Agradecimientos

A Cecilia Hidalgo, directora del Equipo de Investigación de la Universidad de Buenos Aires de la Secretaría de Ciencia y Técnica (UBACyT) 143BA “Co-producción de conocimientos: giro colaborativo, credibilidad y `verdad´ científica en disputa” de la Universidad de Buenos Aires y a María Martini, directora del Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PICyDT) “Problemáticas epistemológicas, ontológicas y ético-políticas en torno a la coproducción de la práctica científica” de la Universidad Nacional de Moreno. La participación en ambos equipos de investigación ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo. A ellas les agradezco especialmente por sus lecturas y acompañamiento. A quienes evaluaron este texto por sus preciados comentarios. A la Fundación Napalpí y especialmente a Ana Noriega y David García por las charlas compartidas y sus valiosos aportes. A Diego Jesús Vigay por los intercambios de información y por ayudarme a precisar algunos datos incluidos en este artículo. Finalmente, a todos aquellos colegas, familia y amigos que me animaron durante este tiempo a escribir este artículo.

1. Introducción

2Se retoma la definición de Sheila Jasanoff (2004), para quien la coproducción más que una teoría es un lenguaje que permite dar cuenta de fenómenos complejos y que agrupa una multiplicidad de estudios que coinciden en la necesidad de repensar la producción conjunta de los órdenes natural, social y cognitivo. Según la autora, la coproducción se caracteriza por dos dimensiones: la constitutiva y la interaccional. La primera refiere a las formas en que se crean y estabilizan los fenómenos emergentes y los objetos tecnocientíficos. Siguiendo a Latour (1987; 1988a; 1988b; 1993), Jasanoff (2004) señala la necesidad de sustituir la perspectiva dicotómica entre las concepciones de la naturaleza y la sociedad, por un enfoque que las conciba entrelazadas en una configuración mutua permanente. La dimensión interaccional, única de interés en este trabajo, se centra en las formas en que el orden social y el orden del conocimiento (la sociedad y la ciencia) se configuran recíprocamente, principalmente en momentos de conflicto o cambio manifiesto. Según la dimensión interaccional, la producción de conocimientos implica un proceso que nunca empieza desde cero, sino que las configuraciones sociales y científicas se construyen sobre la base de un orden existente; es decir, a partir de aquello que las personas ya “conocen en términos pragmáticos que cuenta como naturaleza o ciencia y que cuenta como sociedad o cultura” (Jasanoff, 2004, p. 19. La traducción es mía). El análisis centrado en esta dimensión permite explorar las formas en que las personas reorganizan de forma frecuente sus ideas sobre la realidad en estas circunstancias. La dimensión interaccional remite a la inter y transdisciplina, y pone el foco en la articulación de múltiples capacidades, perspectivas y valores necesarios para producir nuevos conocimientos (Hidalgo, 2016b). Desde esta mirada, si bien se reconoce el aporte de los académico-científicos, se pone en cuestión el estatus privilegiado frecuentemente asociado a éstos como exclusiva autoridad en la producción de saberes (Bremer y Meisch, 2017).

3Distintos autores han documentado casos de coproducción (Jasanoff, 2004; Thompson, 2004; Hidalgo, 2016b; entre otros), aunque son muy pocos los trabajos que abordan procesos como el aquí analizado (Lynch, 2004; Martini, 2021; 2022). En este sentido, considero que el análisis del caso propuesto desde la dimensión coproduccionista interaccional constituye un aporte en sí mismo. Como muestra María Martini (2016), la noción de coproducción, principalmente en esta dimensión, tiene un fuerte sentido político, en tanto se propone (y permite) dar cuenta de los procesos a través de los que se generan cambios en las formas en que nos enfrentamos con aquellos problemas persistentes vinculados a la verdad, el poder, la agencia, la legitimidad, así como a los derechos individuales y la responsabilidad social.

