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Crítica

El latir de los archivos: Reflexiones sobre memorias mapuches, tempos y temporalidades en los archivos estatales de Chubut

The beat of the archives: Reflections on mapuches’ memories, tempos and temporalities in Chubut’s state archives
Carolina Crespo

Resúmenes

Este artículo parte de mi propio archivo de investigación para revisar ‒desde una perspectiva etnográfica‒ experiencias en y con archivos estatales locales y memorias mapuches vinculadas con políticas de forestación implementados durante el siglo XX en El Hoyo Comarca Andina del Paralelo 42°, Chubut, Patagonia Argentina‒. Me interesa discutir no tanto el contenido referencial de los documentos, sino ciertos lenguajes del archivo que considero que son pistas claves para comprender cómo operan lógicas de poder y entramados de funcionamiento de las instituciones locales; aunque también donde observar subjetividades y tiempos de desacuerdos y desbordes respecto a lo que ha sido y/o sigue siendo instituido. Me refiero, particularmente, al lenguaje temporal y los tempos de dos archivos estatales provinciales. Me detengo a analizar ese lenguaje del archivo como clave que expresa el campo de fuerzas que, en cada momento, constituyó a los mismos; y reviso su devenir en articulación con memorias de comunidades mapuches de la región que fueron a recuperar sus espacios territoriales.

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Notas de la redacción

Fecha de recepción del original: 29/4/2023

Fecha de aceptación para publicación: 13/6/2023

Texto completo

  • 1 La Comarca Andina del Paralelo 42° –en adelante Comarca o Comarca Andina– está conformada por la lo (...)

1En el año 2009, dos familias deciden registrarse en el archivo provincial de Chubut como comunidades mapuches y recuperar su espacio territorial en la zona de Puerto Patriada, dentro de la localidad de El Hoyo (provincia de Chubut‒Patagonia Argentina). Al igual que ocurre con otras comunidades mapuches de la región de la Comarca Andina del Paralelo 42°1 donde se sitúa El Hoyo, los relatos de estas dos comunidades de Puerto Patriada focalizan en los engaños, expropiaciones, reclamos y daños en que se vieron envueltas por una política provincial de desarrollo forestal de pinos, llevada adelante por aserraderos privados en la Cordillera de los Andes, entre los años 1960 y 1980. En Puerto Patriada, los pinos invadieron gran parte del paisaje degradando el ambiente y modificando la ecología del fuego, introdujeron transformaciones sustanciales en sus modos de vida y supusieron expropiaciones de sus espacios totales o parciales, que, desde fines del siglo XIX, habían sido constituidos por el Estado como “tierras fiscales” (Crespo 2018a).

  • 2 Cabe aclarar que si bien hoy es una Secretaría, cuando cite los documentos, aparecerá bajo la forma (...)

2Motivada por la solicitud de un miembro de estas comunidades ‒Daniel Pulgar‒ de reconstruir esta historia de extracciones, de la que los pinos son hoy sus ruinas visibles, comencé a hacer trabajo de campo sobre esas experiencias y, en paralelo, a revisar los archivos provinciales. Mi propósito era analizar ciertas dinámicas de poder locales que las comunidades mapuches han experimentado cotidianamente y, frente a las cuales, orientan sus alianzas, acciones, inscripciones, formas de organización y demandas. Es decir, mi interés era revisar cómo había funcionado allí el Estado, que vínculos se entablaron con sectores con poder y sus efectos. Bajo este objetivo, me dirigí, en el año 2011, a la Delegación Forestal que se encuentra en El Hoyo. Me recibió el Jefe Técnico de esta Delegación, un hombre que vive en esta localidad desde 1991 y ocupó ese cargo hasta hace pocos años atrás. En la Delegación hay pocos documentos. La mayoría se aloja en la Secretaría de Bosques2 de Chubut, que se encuentra en la localidad de Esquel. Apenas me presenté y solicité los documentos sobre la comunidad Pulgar Huentuquidel y sobre la forestal ‒conocida bajo el nombre SAFE: Sociedad Anónima Forestal Epuyén‒ que se instaló en la zona en aquella época, me confesó, muy enojado, que no acordaba con el reclamo. Describió a los miembros de la comunidad como oportunistas, y agregó que, según “el archivo”, ellos llegaron en 1956 y la extensión del territorio reclamado no coincidía con la que figuraba en los documentos. Junto a este acto en el que recurrió al archivo como evidencia o fundamento, me advirtió que él defendía al Estado porque eso “es de todos, es del Estado”. Frase que resulta indicativa de la forma de “ser y hacer Estado”, de la manera político-afectiva con que los funcionarios habitan y defienden la institucionalidad –algo que encuentro en los mismos documentos– y de la potencia y oclusión que contiene aquello que se define como lo público y lo común para los funcionarios. “Todos” son “todos menos” las comunidades, entendidas como amenaza a esa soberanía; pero también “todos” supone posicionar los derechos reclamados por las comunidades contra “todos” y desconocer que “todos” –quiero decir, en este caso, el Estado–se fundó a partir de un ejercicio de violencia, sometimiento y expropiación de territorios indígenas.

  • 3 Agradezco esta observación y aporte sugerido por uno o una de los o las evaluadores de este artícul (...)

3Mientras el funcionario ponía bajo sospecha el carácter indígena de los miembros de la comunidad apelando a los documentos del archivo, observé detrás de su cabeza una carpeta que contenía cantidad de documentos más recientes en el tiempo, bajo la etiqueta “comunidades mapuches”. Por primera vez, los documentos de esta institución que regula el bosque en esta región se abrían y organizaban, no a través de lotes individuales, sino de comunidades indígenas. ¿Una trampa del archivo (Farge, 1991) y para el archivo?3 ¿(In)congruencias entre el archivo y el campo?

4El intercambio con el Jefe de la Delegación y el archivo de la institución ponían de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, que aquel membrete o clasificación estaba sujeto a luchas por significados, interpretaciones e, incluso, desacuerdos dentro del propio Estado en un mismo contexto histórico. También, que este cambio en el archivo era, sin duda, producto de los temores que provocó la recuperación de esos espacios, de la forma en que se estaba dirimiendo la tensión entre memorias disidentes y archivos oficiales, y de las contradicciones que habitan en un mismo tiempo en el archivo entre un pasado instituyente –que no se quiere ver concluido–, y las interrupciones de y en lo instituido.

  • 4 Una versión previa de este texto fue presentada en el Coloquio Lenguajes de Archivo. Decires, saber (...)
  • 5 Este texto pone al descubierto las reflexiones teórico-metodológicas sobre las que se basaron vario (...)

