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México y el narcoanálisis: una genealogía de las políticas de drogas en los gobiernos Calderón y Peña Nieto

Mexico and the Narcoanalysis: a Genealogy of Drug Policies in the Calderón and Peña Nieto Governments
México e a narcoanálise: uma genealogia das políticas de drogas nos governos Calderón e Peña Nieto
Thiago Rodrigues y Beatriz Caiuby Labate
p. 39-65

Resúmenes

Objetivo/Contexto: Este artículo presenta un análisis histórico de la prohibición de las drogas en México considerando las interconexiones entre los aspectos sociales, morales, económicos, políticos y de seguridad que componen la lucha contra algunas sustancias psicoactivas, sus productores, vendedores y consumidores. Metodología: El análisis sigue una propuesta teórica y metodológica original llamada narcoanálisis,(1) influenciada por los conceptos genealogía y biopolítica desarrollados por Michel Foucault. Dicha perspectiva entiende que la producción de un mercado ilegal de drogas se da por la yuxtaposición de cinco niveles analíticos: el moral, el sanitario, el de seguridad pública, el de seguridad nacional y el de seguridad internacional. Conclusiones: La aplicación del narcoanálisis al caso mexicano nos ayuda a comprender las transformaciones del narcotráfico local, su simbiosis con la economía legal y con el poder político; asimismo, las presentes propuestas de reformas legales para el control de las drogas como la marihuana y el peyote. Originalidad: Esta nueva propuesta teórico-metodológica se dedica a entender la producción y la transformación de las políticas de drogas, sus orígenes sociales, sus efectos políticos y sociales, teniendo en cuenta el dinamismo y la interconexión entre las esferas sociales, económicas y políticas, dentro y fuera de las fronteras mexicanas.

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Notas de la redacción

RECIBIDO: 03 de agosto de 2018 ACEPTADO: 06 de junio de 2019 MODIFICADO: 18 de julio de 2019

https://doi.org/10.7440/colombiaint100.2019.03

Notas del autor

El artículo contó con financiación del Programa Álvaro Alberto del Ministerio de Defensa de Brasil/CNPq.Los autores agradecen a los evaluadores sus sugerencias y ayudas. Thiago Rodrigues agradece el apoyo del Instituto Pandiá Calógeras/CNPq/Ministerio de Defensa de Brasil, en el marco de la investigación bajo su coordinación.

Texto completo

Introducción

1La construcción histórica de las políticas de control y posterior criminalización de un conjunto de drogas psicoactivas (proceso conocido como “prohibicionismo”) se dio a principios del siglo XX con las primeras conferencias diplomáticas realizadas en Shanghái (1909), La Haya (1912) y Ginebra (1926). Las principales drogas psicoactivas consideradas en las primeras conferencias internacionales sobre el tema fueron el opio y sus derivados, como la morfina y la heroína, que constituían un potente mercado mundial. En las décadas de 1920 y 1930, otras drogas, como la cocaína y la marihuana, fueron incluidas en los documentos internacionales y en las legislaciones penales nacionales (Escohotado 2002; Szasz 1993). El papel de los Estados Unidos fue fundamental para impulsar esas convenciones, mientras en su propio territorio nacional, la combinación de rechazo moral, racismo, fortalecimiento del control estatal sobre la clase médica y xenofobia agitaba las primeras leyes contra drogas psicoactivas (Escohotado 2002; Szasz 1993).

2Aunque el prohibicionismo se haya consolidado internacionalmente bajo el rol protagónico de EE. UU., la adhesión de los países que pasaron a ser signatarios de los tratados antidrogas desde 1910 no fue efecto de una simple imposición estadunidense. Cada país que se ha adherido al régimen prohibicionista lo ha hecho a partir de modos específicos de lidiar con la cuestión de las drogas psicoactivas en sus respectivas dinámicas locales (Rodrigues 2017; Santana 2004). En México, por ejemplo, en los mismos años iniciales del prohibicionismo en EE. UU., se dio una versión local que conjugó valores antidrogas y políticas higienistas, conceptos como orden y evolución de las razas y sociedades, progreso social y degradación física y moral (Campos 2010; Pérez Monfort 2016).

  • 4 Es importante subrayar que Foucault, a lo largo de su producción intelectual, casi no mencionó el t (...)

3 En este artículo presentamos un breve análisis de la construcción de las políticas de drogas en México a partir de lo que llamamos narcoanálisis, un modelo inspirado en las sugerencias teórico-metodológicas de la genealogía del poder del filósofo francés Michel (Foucault 1998; 2001). Asumimos la hipótesis general desarrollada en otro trabajo (Rodrigues 2017) de que las políticas de control y prohibición de drogas psicoactivas fueron uno de los capítulos tardíos de la historia de las políticas de Estado contra la insalubridad urbana, los procesos de reubicación de las poblaciones en las nuevas metrópolis industriales, las medidas de medicina social, etcétera. O sea, un capítulo tardío de la biopolítica de las poblaciones, concepto foucaultiano que nombra un conjunto de tácticas destinadas a controlar las dinámicas de vida y muerte de las poblaciones a partir de finales del siglo XVIII en Europa y, después, también en las Américas (Foucault 1990; 2006a).(4)

4De ese modo, el narcoanálisis es una propuesta de marco teórico-metodológico para acompañar la construcción y el cambio de las políticas de drogas en las Américas. Para describir los niveles que conforman el narcoanálisis, tomamos a México como caso, que puede ilustrarlos, por su centralidad histórica e importancia contemporánea en la dinámica del narcotráfico en el continente.

5Para plantear ese ejercicio, dividimos el artículo en cinco secciones. La primera parte introduce el modelo teórico. La segunda sección desarrolla sus dos primeros niveles -la seguridad moral y la seguridad sanitaria-, aplicados en el entrecruce de los contextos mexicano e internacional de principios del siglo XX. En la tercera sección se realiza el mismo ejercicio para los niveles de la seguridad pública y la seguridad nacional desde la declaración de “guerra contra las drogas” del gobierno Richard Nixon, en la década de los setenta, hasta la “guerra contra los cárteles” del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). En la penúltima parte se discuten las reformas jurídicas realizadas en el sexenio de Calderón y sus implicaciones en términos de militarización y punición, abriendo espacio a reflexiones sobre las continuidades o no de las políticas antidrogas en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por último, en las conclusiones, se comentan propuestas de medidas legales contra el prohibicionismo que surgen de debates públicos en la sociedad mexicana, con el objetivo de mostrar la plasticidad del narcoanálisis como modelo teórico-metodológico para el estudio de los cambios en las políticas de drogas.

1. Una invitación teórico-metodológica: el narcoanálisis

6Para Michel Foucault, el método genealógico difiere de los modos tradicionales de la historiografía porque no busca un origen único para los hechos históricos; tampoco entiende el tiempo histórico como una evolución hasta un final determinado. Para Foucault, “hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del conocimiento, no será por tanto partir a la búsqueda de su ‘origen’, minusvalorando como inaccesibles todos los episodios de la historia; será, por el contrario, ocuparse en las meticulosidades y en los azares de los comienzos” (1998, 25).

7La historia, por lo tanto, no es una secuencia de hechos coherentes, con un principio y un final determinados (Foucault 1988; 2007). Así, un análisis de las políticas de drogas desde una mirada genealógica no localiza su comienzo en una fecha única o bajo la pena de un único gobierno. Hay que poner atención a muchos movimientos y correlaciones de fuerza entre grupos sociales distintos (con sus valores morales, metas políticas, intereses económicos) que producen distintas prácticas de gobierno o, como las nombra Foucault, diferentes gubernamentalidades, entendidas “en el sentido amplio de técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Gobierno de los niños, gobierno de las almas y de las conciencias, gobierno del hogar, del estado o de sí mismo” (2006, 230). De ese modo, la práctica de gobernar no está solamente concentrada en el aparato de Estado, pues “gobierno no significa la institución de gobierno sino la actividad que consiste en gobernar el comportamiento humano en el marco de y por medio de instituciones del Estado” (Argüello Castañón 2015, 85).