4Durante el Juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí y el período previo se pusieron en diálogo las voces de sobrevivientes y descendientes de la masacre de los pueblos Qom y Moqoit; docentes e investigadores indígenas; investigadores no indígenas (nombrados también como académico-científicos); integrantes de la dirigencia política; responsables de organismos de Derechos Humanos (DDHH), fiscales y otros miembros del Poder Judicial. Siguiendo a Cecilia Hidalgo (2016b), puede afirmarse que desde el enfoque coproduccionista interaccional, cada uno de estos agentes –y no exclusivamente los académico-científicos– son genuinos pares y coproductores de conocimientos. Desde esta perspectiva, el conocimiento puede concebirse como el resultado de una asociación interaccional entre académico-científicos y no académicos.

2. Hacia el Juicio por la Verdad: primeros pasos

• 6 Dada la temprana e inesperada muerte de Juan Chico y en ausencia de su declaración testimonial, la (...)

Uno siempre celebra el hecho de que el año que viene, en 2019, van a ser veinte años de trabajar de forma sistemática Napalpí. En 2012, cuando se hace público lo de Pedro Balquinta [sobreviviente de la masacre], hay que reconocer el papel de los organismos oficiales del Chaco, pero que hubo una resistencia sobre el tema. Es interesante pensar en quién legítima el proceso o investigaciones y en Chaco ahora se rompió un poco algo que estaba instalado, que era que solamente alguna gente podía hablar o escribir sobre Napalpí (Entrevista a Juan Chico realizada por Cecilia Hidalgo y Lena Dávila, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018)6.

10En 2015 también se creó la Fundación Napalpí, cuyos miembros venían trabajando en conjunto desde 2008 como asociación comunitaria, con el propósito de investigar, visibilizar y producir conocimiento sobre la historia de los pueblos originarios, desde y para tales pueblos. En palabras de Juan Chico:

La tarea de la Fundación es principalmente trabajar el genocidio indígena, no sólo sobre documentación oficial sino sobre la memoria de los propios hijos, nietos y en este caso, de Rosa Grilo, que es sobreviviente de la masacre de Napalpí. También estamos terminando un texto sobre la masacre de El Zapallar, hoy General José de San Martín al norte de Chaco, que es un tema del que no se habla y se desconoce. Incluso la propuesta de visibilizar y reivindicar la presencia de los pueblos indígenas en la guerra de Malvinas, sobre lo que había un gran desconocimiento, así como una negación de la propia sociedad chaqueña. Si bien en Chaco somos más de 70.000 indígenas, hay sectores muy reticentes a la cuestión indígena. Y acá la escuela jugó un rol clave con sus representaciones y estereotipos sobre el indígena como el incivilizado, el bárbaro, el atrasado, el que no quiere estudiar, no quiere trabajar y todas esas cosas (…) Por eso hace dos años empezamos el Seminario de Reflexión sobre el Genocidio Indígena en el Chaco. Hoy sigue habiendo genocidios latentes y simbólicos, actualmente está pasando (Entrevista a Juan Chico realizada por Cecilia Hidalgo y Lena Dávila, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018).

11La labor de los investigadores y docentes indígenas en la asociación comunitaria, devenida en fundación más tarde, contribuyó a la visibilización de la masacre de Napalpí y del genocidio indígena. La participación activa de sus miembros y la realización de actividades en diversos espacios fue clave en este proceso. Entre éstas puede mencionarse la presentación de charlas en escuelas primarias y secundarias de Chaco; la publicación de libros bilingües (castellano-qom); la difusión en formato audiovisual y escrito de los testimonios de los sobrevivientes; la organización de seminarios, y la participación en actividades académicas (jornadas de investigación, foros y mesas redondas, entre otras) junto a otros investigadores y científicos. La emergencia de estos espacios y su sostenimiento a lo largo de los años favoreció la asociación entre los miembros de la Fundación, fiscales y abogados de DDHH, investigadores y docentes indígenas, y académico-científicos de distintas universidades nacionales. Desde la Fundación Napalpí se promovió un diálogo horizontal que no se redujo a las actividades compartidas, sino que se amplió al intercambio de experiencias personales y de materiales (artículos sobre la temática y documentos de archivo principalmente). Tal asociación entre estos distintos agentes sociales creó fuertes lazos colaborativos y un enriquecimiento mutuo. Pero, además, contribuyó a la producción interaccional de conocimientos en torno a los hechos sucedidos antes, durante y después de la masacre, así como acerca del contexto sociohistórico y político más amplio en el que se habían desarrollado los acontecimientos.

