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Les Amazonies : unité et diversité. Perspectives contemporaines

Propiedad indígena y titulación de tierras en la Amazonía boliviana, 1842-1880

Anna Guiteras Mombiola
p. 35-50

Résumés

Les indigènes du département du Beni ont acquis, avec le décret du 06.08.1842, la catégorie des citoyens « capables des droits d’égalité, liberté et propriété ». La connaissance de cette réglementation a permis aux indigènes, entre 1842 et 1880, de dessiner plusieurs stratégies afin de protéger les terres qu’ils occupaient et qu’ils consacraient à l’agriculture et la sylviculture, en obtenant des titres de propriété communale et privée.

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Notes de l’auteur

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral en curso bajo la dirección de P. García Jordán, y se inscribe en el proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación ref. HAR2009-07094

Texte intégral

Introducción

1En 1842, la mayor parte de la Amazonía boliviana se organizó bajo el departamento del Beni, creado con el objetivo de propiciar su paulatina colonización y, por ende, su incorporación a la república. Para ello fueron aprobados el decreto de 06.08.1842 y la instrucción de 21.09.1842; ambas medidas respondieron al propósito liberal de favorecer la propiedad privada sobre la comunal al declarar a los indígenas propietarios de las tierras que ocupaban y sentaron las bases de conformación y desarrollo socioeconómico del departamento a lo largo del siglo XIX.

  • 2 Gamarra, María del Pilar. «El desarrollo del concepto Beni. Proceso socio-histórico de formulación (...)
  • 3 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 21 (...)

2Para algunos autores estas medidas no arrojaron ningún resultado práctico pues ni éstas, ni las siguientes disposiciones, tuvieron plena vigencia y continuidad dada la aplicación errática de la legislación y la extrema cautela con la que actuaron las autoridades locales2. De acuerdo con esta tesis, la concesión de tierras abrió las puertas al arribo de población criolla que se apropió progresivamente del control de las actividades económicas y preparó el terreno para las ventas de tierras y la transferencia de las mismas de manos indígenas a blanco-mestizas3. Es por ello que, en el imaginario colectivo de la región, estas normas habrían favorecido la expansión agropecuaria desarrollada por actores blanco-mestizos mientras que, por el contrario, la propiedad indígena tuvo escaso, sino nulo, lugar.

  • 4 Esta documentación se halla, por un lado, en el fondo del Instituto Nacional de Colonización (IC) c (...)

3Por el contrario, la investigación desarrollada por nosotros hasta el momento nos muestra el interés de una parte de la sociedad indígena por obtener títulos de propiedad del territorio beniano. A través de los expedientes de propiedad fechados entre 1842 y 18814, nos proponemos observar las estrategias elaboradas por los indígenas que permanecieron en los núcleos urbanos del Beni para acceder a la propiedad del suelo, haciendo uso de sus derechos civiles y adaptándose al quehacer de la sociedad republicana. Con este objetivo, tras señalar las características principales de las medidas decretadas en 1842 observaremos, primero, la acogida que tuvieron entre la población indígena durante las décadas de 1840 y 1850 y, segundo, el uso que hicieron los benianos de las normas vigentes en la república boliviana entre las década de 1860 y 1880 que permitieron proteger los bienes poseídos y los recursos económicos de los que dependían.

Los decretos de 1842 y los derechos de propiedad y ciudadanía

  • 5 Las misiones eran Loreto, San Javier, San Pedro, San Ignacio, Trinidad, Exaltación, Santa Ana, Reye (...)
  • 6 Ambos decretos en Limpias Saucedo, Manuel. Los Gobernadores de Mojos. Trinidad, Prefectura del Beni (...)

4El departamento del Beni surgió sobre la base de la antigua provincia de Mojos comprendiendo, también, todo el norte amazónico boliviano; era la región menos poblada de Bolivia, siendo sus únicos núcleos de población las antiguas misiones jesuitas, compuestas por distintas filiaciones étnicas5. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, estas poblaciones quedaron sujetas a la autoridad cruceña hasta 1842, sujeción que desapareció cuando el gobierno de José Ballivián (1841-1847) declaró la independencia de la provincia y propició, pocos meses después, el advenimiento del nuevo departamento del Beni mediante el decreto de 18.11.18426.

5En el interés del Estado por sustituir y adecuar el modelo misional jesuítico a la nueva legislación y constitucionalidad liberal, el decreto de 06.08.1842 señaló que las garantías dictadas «en favor de los bolivianos» no habían sido extensivas a los «desgraciados moradores» de la región motivo por el cual se decretó que:

  • 7 A este decreto lo siguió la instrucción de 08.08.1842, una lista más específica que reglamentaba la (...)

los habitantes de Mojos y los demás pueblos comprendidos dentro de los antiguos límites de la provincia, se elevan a la clase de ciudadanos bolivianos y como tales capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad, que las leyes garantizan a los bolivianos (art. 2º)7.

  • 8 Instrucción de 21.09.1842 en ALP, SGL, 1842, caja 3 doc. 31
  • 9 Cabe mencionar que se mantuvo la propiedad eclesiástica de sus chacos de cultivo, y la propiedad es (...)

6Se estipuló que todos los pobladores de la región pasaban a convertirse en propietarios con pleno dominio sobre los espacios que ocupaban señalándose bien la distribución de lotes urbanos, bien el reparto de terrenos para dedicarlos al cultivo y/o al pastoreo, entre todos aquellos que quisieran adquirirlos (arts. 3º y 5º). Asimismo, todos los habitantes quedaron sujetos al pago de una contribución anual: dos pesos aquellos que recibieran terrenos y un peso para los que no tuvieran tal asignación. Este pago debería ser satisfecho por indígenas y noindígenas, pues el decreto también preveía el repartimiento de tierras entre los futuros nuevos pobladores. La repartición del territorio se reglamentó mediante la instrucción de 21.09.18428 que, una vez evaluados los recursos de la región ganado, cacaotales, cultivos de algodón, azúcar, fruta y cereales, decretó la distribución gratuita de terrenos entre los habitantes que los solicitaran9. Por ende, cada familia podía acceder a la propiedad de un terreno de cultivo, otro de pastoreo y un lote urbano en un mismo cantón, siendo sólo posible la adjudicación de dos o tres terrenos de cultivo en otros pueblos.

