“Los mapas cartografían el poder que los produce, tanto o más que el espacio que dicen representar” (J. Pro Ruiz, 2011, p. 19)

Introducción

1Desde la Ilustración se ha definido a la cartografía como una ciencia concreta y los mapas se jerarquizan según su correspondencia con la “verdad” topográfica suponiendo que un buen mapa debe ser preciso y “ofrecer una ventana transparente al mundo” (Harley 2005, p. 61). El análisis de los mapas antiguos como fuentes históricas suele estar teñido por esa concepción positivista instrumental ceñida a la exactitud de sus coordenadas o la confiabilidad con que ubican elementos en el espacio. Usualmente, dichos mapas se incorporan en investigaciones arqueológicas como fuentes de información para identificar potenciales sitios de interés –viviendas, comercios fortificaciones, etc.– que, en una segunda instancia, se procura localizar en el terreno para llevar a cabo intervenciones, así como se los ha empleado para ilustrar la localización de sitios arqueológicos en el espacio, sin someterlos a escrutinio. Los mapas antiguos se usan también como medio para reconstruir la evolución de determinados topónimos en una zona a lo largo del tiempo (Pedrotta, 2015), mientras que son escasos los trabajos arqueológicos en los que la cartografía constituye el propio objeto de indagación (Bianchi Villelli et al,. 2013).

2Si bien se ha debatido intensamente en Argentina acerca del uso de documentos escritos en investigaciones arqueológicas (ver Carbonelli, 2010), se prestó muy poca atención a las fuentes cartográficas, pese a que conforman un conjunto diverso de registros visuales –cartas, mapas, planos, croquis, etc.– que representan gráficamente al espacio y contienen información esencial no solo sobre sus características físicas, sino también sobre las sociedades que las produjeron. Ello las vuelve de enorme relevancia para el trabajo arqueológico situado en el terreno.

3Se aborda aquí una serie de mapas que fueron reunidos y estudiados como fuentes cartográficas en el marco de proyectos de investigación arqueológica en la antigua frontera sur bonaerense, particularmente en la zona de Tapalqué, Azul y Olavarría, desde una perspectiva analítica que incorpora los debates que cobraron fuerza en el campo de la geografía especialmente con el impacto de la obra de Harley y Woodward sobre la historia de la cartografía en las décadas de 1980 y 1990. Para ello, se retoman planteos de esas posturas críticas que ponen el acento en las dimensiones materiales, simbólicas y performativas de los mapas y en su carácter de registros visuales, recuperando elementos para analizarlos e interpretarlos en perspectiva histórica. Se considera a los mapas como dispositivos de poder, además tratarse de objetos culturales que forman y formaron parte de una “cultura visual”, siguiendo a Anderman (2000) y Lois (2014).

4El corpus cartográfico estudiado incluye principalmente mapas oficiales producidos entre 1830 y 1872, período durante el cual la zona de estudio fue escenario de complejas relaciones interétnicas que vincularon a diversos sectores sociales, en el marco de diversas estrategias de avance y poblamiento criollo y la radicación de tribus de “indios amigos” (Ratto, 2003). Los contextos de producción de esa cartografía se reconstruyeron mediante trabajos referidos al surgimiento y la evolución de los organismos estatales encargados de la elaboración de los catastros provinciales y el control de la actividad de los agrimensores, entre otras actividades vinculadas al saber territorial como parte de las funciones del Estado (Garavaglia y Gautreau, 2011; D´Agostino, 2009, 2014). También se revisaron aspectos biográficos relevantes de los autores de algunos mapas y se consideraron otras fuentes documentales de primera mano contemporáneas, que dan cuenta de información espacial en clave territorial directamente relacionada con éstos.

Consideraciones teóricas y propuesta metodológica

5Abordar la cartografía de una región o un período determinado aparece, a priori, como una tarea relativamente simple cuya mayor dificultad es la búsqueda exhaustiva y el registro detallado de los mapas existentes. Los mapas se suelen pensar en términos de su precisión relativa y la exactitud de su información en relación con un referente empírico, cualidades que se ponderan atendiendo a los conocimientos técnicos y al instrumental empleado, asumiendo una mejora progresiva a lo largo del tiempo. Esto supone una premisa lineal: cuanto mayor la antigüedad de los mapas, más imprecisos como fuentes de información; y su contrapartida: se tornan fuentes más confiables en virtud de los avances técnicos propios del “moderno” mapa científico (Lois, 2014). Así, soslayando el contexto de producción, características, intencionalidad o funciones de los mapas, se asume una relación directa entre nivel de perfección técnica y veracidad de la información que contienen. Muchas investigaciones arqueológicas no abordan los mapas como fuentes históricas, solo consideran los aspectos técnicos ya mencionados asociados a su precisión y que suponen –explícitamente o no– que son formas neutras de representación, más o menos exactas, de la realidad geográfica en distintos momentos del pasado.

6Esta visión positivista-pragmática de los mapas, que no problematiza su relación con aquello que representan y que predomina en su utilización en el trabajo arqueológico, ha sido interpelada desde la historia de la cartografía y la geografía. Los enfoques empiristas que conciben a los mapas como meras representaciones de objetos geográficos producto de prácticas progresivamente refinadas y precisas, comenzaron a ser debatidos a fines de la década de 1980 en el contexto del llamado “giro lingüístico” (Anderman, 2000; Lois, 2014; Pensa, 2020). Desde la academia anglosajona, Harley planteó un cuestionamiento ontológico no sólo al mapa, sino también a la práctica cartográfica en tanto actividad no exclusivamente técnica o científica y mucho menos apolítica. Este autor llamó a indagar en profundidad la “verdadera naturaleza de los mapas” para trascender su lectura a nivel superficial, entendiendo que son mucho más que un modelo del mundo y una forma de representación de información espacial. Se argumenta que, lejos de actuar como una “simple imagen de la naturaleza que puede ser verdadera o falsa, los mapas redescriben el mundo, como cualquier documento, en términos de relaciones y prácticas de poder, preferencias y prioridades culturales” y, por tanto, “lo que leemos en el mapa está tan relacionado con un mundo social invisible y con la ideología como con los fenómenos vistos y medidos en el paisaje” (Harley, 2005, p. 61).

