Navegação – Mapa do site

Necesitan ser los delincuentes de cuello blanco resocializados?: una aproximación crítica a las limitaciones del término ‹‹resocialización›› a partir de la experiencia española

Do white collar delinquents need to be resocialized? A critical approach to the limitations of the term "resocialization" through the recent Spanish experience
Les délinquants en col blanc ont-ils besoin d’être resocialisés ? Une approche critique sur les limitations du terme « resocialisation » à travers l’expérience espagnole récente
Carlos Fernández Abad
p. 45-58

Resumos

En el presente capítulo, el autor examina la idoneidad del sistema penitenciario español para hacer frente a la delincuencia de cuello blanco. En este sentido, argumenta que tal capacidad estaría seriamente limitada ya que la resocialización, finalidad primordial de la pena de prisión, se ha construido sobre una noción simplista de delincuencia que asocia delincuencia y exclusión social, siendo un concepto inaplicable en aquellos supuestos no caracterizados por tal situación. Según su planteamiento, esta inoperancia no debe resultar llamativa, puesto que la historia de la prisión -y sus finalidades asociadas- es indisoluble del tratamiento de la exclusión social.

Topo da página

Texto integral

Introducción

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción y el fraude son considerados por la sociedad española como el segundo principal problema del país, siendo solo superado por el fenómeno del desempleo (CIS, 2017). En el contexto de una frágil recuperación económica, marcada por la propagación de un sentimiento creciente de inseguridad social y la existencia de una desigualdad galopante, los ciudadanos asisten, prácticamente de forma diaria, a la retransmisión de continuas noticias sobre corrupción, tanto en el ámbito público como privado y que afectan a las más altas instancias del poder político, económico y financiero. En este sentido, se ha generado en la población una suerte de alarma social que, unida a la percepción de impunidad que reciben sus autores, se traduce en la demanda de una mayor severidad en el control social de estas conductas y, de un modo más específico, en penas de prisión para sus responsables. Pero, ¿está preparado el sistema penitenciario para hacer frente a este fenómeno delictivo?

Antes de responder esta pregunta, resulta conveniente exponer las motivaciones que justifican su formulación: de un lado, es importante tener en cuenta que, tradicionalmente, la delincuencia ha sido vinculada – prácticamente de forma exclusiva – con diferentes patrones asociados a la exclusión social, generándose un perfil de delincuente común caracterizado por haber experimentado procesos de socialización deficitarios. En estos términos, la Criminología ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de tal relación, señalando como causas de la criminalidad factores que remiten directamente a estos procesos.. A pesar de que la Criminología Crítica puso en evidencia la naturaleza de esta relación (Baratta, 2004: 364) y que, desde planteamientos ideológicos opuestos, las «criminologías de la vida cotidiana» también cargaron contra esta suerte de positivismo social (Garland, 2005: 53), esta visión simplista y autolimitada del comportamiento delictivo ha influido notablemente en la configuración del sistema penitenciario, donde el tratamiento ha sido orientado hacia la consecución de la inclusión social efectiva. Ahora bien, teniendo en cuenta que no toda forma de criminalidad es reductible a la exclusión social y que la corrupción -enmarcada en la categoría criminológica de la delincuencia de cuello blanco- constituye un ejemplo paradigmático de esta realidad, surge la necesidad de plantearse si, tal y como están configurados, los programas de tratamiento serían susceptibles de ser aplicados a este tipo de delincuentes; por otra parte, considerando el alto nivel de daño social que generan estos comportamientos, la reflexión académica sobre esta cuestión resulta necesaria puesto que, en caso de revelarse el sistema penitenciario español como incapaz para enfrentar este tipo de delincuencia, urge la formulación de nuevas categorías aplicables a toda forma de criminalidad, independientemente de si sus autores se encuentran sometidos o no a procesos de exclusión social.

En definitiva, el propósito fundamental de este artículo, más que a analizar las dinámicas que explican la presencia de un mayor punitivismo en la sociedad española -aspecto que, por otra parte, excede sus límites-, responde a la necesidad de valorar, a partir de una reflexión teórica y crítica en torno al concepto de «resocialización», si el sistema penitenciario español está capacitado para responder a la delincuencia de cuello blanco.

