- 1 Véase Cowan, Benjamin, Securing Sex: Morality and Repression in the Making of Cold War Brazil. Chap (...)
- 2 Véase Rico, Álvaro, Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Urug (...)
- 3 Véase Gutiérrez, Gonzalo, “Hacer la calle en dictadura. Memorias trans del terrorismo de estado en (...)
1En la última década se ha venido investigando en el Cono Sur la violencia estatal de los regímenes autoritarios sobre la disidencia sexogenérica a efectos de determinar su singularidad, permanencia y límites1. Sin embargo, este tipo de estudios son aún marginales en Uruguay, donde la academia se enfocó primero en la represión de las Fuerzas Armadas por motivos políticos y sindicales y, más recientemente, en una relectura de este proceso en clave de género2. La persecución experimentada por la disidencia sexogenérica cobró visibilidad recién en los últimos años gracias a la emergencia de una memoria travesti/trans en el marco de la aprobación de la Ley 19.684 que incluyó una prestación reparatoria para este grupo particular de víctimas3. Los testimonios de personas travestis complejizaron las interpretaciones sobre los fines disciplinantes del régimen dictatorial y pusieron en debate su periodización. Este artículo avanza en ese sentido, analizando el accionar de la Policía (actor institucional desatendido hasta el momento), a partir de la revisión de prontuarios de la Dirección Nacional de Policía Técnica de la Jefatura de Policía de Montevideo en los que aparecen homosexuales, lesbianas y travestis. El acceso a esta documentación permite complejizar los relatos testimoniales existentes, precisar cambios en la persecución policial durante el período dictatorial, así como analizar la selectividad del accionar represivo. Este texto busca, a partir del análisis de estas fuentes policiales, prensa de época y publicaciones oficiales de la Policía de Montevideo, contestar las siguientes preguntas: ¿qué grupos dentro de la disidencia sexogenérica fueron los más afectados por la persecución policial durante este período? ¿La persecución policial de los «amorales» aplicó un sesgo de clase? ¿Qué relaciones se pueden establecen entre los diferentes momentos políticos de la dictadura civil-militar, los cambios en la Jefatura de Montevideo y las modificaciones en la intensidad de la persecución policial de los disidentes sexogenéricos? El artículo inicia con una breve revisión de la singular relación que tuvo la institución policial uruguaya y las disidencias sexogenéricas durante la primera parte del siglo xx y los debates sobre los intentos de criminalización de la homosexualidad durante la dictadura; aborda luego el análisis de los datos sistematizados de la represión a la población no heteroconforme durante el período dictatorial y se cierra con una serie de reflexiones finales. Para el análisis de la información se utilizó una metodología mixta: por un lado, se procesó la información mediante un análisis de contenido cualitativo simple, y, por otro, se hizo un procesamiento cuantitativo del número de detenciones registrados en los prontuarios policiales de homosexuales, travestis y lesbianas.
- 4 Veáse Barrán, José Pedro, Caetano, Gerardo, Porzecasnki, Teresa, “Construcción y fronteras de lo pr (...)
2A diferencia de lo que sucedió en el Cono Sur, donde se confirma una fuerte continuidad en la represión estatal hacia la población no heteroconforme durante el siglo xx, en Uruguay predominó antes que nada una fuerte discriminación y violencia social hacia estos grupos con algunos picos represivos policiales. Esta diferencia respecto a la región puede comprenderse a partir del proceso histórico uruguayo. El batllismo (1911-1916) implicó la ampliación de la ciudadanía y la legalización de la actividad sindical, y se caracterizó por un anticlericalismo beligerante y una perspectiva medicalizada que interpeló las visiones religiosas sobre la prostitución y la sexualidad. El Estado adoptó así tempranamente el modelo reglamentarista y legalizó el ejercicio de la prostitución. A su vez, se desarrolló una matriz cultural que tendió a estatizar la noción de lo público y a secundarizar los aspectos considerados íntimos o privados, lo que implicó una fuerte legitimación social de que estos aspectos no debían ser abordados por el Estado4. Una defensa del derecho a la privacidad y un enfoque liberal que convivieron, no obstante, con algunos impulsos que buscaron regular la intimidad, tensión en la que con frecuencia triunfó el primer polo del binomio.