7Esta corriente propuso la metáfora interpretativa del texto para analizar los mapas, en tanto sistemas de signos no verbales que conforman un lenguaje gráfico que se debe decodificar, lo cual supone un aprendizaje de lectura. Si bien no tienen una gramática como el lenguaje escrito, los mapas se diseñan de manera deliberada, bajo determinados principios y técnicas de composición y funcionan como sistemas formales de comunicación. Al igual que los libros y otros textos, los mapas son producto tanto de individuos específicos como de los valores culturales de las distintas sociedades y están destinados a cierto público. En este sentido, la cartografía tiene una dimensión retórica que, asentada en un sostén de autoridad científica, hace de los mapas instrumentos cargados de intenciones y efectos sociales. La intencionalidad se acentúa en la cartografía estatal ya que los mapas oficiales funcionan socialmente como actos de “vigilancia” (en el sentido de Foucault) y exhiben estructuras de poder tanto como los imperativos territoriales de un sistema político determinado (Pro Ruiz, 2011).

8Al igual que todas las fuentes documentales, los mapas solo se pueden interpretar situados en su tiempo y espacio, para lo cual deben identificarse al menos tres contextos: el del cartógrafo, el de otros mapas y el de la sociedad (Harley, 2005, p. 63). En el primer contexto es clave la autoría –que puede ser anónima o conocida, individual o colectiva, pública o privada– junto al aspecto técnico, que implica conocer cómo fueron trazados y cuáles instrumentos, recursos y procedimientos se emplearon. También se debe indagar la intención del acto cartográfico, preguntándose qué fines y funciones cumplió, a quiénes estaba dirigido y cuáles fueron sus condiciones materiales, institucionales, financieras y políticas de producción. El contexto de los otros mapas se puede abordar desde la relación del contenido de un mapa en particular o de una característica específica con mapas coetáneos de la misma zona, analizar la relación de un mapa con otros del mismo autor o la misma compañía productora, indagar su vínculo con otros mapas del mismo tipo o establecer su relación con la producción cartográfica general de un período histórico. Este análisis contextual del corpus cartográfico es crucial para establecer la confiabilidad de un mapa particular, así como la semiología y la iconografía aportan elementos para comprender el significado del discurso cartográfico que contienen, considerando la producción y el conocimiento cartográficos de un período como un producto social que expresa tanto como construye relaciones de poder. Harley propone una lectura de los mapas en clave deconstructiva que permita leer sus entrelíneas, explorar las relaciones dialécticas entre imagen y poder, develar su intencionalidad política y abordar el carácter social de la cartografía.

10Junto a los censos y a los museos, los mapas conforman dispositivos mediante los cuales los Estados nación modernos proyectaron, imaginaron, registraron, representaron y controlaron sus dominios (Anderson, 2006; Anderman, 2000; Lois, 2006, 2014, entre otros). En América Latina la construcción de un saber territorial fue esencial para la constitución de los estados nacionales luego de la independencia (Pro Ruiz, 2011). Estos procesos, que ciertamente no se desarrollaron de manera lineal, se concretaron a partir de instituciones, prácticas y cuerpos de profesionales que generaron un conocimiento cada vez más detallado y preciso del territorio que aquellos Estados pretendían controlar. Pro Ruiz notó el doble vínculo existente entre la historia de las mediciones catastrales de la tierra y la construcción de los Estados decimonónicos ya que “sólo en la medida en que encontramos pruebas de la progresiva definición de la propiedad y del territorio nacional sabemos del avance en la construcción estatal” y porque en esas mediciones y planos “se ponen al descubierto concepciones de la sociedad y del territorio” (Pro Ruiz, 2011, p. 13) reflejando el desarrollo de formas de organización basadas en la separación entre sociedad civil y Estado. Estrechamente vinculada a la construcción de identidades nacionales y dentro de un amplio conjunto de “estrategias nacionalizantes”, la cartografía del siglo XIX fue una empresa básicamente estatal que funcionó como un archivo de información geográfica, un soporte gráfico para futuras conquistas y un dispositivo de vigilancia territorial con efectos directos sobre la sociedad (Nadal y Urteaga, 1990). En tal sentido, las prácticas cartográficas y los mapas formaron parte del aparato político-institucional del poder, encarnado por las elites intelectuales y profesionales locales, que “hicieron de los mapas una herramienta para la cohesión social en clave nacional” (Lois, 2014, p. 86).

La cartografía como empresa del Estado nación

11En Argentina, los gobiernos instaurados luego de la Revolución de Mayo tuvieron entre sus preocupaciones principales el reconocimiento de vastos espacios que pretendían como territorios y la expansión geográfica del área hasta entonces ocupada para el desarrollo de actividades agropecuarias. Como recurso fundamental para la generación de riqueza y la conformación de los sectores dominantes, la obtención y el reparto de tierras –de las que eran despojadas simultáneamente las sociedades indígenas– fueron cuestiones centrales en el proceso de consolidación estatal. El complejo proceso de ocupación territorial de la provincia de Buenos Aires, que se extendió hasta las últimas décadas del siglo XIX, estuvo acompañado por la promulgación de diferentes leyes y normativas para acceder al recurso (Banzato, 2005; Infesta, 2003; Valencia, 2005) así como impulsó la constitución, permanencia y reestructuración de las instituciones topográficas (Aliata, 2006; Canedo, 2014; D´Agostino, 2009, 2014; Garavaglia y Gautreau, 2011).

12Durante el siglo XIX se distinguen dos etapas en la burocracia estatal destinada a las tareas topográficas. La primera comenzó en 1824 al crearse la Comisión Topográfica dentro de la administración provincial, cuyo objetivo era elaborar el plano de mensura de la provincia de Buenos Aires. Dos años después, bajo la presidencia de B. Rivadavia, se transformó en el Departamento General de Topografía y Estadística, de carácter nacional y en directa vinculación a la reforma del sistema financiero provincial que colocó las tierras fiscales como garantía de la deuda pública provincial, durante la gobernación de M. Rodríguez (Martínez Sierra, 1975; D´Agostino, 2009). Por ello, en 1822 se prohibió la venta de las tierras públicas que pasaron a ser entregadas a particulares en su mayoría bajo el régimen de enfiteusis hasta ca. 1840 (Infesta, 2003). Esta coyuntura evidenció la necesidad de un conocimiento sistemático sobre la distribución, demarcación y situación legal de las tierras ocupadas por particulares y de un plano topográfico que proveyera información del acervo de tierras públicas. En 1825 un decreto estableció que cada propietario debía enviar su título de propiedad a la Comisión Topográfica (Gautreau y Garavaglia, 2011). En esta etapa comenzó a organizarse internamente la comisión, se establecieron las bases de los mecanismos de mensura, deslinde y amojonamiento y se elaboraron dos mapas catastrales generales: el primer Registro Gráfico se hizo en 1830 por pedido del gobierno de J. M. de Rosas, que requería “una carta indicativa de los terrenos de propiedad pública y particular contenidos en la provincia” (Carta de Arenales, presidente del Departamento Topográfico, del 25-9-1830 en Martínez Sierra, 1975, p. 129) y el segundo para la expedición militar que éste comandó al río Colorado durante 1833-1834.

