1La sustitución de energías fósiles por renovables para producir electricidad bajo criterios ecoeficientes evaluados por la emisión de CO2 y afectaciones al cambio climático, es prioritaria en los discursos de seguridad energética (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible). La región latinoamericana abanderó la transición energética global al utilizar el 56% de renovables en la producción de electricidad en 2017. La energía solar y eólica son las más dinámicas, crecieron 4.7 puntos porcentuales de 2000 a 2017 (Enerdata, 2019). La hidráulica, eólica y los monocultivos fueron los ejes del crecimiento económico regional (Enerdata, 2019; Svampa, 2013). Sin embargo, ampliar las energías renovables implica procesos de apropiación de la naturaleza vía acumulación por desposesión al privatizar bienes públicos y comunes biofísicos y bioculturales y despojar a comunidades de sus territorios (Svampa, 2013).
- 1 Algunas aportaciones al análisis de la conflictividad socioambiental de América del Sur se encuentr (...)
2Los megaproyectos de energías renovables renuevan el modelo de desarrollo extractivista al despojar a las comunidades del sustento local (Delgado, 2013). La producción de commodities como el litio en Argentina, Chile y Bolivia, las presas en México y Chile o la producción agroindustrial andina ilustran la tendencia regional (Svampa, 2013) 1. La valorización financiera de la naturaleza sobre territorios biodiversos intensificó los conflictos socioambientales (Berger, 2012) ante la desigual distribución de los impactos y las perspectivas de desarrollo antagónicas entre los actores.
- 2 El proyecto es una iniciativa colaborativa de mapeo bajo la Dirección de Leah Temper y Joan Martíne (...)
3El campo teórico-práctico de la ecología política latinoamericana (EPL) aborda la conflictividad socioambiental, al discutir las relaciones de poder inmersas en los significados atribuidos a la naturaleza por los actores que intervienen en el territorio (Escobar, 1999) y destacar el papel de los movimientos en resistencia frente a proyectos extractivistas (Alimonda et al., 2017; Merlinsky, 2013) con estrategias enraizadas en identidades campesinas e indígenas (Leff, 2017). El artículo utiliza el enfoque de la EPL para examinar los desafíos de las energías renovables en México en el ámbito rural, a partir de la experiencia de cartografía crítica colaborativa del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas) 2. Por el potencial de México en la producción de estas energías (Enerdata, 2019; SENER, 2018), es un país estratégico en la transición energética regional y un caso ilustrativo de la presión financiera sobre los territorios. Por otro lado, los movimientos en resistencia frente al despojo han desplegado estrategias arraigadas en conocimientos bioculturales y articulado redes para demandar justicia ambiental, de ahí la selección de los casos de estudio de la soya transgénica (Gómez-González, 2016; Llanes y Torres-Mazuera, 2017; Pérez, 2018) y los parques solares en Ticul. Aunque no pretenden ser exhaustivos de la complejidad socioambiental que enfrenta Latinoamérica y el país, ya que en México el 20% de los casos informados en el EJAtlas (2020) reporta activistas fallecidos, permiten discutir un eje central planteado por la EPL asociado con la construcción situada de conocimientos y la co-constitución de naturalezas en los procesos de resistencia organizada.
4En la primera sección del artículo se plantea el enfoque de la EPL seguido del estudio (segunda sección) de la transición energética desde la política pública y el mercado en México. En la tercera sección se exploran las resistencias al establecimiento de proyectos energéticos en los territorios, de acuerdo al grado de conflictividad categorizado en el EJAtlas. En la cuarta sección se exploran los conflictos en torno a la siembra de soya transgénica y parques solares en territorio indígena Maya a partir de fuentes bibliográficas. En la quinta sección se destaca la productividad analítica de la EPL en la transición energética y se concluye con las reflexiones finales.