1. Delincuencia de cuello blanco y prisión: una relación inusual y compleja

El término «delincuente de cuello blanco» fue acuñado por Sutherland durante la celebración de la American Sociological Society en el año 1939, aludiendo con este concepto a un “delito cometido por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación” (1969: 13). El contenido de su intervención generó una repercusión inmediata ya que, a diferencia de la mayor parte de los autores coetáneos, Sutherland no consideró la delincuencia como patrimonio exclusivo de las clases sociales bajas, sino que, por el contrario, argumentó que ésta se aprende a través de contactos diferenciales, siendo un fenómeno transversal que se extiende a través de la totalidad de la estructura social. El enfoque resultaba novedoso puesto que, como señala Álvarez Uría, la atención estaba siendo desplazada desde los callejones hacia los Consejos de Administración (2000: 12). No obstante, Sutherland también señaló en su obra que, a pesar del elevado daño social que generan estos comportamientos (1969: 16), los delincuentes de cuello blanco tienen mayores posibilidades de evitar la acción de la justicia (1969: 12). Pero ¿qué características tienen estos comportamientos para gozar de semejante nivel de impunidad?

En primer lugar, se trata de conductas que, al menos de forma explícita, no son violentas, lo que conduce a un tratamiento más benevolente. Como argumenta Bauman, es necesario un fraude verdaderamente espectacular y com rostro humano para que despierte el interés de los ciudadanos y de los medios de comunicación (2004: 161); por otra parte, estas prácticas no suelen generar efectos inmediatos y sobre una víctima concreta, sino que sus consecuencias tienden a materializarse en espacios de tiempo más o menos amplios y sobre una pluralidad de personas, dificultando el establecimiento de un nexo claro y preciso entre la acción y sus consecuencias (Fernández Albor y Martínez Pérez, 1983: 16); en tercer lugar, el estatus y la respetabilidad asociada a estos individuos entra en contradicción directa con el prototipo de delincuente asumido socialmente, caracterizado por ser una persona sometida a procesos de exclusión social (Baratta, 2004: 290); en último lugar, también es preciso tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan estas prácticas. En este sentido, la existencia de una cultura capitalista –marcada por la búsqueda constante del lucro económico- ofrece un marco propicio para que estas conductas, lejos de ser reprobadas, puedan encontrar refuerzos positivos por parte de la sociedad (Fernández Albor y Martínez Pérez, 1983: 45). De este modo, la imperceptibilidad de estas conductas también vendría condicionada por el contexto cultural en el que se desarrollan (Zúñiga Rodríguez, 2015: 50).

La interacción de estos cuatro factores propicia que la delincuencia de cuello blanco sea rodeada de un halo de invisibilidad. Sin embargo, tal y como ha sido destacado en la Introducción, la corrupción y el fraude son percibidos actualmente por los ciudadanos como el segundo principal problema del país (CIS, 2017). Esta mayor visibilización vendría motivada no tanto por el aumento cuantitativo de estas conductas como por el contexto en el que se han desarrollado, marcado por la existencia de una crisis económica y financiera que ha supuesto el empobrecimiento acelerado de los sectores populares y la propagación de un sentimiento creciente de inseguridad social. Ante tal situación, los ciudadanos han considerado que estas prácticas forman parte de la ecuación que ha dado lugar a este contexto, generándose una conciencia social generalizada sobre la nocividad de tales comportamientos que, lejos de ser inocuos, tienen una repercusión diaria en la vida de las personas. Todo ello ha provocado que el citado halo de invisibilidad haya quedado comprometido y los ciudadanos demanden una mayor severidad en el control social y penas de prisión para sus responsables. Pero ¿tienen los delincuentes de cuello blanco las mismas probabilidades de ingresar en prisión que sujetos vinculados a la delincuencia común?

Conviene recordar que la delincuencia – a diferencia de lo que ha postulado la Criminología Tradicional durante mucho tiempo – no es una realidad ontológica, sino que se trata de una definición humana. Es decir, para que un hecho sea delictivo y una persona reciba la etiqueta de delincuente, debe existir necesariamente un proceso de definición previo. Ahora bien, según argumenta De Giorgi, este poder de definición, lejos de perseguir el interés general, es dentado por las clases dominantes y empleado como un instrumento para reproducir y preservar las bases materiales de su dominio (2006: 57). De este modo, no resulta extraño que la intensidad de los procesos de criminalización no dependa tanto del daño social generado como del lugar ocupado en la escala social (Baratta, 2004: 362). Todo ello tiene importantes repercusiones ya que, debido a la posición social de los delincuentes de cuello blanco, éstos gozarían de una suerte de mecanismo de autoprotección que garantizaría una menor exposición a los procesos de criminalización, recibiendo sus conductas un reproche penal mínimo o, directamente, inexistente, lo que reduce desde un inicio sus posibilidades futuras de ingresar en prisión. Por otra parte, debido a las características anteriormente mencionadas, la detección e investigación de estos delitos es altamente complicada (Bauman, 2004: 160). Los procesos penales tienden a ser más complejos y dilatados en el tiempo, entrando en juego los plazos de prescripción y la interposición de recursos interminables. Además, la posibilidad de contar con recursos económicos que garanticen una adecuada defensa jurídica permite eludir con mayor facilidad la acción de la justicia. En aquellos supuestos en los que finalmente se dicta una sentencia condenatoria, estos delitos, generalmente, no son sancionados con pena de prisión y cuando ésta sí se contempla, su duración suele ser escasa, abriendo la posibilidad de su suspensión o cumplimiento en regímenes de vida más flexibles. Todo ello contrasta con la relativa facilidad con la que los delincuentes comunes ingresan en prisión, donde las barreras anteriormente mencionadas son reducidas a su mínima expresión.