8El conjunto de prácticas y técnicas destinadas a gobernar a las crecientes poblaciones urbanas del siglo XIX -en Europa, pero también en las Américas- fue llamado por (Foucault biopolítica 2006a). En la naciente economía capitalista industrial, a partir de finales del siglo XVIII, las sociedades, las clases gobernantes y los Estados tuvieron que lidiar con el desafío de equilibrar crecimiento y orden. Michel Foucault identificó la producción de nuevas tácticas para el control de estas sociedades industriales basadas en la combinación de inversiones sobre el cuerpo de los individuos -con el fin hacerlos “útiles” para el trabajo y “dóciles” políticamente (Foucault 2002, 135)- y sobre el conjunto de la población, entendida como un cuerpo vivo con características, ritmos y problemas propios. Foucault llamó a ese conjunto de políticas biopolítica de la población (2006, 415), noción que describe el objetivo de gestionar las tasas de natalidad, fecundidad, morbilidad y mortalidad. Esas políticas implicaron reformas institucionales y la implementación de programas de medicina social acompañados de proyectos urbanísticos y de salubridad de los espacios públicos, ambientes de trabajo y viviendas.

9En esas mismas décadas del siglo XIX, los Estados latinoamericanos nacientes enfrentaban procesos complejos de consolidación territorial y política, bajo distintos niveles de violencia, integrados a la dinámica económica internacional. Cada cual dio forma a instituciones coercitivas y burocráticas ligadas al control poblacional, principalmente debido a varios factores: la llegada de olas de inmigrantes europeos a finales del siglo XIX, el desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas del campo a los centros poblados, y el impulso a las actividades industriales en países como México, Brasil y Argentina, que acentuaron los conflictos sociales. Aunque no se pudiesen encontrar en nuestro continente formas idénticas a las descritas por Foucault, en Europa sería posible notar “que hay una relación bastante estrecha entre las formas de disciplinar el cuerpo individual, de controlar el cuerpo social y la forma como la modernidad se estableció en América Latina” (Pedraza 2004, 9).

10En el gran cuadro de la biopolítica de las poblaciones, el tema del control de drogas psicoactivas fue introducido tardíamente en las normas nacionales e internacionales, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX (McAllister 2012; Rodrigues 2017). Uno de los elementos principales del análisis biopolítico es la comprensión de las prácticas de gobierno más allá de las decisiones jurídicas y del aparato estatal. Foucault propuso el concepto gubernamentalidad justo para analizar la “racionalidad intrínseca al arte de gobernar” (2006, 319), más allá de una vinculación del gobierno a lo que estrictamente emana del Estado. Esa noción permitiría comprender al gobierno como un conjunto de técnicas no operadas de manera exclusiva por el Estado, pero que lo ocupan y lo instrumentalizan: o sea, estas técnicas emergen de prácticas sociales y se interesan en la gestión tanto del conjunto de la población como de las individualidades (Foucault 1990). El proceso de prohibición de drogas es, por lo tanto, una táctica que pertenece a la biopolítica y que ha operado bajo la comprensión de gubernamentalidad. A partir de ahí, introducimos el marco teórico-metodológico del narcoanálisis, formado por la articulación entre distintos niveles de seguridad.

11El primer nivel del narcoanálisis es el del rechazo moral al hábito de intoxicarse con sustancias psicoactivas (Escohotado 2002; Szasz 1993). El prejuicio contra el uso de ciertas drogas, asociado al racismo y la xenofobia, constituye el nivel más básico para fundamentar el prohibicionismo, al considerar drogas y grupos sociales determinados vinculados a ellas como amenazas a la seguridad moral de las sociedades. El nivel moral incluye tres dimensiones: 1) el rechazo moral al uso de psicoactivos, 2) el racismo y la xenofobia asociados a estereotipos de consumo de psicoactivos, 3) una cultura del castigo que demanda condena a los criminales/descarriados morales, considerándolos amenazas a las costumbres y al orden social.

12El segundo nivel -el de la seguridad sanitaria- es el del control y la prohibición de algunas sustancias psicoactivas en las legislaciones nacionales guiadas por compromisos internacionales. Ese punto se justifica cuando algunas drogas pasan a ser clasificadas como amenazas a la salud colectiva e individual. Tal clasificación fue un proceso que antecedió a la formulación de legislación penal sobre la producción, el comercio y el uso de algunas de esas sustancias (cocaína, heroína y marihuana). Cuando las legislaciones penales fueron aprobadas, una nueva modalidad de crimen -el del narcotráfico- apareció e inauguró otro nivel, que llamamos seguridad pública (el tercer nivel de seguridad).

13Décadas después de los primeros movimientos político-sociales prohibicionistas, ante el aumento de los flujos internacionales y del consumo de drogas ilícitas en países del Norte y del Sur, el narcotráfico pasó a ser considerado una amenaza a la seguridad nacional de muchos Estados. Eso se dio luego de la declaración de la guerra a las drogas (war on drugs) del presidente estadunidense Richard Nixon, en 1971 (Carpenter 2016). Esto, como veremos adelante, impulsó una creciente militarización del combate al tráfico de drogas en América Latina.

14El quinto y último nivel de seguridad emergió en los años ochenta, cuando la mayoría de los países, afinados en la lógica prohibicionista, se comprometieron con acuerdos como la Convención de la ONU de 1988, firmada en Viena. Ese tratado internacional estableció que el tráfico de drogas ilegales constituía una amenaza a la seguridad internacional, bajo el argumento de que ello producía inestabilidad política y social en países productores, además de financiar a grupos guerrilleros y a organizaciones terroristas (Herschinger 2011; Inkster y Comolli 2013).

15Ahora, aplicaremos el narcoanálisis para abordar la construcción del prohibicionismo mexicano, con el reto de generar reflexiones más allá del maniqueísmo de los estudios que destacan solamente la presunta imposición estadunidense de la guerra a las drogas o las interpretaciones que describen la prohibición como una derivación exclusiva de decisiones legales elaboradas desde la centralidad del Estado.

2. La “degeneración” y la ley

16La construcción de un régimen internacional de control de psicoactivos a partir de 1910 contó con una decisiva iniciativa diplomática de EE. UU. y con el apoyo de todos los países de Europa Occidental, de China y de países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia y Argentina (McAllister 2012). El Estado mexicano envió una misión diplomática a la Conferencia de La Haya, realizada en 1912, y en 1927 incorporó el tratado firmado a la legislación nacional mexicana (Alonso 2015). Sin embargo, (Campos 2010) nos recuerda que las leyes contra psicoactivos en México provienen de fechas anteriores, por ejemplo, la primera ley dirigida contra la marihuana, aprobada en 1869, en Ciudad de México.

17El tema de la regulación de algunos psicoactivos se desarrolló en México simultáneamente con el montaje del dispositivo de seguridad sanitaria, que, desde una perspectiva biopolítica, empezaba a diseñar políticas sociales de intervención con el objetivo de constituir una sociedad en un país que luchaba para afirmarse en términos de una identidad nacional. Para Pérez Monfort “fue precisamente en pleno régimen de Antonio López de Santa Anna [entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XIX] y de guerra contra Estados Unidos que empezaron a aparecer las primeras preocupaciones sociales por estos ‘venenos’ que rápidamente fueron considerados por las élites como ‘sustancias nocivas a la salud’” (2016, Loc. 105). Había, por lo tanto, una preocupación entre las clases dirigentes mexicanas por el uso de drogas -marihuana, hongos y opio- en tiempos del porfiriato (1876-1911).

18En ese contexto, la promulgación del Código Sanitario de 1891, reformado en 1894 y 1902, fue un marco importante que buscó dar más efectividad a una acción concertada del Estado sobre el tema de la salubridad nacional. Ese debate llevó a una reforma constitucional en 1908 que incidió en el derecho de entrar y salir del país, en caso de “peligro a la salubridad general de la República”. Según Ojeda, “esa limitación comprendía, sobre todo [el control de] las costas y las fronteras nacionales, federalizando los problemas migratorios y sanitarios” (1974, 34).

