1Este era un libro largamente esperado y, dada la escrupulosidad y perfeccionismo de su autor, preparado también por él durante largo tiempo. En realidad, es el fruto de toda una vida como investigador en el campo de la historia agraria, al que Ricardo Robledo se ha dedicado desde los ya lejanos días en que dedicó su memoria de licenciatura a un pueblo de su provincia natal, Salamanca, que ha sido en una gran medida el laboratorio en el que ha ido probando y llevando adelante su tesis sobre la cuestión agraria. Una temática que ha estudiado en la larga duración, arrancando del siglo XVIII o de la crisis del Antiguo Régimen, hasta sus estudios sobre la renta de la tierra durante la Restauración para avizorar luego el periodo de la Segunda República española, respecto de la cual el tema elegido, la reforma agraria, proporciona un observatorio extraordinario y abierto a las múltiples preguntas que se le han ido suscitando al autor.

2Pero entremos ya en La tierra es vuestra, una obra verdaderamente ambiciosa que propone una lectura de la problemática, puntuada a menudo con notas trágicas, que atravesó todo el periodo republicano en relación con la tierra y cuyo origen estuvo en el propósito de sus líderes, mantenido con una mayor o menor – o nula – decisión y acierto de introducir profundas reformas, y en la resistencia a ultranza de quienes temían perder, no solo parte o la totalidad de sus propiedades, sino también el casi absoluto poder e influencia social y política de que venían disfrutando en numerosas comunidades rurales. El libro propone una lectura compleja y que aspira a ser lo más exhaustiva posible de esta problemática, partiendo de un análisis de los antecedentes históricos de la misma concretados en diferentes proyectos legislativos para la colonización interior del primer tercio del XX, que a la postre no resolvieron prácticamente nada, o en el modo como se fue perfilando en la esfera pública como un tema candente el del latifundio (el punto de partida lo sitúa en Canalejas, en 1902), también en esos decenios anteriores al 14 de abril, los reajustes que experimentó la propiedad rústica en la coyuntura de la Gran Guerra o los distintos enfoques del reformismo agrario previos a la República. Así los de quienes partían del supuesto de la ilegitimidad de la gran propiedad, o, en el lado opuesto, los que criticaban el reparto como solución del problema agrario (no faltarían tampoco conservacionistas como Octavio Elorrieta), todo ello con el telón de fondo de las reformas agrarias aplicadas en diferentes países centroeuropeos tras el conflicto mundial y de la discusión, que sigue muy viva en la actualidad, de qué era más esencial: producir o distribuir.

3Pero tal vez el factor que exigía de un modo más perentorio que se acometiera una reforma agraria es lo que el autor califica como la triple desigualdad que para él se desglosaba en el campo español en tres vertientes distintas la desigualdad en el acceso a la tierra, lo que le lleva a aquilatar de un modo muy preciso las dimensiones de la gran propiedad, el grado de concentración de la misma y el peso específico que dentro de ella tenía la nobleza titulada, en referencia principalmente a las provincias centro-meridionales, así como el despojo que habrían sufrido muchos pueblos de sus bienes comunes y de propios. Una segunda vertiente se refería al acceso al trabajo, muy determinado – negativamente – por la invocación por patronos y autoridades, del principio de libertad de trabajo. Y estaría, en tercer lugar, la desigualdad en cuanto a los niveles de vida, perceptible, por lo que respecta a las familias jornaleras desde parámetros demográficos y antropométricos, por una alimentación deficiente, fronteriza con el hambre o en la brecha que existía, comparado con las poblaciones urbanas, en el plano de la alfabetización. Todo ello se volvía muy real en las regiones meridionales.

4El lector llega así muy bien provisto intelectualmente para apreciar la acción del Estado republicano en el plano de la reforma agraria, pero bajo el supuesto, importante, de que por tal no habría que entender solo el asentamiento de campesinos en fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria, sino también las medidas que alteraron profundamente las relaciones laborales o los arrendamientos, que limitaron la autonomía de los propietarios en sus decisiones sobre el uso de la tierra o que revisaron aspectos básicos de la reforma agraria liberal, desde la abolición de los señoríos a ciertas formas de cesión como foros y rabassas (que son motivo de epígrafes específicos en este libro). Debido a ese enfoque el estudio de la reforma de la propiedad de la tierra, junto a la del trabajo, van en paralelo, y se completan con el de la aceleración de la reforma durante los gobiernos del Frente Popular. Todo ello, junto con una recapitulación final sobre la economía política de la reforma republicana conforma la segunda parte de la obra, que ocupan los capítulos 3 al 7. Sin desmerecer al resto, son una parte central, nuclear.

