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Études

Historia y memoria del trabajo forzado del sistema concentracionario franquista

History and memory of the forced labor of the Francoist concentrationary system
Histoire et mémoire du travail forcé du système concentrationnaire franquiste
Juan Carlos García-Funes et Fernando Mendiola Gonzalo

Résumés

La captivité et le travail forcé dans l’Espagne de Franco ont joué un rôle fondamental dans la construction du Nouvel État après le coup d’État militaire de juillet 1936. Son importance contraste avec une certaine ignorance de ses racines, de sa logique et de son évolution lorsqu’il s'agit d’esquisser un tableau complet de la dictature de Franco. Malgré les efforts récents de la recherche académique et des associations mémorielles, ce manque de connaissance atteint les familles des victimes et une grande partie de la société espagnole. Cet article traite de l’histoire et de la mémoire du travail forcé organisé au sein du système concentrationnaire, le plus grand système de travail en captivité de l’Espagne contemporaine. L’importance de ce système dans l’historiographie espagnole contemporaine est également soulignée, en abordant les principales approches de la recherche, des revendications sociales et des politiques de la mémoire liées au travail forcé.

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Texte intégral

  • 1 Juan Carlos García Funes, «Batallones de trabajo forzado del sistema concentracionario franquista: (...)

1Por sus lógicas, dinámicas y magnitud, la cautividad y el trabajo forzado en España tuvieron una importancia tan amplia como subestimada a la hora de esbozar una imagen completa de la dictadura franquista. Si bien su importancia no es ajena para personas interesadas en la guerra civil española, la violencia política en España o para quienes vivieron la experiencia y sus familias, el desconocimiento en el conjunto de la sociedad es considerable. En el caso que nos ocupa, el sistema concentracionario y el trabajo forzado organizado en su seno, se asocian a otros regímenes dictatoriales europeos, particularmente al nazismo, a lo que han contribuido miles de publicaciones y una abundante filmografía. Sin embargo, el desconocimiento general de la cautividad concentracionaria en España y la utilización de mano de obra desde este sistema contrasta, comparándolo con su impacto: al menos 500.000 personas pasaron por campos de concentración y, pese a que no podemos aún conocer el total de estos cautivos dedicados al trabajo, sí sabemos que en abril de 1939 se acercaban a 100.000 prisioneros trabajadores, avanzando la posguerra con cifras mensuales que oscilaron entre los 30.000 y 50.000 cautivos1. Su utilización como mano de obra forzada pasa más inadvertida aún, pese a los esfuerzos de la historiografía, de los pocos testimonios que se conservan o del trabajo divulgativo de los colectivos del movimiento social de recuperación de la memoria.

  • 2 Fernando Mendiola, «Reeducation through work? Mountain roads in the Spanish concentration universe (...)
  • 3 Fernando Mendiola, «La consideración de ser explotado: más de cien años de trabajo forzado y cautiv (...)
  • 4 Juan Carlos García-Funes, Espacios de castigo y trabajo forzado del sistema concentracionario franq (...)

2En el presente artículo se aborda el trabajo forzado organizado en el seno del sistema concentracionario, el mayor sistema de trabajo en cautividad de la España contemporánea, reforzando el fenómeno concentracionario en el relato historiográfico de la guerra civil y la dictadura. Las investigaciones más profusas en torno a este sistema han venido de la mano de la historia económica y la historia del trabajo2, insertándose en los debates internacionales, para una comprensión poliédrica de la cuestión, transversales de los trabajos forzados en la España de la guerra y la dictadura, incorporando no sólo la dimensión punitiva del castigo político al enemigo, sino las dimensiones logísticas y económicas que subyacen en dichos trabajos3. A estas contribuciones se ha sumado la primera tesis doctoral sobre los batallones de trabajo forzado para el conjunto del Estado español que ha dado respuesta a retos que estaban pendientes, sobre el funcionamiento del sistema, el volumen de mano de obra cautiva que movilizó, las lógicas económicas y geográficas que subyacían a su actividad, entre otros4.

El trabajo forzado organizado desde el sistema concentracionario franquista

  • 5 Gerald H. Davis, «Prisoners of war in the Twentieth-Century War economies», in Journal of Contempor (...)

3El ejército fue el principal protagonista del trabajo forzado organizado con la mano de obra cautiva del sistema concentracionario. Todo conflicto bélico conlleva tal movilización de personas que genera escasez relativa de mano de obra tanto para la actividad laboral cotidiana como para la dirigida a ganar la contienda, por lo que aprovechar una más barata y disciplinada cubre necesidades urgentes. La experiencia de los países beligerantes de las dos guerras mundiales así lo demuestra5.

  • 6 España era firmante del Convenio de Ginebra, en vigor desde 1932, que prohibía emplear a los prisio (...)
  • 7 Decreto del Nuevo Estado concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos y f (...)
  • 8 Pedro Oliver, «Historia y reinvención del utilitarismo punitivo», in José Miguel Gastón y Fernando (...)

4El contexto de militarización de la producción de la España de 1936 permitió la proliferación del trabajo forzado, utilizándose laboralmente prisioneros de guerra desde los inicios de la guerra6. Sin embargo, a partir de 1937 los militares elaboraron un sistema para su aprovechamiento, estableciendo en mayo un «suelo legal» con la concesión del «derecho al trabajo» de los prisioneros y presos políticos7 y la creación en julio de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (iccp), el principal organismo director. Como han señalado algunos autores, los militares no inventaron nada nuevo. En la utilización de los prisioneros por los militares subyacían cuatro ideas: el mero botín de guerra; el utilitarismo punitivo, que evocaba un pasado más lejano que el republicano reproduciendo la «larga estela de improvisación organizativa y regimental, arbitrariedad jurisdiccional, eficacia represiva e incompetencia productiva»8; el retribucionismo, por el cual los sometidos debían pagar con su trabajo la destrucción que supuestamente habrían ocasionado durante la guerra; y, por último, la larga tradición disciplinaria del ejército.