19No obstante, una reforma más profunda en ese tema sólo sería posible con la elaboración de la nueva Constitución Federal, entre 1916 y 1917, ya en el marco del México revolucionario. La principal propuesta fue presentada por el diputado José María Rodríguez, militar y médico personal del presidente Venustiano Carranza, quien defendía la necesidad de que el Estado dispusiese de capacidad institucional y competencia legal para controlar el problema de la salud de todo país. Como afirma (Campos 2010), es sorprendente notar que las feroces discusiones sobre autonomías e injerencias, presentes en la mayoría de los debates de la Asamblea, no aparecen cuando se trata de aquello que (Aréchiga Córdoba 2005) llamó la construcción de una “dictadura sanitaria”, en el marco jurídico-político del México revolucionario. Esa aparente concordancia general de los diputados sugiere que, sobre el problema de la preservación de un patrón de salubridad ajustado a los modelos de desarrollo y progreso considerados “civilizados”, había un consenso significativo entre los representantes políticos de la élite nacional.

20De hecho, la propuesta de enmienda al artículo 73 de la Constitución presentada por Rodríguez autorizó al Congreso dictar leyes sobre nacionalidad, la condición de los extranjeros, inmigración y emigración, además de los temas de salubridad general del país (Astorga 1999, 11). De igual forma, fueron creados un Consejo de Salubridad Pública -de carácter consultivo, formado por médicos, sanitaristas, urbanistas y expertos- y un Departamento de Salubridad, responsable de “dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables” (Poder Ejecutivo 1917, XVI, art. 73, 2a, 151) para asegurar la salubridad nacional bajo la autoridad del presidente de la República. La “tiranía sanitaria” fue reglamentada en el mismo dispositivo constitucional que lidiaba con los desplazamientos dentro y fuera del país, así como con el control de extranjeros (Aréchiga Córdoba 2005). La asociación de esos dos temas indica los rasgos racistas y xenófobos, dirigidos tanto hacia la atención biopolítica direccionada a la gestión de los mexicanos como hacia la preocupación por los inmigrantes (Botton Beja 2008).

21Según (Campos 2010), la presencia del racismo y la xenofobia en el debate político reflejaba la popularidad de las tesis racistas provenientes de Europa que, por influencia de autores como el italiano Cesare Lombroso (1835-1909) y el francés Bénédict Morel (1809-1873), llegaron a México a fines del siglo XIX, en donde encontraron gran audiencia. En suma, la cuestión central giraba alrededor del tema de la presunta “degeneración” de la raza producida por el cruzamiento entre los blancos de origen europeo y los pueblos nativos americanos, los negros, o los asiáticos -los chinos, en especial- que llegaron a fines del siglo XIX para trabajar en las minas, en la agricultura y en la construcción de ferrocarriles (Botton Beja 2008).

22El argumento de la degeneración pasaba, también, por el consumo de sustancias que, según el discurso sanitarista-racista, influirían simultáneamente en la salud física y en la integridad moral de los individuos, con efectos para su descendencia (Campos 2010). La aprobación de la enmienda constitucional propuesta por Rodríguez llevó a la elaboración, en marzo de 1920, de la “Disposición sobre el Cultivo y Comercio de Productos que Degeneran la Raza”. La ley, ya elaborada para ser aplicada bajo la autoridad del Departamento de Salubridad, prohibió la producción y el comercio de marihuana, impuso la obligación de licencias especiales para la importación de opiáceos y cocaína, y determinó que la indicación de esas sustancias fuera limitada a los médicos habilitados bajo fiscalización estatal, mientras que prohibía el cultivo de adormidera (amapola) y la síntesis del opio. Este régimen legal riguroso no incluyó un control semejante al alcohol, en cuya defensa salió el propio presidente Álvaro Obregón, interesado en los impuestos tasados sobre su producción y consumo (Campos 2010).

23La “Disposición” de 1920 afinaba la legislación mexicana a los lineamientos internacionales establecidos en La Haya, en 1912, pero antes de la entrada en vigor del tratado firmado en Holanda (esto sólo pasaría en 1927). Con esa ley se accionaba entre los mexicanos el discurso de la legitimidad del llamado “uso médico” ante la ilegitimidad de cualquier otro propósito de consumo presente en el Tratado de 1912; asimismo, se oficializaba la selectividad regulatoria y penal sobre distintas drogas, todas psicoactivas, pero vinculadas a intereses políticos y económicos distintos (McAllister 2012; Thoumi 2016).

24La definición de las drogas presente en la Constitución Federal (art. 73, XVI, 4a) demuestra que los discursos moralistas, xenófobos y racistas -difundidos en la sociedad- se encuentran con los intereses políticos contenidos en la disputa entre los poderes federal y estatales; además del objetivo biopolítico de control ampliado de una población que se procuraba conformar, disciplinar y apaciguar con el fin de consolidar un orden desde las múltiples perspectivas -más o menos progresistas o conservadoras- en el seno del proceso revolucionario. Así, sería posible identificar en estos momentos iniciales de la política de drogas mexicana la articulación entre los niveles de seguridad moral y seguridad sanitaria puestos lado a lado como problemas de primera importancia para la República.

25En los años que siguieron, México estuvo presente y firmó la Convención de Ginebra sobre el control de drogas, organizada por la Liga de las Naciones, en 1931, en la cual la delegación estadounidense defendió que todos los Estados signatarios organizasen departamentos antidrogas como su Federal Bureau of Narcotics (1930), además de ampliar el grado de control sobre drogas como el opio y la cocaína (McAllister 2000; Rodrigues 2017). En ese mismo año fue promulgado en México un nuevo Código Penal, que por primera vez estableció la tipificación de los “delitos contra la salud”, reproduciendo el discurso de la “degeneración de la raza” y oficializando la transposición de un conjunto de prácticas sociales y de grupos sociales específicos para el campo de la ilegalidad (Alonso 2015). Esto permitió que las fuerzas represivas del Estado pudiesen alcanzar a personas cuya presencia y cuyas costumbres amenazaban el statu quo político y económico del país. En términos del narcoanálisis, es posible notar que el cruce del problema sanitario con el problema penal indicó la emergencia del nivel de seguridad pública, fuertemente conectado a los niveles de la seguridad moral y sanitaria.

26Los orígenes de la política mexicana para el control de las drogas se pueden encontrar tanto en los salones solemnes de la política nacional y de la diplomacia ginebrina cuanto en los salones de las ligas antichinas o masónicas que se formaron en todo el país desde principios del siglo XX (Campos 2010). Esos grupos contribuyeron a la formación de una opinión pública contraria a la presencia de chinos y pueden ser considerados, según Campos (2010), una de las influencias políticas y sociales más importantes en el apoyo a la aprobación de legislaciones que, en la década de 1920, prohibieron la llegada de chinos y que autorizaron su expulsión del país. Las bases del prohibicionismo mexicano dependieron tanto del pacto entre el estamento médico y el Estado para el control sanitario de la población como del rechazo a los indígenas, chinos y mestizos. Así, el uso del peyote, de la marihuana o del opio se constituía como elemento adicional y agravante de una percibida “degeneración” moral, mental y física de “razas” entendidas como “inferiores”.

27Asumir la existencia de una degeneración es admitir clases distintas de hombres respecto a su humanidad. Para Foucault, las “sociedades de normalización” que surgen en el cambio del siglo XVIII al siglo XIX produjeron el “racismo de Estado”, comprendido como “un racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí misma, sobre sus propios elementos, sobre sus propios productos; un racismo interno, de la purificación permanente, que será una de las dimensiones fundamentales de la normalización social” (2001, 66). Este “racismo de Estado” sería el único modo de aceptar y justificar que se eliminaran personas en sociedades presuntamente interesadas en promover una “vida mejor”.