5Estas experiencias en y con archivos, que son ineludiblemente también experiencias de campo (Rodríguez, 2020), me impulsaron a reflexionar, en este artículo, sobre memorias mapuches y archivos estatales locales desde una perspectiva etnográfica. Atiendo para ello no tanto al contenido referencial de los documentos, sino a aquellos lenguajes del archivo que, sea bajo presencia o ausencia, funcionan como pistas para analizar lógicas de poder y entramados de funcionamiento de las instituciones locales; aunque también, donde observar subjetividades y tiempos de desacuerdos y desbordes respecto a lo que ha sido y/o sigue siendo instituido. De estos lenguajes, analizo la temporalidad en y del archivo como clave que expresa el contexto de su producción o, lo que es lo mismo, el campo de fuerzas que en cada momento lo constituyó4. Tomo como base de las reflexiones que siguen a mi propio archivo de investigación5. Esto es, un archivo que he ido elaborando desde el año 2010 y que está constituido por una selección de memorias, entrevistas, documentos ‒visuales, escritos, mediáticos, estatales, etc.‒ y registros de interacción en el campo y en archivos estatales nacionales, provinciales y municipales. Pero también, que está integrado por un bosque en la montaña ‒que no tengo ni es mío y hace sentido a los sujetos con los que trabajo‒, por imágenes de incendios, emociones, conversatorios y fuentes periodísticas subidas a la web, por mensajes de whatsapp e, incluso, por aquello que me falta, a lo que jamás logré acceder y quizá nunca acceda: la entrevista que nunca pude hacer porque no me fue permitida, lo que me fue silenciado en un intercambio, documentos que me fueron negados o que no se encuentran porque las instituciones los perdieron o se incendiaron.

  • 6 El acceso a los expedientes de estos archivos ha sido diferente. Una copia de los expedientes del a (...)

6En suma, lo que sigue reflexiona sobre aquello de lo que habla la temporalidad y los tempos de dos archivos que integran mi propio archivo de investigación: el archivo de la Secretaría de Bosques y Parques de Chubut y el del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de esta misma provincia6. Para ello, presento, en primer lugar, una discusión teórico-metodológica sobre el trabajo etnográfico con archivos estatales. Exploro, en una segunda instancia, aquello que expresan los tiempos que entretejen estos archivos y las marcas temporales con las que se han conformado y administrado. Finalmente, reviso su devenir en articulación con memorias impensables que, en estos últimos años, disputan tener otro lugar en la historia, en las relaciones, en el territorio y en el propio archivo.

Puntos de partida de una etnografía del archivo. El tiempo y la temporalidad en y del archivo

7Si bien gran parte de las reflexiones académicas que existen sobre el archivo –en especial cuando se trata de debatir archivos hegemónicos– lo han asociado con el pasado, el tiempo de los orígenes, la idea de la muerte, lo que queda de ella o con aquello que va a perecer (de Certeau, 2006; Derrida, 1994; Farge, 1991), los archivos estatales con los que trabajo tienen, por el contrario ‒tal como se puede observar en la viñeta narrada en la introducción‒, un carácter vivo en un doble sentido. Por un lado, en la medida en que en su producción y uso han ido creando relaciones, espacios, debates, clasificaciones, omisiones y obturaciones que no están cerradas ni fijadas en un tiempo anterior. Por otro lado, porque se han ido conformando como vivencias político-afectivas presentes.

8Sin duda, la posibilidad de comprender esa vitalidad o “latir del archivo” resulta asequible a través de una aproximación etnográfica del campo, pero también del archivo y de las complejas interrelaciones ‒consonancias, desviaciones y tensiones‒ que el desplazamiento sobre ambos pone al descubierto. La definición de Stoler del archivo (2002, 2009) como un artefacto cultural que produce hechos, clasificaciones y conocimientos a través de los cuales se configura autoridad y poder; y su propuesta de abordarlo desde una perspectiva etnográfica, que examine no solo su contenido sino la manera en que se accede a este, los espacios institucionales donde circulan los documentos, y los principios y prácticas de gobierno que se encuentran alojados en sus formas, ha sido muy iluminadora.

9Distintos autores señalan que el Estado moderno ha construido y fundado en gran medida su legitimidad y autoridad a partir de la escritura y la producción de documentos y archivos. A la par, que a través de ellos ha hecho legible para sí a la población; esto es, a través de sus conceptos, enunciados y clasificaciones. Esos documentos, que portan la fuerza de lo legítimo y autorizado, son la resultante de relaciones de poder y, “soportan al mismo tiempo el doble signo del Estado distante y penetrante en la vida diaria” (Das y Poole, 2008, p. 31). En la medida en que la producción del archivo “es un proceso y una poderosa tecnología de gobierno”, su tipo de prosa, sus fórmulas, reiteraciones, omisiones, errores, vocabularios, categorías de confidencialidad, clasificación, criterios de credibilidad, ordenamiento y géneros discursivos que incluye; la velocidad con la que se movilizan los documentos en los pasillos burocráticos (Stoler, 2002); e, incluso, el “desorden” con el que se presentan los documentos (Muzzoppapa ,2010), son algunos de los lenguajes del archivo cuyo análisis permite profundizar en los intereses y condiciones sociales en que estos han sido elaborados, así como en las lógicas, imaginarios y la “economía emocional” de los funcionarios vinculados con esos “papeles” (Stoler, 2002). Asimismo, conversaciones y entrevistas realizadas a estos funcionarios y empleados estatales son insoslayables para adentrarnos en los procedimientos y relaciones heterogéneas y en tensión que se traman en la producción y circulación de los documentos.

10En lo que refiere a la temporalidad, el archivo ha sido un dispositivo a través del cual se ha instituido una visión del tiempo o un régimen de temporalidad legítimo. Distintos autores, desde diferentes campos disciplinarios, han debatido al respecto destacando su dimensión política. Derrida (1994) señaló que el arkhé designa el lugar o el momento de origen de las cosas. Rufer (2016a) subrayó la implicancia política de inscribir un fenómeno en una temporalidad dentro del archivo, pues el uso explícito de la temporalidad resulta un “signo” o “una variable sustancial” para su comprensión (Rufer, 2016, p. 63). Mbembe (2002) expresó que los documentos archivados se presentan como “piezas de tiempo” que son ensambladas una tras otra para elaborar un relato cuya coherencia descansa en su “habilidad de armar vínculos entre el principio y el fin”, y generar así una ilusión de totalidad y continuidad. Ese tiempo ensamblado en el propio archivo, sugirió el autor, se instituye como algo perteneciente a todos, creando una “comunidad del tiempo”, un sentimiento según el cual todos seríamos herederos y poseedores de un tiempo: el “tiempo homogéneo vacío y transverso” (Anderson, 1993).