5Los prisioneros de guerra permanecían en los campos de concentración mientras se investigaba su pasado. Eran interrogados mientras las autoridades de los campos solicitaban informes a las autoridades de las localidades de origen de los prisioneros (alcaldes, Guardia Civil, Falange Española…). Con la información obtenida, se clasificaba a los prisioneros según su actividad social y política durante la II República y la guerra, determinando su grado de afección a la sublevación militar (al gmn). Se establecieron tres diferencias principales: quienes habían desempeñado cargos de responsabilidad en el Ejército Popular de la República; quienes habían sido reclutados por el Ejército republicano pero habían demostrado, años atrás, ser políticamente conservadores; quienes fueron considerados « desafectos » o « afectos dudosos » a la sublevación, por haber militado, por votar o simpatizar con organizaciones republicanas o de izquierdas. Con estas clasificaciones se derivaba a los cautivos hacia tres vías principales: los primeros, enviados a prisión hasta que un tribunal militar decretara su condena; los segundos, incorporados a las filas sublevadas para seguir combatiendo; los terceros, encuadrados en Batallones de Trabajadores (bb. tt.), una unidad militar estándar de entre 600 y 700 integrantes (en la normativa, llegando en algunos momentos a sobrepasar los 1.000 en meses determinados).

6Los procesos de investigación alargaban la estancia de los prisioneros en los campos, una experiencia de privación de libertad entre rituales militares y religiosos humillantes, condiciones de vida infrahumanas, vejaciones físicas y psicológicas, castigos arbitrarios y torturas. La destrucción o la resistencia, la muerte o el asesinato, desconociendo si se trataba de una situación coyuntural o extensible. Una suma de elementos que explican los intentos de fuga (castigados con la ejecución) y los suicidios. Estas condiciones se replicaban fuera de los campos en los batallones de trabajo que recorrían la España en dominio sublevado, en adición de largas y extenuantes jornadas de trabajo, condiciones climáticas extremas, posibilidades de morir – por accidente, complicación de heridas, enfermedad –, una alimentación escasa que los prisioneros trataban de complementar furtivamente, etc.

7Los bb. tt. realizaron diversas labores en los frentes de batalla (apertura de trincheras, tratamiento de explosivos, fortificaciones) o en retaguardia (construcción, reparación de carreteras, caminos y puentes, labores forestales, centros de reparación naval, empleos en fábricas y minas militarizadas). Además de las clasificaciones ideológicas, en los campos se hicieron clasificaciones laborales, para discernir entre las grandes masas de trabajadores quiénes tenían oficios cualificados o quiénes servían para peonaje. Así, se dirigía más eficazmente su capacidad hacia la producción, dando solución adecuada al que denominaban « problema de los prisioneros », obteniendo el mayor provecho «moral» y «material».

  • 9 La ICCP se disolvió en el otoño de 1939 y sus competencias fueron asumidas por la Jefatura de Campo (...)
  • 10 Desde finales de 1940 también se envió a estos batallones a sancionados por la Fiscalía Superior de (...)

8Si los campos de concentración tuvieron su razón de ser en la captura de prisioneros y también en la utilización de parte de éstos para necesidades laborales y económicas de guerra en los BB. TT., cabría preguntarse por qué esta estructura militar continuó varios años después del conflicto bélico. El fin de la guerra conllevó transformaciones en todo el ejército insurgente, incluida la estructura encargada de los campos de concentración y de los batallones de trabajo forzado9. En esta nueva fase fueron clave los cambios en las normativas de reclutamiento, que llevaron a miles jóvenes a realizar el Servicio Militar de una forma especial: sin jurar bandera, sin empuñar un arma, derivados a los ahora llamados «batallones disciplinarios de soldados de trabajadores»10. El recelo ante que algún joven en edad militar pudiera librarse de cumplir el servicio de armas con el Nuevo Estado era patente. De hecho, el Ejército franquista no contabilizó el servicio militar realizado con el Ejército de la República. Iniciado 1940, en las localidades de origen de los reclutas (ya no en los campos de concentración) se realizaron las clasificaciones en las Cajas de Recluta (organismo militar que ya existía desde el siglo xix para inscribir, clasificar y destinar a cuerpos militares a los jóvenes reclutas), con información aportada por las mismas autoridades locales. En concreto, se ordenaba a las Cajas de Recluta que, además de realizar las clasificaciones sobre utilidad o inutilidad física y mental, clasificara políticamente a los jóvenes discerniendo entre reclutas « afectos », «indiferentes» o «desafectos» a la sublevación militar. De nuevo, la consideración de «desafectos» llevó a miles de personas a integrar batallones de trabajo, extendiendo en posguerra la explotación de los «enemigos» de la «Nueva España», alargando la vida del sistema concentracionario hasta la mengua drástica de sus estructuras a finales de 1942, aunque siguieron existiendo dos agrupaciones de batallones disciplinarios en funcionamiento hasta 1948, dependientes del Ministerio del Ejército y sin organismo concentracionario específico.