  • 10 Gamarra, María del Pilar. «El desarrollo del concepto Beni. Proceso socio-histórico de formulación (...)
  • 11 Los datos demográficos, a inicios de la década de 1830, dan cuenta de 22.883 indígenas, número que (...)
  • 12 Barragán, Rossana y José Luís Roca. Regiones y poder constituyente en Bolivia. Una historia de pact (...)

7Estos decretos dieron paso a las primeras regulaciones legislativas que involucraron a la población indígena conforme a los planteamientos modernizadores de la época10. En especial si tenemos en cuenta que, por aquel entonces la población de la provincia era, en su totalidad, indígena11. Los reglamentos constitucionales diferenciaban entre los bolivianos, que gozaban de los derechos civiles pero no de los derechos políticos uso del poder electoral y obtención de empleos públicos, y los ciudadanos que, además de los derechos civiles ejercían también los políticos. En este sentido, la ciudadanía dada a los indígenas benianos por decreto de 1842 les confería sólo derechos civiles, ya que «elevarlos a la clase de ciudadanos» obedecía a su status fiscal. Por ende, se mantuvo a los indígenas como un colectivo fiscal diferenciado a cambio de la posesión de la tierra, convirtiéndose el pago de la contribución personal en el elemento que certificaba la propiedad indígena12.

  • 13 ABNB, IC 763.33, Frutos Nosa, El Recreo en cantón Trinidad, f. 178.

8En consecuencia, el decreto de 06.08.1842 permitía que los miembros de los distintos grupos étnicos reducidos –y por este motivo, civilizados accedieran a la categoría de ciudadanos a través del ejercicio de la propiedad. Y así lo entendió parte de la sociedad indígena que se reconoció como una «porción de bolivianos […] quienes para elevarse a la alta clase de ciudadanos necesita[ba]n ser propietarios»13.

El decreto de 06.08.1842 y la titulación de las tierras de los indígenas entre 1842 y 1860

  • 14 En 1844 el cantón de Santa Ana registraba 1.586 habitantes y en el cantón de Trinidad, en 1845, sus (...)

9Las primeras relaciones de indígenas propietarios las encontramos en 1844 y registran un total de 832 en el cantón de Trinidad y 301 en Santa Ana14. Estos datos muestran cómo la gran mayoría indígena se mantuvo vinculada a la propiedad comunitaria –sujeta al pago de un peso anual, pero, también, que un número relevante de indígenas se acogió a la propiedad individual solicitando la distribución de terrenos sujetos a una contribución de dos pesos. Cabe señalar que los títulos expedidos en base a las medidas de 1842, si bien amparaban los derechos de ocupación y trabajo de los indígenas, no se trataban de escrituras que legalizaran su propiedad sino que acreditaban su calidad de «usufructuarios». Por ello, algunos indígenas solicitaron escrituras de propiedad sobre los terrenos que les habían sido otorgados.

  • 15 ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, Noropeno en cantón Trinidad y San Pedro, f. 294v.
  • 16 ABNB, IC 819.15, Luís Achaco, Pijiquije en cantón Loreto, f. 186v-187; IC 831.33, Andrés Erechi, Yo (...)

10A partir de los datos de que disponemos podemos afirmar que en el Beni tuvo lugar un primer auge de solicitudes de propiedad inmediatamente después de la aprobación de las medidas relativas a la tenencia de tierras. Ello muestra un incipiente y notable interés para hacerse con títulos que legitimaran la posesión de predios rústicos en la década de 1840 por parte de algunos, aunque pocos, indígenas. En estas primeras 16 solicitudes, todos los peticionarios se apoyaban en el decreto de 06.08.1842 para sustentar sus demandas al «pretender las garantías que la ley tiene acordadas en justo obsequio de los hijos de este departamento»15. Los indígenas afirmaban conocer los artículos que amparaban sus derechos sobre la tierra16 lo que, por un lado, indica la repercusión que tuvieron estas disposiciones entre los indígenas benianos; y, por otro lado, certifica la publicidad de la que gozaron estas normas, que debían ser leídas y explicadas en los púlpitos de las iglesias para darlas a conocer a la población indígena, su principal beneficiaria y, por aquel entonces, analfabeta en su mayor parte.

  • 17 ABNB, IC 763.33, Frutos Nosa, El Recreo en cantón Trinidad, f. 177; ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, N (...)
  • 18 ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, Noropeno en cantón Trinidad y San Pedro, f. 294.

11Las distintas solicitudes trabajadas dan cuenta de los motivos que movieron a los indígenas a adquirir, por compra, un terreno en propiedad. En primer lugar, alegaron la necesidad de asegurarse un trozo de tierra que les facilitara la supervivencia y que, además, podían transmitir a sus herederos, que en la gran mayoría de casos, eran muchos. De este modo se afirmaba la voluntad de «adquirir dominio útil de una finca para poder subvenir a las necesidades de mi numerosa familia» pues los solicitantes eran cabezas de familia, en su gran mayoría «anciano[s] cargado[s] de familia y que aspir[aban] a un porvenir próspero y lisonjero»17 para sus hijos. En segundo lugar, mientras unos argumentaron la voluntad de obtener los derechos sobre un suelo que ya venían ocupando y en el que, incluso, habían erigido alguna vivienda; otros solicitaban algún lugar donde poder establecerse. En ambos casos, lo que subyace en sus peticiones es el «deseo [de] tener posesión segura y estabilidad como propietario[s]»18 en las que desarrollar distintas actividades agropecuarias con las que mantener a sus familias.