11Ahora bien, las ecuaciones de poder y sentido (Comaroff y Comaroff, 1992) tienen su lugar de expresión no sólo a través del tiempo instituido y de la inscripción de un fenómeno en una temporalidad en y por el archivo (Rufer, 2016a, 2016b), sino también ‒agregaría‒ de los tempos que lo conforman. Dichos tempos varían y adquieren particulares sentidos en función de la especificidad de cada archivo.

  • 7 Cabe aclarar, tal como se desprende del análisis que sigue en este trabajo, que el poder del Estado (...)

12En lo que sigue, analizo el lenguaje temporal de los dos archivos provinciales ya señalados guiada por una doble lectura. Por un lado, una lectura a favor de la corriente de los documentos, como propone Stoler (2002), con el fin de comprender la forma en que operan y piensan quienes los producen y administran, las jerarquías que establecen, los mecanismos de despojo y subalternización implicados en su construcción, así como para discutir la complejidad de las instituciones y prácticas de Estado7. Por otro lado, una lectura a contrapelo (Benjamin, 1982 [1955]) que recupera las memorias mapuches (Bleger et al., 2021), para reconstruir itinerarios de violencias y luchas de sujetos, familias y pueblos, localizar borramientos y reemplazos, recuperar experiencias, ideologías, lenguajes, saberes, afecciones y preguntas que quedaron en los márgenes de estos dispositivos de enunciación que ‒como planteó Foucault (2002)‒ habilita el archivo.

El tiempo de los despojos: Orígenes, repeticiones espiraladas y ritmos irregulares en los archivos de Puerto Patriada

  • 8 Los primeros documentos son de hecho un Acta y una planilla de inspección en tierras rurales.

13Los archivos provinciales de Puerto Patriada se inician en fecha cercana a la provincialización de Chubut ‒ocurrida en 1958‒ bajo al interés provincial de administrar el uso de este espacio8 y “lotear” esta zona, que estaba conformada por campos abiertos adquiridos bajo modalidades no reguladas por el Estado: ocupaciones de hecho, acuerdos entre vecinos o compra-venta entre particulares.

  • 9 Con excepción de aquellos casos en los que no hay hombres en la familia, los documentos de los arch (...)
  • 10 En palabras de Castillejo Cuéllar: “archivar es, en última instancia, una operación cognitiva que a (...)
  • 11 Se denominó bajo este eufemismo a las campañas militares llevadas adelante a fines del siglo XIX en (...)

14Desde 1961 hasta 1970, cantidad de documentos del Instituto Autárquico de Colonización provincial marcan, fijan e individualizan estos espacios de ocupación abiertos y establecen de manera imprecisa sus hectáreas; clasifican a los mapuche que allí viven como extranjeros chilenos; contabilizan “mejoras” y recursos; normalizan la forma de ocupar y circular la frontera; establecen a los hombres como exclusivos interlocutores de los funcionarios9 e, instalan cómo deben pensarse y relacionarse con el Estado provincial. Como señalé, las agencias estatales han tornado legible a la población a través de la producción de documentos, y de un lenguaje y conocimiento para gobernar y regular a las colectividades. Pero también, estos documentos y sus lenguajes, como plantean Das y Poole (2008), se han ido encarnando en formas de vida a través de las cuales ciertas ideas de sujetos y ciudadanos empiezan a circular entre quienes los utilizan. En tal sentido, aun cuando en este período aquellos loteos funcionaron en el terreno del papel y de la burocracia, más que en el espacio territorial propiamente dicho, fueron relevantes porque los sujetos que allí vivían y habían sido definidos como “intrusos” en los documentos nacionales, adquirían ahora visos de legalidad como ocupantes a quienes la provincia podía cobrar impuestos. Pero especialmente, como señalamos con otras colegas, porque familias mapuches que estaban antes de la intervención estatal, iban internalizando que la Cordillera de los Andes era una “frontera”, que eran “chilenos”, que vivían en “lotes”, que estos eran “tierras” y “fiscales”, y que cada uno de esos términos eran los habilitados para realizar solicitudes al Estado (Ramos et al., 2020)10. De manera que, junto al despojo y la violencia que introdujo la “Conquista del desierto” en la Patagonia a fines del siglo XIX11 y el dictado de la Ley Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras en 1944 ‒que impedía otorgar en esta región títulos de propiedad a extranjeros, entre ellos, a mapuches clasificados como chilenos‒, he aquí una forma de despojo con la que interviene el Estado provincial, pues no hay historia fuera y antes del dispuesto ‒parafraseando a Tello Soto (2015)‒ por sus clasificaciones y escalafones entre las palabras y las cosas; ni tampoco fuera de este origen y límite temporal que establece el archivo provincial. Pero también, he ahí el inicio de fórmulas o tempos en y del archivo que expresan la trama de poder que, en cada período, fue impidiendo el devenir de ciertas historias, subjetividades y futuros, omitiendo engaños y legalizando expropiaciones. Entre esas fórmulas temporales me refiero a la “reiteración y persistencia espiralada” de ciertas categorizaciones, textos, etc., y a los ritmos irregulares que, particularmente, manifiestan estos archivos.

  • 12 Es interesante detenerse a revisar que ocurre con esos “errores” o variantes en los documentos. En (...)

15En efecto, establecido el origen, el archivo construye una historia secuencial y durable de lo ocurrido en el tiempo, apelando a una pulsión: reiterar en sucesivos documentos aquello que ya fue anotado. Las reiteraciones son parte de “lógicas espe­cíficas que exceden la individualidad de la producción del documento y expresan la condición del archivo como proceso histórico” (Muzzopappa y Villalta, 2022, p. 216). Sin embargo, aun cuando el archivo “vive en repetición”, lo hace bajo ciertas características. Por un lado, se trata de una repetición que no está exenta de “errores” que se fijan significativamente como “verdades”: números de hectáreas de ocupación o fechas de arribo a un espacio que son modificadas en un documento y terminan quedando instaladas en los sucesivos12. Por otro lado, como señalé, se trata de una repetición “espiralada”, pues la reiteración de lo registrado siempre se carga del sentido que le imprime el contexto textual y extratextual desde el cual se retorna.

  • 13 La ley Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras N°15.385, dictada en 1944, establecía que solo s (...)
  • 14 En la medida en que no se habían realizado las mensuras, en las Actas se establecen sólo estimativa (...)