9Durante la guerra, los bb. tt. salían movilizados de los campos bajo las órdenes de diferentes entidades del propio Ejército, de Fábricas militares, Industrias Militarizadas, instituciones, empresas y particulares. Se solicitaban los prisioneros a la iccp, ésta comunicaba la conveniencia al Cuartel General del Generalísimo (Franco tenía la última palabra) que, si daba su aprobación, los concedía. Al tratarse de emplear racionalmente a los prisioneros, debía demostrarse el interés estatal o general de la concesión, un interés que estaba normativizado y estudiado por una Comisión Técnica Asesora (compuesta por ingenieros, arquitectos…). Además, los cautivos se concedían si quienes los requerían aseguraban que los prisioneros estarían convenientemente vigilados. Por ello, los pagos calculados que las empresas debían hacer al Ejército (y con ello, al Estado) por poder emplear su fuerza de trabajo, estaban condicionados por los gastos de mantenimiento, vigilancia, adaptabilidad de espacios, etc. Es decir, la petición y utilización de prisioneros no fue una suerte de surtidor ilimitado de mano de obra gratuita.

10El Estado fue el gran beneficiado de este sistema de trabajo forzado, porque el propio Ejército fue uno de los grandes empleadores, seguido de las autoridades civiles, empresas y particulares. La fuerza de trabajo de los prisioneros no se podía distraer de los retos bélicos para la victoria frente al Ejército republicano, realizando diversos tipos de trabajos, que diferenciamos entre aquellos orientados a las necesidades logísticas estrictamente bélicas (fortificación, apertura de trincheras, recuperación de material, intendencia), y aquellos que, pese a ser perentorios para la victoria militar, permanecieron desde 1939 para un uso civil (carreteras, puentes, pistas de montaña, reconstrucciones).

Historia y memoria del trabajo forzado

  • 11 Una visión global y comparada sobre las políticas de memoria públicas en torno al trabajo forzado d (...)

11En los últimos años, la memoria se ha convertido en un prolífico objeto de investigación historiográfico, conectando con debates internacionales. Las complejas relaciones entre historia y memoria han tenido diferentes impulsos no sólo historiográficos, sino también sociales y políticos, a través de los denominados movimientos de «recuperación de memoria» y las instituciones del Estado español, asumidas, impulsadas o rechazadas por diversas formaciones políticas en ejercicios de gobierno estatal, comunitario o local. En estas investigaciones, debates o reivindicaciones sociales y políticas, el trabajo forzado no ha tenido un trato preferencial en comparación con otras formas de violencia franquista11. Conscientes de la compleja y dinámica relación entre historia y memoria, en la que no nos detendremos, en la innovación historiográfica respecto al trabajo forzado en España ha tenido un papel relevante el impulso social asociativo.

  • 12 Norman Dorland, «In Franco’s prision camp. An American reports his experieces», in New Masses, nº 2 (...)
  • 13 Joan Llarch, Batallón de Trabajadores, Barcelona, Vergi, 1975, reeditado como Campos de concentraci (...)

12El auge de la investigación sobre la represión franquista desde los años 80 del pasado siglo no incluyó el interés por los trabajos forzados en España. Las primeras referencias a los trabajos impulsados desde los campos de concentración fueron de carácter autobiográfico, principalmente de brigadistas internacionales12, pero las dos obras de Joan Llarch son consideradas pioneras13. Desde los inicios del siglo xxi se dio un nuevo impulso historiográfico y memorialista que contribuyó a la comprensión de los componentes violentos del régimen franquista, facilitador de que en la actualidad conozcamos mejor los orígenes, dinámicas y prácticas del sistema concentracionario y los trabajos forzados generados en su seno.

  • 14 Gonzalo Acosta, José Luis Gutiérrez y Lola Martínez, El canal de los presos (1940-1962). Trabajos f (...)
  • 15 Carme Molinero, Margarida Sala y Jaume Sobrequés (eds.), Actas del Congrés Els camps de concentraci (...)
  • 16 Javier Rodrigo, «Exploitation, fascist violence and social cleansing: a study of Franco’s concentra (...)
  • 17 Fernando Mendiola, Edurne Beaumont, Esclavos del franquismo en el Pirineo, Tafalla, Txalaparta, 200 (...)
  • 18 Kattin Txiki Elkartea, Trabajadoriak. Frankismoaren gatibuak Oarsoaldean-Esclavos del franquismo en (...)
  • 19 Ander Izagirre, Pirenaica, catorce crónicas de la cordillera, Barcelona, GeoPlaneta, 2018.
  • 20 Pedro Cabello, Los sonidos y los silencios de Bustarviejo. Documental. Arqueología de la Guerra Civ (...)
  • 21 Juan Carlos García-Funes, «A recoger bombas». Batallones de trabajo forzado en Castilla y León (193 (...)