  • 19 Roca, José Luís. Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, COTAS Ltd (...)
  • 20 La instrucción de 21.09.1842 determinó una cuadra cuadrada como máximo para los terrenos de cultivo (...)

12Buena parte de los casos observados pretendían obtener terrenos aptos para el pastoreo y, en menor medida, para el cultivo. Conviene saber que los pobladores que se dedicaban al pastoreo debían cancelar anualmente al Estado sus derechos sobre las reses de las que disponían. Tras el quiebre del régimen misional, mientras el ganado que pastaba en las pampas moxeñas pasó a ser propiedad estatal, la mayor parte de los cultivos y, principalmente, los cacaotales se mantuvieron en manos de la comunidad19. De este modo, en época republicana quien quisiera apacentar ganado debía hacerlo previa petición al gobierno quien cedía un número determinado de reses por un tiempo determinado y a cambio de percibir un pago anual del uso y beneficio de dicho ganado. Asimismo, si bien el decreto de 06.08.1842 repartía terrenos entre la población mediante el pago de una contribución anual de dos pesos, aquellos individuos que quisieron obtener títulos legales de propiedad sobre el suelo beniano, tuvieron que comprar sus derechos al Estado20.

  • 21 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 14 (...)
  • 22 Los indígenas que se distinguieron por su rol sociopolítico fueron Pablo Camino, Frutos Nosa, Lucas (...)

13En consecuencia, no se le escapará al lector que aquellos que podían sufragar los gastos de la compra de un predio rústico, además del impuesto sobre la cabaña ganadera, eran quienes ostentaban un estatus económico, y social, superior al resto de la gran mayoría de la sociedad indígena. Conviene recordar a este propósito que, en el pasado, los jesuitas habían fijado una jerarquía en la organización de la sociedad indígena misional, distinguiendo entre el «pueblo», dedicado a actividades de subsistencia, y la «familia»: cabildantes, asistentes religiosos y artesanos. El cabildo surgió como una nueva organización del gobierno local en la que la élite nativa mantuvo el poder político al interior de la comunidad. Conocidos como «indios principales» ocuparon los cargos más importantes del cabildo, cuya máxima autoridad era el corregidor, además de otros cargos como el de cacique, capitán, alcalde e intendente. Igualmente, los cabildantes ostentaban cierto prestigio que se traducía muy especialmente en hablar y escribir en español21. Por ello, buena parte de las solicitudes presentadas durante las décadas de 1840 y 1850 fueron tramitadas por estos «indios principales» cuyo rango social superior realzaban designándose ciudadanos y alegando los cargos ejercidos al interior de la sociedad indígena, principalmente como caciques de los distintos núcleos urbanos22.

14Estos datos nos permiten sostener que, en los primeros años de vigencia del decreto de 06.08.1842, una parte de la sociedad indígena, principalmente la perteneciente a la élite o «familia», mostró su interés por acceder a la propiedad individual del territorio, obteniendo títulos de propiedad sobre predios rústicos y haciéndose, así, un hueco en la nueva sociedad beniana. No obstante ello, la ausencia de documentos que certificaran y legitimaran su propiedad fue la característica que, mayoritariamente, afectó a la población indígena durante estos años que, en su mayoría, prefirió seguir vinculada al acceso comunitario al territorio amazónico.

La defensa de los derechos de propiedad indígena entre 1860-1880

  • 23 El decreto de 28.02.1863 pretendía implantar la pequeña propiedad indígena y el decreto de 20.03.18 (...)
  • 24 Larson, Brooke. Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910. Li (...)
  • 25 Larson, Brooke. Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910. Li (...)
  • 26 Según el art. 1º «los indígenas comunarios han sido y son propietarios de los terrenos de origen de (...)
  • 27 La Ley de Exvinculación de 05.10.1874 en Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1874. La Paz, (...)

15Un segundo auge en las solicitudes de propiedad de la tierra en el Beni tuvo lugar a partir de 1865 con un progresivo incremento a lo largo de la década de 1870. Este hecho respondió a la nueva legislación relativa a la tenencia de tierras por parte de la población indígena boliviana y aprobada durante este período. En la década de 1860 hubo distintos intentos de reforma agraria en toda Bolivia23 que pretendían abolir el sistema comunitario y extender los títulos individuales a la población indígena –particularmente, andina y criolla hasta el punto que, en 1868, las comunidades indígenas fueron declaradas propiedad del Estado y, por ende, susceptibles de ser compradas24. Estas reformas provocaron tal malestar social que cuando a inicios de la década de 1870 fue derrocado su principal impulsor, Mariano Melgarejo, fueron anuladas. El nuevo gobierno sostuvo que los antiguos decretos bolivarianos habían dado a los indígenas derecho a la propiedad individual25 y, paralelamente, garantizó los derechos de propiedad a los indígenas comunarios mediante la ley del 31.07.187126; poco después, por ley de 05.10.187426, se declaró que los indígenas tendrían en toda la república «el derecho de propiedad absoluta en sus respectivas posesiones» (art. 1º)27.

  • 28 Platt, Tristan. Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potosí. Lima, IEP, (...)
  • 29 ACCB, Registro de Escrituras (en adelante RE), 1865, Comunarios, San Cristóbal en cantón Reyes (tam (...)