5En ellos, Robledo aporta desde luego una visión muy crítica sobre la gestación y contenidos de la ley de 1932 (no así del proyecto de la Comisión Técnica Agraria, del año anterior), que es calificada como cautelosa, decorativa, por insuficiencia de recursos y en la que, por ejemplo, se desechó, de cara a las expropiaciones, el criterio de agregar todas las fincas que un propietario pudiera tener en diversos municipios (paso que hubiera quedado expedito con la reforma fiscal de Gabriel Franco, de 1936). Aclara además errores como el que, con origen en Malefakis, achacaba a la inclusión de las tierras de ruedo sistemáticamente arrendadas el ser un poderoso incentivo para que medianos y pequeños campesinos de provincias no latifundistas se pusieran en contra de la República. Se pregunta asimismo si las fincas expropiadas a la nobleza sin indemnización pudieron ser el salvavidas de la reforma, lo que parece dudoso comparando lo expropiado con la suma de bienes rústicos de que era dueño en realidad este colectivo. Y se ocupa, en fin, del rescate de los comunales, un asunto muy complejo – en su disminución secular habían tomado parte muchos agentes, no solo la nobleza o la burguesía agraria –, que solo parecía en vías de resolverse por las Cortes justo antes del golpe de julio de 1936.

6Una reforma para la que, según el autor, Extremadura fue el gran laboratorio (como en gran medida lo volvería ser con el Frente Popular) y que resultó entorpecida y prácticamente anulada durante el Bienio Negro, pese a los proyectos bienintencionados de acceso a la propiedad impulsados por ministros como Giménez Fernández, culminando como se sabe la “contrarreforma” con la Ley Velayos de agosto de 1935. También la situación de los arrendatarios experimentó entonces un serio retroceso, preguntándose el autor si realmente se produjo la derrota del rentista (el caso de los foros gallegos sí que había quedado en gran medida resuelto, pero antes de que la República comenzara su andadura).

7La reforma del trabajo constituye otro gran asunto que el autor trata en esta parte central. Hay que tener en cuenta la situación de práctica carencia de derechos del trabajador agrícola (y en la que funcionaban “modelos disciplinarios de trabajo”) de la que se partía, lo que explicaría en parte que rápidamente, desde los primeros decretos de Largo Caballero de 1931 se instalara entre los propietarios una percepción de radicalidad y ruptura ante la legislación laboral del Primer Bienio que en puridad no podría considerarse como algo extremo (en términos comparados y, menos aún si la enjuiciamos desde la perspectiva actual). La nueva normativa tendría como consecuencia un incremento de los salarios nominales – explicable también por el peso que había cobrado el sindicalismo jornalero – que el autor, pese a las críticas del momento, pero también, las de estudiosos actuales (por el aumento del paro que habría sido su contrapartida) valora positivamente, aparte de que su duración no habría sobrepasado los últimos meses de 1933. En todo caso, la “ruina” de los patronos agrícolas no habría tenido lugar, si bien no deja de reconocer la difícil situación de los pequeños y medianos labradores de regiones muy cerealícolas, como la actual Castilla y León.

8Lógicamente el autor aborda la controvertida ley de términos municipales, cuyos defectos reconoce, pero a los que contrapone su influjo positivo en la negociación de los salarios. Y trata desde luego del fortísimo retroceso sufrido en este ámbito de la reforma con las medidas tomadas en los años 1934-1935, cuyo efecto punitivo quedaba reforzado por la intervención de la Guardia Civil y la militarización del orden público (que no fue privativa, sin embargo, del Bienio radical-cedista, sino una constante de las políticas aplicadas para el manejo de las relaciones laborales en el campo, ya perceptibles en el Primer Bienio pero que se remontaban al régimen anterior: las bondades del máuser, en un discurso de Francisco Silvela. Aquí y en otras partes del libro se echa de ver la utilidad que le han reportado al autor los estudios sobre la violencia y el control del orden público de Eduardo González Calleja, que firma un elogioso prólogo.