16En los archivos de la Secretaría de Bosques y Parques de la provincia, tres repitencias resultan altamente sugestivas. La primera refiere a la imputación de una identificación nacionalista chilena a familias mapuche. Esta clasificación, que ya estaba presente en los archivos del Estado nacional ‒por ejemplo, en la Administración de Parques Nacionales‒ y en otros archivos de otras provincias de Patagonia, ha sido clave para denegar títulos de propiedad e incluso para denegar, como ocurrió en Puerto Patriada, permisos precarios de ocupación13. La segunda reiteración relevante es ‒tal como ocurre en otros archivos de la provincia‒ el número de hectáreas de ocupación estimativas, pero nunca efectivamente medidas. Ese número resultaba de la reducción del territorio ocupado a los lugares de asentamiento familiar, de cultivos y de corrales; es decir, de la exclusión de aquellos espacios de uso familiar y común ‒según el caso‒ que han sido también de ocupación: el bosque, el agua o los espacios de invernada y veranada14. Finalmente, la tercera reiteración a destacar, como explicaré más adelante, es la evaluación moral asociada a las actividades productivas.

  • 15 Esta otra temporalidad vinculada con quienes leen el archivo y dejan sus marcas con posterioridad a (...)

17Estas repeticiones de clasificaciones, medidas y evaluaciones moralizantes, fundadas en una concepción occidental y capitalista del territorio y de una visión racista y nacionalista de los sujetos, fueron estableciendo ejercicios de disciplinamiento, control y despojo en los papeles y, con el correr del tiempo, en el espacio. Junto a aquella reiteración que surge de la triplicación de muchos documentos y de los subrayados y anotaciones realizadas a posteriori de su producción ‒pronunciando nuevamente lo dicho15‒, devinieron en una verdad fáctica ‒aun siendo anacrónica la clasificación e impreciso el número de hectáreas ocupadas‒ por la autoridad de quienes lo enuncian y sobrescriben; porque provienen del origen y el pasado del archivo y por la performatividad que entraña la diseminación de esa reiteración en múltiples documentos de diversos ámbitos institucionales.

18Ahora bien, más allá de la importancia política de esta marca temporal que es la reiteración, me importa señalar la significatividad particular que adquiere, como pista de contextualización de la producción de los documentos provinciales sobre esta zona, el ritmo irregular que exhiben. Dentro del campo de la música, el ritmo se define como una combinación de sonidos y silencios que se repiten o alternan regularmente cada cierto intervalo de tiempo. En el caso de estos archivos, por el contrario, el ritmo de producción de los documentos es notoriamente irregular. Alternan períodos en los que el Estado provincial no para de hablar y documentar ‒1961 a 1970 y 1983 en adelante‒ con otros ‒1970 a 1983‒ en los que, parafraseando a Mbembe (2002), el archivo se devora el tiempo desapareciendo o dejando de producir registros.

19En efecto, los documentos y registros proliferan, como mencioné, entre 1961 y 1970. Desde 1964 la zona había sido declarada “Reserva Forestal”, quedando bajo la jurisdicción de la institución provincial de Bosques y Parques. En sintonía con políticas desarrollistas nacionales e internacionales de la época ‒basadas en visiones occidentales y capitalistas que fueron universalizadas desde más larga data‒, la provincia comienza a temporalizar moralmente las actividades productivas de los pobladores en los documentos. Designa a la industria forestal como una actividad “evolucionada”, “racional” y vinculada con el “progreso”, mientras define al pastoreo ‒práctica cotidiana en esta región‒ como “atrasada” y degradante del ambiente.

el gobierno provincial alentó la radicación de industrias evolucionadas, para el aprovechamiento racional de la materia prima existente, animando la inversión de capitales regionales con miras al afincamiento de nuevos núcleos sociales, para fomentar el desarrollo demográfico, económico y cultural dentro de su jurisdicción (Decreto N 527 creación Reserva Forestal, 26/02/1964)

  • 16 Aun hoy el pastoreo sigue siendo calificado de esta forma.

20Esas temporalizaciones y cualificaciones morales asociadas a actividades económicas, se configuraron como nuevas maquinarias territorializadoras y diferenciadoras (Grossberg, 1992), que establecían jerarquías entre los sujetos, ya no solo en términos nacionales, sino también en función de sus prácticas productivas. Paralelamente, estas temporalizaciones de las actividades económicas, legitimaban las grandes transformaciones ambientales, político-económicas y culturales que tuvieron lugar en la zona en ese contexto16.

21Con la declaración y ordenamiento de la región como “Reserva Forestal”, el gobierno provincial entrega concesiones de explotación del bosque a unos pocos aserraderos privados, pero especialmente, otorga una gran proporción del territorio a reforestar a un industrial forestal ‒fundador de la Sociedad Anónima Forestal Epuyén (SAFE)‒ que, gracias a ello, verá acrecentar su poder y capital. Lo hace bajo dos argumentaciones. Por un lado, destacando que así se resolvería el problema de los constantes incendios que tenían lugar en la región, algo que con el tiempo empeoró. Por otro lado, porque sostenía que se trataba de bosque improductivo.

  • 17 Según consta en el documento que quedó, el documento desaparecido consistió en un radiotelegrama en (...)
  • 18 Desde 1966 hasta 1973 el levantamiento militar de Juan Carlos Onganía instauró lo que se autodenomi (...)

22Con esta política se inicia progresivamente el alambrado de los espacios abiertos y comunes de pastoreo y uso del bosque, particularmente por parte de SAFE. De este período de cerramientos, ‒que se extiende desde aproximadamente 1970 a 1983 y es definido por las comunidades como una época de despojos legalizados, engaños, daños morales y desplazamientos impuestos, que los retrotrajo a una historia iniciada con la “Conquista al Desierto”‒, existen llamativamente solo dos documentos aislados en el IAC. Uno de esos dos documentos menciona adjuntar una demanda realizada en 1975 por pobladores de Puerto Patriada, cuyo registro está desaparecido17. Sabemos que, si hay algo que caracteriza al archivo estatal, más aún en Argentina, es su permanente estado de construcción, pero también de destrucción y ausencias, producto de una ideología y de la escasa relevancia otorgada a la preservación del pasado (Pittaluga, 2007). También, como destaca Trouillot (1995), que las omisiones son el resultado de ciertos impensables como consecuencia de marcos epistémicos y ontológicos dominantes que omiten lo desconocido. Pero el ritmo irregular de registros, en este caso, en el que prácticamente la mudez dura aproximadamente esos 10 años, es también indicativa de dos procesos que marcaron a esta región. Por un lado, de un contexto político atravesado por gobiernos dictatoriales18 que hizo difícil hacer demandas a sectores estigmatizados, que tenían muy escasos recursos y vivían lejos de los espacios institucionales donde hacer reclamos. Por otro lado, de prácticas de Estado, que en las memorias de los pobladores llevó adelante, no un funcionario público sino el primer dueño de la forestal SAFE bajo la anuencia del Estado. La construcción de caminos, escuelas, hospitales, el cumplimiento de normas, los alambrados, la nacionalización de esta zona será administrada por la presencia de este industrial: un militar retirado que encarnó la autoridad patronal y estatal en esta etapa y que generó emociones encontradas entre los pobladores ‒de miedo y afecto‒ que condicionaron la producción de documentos y de demandas (Crespo, 2018a).