13¿Cuál era el procedimiento para elaborar los catastros provinciales? A diferencia de otros lugares donde se enviaba a técnicos para hacer mediciones sistemáticas en el terreno, el Departamento Topográfico recibía y archivaba registros topográficos de propiedades individuales elaborados por agrimensores a pedido de poseedores que querían confirmar sus títulos de propiedad y de quienes solicitaban arrendar o comprar tierras públicas. Así se conformaba un catastro general a modo de mosaico integrado por la sumatoria de planos de propiedades individuales, plasmando un sistema en el cual el conocimiento territorial del Estado provincial dependía de la cantidad y calidad de las mensuras que recibía. En un contexto de escasez de recursos humanos y restricciones presupuestarias, la función central del Departamento Topográfico era estandarizar los métodos para el relevamiento de las tierras y controlar que quienes realizaban las mediciones respetaran dichas normas. Como señalan Gautreau y Garavaglia (2011, pp. 63-64), los agrimensores no eran empleados públicos, sino agentes privados que “contaban con ciertos atributos de agentes del Estado, dado que la administración era garante de su idoneidad y habilitación (…), les otorgaba un estatus profesional y supervisaba sus actividades”.

14El poblamiento criollo de la cuenca del arroyo Azul, que ya registraba algunas posesiones en enfiteusis, cobró impulso en esta etapa con la modalidad de donación condicionada de suertes de estancia, que medían media legua de frente (situada sobre el arroyo para optimizar la disponibilidad de agua) y una legua y media de fondo, una superficie de 2.025 hectáreas que se consideraba adecuada para el sustento de una familia campesina (Lanteri, 2011). Eran cesiones condicionadas porque los donatarios debían cumplir ciertos requerimientos vinculados al poblamiento y la puesta en producción para obtener los títulos efectivos de propiedad. Paralelamente, se instalaron allí las tribus de “indios amigos” lideradas por los caciques Juan Catriel y Juan Manuel Cachul, en el marco de la política indígena rosista conocida como el Negocio Pacífico de Indios (Ratto, 2003, 2015). Con esta política Rosas buscaba asentar grupos indígenas en sectores estratégicos de la frontera –que había avanzado con la fundación de los fuertes Independencia (1823), Federación (1827), 25 de Mayo (1828), Protectora Argentina (1828), Blanca Grande (1829), Cantón Tapalqué (1831) y San Serapio Mártir del Azul (1832)– para que actuaran en defensa de la población criolla sobre la base de acuerdos pacíficos y contraprestaciones con el gobierno. Ello favoreció la construcción de redes de relaciones interétnicas entre los “indios amigos”, las autoridades y el vecindario local, que también vincularon a otras tribus allende las fronteras, jefes militares y funcionarios provinciales. El acceso a la tierra y la territorialidad indígena fueron componentes centrales en la estructuración de esas relaciones interétnicas (Lanteri y Pedrotta, 2018).

15La actividad del Departamento Topográfico experimentó una merma pronunciada en el segundo gobierno de Rosas (1835-1852), durante el cual se redujo notablemente la cantidad de mensuras y las tareas cartográficas en general, manteniendo solo actividades vinculadas a la habilitación de los agrimensores y la elaboración de instrucciones para su labor. En esos años Felipe Senillosa presentó una memoria para determinar los patrones de pesos y medidas, que fue aprobada por Rosas en 1836, y se fijó la relación entre la vara de Buenos Aires y el metro. Con respecto a la política de tierras, a partir de 1836 se dictaron algunas disposiciones que buscaban promover la venta de tierras públicas y la eliminación progresiva del régimen de enfiteusis; en este marco se ofrecieron en venta poco más de 4 millones de hectáreas a diferentes precios según su ubicación al norte o al sur del río Salado o allende la línea de frontera. Infesta (2003) resaltó el grado de indeterminación que había en estas últimas ofertas de tierras, dado su gran desconocimiento geográfico y topográfico. Bajo la modalidad de ventas fueron adquiridas 3.340.550 hectáreas, en su mayoría situadas dentro de la frontera y por quienes ya las poseían bajo el régimen de enfiteusis (Infesta, 2003). Las transacciones de tierras públicas cesaron en 1840 hasta el fin del rosismo, mientras que se mantuvo la obtención de tierras mediante premios y donaciones.

16El nuevo proyecto político iniciado luego de la batalla de Caseros –que signó la caída de Rosas– conllevó una importante reorganización institucional, enmarcada en el despliegue general de las funciones del Estado. Comenzó a revisarse la legislación sobre tierras que había sido promulgada durante el rosismo, a la vez que se reorientó la política indígena buscando expandir las fronteras y aumentar el territorio ocupado por el Estado, en un contexto económico de mayor demanda de la producción ovina (Valencia, 2005; Sábato, 1989). En 1855 la frontera bonaerense se reorganizó en tres comandancias: Norte, Centro y Sur, mientras que, por decreto, en 1858 se dispuso la traza de una nueva línea con normativas diferentes en materia de tierras al interior y exterior de la misma. Entre 1857 y 1858 se dictaron varias disposiciones tendientes a regularizar situaciones de tenencia de tierras bajo diferentes modalidades y para aumentar la superficie ocupada por los pobladores criollos; entre ellas, la ley para ordenar el acceso a la propiedad formal de las suertes de estancia del arroyo Azul y la ley que puso en arrendamiento todas las tierras públicas por ocho años, tras los cuales el Estado podía enajenarlas dando preferencia al arrendatario. Sin embargo, no se produjeron avances sustanciales ni inmediatos en la ocupación de tierras bajo dominio del estado.