Como se puede apreciar, la relación entre la delincuencia de cuello blanco y prisión es compleja e inusual: de un lado, presenta características que dificultan su percepción y control; de otro, existen toda una serie de barreras que tornan altamente complicada la entrada en prisión de sus responsables, siendo éste un colectivo muy minoritario. Desde un punto de vista empírico, este extremo es fácilmente comprobable. En el año 2017, únicamente había un total de 104 internos por delitos relacionados con la corrupción en las cárceles españolas (Poder Judicial, 2017), lo que representa un 0,17 por 100 del total de la población penitenciaria. Sin embargo, como ha sido destacado en las páginas precedentes, estas prácticas delictivas están recibiendo una mayor atención en la actualidad, existiendo un amplio número de procesos judiciales que, dentro de las limitaciones señaladas anteriormente, pueden suponer que tal cifra aumente en los próximos años. Por ejemplo, a lo largo del 2016, hubo un total de 659 personas acusadas por delitos de corrupción (Poder Judicial, 2017). Además, otro aspecto relevante es que los propios Tribunales, debido al contexto en el que se insertan estas prácticas, están tomando conciencia de esta realidad, mostrando una mayor reticencia a la hora de suspender las condenas por este tipo de delitos (Cardenal Montraveta, 2017: 181). Ahora bien, ¿está preparado el sistema penitenciario español para hacer frente a esta realidad delictiva?

2. La construcción del término ‹‹resocialización››: cárcel y exclusión social como realidad indisoluble

Para poder determinar si el sistema penitenciario español está capacitado para responder a la delincuencia de cuello blanco, resulta necesario esclarecer, en primer lugar, cuál es la finalidad perseguida por la prisión. En este sentido, el art. 25.2 de la Constitución Española establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos”. Por otra parte, en términos similares, el art. 1.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el art. 2 del Reglamento Penitenciario señalan que, además de la retención y custodia, las finalidades primordiales de la pena de prisión son la reeducación y la reinserción social. Por tanto, del marco jurídico que regula la actividad penitenciaria, se desprende que la finalidad primordial de la pena de prisión es la reeducación y la reinserción social del penado, referidas comúnmente en la doctrina española con el término de ‹‹resocialización››. Ahora bien, resulta importante matizar que esto no significa que la resocialización, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional de forma reiterada, sea considerada el único fin de la prisión o sea susceptible de ser conceptualizada como un derecho fundamental del penado (Casanova Aguilar, 2014: 25). De este modo, su alcance y contenido es en cierto modo limitado, quedando reducido en numerosas ocasiones a una mera declaración de principios o de buenas intenciones.

Por otra parte, es importante considerar que este ideal entró en una grave crisis a finales de los años setenta del siglo pasado, siendo especialmente intensa en Estados Unidos y Reino Unido. La rehabilitación del delincuente -término empleado en los países anglosajones- fue objeto de numerosas críticas desde posiciones ideológicas muy diferentes y de un paulatino desplazamiento por otras finalidades de la pena, sobre todo aquellas orientadas hacia la neutralización del delincuente (Garland, 2005: 51). A pesar de que esta crisis no ha sido tan pronunciada en España, debido tanto a que este ideal se constitucionalizaba en este preciso momento -de modo que no era posible experimentar retrocesos- como a un contexto económico y social totalmente diferenciado a los países mencionados, también se han formulado objeciones que cuestionan la viabilidad de su consecución. En primer lugar, el término ‹‹resocialización›› es criticado por su ambigüedad y falta de concreción, existiendo múltiples interpretaciones sobre lo que significa resocializar una persona. La mejor prueba de esta indefinición terminológica es que los conceptos de ‹‹reeducación››, ‹‹reinserción›› y ‹‹resocialización››, pese a remitir a realidades totalmente diferentes, son empleados como sinónimos de forma indistinta, lo que evidencia su falta de contenido material; en segundo lugar, también ha sido duramente criticado el medio en el que se pretende alcanzar esta finalidad. Las prisiones se configuran como instituciones totales en el sentido definido por Goffman (1992: 13), constituyéndose como espacios hostiles, excluyentes y anormalizadores, donde el penado experimenta, en mayor o menor medida, una serie de consecuencias psicosociales que son altamente perjudiciales para su posterior vida en libertad; otra problemática destacada es que la acción resocializadora concentra todos sus esfuerzos en el individuo, obviando la existencia de toda una serie de factores criminógenos que, ligados a la estructura social, pudieron condicionar el devenir del comportamiento delictivo. En este sentido, Baratta ha señalado que, antes de procurar la resocialización, debería examinarse la sociedad en la que se pretende reintegrar al penado (2004: 371); por último, este ideal se persigue a través de medios claramente insuficientes, tanto humanos como materiales, siendo especialmente significativa la falta de personal destinado a labores de tratamiento.