- 5 Cosse caracteriza a la revolución sexual en América Latina durante los años sesenta como “discreta” (...)
3A su vez, durante los años sesenta, bajo el impulso de la modernización social y cultural y el impacto de una “revolución sexual discreta” emergió en el centro de la capital un circuito semiclandestino de sociabilidad y de encuentro homosexual que giró en torno a algunos bares, cines y playas5. A su vez, el mundo del teatro y del arte experimental ambientaron fiestas privadas en las que participaban homosexuales y en las que se celebraba la bisexualidad. Este clima de creciente libertad y visibilidad en el espacio público generó preocupación en la sociedad. Las publicaciones periódicas Al Rojo Vivo y La Mañana denunciaron desde sus páginas la creciente presencia de “amorales” y el peligro de que la homosexualidad se extendiera entre la juventud uruguaya, alentando, sin éxito, a la Policía a tomar cartas en el asunto.
- 6 Véase Vila, Alejandro, «La matriz policial uruguaya: 40 años de gestión», en Paternain, Rafael y Ri (...)
- 7 La Doctrina de la Seguridad Nacional fue una versión regional del Estado de Seguridad Nacional esta (...)
4Durante esos años, la Jefatura de Montevideo era una institución fuertemente desactualizada y mal equipada y la formación de sus cuadros era en general muy elemental. La modernización policial llegó recién a comienzos de los setenta, de la mano del creciente avance del autoritarismo, un proceso que implicó cambios importantes en su formación y organización interna6. El 26 de mayo de 1971 se aprobó la Ley Orgánica Policial (no 13.963) que creó varias dependencias especializadas, así como un rígido reglamento disciplinario. A su vez, a partir de 1972 los jefes de Policía de todo el país pasaron a ser casi en su totalidad militares, lo que implicó el adoctrinamiento de la policía en la Doctrina de la Seguridad Nacional7. Luego del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 se acentuó la profesionalización de la Policía y se instauró una cultura institucional autoritaria ligada a la lucha contrainsurgente, un proceso conducido, entre otros, por el coronel Alberto Ballestrino, quien en los sesenta fue jefe de la Guardia Metropolitana e interventor de la Dirección de Investigaciones, y, entre 1973 y 1976, jefe de Policía de Montevideo. Ballestrino fue uno de los fundadores de la Logia de los Tenientes de Artigas, un grupo militar clave en el golpe de Estado de 1973 y en las decisiones que tomaba la Junta de Oficiales Generales, espacio colegiado que tuvo a su cargo la conducción política de la dictadura civil-militar. Desde el punto de vista ideológico, Ballestrino era un católico conservador antiliberal, gran admirador del general Francisco Franco y fuertemente nacionalista y anticomunista.
- 8 Véase El Diario, 8 de marzo de 1976, p. 4.
5La preocupación del régimen y de la Policía fue sanear la moral de la sociedad uruguaya y fortalecer la familia nuclear cis-heteropatriarcal tradicional, al considerarla la base de la sociedad y de un nuevo orden. En el marco de la Guerra Fría importantes sectores de la dictadura visualizaron que se estaba ante una guerra total y que la homosexualidad, la promiscuidad sexual y las drogas eran una estrategia geopolítica del comunismo para debilitar la nación. El marxismo estimulaba la “subversión de naturaleza cultural”8, y esta batalla encarnó en el sistema educativo, en las políticas comunicacionales del régimen, en aspectos normativos y en los objetivos de la represión estatal.
- 9 Informe del señor presidente de la Comisión Especial de Reformas del Código Penal doctor Fernando B (...)
6En ese sentido, Ballestrino reclamó, ni bien asumió como jefe de Policía, entre otras cosas, criminalizar la homosexualidad. Sus exigencias fueron escuchadas: el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Fernando Bayardo Bengoa, incluyó en la propuesta de reforma integral del Código Penal que estaba elaborando a pedido del régimen dictatorial la tipificación de los delitos de sodomía y de incitación a la sodomía, un cambio que respondía a “iniciativa del señor jefe de Policía de Montevideo, que enfrenta ese sórdido drama social sin medios legales para hacerlo”9.
