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Études. Miscellanées

La primera fase del Estado-nación en España, 1808-1880: cambios sociales y espacios políticos

The first phase of Nation State in Spain 1808-1880 : social changes and political spaces
La première phase de l’État-nation en Espagne, 1808-1880 : changements sociaux et espaces politiques
Jesús Millán

Résumés

Depuis longtemps l’historiographie la plus connue a habituellement interprété les problèmes de la démocratie et de l’identité nationale dans l'Espagne du XXe siècle comme un résultant de l’échec du processus de construction de l'État et de la nation, au cours de la première moitié du XIXe siècle. Ce travail cherche à proposer une autre interprétation, non linéaire, qui rend compte des particularités de l’héritage social et économique de l'Espagne impériale sous l'ancien régime, des changements des cultures politiques et aussi du cadre international à l’époque du libéralisme des élites. Il s'agit, donc, de dépasser la thèse obsolète de l'échec du libéralisme espagnol et d'esquiver également le recours schématique à une « normalité » supposée.

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Notes de l’auteur

Agradezco las observaciones de Mª Cruz Romeo

Texte intégral

La herencia imperial y el problema histórico del Estado-nación en España

  • 1 Manuel Azaña, La velada en Benicarló, Madrid, Castalia, 2005, p. 191, 201 ss. Santos Juliá, Manuel (...)

1Desde fines del Ochocientos, la formación del Estado ha concentrado la atención de los observadores de la España contemporánea. El fracaso de la democracia republicana y la guerra civil han sido clave en este planteamiento. Azaña, al reflexionar sobre la desintegración del bando antifranquista, planteó que en España no se había consumado la revolución liberal. Ni la burguesía había dominado del todo el gobierno en el pasado, ni la revolución proletaria, iniciada con el alzamiento de Franco, había ocupado el poder. Se podía dudar de la entidad de ese Estado, tan distante de las clases características del mundo contemporáneo1.

  • 2 La nacionalitat catalana, ed. de J. Tusell, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p. 118-120 ; Santos Jul (...)
  • 3 Cit. Juan J. Linz, «Construcción temprana del Estado y nacionalismos periféricos tardíos frente al (...)

2La crisis iniciada con el siglo xix viene siendo el telón de fondo de las perspectivas sobre el Estado nacional desde el Desastre de 1898 y los regeneracionismos posteriores, que coincidieron con el auge de identidades más o menos alternativas a la española. Estas visiones buscaban la lógica del desarrollo posterior ya en los orígenes. Para Prat de la Riba, en 1910, España era un Estado sin el dinamismo requerido entonces. Subsistía como legado del viejo imperio, que, desde el siglo xviii, se había mantenido bajo el dominio de una nacionalidad, que marginaba a las demás que lo integraban. Ese Estado no podría aprovechar adecuadamente las energías, que solo podían proceder de la identificación entre una sociedad nacional y su Estado2. Pocos, entonces y después, han negado esa desconexión que presentaba al Estado en España como artificioso y anémico. Había, según Pierre Vilar, una «contraexperiencia curiosa»: cuando se daba el auge de naciones tardías, como Italia y Alemania, España conocía tendencias disgregadoras, como los imperios de Europa centrooriental3.

  • 4 Juan J. Linz, op. cit., p. 3-73.

3Pero también se ha abierto paso la necesidad de no dar por supuesta una evolución lineal. En la actualidad cobra más interés el dictamen de Juan J. Linz, cuando, hacia finales del franquismo, resumía que «España habrá triunfado en la construcción de un Estado, pero ha tenido menos éxito en la construcción de una nación». Habría podido lograrlo en el paso del siglo xviii al xix. Tras la dictadura, harían falta acuerdos periódicamente ajustables4.

4Hasta hace poco, el estudio histórico del Estado se caracterizaba por dos premisas. La primera era la visión lineal de la formación de los Estados. Al estimarla como una «necesidad histórica» del mundo contemporáneo, su surgimiento se consideraba una ley. Los «imperios» serían una fórmula inadecuada, cuya extinción era inevitable. La segunda premisa se refiere al peso decisivo de las definiciones y normativas jurídicas y de los tipos ideales. Solo últimamente se ha adquirido conciencia de la necesidad de analizar esos procesos históricos, incluyendo su carácter contradictorio, y no tomar como patrón algún «modelo» que, en realidad, sería un híbrido de Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos hacia 1890-1914. Si evitamos este finalismo, tenemos que cuestionar su proyección hacia el pasado con pretensiones explicativas, cuando se trata de dar cuenta de determinadas «anomalías» posteriores.

5La historiografía ha detectado además otros temas necesitados hoy de un replanteamiento. Al menos, se pueden resumir aquí los siguientes:

  • 5 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, Múnich, Beck, 2009, p. 565-859; Jörn Leonhard, Ulrike (...)

1. La expansión de la fórmula del Estado nacional no ha seguido un ritmo uniforme en el tiempo, a partir de la «doble revolución» (la industrial en Gran Bretaña y la sociopolítica de Francia) que inauguró el mundo contemporáneo. A comienzos del siglo xx eran muy pocos los Estados que representaban con éxito este modelo. Algunos imperios se habían consolidado y no podía predeterminarse su desaparición, que solo se produjo dentro de las alternativas de la I Guerra Mundial5.

2. El modelo del Estado-nación marcó claras diferencias con respecto al pasado: la legitimación de la nación soberana –con competencias superiores a las de los monarcas «absolutos»–, la vinculación directa de los miembros de la nación con el Estado o la mayor homogeneidad del espacio legal y político dotaron a esta figura de una capacidad desconocida para movilizar esfuerzos y recursos. Pero ese innovador modelo se plasmó en un contexto que no cambiaba al mismo ritmo con que se difundía el nuevo referente. Fue a partir de elementos heredados del pasado –en sociedades básicamente agrarias– como se configuró el nuevo orden. Esta perspectiva sitúa la expansión de los Estados nacionales –en torno a 1800– en una época condicionada por el impacto de la Revolución francesa, en la que se prolongaban las pugnas por la hegemonía imperial de décadas anteriores. Por otro lado, los instrumentos del nuevo poder debían acoplarse, para hacerse efectivos, a lo que era viable en las condiciones sociales y tecnológicas del momento y de cada lugar.