  • 19 A medida que reviso tiempos más cercanos al presente y gracias al trabajo etnográfico, puedo ubicar (...)

23A partir de 1983, el archivo se vuelve verborrágico e ingresa la voz del municipio. Se emprende aquí otro período de despojo: el de las mensuras que redujeron el espacio de la familia a aproximadamente 16 hectáreas. De este período, sólo diré que el archivo expresa e inscribe las tensiones interjurisdiccionales entre provincia y municipio y aquellas suscitadas entre funcionarios de distinta jerarquía cuando la Secretaría de Bosques estuvo a cargo de un director que quiso interrumpir ciertas inercias institucionales19. Asimismo, que los documentos de sucesión del campo muestran cómo agentes estatales intervinieron en los conflictos familiares alimentando confrontaciones, reconociendo la titularidad del espacio a unos en detrimento de otros. Finalmente, que a partir de 1984, aparecen reclamos por los cerramientos de sus tierras en letra manuscrita por parte de miembros de la comunidad Pulgar Huentuquidel. A lo largo de sus intervenciones en el ámbito de la burocracia, muchas de sus formas de hablar no sólo quedaron atrapadas en fórmulas, géneros discursivos y vocabularios de poder que no les pertenecía. Habían sido además privados del gesto de su grafía; desaparecida en la uniforme y disciplinada letra mecanografiada de los archivos del siglo XX.

Zonas y tiempos de interrupciones y desbordes dentro y fuera del archivo

24Hasta aquí un análisis sobre cómo el tempo y la temporalidad de estos archivos muestran la forma en que a través de ellos se fue controlando, parcializando y silenciando alteridades, constituyendo una historia y despojando ‒en el sentido más amplio del término‒ a estos sujetos en función de la lógica dominante desplegada en cada etapa por distintos agentes. Pero el archivo, más allá de que incluye demandas y desacuerdos, está marcado también por momentos muy disruptivos que ingresan al terreno de lo enunciable ‒aun sin ser lo deseado‒.

  • 20 Por ejemplo, el otorgamiento individual de guías forestales ha gestado importantes tensiones en la (...)

25En 2009, como señalé en la introducción, una parte de la familia Pulgar Huentuquidel se conforma como comunidad mapuche y se inscribe en el Registro de Comunidades Aborígenes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Chubut. En el año 2010, cuando decide ir a recuperar su espacio territorial ‒en paralelo a la recuperación territorial llevada a cabo por la comunidad mapuche Francisco Monsalve-Quiñé Folil‒ se disparan incomodidades y conflictos inesperados en la zona. El proceso de recuperación desestabilizó tanto al orden que se había establecido en la región como al territorio del archivo, exponiendo el carácter indeterminado de la política pública en materia indígena. Frente al registro de las comunidades en otra entidad provincial y las recuperaciones territoriales que llevaron adelante, los agentes estatales de la Delegación Forestal en el Hoyo, se vieron obligados a “reconocerlas”, al menos en el papel, rompiendo con las formas de clasificación y ordenamiento de épocas previas. Fue el temblor que este proceso provocó y la lógica de la sospecha y la amenaza ‒no del reconocimiento, como señalé en la introducción‒ aquello que empujó al Jefe de la Delegación Forestal de El Hoyo a abrir una carpeta de las “comunidades mapuches” de la zona en el archivo. En la cotidianeidad, los funcionarios continuaron aplicando políticas basadas en aquellas categorías que se han repetido en los registros históricos estatales desde principios del siglo XX, y desconociendo los derechos indígenas legislados desde la reapertura democrática ‒1983‒ a nivel nacional y provincial. De ahí que, ante la solicitud de energía eléctrica por parte de la comunidad, el Jefe de la Delegación responderá en un documento que su ocupación no tiene reconocimiento por parte del organismo. De ahí también que, entre otras cosas, operará individualmente con sus miembros ‒no así bajo lógicas comunitarias‒, instalando fuertes tensiones en su interior20.

  • 21 Por “economía emocional” Stoler (2002) refiere a la estructura de sentimiento a las que suscriben l (...)
  • 22 La apelación a la seguridad frente a comunidades indígenas que se conceptualizan como amenazantes o (...)
  • 23 Nota sin número, dirigida al Director General de Bosques y Parques de la provincia de Chubut, Don M (...)

26La desestabilización y el campo de batalla que estas recuperaciones territoriales indígenas generaron en la zona y a nivel inter e intrainstitucional se plasmó en denuncias, comunicados de prensa, actas de reuniones del Consejo Consultivo de la Reserva ‒redefinida desde 2003 como “Reserva de usos múltiples Lago Epuyén”‒, memorias y poesías en los que distintos sectores, transparentaron una dimensión que suele permanecer más oculta en archivos administrativos: la “economía emocional” (Stoler, 2002) del archivo21. Los funcionarios y legisladores que vivían en El Hoyo clasificaron a estas comunidades en los documentos como sujetos peligrosos22, una “amenaza” a los intereses de la provincia. Un comunicado de prensa elaborado por varios concejales de la localidad, reconocía los derechos que “pudieran tener los pueblos originarios de vivir en las tierras en las que tradicionalmente moraron sus ancestros”, pero instaba a legisladores provinciales a revisar, en este caso, la “legislación vigente con el fin de proteger los derechos de los habitantes de El Hoyo” (Nota no. 129/2011 HCD MEH, 28/09/2011). El Director de Bosques de ese entonces solicitó a la fiscalía interponer una medida cautelar de no innovar, aduciendo la existencia de cierres con alambrado de áreas de la Reserva que afectan a pobladores afincados allí. Señaló, además, su preocupación por el “nivel de beligerancia que tomó la problemática”, a la que definió como una “supuesta ocupación irregular” por parte de ambas comunidades. La Delegación Forestal de El Hoyo intimó a quien era, en 2011, Director General de Bosques y Parques de la provincia, por haber concurrido “a la reciente ocupación (toma) de tierra fiscal provincial, por parte de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel en la Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén (lote 6 Fracción A Sección J3)” (Nota No. 1109/11-DGByP, 27/09/2011). El conflicto entre funcionarios dentro de la misma institución con visiones contrapuestas, hacía parte de una disputa de poder tanto sobre áreas de incumbencia como sobre la legitimidad que tenía quien había asumido recientemente un rol jerárquico en la institución central y quien era el jefe de la delegación de esa misma institución a nivel local. Algunos vecinos, secundados por agentes estatales locales, exigieron a las autoridades detener “estos atropellos” y que se “garantice nuestra seguridad”, la de “los que siempre nos gustó llamarnos ‘la gente del bosque’”, “nosotros los pobladores de siempre”, gente que quiere “seguir viviendo en armonía”, para que “podamos trabajar en Paz y poder disfrutar como se nos enseñó del fruto de nuestro trabajo” (28/09/2011)23. Justificaban su derecho evocando la continuidad de una ocupación “pacífica” del espacio, fórmula que en estos años fue legitimando la venta de tierras de los municipios de la Comarca Andina a sectores precarizados. En suma, funcionarios locales y varios vecinos, destacaban la inexistencia de comunidades mapuche en la zona a lo largo de su historia y la discontinuidad en la ocupación del espacio que estaban reclamando las comunidades. Los funcionarios lo justifican a través de los expedientes. Entre los pobladores había, en todo caso, una internalización de los efectos y afectos de los archivos.