- 10 El régimen cívico- militar reunió a corrientes heterogéneas: desde liberales conservadores, tecnócr (...)
7Sin embargo, entre los cuadros políticos y técnicos del régimen existió una fuerte pugna sobre cómo llevar adelante la restauración del orden social y sobre si el Estado debía entrometerse en la moral y la vida íntima de las personas10. Esta disputa fue especialmente visible en el campo jurídico, en donde hubo mayores resistencias gracias a la presencia de colaboradores del régimen que se mantuvieron fieles a una matriz liberal conservadora que no ligó anticomunistas y moral. El nuevo orden debía combatir la corrupción y los vicios sociales, pero esto, a su juicio, se podía lograr sin que el Estado invadiera la esfera íntima e impusiera allí una moral única. En términos analíticos, lo que estaba en pugna era si la dictadura debía interrumpir la lógica con la que el Estado se había relacionado con la disidencia sexogenérica durante casi todo el siglo xx: condena pública y tolerancia en privado.
- 11 Informe y Proyecto de Ley sustitutivo de la Sub-Comisión N2. Comisión de Constitución y Legislación (...)
8Los abogados Enrique Viana Reyes y Julio Espínola, integrantes del Consejo de Estado (estructura que sustituyó al Parlamento durante el período dictatorial), elaboraron un proyecto de reforma del Código Penal alternativo al del fiscal de Corte. Para ambos consejeros, en la medida en que existían los delitos de violación, de corrupción de menores y de atentado violento al pudor, el asunto a dirimir en la nueva reforma era si las relaciones «carnales» homosexuales consensuadas entre adultos y en la reserva de la intimidad debían considerarse delito y debían estar entonces sujetas a una pena. Esto es lo que Ballestrino reclamaba: una herramienta que permitiera atrapar por completo en su red represiva a la población disidente sexogenérica. Sin embargo, los abogados informantes desaconsejaron ese camino, en la medida en que la homosexualidad entre adultos y sin publicidad no afectaba ni la libertad sexual ni el pudor público. Criminalizar a la homosexualidad, pese a la “repugnancia o el menosprecio moral que provocan”, no solo violentaba “la culta tradición nacional”, sino que también implicaría confundir la violación de preceptos éticos con el delito, así como desestimar las “orientaciones más modernas […] que entienden que la lucha contra un vicio o aberración de esta índole corresponde a la ciencia médica y a la educación, pero no al derecho penal”11. Finalmente, la criminalización de la homosexualidad nunca se aprobó, pero esta derrota en el campo jurídico no desalentó a Ballestrino. Por la vía de los hechos, amparándose en la necesidad de garantizar la seguridad y la moral pública, la Policía desplegó una represión sin precedentes sobre la disidencia sexo-genérica durante este período.
9De la revisión completa de los veinte mil prontuarios disponibles en el fondo de la Dirección Nacional de Policía Técnica del Archivo Central de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (el fondo está incompleto y el grueso de la documentación disponible se agrupa entre 1960 y 1989) se logró ubicar a 282 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género bajo la categoría «pederasta pasivo» o «pederasta activo». Estas categorías fusionaban a nivel etimológico homosexualidad y corrupción de menores, homologaban a homosexuales varones y travestis y buscan clasificarlos en forma binaria de acuerdo con el rol que presuntamente desplegaban en la interacción erótica.
- 12 Archivo Central (ACFHCE). Fondo Dirección Nacional de Policía Técnica (FDNPT): Prontuario N 180505 (...)
10En Uruguay, a partir de 1900 la medicina rotuló a la atracción entre personas del mismo sexo como “inversión”, diferenció entre activos y pasivos, y patologizó en particular a estos últimos, en la medida que los consideró como irrecuperables. Si bien la policía montevideana se guiaba por estos principios, consideraba al “pederasta activo” más peligroso, en la medida que potencialmente podía protagonizar violaciones u otro tipo de actividades delictivas. Ambas categorías aparecen en la carátula de los prontuarios, en la hoja de detenciones o en ocasiones en los interrogatorios se pregunta explícitamente sobre el asunto. Por ejemplo, el sargento S. R. P. inquirió a su detenido, según consigna la transcripción: “Preguntado: sobre si es Pederasta Pasivo o Activo. Contesta: soy Pederasta Pasivo desde que tengo uso de razón, pero no me prostituyo en la vía pública”12.