3. La crisis de la monarquía imperial española y el arranque del Estado-nación liberal, desde 1808, no deben analizarse en virtud del supuesto imperativo de la sustitución de los imperios por los Estados. La crisis de la vieja monarquía española se inscribe dentro del conjunto de trayectorias dispares del espacio atlántico, configurado por el «triángulo» político-militar y económico que vinculaba a las potencias en expansión de Europa occidental con América y la costa africana. Los criterios de análisis, por tanto, deben ser diferentes de los aplicados a la crisis de los imperios territoriales –Austria-Hungría, la Rusia zarista o el Imperio otomano–, un siglo después. En esta última época se habían consolidado a escala internacional nuevas industrializaciones y la globalización de la producción agraria; se expandían los Estados burocráticos y las sociedades de masas, factores decisivos en la I Guerra Mundial y el final de esos otros imperios.

6El análisis de lo sucedido en el extremo atlántico de Europa, cien años atrás –cuando las diversas monarquías «absolutas» y el oligárquico parlamentarismo inglés culminaban dos siglos de auge y rivalidades– debe situarse en otro escenario para evitar los anacronismos.

  • 6  Historia de las formas políticas, Madrid, Revista de Occidente, 1968, p. 300.
  • 7  El Estado absolutista, Madrid, S. XXI, 1979, p. 56, 80.

7La conciencia de la trayectoria española ha llevado, desde el paso al siglo xx, a que corrientes contrapuestas desarrollaran una similar explicación retrospectiva. Esta requería señalar el carácter ficticio del liberalismo que había iniciado la construcción del Estado-nación desde 1808. Otto Hintze consideró que la prolongada identificación de España con su pasado como gran potencia mundial católica había inutilizado su contribución posterior a la historia del Estado nacional6. La óptica lineal requería que la suma de fracasos, desde fines del siglo xix, procediera de aquel falso arranque. Por eso, las explicaciones dominantes destacan como inadecuadas las bases heredadas del final del antiguo régimen, con las que debió formarse el Estado liberal. En la larga fase anterior –inalteradamente «feudal», según Perry Anderson7–, los efectos del imperio habrían favorecido la ruralización y el declive industrial en la mayoritaria España interior. Esto configuraría en la metrópoli un mercado estrecho para la industria moderna –desarrollada solo en Cataluña, en la segunda mitad del Setecientos– y fundamentaría el predominio de agentes sociales ajenos a los intereses económicos más dinámicos. Las bases para el auge de una identidad nacional estarían lastradas por el retraso comparativo con respecto a Francia de la homogeneidad lingüística y por el triunfo de la intolerancia confesional con respecto al pensamiento racionalista y empírico. Una heterogénea monarquía imperial, apenas cohesionada por la religión y la dinastía y financieramente hundida, no habría legado el germen de un Estado nacional en la metrópoli.

  • 8 Un ejemplo de este plantemiento, Josep Fontana, La época del liberalismo, Barcelona, Madrid, Crític (...)

8En consecuencia, el colapso de la monarquía, desde 1808, habría supuesto un vacío, al tiempo que en la sociedad se producía una eclosión de protestas. Frente a esa suma de conflictos, el arranque del Estado liberal debía responder a la necesidad de contener la contestación. El entendimiento entre la aristocracia latifundista y la minoritaria burguesía industrial consagraría una sociedad retardataria, a costa de desposeer al campesinado, y habría apuntalado un Estado ineficaz y sin arraigo. Confluye parcialmente con esta interpretación otra que destaca como protagonistas, heredados del pasado, no a una aristocracia señorial reconvertida supuestamente en latifundista, sino a pequeños nobles o hidalgos de la periferia, que ya eran propietarios, a la vez que gozaban de privilegios. Estos terratenientes, beneficiados por las transformaciones del liberalismo, constituirían el núcleo del Estado y desde él dominarían a la sociedad mediante el caciquismo. Su dominio informal convertiría en ficticia a la política liberal, hasta que la modernización socioeconómica, a comienzos del siglo xx, permitiera otras bases sociales menos condicionadas por el estancamiento. Para entonces, sin embargo, la artificiosidad del Estado lo habría consagrado como un ineficaz agente nacionalizador. Esta débil nacionalización reflejaría la anterior acumulación de desfases8.

Transformación social y construcción del espacio político del Estado

9Desde la década de 1980, la investigación ha cuestionado estos supuestos, que se habían aceptado apresuradaente por enlazar, según una perspectiva lineal, con el Desastre o el franquismo.

10El más insostenible de esos supuestos fue el de la conversión por obra del liberalismo de los derechos señoriales en propiedad burguesa, que acompañaría a la desposesión del «campesinado». Más fundada es la tesis que subraya el protagonismo de los propietarios hidalgos. Desde hace mucho, se comprobó que en la España del antiguo régimen el peso de la propiedad particular, en manos de familias privilegiadas e instituciones eclesiásticas –a menudo carentes de poderes señoriales–, era decisivo. Pero esa misma razón muestra que el Estado liberal no fue un simple instrumento al servicio de su continuidad como grupos hegemónicos. Bajo el antiguo régimen, esos propietarios combinaban privilegio y mercado: protegían su patrimonio frente a la fiscalidad, las deudas y las divisiones por herencias, mediante vínculos y manos muertas, a la vez que para su explotación aprovechaban la desigualdad económica en los contratos agrarios y en la venta de productos; por último, la privatización de cargos municipales garantizaba su influencia. La intensa expansión durante siglos del binomio formado por mayorazgos y fundaciones eclesiásticas caracterizaba a una metrópoli productivamente anquilosada, pero socialmente evolucionada: era imposible de identificar con el feudalismo o con el esquema de señores y campesinos. El Estado liberal, al decidirse por eliminar pronto y por completo las manos muertas, las exenciones fiscales y los cargos privatizados en los municipios, para someterlos al procedimiento electoral, no garantizó el continuismo de estos sectores, sino que los sometió a una selección. Esta ruptura es más clara si la comparamos con lo sucedido en buena parte de Europa, donde grupos sociales de esas características prolongaron su jerarquía en el Estado.