13Desde el año 2000, una iniciativa pionera organizada en el seno del sindicato libertario Confederación General del Trabajo, el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, junto a las asociaciones Nuestra Memoria y Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, impulsaron la investigación, la divulgación y los homenajes de presos organizada en torno al Canal del Bajo Guadalquivir en Andalucía (Canal de los Presos)14. Un punto de inflexión crucial fue el congreso historiográfico de 2002 en Barcelona, que supuso un impulso investigador de campos de concentración y trabajos forzados15, destacando la contribución de Javier Rodrigo, con el tiempo el autor más referenciado para tratar los campos16. Similar iniciativa impulsó la asociación Memoriaren Bideak (Los caminos de la memoria), investigando sobre el trabajo de prisioneros dependientes del sistema concentracionario a través de batallones en el Pirineo navarro, enlazando con otras asociaciones memorialistas, de historiadores/as (Instituto Gerónimo de Uztariz) y videoactivistas (Eguzki Bideoak)17. También en él se han desarrollado las iniciativas de las asociaciones Kattin Txiki, de Oiartzun, y Lezo Memoria, de Lezo, con homenajes, paneles informativos en varias carreteras, un parque de la memoria y documentales18 sobre los miles de prisioneros que entre 1939 y 1942 construyeron carreteras de montaña y fortificaciones en la comarca de Oarsoaldea (Gipuzkoa). Carreteras que, además se han conectado entre sí en una travesía cicloturista de oeste a este del Pirineo, bajo el nombre de «El camino de los esclavos»19. En la Sierra de Madrid, trabajaron miles de presos en la línea ferroviaria de Madrid a Burgos entre 1943 y 1952 en el destacamento penal de Bustarviejo, emplazamiento en el que se han realizado varios homenajes, se impulsó una intervención arqueológica que sacó a la luz el alojamiento de familiares de presos en cabañas y se realizó un documental20. En las provincias de Castilla y León se han censado diversos espacios de trabajo forzado a través de investigaciones impulsadas y publicadas en un libro por el Foro por la Memoria de Segovia21.

  • 22 Francisco Espinosa, «La lucha por el acceso a los archivos del franquismo. De los Fondos Especiales(...)
  • 23 José Ramón González Cortés, «Bibliografía de lo punitivo: los estudios sobre los trabajos forzados (...)
  • 24 Isaac Arenal, 95 Batallón de Trabajadores, Madrid, 1999 [http://www.esclavitud bajoelfranquismo.org(...)
  • 25 Félix Padín, Memorias, Miranda de Ebro, 2009 [http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org], consultad (...)
  • 26 José María Horcajada, La Mancha nos dio un Gudari. Mis memorias, Aretxabaleta. Ayuntamiento de Aret (...)
  • 27 Alejandro Lizarriturri, Memoria de un combatiente de la Guerra Civil 1936-1940, Éibar, Edición del (...)
  • 28 José Barajas, Batallones Disciplinarios (Esclavos del franquismo), Llobregat, Associació per a la M (...)
  • 29 Marcelino Camacho, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990.
  • 30 Para un análisis de estos egodocumentos, ver Juan Carlos García-Funes y Fernando Mendiola, «Me colo (...)

14Estos impulsos sociales desde abajo han presionado en pro de la apertura de archivos y desclasificación de documentos, que para los trabajos forzados está siendo un trayecto complejo ante tantos obstáculos institucionales, como se muestra en tener que recurrir a la vía judicial por parte del historiador Francisco Espinosa, historiador también vinculado al movimiento memorialista22. Estos diversos hitos historiográficos han ido conformando un panorama por el cual el interés en torno al sistema concentracionario ha generado investigaciones sobre un campo de concentración específico o el fenómeno concentracionario y su trabajo forzado en una provincia o región determinada. Por su profusión y por cuestiones de espacio, no nos detendremos en su cita y comentario, lo que sería objetivo de un artículo en sí mismo23. Mención específica merecen los egodocumentos de quienes experimentaron el trabajo forzado concentracionario y lo legaron parcial o íntegramente: Isaac Arenal,24 Félix Padín,25 José María Horcajada,26 Alejandro Lizarriturri27, José Barajas28 o Marcelino Camacho29 y las ya citadas publicaciones de Joan Llarch30.

Reivindicaciones sociales y políticas de memoria relacionadas con el trabajo forzado

  • 31 La idea del «pacto de silencio» sigue asentándose, no exenta de polémica historiográfica. Ver Santo (...)
  • 32 Paloma Aguilar, «Unwilling to Forget: Local Memory Initiatives in Post-Franco Spain», in South Euro (...)
  • 33 Juan Andrade, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante (...)
  • 34 El MSRM se compone de múltiples colectivos de actividad local, provincial, autonómica o estatal o c (...)

15Sin abordar las discusiones sobre si hubo o no un «pacto de silencio» ante la ausencia de justicia transicional tras la muerte de Franco y la adaptación a un régimen democrático31, cada vez más se destaca que se optó por el silencio y el olvido institucional, producto de una correlación de fuerzas concreta, pero no como respuesta a un consenso social total, quedando paralizadas demandas de memoria existentes32, por acción u omisión de los grandes partidos de la izquierda (psoe y pce)33 o por el miedo posterior al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las demandas sociales quedaron casi aletargadas durante los años 1980 y 1990 en comparación con la proliferación del cambio de siglo, alineada con el aumento mundial de la memoria de las dictaduras del siglo xx. En la primera década del siglo xxi se abrió un nuevo ciclo de movilización social fraguado en el denominado Movimiento Social por la Recuperación de la Memoria (msrm), que consiguió que la memoria de la represión franquista entrara en la agenda política de instituciones y partidos34.

  • 35 Roldán Jimeno, «La justicia transicional española que no pudo ser: el frustrado proyecto para juzga (...)
  • 36 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, BOE, 17/10/1977. Esta ley cerró el camino a posibles ex (...)
  • 37 Ángel Viñas, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica, 2019.
  • 38 En el proceso de Núremberg, los tribunales incorporaron el trabajo forzado como categoría de crímen (...)
  • 39 La Ley 27217/2015 creó una comisión para identificar «las Complicidades Económicas y Financieras du (...)

