. Un episodio particularmente significativo ocurrió en febrero de 2013 cuando la SCJ decidió trasladar a la jueza Mariana Mota del fuero penal al fuero civil. La Dra. Mota se había caracterizado por su actividad en el juzgamiento por delitos cometidos en la dictadura, y había sentenciado a prisión al ex dictador Juan María Bordaberry13. Por entonces el Dr. Jorge Ruibal Pino que presidía la SCJ, declaró que en su avance las causas de lesa humanidad encontrarían en la Corte “una muralla infranqueable”14.
- 15 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie (...)
8Pero estos obstáculos no consiguieron paralizar los procesos: dieron más impulso a las críticas y sirvieron como fundamento a una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 que condenó al Estado uruguayo a investigar la desaparición de María Claudia Iruretagoyena de Gelman y a indemnizar a la familia, además de reconocer su responsabilidad en el episodio y “garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, […] no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos”15. En 2009 la ley había sido calificada de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia pero aunque en octubre de 2011 fue formalmente derogada, sus efectos perduran: los abogados de los perpetradores aún invocan su vigencia por considerarla una “amnistía”.
- 16 Luis Lacalle Pou es hijo del ex presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y bisnieto de Luis Albe (...)
- 17 Su abuelo, Pedro Manini Ríos, fue adversario de Batlle y Ordóñez en el p. Colorado; su tío Carlos M (...)
9En marzo de 2020 asumió la presidencia de la República Luis Lacalle Pou16, del p. Blanco, con el apoyo de una coalición integrada por cuatro partidos Por primera vez en quince años el FA perdía la Presidencia, y se temió un retroceso en las investigaciones. Si bien la nueva coalición gobernante tenía un marcado perfil conservador, se destacaba particularmente el novedoso partido “Cabildo Abierto” que reunía características de la “nueva derecha” y aunque en su programa no había referencias al pasado reciente, era claro su compromiso con las demandas militares. Participaba por primera vez y superó el 11% de votos, un hecho poco frecuente en Uruguay por lo que su ingreso a la política fue seguido con atención. Su principal dirigente, el Gral.(r) Guido Manini Ríos, un ex Comandante en Jefe destituido de su cargo por ocultar pruebas del terrorismo de Estado, jugó en su campaña con la ambigüedad de presentarse como un “hombre nuevo” aunque su apellido tenía larga tradición política17.
- 18 Ver: “Compromiso con el país”“, El País, Montevideo, 1° de noviembre de 2019 [https://www.elpais.co (...)
- 19 “Lacalle-Pou-reconocio-error-en-la-campana-pasada-sobre-detenidos-desaparecidos”, Montevideo Portal (...)
10Por el cambio de gobierno se esperaban novedades en la política de DDHH, pero en el programa común de la coalición, “Compromiso con el país”, se estampó un “Compromiso con la verdad sobre los desaparecidos”18. Estas definiciones parecen marcar un límite a las políticas de la derecha. Es claro que a la dirigencia de la coalición no le parece grata la búsqueda de los desaparecidos ni la narrativa de la historia reciente, pero el tema está instalado en la sociedad y no es fácil paralizar las investigaciones ni menos tratar de volver a la situación pasada. Luis Lacalle Pou, que en la campaña electoral de 2014 había dicho que no continuaría la búsqueda de desaparecidos porque “había que dar vuelta la página”, cinco años más tarde –de nuevo en campaña y preocupado por el impacto negativo de su anterior declaración–, visitó la sede de la organización de Madres y Familiares de desaparecidos para dejar en claro su cambio de opinión19.
- 20 Mayo, Georgina, “Los 69 condenados por violaciones a los DDHH denuncian a Uruguay en la Corte en La (...)
- 21 “Del Centro Militar”, Busqueda, Montevideo, sec. Cartas al Director. 31 de octubre de 2024 [https:/ (...)