16En consecuencia, si bien es cierto que el Ejecutivo pretendía fomentar un mercado de tierras y ampliar la propiedad privada dando títulos individuales tanto a la población indígena como a la blancomestiza28, es también cierto que la nueva legislación estatal terminó amparando tanto la propiedad individual como comunitaria hasta la década de 1880. Este hecho propició que, durante este período, en el Beni se compaginaran tanto las solicitudes de tierras a título individual como la demanda «comunitaria» de terrenos entre varios indígenas cuyo número oscilaba entre un mínimo de dos propietarios a hasta trece, si bien la media estaba alrededor de ocho comunarios29. No obstante, el mayor grueso de solicitudes que hemos podido trabajar se acogieron a la propiedad individual del territorio beniano pues de un total de 63 solicitudes presentadas entre 1860 y 1881, sólo 11 pretendían acceder a la titulación de un terreno comunitario.

  • 30 ACCB, RE 1873, Manuel de la Cruz Mobo, Bomuine y Moconuine en cantón Trinidad, f. 118; RE 1874, Mar (...)

17Las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 1860 y 1880 se apoyaron en los derechos de propiedad sobre las tierras otorgados a los indígenas benianos por el decreto de 06.08.1842 e instrucción de 21.09.1842. Efectivamente, cuando los solicitantes reclamaban tierras basándose en las «filantrópicas leyes» de 31.01.1871 y 05.10.1874, solían recordar que las mismas corroboraban lo dispuesto a favor de la «natural oriunda» «casta» indígena por los decretos de 184230 que les concedía la propiedad de los terrenos que ocupaban. Parece claro pues que las medidas dadas en la década de 1840 eran conocidas y recordadas por los indígenas que, aprovechándose de las nuevas estructuras jurídicas, desarrollaron distintas estrategias para perpetuar la posesión que venían ejerciendo sobre el espacio departamental.

  • 31 ACCB, RE 1872, Pedro Taborga, Tapoero en cantón Loreto, f. 102.
  • 32 ACCB, RE 1865, Manuel Mariano Nosa Cueva, Santa María en cantón Trinidad, f. 32; RE 1872, Hermanos (...)
  • 33 ACCB, RE 1870, Prudencio Nosa, Ichinigua en cantón Trinidad, ff. 41v-42.
  • 34 ACCB, RE 1868, José María Nacuitiro, Loma Pelada en cantón Trinidad, f. 87v; ABNB, IC 843.14, Ricar (...)
  • 35 ACCB, RE 1870, Manuel Prudencio Semo, Trinidad en cantón San Pedro, f. 78; RE 1875, Felipa Zárate, (...)
  • 36 ACCB, RE 1873, Miguel Caguama, Santa Anita en cantón Santa Ana, ff. 112v-113.

18En efecto, los decretos de agosto y septiembre de 1842, en opinión de uno de los solicitantes «protegen a los antiguos pobladores […] por las regalías que se acordaron en su erección [y] nos hacen dueños absolutos […] sin interrupción alguna desde aquel tiempo»31. Por ello, la mayor parte de los indígenas solicitaron la titulación de sus tierras por un lado, alegando la pérdida de los originales expedidos en la década de 1840 otorgados a sus padres y abuelos32; por otro lado, con el objetivo de legalizar la posesión de los terrenos que bien les habían sido repartidos en base al decreto de 1842 pero de los que no habían titulado33; bien los habían ocupado posteriormente34; bien querían ocuparlos en base a las nuevas leyes35. Igualmente se observa una voluntad por pasar de la propiedad comunal a la propiedad individual en un espacio que «también ocupan otros indígenas con sus chacos» motivo por el que se solicitaba «título de propiedad en la posesión del terreno que ocupo para evitar pleitos con mis colindantes»36.

  • 37 José María Guaji e Ignacio Guaji eran asistentes religiosos; Frutos Nosa, quien en los años 40 ejer (...)
  • 38 Según el Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición) los bienes raíces eran conformados (...)

19Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en las décadas anteriores, muy pocos fueron los solicitantes que alegaron sus derechos a la propiedad por el ejercicio de cargos públicos, ya en el cabildo, ya en la municipalidad o por su estatus superior caracterizado por el uso del don o de ciudadano37. Por el contrario, la gran mayoría de solicitudes fueron presentadas por indígenas del común, dedicados a tareas de labranza y pastoreo que eran, en definitiva, la mayor parte de la sociedad indígena que vivía en los núcleos urbanos y terrenos adyacentes. Es por ello que la calidad de los predios solicitados también varió siendo los terrenos de cultivo o los aptos para actividades agropecuarias los más demandados. En general se observa la voluntad de obtener en propiedad tierras donde desarrollar distintas actividades económicas, agrícolas árboles frutales, caña dulce y, principalmente, cacaotales y ganaderas. Pretendían, en definitiva, legitimar la propiedad de sus bienes raíces38 para poderlos entregar a su herederos y descendientes.

  • 39 ACCB, RE 1865, Frutos Nosa, San Lorenzo en cantón Trinidad, f. 56; Esteban Yumo, Chimún en cantón C (...)

20El cambio de estatus social y económico de los solicitantes se evidenció, también, en los argumentos esgrimidos para obtener los títulos de propiedad. Si bien es cierto que, entre las solicitudes fechadas entre 1860 y 1880, existen algunas en las que se hacía hincapié en la necesidad de asegurarse un espacio que les permitiera sostener a sus numerosas familias y no caer en la mendicidad39, el objetivo de la gran mayoría de las solicitudes presentadas era otro. Efectivamente, los motivos aducidos por muchos de estos indígenas daban cuenta del avance blanco-mestizo en la región y muestran la voluntad de frenar la presión colona blanco-mestiza sobre los lugares y sus recursos naturales por ellos ocupados como veremos a continuación.

  • 40 Roca, José Luís. Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, COTAS Ltd (...)
  • 41 Resolución Suprema de 03.11.1856 en Limpias Saucedo, Manuel. Los Gobernadores de Mojos. Trinidad, P (...)
  • 42 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 21 (...)
  • 43 Por motivos de extensión no se ha tratado aquí el proceso de posesión, titulación y venta de lotes (...)
  • 44 Andrés Erechi (con título en 1842) vende a Manuela Baqueros (ABNB, IC 831.33 y ACCB, RE 1875); Mari (...)