En este contexto, no resulta llamativo que, desde algunos sectores, se haya considerado la persecución de la resocialización como una utopía. Ahora bien, las problemáticas que conciernen a esta finalidad no se agotan en los factores enunciados anteriormente, sino que, en relación con el núcleo fundamental de este artículo, emerge una complicación aún mayor: la prisión, desde sus orígenes, parece estar dirigida y ser únicamente apropiada para responder a fenómenos delictivos caracterizados por la exclusión social a la que se encuentran sometidos sus autores. Pero ¿en qué se basa esta relación?

La prisión, en la actualidad, ocupa una posición central en los sistemas penales modernos, no solo por la frecuencia de su imposición -que, en ocasiones, se ve superada por penas de otra naturaleza-, sino sobre todo por el valor simbólico que representa. Sin embargo, ésta no ha sido siempre su posición, ya que, durante mucho tiempo, únicamente se concibió como un simple establecimiento de custodia. Durante el Antiguo Régimen, las penas corporales, pecuniarias e infamantes eran las más frecuentes, puesto que éstas se centraban en los bienes más valorados por la sociedad del momento (Melossi y Pavarini, 1987: 17). La libertad, por el contrario, todavía no había alcanzado la suficiente significación para que su privación fuese considerada como una pena. Además, los métodos punitivos empleados estaban conectados con toda una serie de características asociadas al proceso, siendo unas de las más destacadas el carácter oculto que rodea el enjuiciamiento y la publicidad que recibe la ejecución de la pena. Siguiendo a Foucault, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, esta realidad penológica comienza a experimentar una súbita transformación (1992: 15): de un lado, desaparece el espectáculo punitivo, quedando relegado el castigo a la parte oculta del proceso; de otro, existe una relajación de la acción penal sobre el cuerpo del delincuente, siendo éste sustituido por su alma. Es decir, en esta nueva dimensión, ya no se persigue tanto la generación de un sufrimiento físico como la intervención sobre la conducta, voluntad y pensamiento del delincuente (1992: 24). En este contexto, emerge la pena de prisión y una de sus finalidades primordiales: la reforma del delincuente.

Las causas que han motivado el origen de la prisión han sido abordadas desde planteamiento teóricos muy diversos. Algunos autores (García Valdés, 1982; Neuman, 1984), encuadrados en lo que Baratta ha denominado como paradigma ideológico (2004: 202), han concedido especial relevancia en este proceso a las ideas provenientes del movimiento ilustrado. Desde esta corriente de pensamiento, las obras de autores como Beccaria, Howard o Bentham han sido presentadas como la fuerza motriz de esta transformación, siendo contemplada la prisión como el producto de una evolución constante hacia la humanización de los métodos punitivos. La reforma del delincuente, en estos términos, sería considerada como el producto de una ideología que, basada en un mayor respeto hacia la vida humana, rechaza la destrucción física del delincuente y persigue su reintegración en la sociedad. Ahora bien, contemplar la ideología como el único factor explicativo supone obviar que el origen y el desarrollo de esta finalidad queda inmerso en un contexto histórico determinado, marcado por las necesidades de un sistema que, para su continuo crecimiento, precisa la continua incorporación de sus miembros al aparato de producción.