- 22 Petit, Juan M., “¿Quiénes violan los derechos humanos?”, La Diaria, Montevideo, 27 de abril de 2024
11La búsqueda de los desaparecidos continuó, pero hubo cambios principalmente en la educación y también en la estrategia de defensa de los perpetradores. En ambas líneas asoma un cambio de actitud respecto de los DDHH que anunciaba una dimensión de disputa. Luego de muchos años de señalar a las políticas de DDHH como manifestaciones del marxismo internacional, algunos sectores de la derecha intentaron utilizarlos en beneficio de sus reclamos. En febrero de 2023 los abogados de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad presentaron una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado uruguayo, por “violación a los derechos fundamentales”20 de los detenidos. Si bien esta demanda tuvo efectos más mediáticos que jurídicos, hubo intentos sistemáticos de equiparar como “violaciones de los derechos humanos” tanto a la violencia política como al terrorismo de Estado. Así aparece en una reciente comunicación del Centro Militar que menciona “las violaciones sistemáticas de los DDHH” cometidas por “los terroristas que querían transformar a Uruguay en la Sierra Maestra”21. A esta confusión vino a contribuir alguien con vasta formación en el tema, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, quien en una columna periodística cuestionó que “los que violan los derechos humanos (sean) los Estados” mientras que “los particulares cuando cometen daños lo que hacen es perpetrar delitos” para concluir: “Quienes cometen delitos violan los derechos humanos, y quienes violan los derechos humanos cometen delitos”22, con lo que reforzaba el argumento de la universalidad de la violación de los DDHH por todo aquel que cometa un delito penal, incluso los perpetradores.
- 23 “Entre abucheos y críticas por ausencia de Lacalle, Estado realizó acto por asesinato de las Muchac (...)
12También fueron frecuentes las críticas a la actuación de la justicia y los cuestionamientos a la narrativa de la historia reciente; pero si bien esas iniciativas (generalmente impulsadas por Cabildo Abierto) no tuvieron apoyo de la coalición, el gobierno tampoco mostró su compromiso con la reparación a las víctimas de la dictadura. Eso se vio en junio de 2023 en el acto realizado en cumplimiento de otra sentencia de la CIDH, en este caso por la responsabilidad del Estado en el asesinato de tres jóvenes y en la desaparición de dos detenidos. Como ocurrió en 2011 el Estado debía reconocer su responsabilidad; pero fue más notoria la ausencia del presidente, que fue suplido por la vicepresidenta Beatriz Argimon; también el Gral. Manini se negó a asistir a esa instancia argumentando que “no se ajusta a la realidad de los hechos”23.
- 24 “Bancada de senadores de CA presentó proyecto de ley para reinstalar ley de caducidad”, La Diaria, (...)
- 25 Lugar de detención creado por el presidente T. Vázquez para recluir a militares y policías condenad (...)
- 26 Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, t. 619, p. 18 y ss., sesión del 10 de agosto (...)
13En agosto de 2020 Manini había propuesto el restablecimiento de la vigencia de la Ley de caducidad (derogada en 2011) con el pretexto de lograr la “pacificación definitiva”24, pero no encontró socios dispuestos a enfrentar las dificultades jurídicas y políticas de la iniciativa. Desde entonces cambió su estrategia y sus propuestas siguieron vías indirectas: al año siguiente propuso la prisión domiciliaria automática para “todo recluso mayor de 70 años” (categoría que incluye a todos los perpetradores presos en la “Unidad N° 8”25 conocida como cárcel de Domingo Arena por su calle de acceso), con el argumento de “proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID 19”26. Se aprobó en la C. de Senadores pero se eliminó el carácter preceptivo del beneficio lo que prácticamente dejó incambiada la norma vigente. Varios legisladores reclamaron que fueran excluidos del beneficio los militares presos por violaciones a los DDHH, lo que se logró con el apoyo de la mayoría de la coalición. Molesto, Manini replanteó su propuesta de darle carácter preceptivo a la prisión domiciliaria:
- 27 Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, t. 647, p. 198, sesión del 19 de diciembre d (...)
Acá en sala se sacó el tema de los presos de Domingo Arena; una y otra vez se lo mencionó. Se llegó a hablar hasta de terrorismo de Estado y de cosas que no tienen nada que ver con el proyecto que hoy se está tratando. Nosotros sí vamos a hacer alusión a los presos que lo están en virtud de la actuación en el llamado pasado reciente. Claramente aquí estamos viviendo un proceso de venganza y no de justicia27.
14El senador Manini no ocultó su rechazo a las condenas –que calificó de “venganzas”– por episodios del “llamado pasado reciente”, y le desagradó que en el debate se hablara “hasta de terrorismo de Estado”; pero su propuesta solo tuvo los votos de sus tres senadores.
- 28 Senador colorado, hijo del dictador Juan Ma. Bordaberry. El proyecto en: Uruguay, Diario de Sesione (...)