16En estas páginas nos centramos en las reivindicaciones sociales y las políticas de memoria relacionadas específicamente con el trabajo forzado, desde un hilo conductor general. Si bien no figuró en la agenda colectiva ni personal de los partidos políticos antifranquistas la preocupación por la impunidad35, el olvido institucional se concretó jurídicamente con la Ley de Amnistía36, teniendo como consecuencia, en el ámbito que nos ocupa, la nula reparación desde el Estado democrático a las víctimas del trabajo forzado para el Estado franquista, como tampoco la exigencia de responsabilidades penales a las empresarios que financiaron la preparación y consecución del golpe37, como a las empresas que explotaron a población cautiva. Este segundo caso habría requerido un paso previo: reconocer la política de Estado para la imposición de las dos grandes modalidades del trabajo forzado ya comentados, desmontando la justificación legal con la que fueron construidas, así como favorecer la investigación de estas responsabilidades. La ausencia de voluntad política en este sentido conllevó la impunidad total del Estado y las empresas a diferencia de las realidades alemana (en Núremberg se calificó el trabajo forzado crimen contra la humanidad)38 o argentina39. Que el sistema de Redención de Penas por el Trabajo se mantuviera activo hasta el nuevo código penal de 1995 (habiéndose creado en 1938), muestra tanto la falta de voluntad política como la asunción de este sistema con un marco compatible con una democracia.

  • 40 Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, BOE, 30/06/1990.
  • 41 Una ley de la Comunidad Autónoma Vasca dispuso la indemnización por cautividad durante el franquism (...)
  • 42 Un estudio de estas disposiciones, en Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la polí (...)
  • 43 En cambio, se legisló la restitución de patrimonios a sindicatos y partidos políticos, con dos leye (...)

17En 1990 se regularon indemnizaciones para quienes pasaron más de tres años en cautividad40, obviando la concentracionaria, privando de reparación a la mayoría de trabajadores forzados41. En los años noventa estas débiles medidas se acompañaron con ciertas disposiciones legales para compensar a parte de las víctimas, reparando económicamente a familiares de víctimas mortales mediante pensiones de viudedad, así como la equiparación de pensiones para militares del ejército republicano42. Modestas y escasas reparaciones monetarias que no se hicieron extensivas a los robos, multas y procedimientos de incautación de bienes que sufrieron miles de familias, dentro de los planes represivos económicos de los militares sublevados43.

  • 44 Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes p (...)
  • 45 Paloma Aguilar, «Transitional or Post-transitional Justice? Recent Developments in the Spanish Case (...)
  • 46 Roldán Jimeno, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español, Pamplona/ (...)
  • 47 Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra (...)
  • 48 Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la repa (...)
  • 49 Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, 2004 [http://www.d (...)

18En 2007, la conocida como «Ley de Memoria Histórica» (lmh)44 no abrió el acceso a la Justicia para las víctimas del franquismo, denegación reforzada con la sentencia del Tribunal Supremo ante el intento del juez Baltasar Garzón por abrir un sumario sobre los crímenes franquistas en 2008. Esta ley ha sido considerada por algunos autores como un elemento más de justicia post-transicional45, dado que con sus carencias básicas no ha resuelto satisfactoriamente la protección efectiva de los derechos de las víctimas, como han analizado tanto historiadores como juristas46 y que han subrayado organizaciones como Amnistía Internacional47 o la onu (a través del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición48 o los sucesivos informes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias). La consolidación del llamado «modelo español de impunidad»49, continúa confirmándose en cada querella presentada por personas, familias, colectivos o incluso ayuntamientos que se archiva apoyándose en la Ley de Amnistía para impedir la judicialización de los crímenes franquistas. Con pocos avances respecto a las indemnizaciones aprobadas en 1990, la lmh tuvo un carácter muy limitado que, si bien abarcó también el ámbito concentracionario, mantuvo el mínimo de tres años de cautividad para tener derecho a la reparación, al tiempo que no involucró a las empresas beneficiadas del trabajo forzado (ni obligación de abrir sus archivos, ni aportación de fondos para indemnizar, reparar o investigar). Esta ley tan sólo mencionó que «las Administraciones públicas podrán prever subvenciones para la confección de censos de edificaciones y de obras públicas realizadas», sin compromiso del Estado para facilitarlo o impulsarlo, sin señalizaciones públicas o museizaciones, a lo sumo facilitar algunas subvenciones a entidades y colectivos en este sentido. Las medidas que disponía esta ley de 2007 han quedado más que escasas para el conjunto del movimiento memorialista, incluso para organizaciones políticas que la defendieron en un primer momento.

  • 50 Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valen (...)
  • 51 Esta señalización parte de la aplicación de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimi (...)

19Diversas formaciones políticas han tratado, de superar algunas limitaciones de la lmh desde los parlamentos autonómicos, pero sin cuestionar su marco. Algunas de estas leyes plantean hacer partícipes de las reparaciones a las empresas e instituciones beneficiadas de quienes sufrieron el trabajo forzado o la creación de inventarios de lugares de memoria relacionados con el mismo50 y otras han eliminado el mínimo de tres años en cautividad para el cobro de indemnizaciones exigido en la ley de 2007 (aunque la gran mayoría de los antiguos trabajadores forzados ya han fallecido). Además, en algunas comunidades autónomas se han declarado Lugares de Memoria, como en Andalucía con el Canal de los Presos (Sevilla) y la isla de Saltés (Huelva), y en Navarra la carretera Igal-Vidángoz51.

  • 52 Federación Estatal de Foros por la Memoria, «Propuesta para una Ley de Víctimas de reconocimiento y (...)
  • 53 Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. «Carta aprobada (...)
  • 54 Sobre el proceso iniciado contra Garzón puede consultarse el trabajo de Francisco Espinosa, Lucha d (...)