18Durante la década de enfrentamiento entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires (1852–1861) la política de fronteras fue oscilante, alternándose empresas bélicas y negociaciones diplomáticas con los principales caciques quienes, a su vez, gestionaron alianzas con uno y otro bando, aprovechando estratégicamente las luchas faccionales criollas (Allende ,1956; de Jong, 2016; Ratto, 2015). En la frontera sur bonaerense, los años posteriores a la caída de Rosas fueron tiempos de gran convulsión como consecuencia de cambios en la política del “Negocio Pacífico” que implicaron suprimir el racionamiento a las tribus amigas y aliadas e interrumpir el comercio interétnico. Un intento de avance sobre las tierras habitadas por los “indios amigos” –el inconsulto traslado del Cantón Tapalqué ocho leguas al sudoeste– llevó al alzamiento de sus principales caciques que se aliaron a Calfucurá y atacaron varios puntos de la campaña, produciendo enfrentamientos armados de diferente envergadura (Arena et al., 1967). Como hemos señalado, la cuestión de la tierra fue central para la pacificación de la frontera sur en esa coyuntura de violencia interétnica que no pudo ser controlada manu militari (Lanteri y Pedrotta, 2012, 2018). Los acuerdos pacíficos celebrados entre 1856 y 1857 sentaron las bases para dos décadas de relativa calma en la frontera sur, donde aumentó la población, tanto por la expansión de las estancias criollas como por llegada de los grupos liderados por Lucio López y su hijo Chipitruz, Calfuquir, Cholaylaf y Comihuala, entre otros, que se sumaron a las nutridas tribus de Catriel y Cachul.

19A partir de la elección de B. Mitre como presidente de un Estado unificado en 1862, comenzaron intentos por aplicar la política de fronteras de forma más homogénea y enfocada al avance territorial, que no se concretaron ante las dificultades asociadas al combate de las montoneras federales y a la Guerra del Paraguay, entre otras cuestiones. De este modo, se llevó adelante la estrategia de ofrecer tratados y concertar paces con ciertos caciques para debilitar el liderazgo de Calfucurá y estabilizar las relaciones con algunas agrupaciones, hasta disponer de los recursos materiales y humanos para realizar una ocupación definitiva (de Jong 2016; Ratto, 2015). En este contexto, en 1867 se aprobó la ley 215 que establecía el avance del territorio nacional hasta los ríos Negro y Neuquén y la conquista militar de la pampa que, si bien no se materializó de manera inmediata, mostró claramente las intenciones del Estado de terminar con la autonomía de los pueblos indígenas.

21Recapitulando, a lo largo del siglo XIX en Argentina, confluyeron varias tendencias: la normatización de las prácticas de mapeo, el desarrollo de instrumental especializado, la profesionalización de la agrimensura, el surgimiento de instituciones específicas en la estructura del Estado encargadas de regular la actividad y compilar la información territorial, en un marco científico internacional tendiente a la estandarización de la simbología cartográfica. La importancia del saber geográfico en la cuestión de fronteras, clave para la consolidación y expansión territorial estatal desarrolladas con la presidencia de Mitre, se tradujo en la conformación de organismos especializados en el ámbito militar que elaboraron su propia cartografía. La mejora técnica y procedimental en la precisión y fiabilidad de las mediciones estuvo impulsada, además, por la demanda social y el aumento en los precios de la tierra que ocurrió en esa centuria (Aliata, 2006; Canedo, 2014; Garavaglia, 2011; Gautreau y Garavaglia, 2011).

Mapas para la frontera sur bonaerense

MAPA	AUTOR	FECHA
Registro Gráfico de los terrenos de propiedad pública y particular de la provincia de Buenos Aires	Departamento Topográfico	1830
Registro Gráfico de los terrenos de propiedad pública y particular de la Provincia de Buenos Aires	Departamento Topográfico	1833
Carta topográfica de la Provincia de Buenos Aires	Woodbine Parish	1836
Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires	Departamento Topográfico	1855
Plano del Partido y Arroyo Azul	Juan Cornell	1859
Sin nombre, croquis inédito	Ignacio Rivas	1863
Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires	Departamento Topográfico	1864
Plano de las Suertes de Estancia del Azul	Juan Dillon	1872
Carta de las Pampas del Sud	Alvaro Barros	1872

Tabla 1. Selección de mapas analizados

23El primer Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires (Mapa 1) fue elaborado en 1830 “según las mensuras judiciales que se han extractado hasta la fecha” (Martínez Sierra, 1975, p. 130), en base a información enviada por agrimensores al Departamento Topográfico para su aprobación, compilación y archivo. Las observaciones del mismo indican el uso de color azul para identificar los ejidos de los pueblos trazados hasta ese momento, carmín para los terrenos que habían sido otorgados en enfiteusis, verde para propiedades que no estaban registradas por dicho departamento y amarillo para terrenos cuya pertenencia y deslinde se desconocían. Los terrenos de propiedad particular no fueron coloreados y, en algunos casos, se incluyeron los nombres de sus poseedores. Se marcaron con líneas rayadas las inexactitudes en los límites de ciertas propiedades por inconsistencias entre las mediciones o falta de información, aclarando que los espacios en blanco se debían a la decisión de utilizar únicamente datos de mensuras verificadas o de reconocimientos hechos directamente por personal del Departamento Topográfico.

24La superficie de este mapa comprende el Río de la Plata por el norte hasta el arroyo Quequén Grande al sur y hacia el oeste se extiende hasta la zona de Tapalqué, siendo su punto más occidental las nacientes del río Salado. La proyección de los meridianos y paralelos se trazó de forma oblicua con respecto al marco y se orientó con el sur en la parte superior, mientras que se dibujó la parte entonces conocida de la costa (Martínez Sierra, 1975). Este catastro no consigna la existencia de grupos y/o asentamientos indígenas en todo el espacio geográfico que representa, tampoco registra topónimos de ese origen ni elementos gráficos que refieran las fronteras interétnicas entonces existentes.