La pretensión de reformar al delincuente no es una novedad que introduce el sistema penitenciario originado a finales del siglo XVIII, sino que, en su versión embrionaria, ésta ya estaba presente en las casas de corrección, una forma de penalidad alternativa que, surgida en el siglo XVI, tuvo una extensión significativa en los países protestantes. Basado su funcionamiento en la privación de libertad, estas instituciones perseguían la reforma del delincuente a través del trabajo penitenciario y la disciplina (Melossi y Pavarini, 1987: 32). Su origen y utilización, sin embargo, no responden tanto a la existencia de una ideología humanitaria como a las exigencias del naciente sistema capitalista (Melossi y Pavarini, 1989: 35). Para comprender su formación, resulta necesario remitir a la concurrencia de un triple proceso histórico: en primer lugar, a finales del siglo XV, un gran número de campesinos fueron expulsados del campo y privados de sus medios de producción (Marx, 2007: 199), convirtiéndose de forma masiva en categorías de desocupados que la manufactura, debido tanto a sus limitaciones internas como a las características específicas de este tipo de población (Castel, 1997: 89), no estaba en disposición de absorber; en segundo lugar, existe un cambio en la manera de concebir la pobreza. Ésta deja de ser tolerada y glorificada, tal y como había sucedido en la Edad Media (Geremek, 1986: 26), y comienza a considerarse como el resultado de una actitud negativa ante el trabajo. De este modo, empieza a operarse una distinción entre pobres aptos y no aptos, siendo los primeros merecedores de la asistencia social y convirtiéndose los segundos en los principales destinatarios de la política criminal; en último lugar, también existe una profunda modificación en la manera de concebir el trabajo. Anteriormente, éste era contemplado como un simple medio para satisfacer las necesidades vitales, de modo que, cuando los trabajadores conseguían su objetivo, no encontraban el sentido de proseguir con su actividad laboral, aunque se les ofreciera un salario mayor (Weber, 2009: 70). Ahora bien, una vez que la manufactura supera sus deficiencias internas, esta concepción tradicionalista se convierte en un pesado lastre para el desarrollo del nuevo sistema económico, puesto que, debido a las condiciones imperantes en estos centros, los ex campesinos rara vez se ofrecían de forma voluntaria para participar en estas actividades (Rusche y Kirchheimer, 1984: 34). En este contexto, fue preciso desarrollar toda una serie de estrategias que pusieran fin a esta situación, debiendo convertirse la actividad laboral en un fin en sí mismo que guiará toda existencia.

El origen y la consolidación de las casas de corrección deben ser ubicados precisamente en este contexto, constituyéndose como parte integrante de la estrategia que las clases dominantes tuvieron que desarrollar para remediar una situación que contravenía sus intereses económicos (Rusche y Kirchheimer, 1984: 29). En estos términos, estas instituciones permitían que la masa de ex campesinos desposeídos interiorizan como forma de vida una concepción del tiempo y del trabajo necesaria para el desarrollo del sistema económico. Además, a través de una función disuasoria, la mera existencia de las casas de corrección servía para intimidar a desocupados potenciales, que debían aceptar cualquier condición laboral si no querían ser internados (Melossi y Pavarini, 1987: 33). De esta manera, la génesis de esta finalidad está enormemente ligada a las características de un tipo de población concreta y a su conversión en sujetos funcionales. Ahora bien, este planteamiento no es exclusivo de las casas de corrección, sino que tal concepción también estará presente en el sistema penitenciario que se desarrolla finales del siglo XVIII. De Giorgi, en este sentido, ha señalado que la función de la prisión fue la producción y reproducción de una subjetividad proletaria, es decir, la formación de una categoría de individuos que, además de tener interiorizada la nueva concepción capitalista del tiempo y el espacio, fuesen capaces de obedecer, seguir órdenes y respetar ritmos regulares de trabajo (2006: 67). Melossi y Pavarini también han incidido en esta cuestión, señalando que la reforma del delincuente fue planteada como una constante mutación antropológica, donde el ex campesino debía ser transformado en un proletario socialmente no peligroso. Es decir, un no propietario que no amenazase la propiedad (1987: 195).

Por tanto, la idea de reformar al delincuente, tanto en su versión más primigenia como en el posterior origen y consolidación de la prisión, estaría muy vinculada a un tipo de población muy específica, especialmente compuesta por aquellos ex campesinos que fueron desposeídos, expulsados del campo, convertidos forzosamente en trabajadores asalariados y transformados en delincuentes. Este hecho no resulta llamativo puesto que estas personas, conforme a la lógica descrita anteriormente -producción y reproducción de una subjetividad proletaria-, serían las únicas que precisarían ser resocializadas. Es decir, durante este periodo, en ningún caso se planteó que esta finalidad pudiese ser aplicada a personas de clase social alta, no solo porque estas personas no se encontrasen en tales establecimientos, sino sobre todo debido a que su condición de propietarios negaba cualquier sentido que hubiese tenido operar tal transformación. Todo ello tuvo grandes repercusiones en el desarrollo de una incipiente ciencia criminológica que, al considerar la delincuencia como un fenómeno natural (Baratta,1986: 16), encontró en las prisiones una suerte de laboratorios donde, a través de la observación, buscar las causas de la criminalidad y operar la reforma del delincuente (Melossi y Pavarini, 1987: 192). Ahora bien, teniendo en cuenta las características específicas de la población que frecuentaba estos centros, tampoco resulta extraño que el delincuente, como sujeto epistemológico, haya sido construido sobre una base simplista que vincula delito y exclusión social. La Criminología, en estos términos, no solo autolimitó su objeto de estudio, sino que también participó de forma activa en la construcción y difusión de este imaginario, generando una ingente cantidad de referencias científicas que universalizaban las causas específicas de una forma de delincuencia y legitimando la actuación prioritaria de las agencias de control sobre estos grupos.