21Desde mediados del siglo XIX, colonos de los departamentos adyacentes al beniano fueron atraídos por la explotación ganadera exportación y carneo y la obtención de tierras en general40. Tanto es así que, una década después de los decretos de 1842, se fomentó el acceso a la tierra –a naturales, individuos domiciliados en la región y los que más adelante quisieran adquirir domicilio en la zona distribuyendo los cultivos y terrenos de pastoreo y promoviendo la venta en pública subasta de las huertas del común aún existentes41. Estas ventas, hechas en nombre del desarrollo del departamento y que se realizaron a lo largo de la década de 1860, propiciaron la ocupación blanco-mestiza del Beni42. En efecto, a partir de fines de la década de 1860 empezamos a detectar ventas de terrenos en manos indígenas con o sin títulos de propiedad a la población blanco-mestiza que estaba llegando al departamento. Si bien las compras mayoritarias se efectuaron sobre lotes urbanos43, se constata también la venta de los títulos de propiedad obtenidos en el período anterior44, así como también de aquellos terrenos de los que los indígenas eran usufructuarios. Desconocemos los motivos que originaron estas ventas pero su existencia nos muestra que, por un lado, los indígenas benianos se vieron afectados por la expansión de colonos blanco-mestizos sobre el territorio, independientemente del rol sociopolítico que aquéllos jugaban al interior de la sociedad indígena; y por otro, que ante la presión ejercida por estos migrantes sobre los recursos naturales, parte de la población indígena optó por legitimar su posesión de la tierra mediante una escritura de propiedad.

  • 45 ACCB, RE 1870, María Rosario Nabono, Monove en cantón Trinidad, f. 33; RE 1873, Ignacio Guaji, Carm (...)
  • 46 ACCB, RE 1868, José María Nacuitiro, Loma Pelada en cantón Trinidad, f. 87v; RE 1872, Hermanos Juan (...)

22Por este motivo las solicitudes presentadas por los pobladores indígenas señalaban la «suma necesidad» que éstos tenían de adquirir títulos legales de propiedad para legitimar su dominio sobre el territorio y denunciaban, en algunos casos, la ocupación y/o solicitud de sus posesiones por parte de estos colonos blanco-mestizos45. Es claro pues que las solicitudes indígenas obedecían al deseo de obtener garantías legales sobre sus trabajos y propiedades para «quedar cubierto[s]» y «evitar cualquier tentativa de despojo y expropiación» «bajo pretextos abusivos» por parte de terceros, esto es los colonos blanco-mestizos, para «no ser molestado[s] en los sucesivo por persona alguna» interesada en sus posesiones46.

23El caso que ejemplifica más claramente esta voluntad de enfrentar la presión que estaban sufriendo los grupos indígenas, los territorios que poseían y los recursos naturales que ésos albergaban es una solicitud presentada por el cabildo indigenal de Trinidad en 1880. Ante la petición de un blanco-mestizo que afectaba a un territorio comunal ocupado por distintos grupos indígenas, el cabildo solicitó y obtuvo una escritura de propiedad a título comunitario sobre el espacio en donde hacían uso de su derecho de propiedad. Afirmaba:

  • 47 ABNB, IC 850.21, Cabildo Indigenal, Rincón del Ibare o Sempahe en cantón Trinidad, ff. 196-197.

que desde sus antepasados hasta el presente vienen ejerciéndolo con variados cultivos, de que únicamente como subsisten haciendo uso de la leña y maderamen que dan los boques, en beneficio propio y del público. [Y que] actualmente de los terrenos en cuestión aprovechan en común, para sus ganados de los bajíos o pastales [sic] del Sempahe o Rincón del Ibare, que en tiempo seco son de mejor condición que cualquiera otros, por estar cerca de sus chacos y cerca del pueblo y ser una especie de potrero muy ventajoso para ellos47.

Y señalaba los abusos que sufría la población indígena:

  • 48 Ibíd, f. 197.

se les quiere despojar o se les ha despojado ya en mucha parte, porque no hay para ellos justicia ni protección de parte del mismo funcionario que solicita comprar el terreno, quien no se sabe como dicen se ha establecido con sus labranzas sobre la margen del Ibare, en terrenos pertenecientes al gremio de pintores, a los que pretende agregar todos los adyacentes, privándoles de los caminos de los bosques48.

  • 49 Ibíd. ff. 198-198v.

24Tal fue la movilización del cabildo en la defensa de la propiedad de los indígenas situados a orillas del Ibare que el gobierno boliviano, por decreto de 26.06.1881, mandó otorgar títulos de dominio a todos aquellos indígenas poseedores de terrenos –a título comunitario y a título individual para evitar tentativas de despojos y litigios en lo sucesivo49. El cabildo, en época republicana, pasó a cumplir un rol de intermediación entre los indígenas y el Estado, invistiéndose representante de los derechos de los indígenas benianos denunciando la usurpación de las tierras ocupadas por los indígenas benianos y visualizando su modo de acceso al territorio mediante el uso diversificado de los recursos naturales. En definitiva, hasta la década de 1880, las autoridades departamentales reconocieron al cabildo la autoridad que ejercía en la sociedad indígena y, por ende, consideraron su palabra elemento suficiente para otorgar la posesión indígena de las tierras señaladas y amparar con la legislación vigente sus derechos de propiedad.

Reflexiones finales

  • 50 Catastro de Trinidad en ALP, SGL, caja 3 doc. 62, 20.04.1881 y Catastro de Santa Ana ALP, SGL, caja (...)