26Como el primer catastro provincial, en este mapa la zona de estudio aparece totalmente despojada, es un espacio geográfico casi en blanco donde únicamente se dibujaron rasgos del relieve: la “Sierra Tapalquen” y otras sierras innominadas, los arroyos “Tapalquen”, “Tapalquen chico” y “Azul” y algunas lagunas. En las inmediaciones se marcaron los deslindes de terrenos que entonces habían sido concedidos, en enfiteusis u modalidades, con los nombres de sus beneficiarios y los números de registro: Lavalle y Olidén, sobre las márgenes derecha e izquierda, respectivamente, del arroyo Azul; Arenales, Vidal y Pico en la margen derecha del arroyo Tapalqué; Vidal y Piñeiro sobre la margen izquierda del mismo arroyo. La localización espacial de esas propiedades en la zona de Tapalquén es, según Martínez Sierra, el mayor avance con respecto al mapa de 1830. El único elemento que denota la ubicación geográfica de pueblos indígenas en este catastro es la palabra “PAMPAS”, escrita con caracteres destacados en un espacio indefinido hacia el sur de los últimos terrenos mensurados en el suroeste provincial, al oeste del camino entre Buenos Aires y Bahía Blanca, a unos 37º 30´ de latitud.

28Al igual que el Registro Gráfico de 1833, en este mapa la zona de estudio se muestra como un espacio prácticamente en blanco, donde solo se indican elementos naturales: sierras sin nombre, los arroyos “Tapalquen”, “Azul” y “Puella Calel” (que no aparece en los dos registros anteriores) y algunas lagunas que tachonan la traza del camino “a la laguna Blanca” (Mapa 3). Dicho camino, que se indica con línea punteada, salía de Monte hacia la fortaleza Protectora Argentina atravesando el área estudiada. En las inmediaciones se marcaron los deslindes de terrenos que entonces habían sido concedidos con los nombres de sus beneficiarios y los números de registro, al igual que el catastro provincial de 1833, pero agregando los terrenos otorgados a Echevarría (al norte del terreno de Pico), Escurra (entre los de Pico y Vidal) y Saez (lindando al sur con el terreno de Vidal), todos sobre la margen izquierda del arroyo Tapalqué.

29El Registro Gráfico de 1855, elaborado en la etapa de “refundación” del Departamento Topográfico, replica las omisiones de los catastros previos y no contiene información explícita sobre el territorio habitado por los grupos indígenas. Únicamente se indican las superficies ocupadas por algunos pobladores criollos y la mayor parte del área de estudio constituye un espacio en blanco, sin delimitar ni nominar, como señaló Lanteri (2006).

32El mapa de Cornell es la primera fuente cartográfica donde se sitúan espacialmente las tolderías de los “indios amigos” del cacique Catriel, que se habían reinstalado en la zona en 1857, luego de los acuerdos interétnicos firmados el año anterior (Lanteri y Pedrotta, 2012, 2018). Allí se indica con la leyenda “Tolderías de Catriel” un área comprendida entre los arroyos Tapalqué y Nievas. La leyenda que alude al territorio indígena resalta porque fue escrita con un tamaño de letra más grande que la utilizada para los nombres de los poseedores de las suertes de estancia y por su disposición en forma de arco que intersecta los rectángulos paralelos que se emplearon para representar las suertes. Las tolderías se superponen a las suertes T48 y T49, sobre la margen derecha del arroyo Nieves hacia su desembocadura; T67, T68 y T51 en la margen izquierda de dicho arroyo (la última atravesada por el camino que unía los poblados Azul y Tapalqué nuevo) y las T304 y T305, ambas sobre la margen izquierda del arroyo Tapalqué (Mapa 4). Esta localización es coincidente con el informe de Cornell, que refiere su ocupación por los “toldos de Catriel”, como se muestra en la Tabla 2.

34En la zona de estudio se dibujaron con trazos espiralados las sierras “Baya”, “Cierra de Sotuyo”, “Cierra Chica”, “Las dos Hermanas”, “La China”, con líneas los cursos de agua y las lagunas “La Blanca Chica”, “La Blanca Grande” y “de la Tigra”, más al sur. Si bien se delinearon los arroyos Azul, Tapalqué y Nievas, sólo este último se referenció como “arroyo de Nievas”. El pueblo de Azul se representó con un rectángulo, los fortines Perdido, Cnel. Rivas y Resistencia con una estrella pintada de amarillo y el campamento militar que posteriormente devino en la ciudad de Olavarría se representó con un triángulo rojo. Desde Azul hasta ese punto está marcado el “camino del campamento”, que ahí entronca con la gran rastrillada llamada “Camino de los Chilenos”, ambos señalados con línea punteada. El croquis indica claramente la ubicación de los asentamientos de los principales caciques y su concentración en las inmediaciones de los cursos de agua. Los “toldos de Catriel” –dibujados como “V” invertidas– se sitúan en las tierras comprendidas entre los arroyos “de Nievas” y Azul, justamente en el tramo atravesado por el “camino del campamento”, en tanto los “toldos de Chipitruz” –también “V” invertidas– se localizan a ambas márgenes del arroyo Tapalqué, al norte de su unión con el Nievas.

35En 1864 se publicó un nuevo Registro Gráfico provincial. Como el catastro impreso de 1833 estaba agotado y el mapa de Arrowsmith de 1836 era muy oneroso, amén de hallarse ambos desactualizados, el presidente del Departamento Topográfico, gestionó su grabado e impresión en el país personalmente. El mapa fue publicado con esmero en seis partes y presentado en la Exposición Universal de París de 1868, donde ganó una medalla de plata (Pesoa, 2020). No obstante, el departamento contemplaba posibles errores, ya que no se habían realizado

trabajos geodésicos que comprendan la provincia toda, ni una parte considerable de ella, los datos con que el RG ha sido construido son las copias que conserva esta oficina de todas las mensuras efectuadas durante 40 años de los terrenos de propiedad particular y pública (…), y en la necesidad de concordar y unir esos trabajos, no debe extrañarse que el Registro Gráfico tenga algunos errores” (Carta de 27-1-1866 del Departamento Topográfico a J. M. Gutiérrez en Pesoa, 2020, p. 16).