En la actualidad, la pretensión de reformar al delincuente, lejos de haber experimentado transformaciones profundas, sigue basándose en la misma lógica. En referencia al caso español, el propio concepto de ‹‹resocialización›› ya evidencia esta noción simplista, puesto que, si se atiende estrictamente a su contenido semántico, éste alude a la acción de volver a socializar, es decir, presupone que la delincuencia es producto de procesos de socialización deficitarios, aspecto que remite directamente a la exclusión social. A pesar de que las teorías del etiquetamiento y, posteriormente, la Criminología Crítica cuestionaron severamente esta relación, su impacto en la política criminal ha sido muy reducido. Por el contrario, las denominadas políticas de tolerancia cero, centradas en la represión de la microcriminalidad, han dominado la práctica penal durante los últimos años, siendo una de sus consecuencias más palpables, además del aumento generalizado de las poblaciones penitenciarias, que las prisiones sigan nutriéndose mayoritariamente por personas excluidas socialmente. En este sentido, resulta esclarecedor que Wacquant rechace el uso del término encarcelamiento masivo para referirse al aumento exponencial de la población penitenciaria que experimentó Estados Unidos y se refiera a tal fenómeno como hiperencarcelamiento. Tal y como argumenta, lejos de tratarse de un confinamiento indiscriminado, el uso de la cárcel ha sido orientado en función de la clase, la raza y el territorio (2010b: 148). El caso español no resulta una excepción a esta configuración sociodemográfica, proviniendo la mayor parte de sus internos de sectores de población sometidos a intensos procesos de exclusión social (Cabrera, 2011: 60). Además, resulta esencial enfatizar que la prisión no solo se nutre de pobreza y exclusión, sino que ésta también es un mecanismo que contribuye activamente en la intensificación y propagación de la misma (2004: 145). Teniendo en cuenta el perfil de las personas que mayoritariamente ingresan en los centros penitenciarios, no es extraño que el tratamiento penitenciario haya sido dirigido a la consecución de la inclusión social, materializándose este objetivo en toda una serie de programas relacionados con la mejora de las competencias educativas, el aprendizaje de un oficio, el desarrollo de habilidades sociales o la deshabituación de sustancias estupefacientes.

Como se puede apreciar, la idea de reformar al delincuente – materializada en el sistema español bajo el paraguas de la resocialización – es indisoluble del tratamiento de la exclusión social, estando directamente vinculada con un tipo de población que posee características muy específicas. En este contexto, como apunta Wacquant, no resulta llamativo que los perfiles de los destinatarios de las políticas asistenciales y penales tiendan a converger (2010: 46). Ahora bien, considerando que la delincuencia de cuello blanco no puede ser enmarcada dentro de estos parámetros y que la resocialización es la finalidad primordial de la pena, ¿está capacitado el sistema penitenciario español para hacer frente a la delincuencia de cuello blanco?

3. ¿Necesitan ser los delincuentes de cuello blanco resocializados?

Teniendo en cuenta que el concepto de «resocialización», tal y como se deriva de la argumentación precedente, se ha construido sobre una noción simplista que asocia delincuencia y exclusión social, basándose como consecuencia los programas de tratamiento en actividades dirigidas a la consecución de la inclusión social efectiva – aspecto poco probable en un entorno que no hace sino potenciar más la exclusión (Wacquant, 2004: 112) –, los delincuentes de cuello blanco no precisarían ser resocializados. Esta inoperancia, lejos de resultar llamativa, es entendible si se atiende a las siguientes razones: en primer lugar, la génesis histórica y el desarrollo posterior de este concepto revela que, en ningún momento, se concibió la mera posibilidad de que este término pudiese llegar a ser aplicado a personas de clase social elevada, no solo porque su presencia en las prisiones ha sido extremadamente inusual, sino sobre todo porque ni siquiera se planteó la necesidad de su reforma; por otra parte, considerando que las prisiones han sido mayoritariamente habitadas por personas sometidas a intensos procesos de exclusión social, tampoco resulta extraño que el tratamiento penitenciario se haya orientado a paliar los déficits de socialización. De este modo, al no presentar tales carencias, el tratamiento penitenciario en una dimensión clásica no sería aplicable a los delincuentes de cuello blanco; por último, conviene recordar que estas prácticas quedan inmersas en una cultura capitalista, donde la persecución del lucro económico y la competencia desmedida guían la existencia diaria. En este sentido, los delincuentes de cuello blanco tienen plenamente interiorizados los valores dominantes de la sociedad, resultando cualquier tentativa de tratamiento altamente complicada, puesto que ésta entraría en una contradicción directa con las normas básicas de una sociedad de mercado, donde la búsqueda del beneficio económico debe regir la cotidianeidad, independientemente del daño social generado.