15En lo que refiere a la educación en cambio, el tema toca una sensibilidad más alerta y más generalizada. Resignados a que su enseñanza no podía ser soslayada, algunos legisladores colorados reflotaron la “defensa de la laicidad” como mecanismo de control de la enseñanza. Propusieron la creación del “Consejo de laicidad” enfocado en la preocupación por una “enseñanza pública neutral y respetuosa de las diferentes vertientes de ideas.” El Consejo tramitaría denuncias de las trasgresiones cometidas “en dependencias públicas, con particular prevención en el caso de que los destinatarios sean [sic] menores estudiantes que asisten a centros educativos.” El proyecto no llegó a ser tratado; sonaba incongruente, pero su presentación despertó alarma en los ámbitos de la enseñanza donde se lo vio como la reinstalación de una práctica que era común en la dictadura. El mismo texto aclaraba que “un proyecto de ley de similares características fue presentado por el Senador Pedro Bordaberry28 en la legislatura pasada”. En esa oportunidad corrió la misma suerte.
16Como el proyecto de eliminar la enseñanza del pasado reciente era imposible, y vigilarlo por la vía de la “laicidad” no parecía viable, la estrategia apuntó a ocultar su presencia en los programas de estudio. La puesta en marcha de un vasto proyecto de “transformación educativa” brindó la oportunidad, ya que implicaba un ajuste en los contenidos de los cursos. La primera versión de los nuevos programas para los cursos de Historia calificaba de “violaciones de los DDHH” a “la violencia política” lo que parecía ocultar la responsabilidad de los agentes del Estado en los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Cuando se hizo pública esta versión se denunció la ausencia del concepto de “terrorismo de Estado”, que se denominara la época previa al golpe como “guerra civil” (justificando así la teoría de los dos demonios) y como “dictadura militar” al período autoritario (encubriendo la participación de civiles). El nuevo programa eliminaba la mayor parte de la bibliografía que acompañaba la anterior versión pero en cambio incluía uno de los libros de Sanguinetti. En esa ocasión las protestas llevaron a que la autoridad de la educación saliera a explicar los cambios: negó que hubiera “intencionalidad oculta” y declaró que simplemente se intentó “establecer todo el contexto”29. Finalmente el Codicen modificó parcialmente su decisión; el concepto de “terrorismo de Estado” se incluyó dentro de los “conceptos básicos que deberá trabajar el docente”, y se hizo más énfasis en el tratamiento de los DDHH. También aceptó incluir algunos de los libros eliminados de la bibliografía pero mantuvo las obras cuestionadas, en particular la de Sanguinetti. Este manifestó su alegría con la decisión: según su entender su libro ““es muy objetivo” y significaba “un aporte” en una bibliografía que “está flechada hacia la visión frentista, más que de izquierda”. Y remató: “yo estaba cancelado; por lo menos me levantaron la proscripción”30. Su satisfacción no le permitió solidarizarse con los autores que ahora habían sido “proscriptos”, pero revelan que su libro fue pensado para su uso en las aulas. El tema volvió a plantearse un año más tarde a propósito de la difusión de los avances de los programas de los cursos superiores de Historia31 en los que se denunció una manipulación similar al eliminar las referencias al terrorismo de Estado. Con ironía El País de Madrid señaló: “El organismo rector de la enseñanza en Uruguay ha resuelto no llamar terrorismo de Estado al terrorismo de Estado perpetrado por el régimen cívico militar que gobernó este país entre 1973 y 1985.”32 Esta vez motivó una consulta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) dirigida al Codicen para confirmar “si efectivamente el concepto de terrorismo de Estado fue quitado del programa referido” y para solicitar el “informe técnico de respaldo” que se había invocado como fundamento de la medida. El Codicen respondió con una larga comunicación que según la Asociación de Profesores de Historia (APHU) revelaba “la ausencia de fundamentos de la decisión”33. Finalmente la enseñanza de las prácticas criminales del Estado fue incorporada en la versión definitiva del programa.
- 34 “Del Centro Militar”, op. cit.
- 35 Cabildo Abierto, “El Uruguay del trabajo y de los valores. Programa de gobierno 2025-2030”, Montevi (...)