  • 9 Pedro Ruiz, «Del antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación», en Antiguo régimen y lib (...)

11La renovación en España no se detuvo aquí. La intervención del Estado sobre los propietarios privilegiados abrió oportunidades muy significativas para el ascenso social y político, mediante la adquisición de tierras, de sectores procedentes de los negocios o de los labradores más o menos modestos. Se implantó así una expansión agrícola, frente al anterior predominio ganadero, y la proliferación de pequeñas propiedades modificó durante décadas la tendencia precedente del reparto de la tierra. La aristocracia perdió pronto iniciativa y, aunque en parte conservara una influencia informal, no pudo nutrir la clase política ni dirigir la formación del Estado. La simple hidalguía no aseguraba el protagonismo en este terreno. Al contrario, la política nacional se vio dominada por miembros de una burguesía humanística, de abogados y escritores, junto con militares de un ejército renovado y dividido ideológicamente. Las conexiones con figuras liberales y la relevancia en el espacio público sustituyeron como canales de acceso a los anteriores mecanismos del patronazgo. Sin esta discontinuidad no se entienden las prioridades del nuevo Estado9.

  • 10  Antonio Calvo, Cuando manden los que obedecen, Madrid, M. Pons, 2013 ; Francisco Sánchez Blanco, L (...)
  • 11 Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individuo, Universidad de Zaragoza, Zar (...)

12Necesita una revisión la hipótesis del predominio de la identidad confesional y dinástica. Naturalmente, no todo recurso a la nación significa considerarla una instancia definitoria del poder político soberano, sin compromisos con situaciones heredadas. Sin embargo, la trayectoria histórica presenta en este terreno gradaciones que no coinciden con clasificaciones estáticas. La especificidad que conviene investigar en España se resume en tres apartados. 1) En el viejo imperio existía una conciencia peculiar de la metrópoli, identificada con la Hispania romana y visigoda y con las Hispaniae de los reinos posteriores, con sus peculiares tradiciones políticas y culturales desde la conquista medieval, que componían la nación, como reconocía la Constitución de Cádiz. La construcción del imperio americano se interpretaba como prosecución de esta trayectoria metropolitana. 2) Los cambios parciales en la burocracia borbónica alentaron un patriotismo de expertos, militares y patricios con mérito que defendían los intereses metropolitanos de España –mayor aprovechamiento del imperio, fortaleza económica y militar–, con independencia de la lógica de la dinastía, muy atenta a su alianza con Francia o a los reinos de la familia en Italia10. 3) El contexto de estos patriotismos brindaba un significativo margen de evolución. Es cierto que no partían de la primacía de la nación frente al dirigismo real. Con frecuencia, renunciaban a sostener sus planteamientos cuando chocaban con la voluntad de la Corona. Por otra parte, sin embargo, la estructura institucional y la tradición del absolutismo español ofrecían un terreno para la evolución de esos planteamientos. Ni el providencialismo ni la autoridad real libre de leyes alcanzaron el predominio durante la mayor parte del Setecientos. En cambio, la translatio imperii y la capacidad del reino para recuperar su libertad contractual, en caso de incumplimiento grave o de vacío de la Corona, adquirían un peso clave, especialmente por coincidir con otros dos factores. Uno era el rechazo a las nociones patrimoniales de la monarquía. El otro factor consistía en el ejercicio del poder real, entendido como una última instancia remota, que debía actuar sobre un conglomerado heterogéneo, mediante negociaciones y tensiones con instancias relativamente autónomas, que se consideraban portavoces de entidades territoriales. Todo ello condicionaba la capacidad de la Monarquía para orientar los procesos políticos11.

  • 12  Ricardo Robledo, La universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil, Valladolid, Junta de C (...)

13En un escenario semejante se desarrollaron, sobre todo bajo Godoy, las quejas por la inseguridad derivada de la falta de constitución y la maraña jurisdiccional y las especulaciones historicistas sobre la reasunción de la autoridad política por parte del reino ante un riesgo excepcional. No se trata de plantear aquí otra visión lineal, para afirmar que ello predisponía al triunfo del liberalismo y de un Estado-nación ideal. Ese mismo contexto podía alimentar las posturas reticentes ante el liberalismo contractualista. Es el caso de una parte de la herencia foralista de ciertos ilustrados de Valencia y Cataluña o las provincias vascas, donde ciertos patricios podían confluir con el absolutismo, frente a la amenaza de la revolución. Pero el contractualismo tradicional también ofreció una base en ambientes intelectuales a los planteamientos roussonianos y utilitaristas, durante el dirigismo de Godoy12. Ese marco de patriotismo y contractualismo «tradicional» sostuvo el complejo levantamiento contra Napoleón. Sus divergencias internas no estallaron hasta tres años después, cuando las Cortes de Cádiz estaban plenamente en marcha. Fueron escasos los reaccionarios que se opusieron inicialmente al nuevo concepto de soberanía nacional y la maniobra para restablecer la autoridad dinástica, en la persona de Carlota Joaquina, regente portuguesa y hermana de Fernando VII, se deshizo con facilidad.

  • 13 Tomás Pérez Vejo, España imaginada, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015 ; José Álvarez Junco, Gregor (...)
  • 14 Dieter Langewiesche, «Imperio, nación, guerra popular. 1813 en la historia de Europa», Alcores (201 (...)