28Después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen internacional prohibicionista se consolida globalmente, incluido México (Alonso 2015; Ruiz-Cabañas 1993; Astorga 2005; Freeman y Sierra 2005). El fortalecimiento del narcotráfico transterritorial a partir de los años sesenta profundizó los tres niveles de seguridad del prohibicionismo y agregó otros dos (el de la seguridad nacional y el de la internacional). En la siguiente sección revisamos el proceso de inserción de México en la lógica de la “guerra a las drogas” decretada por EE. UU. a principios de los años setenta.

3. Narcos, militares y represión

29Uruapan, estado de Michoacán, 6 de septiembre de 2006. En un movido boliche, varios jóvenes se encontraban bailando cuando varios hombres entraron gritando y disparando. Ante la audiencia aterrorizada dejaron sobre el piso cinco cabezas y una nota que decía: “La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata personas inocentes. Sólo mueren quienes merecen morir” (Saviano 2014, 70). Las cabezas eran de miembros de Los Zetas, cartel del narcotráfico que desde Tamaulipas y Nuevo León intentaba ampliar sus negocios en Michoacán, hogar de un nuevo grupo narco llamado La Familia Michoacana.

30Según Saviano, La Familia fue “uno de los cárteles que más velozmente crecieron en los años de la guerra a las drogas en México” (2014, 71). En aquellos días de septiembre, México pasaba por una crisis política tras la objetada victoria de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), en las elecciones presidenciales de julio de 2006. Las denuncias de fraudes planteadas por su oponente, Andrés López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron consideradas improcedentes por la justicia electoral. Calderón llegó al Palacio Nacional, en diciembre de 2006, con baja legitimidad. En ese contexto, su primera decisión de gran impacto social y político fue declarar la “guerra a los cárteles”.

31(Aguilar y Castañeda 2012, 15) citan las estadísticas nacionales mexicanas del período inicial del gobierno de Felipe Calderón para afirmar que, aunque los niveles de violencia fueron relativamente bajos (teniendo en cuenta los índices históricos mexicanos de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes), la percepción social de la violencia relacionada con el narcotráfico era significativa. De hecho, el enfrentamiento violento entre grupos narcotraficantes había crecido desde finales de los años noventa. Los carteles mexicanos habían cambiado, se fortalecieron y entablaron duras disputas por espacios en un mercado potente e insaciable. Para Rodríguez Luna, sería posible comprender la expansión de los carteles mexicanos en la entrada del siglo XXI por la combinación de algunos elementos: “un mercado de consumo estable y más atractivo en Estados Unidos […], la emergencia de un mercado consumidor en México, la reducción al mínimo de las capacidades de los cárteles colombianos para controlar el tráfico de drogas producto del Plan Colombia y de las acciones del gobierno de Álvaro Uribe y la corrupción de las estructuras de seguridad en México” (2010, 43) .

32Siguiendo las sugerencias de (Krauthausen y Sarmiento 1991), una mayor probabilidad de violencia, en un mercado ilegal, reside donde la competencia es mayor: la disputa por territorios, rutas y mercados permite que los grupos se aprovechen de lo que los autores llaman “recurso violencia” para defender sus intereses. Así, el mercado estadunidense y el propio mercado mexicano se convirtieron en un espacio abierto, principalmente después de la retracción de los narcotraficantes colombianos. Estos últimos perdieron capacidad para influenciar el mercado de las drogas ilegales tras el fin de la era de los grandes “capos”, con el asesinato de Pablo Escobar, en 1993, y la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali.

33En la década de los ochenta, la relación entre los narcotraficantes colombianos y mexicanos era favorable, en términos económicos, para los primeros, pues eran los productores de cocaína y los principales controladores de rutas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la política de interceptación de los flujos de la cocaína colombiana hacia EE. UU., promovida por el gobierno de Ronald Reagan a partir de 1985, generó problemas para la manutención de las rutas caribeñas utilizadas por los carteles de Cali y Medellín (Esquivel 2013; Marcy 2010). Esto llevó a negociaciones con grupos ya establecidos en México. De esta forma, hubo arreglos entre Pablo Escobar y el entonces más poderoso de los narcotraficantes mexicanos, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Padrino”. Por el acuerdo, “los mexicanos transportarían la coca hacia Estados Unidos. Félix Gallardo conocía la frontera […], [y] las rutas de la marihuana: habían sido las mismas del opio y serían las de la cocaína” (Saviano 2014, 29).

34Félix Gallardo fue personaje clave en ese momento, pues articuló la distribución de territorios entre capos haciendo uso de su poder. Su Cártel del Pacífico fue la célula madre de otras organizaciones. Roberto (Saviano 2014) relata un presunto almuerzo en Acapulco, a principios de 1989, cuando “El Padrino” confirió territorios específicos a los Carrillo Fuentes (Ciudad Juárez), a los hermanos Arellano Félix (Tijuana), a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera (Sinaloa), entre otros. Para Saviano, ese almuerzo es un mito de origen que marcó el “nacimiento de los cárteles mexicanos como existen hoy” (2014, 38).

35Sin embargo, Félix Gallardo fue encarcelado, en abril de 1989, tras su imputación como la cabeza detrás del secuestro, tortura y asesinato, en 1985, de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente infiltrado de la DEA (Esquivel 2013; Ravelo 2009; Langton 2013). Su encarcelamiento abrió un período de disputa violenta entre los capos, antes bajo su coordinación, dando paso a la conquista de más territorios, la búsqueda de más influencia en las instituciones políticas mexicanas, contactos y conexiones en EE. UU., capacidad para traficar cocaína, heroína y metanfetaminas. Al mismo tiempo, presiones de la opinión pública mexicana y del Gobierno estadounidense crearon un ambiente propicio para que fuerzas militares mexicanas aumentasen su presencia en el combate a grupos narcotraficantes y en misiones de decomiso de drogas y para la destrucción de campos de marihuana y amapola (Álvarez Gómez, Landínez y Nieto 2011).

36Cuando Calderón asumió la presidencia, veinte años después, los cárteles mexicanos ya habían superado a los colombianos en términos de capacidad para introducir drogas a EE. UU. (Gómez 2012). Los años de represión dura a los narcos colombianos, desde finales de los años ochenta, impulsaron el llamado “efecto balón” (balloon effect), es decir, el desplazamiento de los grupos y actividades ilegales hacia donde se encuentren mejores condiciones para progresar (Rosen y Zepeda 2016).

37La respuesta de Calderón, no obstante, fue seguir con la militarización del combate al narcotráfico. Para Anaya (2014, 9), “la pieza central […] de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico ha sido la militarización en extremo; es decir, poner al ejército y a la marina al frente de los esfuerzos del gobierno en la materia”. Ese proceso de militarización significó que “las fuerzas armadas tomaron claramente el liderazgo en tareas de inteligencia y en la realización de operativos (cateos, redadas y retenes)”. México y EE. UU. celebraron, en 2007, la Iniciativa Mérida, un “paquete de ayuda financiera destinada al combate del cultivo, producción y consumo de drogas […] a través del fortalecimiento institucional, de la seguridad y del Estado de Derecho que incluye el fortalecimiento de las capacidades tácticas, técnicas y de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas” (Álvarez Gómez, Landínez y Nieto 2011, 262). La Iniciativa, implementada no sólo en México sino también en países de Centroamérica y el Caribe, mantuvo el sentido de las políticas antidrogas estadounidenses y mexicanas, centradas en la represión y en la militarización (Benítez Manaut 2010; Rodríguez Luna 2010). La transferencia de tecnología y equipos (de escáneres para observar contenidos de camiones, a helicópteros militares) ha beneficiado principalmente a efectivos del Ejército y de la Marina, quienes recibieron el 80% del monto de los recursos transferidos, calculados alrededor de US$1,3 mil millones para el bienio inicial (2007/2009) (Rodríguez Luna 2010, 60-61).

  • 5 El “Plan Colombia” fue un programa de apoyo financiero y militar, firmado en 1999 por los president (...)