- 13 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 258731 PT, p. 6.
11Una revisión meticulosa de la categoría pederasta pasivo revela que en algunos casos esta se ampliaba conceptualmente volviéndose sinónimo de ejercicio de prostitución. Esto puede obedecer a que gran parte de la población travesti tenía como única forma de vida el comercio sexual y a que la Policía buscaba, para justificar su accionar, acusar a los detenidos de ejercer la prostitución callejera, actividad que fue ilegal en Uruguay hasta 2002. Por ejemplo, a P. T., durante un interrogatorio, se le preguntó si “sale a caminar a efectos de encontrar ‘amigos’ o ‘clientes’, a lo que este responde ‘Por supuesto que clientes no tengo, pues no cobro; y por otra parte yo me relaciono con personas después de tener cierta amistad o conocimiento con las mismas’13.”
12A su vez, en los registros es abrumadora la cantidad de pederastas pasivos frente a los activos, lo que parece indicar una adjudicación casi automática de esta categoría. Es claro que ambos rótulos decodifican y clasifican la sexualidad desde el género, por lo que cualquier expresión de género socialmente construida como femenina fue vista como indicativa de pasividad y homosexualidad. Entre los 282 casos ubicados solo seis fueron clasificados como pederastas activos o pasivos al mismo tiempo. Esto obedece a que en los interrogatorios estos declararon ser activos, vivir en concubinato con un pederasta pasivo (que al menos en dos casos claramente eran personas travestis) o aseguraron que también mantenían relaciones sexuales con mujeres.
- 14 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 189298 MO, p. 10.
13En el archivo se logró encontrar solo cinco casos en los que aparecen involucradas de alguna forma mujeres lesbianas. Pero aquí, a diferencia de lo que fue la constante entre los homosexuales y travestis, ninguna fue detenida durante procedimientos en el espacio público. Las dos primeras investigaciones encontradas están relacionadas con actividades delictivas en las que se ven implicadas lesbianas, y en los tres casos restantes el accionar policial se activó a partir de la denuncia de privados. Uno de ellos, incluso, se inició gracias a la denuncia de un miembro de la familia. M. O. fue denunciada por el esposo de su hija de mantener relaciones sexuales con mujeres en el mismo cuarto en el que dormían sus hijas más pequeñas, siendo finalmente procesada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Algo similar sucedió con el caso de M. G., quien fue detenida porque su hija mantenía relaciones con una menor a quien había conocido en un cuadro de fútbol femenino y que estaba fugada de su casa. Los expedientes utilizan el término lesbiana, homosexual y aquí también se busca identificar bajo una lógica heterosexista binaria quién hacía de hombre o de mujer14.
- 15 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 259057 FB, p. 5.
- 16 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 258316 ET, p. 5.
- 17 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 257883 FM, p. 10-14.