Esta limitación del término «resocialización» -es decir, su construcción en términos simplistas- remite directamente a dos características de la penalidad que han sido señaladas desde la economía política de la pena y permiten comprender la situación contemporánea: de un lado, los métodos punitivos no son una realidad inmutable y eterna (Rusche y Kirchheimer, 1984: 2), sino que éstos tienen una historicidad específica. En este sentido, la reforma del delincuente nace en un momento en el que el sistema económico precisa la constante incorporación de sus miembros al aparato de producción. Esta condición material, y no tanto la presencia de una ideología de naturaleza humanitaria, es la que motiva la necesidad de reformar al delincuente y reintegrarlo -bajo unas condiciones óptimas que permitan la máxima extracción del plusvalor- en la sociedad. Este hecho explica no solo porque la prisión desde sus inicios confinó a los más pobres, sino también cómo, ante la desaparición de la citada situación material en la actualidad (De Giorgi, 2006), la reforma del delincuente ha entrado en crisis, propiciando que las cárceles se conviertan en grandes contenedores judiciales donde son arrojados los deshechos humanos de la sociedad de mercado (Wacquant, 2010: 26); de otro lado, la penalidad, lejos de desarrollarse en un contexto idílico, queda inmersa en un marco caracterizado por la coexistencia de grupos antagónicos. En este sentido, ésta se presenta como un instrumento esencial para reproducir y preservar la hegemonía de clase, lo que supone necesariamente circunscribir su análisis a las relaciones entre los dominadores y los dominados (Baratta, 1986: 36). Ante tal situación, tampoco resulta extraño que las finalidades que deben guiar la ejecución de esta pena se hayan construido a la medida de un perfil de delincuente determinado, puesto que es contra estos grupos sobre los que las agencias de control actúan de forma prioritaria.

En definitiva, la construcción simplista del término ‹‹resocialización›› estaría limitando la capacidad del sistema penitenciario español para hacer frente a la delincuencia de cuello blanco. En estos supuestos, la pena de prisión solo podría perseguir finalidades asociadas a la retribución del hecho delictivo, la incapacitación o a la prevención general positiva, es decir, trasladando un mensaje a la ciudadanía de que todas las personas son iguales ante la ley. Sin embargo, las agencias de control acumulan tal desprestigio en la persecución de estas conductas que resulta complicado soslayar la naturaleza penológica actual, donde la distribución de los diferentes tipos de penas estaría más orientada en función de la clase social del individuo que del daño social ocasionado. Ante esta situación, y bajo la firme creencia de que tales delincuentes sí deberían ser objeto de reforma, urge la necesidad de revolucionar el concepto de ‹‹resocialización›› -en sentido material y formal-, desligándolo de las concepciones simplistas y autolimitadas de la delincuencia, y vinculándolo a un sistema penal más justo e igualitario, donde la cárcel cada vez tengo una importancia menor. Ahora bien, todo ello requiere que, con carácter previo, la estructura social en la que se desarrolla el mundo actual, dominado por la lógica del mercado, sea severamente cuestionada y sometida a un análisis crítico.

Conclusiones

Tal y como se ha podido apreciar, la ‹‹resocialización›› se construye sobre una noción simplista que vincula delincuencia y exclusión social, asociándose tal finalidad con la consecución de la inclusión social efectiva. En este sentido, los delincuentes de cuello blanco, al no encontrarse sometidos a tal situación, no precisarían ser resocializados. Esta limitación del término, lejos de resultar llamativa, es perfectamente comprensible si se atiende a la gestación histórica del concepto, al carácter selectivo de las políticas penales y a la cultura capitalista en la que se desarrollan. Ante tal incapacidad, urge la formulación de categorías aplicables a toda forma delictiva, resultando necesario no solo la destrucción definitiva del vínculo que une delincuencia y exclusión social, sino también el cuestionamiento de la estructura social actual y de las relaciones de poder entre los diferentes grupos.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a los revisores anónimos de la Revista Configurações sus valiosas sugerencias y comentarios sobre el presente artículo.

Referências bibliográficas

1ÁLVAREZ URÍA, Fernando, (2000), “Los delincuentes de cuello blanco”, Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, número 1, pp. 1-40.