38Según (Rodríguez Luna 2010), la Iniciativa Mérida fue comparada de inmediato con el Plan Colombia,(5) por su naturaleza militarizada y por articularse al discurso de la “guerra contra el terror” de George W. Bush. De otro lado, (Aguilar y Castañeda 2012, 144-145) señalan la necesidad de no trazar comparaciones automáticas entre los dos países. Para ellos, México no es Colombia porque no hay paramilitares y guerrillas involucrados con el narcotráfico y porque la presencia y el control territorial del Estado mexicano serían mucho más grandes que los de su congénere sudamericano. No obstante, el énfasis en el combate militarizado en México suena en clave análoga no sólo a la colombiana, sino también a la de otros países como El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia o Brasil (Rodrigues 2015).

39La militarización generó apoyo popular y de la clase política al gobierno de Calderón. Sin embargo, la militarización, “no ha logrado disminuir la violencia, por lo que se podría afirmar que el incremento del empleo de las fuerzas militares no da resultados, e, incluso, en una dinámica perversa, la demonstración de la fuerza del Estado con más violencia está provocando una reacción simétrica, más homicidios e impunidad” (Benítez Manaut 2010, 24). El sexenio de Calderón presentó un escenario con muchos niveles de violencia: en primer lugar, la violencia de los enfrentamientos entre cárteles por el control de territorios, cultivos y rutas; aquella resultante de las operaciones militares y policiales contra los narcos; y los secuestros, intimidaciones, torturas y asesinatos perpetrados por narcotraficantes en contra de activistas de derechos humanos, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias; y finalmente, las violaciones de derechos humanos practicadas por los agentes de seguridad, en especial, por militares del Ejército y de la Armada (Anaya 2014; Rosen y Zepeda 2016).

40El saldo de la “guerra contra las drogas” en el gobierno de Calderón fue de entre 50.000 y 70.000 muertos (Aguilar y Castañeda 2012; Morales 2011). Sin embargo, estos índices de violencia no trajeron como resultado la reducción de la actividad de los cárteles. Con la “Guerra de Calderón”, el crimen organizado alcanzó un nivel inédito y provocó cambios importantes en las estructuras políticas, burocráticas y legales en México, como veremos a continuación. Tomando los dos niveles de análisis, seguridad nacional y seguridad internacional, es posible notar que la Iniciativa Mérida ha reforzado la articulación entre los dos, como lo demuestra la movilización de militares de sus actividades principales de defensa nacional y acciones en el espacio internacional para operaciones de tipo policiaco dentro del territorio mexicano (espacio, por excelencia, de las políticas domésticas de seguridad pública).

41De un lado, el combate interno contra los cárteles evidencia la conexión entre el nivel de seguridad pública y el nivel de seguridad nacional, entendida como una amenaza al orden, a las instituciones y a la integridad nacional que justificaría el despliegue de las fuerzas armadas. De otro lado, la militarización creciente y el bajo apoyo diplomático y económico de Estados Unidos -con impactos en Centroamérica y el Caribe- exponen una dimensión de seguridad internacional asumida en los discursos diplomático-militares de los países de la región. De hecho, los dos niveles siguen, en el caso mexicano, la tendencia encontrada en otros países del mundo (ya sea por el combate al crimen transnacional, o al terrorismo), donde se mezclan espacios y categorías de políticas públicas que en tiempos pasados eran claramente discernibles (interno y externo), lo que provoca una indiferenciación entre fuerzas policiacas y fuerzas militares, en términos de tácticas, equipos, doctrinas, funciones constitucionales (Neocleous 2014).

4. El gobierno de Peña Nieto, entre promesas de reforma y la continuidad de la guerra

42Desde la perspectiva del narcoanálisis, es posible notar que la historia de la prohibición y de la “guerra contra las drogas” en México ha obedecido a dinámicas propias que estuvieron en contacto y bajo influencia de procesos estructurales/exteriores, como la presión diplomático-militar de EE. UU. y los compromisos antidrogas establecidos por los tratados internacionales en esa materia. De ese modo, lo importante es tener en cuenta que hay características concretas de la sociedad mexicana que dan pesos específicos a cada uno de los niveles analíticos de un narcoanálisis aplicado a México.

43Los elevados saldos de muertos y desaparecidos relacionados con la política de militarización del gobierno Calderón promovieron demandas sociales por el cambio, hecho que fue incorporado por la campaña presidencial victoriosa de Enrique Peña Nieto, en 2012 (Felbab-Brown 2014). El exgobernador del estado de México construyó su propuesta de gobierno a partir de la figura del gestor moderno, abierto a las dinámicas de la globalización neoliberal y de cambios en la política de seguridad (Paley 2017). Su éxito electoral marcó el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Palacio de los Pinos, y, desde el primer momento, buscó apartarse de la imagen de su antecesor en cuestiones de seguridad. El principal argumento de su programa de gobierno para la seguridad fue la conexión entre desarrollo socioeconómico y disminución de la violencia criminal, por lo que programas de empleo, educación y cultura -junto con medidas anticorrupción- complementarían las políticas represivas con el fin de contener las altas tasas de homicidios, extorsiones y secuestros (Felbab-Brown 2014).

44No obstante, “aunque prometió no militarizar la guerra contra las drogas, apenas asumió la presidencia [Peña Nieto] envió tropas a Michoacán, en mayo de 2013” (Rosen y Zepeda 2016, 62). El nuevo presidente cambió ligeramente la manera de desplegar a los militares, dando énfasis al Ejército -y no a la Marina, como Calderón y EE. UU. prefirieron antes- (Magaloni y Razu 2016). Incluso, la tendencia a la disminución inicial de los índices de homicidios intencionales en sus dos primeros años de gobierno fue revertida con el desplazamiento de la actividad narcotraficante de antiguas plazas (principalmente la frontera norte del país) a nuevos territorios, como la región central (estado de México, Jalisco, Michoacán) y la costa del Pacífico (Guerrero) (Heinle, Rodríguez Ferreira y Shirk 2017; Rodrigues, Kalil, Zepeda y Rosen 2017).

45Para autores como (Heinle, Rodríguez Ferreira y Shirk 2017) y (Magaloni y Razu 2016), Peña Nieto dio continuidad a la militarización de la Iniciativa Mérida, pero con cambios de imagen, decidiendo no mostrar a los capos presos en entrevistas colectivas de prensa. Sin embargo, la táctica de atacar a las cabezas de las principales organizaciones narcotraficantes siguió como principal meta, lo que no trajo la desmovilización del narcotráfico en el país, sino el final de la “Pax Sinaloa”, o sea, el período de relativa disminución de la violencia inter-cárteles entre 2010 y 2014, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán logró superar a rivales como Los Zetas en plazas clave del norte, como Nuevo Laredo y Culiacán (Felbab-Brown 2014). La captura del “Chapo”, en 2014, fue celebrada por el gobierno Peña Nieto como un gran éxito. No obstante, su escape espectacular por un túnel, en 2015, provocó una cacería centrada en Guzmán, su posterior recaptura, en 2016, y extradición a Estados Unidos a principios de 2017. La prisión del capo máximo del Cártel de Sinaloa ha abierto un período que todavía no cierra disputas entre lugartenientes del “Chapo”, grupos en búsqueda de nuevas plazas (como Los Zetas) y nuevas organizaciones emergentes, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que disputa zonas de producción (de heroína) y de llegada de drogas (de cocaína andina y anfetaminas y precursores desde Asia) (Heinle, Rodríguez Ferreira y Shirk 2017; Rodrigues, Kalil, Zepeda, Rosen 2017).

46Para (Rosen y Zepeda 2016), la inseguridad y la violencia en México bajo Peña Nieto siguieron en niveles altos, en comparación con otros países violentos del mundo. Crímenes como la extorsión crecieron 11% entre 2012 y 2013, mientras que los secuestros aumentaron un 16% en el mismo período (Rosen y Zepeda 2016, 69). Esos cambios pueden ser efectos del período de indefinición en el balance de poder entre los grupos tras el fin de la “Pax Sinaloa”, o resultado de la diversificación de actividades mafiosas ante el estancamiento del mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos, que pasa por una fase de gran uso de opioides, pero que son, en parte, desviaciones hacia el mercado ilegal de fuertes analgésicos (pain killers) producidos por la industria farmacéutica estadounidense (Paley 2017).