20En la actualidad, el acceso a la Justicia en España se encuentra cerrado, por lo que diversos colectivos se están centrando en exigir una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo, que reconozca el estatus jurídico de las mismas, al igual que se ha realizado con las Víctimas del Terrorismo. Una ley de estas características daría amparo a las víctimas para que el Estado asumiera su deber de cumplir los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. La proposición de esta ley se planteó en primer lugar por la Federación Estatal de Foros por la Memoria en septiembre de 201552, y en mayo de 2016 se convenía como uno de los puntos aprobados en el II Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo. En este Encuentro, más de 80 colectivos de toda España suscribieron la llamada Carta de Vicálvaro, que planteaba propuestas programáticas fundamentadas en los Informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y en el Informe sobre el Estado Español del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff (presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas). En relación al tema que nos atañe, el duodécimo punto dentro del apartado de Derecho a la Reparación, reclama al Estado la exigencia de responsabilidad a las empresas e instituciones beneficiadas con el trabajo forzado de prisioneros de guerra, presos y presas, así como la apertura de sus archivos con el fin de esclarecer los hechos y señalizar lugares, «de cara a que las generaciones presentes y futuras sean conocedoras de esta realidad»53. Estos impulsos tratan de exigir el acceso a la justicia por activación del Estado español, si bien existen colectivos, familiares y víctimas que han acudido a la justicia internacional, como se muestra en el sumario abierto por la jueza María Servini54, que se encuentra paralizado a día de hoy.

Conclusión

21La investigación académica y las iniciativas de las asociaciones memorialistas han supuesto una contribución fundamental a la hora de paliar una general desatención hacia el trabajo forzado en cautividad en España. Pese a ser una temática de interés creciente, su desarrollo ha sido progresivo y lento, si se compara con las investigaciones y debates públicos sobre exhumaciones de fosas comunes, el exilio, los lugares de memoria o de exaltación franquista y otras temáticas relacionada con la violencia franquista. Esta mirada soslayada al trabajo forzado explica, a su vez, que las políticas de la memoria sobre el mismo no hayan estado entre las prioridades de los diferentes gobiernos del Estado o de las Comunidades Autónomas. La coyuntura también puede leerse en un sentido inverso, dado que la falta de voluntad por parte del Estado genera una falta de dinamización de la agenda investigadora, de articulación de medidas jurídicas que pudieran repercutir en un mayor interés y atención al trabajo forzado en cautividad y sus víctimas.

22Con esta aportación contribuimos a seguir convirtiendo en objeto de análisis historiográfico, con entidad propia, la memoria del trabajo forzado en cautividad y las políticas de la memoria que lo han tratado. Una contribución que aspira a imbricarse en los nuevos enfoques y debates que parten de comprender la historia y la memoria como dos formas diferentes de abordar la mirada hacia el pasado, pero interrelacionadas y complementarias.

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Notes

1 Juan Carlos García Funes, «Batallones de trabajo forzado del sistema concentracionario franquista: organización, desarrollo y cuantificación de mano de obra cautiva», in Gutmaro Gómez Bravo y Aurelio Martín Nájera, A vida o muerte. Persecución de los republicanos españoles. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 239-264.

2 Fernando Mendiola, «Reeducation through work? Mountain roads in the Spanish concentration universe (Western Pyrenees, 1939-1942)», in Labor History, 55(1), 2014, p. 97-116; «Forced Labor, Public Policies, and Business Strategies During Franco’s Dictatorship: An Interim Report», in Enterprise and Society, 14(1), 2013, p. 182-213.

3 Fernando Mendiola, «La consideración de ser explotado: más de cien años de trabajo forzado y cautivo», in Pedro Oliver Olmo (coord.), El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, Barcelona, Anthropos, 2013; Christian G. De Vito y Alex Lichtenstein, «Writing a Global History of Convict Labour», in International Review of Social History, 58(2), 2013, p. 285-325; Tom Brass y Marcel van der Linden (eds.), Free and unfree labour. The Debate Continues, Peter Lang AG, Berne, 1997.

4 Juan Carlos García-Funes, Espacios de castigo y trabajo forzado del sistema concentracionario franquista, Tesis doctoral, Pamplona/Iruña, UPNA, 2017 [https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/28831], consultado el 20 de mayo de 2020.

5 Gerald H. Davis, «Prisoners of war in the Twentieth-Century War economies», in Journal of Contemporary History, XII, 1977, p. 623-634.

6 España era firmante del Convenio de Ginebra, en vigor desde 1932, que prohibía emplear a los prisioneros en la fabricación o transporte de armas, municiones y material de combate, tareas que hicieron los prisioneros de guerra en poder del Ejército sublevado. Solo respetaron el Convenio con los prisioneros extranjeros de las Brigadas Internacionales.

7 Decreto del Nuevo Estado concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos y fijando la justa remuneración a ese trabajo y su adecuada distribución, de 28 de mayo de 1937, Boletín Oficial del Estado (BOE), n° 224, 1 de junio de 1937.

8 Pedro Oliver, «Historia y reinvención del utilitarismo punitivo», in José Miguel Gastón y Fernando Mendiola, Los trabajos forzados en la dictadura franquista, Pamplona/Iruña, Instituto Gerónimo de Uztariz-Memoriaren Bideak, 2007, p. 18-28.

9 La ICCP se disolvió en el otoño de 1939 y sus competencias fueron asumidas por la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios (JCCDB), bajo la dependencia de la Dirección General de Servicios y, en última instancia, bajo la gestión del recientemente organizado Ministerio del Ejército.

10 Desde finales de 1940 también se envió a estos batallones a sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas, el principal mecanismo para la represión del contrabando, el atesoramiento y el incumplimiento de las disposiciones sobre precios.