12A nivel del Estado provincial, y como parte de las acciones llevadas adelante en los años previos al juicio, no puede dejar de mencionarse que el 16 de enero de 2008 el entonces gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, realizó un pedido de perdón público por lo ocurrido:

No basta con mirar hacia atrás. Hoy en nombre del Estado del Chaco pido perdón por los crímenes de lesa humanidad que el 19 de julio de 1924 cometió el gobierno del entonces Territorio Nacional. Nuestro propósito va mucho más allá de esta formalidad omitida hasta ahora (…) Es posible construir otra justicia: entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad podemos construir una justicia que repare esa y otras heridas del pasado: ese es el objetivo del Gobierno del Chaco (Diario Norte, Resistencia, Chaco, 17 de enero de 2008).

• 12 Véase https://www.youtube.com/watch?v=yCvGJiCLg1s
• 13 Al momento de escribir el presente artículo el Estado Nacional no ha realizado este acto y pedido d (...)

Estas expresiones se produjeron en la plaza de Machagai durante la celebración del cumpleaños ciento siete de Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí. Para ese momento existía el antecedente del entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner, quien el 24 de marzo de 2004 había pedido disculpas en nombre del Estado argentino por los crímenes de la última dictadura cívico-militar12. No obstante, Capitanich fue el primer gobernador en pedir perdón en nombre de un Estado provincial por delitos de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios. Esto supuso, por lo menos a nivel provincial, un cambio en el discurso estatal respecto del pasado. En mayo de 2022, como resultado del Juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí, se reconoció este pedido disculpas como una medida de reparación adecuada y, además, se ordenó “… al Estado Nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit” (Fundamentos de la sentencia, Resistencia, 30 de junio de 2022, p. 26)13.

3. Coproducir la memoria, la verdad y la justicia: el Juicio por la Verdad

13El juicio se apoyó fuertemente en la memoria oral, las investigaciones y el archivo documental. Estos elementos se fueron entrelazando durante el proceso judicial a partir de los testimonios de cada uno de los testigos, de forma tal que fue posible desarticular dispositivos de poder puestos al servicio del ocultamiento y el silenciamiento de lo sucedido durante casi un siglo. Al respecto Juan Chico sostenía:

Nosotros sabemos que la masacre ocurrió. Gran parte de nuestra sociedad sabe que la masacre ocurrió, pero tenemos que probarlo ante la justicia y para eso necesitamos justamente de las pruebas, encontrar evidencia, si esas personas fueron asesinadas de disparos o con un arma blanca. Y ahí te das cuenta que los archivos, la documentación que tenemos y la memoria oral fueron claves. Es fundamental sumar los testimonios como los de la abuela [Rosa Grilo], que con su mirada cultural está aportando a un tema tan caro y tan relevante como es probar un hecho como la masacre de Napalpí y eso también es un reclamo de justicia. Por eso, dependiendo de los temas que queramos trabajar, creo que la oralidad y la documentación sin duda tienen que ir de la mano o cruzarse en ese proceso de una investigación (Entrevista a Juan Chico realizada por Cecilia Hidalgo y Lena Dávila, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018).

Fuente: Argentina.gob.ar. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos

3. 1. ¿Quiénes son las víctimas de delitos de lesa humanidad en Argentina?