25Hasta 1881, la sociedad indígena mantuvo un acceso diferenciado a los recursos en función del rol que jugaban dentro de la misma, tal como muestran los catastros de predios rústicos de los cantones de Trinidad, Santa Ana y Exaltación de ese año50. Llegando a la conclusión de este trabajo podemos señalar, en primer lugar y por lo que se refiere a la tenencia de la tierra que, si bien la posesión «en común con otros» de un mismo espacio fue la principal, se desarrolló también un acceso individual a la tierra. Conviene señalar, por un lado, que un elevado número de indígenas ocuparon terrenos contiguos y sin límites conocidos que trabajaron individualmente y de los que no tenían títulos; y, por otro lado, que hubo también indígenas propietarios de un lugar con límites y nombre conocido y poseedores de escrituras de propiedad. En consecuencia, paralelamente a la propiedad comunal de la que participaba la mayoría de la población indígena, existió también un notable número de indígenas que se acogió a la propiedad privada en forma individualizada.

26En segundo lugar, y en lo referente a las actividades económicas desarrolladas por los indígenas benianos, constatamos que mientras aquellos que se mantuvieron en comunidad, raramente poseyeron ganado, dedicándose al cultivo de yuca, maíz, cacao y algodón; por el contrario, aquellos otros que individualmente habían adquirido los derechos de propiedad sobre sus terrenos, fueron también propietarios de algunas cabezas de ganado y varias plantaciones.

27En tercer lugar, los argumentos esgrimidos por los indígenas en sus solicitudes muestran que el objetivo principal de éstos fue la posesión de una escritura pública expedida por las autoridades republicanas, siguiendo las reglas establecidas por la administración boliviana; con ello pretendieron salvaguardar sus derechos ante la ley, las autoridades públicas y los actores locales. De este modo, a través del ejercicio de las normas republicanas, algunos indígenas que permanecieron en contacto con los grupos blanco-mestizos fueron adaptándose a la sociedad departamental a la que pertenecían de facto y a la que querían pertenecer por derecho.

28En efecto, si bien la sociedad blanco-mestiza parecía haber olvidado el decreto de 06.08.1842 y la instrucción de 21.09.1842, los mismos seguían vigentes y vivamente recordados por la población indígena. Estas disposiciones fueron percibidas como los principales elementos jurídicos que protegían los derechos de la sociedad indígena y que habrían sido corroborados por la legislación indígena de tenencia de tierra posterior. De este modo, las disposiciones benianas fueron las más adecuadas para preservar sus recursos económicos –acceso a los ríos, bosques, cultivos y ganado y desarrollar una estrategia de ocupación del espacio para evitar la apropiación ilegítima de sus posesiones. Sin embargo, primero ley de 13.11.1886 y, posteriormente, la ley de 26.10.1905, limitaron el acceso a la propiedad de la tierra a la población indígena que, en muchos casos, bien se remontó o se retiró a áreas cercanas al ver sus terrenos ocupados por terceros, bien se vio obligada a vender sus posesiones a los grupos blanco-mestizos. Éstos, con el paso de los años, afianzarían su expansión sobre el suelo beniano y se convertirían en los principales terratenientes del departamento a inicios del siglo XX.

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Bibliographie

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Roca, José Luís. Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, COTAS Ltd, 2001.

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Notes

2 Gamarra, María del Pilar. «El desarrollo del concepto Beni. Proceso socio-histórico de formulación de la idea de Beni en la memoria colectiva de sus comunidades sociales». En Suárez, Justa (coord.). Cultura e identidad beniana. Trinidad, Casa de la Cultura del Beni, 2010, p. 18. Groff Greever, Janet. José Ballivián y el Oriente Boliviano. La Paz, Editora Siglo Ltda., 1987, p. 171.

3 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 215; Lehm, Zulema. La búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Santa Cruz, APCOB-CIDDEBENI-OXFAM América, 1999, p. 39.

4 Esta documentación se halla, por un lado, en el fondo del Instituto Nacional de Colonización (IC) custodiado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y, por otro lado, en el fondo documental de la prefectura del Beni localizado en la Casa de la Cultura del Beni (ACCB). Este último, en el momento de nuestra revisión, carecía de catalogación, motivo por el cual en el aparato crítico no aparecerán referenciadas las signaturas.

5 Las misiones eran Loreto, San Javier, San Pedro, San Ignacio, Trinidad, Exaltación, Santa Ana, Reyes, San Ramón, San Joaquín, Carmen, Magdalena, Huacaraje y Baures. Para la historia de los grupos étnicos y pueblos de Mojos durante la colonia y la temprana república, ver entre, otros, Moreno, Gabriel René. Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. La Paz, Ed. Juventud, 1973 [1888]: 11-89, 320-356 y Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997.

6 Ambos decretos en Limpias Saucedo, Manuel. Los Gobernadores de Mojos. Trinidad, Prefectura del Beni, 2005 [1942], p. 3-4; 13-14. El original del Supremo Decreto de 06.08.1842 se encuentra en Archivo Histórico de La Paz (ALP), Sociedad Geográfica La Paz (en adelante SGL), 1843, caja 3, doc. 30

7 A este decreto lo siguió la instrucción de 08.08.1842, una lista más específica que reglamentaba la nueva administración política, económica y social del Beni. Groff Greever, Janet. José Ballivián y el Oriente Boliviano. La Paz, Editora Siglo Ltda., 1987, p. 3839.

8 Instrucción de 21.09.1842 en ALP, SGL, 1842, caja 3 doc. 31

9 Cabe mencionar que se mantuvo la propiedad eclesiástica de sus chacos de cultivo, y la propiedad estatal de los cacaotales cuyo cultivo restaba a cargo de los indígenas sin tierra.

10 Gamarra, María del Pilar. «El desarrollo del concepto Beni. Proceso socio-histórico de formulación de la idea de Beni en la memoria colectiva de sus comunidades sociales». En Suárez, Justa (coord.). Cultura e identidad beniana. Trinidad, Casa de la Cultura del Beni, 2010, p. 17.