14El arranque del Estado-nación no fue la quiebra de un Imperio vinculado solo por la dinastía y la religión. La nueva dinámica descansaba en cuatro factores clave: 1) aunque en principio se prefiguraba una nación imperial, la prioritaria identificación con las Hispaniae metropolitanas era claramente legitimadora, no solo por tradición intelectual y motivos económicos, sino por su comprobada aceptación entre las capas populares, como sucedía en Cataluña13; 2) bajo la reivindicación del rey ausente, actuaban patriotismos distintos que, no obstante, sumaron fuerzas en 1808-1810, antes de emprender rumbos enfrentados, cuando la transformación liberal de las Cortes de Cádiz ya había avanzado, 3) la movilización bélica, acompañada de las tradiciones políticas anteriores, arraigó, en contraste con otros países, en una polémica duplicidad en la fuerza armada: en 1812 la plena autoridad sobre la milicia –a diferencia del ejército– quedaba constitucionalmente en manos de la representación de la nación, las Cortes, y no del poder ejecutivo del rey, lo que a largo plazo generó en una decisiva cultura política, y 4) el nuevo Estado se vinculó desde el principio con una intensa transformación social, que se apoyaba en canales de movilización popular. Los factores que sostenían el proceso, por tanto, tenían una gran entidad. A la vez, resultaban muy controvertidos en la Europa posterior a la Revolución francesa14.

  • 15 Cartas de la reina Witinia a su hermana. M. de Burgos, Madrid, 1822, I, p. 46; II, p. 110.
  • 16 Gabriel Tortella, «La historia económica de España en el siglo XIX: un ensayo comparativo con los c (...)

15La conciencia del panorama que debía superar el nuevo Estado se pone de relieve, por ejemplo, en un texto que, en medio de las tensiones del Trienio Constitucional (1820-1823), resumía el desaprovechamiento económico que arrastraba la vieja metrópoli. Perdidos los recursos de América, afirmaba, el país sufría el atraso de su actividad productiva como legado del absolutismo. La situación se compendiaba en que pudiendo «alimentar 40 millones de ricos habitantes», solo tenía «10 de pordioseros»15. La contundencia de la imagen debía tener, además, un considerable consenso social, como lo sugiere el hecho de que su autora fuera la reina Amalia, esposa de Fernando VII. En esta visión confluían reiterados planteamientos patrióticos, que solo habían avanzado entre incoherencias y bloqueos hasta la coyuntura fundacional de 1808. Entonces, coincidiendo con el ocaso del imperio y el vacío del poder, la fundación del Estado nacional en España supuso el fin de esos prolongados bloqueos desde el poder. Así surgió, mediante el protagonismo del cambio político, una reorientación estructural, que rompió con importantes efectos restrictivos de la inserción de la vieja metrópoli en el espacio atlántico y proporcionó a España una trayectoria especial dentro del modelo meridional europeo. Eso iniciaba la reacomodación al escenario de una nueva época, dominada por la industrialización británica y por el auge de las rivalidades nacionales sobre el declive de los anteriores imperios intercontinentales16.

  • 17 Andrés Hoyo, «La población española en la edad contemporánea. Algunos aspectos a comparar con la ex (...)

16El nacimiento del Estado nacional en España, a diferencia de otros casos en la Europa de la primera mitad del Ochocientos, se vinculó con esta reconversión que introdujo un giro demográfico y productivo con respecto a la dinámica de siglos anteriores. El cambio no se limitó a eliminar las estructuras feudales. Esas estructuras –como el diezmo, los impuestos privatizados o los monopolios señoriales– fueron eliminadas o entraron en una crisis irreversible desde la Guerra de Independencia. Con ello, buena parte del excedente dejó de ir al Estado, la aristocracia y la Iglesia, para permanecer en manos de los propietarios y los cultivadores. Mientras el Estado atravesaba una prolongada quiebra financiera y el país padecía guerras e inestabilidad política, la población española protagonizó seis décadas de aumento demográfico bastante por encima de Italia y Portugal. La producción y la renta por habitante tendrían a largo plazo un crecimiento similar o, incluso, superior al de Italia17.

  • 18 Germán Rueda, «El modelo mediterráneo de la desamortización en la formación de la propiedad liberal (...)

17La transformación social produjo un «salto adelante» al adoptar, desde sus inicios, un rumbo decidido contra el complejo restrictivo que formaban los mayorazgos y la amortización eclesiástica y municipal y a favor de la integración del mercado interior. Desde 1812-1820 arraigó este proyecto identificado con el liberalismo, que favorecía el trasvase de la riqueza crediticia, mercantil e industrial hacia la propiedad inmueble, a la vez que ofrecía oportunidades para una diversidad de sectores de la sociedad agraria. Quizás la mitad de la superficie cultivada fuera afectada por las desamortizaciones en los cien años siguientes, a lo que se sumarían los efectos del fin de los mayorazgos18. Con ello, la nación soberana deshacía las posiciones de influencia, largo tiempo forjadas por sectores que no eran identificables con el feudalismo, sino que se apoyaban en la desigualdad económica y las relaciones contractuales y que, además, nutrían en gran medida las bases del poder local bajo el absolutismo. Esta contundente plasmación del poder soberano de la nación –también por sus efectos sobre el personal político– resultaba muy controvertida en la Europa del momento. De ahí que estos propietarios privilegiados encabezasen la agitación carlista, allí donde lograron movilizar a ciertos sectores populares, para intentar mediante las armas una alternativa autoritaria.

  • 19 Dieter Langewiesche, La época del Estado-nación en Europa, Valencia, Universitat de València, 2012, (...)
  • 20 Enrique Llopis, «La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840)», en Francisco C (...)