17El caso de los juicios a los perpetradores de la dictadura en Uruguay no es demasiado diferente del resto de los países que sufrieron las dictaduras de la seguridad nacional; pero tiene como peculiaridad la lenta aplicación de la justicia que debe enfrentar una poderosa conjunción de intereses. Sin embargo, la verdad de lo ocurrido en la dictadura se va abriendo camino y la historia reciente tiene todavía mucho para descubrir y narrar. La acumulación de evidencia documental y arqueológica no ha debilitado el discurso de la “guerra contra la subversión” que sigue sosteniendo el Centro Militar, pero que ahora viene acompaña con quejas por el escaso apoyo que encuentra en “los partidos políticos no marxistas ni totalitarios”34. En sus cinco años de actuación, la “coalición republicana” no pretendió traspasar la línea de rechazo a las acciones de la dictadura. La suerte corrida por Cabildo Abierto resulta particularmente reveladora: al ver frustradas sus iniciativas, el partido pareció dispuesto a profundizar su acción reivindicativa: en su nuevo programa de gobierno propuso “terminar con la situación de las personas injustamente detenidas y enjuiciadas por haber defendido las instituciones” y remataba que “la justicia no puede actuar como mecanismo de venganza”35. Pero en las recientes elecciones obtuvo magros resultados y todo parece indicar que fue absorbido por el sistema partidario.
18El período 2020-2025 pareció una oportunidad favorable para quienes pretendían dar marcha atrás con las condenas, pero no lograron resultados: si bien los archivos militares han permanecido inaccesibles, las excavaciones han continuado y varios represores han sido condenados. En la enseñanza, las autoridades debieron hacer concesiones ante los reclamos: aceptaron modificar la redacción final de los programas para incorporar los datos de la investigación. Reapareció así el terrorismo de Estado como concepto y como contenido y se eliminó el tema “violaciones a los DDHH” entre los efectos de la violencia política. Pero puede ser un cambio de estrategia: se incluye en los programas pero se reduce la carga horaria, dificultando su adecuado tratamiento. Las acusaciones de parcialidad contra la justicia apuntan al tratamiento de las denuncias de corrupción gubernamental, más que a las quejas de “Cabildo Abierto”. Aunque su ruina electoral se vea como positivo, hay una porción de la sociedad todavía no muy numerosa, a la que le resulta atractivo el discurso autoritario. En el ámbito judicial, una renovada SCJ ha aceptado la figura de “delito de lesa humanidad” y se ha mostrado menos dispuesta a aceptar las maniobras dilatorias de los defensores de los perpetradores. Pero como en el orden jurídico uruguayo la jurisprudencia no es fuente de derecho, en el futuro y con otra composición la SCJ puede volver a la posición negacionista. No olvidemos que el paso del tiempo es ventajoso para los perpetradores.
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Bibliographie
Fuentes
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Cabildo Abierto, “El Uruguay del trabajo y de los valores. Programa de gobierno 2025-2030”, Montevideo, 2024 [https://cabildoabierto.uy/programa-de-gobierno-de-cabildo-abierto-2025-2030/].
Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C n°221 [https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/883974863].
Uruguay, “Se aceptan Conclusiones del Informe Final de la Comisión para la Paz”, 16/04/03 [https://web.archive.org/web/20090627034654/http://www.presidencia.gub.uy/decretos/2003041605.htm].
Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 6 de abril de 2021 [https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/diarios-de-sesion/6261/IMG].
Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, t. 619 y 647.
Uruguay, Comisión para la Paz. Informe final de la Comisión para la Paz. Montevideo, 10 de abril de 2003. [https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-05/comisionparalapazinformefinal.pdf].
Uruguay, Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, t. 22.
Uruguay, Ley 15848 [https://www.impo.cotri.uv/bases/leYes/15848-1986].
Libros
Allier Montaño, Eugenia, “De historias y memorias sobre el pasado reciente en Uruguay: treinta años de debates”, Caravelle, n° 104, 2015, p. 133-150 [http://journals.openedition.org/caravelle/1615].
Cardoso Díaz, Mónica, Liscano, Carlos, La impunidad y su relato. Montevideo, Planeta, 2022.
Franco, Marina, Levin, Florencia (comp.), Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Buenos Aires, Paidos, 2007.
Artículos periodísticos
“Uruguay reconoce crímenes de la dictadura en un acto oficial sin la presencia del presidente”, El País, Madrid, 16 de junio de 2023 [https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/el-estado-uruguayo-reconoce-su-responsabilidad-en-el-asesinato-de-las-tres-muchachas-de-abril].
“Bancada de senadores de CA presentó proyecto de ley para reinstalar ley de caducidad”, La Diaria, Montevideo, 5 de agosto de 2020.
“Del Centro Militar” Busqueda, Montevideo, sec. Cartas al Director, 31 de octubre de 2024. [https://www.busqueda.com.uy/cartas-al-director/del-centro-militar-n5394078].