11 Una visión global y comparada sobre las políticas de memoria públicas en torno al trabajo forzado durante la transición española, en Fernando Mendiola, «Políticas de memoria en torno al trabajo forzado: el franquismo en perspectiva comparada», ponencia presentada en el V Congreso Galeusca – Historia: La memoria pública a debate: la memoria pública de la guerra civil, el franquismo y la transición (1936-2019), Gernika-Lumo, 17-18 de octubre de 2019 (en prensa).

12 Norman Dorland, «In Franco’s prision camp. An American reports his experieces», in New Masses, nº 22, 1938, p. 16-19; Cecil Eby, Between the Bullet and the Lie: American Volunteers in the Spanish Civil War, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1969.

13 Joan Llarch, Batallón de Trabajadores, Barcelona, Vergi, 1975, reeditado como Campos de concentración en la España de Franco, Barcelona, Producciones editoriales, 1978.

14 Gonzalo Acosta, José Luis Gutiérrez y Lola Martínez, El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2004.

15 Carme Molinero, Margarida Sala y Jaume Sobrequés (eds.), Actas del Congrés Els camps de concentració i el mon penitenciari a Espanya durant la guerra civil i el franquisme, Barcelona, Editorial Crítica, 2002.

16 Javier Rodrigo, «Exploitation, fascist violence and social cleansing: a study of Franco’s concentration camps from a comparative perspective», in European Review of History/Revue européenne d’histoire, 19(4), 2012, p. 553-573; Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005.

17 Fernando Mendiola, Edurne Beaumont, Esclavos del franquismo en el Pirineo, Tafalla, Txalaparta, 2006; José Miguel Gastón y Fernando Mendiola (coords.), Los trabajos forzados en la dictadura franquista, Pamplona/Iruña, Instituto Gerónimo de Uztáriz, 2007; Eguzki Bideoak, Desafectos, Esclavos de Franco en el Pirineo, 2007 y 827 kilómetros sin retorno, Pamplona/Iruña, 2011.

18 Kattin Txiki Elkartea, Trabajadoriak. Frankismoaren gatibuak Oarsoaldean-Esclavos del franquismo en Oarsoaldea, Kattin Txiki Elkartea, 2015.

19 Ander Izagirre, Pirenaica, catorce crónicas de la cordillera, Barcelona, GeoPlaneta, 2018.

20 Pedro Cabello, Los sonidos y los silencios de Bustarviejo. Documental. Arqueología de la Guerra Civil Española, Documental, 2013.

21 Juan Carlos García-Funes, «A recoger bombas». Batallones de trabajo forzado en Castilla y León (1937-1942), Sevilla, Atrapasueños – Foro por la Memoria de Segovia, 2016.

22 Francisco Espinosa, «La lucha por el acceso a los archivos del franquismo. De los Fondos Especiales del Tribunal de Cuentas a los 10.000 documentos del Ministerio de Defensa», in El acceso a los archivos en España, Fundación Francisco Largo Caballero – Fundación 1º de Mayo, 2019, p. 298-333.

23 José Ramón González Cortés, «Bibliografía de lo punitivo: los estudios sobre los trabajos forzados del Franquismo», in Pedro Oliver Olmo y Jesús Carlos Urda Lozano (coord.), La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica, Cuenca, UCLM, 2014, p. 597-614. Desde 2014 han proliferado las aportaciones sobre campos de concentración en poblaciones de Cataluña, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, País Valenciano, Navarra, Galicia, Castilla y León, etc. Para las publicaciones 2014-2017, ver Juan Carlos García-Funes, Espacios de castigo…, op. cit., p. 57-116.

24 Isaac Arenal, 95 Batallón de Trabajadores, Madrid, 1999 [http://www.esclavitud bajoelfranquismo.org], consultado el 3 de junio de 2020.

25 Félix Padín, Memorias, Miranda de Ebro, 2009 [http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org], consultado el 3 de junio de 2020.

26 José María Horcajada, La Mancha nos dio un Gudari. Mis memorias, Aretxabaleta. Ayuntamiento de Aretxabaleta, 2008.

27 Alejandro Lizarriturri, Memoria de un combatiente de la Guerra Civil 1936-1940, Éibar, Edición del autor, 2003.

28 José Barajas, Batallones Disciplinarios (Esclavos del franquismo), Llobregat, Associació per a la Memória Histórica i Democrática del Baix Llobregat, 2007.

29 Marcelino Camacho, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990.

30 Para un análisis de estos egodocumentos, ver Juan Carlos García-Funes y Fernando Mendiola, «Me colocaron la D de desafecto: memorias autobiográficas de integrantes de batallones de trabajo forzado bajo el franquismo», in Relatos infames: breves historias de crimen y castigo, Barcelona, Anthropos, 2017.

31 La idea del «pacto de silencio» sigue asentándose, no exenta de polémica historiográfica. Ver Santos Juliá, «Memoria, Historia y Política de un pasado de guerra y dictadura», in Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006.

32 Paloma Aguilar, «Unwilling to Forget: Local Memory Initiatives in Post-Franco Spain», in South European Society and Politics, 22/4, 2017, p. 405-426; Zoé De Kerengat, «Beyond Local Memories: Exhumations of Francoism’s Victims as Counter-discourse during the Spanish Transition to Democracy», in The Twentieth Century in European Memory. Transcultural Mediation and Reception, Leiden/Boston, Brill, 2017, p. 104-121.