5La ecología política es un abordaje en los estudios críticos sobre el medio ambiente y el desarrollo utilizado en la academia anglo-sajona y francesa desde 1970 (Delgado, 2013; Leff, 2017). Analiza los conflictos de distribución ecológica, a partir de las relaciones de poder entre los que habitan el territorio y las demandas del mundo globalizado (Leff, 2017). Los conflictos remiten al comercio ecológicamente desigual entre países ricos y pobres, en los cuales se examina el ecologismo popular propuesto por Martínez-Alier (Delgado, 2013). La distribución ecológica comprende patrones desiguales de consumo y efectos no deseados al implementar tecnología en el territorio, que condicionan el acceso a los beneficios generados por el sistema vital de recursos naturales. Así, la ecología política explora los procesos de apropiación, distribución, consumo y usufructo de los sistemas productivos frente a los límites ambientales (Delgado, 2013).
6La perspectiva latinoamericana además de discutir los procesos desiguales de distribución ecológica, recupera la tradición del pensamiento crítico latinoamericano al destacar las estrategias de resistencia frente al despojo de culturas indígenas y campesinas y reconocer su liderazgo en la lucha por la tierra, la defensa del territorio y la construcción de autonomía. Este pensamiento crítico distingue la diversidad cultural de la región, explora la relación modernidad-colonialidad en la historia ambiental y resalta las asimetrías históricas de exclusión en el acceso, uso y control de la naturaleza (Alimonda et al., 2017). Al analizar las herencias históricas de la colonialidad económica y ambiental, la perspectiva latinoamericana problematiza la integración subordinada de la región al sistema económico internacional (Alimonda et al., 2017; Delgado, 2013).
7En la EPL la noción de naturaleza es discutida como un entramado de relaciones de poder y significados atribuidos por los actores. La propuesta anti-esencialista de las naturalezas explora aspectos biofísicos, culturales y tecno-económicos en la co-producción de las naturalezas de tipo social (Escobar, 1999). La construcción de conocimientos sobre estas implica el reconocimiento de saberes ambientales, técnicas y procedimientos situados, que recogen las experiencias individuales y colectivas de los habitantes del territorio. Así, la EPL examina concepciones complejas del entorno ambiental que involucran aspectos espirituales, culturales, económicos y políticos, presentes en las resistencias socioambientales. La EPL cuestiona la hegemonía del pensamiento occidental y el papel de meta-relatos en la concepción de naturaleza al analizar las relaciones de poder que validan el conocimiento y los saberes ambientales (Leff, 2017).
8El conflicto socioambiental es la unidad analítica por las disputas políticas respecto de los modos diferenciados de producción, apropiación, uso y significado de los bienes naturales, y por las dimensiones involucradas. La espiral del conflicto examina el perfil de los actores, las escalas de intervención, las controversias sociotécnicas, las estrategias de acción colectiva, la política pública que define los mecanismos de distribución ecológica y la judicialización de los casos (Merlinsky, 2017). La conflictividad contrasta las perspectivas ecoeficientes de narrativas dominantes y las propuestas campesinas e indígenas ancladas a valores situados. En las resistencias ambientalistas destacan estrategias organizativas trasnacionales y demanda de justicia ambiental (Berger, 2012). Aunque no es exclusivo de Latinoamérica, la conflictividad socioambiental ocurre principalmente en territorios campesinos e indígenas (Leff, 2017), dicha característica introduce el derecho a la consulta previa libre e informada reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este instrumento jurídico es ambivalente; demandar su incumplimiento puede frenar el avance de los megaproyectos, aunque su simulación ha sido una estrategia para legitimarlos. La consulta es un recurso legal y político al posicionar la diversidad de lenguajes de valoración inmersos en ella (Llanes y Torres-Mazuera, 2017).
9El campo de la EPL despliega su utilidad analítica, al explorar las relaciones de poder incrustadas en los significados atribuidos a las naturalezas (Escobar, 1999), discutir las relaciones mediadoras entre estas y los humanos que las habitan (Alimonda et al., 2017) y problematizar el acceso, uso, despojo y usufructo de los territorios (Delgado, 2013). Estos ámbitos son analizados en la espiral del conflicto socioambiental (Merlinsky, 2017). Las prácticas creativas en las resistencias ambientalistas a partir del cuidado multi-especie, la relocalización y revalorización de las economías son otro resultado de los conflictos socioambientales analizados a la luz de la EPL (Svampa, 2013). A continuación se analizan las condiciones del mercado, el ordenamiento legal y los principales actores financieros en la transición energética mexicana.