9La primavera del Frente Popular es abordada de manera específica, ya que durante ella sí que hubo la voluntad que había faltado en los años anteriores, de abordar con urgencia y eficacia el problema campesino por parte de gobiernos y de técnicos a los que no cabría encasillar como izquierdistas, pero también – y este es un aspecto novedoso omitido en análisis anteriores del curso de la reforma – por la presión ejercida desde abajo, por los propios campesinos, como se advierte en el caso de los yunteros extremeños, urgidos por las necesidades del ciclo agrícola pero alentados también por la muy reciente victoria del Frente Popular. En todo caso, la parte más importante de la reforma, medida por el número de campesinos asentados, se había cumplido ya a finales de marzo de 1936. Posteriormente, y puesto que esto requería de tramitación parlamentaria se aprobarían leyes para desarrollar las bases de 1932 – los comunales, por ejemplo – o para rectificar lo legislado sobre arrendamientos.

10El autor puntualiza así, que, al aludir a la reforma agraria republicana, la referencia no debería ser la norma aprobada en el Primer Bienio, sino el decreto de 20 de marzo de 1936, que permitió multiplicar los asentamientos echando mano de una aplicación coactiva de la legislación disponible. Y es que, a estas alturas, lo que el autor denomina como la economía política de la reforma había variado sustancialmente respecto de los prolegómenos de 1931 (a este aspecto dedica Robledo un capítulo específico, atento tanto a los aspectos distributivos como laborales, con interesantes comparaciones con otros países afectados también por un proceso de reforma). A pesar de ese carácter “coactivo”, para el autor no puede hablarse, tomando como referencia lo ocurrido en las provincias en las que se llevaron a cabo loa asentamientos, de una “revolución en marcha” o de un desbordamiento radical por las masas campesinas (apenas hubo víctimas mortales relacionadas con las ocupaciones en Extremadura; los asentamientos, por otra parte, no equivalían a expropiación).

11Este libro, cuya estructura se nota que ha sido muy pensada por su autor, comprende, además de análisis específicos de los antecedentes o de las distintas vertientes de la reforma, otra parte en la que nos propone un relato de la evolución sociopolítica de la República, vista desde la conflictividad rural. Se trata de una sección también esencial en la concepción de la obra con vistas a aquilatar la responsabilidad que pudieron tener dichos conflictos y la violencia que a menudo les acompañó, en el desenlace de la República y en que ha optado antes que por un análisis que tuviera como eje, por ejemplo, la evolución estadística de las huelgas (difícil de hacer, por otro lado, y que no se obvia en el relato) o de la sindicación campesina, por poner el foco en conflictos muy significados como Castilblanco, Casas Viejas, la huelga campesina de junio de 1934 –cuyo carácter reactivo a la política social aplicada desde que el Partido Radical asumió el poder, subraya –, el conflicto rabassaire y la ley aprobada a este respecto por el Parlament catalán o, por último, el de Yeste (Albacete), sucedido poco tiempo antes de la sublevación de julio y en cuya génesis entraría una elevadísima tasa de paro y la ocupación de los bienes comunales como remedio. En este análisis sí que hay ideas esenciales que articulan la narración y que en parte han salido ya, como la militarización del orden público, la vigencia de un marco laboral coactivo, la parcialidad de los tribunales de justicia que habrían tenido mucho más peso a su entender en el desencadenamiento de los conflictos que, por ejemplo, las exigencias en materia salarial o las presiones de los alcaldes socialistas allí donde el Ayuntamiento tenía ese sesgo político. En realidad, esa responsabilidad recaería mucho más en cuerpos como la Guardia Civil, en políticos singulares como Salazar Alonso o en grupos privilegiados como la gran burguesía sevillana, cuya actitud en conflictos planteados en 1932-1933 se califica de “insurgente”.