  • 6 Cuando iban a una protesta, su autobús fue interceptado por la policía. Lo que siguió no está escla (...)

47De todos modos, el gobierno de Peña Nieto enfrentó reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas militares o policiales. Los casos de desapariciones y las fosas con cuerpos no identificados se han convertido en noticia constante, siendo el caso más difundido internacionalmente la desaparición de cuarenta y tres estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Los futuros profesores rurales, críticos y militantes contra las políticas de la municipalidad, fueron secuestrados, y sus cuerpos fueron desaparecidos.(6)

48 De ese modo, la permanencia de la violencia narcotraficante en México genera efectos que van más allá de los llamados “delitos contra la salud”, lo cual indica continuidades entre las políticas de Calderón y Peña Nieto. Madrazo (2014) destaca la existencia de “costos constitucionales de la guerra contra las drogas”, articulados y/o impulsados por significativas reformas legales que, bajo el argumento de enfrentar al narcotráfico, han cambiado estructuras y reglas de organización de la esfera legal y de la comunidad política mexicana. Subrayamos que esos “costos constitucionales” son parte integrante de una dinámica política recurrente de producción de amenazas y construcción de enemigos, que configura parte de un largo proceso de securitización del narcotráfico en México.

49De modo sucinto, de acuerdo con (Buzan, Weaver y De Wilde 1998), hay un proceso de securitización “cuando un tema es presentado como una amenaza existencial [al Estado/a la sociedad], requiriendo medidas de emergencia y justificando acciones fuera de los límites de los procedimientos políticos [previstos en el reglamento legal]” (23-24). La naturaleza presuntamente grave y amenazadora de un actor, una práctica social o grupos específicos justificaría, entonces, que el Estado tomase medidas excepcionales, fuera de la discusión política corriente -y quizás en conflicto con los estatutos legales establecidos-, bajo la justificación de proteger la integridad del propio Estado, del territorio y de su población.

50Los “costos” estudiados por Madrazo son índices del proceso de securitización del combate al narcotráfico, pues los cambios legales del sexenio de Calderón, continuados por Peña Nieto, implementaron en México, según el autor, un “régimen penal de excepción”, consagrado en la Constitución Federal tras una reforma de 2008. El autor presenta “las alteraciones permanentes al sistema [legal]” (Madrazo 2014a, 6) que trajeron restricciones de derechos fundamentales, rediseñaron “facultades o responsabilidades” (2014a, 12) de los poderes políticos y permitieron una confusión de funciones entre los agentes públicos. El principal enemigo que justifica esos cambios es el narcotráfico o la “delincuencia organizada” (Madrazo 2014, 11).

51El régimen de excepción incorporado a la ley máxima de la nación se dirige a los “delincuentes organizados”, que son blancos de medidas restrictivas de derechos y penas aumentadas. Una de esas medidas fue el arraigo, que consiste en aprehender a una persona sin cargos formales por un periodo de tiempo. Una decisión de la Suprema Corte, en 2005, consideró esta medida como inconstitucional. Sin embargo, la reforma constitucional lo incorporó en 2008 sin alterar los derechos fundamentales regulares, pero introduciendo una excepcionalidad especial para los “delincuentes organizados”. De ese modo, irónicamente, quedó probado que el arraigo era, de hecho, inconstitucional, pues fue necesaria una reforma de la carta constitucional para que no fuese más contestado judicialmente. Así, pasó a ser legal en México que una persona pueda ser detenida hasta por ochenta días, por mandato del Ministerio Público, con autorización de un juez, sin que se “demuestre siquiera la existencia de un delito” (Madrazo 2014, 13). La autoridad judicial sólo necesita alegar que el arraigo es necesario para el “éxito” de una investigación.

52Un artículo transitorio sobre el arraigo afirma que esa práctica de arresto puede ser aplicada sólo a un “delito grave” (Madrazo 2014a, 11). La definición de “delito grave”, sin embargo, está en el artículo 194 del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, de 2009, e incluye los “delitos contra la salud”; o sea, los delitos con drogas ilegales. Esa inclusión no se limita a los crímenes de “delincuencia organizada”, sino también a todos los previstos relacionados con las drogas ilegales, dejando gris la zona de posible aplicación del arraigo.

53Una segunda reforma legal importante de ser comentada es la Ley del Narcomenudeo. Según Madrazo (2014a), esa ley suele ser presentada como una forma de “descriminalizar” el consumo de drogas, justificada por el gobierno Calderón como necesaria para involucrar todos los niveles del Estado (federal, estatal, municipal) en la “lucha contra las drogas”. Así, el narcomenudeo, “el eslabón final del narcotráfico” (Zamudio 2012, 55), quedaría bajo responsabilidad de los estados, mientras que el mayoreo, o sea los grandes flujos de drogas ilegales, sería combatido por la autoridad federal.

54De ese modo, se abrió una ventana para que las entidades federadas fuesen involucradas en los “delitos contra la salud”, llevando “a los gobiernos estatales y locales a bordo de la ‘guerra contra las drogas’” (Madrazo 2014a, 13). A nivel federal queda la responsabilidad de decidir “qué se persigue, quién lo persigue y cómo sanciona” en “delitos contra la salud”, mientras que los estados manejan y aplican lo que les compete. En ese sentido, la tradición jurídico-política mexicana, establecida en el siglo XIX -de separación de los códigos penales estatales y el federal-, fue cambiada bajo la “excepcionalidad de la guerra contra las drogas”, que promueve una intervención federal en los parámetros punitivos estatales.

55Madrazo (2014, 35) reconoce que la Ley de Narcomenudeo, “por primera vez distingue el consumo del consumo problemático (farmacodependencia) y se definen ambos”, hecho que abre la posibilidad de que la totalidad de consumidores -apartada del “narcotraficante”- no sea considerada una masa unitaria de “enfermos”. Sin embargo, el concepto narcomenudeo no es una simple liberalización penal: la categoría delictiva deja de ser encarcelamiento, pero se conmuta la pena por sanciones administrativas o tratamiento médico de quien fuese considerado “consumidor enfermo”. Además, “los delitos inmiscuidos en el fenómeno del narcomenudeo no sólo son los delitos contra la salud y los relativos a la delincuencia organizada, sino también otros de fuero común como el robo, el asalto, el homicidio”; lo que permite que quienes manejan pequeñas cantidades de drogas ilegales sigan bajo la atención y persecución de las autoridades: esas personas son principalmente jóvenes pobres presentados socialmente como marginales y proclives “a provocar otros actos delictivos” (Zamudio 2012, 77).

56En 2005 se promulgó la ley de seguridad nacional, considerada por Madrazo (2014) uno de los pilares de las reformas legales de la presente situación jurídico-política mexicana. Promulgada bajo el gobierno de Vicente Fox, dicha ley buscó actualizar el concepto seguridad nacional agregando a las tradicionales cuestiones de protección de la nación frente a amenazas extranjeras, “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada” (art. 5, III) y “actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada” (art. 5, V). Esas novedades están relacionadas directamente con el combate a los “delitos contra la salud”, pues la categoría “delincuencia organizada” pasó a ser sinónimo de “tráfico de drogas”. La ligación entre la actuación de los cárteles y la seguridad nacional quedó, de ese modo, trazada. Considerando las continuidades de base entre los gobiernos Calderón y Peña Nieto, es posible verificar las procedencias todavía más antiguas (desde el gobierno Fox) que explicitan cómo quedaron vinculados los niveles de seguridad pública y seguridad nacional, marcados por el tema de la criminalización de actos “contra la salud”, que rememora, a su vez, las leyes iniciales basadas en el argumento de la “degeneración de la raza” (los niveles de la seguridad moral y de la seguridad sanitaria), mientras México sigue -con participación en programas como la Iniciativa Mérida- la internacionalización de la llamada “guerra contra las drogas” (nivel de la seguridad internacional).