14Es importante subrayar que, una vez detenidas, las personas eran generalmente fichadas, lo que implicaba quedar atrapado en un dispositivo de control institucional, ya que el registro funcionaba como un antecedente que impedía la obtención del certificado de buena conducta, algo exigido para estudiar a nivel terciario, acceder a un cargo público (y a veces privado) o conseguir documentos oficiales como el pasaporte. A veces, la Policía llamaba a la familia –o, peor aún, al trabajo– del detenido a efectos de explicitar los motivos de la acción policial. Esto llevaba a que los detenidos muchas veces intentaran negociar para no ser llevados a la comisaria, o, una vez allí evitar ser fichados. El llamado arreglo era en general de dinero, pero podía implicar también favores o incluso relaciones sexuales. La negociación no era lineal, y en ocasiones el intento terminaba siendo una forma de incriminarse aún más. Por ejemplo el 16 de julio de 1976 el cabo J. V. detuvo en la esquina de las calles 18 de Julio y Río Negro a F. B., quien si bien “reconoció ser pederasta pasivo” intentó pagarle para no ser detenido, algo que el cabo denunció a sus superiores. F. B. señaló durante el interrogatorio que había buscado pagar “ya que temía perder su empleo en un restaurante, agregando que se hallaba fichado como pederasta pasivo y que era la primera vez que ofrecía dinero a cambio de libertad”15. Sin embargo, en su prontuario no había anotaciones previas, lo que de alguna forma confirma que no todas las veces se registraban las detenciones y que muchas veces esta información se manejaba informalmente entre los policías de la seccional donde vivía la persona. A veces el arreglo también podía terminar mal para el propio policía. Por ejemplo, el agente de segunda E. T. fue procesado por concusión luego de “agilitar los trámites” en 1976 para dejar ir a varios detenidos en una razzia a cambio del pago de cinco mil pesos por cada uno de los liberados. El funcionario fue descubierto por las autoridades y se lo procesó a efectos de “sanear el Instituto policial de elementos infieles”16. Muchas veces, lo que comenzaba como un arreglo, cuando la persona detenida tenía recursos económicos, podía derivar en una situación de chantaje. En 1981, O. V., agente de seguros, conoció a F. M. en el cine York y cuando ambos se dirigían a un apartamento para intimar, el segundo le mostró un carnet de Policía y le exigió dinero para no detenerlo. O. V. logró evadir la situación (pese a la abultada suma exigida) gracias al préstamo que le hizo un amigo, dueño de un negocio que estaba cerca del cine en el que se habían conocido, pero dos días más tarde F. M. se presentó en ese comercio, obtuvo los datos completos de O. V. y comenzó a llamarlo a su casa para exigir más dinero a cambio de no revelar su secreto a su esposa. Al final, O. V. tuvo el coraje de denunciar al chantajista, quien resultó ser un agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a quien luego de una celada se lo detuvo y procesó penalmente17.
- 18 ACFHCE (FDNPT): Prontuario N 223606 AG, p. 38-39.
15La persecución policial no tuvo la misma intensidad durante todo el período dictatorial. En la medida en que todos los prontuarios incluyen una hoja de detenciones, estas se pueden cuantificar en función de los años. Al analizar las cifras, surge con claridad que entre 1975 y 1977 se produjo un pico represivo significativo sobre la disidencia sexogenérica. En 1974 se contabilizaron 26 detenciones, pero en 1975 la cifra sube a 87, en 1976 alcanza 171 y en 1977 la ola comienza a bajar (144 detenciones), confirmándose ya por completo la caída en 1978, cuando solo se registraron 15. O sea que las detenciones a pederastas activos y pederastas pasivos durante el pico de la ola (entre 1976 y 1977) se multiplicaron por 6 respecto al año previo a su inicio (1974) y por 21 si se toma en cuenta el promedio de detenciones registradas para el período 1970-1974. Hay casos ilustrativos como el de A. G., una travesti cuyo historial de detenciones ejemplifica con gran claridad esta ola represiva y el ensañamiento de la acción policial. A. G. fue detenida por primera vez en 1967 por averiguación de antecedentes y recién en 1975 se la rotuló en su expediente como pederasta pasivo, año en que fue detenida por este motivo en tres ocasiones. Pero ya en 1976 se la detuvo diez veces por esta razón, tres de las cuales fueron solo durante setiembre (el 15, el 23 y el 24). La frecuencia en 1977 bajó a cuatro detenciones y a dos en 1978, para ser fichada nuevamente recién en 1982 y más tarde en 1988 y 1989. Las fotografías del prontuario nos van mostrando la progresiva transición de A. G. y la construcción de su identidad travesti, así como su vinculación con la prostitución callejera es posible inferirla gracias a las zonas en la ciudad en la que fue recurrentemente detenida18.
16Los prontuarios también permiten confirmar la organización de razias en algunas zonas de la ciudad, durante las cuales logran detener entre quince y sesenta personas en una sola noche por diferentes motivos (prostitución clandestina, averiguación de antecedentes, homosexuales, menores fugados de instituciones). Si bien, para las autoridades el principal problema radicaba en que homosexuales y travestis ocuparan el espacio público, la actividad represiva no se detuvo allí: fueron también frecuentes los allanamientos a domicilios privados a efectos de interrumpir fiestas o reuniones de amorales. El accionar policial no buscó solo “limpiar” las calles, sino también la sociedad toda.