36Este catastro provincial fue dibujado sobre una proyección de 30 en 30 minutos, con la orientación habitual de estos mapas ubicando el sur en la parte superior y contiene gran cantidad de referencias vinculadas al catastro provincial, al poblamiento criollo, la delimitación jurídico-administrativa del territorio y su configuración geográfica. Se trata de un mapa muy denso compuesto mediante la superposición de diversos símbolos gráficos cuya “Explicación” aparece en un recuadro aparte en la Lámina 6. El contorno de la costa se traza de forma completa y otros elementos naturales (arroyos, lagunas y sierras) se consignan detalladamente. Se delimitan los terrenos con los nombres de sus propietarios, la numeración de las mensuras y las secciones correspondientes. Por primera vez se señala la división administrativa de los partidos de la campaña y sus nombres conforme decretos del 24-2-1865 y 31-8-1865, y se marca la línea de fronteras establecida en julio de 1858.

38En 1872 el agrimensor Juan Dillon realizó un informe sobre las suertes lindantes al ejido de la recién fundada Olavarría, que acompañó con un mapa que comprende una superficie delimitada por el pueblo de Azul al norte, el cañadón del arroyo Perdido al sur, el arroyo Tapalque al oeste y las grandes propiedades criollas localizadas en las Sierras del Azul al este (Mapa 7). Este mapa muestra una detallada representación del relieve reconocido hasta esa fecha, contiene los rumbos y las longitudes de la mayoría de los terrenos medidos y posee orientación y escala, expresada en varas y en metros. Se localizan muchas lagunas y los dos arroyos principales de la zona –Azul y Tapalqué– pero se omite el arroyo Nievas (o “Tapalqué chico”, en el catastro de 1864). De hecho, Dillon realizó un minucioso relevamiento del arroyo Tapalqué, cuyo curso hasta entonces no se conocía exactamente. También se delimita la extensión que ocupaban los ejidos de Azul y Olavarría, a la vez que se demarcan las suertes de estancia a ambos lados del arroyo Azul, como rectángulos regulares paralelos cada uno con su numeración y nombre del poseedor.

42Barros (1872, p. 271) refiere que el territorio de la provincia de Buenos Aires se construyó según la carta del Departamento Topográfico de 1869, agregando detalles omitidos

como los arroyos Corto y Sanquilco, situados al Oeste del pueblo de Olavarría, el arroyo Nievas, la Sierra Chica; y la situación de las tolderías de Catriel: variando el nacimiento, curso y término de muchos arroyos; cambiando la posición geográfica de la Blanca Chica y de la Blanca Grande y corrigiendo otros errores

43En las tierras comprendidas entre los arroyos Azul y Tapalqué están dibujados los toldos, representados como triángulos, algunos con su entrada, acompañados por la inscripción “Tolderías de Catriel” (Mapa 8). Cabe notar que el curso del arroyo Nievas está dibujado, a diferencia de otra cartografía contemporánea, como los mapas elaborados por el sargento mayor Juan Cornell y el agrimensor Juan Dillon. Además, se marca el camino que unía Azul y Olavarría atravesando esas tolderías, junto a la gran rastrillada denominada “Camino de los indios a Salinas” y trazada acorde el conocimiento directo del propio Barros (1872, p. 276). Esa rastrillada se desprende del camino que unía Azul y Olavarría justamente en el sector donde se hallan las tolderías y, poco más adelante, se bifurca para atravesar el cordón de Tandilia en dos pasos situados al este y oeste de las “Sierras de Quillalauquen”, uniéndose más adelante con rumbo suroeste para llegar al territorio indígena de “Salinas Grandes”.

Discusión

44En la zona de estudio se desarrolló una experiencia original de poblamiento criollo e indígena orquestada estratégicamente por J. M. de Rosas desde su primer gobierno. Dicha experiencia articuló la gestión de acuerdos geopolíticos interétnicos que incluían la relocalización de caciques y tribus en buenas relaciones con el gobernador, la fortificación de determinados sectores mediante emplazamientos militares y la concesión de tierras a familias criollas que quisieran asentarse allí cumpliendo ciertas condiciones. El avance de la frontera en ese espacio comprendió la instalación del fuerte Blanca Grande, el Cantón Tapalqué y el fuerte Azul, que se sumaron a los fuertes existentes Protectora Argentina e Independencia. En paralelo, ocurría el proceso de división, deslinde y adjudicación de suertes de estancia en tierras aledañas al arroyo Azul que había sido estipulado por decreto del gobernador Viamonte en 1829 y comenzado a implementar por Rosas a partir de 1832 (Infesta, 2003; Lanteri, 2011). Simultáneamente, en el marco del Negocio Pacífico de Indios, los grupos liderados por Juan Catriel y Juan Manuel Cachul y otros caciques aliados –Francamán, Reilef, Cayupán, Guiñigual, Painen y Llanquemán– se instalaron en las proximidades del Cantón Tapalqué, mientras que el cacique Venancio se situó en la cuenca del arroyo Azul (Ratto, 1994, 2003; Cornell, 1995 [1864]), en base a acuerdos verbales con el gobernador. Una vez asentadas las tribus en las cercanías del arroyo Tapalqué, se realizó un censo que arrojó la suma de 2.559 personas, incluyendo hombres, mujeres y jóvenes (en Aquerreta, 1976, pp. 63-67).

45Este singular proceso de construcción territorial, que involucró a la población criolla y a las tribus de un conjunto de caciques “amigos” que ascendían a varios miles de personas, no encuentra ninguna expresión en la cartografía oficial contemporánea que muestra ese sector de la frontera bonaerense como un espacio social y culturalmente vacío. El Registro Gráfico de 1830 es un mapa “en construcción”, como bien señala Martínez Sierra (1975, p. 130) y por ende contiene deslindes imprecisos, vacíos de información, entre otros elementos que denotan el grado del conocimiento topográfico, situaciones de litigiosidad o mensuras inconclusas (Mapa 1). Estas cuestiones fueron identificadas para varios partidos situados al norte del Río Salado (Banzato, 1999) y al sur de dicho río (Lanteri 2006), donde era mucho mayor entonces el desconocimiento geográfico y catastral.

• 19 Transcripto en Lanteri (2015, p. 105).