18Esta trascendental transformación se impuso con un ritmo que no tuvieron los sinuosos reformismos sostenidos por las monarquías de Europa central y oriental. Mientras que las monarquías europeas se consolidaron, mediante cartas otorgadas, como clave de la formación de los Estados nacionales, en España ese modelo quedó enterrado en 1835-183619. El protagonismo de las jerarquías que surgían de la remodelada sociedad española era imposible de ignorar. La expansión de la agricultura tenía el protagonismo, pero se veía como complemento necesario de otras actividades y apoyo vital para la industria, más desarrollada en Cataluña. Los portavoces de esta presentaban sus intereses como base de un sistema económico vinculado a la fortaleza y la renovación del Estado nacional, emprendida en 1808. Este planteamiento se correspondía con el que dominaba en el interior cerealista20. Su aceptación debía mucho a su énfasis en la interconexión del espacio, al poner en paralelo las redes de transporte y la perspectiva favorable al aumento de la presencia del Estado. De hecho, la duradera división en provincias de 1833 fue inspirada por el elitista cuerpo estatal de ingenieros de caminos. Aunque el librecambio formaba parte entonces del dogma liberal común, es significativo que en el escenario español se impusiese el proteccionismo. Era un contraste significativo con respecto a Portugal o los territorios del Imperio otomano. A mediados del Ochocientos, el rechazo antiliberal a la contundente intervención del Estado en la propiedad carecía en España de eco suficiente, ante el consenso mayoritario que había posibilitado una nueva dimensión productiva.

  • 21 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire, Madrid, Casa de Velázquez, 2002 ; Francisco Comín, «Pub (...)
  • 22 Manel Risques, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995 ; J (...)

19Ese Estado reconstruyó la arruinada dotación financiera y de personal de la antigua monarquía imperial21. Tras un prolongado desorden fiscal, en la década de 1840 se estableció un nuevo sistema impositivo y se asentó una clara reorientación del gasto público, que priorizaba las obras y la administración públicas, frente al absorbente peso anterior del ejército y la Corte. La homogeneidad del espacio legal y político, patente en las constituciones de 1837 y 1845, se tradujo bajo las largas fases de gobiernos moderados en un novedoso dirigismo gubernamental, que debía prolongarse en provincias mediante los gobernadores civiles. En la práctica, los recursos de la administración eran insuficientes y el vacío estadístico marcó el proceso. A largo plazo, el agotamiento del crecimiento de base agraria, en un país sin las condiciones favorables que se le atribuían, y el peso de la deuda crearon restricciones permanentes a la capacidad de actuación del Estado, sobre todo en la segunda mitad del siglo. Desde el comienzo del nuevo orden, los gobiernos requerían la colaboración de notables in situ. Esto se hizo habitual en las elecciones. Pero a veces autoridades y funcionarios del Estado actuaban como portavoces de intereses locales22. Funciones fundamentales, como la fiscalidad o las levas, descansaron en los municipios. En cambio, en zonas de frecuente agitación radical o carlista, el peso de la autoridad central era mayor o, incluso, el control se basaba en la prolongada suspensión de garantías y el poder del ejército, como sucedió en Andalucía y Cataluña.

  • 23 Josep M. Fradera, Gobernar colonias, Barcelona, Península, 1999 ; Coro Rubio, «Sobre la articulació (...)

20Muy pronto, la construcción del Estado como espacio legal y político homogéneo hubo de admitir excepciones. En su inicio ello se basó en la renovada condición de España como metrópoli imperial. El auge de la economía esclavista en Cuba justificó el consenso liberal, según el cual las colonias no podían ser gobernadas por vías constitucionales. Admitido este principio en 1837, se aplicó en 1839 para clausurar la Guerra Carlista. El acuerdo alcanzado establecía una futura adaptación a la Constitución de los fueros de las provincias vascas y Navarra. En la práctica, este proceso se postergó en las provincias vascas. El nuevo sistema fiscal, la normativa electoral o el reclutamiento de funcionarios evolucionaron bajo canales peculiares hasta el último cuarto del Ochocientos. Este sistema resultaba útil para mantener la proclamada armonía social, a la vez que era receptivo para los intereses económicos más dinámicos. De este modo, la renovación e integración de oligarquías tuvieron lugar en estos territorios bajo la hegemonía de unas élites propias, especialmente reforzadas a escala provincial para negociar con el Estado y fomentar la identidad vasca, que se consideraba a la vez parte de la nacional. El nacionalismo vasco no fue una fuerza importante hasta la década de 192023.

  • 24 Josep M. Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida, Barcelona, Curial, 2003 ; Stephen Jaco (...)

21Las peculiaridades surgidas en la relación con Cataluña tuvieron orígenes en múltiples procesos conflictivos que exigían la intervención del Estado y que, a la vez, dividían a una sociedad marcada por trayectorias muy diferenciadas. El auge del liberalismo suscitó una prolongada resistencia antiliberal, encabezada por propietarios privilegiados en parte del territorio. La formación del Estado coincidió también en la Cataluña industrial con la exigencia de ciertas vías de relaciones laborales por parte de unas sociedades obreras que se apoyaban en la movilización de la milicia y la alianza con algunos sectores del liberalismo burgués. Por último, el empresariado industrial mostró una temprana capacidad de hegemonía en la política regional y de influencia en instancias superiores del Estado. Esto potenció su reivindicación del proteccionismo y el bloqueo de proyectos de apertura al intercambio comercial con Inglaterra. Aunque sus portavoces presentaban esta política bajo la voluntad de la industrialización general de España, en la práctica la conquista del mercado por la fabricación catalana y la dificultad para acceder al carbón inglés pudieron contribuir a procesos desindustrializadores a largo plazo en Andalucía o Galicia, que partían de estadios más incipientes. La «singularidad industrial» marcó la política catalana. Su empresariado apoyó la represión gubernamental contra el asociacionismo obrero y sus aliados burgueses a escala local. También se desinteresó de los ensayos de reformismo social que promovía la autoridad central en periodos progresistas. Ante este conjunto de conflictos internos, que abocaban a un orden frecuentemente militarizado, surgieron visiones culturales que ponían el acento en la supuesta armonía social del pasado catalán y fomentaban el uso literario de la lengua catalana. En esta órbita y sin cuestionar la nación española, intelectuales y políticos reclamaron la permanencia de determinadas instituciones jurídicas propias –la herencia troncal o los contratos agrarios a largo plazo–, que se desviaban de los criterios convencionalmente individualistas del liberalismo. Estas posturas –aunque entonces estuvieron al margen de la politización nacionalista– hicieron inviable la aprobación de un código civil para toda España, lo que solo fue posible en 1889, a base de reconocer el derecho peculiar de diversas regiones. La proclamada aspiración a la homogeneidad jurídica quedaba así parcialmente corregida. Cataluña era un escenario heterogéneo, al que se incorporaba, además, el radicalismo popular, que disentía del orden militarizado e invocaba la aportación catalana a la lucha española por la libertad, a la vez que participaba del sentimiento español de superioridad en las colonias o con motivo de las aventuras militares en el exterior24. El escenario catalán era peculiar por múltiples motivos, pero no preestablecía en esta fase el surgimiento del catalanismo político, que tuvo lugar en el paso al siglo xx.