12Lo ocurrido, no obstante, durante la breve etapa del Frente Popular, suele tomarse como el test supremo para dilucidar el peso del factor agrario – de la conflictividad campesina – en la frustración violenta de la República. Dejando de lado que si se llegó a ese extremo la responsabilidad recae en los militares que dieron el golpe y en los apoyos civiles con que contaron, es importante, y más en un libro como éste, pasar por un tamiz muy fino todo lo relativo a la conflictividad y a la violencia en las zonas rurales, en qué medida esa conflictividad renacida puede leerse en términos de anarquía o a qué colectivos cabe imputar mayoritariamente la violencia, si a patronos-fuerzas de orden público-bandas fascistas o a las organizaciones obreras. Del relato que nos brinda Robledo se desprende, por una parte, que hubo menos conflictos, menos huelgas y, por otra, que la violencia homicida se cebó mucho más en los sectores jornaleros o izquierdistas que en sus contrarios (no hay que obviar, además, que la actitud contenciosa de la población jornalera fue en una gran medida reactiva a la nefasta herencia del Bienio radical-cedista). Luego estarían componentes concretos de la coyuntura agraria frentepopulista como las malas condiciones climáticas que hacían augurar una mala cosecha, lo que haría que las filas del desempleo se incrementaran aún más; lo que hacía que, dado el contexto político, la desigualdad de la propiedad se percibiera como algo más intolerable que en fechas anteriores (la “ética de la subsistencia”). Con este panorama, afirma el autor, era comprensible que “se produjeran acciones más radicales de la reforma que se hacía desde abajo, sin espera de legislación alguna”.

13La parte expositiva del libro – cuya riqueza nos ha obligado a dejar sin reseñar algunos interesantes epígrafes o capítulos – concluye con un denso apartado referido a la historiografía sobre la reforma. La historiografía crítica, habría que decir, empezando por el clásico de los clásicos, el libro de Malefakis que se publicó en español en 1970, cuyo valor reconoce, pero del que critica la asociación que establece entre la movilización-radicalización jornalera, sobre todo en la etapa del Frente Popular – que sería inseparable de las posiciones maximalistas de Largo Caballero – y el desencadenamiento de la Guerra Civil. Un segundo foco lo pone en los autores alineados en lo que denomina “anticarrionismo” (por referencia a Pascual Carrión), que han primado los aspectos productivistas, llevando a un cierto extremo la tesis de la racionalidad del latifundio, frente a los distributivos. La nómina de estudiosos o de obras sometidos a su lupa crítica comprendería a Naredo o Sumpsi, el libro El pozo de todos los males o algunos de los planteamientos primeros de James Simpson. En el trasfondo, o de manera clara, había una crítica, por ineficaz, del reformismo republicano y, más en concreto, de los objetivos más igualitarios – a los que vinculaba la estabilidad social – que buscaba conseguir con la reforma Pascual Carrión.

14Pone el foco también en otro tipo de posturas que buscan a su juicio la desidealización de la República situando en un punto central el “disparate” o las “insensateces” del reformismo agrario, como se afirma en algunas obras de José Manuel Macarro. También en los críticos de la política laboral de la República, como Jordi Domenech, que atribuye a la política social desde arriba el auge de la protesta social. O en quienes como Francisco Cobo sobrevalorarían demasiado los efectos de la política laboral en la radicalización derechista del pequeño y mediano campesinado y en la acentuación del conflicto rural, dejando en penumbra según Robledo la responsabilidad de los grandes propietarios. Una tesis que en cierto modo se emparenta con la formulada en un libro reciente (Why Democracy failed) de Simpson y Carmona que ponen el acento en la frustración de millones de pequeños cultivadores que vieron cómo su vida se deterioraba (eso llevaría a sostener que sin su apoyo no habría habido un golpe militar).

15Como se ve, se trata de una revisión bastante completa tras la cual cree el autor que se han exagerado los orígenes rurales de la Guerra Civil. Igual que no ha tenido en cuenta la historiografía (sí, en cambio, si se lleva a cabo un ejercicio contrafactual), los efectos muy positivos que habría tenido en la España de los años cuarenta y cincuenta la pervivencia de la política republicana de reforma agraria, tal y como señala en sus conclusiones a las que siguen, para cerrar este libro un utilísimo apéndice, muy elaborado por el autor y que no es un simple “corta y pega” de documentos o cuadros estadísticos; un glosario y una amplísima bibliografía, que ya no era dable incorporar al texto impreso pero que se puede consultar en la red.