Consideraciones finales

  • 7 Es importante saber que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Partido de la Revolución Democr (...)

57En el México de hoy, la construcción de la “delincuencia organizada” como una amenaza existencial al Estado es un recurso para remodelar la tolerancia de la ciudadanía ante los temores causados por la violencia entre grupos narcotraficantes y entre ellos y las diversas fuerzas del Estado. Las reacciones ciudadanas emergen incluso fuera de los marcos institucionales o canalizados por los medios legales (partidos políticos u ONG), como lo ejemplifica el surgimiento de grupos de autodefensa, especialmente a partir de 2013, en estados como Michoacán y Guerrero (Magaloni y Razu 2016). Esos grupos se han organizado bajo el argumento de que las fuerzas de seguridad del Estado (federales, estatales o municipales) son incapaces de enfrentar (o son conniventes con ellos) a los grupos del crimen organizado que ocupan tierras, extorsionan a campesinos, secuestran con el objetivo de mantener el control sobre zonas enteras, sus recursos y poblaciones. Para Magaloni y Razu, “el gobierno Peña Nieto ha intentado desmovilizar a las autodefensas bajo la combinación entre cooptación y encarcelamiento” (Magaloni y Razu 2016, 61), pues muchos líderes fueron capturados, mientras que el gobierno ha creado, a partir de 2014, las Fuerzas Policiales Rurales, vinculadas a las secretarías de Seguridad Pública estatales para controlar grupos que, según evaluaciones del Gobierno federal, estaban asociándose a bandas narcotraficantes (Magaloni y Razu 2016).(7) No obstante, el tema de las autodefensas comunitarias en México es un tema complejo, y que se relaciona con una larga historia de resistencias populares (campesinas e indígenas), por lo menos, desde el siglo XIX. Por esa razón, y ante la dificultad del gobierno Peña Nieto para dar una respuesta a esa nueva forma de organización armada local, es incierto lo que va a pasar en términos de grupos rurales y sus relaciones con las fuerzas legales e ilegales.

58De todos modos, lo que se nota es el constante movimiento entre las fuerzas sociales en México, que expone luchas dentro de las instituciones políticas (partidos, organismos del Estado, Congreso, etc.) y a través del cuerpo social, entre actividades legales e ilícitas. La prohibición de las drogas en México, sin embargo, responde a múltiples orígenes que encuentran raíces en prácticas sociales, valores morales, características de los proyectos de modernización social y económica del país, cambios en las fuerzas y mandos políticos, además de las relaciones con actores externos, sean estatales (como las complejas relaciones y presiones diplomáticas, económicas y militares ejercidas por los Estados Unidos) o no estatales, como los actuales grupos narcotraficantes que cruzan sus conexiones por todo el continente americano y más allá, hacia Asia, África y Europa.

59El narcoanálisis es un experimento teórico-metodológico que busca abrir conversaciones para encontrar formas de analizar la historia y las transformaciones de las políticas de drogas en las Américas. En este artículo elegimos a México, aunque ejercicios similares hayan sido ensayados para otros países como Brasil y Estados Unidos (Rodrigues y Labate 2016; Rodrigues 2017). Con todos los límites analíticos por enfrentar cuando se decide abordar un tema complejo de modo original, buscamos invitar a echar una mirada distinta a las interpretaciones solamente policy oriented o que reputan la “guerra contra las drogas” como un plan maquiavélico de estrategas estadounidenses asociados a élites económicas y políticas latinoamericanas. Si es verdad que los EE. UU. son actores fundamentales para la existencia y permanencia del prohibicionismo, y también lo es que las élites locales están conectadas con los intereses geopolíticos y económicos estadunidenses, es preciso notar que el rechazo a ciertas drogas psicoactivas, y todo el conjunto de leyes y programas represivos lanzados en contra de su producción, comercio y uso, tienen raíces más profundas en las creencias morales, en la xenofobia, en el racismo y en las tácticas biopolíticas que sirven para el mapeo y el control de las poblaciones, aunque la “guerra contra las drogas” sea un fracaso.

60La perspectiva del narcoanálisis no sostiene que la “guerra contra las drogas” sea una estrategia única y fija; ni que la continuidad del tráfico de drogas sea “un fracaso”. En términos biopolíticos, la continuidad de esa “guerra” produce muchas ganancias económicas (para narcotraficantes que manejan el mayoreo internacional, para políticos, empresarios, agentes de seguridad, magistrados corruptos, para la industria bélica, para los bancos y los segmentos económicos involucrados en el blanqueo de dinero) y (geo)políticas (justificación para intervenciones en comunas o favelas, para el arresto de individuos considerados “peligrosos” para el orden público, para la disciplina de los comportamientos individuales relacionados con psicoactivos legales e ilegales, para la presión militar interna e internacional sobre países y regiones considerados productores de drogas, etcétera). Lo importante es comprender que el prohibicionismo cuenta con sólo cien años de historia y pasa por cambios incesantes. Esos cambios tienen un sentido liberalizador para algunas drogas (como la marihuana) o todavía son represivos (como la cocaína y la heroína). Sin embargo, como las políticas de drogas son construcciones históricas, políticas y sociales, hay posibilidades de cambios más o menos amplios que vengan de los mismos espacios de confrontación social y política que produjeron la prohibición.

61En ese sentido, los presentes dispositivos jurídico-políticos mexicanos respecto al combate al “crimen organizado” expresan una compleja correlación de fuerzas, basada en valores profundamente enraizados en la sociedad y que se conectan con los cinco niveles indicados por el narcoanálisis. De ese modo, la “guerra contra las drogas” no es la “guerra de Calderón” o la “guerra de Peña Nieto”, sino uno de los aspectos de la violencia social que atraviesa a la sociedad mexicana (Rosen y Zepeda 2016; Rodrigues, Kalil, Zepeda y Rosen 2017). El propio Madrazo (2014) subraya que las reformas legales de los años 2000 trajeron tanto el tema del régimen penal de excepción como aperturas hacia el tratamiento diferenciado a consumidores. Aunque la Ley de Narcomenudeo no signifique una concreta descriminalización del consumo de psicoactivos, el hecho de que la legislación haya incluido esa diferenciación puede señalar cambios futuros menos punitivos. Hay demandas sociales que se mueven lejos de la punición y la militarización.

62Los altos costos sociales y materiales de la “guerra” frontal contra los carteles quizás puedan producir un ambiente social y político más permeable a las posibilidades de reforma del prohibicionismo mexicano. La Ley de Narcomenudeo, por ejemplo, aparentemente buscó dar respuesta -aunque contradictoria y contestable- a iniciativas de descriminalización del consumo de psicoactivos presentadas desde finales del gobierno de Vicente Fox, y que no encontraron espacio -ya fuera por presiones domésticas o de EE. UU.- para avanzar hasta 2009. Pero en aquel entonces, la “guerra contra las drogas” del gobierno Calderón ya cumplía casi dos años, dando señales de que la alternativa violenta no alcanzaría a solucionar la relación entre demanda y oferta de drogas psicoactivas en México. En ese contexto, surgieron algunas propuestas en favor la descriminalización e, incluso, legalización de las drogas.

63La diputada Elsa Conde (Grupo Parlamentario de Alternativa Social-Demócrata) ha presentado, por ejemplo, dos propuestas de ley: la “Iniciativa por la cannabis industrial o cáñamo”, en diciembre de 2008, y la “Iniciativa por la cannabis medicinal”, en febrero de 2010. Esa última fue reforzada por la propuesta del diputado Víctor Hugo Círigo (Convergencia), en abril de 2010. Después, la noticia de la victoria del plebiscito sobre la legalización del uso recreacional de marihuana en los estados americanos de Colorado y Washington, en 2012, impulsado por la legalización de la marihuana en Uruguay, en 2013, dio nuevo aliento a las iniciativas reformistas en México y en otros países de América Latina (Zamudio y Hernández, 2012).