Monarquía constitucional y soberanismo: los límites de legitimidad en la época fundacional del Estado-nación

22En la primera mitad del Ochocientos, dominada por el consenso sobre la bondad de la iniciativa social y cuando la burocracia estatal aún no se había expandido, el Estado en España –heredero del colapso imperial– se caracterizó por introducir mediante profundas reformas un giro muy significativo en el modelo económico y social. A mediados de siglo, esa transformación no tenía grandes amenazas y parecía irreversible. La problemática trayectoria del Estado a largo plazo no puede atribuirse al supuesto inmovilismo de la sociedad. Su explicación requiere tener en cuenta los factores políticos que acompañaron a ese profundo cambio. Al menos dos son relevantes.

  • 25 Mª Cruz Romeo, «El legado de 1812 y el ordenamiento municipal del territorio nacional: liberales y (...)

23Con respecto a la mayor parte de la Europa consolidada tras las revoluciones de 1848, las culturas políticas del liberalismo español estaban marcadas por el origen revolucionario, basado en el popular principio de la soberanía nacional. El modelo común de «monarquía constitucional» carecía aquí de uno de sus elementos, la carta otorgada, ya que la Corona –llamada a confluir con la representación del cuerpo electoral– siempre hubo de aceptar procesos constituyentes. Sobre todo, en círculos avanzados la nación soberana tendía a identificarse con los sectores dispuestos a movilizarse en espacios concretos para defender la libertad que consideraban amenazada. En paralelo, en España tuvo una importancia definitoria del espacio político la autonomía municipal, especialmente, el rechazo progresista a la designación del alcalde por parte del gobierno. Todo ello, junto con el reiterado desprestigio de las figuras reales, configuró un contexto duradero, en que el soberanismo y la capacidad constituyente de la nación tenían plasmaciones locales e inmediatas. En realidad, el énfasis en la soberanía nacional derivó más hacia su escenificación mediante cadenas de movilizaciones milicianas y pronunciamientos que hacia el fomento de la participación electoral. Esta fórmula casi republicana fue compatible con ciertas prácticas de la política de élites. Si bien los distintos liberalismos burgueses se distanciaron pronto, en mayor o menor medida, de las iniciales fórmulas radicales sobre la soberanía nacional, también es cierto que buena parte de esos sectores elitistas volvieron a activar periódicamente la cultura del soberanismo constituyente. Que esto sucediera en 1868, cuando hacía dos décadas que los Estados europeos se consolidaban al margen de esos principios, muestra la fuerza de este factor en el caso de España. La experiencia iniciada entonces, el Sexenio democrático (1868-1874), significaría también el fin de una primera fase del Estado nacional en España25.

  • 26 Pedro Díaz, La monarquía tutelada, Alicante, Universitat d’Alacant, 2015 ; Josep M. Fradera, «Juan (...)

24En esa trayectoria hay que tener también en cuenta el papel desempeñado por la Corona. Esta formaba parte de una Monarquía constitucional y cabía esperar que desempeñara sus funciones según lo previsto en procesos constituyentes –protagonizados por fuerzas políticas que surgían de la sociedad– y contando con instituciones que habían sido profundamente alteradas por la quiebra del imperio, las guerras y la revolución. Sin duda, el cambio que representaba el liberalismo político fue polémico y halló resistencias significativas en parte de la sociedad. Pero la resistencia antiliberal fracasó reiteradamente en su proyectado asalto al Estado. Las divisiones entre partidos no impidieron tampoco que se esbozaran fórmulas compartidas que hubieran permitido la alternancia, como sucedió en 1843-1844 y en las décadas de 1850 y 1860. Sin embargo, la vitalidad del soberanismo en España en la época del liberalismo de élites –cuando la Monarquía se consideraba forma obligada del Estado europeo– avivó el recelo contra toda pretendida autoridad aclamatoria y estimuló la exigencia de la parlamentarización, precozmente intensa a escala europea. Así naufragaron los ensayos de un posible bonapartismo, como sucedió con Espartero o Prim26. Las figuras reales –la regente Mª Cristina de Borbón y su hija, la reina Isabel II– no desarrollaron la confluencia con la representación del electorado, como se logró, en fases decisivas, en Bélgica, Piamonte o Prusia. La Corona ejerció, directamente o instrumentalizada por un grupo, el proyecto de revertir los orígenes constituyentes y revolucionarios de la peculiar Monarquía constitucional española. Todo indica que, en ese empeño, desbarató las bases de la consolidación del gobierno parlamentario y del sistema de partidos.

  • 27 Isabel Burdiel, Isabel II, Madrid, Taurus, 2010.