10En México, la producción de energía primaria depende de recursos fósiles (84.5%), aunque su provisión disminuyó a una tasa de 3.3% promedio anual de 2007 a 2017 (SENER, 2018). El uso de renovables en la producción de energía primaria fue limitada (9.47%), pero mostró una tendencia creciente al 2017. La energía limpia procesada bajo criterios de sustentabilidad creció de 9.9% a 11.1% de 2016 a 2017 del total de la energía nacional (INEL, 2018). La producción de hidroenergía pasó de 0.96 a 1.63%, la geoenergía de 1.64 a 1.81%, la solar de 0.03 a 0.22%, la eólica de 0.01 a 0.54%, el biogas de 0.01 a 0.04%; finalmente, la biomasa de 3.55 a 5.23% (SENER, 2018). El escenario de transición energética contempla la dependencia de recursos fósiles y el dinamismo del mercado de energías renovables.
11La producción de energía es estratégica para el Estado Mexicano, conserva la rectoría a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Energía (SENER). La posición del gobierno de mantener una política energética soberana y sostenible manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es consistente con los discursos del Desarrollo Sostenible de proveer energía asequible y no contaminante. En esta perspectiva el gobierno mexicano comprometió el 35% de la energía procesada con recursos renovables para el 2024. Al menos la Reforma Energética de 2013, la Ley de Transición Energética de 2015, la Ley General de Cambio Climático de 2018 y el Programa Especial de Transición Energética 2019-2024, robustecen las estrategias legales y productivas bajo las cuales opera el sector. Con la Reforma Energética de 2013 se realizaron cuatro subastas eléctricas, tres de largo plazo (2015, 2016 y 2017) y una de mediano plazo (2017), se aprobaron 1244 megaproyectos con energías limpias (INEL, 2018) extendidos en el territorio nacional.
12En 2016 existían 18 centrales solares localizadas en ocho entidades federativas, 89% de capital privado y 11% administradas por la empresa estatal CFE (INEL, 2018). Para el 2017, se aprobaron 250 proyectos en 26 entidades. Del total de energía producida de 2014 a 2015 (62 GW h/año) cerca del 80% se produjo en seis proyectos privados y el 20% en plantas de la CFE (INEL, 2018).
13La capacidad instalada de energía eólica consiste en 41 parques en 13 entidades: 38 de capital privado y tres administrados por la CFE (2016). Para el 2017, existían 75 proyectos en 17 entidades (INEL, 2018). El usufructo de las eólicas abastece a una cartera de clientes transnacionales: CEMEX, Wal-Mart, Bimbo, sector automotriz, Compañía Siderúrgica de California y Hewlett Packard México (conflictos ambientales consultados en EJAtlas, 2020).
14La biomasa se obtiene de materia orgánica de seres vivos, sus excretas y restos no vivos. Al 2016 existían 77 plantas privadas; la CFE no participa. El biodiesel es utilizado en el transporte y el biogás para generar energía. Al 2017 prevalecen tres proyectos para producir biomasa (INEL, 2018).
15En hidroenergía el país tiene la mayor capacidad instalada (INEL, 2018; SENER, 2018). Para 2016, existían 101 hidroeléctricas en 18 estados del país, 64% operadas por CFE y 36% privadas. Existen 52 proyectos para establecer pequeñas (83%) y grandes (17%) hidroeléctricas en 13 entidades. Cinco entidades del sureste con alta diversidad biológica y cultural concentraron el 79% del potencial de hidroenergía (INEL, 2018).
16Los megaproyectos son implementados en territorios indígenas, por ello la consulta es parte del andamiaje legal. La SENER realizó 14 consultas vinculadas al sector energético en 83 comunidades de 11 estados, nueve consultas están concluidas, en ocho se obtuvo el consentimiento (de 2014 a 2017). La consulta representa una arena política donde convergen diversos y antagónicos lenguajes de valoración sobre las naturalezas y relaciones de poder (Llanes y Torres-Mazuera, 2017).