“El maestro ejecutado”, El País, Montevideo, Nota editorial, 4 de diciembre de 2011.
“Entre abucheos y críticas por ausencia de Lacalle, Estado realizó acto por asesinato de las muchachas de Abril”, El País, Montevideo, 15 de junio de 2023 [https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/el-estado-uruguayo-reconoce-su-responsabilidad-en-el-asesinato-de-las-tres-muchachas-de-abril].
“Historiadores uruguayos condenan la eliminación del concepto “terrorismo de Estado” en secundaria”, El País, Madrid, 28 de febrero de 2024 [https://elpais.com/america/2024-02-28/historiadores-uruguayos-condenan-la-eliminacion-del-concepto-terrorismo-de-estado-en-secundaria.html].
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“Programa de Historia incorporó abordaje de “terrorismo de Estado” y amplió la bibliografía para docentes”, La Diaria, 12 de enero de 2023.
“Sanguinetti: “Yo estaba cancelado; por lo menos me levantaron la proscripción” ” Montevideo Portal, 10 de noviembre de 2022 [https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Sanguinetti--Yo-estaba-cancelado-por-lo-menos-me-levantaron-la-proscripcion--uc837838#com].
“Un abuso de poder”, El País, Montevideo, Editorial, 28 de enero de 2007.
Mayo, Georgina, “Los 69 condenados por violaciones a los DDHH denuncian a Uruguay en la Corte en La Haya”, 25siete, Montevideo, 20 de febrero de 2023[https://www.257.uy/post/los-69-condenados-por-violaciones-a-los-ddhh-demandan-a-uruguay-en-la-corte-en-la-haya].
Petit, Juan M., “¿Quiénes violan los derechos humanos?”, La Diaria, Montevideo, 27 de abril de 2024.
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Notes
Franco, Marina, Florencia, Levin (comp.), Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción, Buenos Aires, Paidos, 2007, p. 17.
Uruguay. Ley 15848. [https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15848-1986 (consultado el 30/08/2024)].
En esos partidos también la dirigencia es tradicional. Jorge Batlle es hijo del ex presidente Luis Batlle (1947-1951) y sobrino nieto de José Batlle y Ordóñez (presidente en 1903-1907 y 1911-1915).
Uruguay. Informe final de la Comisión para la Paz, p. 33. [https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-05/comisionparalapazinformefinal.pdf (consultada el 10/05/2025)].
Desde noviembre de 2005 hasta setiembre de 2024 se han encontrado los restos de siete personas; todos integraban la lista de detenidos desaparecidos.
Este proceso está descrito en: Allier Montaño, Eugenia, ”De historias y memorias sobre el pasado reciente en Uruguay: treinta años de debates”, Caravelle, n° 104, 2015, p. 133-150. [http://journals.openedition.org/caravelle/1615 (consultado el 5 noviembre 2024)].
“El maestro ejecutado”, El País, Montevideo, Nota editorial, 4 de diciembre de 2011. (Énfasis míos)
Uruguay. Diario de Sesiones de la Comisión Permanente, t. 22, p. 406. Sesión del 15/02/2007.
“Un abuso de poder”, El País, Montevideo, Editorial, 28 de enero de 2007.
Irónicamente, en el decreto de aceptación de las “Conclusiones” de la Comisión para la Paz, el presidente Batlle afirmaba que la Comisión aportaba “una verdad definitiva que debe ser, de ahora en más, considerada como la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos” (16/04/03 – “Se aceptan Conclusiones del Informe Final de la Comisión para la Paz”) [https://web.archive.org/web/20090627034654/http://www.presidencia.gub.uy/decretos/2003041605.htm (consultado el 03/09/2024. Énfasis míos)].
Maiztegui, Lincoln Orientales. Una historia política del Uruguay t. 4 La dictadura. (1973-1985) Montevideo, Planeta, 2008; Corbo, Daniel, El plebiscito constitucional de 1980. Montevideo: Ediciones Puerta del Sur, 2006.
Sanguinetti, Julio Ma., La agonía de una democracia, Montevideo, Taurus, 2008, que comprende los años 1963 a 1973; y La reconquista, Montevideo, Taurus, 2012, que abarca el período 1980-1990.
Su traslado tuvo repercusiones internas y en la prensa internacional. Ver: [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130222_uruguay_jueza_derechos_humanos_mota_vh (consultado el 15/09/2004)].