33 Juan Andrade, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012.

34 El MSRM se compone de múltiples colectivos de actividad local, provincial, autonómica o estatal o colectivos ocupados en una problemática, hecho represivo o lugar de memoria concretos. Sus diversos orígenes, preocupaciones o coordenadas ideológicas aportan una heterogeneidad que implica no compartir en su seno las mismas posturas sobre el pasado, presente y futuro del movimiento. Ver Arturo Peinado, «El Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo (Madrid, octubre de 2015)», in Nuestra Historia, Revista de Historia de la FIM, 1, 2016.

35 Roldán Jimeno, «La justicia transicional española que no pudo ser: el frustrado proyecto para juzgar el franquismo desde la justicia universal», in Justicia Transicional: Historia y Actualidad, Pamplona/Iruña, Aranzadi, 2017, p. 209-234.

36 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, BOE, 17/10/1977. Esta ley cerró el camino a posibles exigencias de justicia en torno a los crímenes del franquismo. Su firmeza y vigencia ha llevado a algunos autores a considerarla como una de las más sólidas leyes de este tipo aprobadas en el mundo. Ver Tricia Olsen, Leigh Payne y Andrew Reiter, «Transitional justice in the world, 1970-2007: Insights from a new dataset», in Journal of Peace Research, 47(6), 2010, p. 803-809.

37 Ángel Viñas, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica, 2019.

38 En el proceso de Núremberg, los tribunales incorporaron el trabajo forzado como categoría de crímenes contra la humanidad, superando lo reflejado en la convención de Ginebra, conllevando procesos y condenas. La Ley para la creación de la Fundación Erinnerung, Verantwortung und Zukunft impulsó reparaciones con la contribución de unas 5000 empresas privadas e instituciones como la Iglesia, dispuso a la investigación archivos públicos y empresariales y originó un fondo económico para labores educativas. Ver S. Jonathan Wiesen, West German Industry and the Challenge of the Nazi Past, 1945-1955, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001.

39 La Ley 27217/2015 creó una comisión para identificar «las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia». Ver Horacio Verbitsky y Pablo Bohoslavsky, Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.

40 Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, BOE, 30/06/1990.

41 Una ley de la Comunidad Autónoma Vasca dispuso la indemnización por cautividad durante el franquismo, pero no reconocía el paso por batallones disciplinarios como período de privación de libertad. Finalmente, se reconoció gracias a un informe pericial de los historiadores Edurne Beaumont y Fernando Mendiola que acompañó las reclamaciones de la asociación Geureak 1936, refrendado por el Tribunal Constitucional (Sentencia 180/2005, de 4 de julio de 2005, BOE, 05/08/2005).

42 Un estudio de estas disposiciones, en Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008. Un análisis de su relación con el derecho internacional, en Javier Chinchón, «El viaje a ninguna parte: memoria, leyes, historia y olvido sobre la guerra civil y el pasado autoritario en España. Un examen desde el derecho internacional», in Revista IIDH, 45, 2007 p. 119-233.

43 En cambio, se legisló la restitución de patrimonios a sindicatos y partidos políticos, con dos leyes y en dos tiempos: Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, BOE, 14/01/1986 y Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, BOE, 16/12/1998.

44 Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, BOE, 27/12/2007.

45 Paloma Aguilar, «Transitional or Post-transitional Justice? Recent Developments in the Spanish Case», in South European Society and Politics, 13/4, 2008, p. 417-433.

46 Roldán Jimeno, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español, Pamplona/Iruña, Pamiela, 2018; José Antonio Martín Pallín y Rafael Escudero Alday, «De malas leyes, peores reglamentos: el desarrollo de la Ley de la memoria histórica», in Jueces para la Democracia, 66, 2009, p. 9-25.

47 Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, Madrid, 2012.

48 Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff - Misión a España, New York, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisariado para los Derechos Humanos, 2014.

49 Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, 2004 [http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html], consultado el 20 de mayo de 2020.

50 Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, art. 35.5, BOE, 23/12/2017; Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, art. 10, BOE, 08/11/2018; Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria histórica y democrática de Extremadura, art. 23, BOE, 13/02/2019.

51 Esta señalización parte de la aplicación de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, BOE, 20/12/2013; esta ley ha dado pie a otra específica de lugares de memoria, la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra, BOE, 23/01/2019.

52 Federación Estatal de Foros por la Memoria, «Propuesta para una Ley de Víctimas de reconocimiento y protección integral de las víctimas del franquismo», 1 de septiembre de 2015 [http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2015/09/Propuesta-LVF-FEFM-sept-2015-1.0.pdf], consultado el 20 de mayo de 2020.

53 Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. «Carta aprobada en el Primer Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo», firmada en Vicálvaro (Madrid) en octubre de 2015 [http://www.foroporlamemoria.info/2015/10/carta-aprobada-en-el-encuentro-estatal-de-colectivos-de-memoria-historica-y-de-victimas-del-franquismo/], consultado el 20 de mayo de 2020.

54 Sobre el proceso iniciado contra Garzón puede consultarse el trabajo de Francisco Espinosa, Lucha de historias, lucha de memorias: España 2002-2015, Sevilla, Aconcagua, 2015, p. 403-433. Sobre la querella argentina: Ana Messuti, «La querella argentina: la aplicación del principio de justicia universal al caso de las desapariciones forzadas», in Carmen Pérez González y Rafael Escudero Alday, Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo, Madrid, Trotta, 2013.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Juan Carlos García-Funes et Fernando Mendiola Gonzalo, « Historia y memoria del trabajo forzado del sistema concentracionario franquista », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 24 | 2020, mis en ligne le 17 juillet 2020, consulté le 23 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ccec/9218 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccec.9218

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