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27Las argumentaciones esgrimidas en estos documentos expresan la tensión entre proyectos políticos epocales distintos. Algunos vecinos y los funcionarios apelaron a la política homogeneizante de la diversidad que se inicia con posterioridad a la “Conquista del desierto”. Estos vecinos reivindicaron no haber hecho nunca “distingos de raza, religión o por tener más o menos cosas” (28/09/2011)24. La comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel presentó, como contrapartida, normativas internacionales y derechos indigenistas legislados en los últimos años. En ese marco, aparecieron concepciones de uso y ocupación territorial que no se condecían con el ordenamiento territorial establecido por el Estado. Como parte de una estrategia de legitimarse y generar desacuerdos con otros pobladores, los funcionarios incorporaron al archivo, tal como ya describí, algunos géneros discursivos inéditos para un archivo administrativo. Introdujeron memorias y poesías de algunos vecinos y de ciertos familiares de la comunidad, que concordaban con las clasificaciones históricamente atribuidas a los sujetos por el propio archivo. Pero junto a estos acuerdos, se colaron recuerdos de modalidades de uso colectivo del espacio territorial que se oponían al ordenamiento de lotes individuales alambrados impuesto por un Estado capitalista: “Todos teníamos animales que pastaban juntos y por todos lados, nadie decía esto es mío, cuando había que rodear animales se empezaba por un vecino y así con los demás” (Armando Lobos en la 75 Acta Reunión Concejo Consultivo. Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, 12/08/2011).

28Con todo, sea por el contenido o por los géneros discursivos utilizados, los documentos expresan el escenario conflictivo e impensado de la recuperación territorial indígena, los estados de ánimo y ansiedades que desató; pero, también, cómo ese proceso de recuperación, mientras desestabilizaba el orden, siguió los cánones de lo instituido para no convertirse en delito. La comunidad recurrió a caminos legales para realizar la recuperación de su espacio e impedir que fuese definida como “usurpación”. En paralelo, interrumpió una continuidad y desafió a agentes estatales haciendo suyo el lenguaje del poder. Pasó de solicitarle su espacio a intimarlo, de ser impedida a marcar los límites de las facultades del Estado sobre ésta, de ser reprimida en sus prácticas sagradas y cotidianas a invitar a los funcionarios a una rogativa.

  • 25 Dentro de los documentos estatales, la mayoría son del archivo de la Secretaría de Bosques y Parque (...)
  • 26 Un análisis más profundo sobre la práctica de archivación de estas comunidades indígenas de la regi (...)

29En el año 2010, la Comunidad Pulgar Huentuquidel reclamó una copia de su expediente administrativo 680/1961, correspondiente a la ocupación de Lorenzo Pulgar Huentuquidel y del expediente “Relevamiento pobladores de la reserva forestal” (Expte. 31/09 MEH) y, desde entonces, suelen solicitar copias de aquellos registros estatales ‒sean nacionales, provinciales o municipales‒ que los afectan. Como parte de un proceso de autodeterminación, esta y algunas comunidades de la Comarca Andina comenzaron a elaborar desde el año 2009 su propio archivo, al que definieron en ese entonces como “archivo de la comunidad” (Crespo, 2020). Fueron mujeres, omitidas históricamente del archivo estatal, quienes decidieron custodiarlo. El archivo de las comunidades se compone de documentos estatales25, de medios de comunicación, académicos y de registros visuales y escritos elaborados por ellos mismos. Como señalé en otro trabajo, no había en la producción del archivo de estas comunidades una búsqueda de la verdad sino más bien, entre otros motivos, “controlar” los registros del Estado, tenerlos bajo su propiedad, retener sus demandas realizadas en el tiempo ‒aun cuando no hubiesen sido en clave indígena‒, para desenmascarar, desde sus propias evaluaciones, las trampas del archivo y el ejercicio de poder que los ha atravesado26.

  • 27 La ley Nacional de relevamiento territorial es una ley de emergencia que ha sido dictada en el año (...)

30Aun cuando reconocen al archivo estatal como un espacio parcial, excluyente, de omisión y de engaños, este se percibe como un artefacto indispensable –junto a sus memorias– en la lucha por dar sentido y legitimar un proyecto de futuro que les fue impedido. En los últimos años, la ley nacional 26160 habilitó el relevamiento territorial de las comunidades indígenas en todo el país, aunque dentro de ciertos límites27. Esos relevamientos devinieron en carpetas que sumaron a su archivo. He aquí una paradoja que se les presentó: pues a sabiendas de que esos documentos continúan siendo parciales, producidos y regulados por lo que habilitaba la ley nacional, paralelamente se volvían una herramienta de prueba en los espacios locales donde sus demandas han sido rechazadas. ¿Hasta qué punto es posible salir de esa jaula y parcialidad que fijan los documentos y normativas estatales aun en sus reconocimientos de derechos cuando desde sus orígenes se trazan sus límites? ¿Cómo posicionarse frente a actuales dispositivos de gubernamentalidad regidos por “formas participativas” que desconocen procesos y contextos de asimetría? Algunas comunidades mapearon espacios más amplios de los que se reconocía en los documentos en el pasado, perforando los registros. Esto generó suspicacias y desestimaciones de su demanda en la arena local. Otras comunidades resolvieron remitirse a aquello que se cristalizó a través de los documentos, pero tampoco lograron, hasta la fecha, que se les otorgue el título comunitario sobre el espacio demandado.