17Desde la lógica del mercado, las energías verdes, son rentables por las ventajas climáticas (INEL, 2018). En la perspectiva ecoeficiente la naturaleza es un insumo. Los proyectos se establecen en territorios biodiversos y sobreexplotan la naturaleza (Svampa, 2013). La reglamentación prioriza la seguridad energética nacional al concesionar tierras para su desarrollo y desplegar estrategias persuasivas para facilitar la instalación de infraestructura (Llanes y Torres-Mazuera, 2017). Sin embargo, la perspectiva tecno-económica de las energías renovables no contempla concepciones alternas de naturalezas que condicionan el establecimiento en los territorios, es el caso de las resistencias organizadas.
18En México, la oposición a los proyectos de energías renovables propició cerca del 40% de los conflictos socioambientales registrados en el EJAtlas (2020). La instalación de parques solares originó tres conflictos en Yucatán, uno en Campeche y uno en Coahuila. Comunidades mayas, asambleas comunitarias, organizaciones civiles, activistas y académicos abanderan la defensa del territorio del sureste. En Coahuila, los trabajadores del parque se oponen al proyecto. Las inversiones provienen de capital nacional, español, chino, italiano y norteamericano. Los casos demandaron justicia ambiental, los tribunales suspendieron dos parques por inconsistencias en el dictamen de impacto ambiental y tres proyectos siguen en operación (EJAtlas, 2020).
19Tres conflictos por la instalación de parques eólicos se sitúan en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y dos en Yucatán. Comuneros, ejidatarios, comunidades zapotecas y huaves de Oaxaca, han encabezado la lucha ambientalista contra la instalación de más de dos mil torres eólicas. Los parques de Ixtepec y Mareña fueron suspendidos temporalmente por la resistencia organizada en Asambleas de base comunitaria. Dos parques en Yucatán y uno en Oaxaca se mantienen en operación (EJAtlas, 2020).
20Al menos diez conflictos socioambientales se vinculan con biomasa. Comunidades indígenas abanderan las resistencias: Rarámuris, la OCESPCC, Purépechas, Nahuas y Lacandones. La resistencia contra la siembra de maíz transgénico es nacional. Se observa gestión comunitaria de recursos naturales y búsqueda de justicia ambiental a través de alianzas con organizaciones ambientalistas, defensores de derechos humanos y activistas. Los casos contra la soya transgénica y la suspensión temporal de siembra de maíz transgénico contra Monsanto son considerados de justicia ambiental (EJAtlas, 2020).
21La construcción de presas presenta el mayor número de conflictos 16, localizados en nueve entidades. Un proyecto representativo es Hidroeléctrica Puebla 1 que impacta en territorios nahuas, totonacos y mestizos; las resistencias movilizaron a pueblos indígenas, organizaciones comunitarias y académicas (EJAtlas, 2020). Estas se articulan con redes nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) por la búsqueda de justicia ambiental, contra la mercantilización del ambiente y redes de científicos y abogados que respaldan las demandas de los afectados (Berger, 2012). Se han cancelado tres proyectos, cinco suspendidos y ocho continúan en operación (EJAtlas, 2020).
22En la espiral del conflicto, instituciones gubernamentales alientan la conflictividad al defender proyectos alejados de necesidades situadas. Las propuestas vulneran los territorios al cambiar el uso de suelo, contaminar fuentes de agua, dividir comunidades y mermar la seguridad alimentaria. Las estrategias de los inversionistas y defensores de megaproyectos integran simulaciones a los procesos de consulta (Llanes y Torres-Mazuera, 2017), legitiman procesos de despojo con discursos sostenibles del desarrollo (Svampa, 2013) e inclusive simulan prácticas y rituales locales polarizando intereses comunitarios (EJAtlas, 2020). Las resistencias apelan a demandas en tribunales por irregularidades en dictámenes de impacto ambiental (Berger, 2012), en los procesos de consulta (Llanes y Torres-Mazuera, 2017) y al vulnerar el derecho a un ambiente sano. A continuación se discuten dos conflictos socioambientales bajo la óptica de la EPL, ubicados en la península de Yucatán en territorios mayas (Figura 1).