25Por contra, no logró revertir en favor del autoritarismo la ruptura liberal que había triunfado en la década de 1830. Esto sucedió tanto por la debilidad de los recursos políticos de que disponía la Corona –condicionada por el intenso deterioro de su imagen pública–, como por el peso que mostraban las fuerzas sociales –incluyendo el ejército– remodeladas por el liberalismo e identificadas con él. Desde mediados de siglo, este dilema alcanzó un punto extremo27. Sin duda, Isabel II empleaba por su cuenta la doble confianza para designar gobiernos y acababa hallando políticos que colaborasen en sus propósitos, incluyendo a veces duras medidas represivas. No obstante, lo característico fue que esa colaboración liberal implicaba también decisivas renuncias en el proyecto autoritario, consolidando así la remodelación de la sociedad española y hundiendo a la Corona en insolubles incoherencias. Esos fueron los efectos del abandono definitivo del restablecimiento de los mayorazgos para los Grandes, la continuidad de la desamortización, la falta de sanción penal de la heterodoxia religiosa, la ampliación del sufragio o el reconocimiento de Italia, que había anexionado los Estados pontificios. La monarquía de Isabel II quedó inutilizada para una reorientación autoritaria del Estado desde su interior. Estos intentos estimularon la nueva y extemporánea recuperación del soberanismo por parte del liberalismo elitista, frente al cual la monarquía isabelina carecía de apoyos. El proyecto autoritario pasó, pues, a la iniciativa insurreccional de un carlismo revitalizado, pero que suscitaba rechazos insuperables.

Epílogo: la consolidación antidemocrática del liberalismo y la visión retrospectiva de la historia

  • 28 José A. Rojo, Vicente Rojo, Barcelona, Tusquets, 2ª ed., p. 254-255.

26En enero de 1939, cuando las fuerzas rebeldes de Franco se adentraron en su avance final en Cataluña, el general Vicente Rojo –un competente militar, demócrata y católico– animó a una resistencia ya muy difícil, con una idea a contracorriente de las desilusionadas reflexiones de Azaña: el jefe del mando republicano apeló por radio al heroísmo y los logros de la España liberal28. Fue uno de los cada vez más escasos empleos de esa imagen fundacional del Estado-nación, que tanto impacto había tenido en el pasado.

27Se habían dado procesos importantes en la época fundacional del Estado que, sin embargo, en el escenario de 1939, marcado por las trágicas tensiones de la sociedad de masas, quedaban ya desdibujados. En su inicio, la formación liberal del Estado en España había mostrado tener originalidades destacadas en el contexto europeo. A partir del alzamiento contra la ocupación francesa –tan admirado como obviamente incómodo para la opinión «respetable» en Europa–, el liberalismo mayoritario movilizó esfuerzos para transformar las restrictivas estructuras de la antigua metrópoli imperial, a fin de configurarla como un Estado-nación. Sumó para ello el soberanismo popular con una intensa intervención estatal en la configuración de la propiedad, más allá del antifeudalismo estricto; la supresión de las viejas corporaciones y privilegios con el impulso a la integración del mercado mediante un proteccionismo decisivo y poco ortodoxo dentro del liberalismo; la fuerza movilizadora de los espacios políticos municipales y la penetración social de una identificación con España, que se acompañaba de referentes peculiares en algunos casos. En un marco europeo caracterizado por la política de élites y las monarquías como fórmula de las sociedades burguesas, todas estas rupturas y amalgamas transformaron en muy buena medida el país, pero generaron a largo plazo problemas para su consolidación en el posterior escenario político. Las consecuencias prácticas de aquellas grandes transformaciones no lograron transmitir un Estado-nación bien situado para encarar los problemas característicos de los inicios de la sociedad de masas y la escalada de rivalidades internacionales, en las décadas finales del Ochocientos.

28La adaptación de la Monarquía constitucional a la sociedad liberal se consiguió solo después de la experiencia del Sexenio, desacompasada en la Europa de la época. Entonces, en el último tercio del siglo, la política española consolidó un acuerdo liberal, basado en el compromiso de las élites en favor de la desmovilización y la suplantación del electorado. Fue en ese escenario –progresivamente desfasado ante el ascenso de la sociedad de masas y el auge de las rivalidades internacionales– cuando regeneracionismos muy dispares urgieron a considerar el periodo inicial del Estado como una vía directa a ese supuestamente necesario escenario final. La historiografía, en cambio, no está obligada hoy a aceptar esa construcción condicionada.

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Notes

1 Manuel Azaña, La velada en Benicarló, Madrid, Castalia, 2005, p. 191, 201 ss. Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Madrid, Alianza, 1990, p. 17-21.

2 La nacionalitat catalana, ed. de J. Tusell, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p. 118-120 ; Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 115-124.

3 Cit. Juan J. Linz, «Construcción temprana del Estado y nacionalismos periféricos tardíos frente al Estado: el caso de España», Obras escogidas, Madrid, CEPC, 2008, vol. II, p. 4.

4 Juan J. Linz, op. cit., p. 3-73.

5 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, Múnich, Beck, 2009, p. 565-859; Jörn Leonhard, Ulrike von Hirschhausen, Empires und Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2011.

6  Historia de las formas políticas, Madrid, Revista de Occidente, 1968, p. 300.

7  El Estado absolutista, Madrid, S. XXI, 1979, p. 56, 80.

8 Un ejemplo de este plantemiento, Josep Fontana, La época del liberalismo, Barcelona, Madrid, Crítica, M. Pons, 2007; Richard Herr, «Spain», en D. Spring, ed., European landed elites in the nineteenth century, Baltimore, J. Hopkins University, 1977, p. 98-126; José Álvarez Junco, Mater dolorosa, Madrid, Taurus, 2001; Jesús Cruz, Los notables de Madrid, Madrid, Alianza, 2000.

9 Pedro Ruiz, «Del antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación», en Antiguo régimen y liberalismo, Madrid, Alianza, 1994, vol. I, p. 13-33 ; Jean-Philippe Luis, «La fin de l’Ancien Régime en Espagne (des années 1780 aux années 1840): une crise des élites?», en L. Coste et alii, eds., Le concept d’élites en Europe de l’Antiquité à nos jours, Bordeaux, MSHA, 2014, p. 187-198. Jesús Millán, «'¿No hay más que pueblo?´ Elites políticas y cambios sociales en la España liberal», en R. Zurita y R. Camurri, eds., Las elites en Italia y España (1850-1922), Valencia, Universitat de València, 2008, p. 207-225 y «La formación de la España contemporánea: el agotamiento explicativo del fracaso liberal», Ayer, 98 (2015), p. 243-256 ; Manuel Santirso, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2008, p. 64-90, 170-205

10  Antonio Calvo, Cuando manden los que obedecen, Madrid, M. Pons, 2013 ; Francisco Sánchez Blanco, La Ilustración goyesca, Madrid, CSIC, 2007.