31Ahora bien, junto a estos enunciados y prácticas que, bajo sospecha, suspendieron el tiempo de ciertas repitencias y gestaron otro ritmo en el archivo; el trabajo de campo permite desentrañar aquello que definitivamente no tiene lugar de enunciación en el archivo. Las ambivalencias en las emociones mantenidas con el industrial forestal, las dudas, desilusiones, formas de lucha, deseos, relaciones, prácticas y saberes más cotidianos, ciertas formas de violencia y engaños vividas por estos sectores subalternizados y alterizados, no tienen espacio. Pero especialmente, tampoco tiene lugar aquello que es inaprensible al archivo oficial por su cualidad totalmente inverosímil para el sentido común hegemónico. Por ejemplo, las memorias de la comunidad se fueron reorganizando y dinamizando a partir de experiencias, saberes y subjetividades de larga duración que no se iniciaron con la apertura de los archivos provinciales ni fueron inscriptas en él, y que fueron discontinuadas producto de la dominación y el despojo. Durante los inicios de la recuperación, la comunidad legitimó su reclamo no sólo denunciando históricos engaños y expoliaciones que se remontan a la “Conquista del Desierto”, sino también su lazo emotivo, corpóreo y de pertenencia –de origen y regreso– a un territorio en el que estaba enterrada la placenta de varios de sus miembros. Particularmente las mujeres recordaban a su abuela Teresa cortando los alambrados, curando y siendo partera en la región, haciendo rogativas y narrando una visión del “territorio” como un espacio en el que interactuaban con seres invisibles que habitan debajo de las montañas (Crespo, 2018b). Estas memorias, conocimientos y formas de pensarse y pensar mundo que inscriben como propias de los mapuche, se constituyeron en una argumentación política que no tuvo lugar en el archivo. En las “jerarquías de la credibilidad”, retomando a Stoler (2002), y en la “jerarquía de una hegemonía que vuelve inexistente lo que no conoce” (De la Cadena, Risor y Feldman, 2018), agregaría que el archivo muestra su violencia desapareciendo la huella de lo impensado, imposible e ilegible.

A modo de cierre

32Como sostiene Platt (2015) ni los archivos son depósitos de memorias ni las memorias pueden pensarse como un archivo. Una perspectiva etnográfica que se desplaza de las memorias al archivo y del archivo a las memorias, demuestra, sin duda, su falta de equivalencia. El archivo nace de un interés por ordenar y controlar el desorden (Farge, 1991) y ha sido clave como dispositivo de regulación, previsibilidad y control, así como en la elaboración de una “estructura de sentimiento” (Williams, 1997), relaciones sociales y moralidades admisibles para la conformación de una ciudadanía deseable. En ese orden, no hay archivo estatal sin despojo, sin silencios, sin violencia, sin proyecto desaparecedor. He ahí su potencia y su vulnerabilidad, como señala Mbembe (2002), porque tampoco hay archivo sin confrontaciones y perforaciones a esas inercias, ontologías y lógicas institucionales despojantes.

33Los archivos vinculados con la zona de Puerto Patriada, tal como se manifiesta a lo largo de este trabajo, son la resultante de un proceso en el que se conectan experiencias de larga duración que continúan vivas en las memorias de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel, y en el que la distinción aparentemente nítida entre pasado, presente y futuro se vuelve rugosa y en tensión. En los últimos años, la comunidad apela a una historia de discontinuidad que procuró introducir el sistema estatal capitalista en esta región periférica y a una memoria, territorialidad y saberes vinculados con su ancestralidad que no tuvieron lugar en el “tiempo imaginado” en y por los archivos.

34En el latir de estos archivos, las operaciones de temporalidad y regímenes de tiempo que presentan ‒esto es, sus puntos de origen, sus repeticiones espiraladas, sus durabilidades, sus secuencias temporales, sus ritmos irregulares, sus omisiones, interrupciones y sus tiempos de desbordes‒ van conformando pistas sobre las condiciones de producción de estos documentos y los contextos que los propios archivos crearon con sus registros. Expresan las lógicas de poder, las prácticas de Estado que operaron en esta región ‒incluso por fuera de los agentes estatales‒ y los diversos discursos, entramados y estrategias institucionales ‒a veces en tensión, otras contrapuestas y otras alineadas entre sí y con algunos sectores que no tienen poder‒ promovidos frente a luchas que han ido confrontando el orden de lo establecido. En efecto, una etnografía del archivo en y desde el campo permite observar la falta de monocromía del Estado y de una misma institución, aquello que el archivo captura y niega, el engaño que legaliza y las contradicciones de las tecnologías de gobierno de distintas administraciones estatales que habilitan clausurando, esto es, estableciendo solo aquello que sea “posible”. Pero, también, permite observar lo indeterminado y aquello que quedó fuera de su control: tiempos, prácticas saberes y memorias subalternizadas que, en cada contexto, como pueden, lo van horadando, sea desde sus propias entrañas como desde sus contornos.

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Notas

1 La Comarca Andina del Paralelo 42° –en adelante Comarca o Comarca Andina– está conformada por la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro y las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén en Chubut.

2 Cabe aclarar que si bien hoy es una Secretaría, cuando cite los documentos, aparecerá bajo la forma en que estaba designada en ese entonces: Dirección o Subsecretaría de Bosques y Parques, según el caso.

3 Agradezco esta observación y aporte sugerido por uno o una de los o las evaluadores de este artículo.

4 Una versión previa de este texto fue presentada en el Coloquio Lenguajes de Archivo. Decires, saberes y prácticas, coordinado por Clementina Battcock y Mario Rufer, que tuvo lugar en el año 2021. Este coloquio fue organizado por la Línea Estudios Culturales y Crítica Poscolonial del Doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México.

5 Este texto pone al descubierto las reflexiones teórico-metodológicas sobre las que se basaron varios estudios que he realizado en la zona (Crespo, 2018a, 2018b, 2020, 2022).

6 El acceso a los expedientes de estos archivos ha sido diferente. Una copia de los expedientes del archivo del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia de Chubut me fue enviada a la localidad de El Hoyo gracias a una nota realizada por el abogado de la comunidad mapuche, Pulgar Huentuquidel. En cambio, los documentos que conforman el archivo de la Secretaría de Bosques y Parques de Chubut, fueron obtenidos de manera directa a través de sendos viajes realizados tanto a su sede, en Esquel, como a la Delegación Forestal que se encuentra en la localidad de El Hoyo. Esto me permitió incluir en mis reflexiones dentro del proceso de investigación, tal como aparece en este escrito, conversaciones y entrevistas mantenidas con algunos funcionarios que elaboraron, conservaron y han mediado su acceso.

7 Cabe aclarar, tal como se desprende del análisis que sigue en este trabajo, que el poder del Estado y sus efectos, como señala Trouillot (2011), no se encuentran fijos en las instituciones ni se logran sólo a través de espacios gubernamentales. Procesos y prácticas de Estado son posibles de reconocer a través de sus efectos en múltiples sitios no necesariamente gubernamentales. Asimismo, agregar que la autoridad del Estado moderno no se funda o construye solo mediante prácticas escriturarias y que las instituciones estatales no son las únicas productoras de archivos.