23En la comunidad de San Jose Tipceh, municipio de Muna en Yucatán se ubican dos megaproyectos fotovoltaicos: Ticul A y Ticul B (INEL, 2018). Ticul A es un parque con capacidad de 300 MW en una superficie de 767.23 hectáreas. La zona de interconexión con Ticul A es a través de Ticul B. Las tierras son de propiedad colectiva-ejidal, comunal y privada, administrado por capital privado. El área de influencia alcanza a tres municipios mayoritariamente mayas. El conflicto surge en marzo 2016 por la instalación de más de un millón de paneles solares que implicó el despojo de tierras mediante asignación sin consulta previa, la deforestación de 600 has de selva y la polarización de las comunidades. El conflicto impacta a 50,000 habitantes (EJAtlas, 2020).
24La consulta implementada por la SENER y publicada entre 2017 y 2018, es considerada ilegal por comunidades defensoras del territorio. La firma de contratos de arrendamiento previo a la consulta, la falta de información sobre los impactos ambientales y sociales, la presencia intimidatoria de policía municipal y estatal, además de la ausencia de traductores de lengua maya durante todo el proceso, cuestionan el cumplimiento de estándares internacionales establecidos en Convenio 169, en su carácter de previa, libre e informada, como lo notifica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (EJAtlas, 2020).
25Para los campesinos mayas, el acceso, uso y control de la tierra (privada, colectiva y comunitaria) está anclado a la identidad campesina e indígena, al reafirmar el uso de la lengua y las tradiciones (entrevista a integrante de Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, febrero 2020). Históricamente, la milpa maya representa un sistema agroalimentario, antiguo, complejo y sensible al clima extremo. Los mayas desarrollaron técnicas de labranza, siembra diversificada de maíz, plantas comestibles y medicinales. Los conocimientos sobre la naturaleza, ritos, mitos y estrategias productivas están presentes en la milpa maya (Toledo et al., 2008).
Figura 1 – Conflictos socioambientales en la península de Yucatán
Fuente: elaboración propia con base en EJAtlas (2020).
26La permanencia del pueblo maya en el territorio se entrelaza con estrategias desplegadas en diversos espacios. En la milpa siembran maíz (Kool) y manejan más de 50 especies y variedades de plantas; en huertos familiares siembran árboles frutales, arbustos; cuidan animales de traspatio y colonias de abejas. La apicultura y meliponicultura desarrollada por siglos, amplía los conocimientos campesinos sobre el manejo del entorno. En la selva recolectan leña y cazan al menos 24 especies de animales y pescan en cuerpos de agua. El turismo y las artesanías derivadas del entorno natural también representan fuentes de sustento (Toledo et al., 2008).
27El despojo de la tierra y el deterioro de la biodiversidad implican perder la base de su reproducción social. Para las comunidades mayas las alteraciones a la biodiversidad, al clima y al uso del suelo, y los posibles daños a la salud humana y no humana por radiación, son razones sufi cientes para reconsiderar su construcción (EJAtlas, 2020). En contraste, para los inversionistas y autoridades gubernamentales, los efectos negativos del desmonte en selva baja no requieren compensación, tampoco es relevante el cambio del paisaje y la intensifi cación de la sequía. Aspectos ilustrativos de las diferentes racionalidades y lenguajes de valoración sobre la naturaleza presentes en los proyectos hegemónicos y en las resistencias que destacan la complejidad del cuidado multi-especie.
28En la espiral del confl icto, comunidades mayas se han organizado para defender el territorio. Destaca la diversidad de actores, ejidatarios, productores, campesinos, organizaciones civiles y académicos como CEMDA y Articulación de Energía Renovable de Yucatán. En 2018, ciudadanos independientes de 25 comunidades de la península formaron la Asamblea Itinerante de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, como un espacio autónomo de comunicación, acompañamiento e intercambio de experiencias en defensa del territorio ante las afectaciones socioambientales de megaproyectos.