2BARATTA, Alessandro, (1986), “Por una teoría materialista de la criminalidad y del control social”, Estudios penales y criminológicos, volumen 12, pp. 14-68.

3BARATTA, Alessandro, (2004), Criminología y sistema penal. (Compilación in memoriam), Buenos Aires, Editorial B de f.

4BAUMAN, Zygmunt, (2004), La globalización: consecuencias humanas, México, Fondo de Cultura Económica.

5CABRERA CABRERA, Pedro José, (2011), “Exclusión social y prisiones”, Documentación Social, número 161, pp. 43-66.

6CARDENAL MONTRAVETA, Sergio, (2017), “Corrupción pública y suspensión de la ejecución de la pena”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVII, pp. 179-247.

7ÁLVAREZ URÍA, Fernando, (2000), “Los delincuentes de cuello blanco”, Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, número 1, pp. 1-40.

8CASANOVA AGUILAR, Isabel, (2014), “Mandato resocializador de las penas privativas de libertad y permisos de salida penitenciarios”, Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, diciembre, pp. 1-27.

9CASTEL, Robert. (1999), La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado, Buenos Aires, Paidós.

10CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, (2017), “Tres problemas principales que existen actualmente en España”, Centro de Investigaciones Sociológicas, abril, disponible en [fecha de consulta: 10 de mayo de 2017]: http://www.cis.es/​cis/​export/​sites/​default/​-Archivos/​Indicadores/​documentos_html/​TresProblemas.html

11DE GIORGI, Alessandro, (2006), El Gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud, Madrid, Traficantes de Sueños.

12FERNÁNDEZ ALBOR, Agustín y MARTÍNEZ PÉREZ, Carlos, (1983), Delincuencia y economía, Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.

13FOUCAULT, Michel, (1992), Vigilar y Castigar. Nacimiento de. la prisión, Madrid, Siglo XXI Editores. GARCÍA VALDÉS, Carlos, (1982), Introducción a la penología, Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense.

14GARLAND, David, (2005), La cultura del control. Crimen y orden en la sociedad contemporánea, Barcelona, Gedisa. GEREMEK, Bronislaw, (1986), La piedad y la horca. Historia de la miseria y de la caridad en Europa, Madrid, Alianza.

15GOFFMAN, Erving, (1992), Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Ed. Amorrortu.

16MARX, Karl, (2007), El Capital. Libro I-Tomo III, Madrid, AKAL.

17MELOSSI, Dario y PAVARINI, Massimo, (1987), Cárcel y fábrica: Los orígenes del sistema penitenciario, México, Siglo XXI Editores.

18NEUMAN, Elias, (1984), Prisión abierta: un estudio preliminar, Buenos Aires: Depalma.

19PODER JUDICIAl, (2017), “Repositorio de datos sobre procesos por corrupción”, Poder Judicial España, disponible en [fecha de consulta: 10 de octubre de 2017]: http://www.poderjudicial.es/​cgpj/​es/​ Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Informacion--general/

20RUSCHE, Georg, Y KIRCHHEIMER, Otto, (1984), Pena y estructura social, Bogotá, Editorial Temis.

21SUTHERLAND, Edwin, (1969), El delito de cuello blanco, Caracas, B de f.

22WACQUANT, Loic, (2004), Las cárceles de la miseria, Buenos Aires, Manantial.

23WACQUANT, Loic, (2010), Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona: Gedisa.

24WACQUANT, Loic, (2010b), “Estigma racial en la construcción del Estado punitivo norteamericano”, Astrolabio, Nueva Época, número 5, pp. 145-159.

25WEBER, M. (2007). La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid, Editorial Reus.

26ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, (2015), “Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, número 35, enero-junio, pp. 37-57.

27- Submetido: 23-05-2017

28- Aceite: 09-11-2017

Topo da página

Para citar este artigo

Referência do documento impresso

Carlos Fernández Abad, « Necesitan ser los delincuentes de cuello blanco resocializados?: una aproximación crítica a las limitaciones del término ‹‹resocialización›› a partir de la experiencia española  », Configurações, 20 | -1, 45-58.

Referência eletrónica

Carlos Fernández Abad, « Necesitan ser los delincuentes de cuello blanco resocializados?: una aproximación crítica a las limitaciones del término ‹‹resocialización›› a partir de la experiencia española  », Configurações [Online], 20 | 2017, posto online no dia 28 dezembro 2017, consultado o 21 setembro 2018. URL : http://journals.openedition.org/configuracoes/4190 ; DOI : 10.4000/configuracoes.4190

Topo da página

Autor

Carlos Fernández Abad

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España)

carlos.abad@urjc.es

Topo da página

Direitos de autor

© CICS

Topo da página