- 19 El Diario, 27 de octubre de 1976, p. 28.
- 20 El Diario, 27 de octubre de 1976, p. 28.
17Este incremento significativo de la represión estuvo en sintonía con los cambios políticos que tuvieron lugar en la dictadura uruguaya y en la jefatura de Policía. Si bien a principios del régimen, se produjo una fuerte represión sobre políticos y militantes y un incremento de la vigilancia del espacio público que marcó una inflexión respecto al período previo, el problema para los disidentes sexogenéricos se agravó significativamente con el ensayo fundacional de un nuevo orden. En 1976 el régimen civil-militar resolvió no convocar a elecciones, pese a que ese año correspondía celebrarlas, formuló una reorganización institucional (se crearon el Consejo de la Nación y el Ministerio de Justicia), destituyó a miles de docentes e introdujo grandes cambios en los programas educativos a efectos de lograr que la educación estuviera alineada con el proyecto del Nuevo Uruguay, así como se proscribió una gran cantidad de líderes políticos y se desplegó una nueva ola represiva, en particular contra los militantes del Partido Comunista de Uruguay y del Partido por la Victoria del Pueblo. A este proceso se deben sumar los objetivos de Ballestrino de limpiar la ciudad de los vicios sociales. En 1976, a raíz del asesinato de un homosexual, el jefe de Policía, anunció explícitamente la realización de una «activa campaña» para eliminar “la actividad perniciosa del homosexualismo”, ampliando la represión de este “tipo de desviación que muchas veces se materializa en la calle en forma ostensible”19. Ballestrino convocó a los padres a estar “alerta” y cuidar a la juventud ya que las “malas compañías, como el caso de homosexuales, los pueden llevar por un camino equivocado y reprobable”20. El régimen estaba preocupado por las generaciones futuras, y por ello desarrolló estrategias de disciplinamiento sobre este grupo. En ese sentido, la información sistematizada revela la prevalencia juvenil entre las personas fichadas: por ejemplo, en 1977, de las 144 detenciones registradas 49 involucraron a personas menores de 18 años y 86 a individuos que estaban entre los 18 y los 30 años.
18La sistematización de la información que brindan los prontuarios también permite detectar el perfil sociodemográfico de los detenidos: casi la totalidad de las personas fichadas residían en la zona central (en pensiones) o en barrios populares de la ciudad (Belvedere, Marconi, Nuevo París, Flor de Maroñas); una parte considerable de ellas parecía estar vinculada a la prostitución (eran detenidas en zonas en las que se ejercía durante esos años el comercio sexual) y el resto declaraba actividades laborales de baja remuneración (portero, electricista, empleado, embalador, vendedor ambulante, jornalero, albañil, etc.). A este perfil de clase se le debe sumar otro dato relevante: si bien los prontuarios confirman que la población travesti fue uno de los objetivos centrales del accionar policial, no fue la única, ya que también fueron fichados muchos homosexuales de sectores populares. Por ejemplo, en 1976, de las 171 detenciones solo 77 involucraron a personas presuntamente travestis, y algo similar sucedió en el año siguiente en donde el número fue de 38 en un total de 144 detenciones.
19Por último, la Ley Integral Trans (19.684) aprobada en 2018 creó una comisión reparatoria solo para personas trans/travestis, la cual hasta el momento otorgó a 204 peticionarias una prestación vitalicia al reconocerlas como víctimas de violencia institucional. Si bien solo una porción de las personas beneficiarias sufrió esta violencia durante el período dictatorial, sus testimonios señalan cómo durante esa etapa las detenciones en Jefatura y algunas comisarías de la capital contravinieron en forma significativa las garantías legales: desde arrestos prolongados (entre 7 y 15 días), malos tratos, torturas y violencia sexual, hasta trabajos forzosos, prácticas que progresivamente se fueron difuminando a medida que el país volvió a la senda democrática.