Cardoso Díaz, Mónica, Liscano, Carlos, La impunidad y su relato, Montevideo, Planeta, 2022, p. 194.
Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C n° 221 [https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/883974863 (consultado el 27/08/2024)].
Luis Lacalle Pou es hijo del ex presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y bisnieto de Luis Alberto de Herrera, principal dirigente del p. Nacional en la primera mitad del siglo xx.
Su abuelo, Pedro Manini Ríos, fue adversario de Batlle y Ordóñez en el p. Colorado; su tío Carlos Manini Ríos fue ministro en el primer gobierno de Sanguinetti.
Ver: “Compromiso con el país”“, El País, Montevideo, 1° de noviembre de 2019 [https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/lea-aqui-el-borrador-del-acuerdo-de-la-coalicion-de-los-partidos-de-la-oposicion (consultado el 12/09/2024)].
“Lacalle-Pou-reconocio-error-en-la-campana-pasada-sobre-detenidos-desaparecidos”, Montevideo Portal, 31 de agosto de 2019. [https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Lacalle-Pou-reconocio-error-en-la-campana-pasada-sobre-detenidos-desaparecidos-uc728268 (consultado el 15 de agosto de 2024].
Mayo, Georgina, “Los 69 condenados por violaciones a los DDHH denuncian a Uruguay en la Corte en La Haya”, 25siete, Montevideo, 20 de febrero de 2023 [https://www.257.uy/post/los-69-condenados-por-violaciones-a-los-ddhh-demandan-a-uruguay-en-la-corte-en-la-haya (consultado el 22/06/2023].
“Del Centro Militar”, Busqueda, Montevideo, sec. Cartas al Director. 31 de octubre de 2024 [https://www.busqueda.com.uy/cartas-al-director/del-centro-militar-n5394078 (consultado el 1/11/2024)].
Petit, Juan M., “¿Quiénes violan los derechos humanos?”, La Diaria, Montevideo, 27 de abril de 2024.
“Entre abucheos y críticas por ausencia de Lacalle, Estado realizó acto por asesinato de las Muchachas de Abril”, El País, Montevideo, 15 de junio de 2023 [https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/el-estado-uruguayo-reconoce-su-responsabilidad-en-el-asesinato-de-las-tres-muchachas-de-abril (consultado el 26/08/2024)]. Este episodio fue juzgado por la justicia civil y llegó en apelación a la SCJ que ratificó la condena de un ex comandante en jefe.
“Bancada de senadores de CA presentó proyecto de ley para reinstalar ley de caducidad”, La Diaria, Montevideo, 5 de agosto de 2020, p. 5.
Lugar de detención creado por el presidente T. Vázquez para recluir a militares y policías condenados por violaciones a los DDHH.
Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, t. 619, p. 18 y ss., sesión del 10 de agosto de 2021.
Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, t. 647, p. 198, sesión del 19 de diciembre de 2023.
Senador colorado, hijo del dictador Juan Ma. Bordaberry. El proyecto en: Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. Sesión del 6 de abril de 2021, p. 41-44. [https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/diarios-de-sesion/6261/IMG (consultado el 10/09/2024)].
“Programa de Historia incorporó abordaje de “terrorismo de Estado” y amplió la bibliografía para docentes”, La Diaria, 12 de enero de 2023.
“Sanguinetti: “Yo estaba cancelado; por lo menos me levantaron la proscripción” ” [https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Sanguinetti--Yo-estaba-cancelado-por-lo-menos-me-levantaron-la-proscripcion--uc837838#com (consultado el 17/09/2024)].
La versión definitiva puede consultarse en https://www.dges.edu.uy/propuesta-educativa/programas-de-asignatura (consultado el 24/10/2024).
“Historiadores uruguayos condenan la eliminación del concepto “terrorismo de Estado” en secundaria”, El País, Madrid, 28 de febrero de 2024. [https://elpais.com/america/2024-02-28/historiadores-uruguayos-condenan-la-eliminacion-del-concepto-terrorismo-de-estado-en-secundaria.html (consultado el 09/10/2024)].
Puede verse en: https://www.aphu.org.uy/post/comunicado-de-aphu-julio-2024 (consultado el 01/09/2024).
“Del Centro Militar”, op. cit.
Cabildo Abierto, “El Uruguay del trabajo y de los valores. Programa de gobierno 2025-2030”, Montevideo, 2024, p. 18 [https://cabildoabierto.uy/programa-de-gobierno-de-cabildo-abierto-2025-2030/ (consultada el 10/05/2025)].
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