Cuando el año de 1832, empezaron recién las distribuciones de las mercedes concedidas por el decreto de 19 de septiembre de 1829, las primeras poblaciones se fundaron en los derrames de este Arroyo [Azul], 21 leguas aguas abajo de este pueblo. De otro modo no podía ser, puesto que las indiadas de los caciques Venancio y Laudao, ocupaban el terreno intermedio hasta el paraje denominado Cacharí (...) y cuando regresó Rosas de su campaña al Colorado, fueron a situarse en Tapalquén19

50En contraposición, otros mapas coetáneos confeccionados por agrimensores y por diferentes funcionarios del estado, indican de forma explícita la existencia de tierras indígenas y su localización geográfica. El registro más elocuente es el plano del sargento Cornell (Mapa 4) que identifica los asentamientos indígenas con la inscripción “Tolderías de Catriel” en el espacio comprendido entre los arroyos Nievas y Tapalqué. De la misma manera que esa leyenda intersecta a los rectángulos que demarcan las suertes de estancia en el mapa, superponiendo gráficamente la construcción territorial indígena y criolla, la minuciosa narrativa del informe señala ocho suertes de estancia (T48-T49-T51-T67-T68-T304-T305) donde había tolderías coexistiendo dinámicamente con viviendas -ranchos y taperas– de los poseedores de dichas suertes (Tabla 2). El croquis del general Rivas es otro registro visual explícito que muestra la localización de dos concentraciones de tolderías vinculadas a los caciques Catriel y Chipitruz ubicadas, respectivamente, entre los arroyos Nievas y Tapalqué y sobre ambas márgenes de este último (Mapa 5). Estos dos mapas señalan que las tierras indígenas estaban atravesadas por el “Camino de los Chilenos”, la gran rastrillada que concentraba el enorme flujo de ganado, mercaderías y personas entre las pampas y los mercados trasandinos, poniendo en relieve la importancia estratégica de la zona de estudio para el comercio intra e interétnico.

51Por otra parte, el plano del agrimensor Dillon –notable por la cantidad de información geográfica que contiene, acorde el mayor conocimiento de la zona que se tenía para la década de 1870– señala con la inscripción “Terreno destinado a los indios de Catrie”, en mayúsculas, una gran extensión comprendida entre el arroyo Tapalqué y la última franja de suertes de estancia del arroyo Azul, al norte del pueblo de Olavarría, al sur del terreno de Juan Silva y al oeste del arroyo Tapalqué (Mapa 7). Así también, a diferente escala, la Carta de las Pampas del Sur de A. Barros (Mapa 8) ubica a las “Tolderías de Catriel” en las tierras entre los arroyos Azul y Tapalqué, en un escenario predominantemente natural, integrado por elementos del paisaje pero con la traza de tres caminos: el que unía los pueblos de Azul y Olavarría y otros dos que salían de Azul para, luego de cruzar el cordón serrano de Tandilia en distintos pasos, unirse con el “Camino de los Indios a Salinas” y desde allí ramificarse en distintas rutas que se internaban en el territorio ranquelino o seguían el curso de los ríos Colorado o Negro, atravesando la meseta patagónica con rumbo a la cordillera andina.

52La cartografía producida por Cornell, Rivas, Dillon y Barros (Mapas 4, 5, 7 y 8) se caracteriza por la cercanía e inmediatez de la información con que contaban sus autores, en tanto funcionarios civiles o militares que tuvieron presencia local, que conocían el terreno y a los principales cacicatos y, en el caso de Barros, además consideró información verbal aportada por el coronel Eugenio del Busto, excautivo y profundo conocedor de las fronteras pampeanas, donde desarrolló toda su carrera militar. La “naturaleza” (en el sentido de Harley, 2005) de estos mapas es diversa, son mapas topográficos, militares y de propiedades rurales, elaborados por personas con formaciones, trayectorias e intereses diversos, a distintas escalas, con procedimientos técnicos diferentes y grados de precisión de la información variables. Sin embargo, los cuatro coinciden en ubicar asentamientos indígenas en el espacio comprendido entre los arroyos Azul y Tapalqué, incluyendo la cuenca del arroyo Nievas, y a ambas márgenes de este último, destacando asimismo los caminos neurálgicos en la frontera pampeano-patagónica.

53Más aún, en los mapas de Rivas y Barros se representan con dibujos las viviendas de los “indios amigos”, el primero como “V” invertidas y el segundo empleando triángulos, con la inscripción distintiva “toldos de Catriel” (Mapas 5 y 8). Ambos militares tuvieron una larga y destacada actuación en la frontera sur, así como trato directo con los caciques y tribus que allí habitaban. Sus mapas revelan de modo elocuente la presencia indígena, pese a las diferencias antedichas y a que eran partidarios de políticas opuestas con respecto al modo de resolver la cuestión de las fronteras internas. Mientras que Barros (1872) proponía la incorporación pacífica de la población indígena mediante políticas y acciones “honestas” que fomentaran la colonización y puesta en producción de las tierras, Rivas consideraba que el estado debía ocupar esas tierras a través de una guerra ofensiva que eliminara a los pueblos originarios.

55Por último, cabe considerar la supresión del nombre indígena del arroyo Nievas, cuya denominación fue rescatada por el padre José M. Salvaire, que misionó en la tribu del cacique Catriel entre 1874 y 1875. El religioso refirió que dicha tribu estaba “situada sobre las orillas de un pequeño arroyo que los cristianos llaman el ´Arroyo de las Nieves`, pero que los indios llaman Tholtho-leufú, que significa ´arroyo de los cardos`” (transcripto en Durán, 2002). Esta invisibilización toponímica, en tanto acción de los sectores hegemónicos de suprimir los nombres dados por grupos minoritarios, como forma de ejercer y reproducir su poder, ha sido referida en numerosos y diversos casos (Harley, 2005, p. 95). Tal como señalan Lois (2015, pp. 150-152) y Mazzitelli Mastricchio (2023, p. 222), la eliminación de las geografías y los paisajes indígenas y su reemplazo por la nomenclatura criolla fue una política toponímica que acompañó, en los planos discursivo y cartográfico, al proceso estatal de expansión y “nacionalización” espacial. Es notable el contraste, en este sentido, entre la carta de Álvaro Barros –que incluyó intencionalmente gran cantidad de topónimos indígenas, ver Mapa 8– y el resto de los mapas analizados, en especial los catastros oficiales provinciales que son aquellos mapas que mejor reflejan la visión del estado. Aunque debe recordarse que esa inclusión tenía entre sus fines el uso de la carta como una herramienta útil para las expediciones que se internaran en el territorio indígena, en palabras del propio Barros.