29Las acciones colectivas documentan y difunden los efectos entre los pobladores, para contrarrestar la polarización al interior de las comunidades. Las organizaciones denuncian irregularidades, proponen alternativas con respeto a los derechos de libre determinación del pueblo maya y emprenden luchas en búsqueda de justicia ambiental, cuando las comunidades afectadas lo solicitan. La movilización ha visibilizado los efectos del proyecto y concientizado a la población, aunque se mantiene su construcción, se encuentra en fase de renegociación (EJAtlas, 2020).
30En México el cultivo de soya transgénica fue una estrategia de política pública para fomentar la agricultura industrial (Gómez-González, 2016). En 1995 inicia su siembra experimental, para el año 2000 se cultivaron 4,250 has de soya transgénica en Campeche por la empresa Monsanto. En 2012 se autorizó la siembra comercial por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), cultivándose 253,000 has con soya transgénica en nueve entidades incluida la península de Yucatán (Llanes y Torres-Mazuera, 2017). Hopelchén en Campeche, es el municipio con mayor superficie sembrada con soya transgénica en la península y también el centro de una movilización dinámica contra su siembra (Gómez-González, 2016).
31La economía campesina en territorio maya se alteró sustancialmente con esta siembra. En Hopelchén, la agricultura industrial aceleró el cambio de uso de suelo y el despojo de tierras a través de la renta y venta de terrenos, principalmente por agricultores menonitas provenientes del norte del país (Gómez-González, 2016). El cultivo de soya transgénica amenaza la biodiversidad; la apicultura, base de la economía campesina maya es afectada por la contaminación de miel con glifosato, el herbicida genera riesgos a la salud y contamina el agua (Pérez, 2018). Así, el modelo de agricultura industrial de soya transgénica es incompatible con el sistema apícola-agrícola de campesinos mayas y con la conservación del territorio (Llanes y Torres-Mazuera, 2017).
32El conflicto se originó ante la presencia de polen de especies transgénicas en la miel maya que canceló en 2011 la exportación de 150 toneladas (EJAtlas, 2020). En 2012 diversos actores en red se movilizan para prohibir el cultivo de soya transgénica: Productores Unidos Lol K´ax; Productos de Miel Real el Panal de Suc-Tuc; Miel y Cera de Campeche; Koloolel Kab; Unión de Apícolas Indígenas Cheneros; Colectivo Apícola de los Chenes; Colectivo Ma’ OGM; Indignación A.C.; Educe S.C. de R. L.; Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Grupo de Estudios Ambientales, Semillas de vida; Greenpeace; El Colegio de la Frontera Sur (EJAtlas, 2020; Pérez, 2018).
33El Colectivo Ma’ OGM integrado por apicultores y organizaciones de 15 comunidades de Hopelchén ha construido un proceso de lucha que involucra estrategias legales, mediáticas, educativas e informativas, alianzas con movimientos nacionales e internacionales, de investigación científica e incidencia en políticas públicas (GómezGonzález, 2016; Llanes y Torres-Mazuera, 2017). Comunidades y organizaciones chenes interpusieron dos demandas de amparo contra la SAGARPA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por autorizar la siembra de soya transgénica. Para la resistencia ambientalista, la autorización violaba el derecho a un medio ambiente sano y el derecho del pueblo a ser consultado previamente. La diversidad de significados que intervienen en el proceso de consulta (Llanes y Torres-Mazuera, 2017), la movilización y apelar a la no observancia del Convenio 169 coadyuvó para suspender parcialmente la siembra de soya en la región en 2015 (Pérez, 2018).
34La presión sobre el territorio maya ejercida por megaproyectos en la península de Yucatán no es reciente, los monocultivos de henequén y chicle se subordinaron a cadenas de agroexportación desde los siglos xix y xx (Llanes y TorresMazuera, 2017). Sin embargo, los megaproyectos modernos para producir energías renovables renuevan la integración subordinada a cadenas globales bajo mecanismos ecoeficientes para extraer riquezas naturales. Explorar la conflictividad a la luz de la EPL destaca los significados atribuidos a las naturalezas y las estrategias para acceder al territorio y usar los recursos entre los actores: comunidades afectadas y movilizadas, empresas concesionarias de megaproyectos e instituciones públicas.