11 Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individuo, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2011 ; Jesús Millán, «Del poble del regne al poble de la nació: la guerra del Francès I l'espai social de la política» en N. Sauch, ed., La Guerra del Francès als territoris de parla catalana, Catarroja, Afers, 2011, p. 329-346 ; Regina Grafe, Distant tiranny, Princeton, Princeton University, 2012.

12  Ricardo Robledo, La universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2014, p. 102.

13 Tomás Pérez Vejo, España imaginada, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015 ; José Álvarez Junco, Gregorio de la Fuente, El relato nacional, Madrid, Taurus, 2017 ; Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat, Barcelona, Ed., 62, p. 225-260.

14 Dieter Langewiesche, «Imperio, nación, guerra popular. 1813 en la historia de Europa», Alcores (2018), en prensa.

15 Cartas de la reina Witinia a su hermana. M. de Burgos, Madrid, 1822, I, p. 46; II, p. 110.

16 Gabriel Tortella, «La historia económica de España en el siglo XIX: un ensayo comparativo con los casos de Italia y Portugal», en L. Prados y V. Zamagni, eds., El desarrollo económico en la Europa del sur, Madrid, Alianza, 1992, p. 56-80 ; Richard J. Evans, La lucha por el poder. Europa 1815-1814, Barcelona, Crítica, 2017, p. 47-52.

17 Andrés Hoyo, «La población española en la edad contemporánea. Algunos aspectos a comparar con la experiencia italiana y portuguesa», en S. Casmirri y M. Suárez, eds., La Europa del sur en la época liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 1998, p. 32-33 ; Jörg Fisch, Europa zwischen Wachstum und Gleichheit 1850-1914, Stuttgart, Ulmer, 2002, p. 237-240.

18 Germán Rueda, «El modelo mediterráneo de la desamortización en la formación de la propiedad liberal», en L. Prados y V. Zamagni, eds., op. cit., p. 55.

19 Dieter Langewiesche, La época del Estado-nación en Europa, Valencia, Universitat de València, 2012, pp.119-132 ; Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999; Jesús Millán y Mª Cruz Romeo, «Modelos de monarquía en el proceso de afirmación nacional de España, 1808-1923», Diacronie, 16-4 (2013) http://www.studistorici.com

20 Enrique Llopis, «La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840)», en Francisco Comín et alii (eds.), Historia económica de España, Barcelona, Crítica, 2002, p. 165-202 ; Joan-Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol, p. 184-185 ; Javier Moreno, «Contenido, lógica económica y consecuencias de la protección arancelaria del mercado triguero español, 1814-1913» en Francisco Comín et alii, eds., Instituciones políticas, comportamientos sociales y atraso económico en España (1580-2000), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017, p. 347-361. En general, J. del Moral et alii, eds., Estado y territorio en España, 1820-1930, Madrid, Catarata, 2007; S. Calatayud et alii, eds., Estado y periferias en la España del siglo XIX, Valencia, Universitat de València, 2009 y El Estado desde la sociedad, Alicante, Universitat d’Alacant, 2016.

21 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire, Madrid, Casa de Velázquez, 2002 ; Francisco Comín, «Public finance and the rise of the liberal State in Spain, 1808-1914» en J.. Cardoso y P. Lains, eds., Paying for the liberal State, Cambridge University, Cambridge, 2010, p. 214-250.

22 Manel Risques, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995 ; Jorge Luengo, Una sociedad conyugal, Valencia, Universitat de València, 2014 ; Pedro Díaz, «La implantació del moderantisme a la provincia d’Alacant», Afers, 83 (2016), p. 173-196.

23 Josep M. Fradera, Gobernar colonias, Barcelona, Península, 1999 ; Coro Rubio, «Sobre la articulación del Estado liberal: la excepción foral vasca y el surgimiento de tensiones en torno a ella» en J. Beramendi y X. Veiga, eds., Poder y territorio en la España del siglo XIX, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2014, p. 173-195 y Enriqueta Sesmero, «Gobierno y gobernantes en Vizcaya (1840-1868): un ensayo de interpretación social», en S. Calatayud et alii, eds., Estado y periferias en la España del siglo XIX, Valencia, Universitat de València, 2009, p. 357-398.

24 Josep M. Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida, Barcelona, Curial, 2003 ; Stephen Jacobson, Catalonia’s advocates, Chapel Hill, University of N. Carolina, 2009; Albert Garcia Balañà, «Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal» en Salvador Calatayud et alii, eds., op. cit., p. 263-314.

25 Mª Cruz Romeo, «El legado de 1812 y el ordenamiento municipal del territorio nacional: liberales y demócratas» en J. Beramendi y X. Veiga, eds., Poder y territorio en la España del siglo XIX. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2014, p. 145-172 ; Florencia Peyrou, «¿Voto o barricada? Ciudadanía y revolución en el movimiento demo-republicano del periodo de Isabel II», Ayer, 70 (2008), p. 171-198.

26 Pedro Díaz, La monarquía tutelada, Alicante, Universitat d’Alacant, 2015 ; Josep M. Fradera, «Juan Prim y Prats (1814-1870): Prim conspirador o la pedagogía del sable» en I. Burdiel y M. Pérez Ledesma, eds., Liberales, agitadores y conspiradores, Madrid, Espasa, 2000, p. 239-266.

27 Isabel Burdiel, Isabel II, Madrid, Taurus, 2010.

28 José A. Rojo, Vicente Rojo, Barcelona, Tusquets, 2ª ed., p. 254-255.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jesús Millán, « La primera fase del Estado-nación en España, 1808-1880: cambios sociales y espacios políticos », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 20 | 2018, mis en ligne le 10 juillet 2018, consulté le 22 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/ccec/7259 ; DOI : 10.4000/ccec.7259

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Auteur

Jesús Millán

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© CCEC ; auteurs

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