Consideraciones finales

56Nos propusimos analizar un conjunto heterogéneo de mapas de la frontera sur bonaerense desde una perspectiva interpretativa, abordándolos no sólo como representaciones más o menos precisas de un referente geográfico, sino como dispositivos de comunicación con una dimensión retórica, allende sus cualidades técnicas. La lectura de esos mapas incluyó diferentes elementos internos y externos, considerando la propuesta de análisis contextual situado de Harley que caracteriza centralmente el contexto del cartógrafo, el contexto de otros mapas y el contexto de la sociedad. Para ello, se indagaron datos biográficos de los autores de los mapas, sus formaciones, trayectorias e intereses, sus fuentes de información, las circunstancias e instituciones que enmarcaron sus actividades, entre otras cuestiones. El contexto de los otros mapas se construyó a partir del análisis en conjunto y comparativo de los mapas, que comprenden catastros oficiales junto a mapas de autores individuales y que fueron elaborados con diferentes fines: comerciales, militares, topográficas, etc., cuyas plantillas, escalas, orientaciones, simbologías, estilos y formatos gráficos son diversos. Esta diversidad permitió una lectura atenta a los contrastes, buscando identificar omisiones, imprecisiones y silencios, como vías para comprender la dimensión retórica de la cartografía.

57El recorte temporal abarca el período durante el cual la zona de estudio fue objeto de un proceso singular de construcción territorial a través del poblamiento simultáneo indígena y criollo, que estuvo cimentado en medidas oficiales y en acuerdos interétnicos iniciados en la década de 1830 y persistió, con vaivenes y cambios, hasta mediados de la década de 1870. Por ende, el conjunto de mapas analizados refiere a un proceso a escala de mediana duración que ocurrió en contextos socio-históricos diferentes, en especial en lo referente a la política indígena y a las estrategias de expansión estatal emprendidas por los sucesivos gobiernos, que no se desarrollaron de manera lineal ni a un ritmo sostenido. El punto de quiebre más notable en este aspecto fue el retroceso de la línea de fronteras que se produjo luego de la caída de Rosas, con el ciclo de violencia interétnica que marcó la frontera bonaerense entre 1853 y 1855. Así también, la década de enfrentamiento entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires repercutió en la política fronteriza y el conocimiento del espacio pampeano-patagónico, a punto tal que recién unificado el Estado se proyectaron planes integrales de avance territorial (Pedrotta et al., 2012).

58El proceso de poblamiento indígena y criollo de las tierras de Tapalqué-Azul-Olavarría no se registra de forma precisa en la cartografía oficial y no oficial del período rosista, mientras que está reflejado muy sesgadamente en los catastros provinciales posteriores (1855 y 1864). Estos dos últimos registros gráficos omiten toda referencia a la población indígena y sub-representan las suertes de estancia (Lanteri, 2006). En contraposición, otros mapas contemporáneos (como los de Cornell, Dillon, Barros y el croquis de Rivas) muestran claramente allí la existencia de asentamientos indígenas. Indudablemente los agrimensores, con acceso directo al terreno, tenían cabal conocimiento de la existencia de espacios habitados por indígenas, incluso muchos se quejaban por la negativa de los “indios amigos” para autorizarlos a acceder cuando debían mensurar parcelas en sus tierras. También es cierto, como señala Pro Ruiz (2011, p. 16), que “El catastro no es cualquier tipo de medición de terrenos o de levantamiento de planos, sino aquel que refleja una visión de Estado”. Así, los registros gráficos constituyen inventarios de propiedades privadas que el Estado reconoce como tales luego de haber sido deslindadas por personal especializado y refrendadas por la institución topográfica. Pensamos que esta disparidad en la cartografía expresa el contraste entre la visión del territorio desde abajo, por actores que formaron parte de la trama socioeconómica local, y la visión desde arriba, que expresa aquello que el Estado quiere imponer y legitimar a través de los mapas pero, ante todo, proyectar sobre ese espacio geográfico a futuro, como expresión del “deseo territorial” identificado por Lois (2006).

59Al igual que otras fuentes documentales contemporáneas, los mapas analizados son discordantes e incluso contradictorios con respecto al territorio de los “indios amigos”, cuyo derecho sobre 400 leguas cuadradas fue reconocido oficialmente por el Estado y refrendado por escrito en el tratado interétnico de 1856, dando continuidad a los acuerdos que establecidos anteriormente con Rosas (Lanteri y Pedrotta, 2012, 2018). El deslinde inconcluso de estas tierras se vincula, por un lado, con la resistencia que opusieron sistemáticamente los indígenas al ingreso de los agrimensores. Pero, por otra parte, reflejan las tensiones entre la intención última del Estado de privatizar y mercantilizar esas tierras, excluyendo a los indígenas, y las posibilidades reales de incorporarlas a su territorio, que a mediados del siglo XIX no eran tales (basta recordar los combates de San Jacinto y Sierra Chica). En este sentido, la cartografía es polifónica: algunos mapas las representan como un espacio de límites difusos identificado mediante una leyenda como tierras de los caciques amigos, en otros mapas fueron dibujadas las tolderías, mientras que los catastros oficiales directamente las suprimen, junto a toda huella de la presencia indígena y a sus formas de nombrar al paisaje.

61Cabe resaltar la riqueza que reviste un abordaje hacia los mapas que considere sus dimensiones semióticas, simbólicas, retóricas y visuales, además del enorme potencial que reviste su uso en investigaciones ancladas en el espacio geográfico en escalas de mediana y larga duración, como las arqueológicas. Acordamos con Harley en que la fascinación que tienen los mapas como documentos en parte radica en “su ambivalencia inherente y en nuestra habilidad para encontrar nuevos significados, agendas ocultas y visiones del mundo opuestas entre las líneas de la imagen” (2005, pp. 61-62). Con este trabajo esperamos haber contribuido a develar algunos de esos significados que aún esconden los mapas de la frontera sur de Buenos Aires. Para concluir, subrayamos la necesidad de ampliar el diálogo disciplinar de la arqueología con la geografía y de profundizar el abordaje de los mapas como fuentes históricas, atendiendo a la profunda renovación que experimentaron los estudios cartográficos y su bajo impacto en la arqueología histórica, en comparación a otros recursos y fuentes de información.