35El territorio maya es defendido porque el despojo de la tierra representa pérdida del sustento en Muna y Hopelchén; propicia desarraigo, quebranto de la vida comunitaria, desplazamientos y pérdida de biodiversidad. En la economía campesina maya, las relaciones mediadoras con las naturalezas privilegian la interdependencia entre la biodiversidad y la riqueza cultural asociada con el manejo de la apicultura de la abeja melipona (Llanes y Torres-Mazuera, 2018; Toledo et al., 2008). Desarrollar la defensa centrada en la concepción del territorio biocultural maya fue una estrategia para cuestionar la legitimidad de las consultas y priorizar la soberanía alimentaria, la autodeterminación del pueblo maya y la preocupación por el cuidado multi-especie.
36La articulación de actores resulta clave en la defensa del territorio maya. La divulgación de información sobre los efectos de los megaproyectos entre las comunidades y la formación de alianzas en distintos sectores, plantean la necesidad de integrar en la defensa del territorio un análisis interdependiente entre su conservación en términos biofísicos, la generación de sustento económico local y el fortalecimiento de la identidad y la cultura. Este proceso se construyó durante la movilización, no fue un hecho a priori (Llanes y Torres-Mazuera, 2018; Pérez, 2018). La concepción de naturaleza no representa un inventario de recursos, es dinámica, se co-constituye con la acción humana y la cultura situada, de ahí la importancia de la estrategia biocultural emprendida por Ma’ OGM.
37Apelar legalmente a la inconsistencia de las consultas visibiliza la función de actores públicos en la implementación de procesos de desarrollo económico, ajenos a las necesidades y cultura de los pueblos. Aunque la movilización muestra los conflictos en lo local y global, el acaparamiento de tierras para los megaproyectos no cesa, los contratos leoninos y amenazas contra defensores del territorio son estrategias de despojo recurrentes entre agroindustriales e inversionistas de energías renovables (entrevista a integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, febrero 2020), para quienes la naturaleza representa exclusivamente un insumo productivo.
38En México el sector energético es fundamental, el Estado conserva la rectoría a través de empresas paraestatales y el andamiaje legal favorece la inversión pública y privada. El enfoque ecoeficiente exhibe tres tendencias que presionan la transición energética: la producción decreciente de hidrocarburos, el compromiso global para producir energías limpias y el incremento en su demanda. Sin embargo, la implementación de megaproyectos para producir energías renovables ha generado un fuerte proceso de oposición en territorios rurales e indígenas por los efectos negativos a la biodiversidad, el sustento local y la desarticulación de la vida comunitaria en detrimento de culturas indígenas y campesinas.
39La perspectiva de la EPL coloca en el centro del análisis a la espiral del conflicto generado con los megaproyectos. Resalta la presión histórica sobre los recursos naturales y la integración subordinada a cadenas de producción transnacional localizadas en México. Explorar la conflictividad ilumina las estrategias jurídicas, económicas y culturales emprendidas por los actores, mismas que desvelan las relaciones de poder que utilizan. Para los defensores del territorio: los campesinos y activistas mayas, la naturaleza es interdependiente del acceso, manejo y control de la tierra, a partir de la cual generan sustento y reproducen la vida económica y cultural.
40La formación de alianzas para visibilizar el movimiento de resistencia contra los megaproyectos, ha sido una estrategia recurrente en los casos analizados, así como la construcción de conocimientos necesarios para delimitar la defensa, en la situación del territorio biocultural contra la siembra de soya transgénica. Las estrategias de comunicación han sido relevantes a nivel comunitario y global para divulgar los efectos de los proyectos. Recurrir a la judicialización de los casos es una alternativa para las comunidades por las irregularidades observadas en los procesos de consulta.
41A diferencia del enfoque ecoeficiente, que resalta la rentabilidad de los proyectos de energías limpias desde la lógica económica y ambiental, la EPL ofrece una visión crítica respecto de los proyectos de desarrollo de carácter extractivista y plantea la necesidad de un análisis interdependiente en la co-constitución de las naturalezas por aspectos biofísicos, culturales, económicos y sociales.
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