20El régimen autoritario buscó instalar un nuevo orden social, político y moral. Si bien hubo discrepancias entre diferentes actores institucionales y técnicos sobre cómo llevar ese proceso adelante, el período dictatorial fue un momento de discrecionalidad para la institución policial. Aunque su accionar tuvo una fuerte profesionalización y militarización, esto no impidió que desarrollara nuevas formas de vigilancia y violencia institucional que implicaron una importante inflexión en las formas en las que el Estado uruguayo se venía relacionando con la población disidente sexogenérica en Uruguay. No solo se intentó criminalizar la homosexualidad buscando quebrar la matriz cultural que resguardaba a la intimidad de la intromisión estatal, sino que también se incrementaron significativamente las detenciones durante el trienio 1975-1977, cuando además se hicieron recurrentes los largos tiempos de arresto, la tortura, el maltrato y la violencia sexual.
21El análisis de la documentación también confirma que la represión y el fichaje se centraron en los jóvenes disidentes sexogenéricos de sectores populares. Esta selectividad policial de género, clase y generacional es clara al momento del fichaje y estuvo ligada tanto al objetivo de eliminar la presencia de estos grupos del espacio público, como a una lógica disciplinante en torno a la juventud, que buscó vigilar y separar estos cuerpos disidentes del resto de la juventud a efectos de forjar una nueva generación alineada con el proyecto político militar que ubicaba a la familia cisheteropatriarcal tradicional en la base del sistema. La selectividad en el fichaje no significa que durante el régimen autoritario no se persiguiera también a homosexuales de otras clases sociales, sino, antes que nada, que estos tuvieron más capacidad de protegerse (mantener encuentros en espacios privados y no públicos, trasladarse en auto, viajar al exterior) y de llegar a arreglos que impidieran su registro. A veces esto no bastaba y entonces había que lidiar con los chantajistas (algunos policías y otros que se hacían pasar por ellos), uno de los problemas recurrentes durante esos años. A su vez, la escasa sociabilidad lésbica en el espacio público les permitió evitar ser detenidas en patrullajes rutinarios, siendo clave en su caso la denuncia de privados como el desencadenante de la intervención policial antes citada. Esto no las puso a salvo de la violencia y la discriminación, sino que las experimentaron sobre todo en el marco de la familia y los dispositivos de salud mental. Estas diferencias entre lesbianas y homosexuales y travestis también pueden ser interpretadas a partir de las lógicas del sistema cis-heteronormativo que, como señala Butler (2005), promueve tanto una ceguera cultural sobre las prácticas lésbicas, como un ordenamiento de los cuerpos (en naturales y abyectos) en función de la interpelación que instalan sobre el tradicional binarismo sexo-genérico y las visiones expresivas del género. Las travestis y homosexuales “pasivos” desestabilizaban la idea de la biología como destino (una persona con pene “naturalmente” se debe identificar como hombre y ser sexualmente activo) y traicionaban al orden masculino, siendo por ello foco clave de la represión policial.
22El intento moralizante forzoso de la Policía buscó darle respuesta a la alarma social que se había generado a finales de los sesenta por la creciente visibilización de la disidencia sexogenérica y los cambios en la relación entre los géneros debido a la revolución sexual discreta en curso, acción que permitió legitimar al régimen y aplacar en parte la incertidumbre social. Pero el proyecto moralizante no logró de todas formas frenar los profundos cambios que se estaban produciendo durante los años setenta en la estructura familiar uruguaya: el incremento significativo tanto de la tasa de divorcios como de los hogares monoparentales y las uniones libres, como la baja de la edad de la iniciación sexual.
23Por último, el análisis de la documentación confirma que no solo la población travesti fue víctima de la persecución policial, sino que también enfrentaron este problema gran cantidad de homosexuales. Si bien es claro que las políticas estatales reparatorias, como la que se establece a partir de la Ley 19.684, casi nunca logran ofrecer al mismo tiempo una propuesta para todos los grupos afectados, la investigación revela la necesidad de ampliar el universo de las víctimas reconocidas del período dictatorial y de pensar formas que permitan su inclusión en las políticas de reconocimiento existentes. Alternativas –como actos públicos o generación de espacios públicos ligados al tema– permitirían promover la memoria colectiva, visibilizar las políticas policiales de regulación del espacio público desplegadas, así como generar una fuerte crítica a las violaciones de derechos humanos que el Estado legitimó en torno a las disidencias sexogenéricas bajo el pretexto de garantizar el orden y la paz social.