8 Los primeros documentos son de hecho un Acta y una planilla de inspección en tierras rurales.

9 Con excepción de aquellos casos en los que no hay hombres en la familia, los documentos de los archivos con los que trabajo, incluso de otras regiones de la Patagonia, son intercambios entre hombres, sea por quienes son los funcionarios estatales como también por quienes se elige como sujeto de interacción.

10 En palabras de Castillejo Cuéllar: “archivar es, en última instancia, una operación cognitiva que asigna nombres o conceptos a experiencias. El ámbito de esa experiencia es el cuerpo que percibe y organiza la información sensorial a través de mecanismos culturalmente establecidos (Castillejo Cuéllar, 2026, p.129).

11 Se denominó bajo este eufemismo a las campañas militares llevadas adelante a fines del siglo XIX en la Patagonia argentina. Estas campañas tuvieron como resultado la matanza de gran cantidad de población indígena, la expropiación en manos del Estado de la soberanía territorial sobre la Patagonia, el traslado a campos de concentración a muchos sobrevivientes indígenas, el arrinconamiento a otros, el sometimiento de quienes quedaban vivos al Estado nacional y capitalista, etc. (Delrio, 2005; Delrio et al,. 2010; Mases, 2002, entre otros).

12 Es interesante detenerse a revisar que ocurre con esos “errores” o variantes en los documentos. En algunos archivos con los que trabajé en otra zona de Chubut, aquel que se repetía, era el número menor de hectáreas de ocupación de una familia que había aparecido en uno de los documentos iniciales del expediente.

13 La ley Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras N°15.385, dictada en 1944, establecía que solo se otorgarían títulos de propiedad en esas regiones a pobladores argentinos. Sin embargo, invocando dicha ley, en julio de 1968, se denegó otorgar el permiso precario de ocupación que había solicitado unos años atrás Lorenzo Pulgar Huentuquidel, por considerarlo chileno. Paralelamente, se notificó a su mujer e hijos que, en tanto ciudadanos argentinos, tenían 45 días para solicitarlo a su nombre (Resolución No. 931/2 de julio de 1968).

14 En la medida en que no se habían realizado las mensuras, en las Actas se establecen sólo estimativamente los espacios ocupados, la fecha en que se ocupan, las distintas edificaciones existentes y la cantidad de animales y vegetales que tiene cada poblador. Además, se elaboran mapas y croquis en los que se dibujan los deslindes entre vecinos.

15 Esta otra temporalidad vinculada con quienes leen el archivo y dejan sus marcas con posterioridad a las primigenias inscripciones de los documentos, fueron realizadas con letra manuscrita. Se trata de subrayados, círculos y anotaciones hechas con marcador o lápiz, que no tienen sellos ni firmas, pero que, por aquello que se subraya, permiten deducir la relevancia que han mantenido en el tiempo aquellas categorías nacionales construidas desde el Estado.

16 Aun hoy el pastoreo sigue siendo calificado de esta forma.

17 Según consta en el documento que quedó, el documento desaparecido consistió en un radiotelegrama en el que el Intendente de El Hoyo comunica que SAFE se había introducido en la superficie de Lorenzo Pulgar Huentuquidel y consulta si la Dirección de Bosques y Parques le había otorgado una concesión.

18 Desde 1966 hasta 1973 el levantamiento militar de Juan Carlos Onganía instauró lo que se autodenominó como “Revolución Argentina” y, desde 1976 a 1983, se instaló en el poder una junta militar que llevó adelante una política sistemática de terrorismo de Estado, violación masiva de los derechos humanos y desaparición de personas.

19 A medida que reviso tiempos más cercanos al presente y gracias al trabajo etnográfico, puedo ubicar a quienes firman esos documentos ‒el asesor legal de varios de los municipios de la Comarca, los jefes de cada espacio territorial, intendentes, etc.‒ en las historias y rumores que circulan sobre ellos en la región y en las relaciones que han mantenido con quienes trabajo, lo que le da otro sentido al registro estatal.

20 Por ejemplo, el otorgamiento individual de guías forestales ha gestado importantes tensiones en la comunidad Pulgar Huentuquidel. Estas tensiones circulan a través de denuncias que forman parte de los documentos de este archivo.

21 Por “economía emocional” Stoler (2002) refiere a la estructura de sentimiento a las que suscriben los burócratas aun de manera camuflada, que se manifiesta en los registros del archivo.

22 La apelación a la seguridad frente a comunidades indígenas que se conceptualizan como amenazantes o peligrosas va a alcanzar gran difusión pública y ser materia de legitimación de la violencia institucional contra miembros del pueblo mapuche durante la presidencia de Mauricio Macri (2016-2020). Asimismo, va a ser utilizada por parte de un sector de la sociedad civil de la Comarca Andina y de localidades aledañas, que tienen poder y se organizaron en años recientes en lo que se autodenominó “Consenso Bariloche/Comarca Andina, según el caso, por una Patagonia Sustentable y en Paz”, presionando al Estado nacional a desalojar a ciertas comunidades mapuche-tehuelche. https://www.youtube.com/@consensopatagonia3072/videos

23 Nota sin número, dirigida al Director General de Bosques y Parques de la provincia de Chubut, Don Manuel Peralta, y al Sr. Intendente de El Hoyo, D. Mario Breide.

24 Nota sin número, dirigida al Director Gral de Bosques y Parques de la provincia de Chubut, Don Manuel Peralta, y al Sr. Intendente de El Hoyo, D. Mario Breide.

25 Dentro de los documentos estatales, la mayoría son del archivo de la Secretaría de Bosques y Parques de Chubut, del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de esta misma provincia, del juzgado de la provincia y, en menor medida, del municipio y algunos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

26 Un análisis más profundo sobre la práctica de archivación de estas comunidades indígenas de la región, los sentidos, lógicas y características que ha tenido este archivo, puede leerse en Crespo (2020).

27 La ley Nacional de relevamiento territorial es una ley de emergencia que ha sido dictada en el año 2006 y prorrogada en sucesivas oportunidades. Esta ley dispone realizar un relevamiento del territorio ocupado por pueblos indígenas y suspender, durante el período de duración de la ley, el desalojo a comunidades indígenas en el país.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Carolina Crespo, «El latir de los archivos: Reflexiones sobre memorias mapuches, tempos y temporalidades en los archivos estatales de Chubut»Corpus [En línea], Vol. 13 Nº 1 | 2023, Publicado el 29 agosto 2023, consultado el 01 octubre 2023. URL: http://journals.openedition.org/corpusarchivos/6440; DOI: https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.6440

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Autor

Carolina Crespo

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Correo electrónico: carolcres@hotmail.com

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