11 Los datos demográficos, a inicios de la década de 1830, dan cuenta de 22.883 indígenas, número que en 1839 ascendía a 26.763, siendo 57 los no-indígenas. Ver Moreno, Gabriel René. Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. La Paz, Ed. Juventud, 1973 [1888], p. 84 y «Estado General del número de almas que tiene esta dicha Provincia según los últimos censos que me han pasado los Curas en el presente año» (Trinidad, 26.22.1839) en Museo de Historia de Santa Cruz (MHSC), Provincias, Municipios y cantones, serie Mojos. Caja 1/25-82, f. 1.

12 Barragán, Rossana y José Luís Roca. Regiones y poder constituyente en Bolivia. Una historia de pactos y disputas. La Paz, IDH-PNUD, 2005, p. 286-292; Demélas, Marie Danielle. La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú, siglo XIX. Lima, IEP-IFEA, 2002 [1992], p. 63; Irurozqui, Marta. «Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia, 1825-1900». Revista de Indias, vol LIX, nº 217, 1999, p. 705-740.

13 ABNB, IC 763.33, Frutos Nosa, El Recreo en cantón Trinidad, f. 178.

14 En 1844 el cantón de Santa Ana registraba 1.586 habitantes y en el cantón de Trinidad, en 1845, sus habitantes ascendían a 3.993. Ver ALP, SGL, caja 3 doc. 37, año 1844; caja 3 doc. 38, 23.02.1844; caja 3 doc. 40, 31.12.1844; caja 3 doc. 42, 31.12.1845.

15 ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, Noropeno en cantón Trinidad y San Pedro, f. 294v.

16 ABNB, IC 819.15, Luís Achaco, Pijiquije en cantón Loreto, f. 186v-187; IC 831.33, Andrés Erechi, Yocoquije en cantón Loreto, f. 288; IC 826.3, Pablo Gualasúa, San José en cantón Loreto, f. 34v; ACCB, Registro de Escrituras 1875, Caparaquije en cantón Loreto, f. 58v.

17 ABNB, IC 763.33, Frutos Nosa, El Recreo en cantón Trinidad, f. 177; ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, Noropeno en cantón Trinidad y San Pedro, f. 295.

18 ABNB, IC 827.7, Lucas Maleca, Noropeno en cantón Trinidad y San Pedro, f. 294.

19 Roca, José Luís. Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, COTAS Ltd, 2001, p. 440.

20 La instrucción de 21.09.1842 determinó una cuadra cuadrada como máximo para los terrenos de cultivo, mientras los terrenos de pastoreo no inundable tendrían una extensión de una legua cuadrada y de dos leguas cuadradas para aquellos expuestos a la inundación. Por lo que estas solicitudes podrían haber respondido a la voluntad de acceder a mayor cantidad de terreno.

21 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 144-154.

22 Los indígenas que se distinguieron por su rol sociopolítico fueron Pablo Camino, Frutos Nosa, Lucas Maleca, José Bentura Zárate, Evaristo Masueto y Mariano Necocopuyero.

23 El decreto de 28.02.1863 pretendía implantar la pequeña propiedad indígena y el decreto de 20.03.1866 obligaba a los indígenas a obtener títulos individuales sobre la tierra so pena de quedar privados de sus propiedades; ambos fueron derogados al cabo de poco. Larson, Brooke. Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas, 18501910. Lima, IEP/PUCP, 2002, p. 151. Irurozqui, Marta. «Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia, 1825-1900». Revista de Indias, vol LIX, nº 217, 1999, p. 724-725.

24 Larson, Brooke. Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910. Lima, IEP/PUCP, 2002, p. 152. Peralta, Víctor y Marta Irurozqui. Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880. Madrid, CSIC, 2000, p. 87 y 235.

25 Larson, Brooke. Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910. Lima, IEP/PUCP, 2002, p. 154.

26 Según el art. 1º «los indígenas comunarios han sido y son propietarios de los terrenos de origen de comunidades». La ley de Terrenos de Comunidad de 31.07.1871 en Anuario de Supremas Disposiciones de 1871. La Paz, Imprenta de la Unión Americana, 1872, p. 67-68.

27 La Ley de Exvinculación de 05.10.1874 en Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1874. La Paz, Imprenta de la Unión Americana, 1875, p. 187-191.

28 Platt, Tristan. Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potosí. Lima, IEP, 1982, p. 73.

29 ACCB, Registro de Escrituras (en adelante RE), 1865, Comunarios, San Cristóbal en cantón Reyes (también en ABNB, IC 826.4); RE 1873, Comunarios, San Mateo en cantón Trinidad; RE 1873, Comunarios, Casimui o Simuhú en cantón Trinidad; RE 1873, Comunarios, Mapao en cantón Trinidad; RE 1873, Comunarios, Santa Anita en cantón Santa Ana; RE 1875, Comunarios, Bojomo en cantón Trinidad; RE 1875, 1875, Comunarios, Iyufuere en cantón Loreto. ACCB, Expediente de tierras, Comunarios, Sabundinmo en cantón San Pedro / Santa Ana. ABNB, IC 826.1, Comunarios, Potrero en cantón Trinidad.

30 ACCB, RE 1873, Manuel de la Cruz Mobo, Bomuine y Moconuine en cantón Trinidad, f. 118; RE 1874, Mariano Noe, Bregijere en cantón Trinidad, 59v; RE 1873, José Gregorio Acuruza, Pilar en cantón Exaltación, f. 57v.

31 ACCB, RE 1872, Pedro Taborga, Tapoero en cantón Loreto, f. 102.

32 ACCB, RE 1865, Manuel Mariano Nosa Cueva, Santa María en cantón Trinidad, f. 32; RE 1872, Hermanos Juan y Antonio Yuyo, Pochoero en cantón Carmen, f. 82.