64En Ciudad de México, las propuestas y el debate público sobre la legalización de la marihuana, incluidos las experiencias de autocultivo (permiso de cultivo para consumo propio), los clubs cannábicos (cooperativas de productores y consumidores) y la legalización de su uso medicinal y recreacional, avanzaron significativamente (Zamudio y Hernández 2012). En 2013, diputados del Partido de la Revolución Democrática, como Mario Delgado y Vidal Llerenas, lideraron la lucha por la despenalización de la marihuana (producción y consumo) en Ciudad de México, dando indicios de un posible cambio que ejercería fuerte influencia sobre los rumbos de la política federal en salud. Estas iniciativas todavía no se convirtieron en prácticas, y el ambiente internacional quedó más conservador tras la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con su discurso xenófobo.

65No obstante, quizás la extremada violencia del ataque del Estado a los cárteles y aquella oriunda de las disputas entre los narcos generen otras sensibilidades en el nivel moral abriendo espacio para un cambio más contundente del régimen prohibicionista. El rechazo a la violencia puede ser la fuerza necesaria para que sean minimizados prejuicios morales contra las personas que producen, venden y consumen psicoactivos ilegales. Ese trayecto no es simple, pues implica cuestionar valores, tácticas e intereses arraigados en los niveles de seguridad moral, sanitaria, pública, seguridad nacional e internacional.

66En suma, la articulación entre los cinco niveles de seguridad es móvil y dinámica. La gran complejidad y los altos índices de letalidad de la “guerra contra los cárteles” en México pueden presionar nuevos arreglos y combinaciones entre las prácticas y los valores sociales respecto al mercado de drogas ilícitas y la vía represiva para lidiar con este fenómeno social, cultural, económico y político. La historia del prohibicionismo en México no tiene una fecha o un marco único en su comienzo, y tampoco demuestra tener un único destino. Por eso, este artículo introduce el narcoanálisis como invitación teórico-metodológica para el estudio de las políticas de drogas en México y, quizás, en otros países latinoamericanos que sufren el marco general del prohibicionismo y de la “guerra contra las drogas”.

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Notas

1 El concepto narcoanálisis, como se expone en el artículo, se diferencia de la tradicional aproximación a los campos médico y psicológico que exploran los efectos psicoactivos de ciertas drogas, así como de las perspectivas de la criminología interesadas en relacionar el uso de drogas psicoactivas y la producción de estados alterados de conciencia supuestamente más inclinados al delito.

2 The concept of narcoanalysis, as detailed in the article, is differentiated from the traditional approach in the medical and pschological fields which explore the psychoactive effects of certain drugs, as well as the outlooks of criminology interested in linking the use of psychoactive drugs and the production of altered states of consciousness supposedly more inclined toward crime.

3 O conceito “narcoanálise”, como será exposto neste artigo, é diferente da tradicional abordagem do campo médico e psicológico que explora os efeitos psicoativos de certas drogas, bem como das perspectivas da criminologia interessadas em relacionar o uso de drogas psicoativas e a produção de estados alterados de consciência supostamente mais inclinados ao delito.

4 Es importante subrayar que Foucault, a lo largo de su producción intelectual, casi no mencionó el tema de las drogas, salvo en una entrevista publicada en 1984, en la cual señala: “What frustrates me, for instance, is the fact that the problem of drugs is always envisaged only as a problem of freedom and prohibition. I think that drugs must become a part of our culture […] We have to study drugs. We have to experience drugs. We have to do good drugs that can produce very intense pleasure. I think this puritanism about drugs, which implies that you can either be for drugs or against drugs, is mistaken. Drugs have now become a part of our culture. Just as there is bad music and good music, there are bad drugs and good drugs. So we can't say we are ‘against’ drugs any more than we can say we're ‘against’ music” (Foucault 1998, 163-164).

5 El “Plan Colombia” fue un programa de apoyo financiero y militar, firmado en 1999 por los presidentes William Clinton (EE. UU.) y Andrés Pastrana (Colombia), que buscaba aportar 2,6 millones de dólares para la reforma del sistema jurídico y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas con el objetivo de combatir al narcotráfico. En sus momentos iniciales, la transferencia de fondos por EE. UU. fue complicada por la falta de claridad sobre si los recursos deberían ser usados en contra de las guerrillas colombianas. Después de los atentados terroristas de 2001 en EE. UU., y con la llegada al poder en Colombia, en 2002, de Álvaro Uribe Vélez, el discurso de “narcoterrorismo” fue oficialmente asumido como un blanco de los gobiernos colombiano y estadounidense, hecho que liberó la aplicación de los recursos del Plan Colombia para combatir grupos armados considerados “narcoguerrillas”, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Plan Colombia, en su versión original, fue conducido hasta 2005.

6 Cuando iban a una protesta, su autobús fue interceptado por la policía. Lo que siguió no está esclarecido, pero se sospecha que fueron entregados a una banda narcotraficante local —“Guerreros Unidos”— que los ejecutó y enterró, al mando del alcalde de Iguala y su esposa. La respuesta del Gobierno federal fue débil y temerosa, lo que impulsó severas críticas a Peña Nieto y su presunta connivencia con grupos narcotraficantes, principalmente en regiones como aquella, Guerrero, que vivía un período de militarización a partir de 2012 y 2013 que siguió tras la caída de “Chapo” Guzmán (Rodrigues, Kalil, Zepeda y Rosen 2017).

7 Es importante saber que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Partido de la Revolución Democrática/PRD), que inició en diciembre de 2018, ha planteado cambios legales y reformas en el aparato de seguridad mexicano, como la creación de una Guardia Nacional, para replantear la política de “guerra contra el narco”. Sin embargo, acá, analizamos sólo los gobiernos Calderón y Peña-Nieto.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Thiago Rodrigues y Beatriz Caiuby Labate, «México y el narcoanálisis: una genealogía de las políticas de drogas en los gobiernos Calderón y Peña Nieto»Colombia Internacional, 100 | 2019, 39-65.

Referencia electrónica

Thiago Rodrigues y Beatriz Caiuby Labate, «México y el narcoanálisis: una genealogía de las políticas de drogas en los gobiernos Calderón y Peña Nieto»Colombia Internacional [En línea], 100 | 2019, Publicado el 01 octubre 2019, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/colombiaint/5475

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Autores

Thiago Rodrigues

Es doctor en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y la Sorbonne Nouvelle (Francia). Realizó una estancia posdoctoral en Estudios Estratégicos en la Universidad Federal Fluminense (Brasil). Es profesor asociado en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, director del Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Entre otras responsabilidades, coordina el grupo de investigación “Seguridad y Defensa en las Américas” (Consejo Nacional de Investigación de Brasil/CNPq). Sus líneas de investigación son narcotráfico, seguridad internacional, seguridad en América Latina, relaciones civiles-militares, teorías críticas de estudios de seguridad. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “War Zone Acapulco: Urban Drug Trafficking in the Americas”, Contexto Internacional, 2017 (en coautoría con Mariana Kalil, Roberto Zepeda y Jonathan Rosen); Política e Drogas nas Américas: uma genealogia do narcotráfico. São Paulo: Desatino, 2017; San Tiago Dantas e a Política Externa Independente. Río de Janeiro: Luzes, 2017 (editado junto con Adriano Freixo).trodrigues[at]id.uff.br

Beatriz Caiuby Labate

Es doctora en Antropología Social por la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) y profesora visitante en el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (Sede Guadalajara, México). Hace parte del Núcleo de Estudios Interdisciplinares sobre Psicoativos (Brasil). Sus líneas de investigación son: sustancias psicoactivas, políticas de drogas, chamanismo, rituales y religión. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas. Cham: Springer, 2016 (editado junto con Clancy Cavnar y Thiago Rodrigues), y Drogas, política y sociedad en América Latina y el Caribe. México: CIDE, 2015 (editado junto con Thiago Rodrigues). blabate[at]bialabate.net

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