33 ACCB, RE 1870, Prudencio Nosa, Ichinigua en cantón Trinidad, ff. 41v-42.

34 ACCB, RE 1868, José María Nacuitiro, Loma Pelada en cantón Trinidad, f. 87v; ABNB, IC 843.14, Ricardo Terrazas, Copacabana en cantón Reyes, ff. 104-104v.

35 ACCB, RE 1870, Manuel Prudencio Semo, Trinidad en cantón San Pedro, f. 78; RE 1875, Felipa Zárate, Caparaquije en cantón Loreto, ff. 58-58v.

36 ACCB, RE 1873, Miguel Caguama, Santa Anita en cantón Santa Ana, ff. 112v-113.

37 José María Guaji e Ignacio Guaji eran asistentes religiosos; Frutos Nosa, quien en los años 40 ejercería de cacique ahora era corregidor, siendo el cacique Manuel de la Cruz Mobo. También José Vicente Teresa sostenía sus derechos en su trabajo como director de obras de la casa de gobierno. Quien gozaba del estatus de ciudadano, además de J. M. Guaji y F. Nosa, eran Manuel Mariano Nosa Cueva, José Gregorio Acuruza, Mariano Guayacuma y Pedro Taborga ACCB, RE 1865, ff. 20v, 31v, 55v-56; 1867, ff. 146; 1868, f. 126v; 1872, f. 101v; 1873, f. 118; 1874, ff. 66v-67.

38 Según el Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición) los bienes raíces eran conformados por aquellas «tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye la ley esta consideración».

39 ACCB, RE 1865, Frutos Nosa, San Lorenzo en cantón Trinidad, f. 56; Esteban Yumo, Chimún en cantón Carmen, f. 23 (también en ABNB, IC 872.23).

40 Roca, José Luís. Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano (siglos XVI-XX). Santa Cruz, COTAS Ltd, 2001, p. 440-444.

41 Resolución Suprema de 03.11.1856 en Limpias Saucedo, Manuel. Los Gobernadores de Mojos. Trinidad, Prefectura del Beni, 2005 [1942], p. 117-118.

42 Block, David. La cultura reduccional en los Llanos de Mojos. Sucre, Historia Boliviana, 1997, p. 215, 218.

43 Por motivos de extensión no se ha tratado aquí el proceso de posesión, titulación y venta de lotes urbanos. Nuestros datos dan cuenta únicamente de lo sucedido en la capital del Beni, Trinidad, pero creemos que su evolución fue parecida en el resto de núcleos de población. Asimismo, los argumentos esgrimidos para adquirir la propiedad urbana fueron similares a los aducidos por los terrenos de cultivo y/o pastoreo, siendo los principales la necesidad de proporcionar un lugar donde vivir a sus hijos y viudas dado que el repartimiento efectuado en base al decreto de 06.08.1842 fue hecho a los varones cabezas de familia- y evitar que fueran ocupados por terceros, principalmente, actores blanco-mestizos, por carecer de escrituras de propiedad.

44 Andrés Erechi (con título en 1842) vende a Manuela Baqueros (ABNB, IC 831.33 y ACCB, RE 1875); Mariano Nocopuyero (con títulos en 1842) vende a Manuel José y Pedro Durán y Felipa Zárate (ABNB IC 854.6 y ACCB, RE 1875); Luís Achaco (con título en 1843) vende Manuel Guasalúa (ABNB, IC 819.15); José Munaca (con título en 1843) vende a Rupero Nuñez (ACCB, RE 1876); Frutos Nosa (con título en 1848) vende a Manuel Antonio Suárez (ACCB, RE 1873); José Francisco Tereba (con títulos de 1858) vende a José María Fresco (ABNB, IC 870.12).

45 ACCB, RE 1870, María Rosario Nabono, Monove en cantón Trinidad, f. 33; RE 1873, Ignacio Guaji, Carmen en cantón Trinidad, f. 34 (también en IC.840.3); ABNB, IC 850.21, Cabildo Indigenal, Rincón del Ibare o Sempahe cantón de Trinidad, ff. 196-198.

46 ACCB, RE 1868, José María Nacuitiro, Loma Pelada en cantón Trinidad, f. 87v; RE 1872, Hermanos Juan y Antonio Yuyo, Pochoero en cantón Carmen, f. 82; RE 1873, Comunarios, Casimui o Simuhú en cantón Trinidad, f. 68; RE 1874, José Felipe Nosa, Tinqui en cantón Trinidad, f. 34; RE 1874, Mariano Noe, Bregijere en cantón Trinidad, f. 60; ABNB, IC 850.30, Manuel Yubanure, Mituquije en cantón Trinidad, f. 196.

47 ABNB, IC 850.21, Cabildo Indigenal, Rincón del Ibare o Sempahe en cantón Trinidad, ff. 196-197.

48 Ibíd, f. 197.

49 Ibíd. ff. 198-198v.

50 Catastro de Trinidad en ALP, SGL, caja 3 doc. 62, 20.04.1881 y Catastro de Santa Ana ALP, SGL, caja 3 doc. 63, 20.06.1881.

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Pour citer cet article

Référence papier

Anna Guiteras Mombiola, « Propiedad indígena y titulación de tierras en la Amazonía boliviana, 1842-1880 », Caravelle, 96 | 2011, 35-50.

Référence électronique

Anna Guiteras Mombiola, « Propiedad indígena y titulación de tierras en la Amazonía boliviana, 1842-1880 », Caravelle [En ligne], 96 | 2011, mis en ligne le 01 août 2019, consulté le 18 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/caravelle/4236 ; DOI : https://doi.org/10.4000/caravelle.4236

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Auteur

Anna Guiteras Mombiola

Universitat de Barcelona/TEIAA

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