18Usuario de Microsoft Office2023-10-20T16:09:00UdMOAsesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

19Asimismo, las sentencias a Miguel Osvaldo Etchecolatz y más tarde a Christian Federico von Wernich determinaron que los hechos por los que estaban siendo juzgados habían sido cometidos en el marco de un genocidio ocurrido en Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Como muestra Martín Lozada (2019, p. 196), “el tribunal señaló que las Juntas Militares impusieron un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, de miles de personas en forma violenta”.

Lo que nosotros buscamos es que realmente la Memoria, Verdad y Justicia también pueda llegar a los pueblos indígenas; es decir, que el crimen cometido contra los pueblos indígenas en la masacre de Napalpí, sea considerado como crimen de lesa humanidad. Sin duda, esto puede sentar un precedente a nivel de la jurisprudencia muy importante para Napalpí y la región, que está llena de masacres, que no se conocen. Para dar un ejemplo, en Pampa del Indio hubo una masacre, el próximo año [2019] se conmemora la masacre de Fortín Yunká en Formosa, en el norte de Santa Fe también hubo masacres. Entonces, más allá de que no vive ninguno de los victimarios, hay un Estado que es el principal ideólogo, impulsor, motorizador del genocidio de los pueblos indígenas. ¿Y qué uno busca con esto? Lo que dijimos recién: generar consciencia social para ver de qué manera entre los argentinos, entre los grupos humanos que conformamos el Chaco y la Argentina, en algún momento podemos cerrar esas heridas del pasado y que las masacres no ocurran contra ningún grupo humano (Entrevista a Juan Chico realizada por Cecilia Hidalgo y Lena Dávila, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018).

23La apelación a Memoria, Verdad y Justicia se instaló con la vuelta de la democracia en 1983 como emblema de la lucha contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar y la defensa de los DDHH. En este camino, Juan Chico destacaba el aporte que podíamos hacer quienes formábamos parte de la academia al Juicio por la Verdad y a la co-construcción de conocimientos, en la medida en que trabajáramos de forma asociativa:

Seguir generando este tipo de charlas [con relación a la entrevista en curso en ese momento], de debate, seguir profundizando el tema y que continuamente estemos pensando qué hacer [en conjunto]. Eso ya es un buen comienzo, porque por lo general desde la política, la academia o determinados grupos se acercan a los pueblos indígenas por la cuestión más emocional y sentimental, en relación con los dolores y las injusticias, pero no desde una consciencia crítica o queriendo aportar a la Memoria, Verdad y Justicia, que yo creo que desde ese lugar se puede aportar mucho. Por eso hay que seguir actuando con los sobrevivientes para que todo el mundo se entere de que no se diferencian de las abuelas de Plaza de Mayo ni de la Madres: tenemos que seguir instalando que la masacre de Margarita Belén no hubiera ocurrido si hubiésemos sido conscientes de las masacres contra los pueblos indígenas y por eso es importante trabajar estos temas y que no queden en el olvido como algo del pasado (Entrevista a Juan Chico realizada por Cecilia Hidalgo y Lena Dávila, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018).

Fuente: Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés)

24Según la coproducción interaccional de conocimientos, todo nuevo sentido surge sobre la base de un reordenamiento de ideas, categorías, representaciones preexistentes, al tiempo que es posibilitado en contextos específicos que habilitan el diálogo y la interacción de voces, las que bien podrían haber sido negadas en otros momentos sociohistóricos y políticos. Los juicios son contextos o espacios que justamente propician la coproducción de conocimientos, en la medida en que habilitan prácticas de interacción entre distintos agentes sociales y de revisión de tales ideas, categorías, representaciones. En el caso particular del Juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí, la interacción de las voces indígenas (sobrevivientes y descendientes, docentes e investigadores) y no indígenas (académico-científicos, fiscales, miembros de organizaciones de DDHH, entre otros) posibilitó la revisión y reorganización del concepto de “víctimas de crímenes de lesa humanidad”. Hasta ese momento éste había estado asociado en nuestro país prácticamente de forma unívoca a las víctimas de terrorismo de Estado, en el contexto de la historia más reciente, como lo fue la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, en el marco de este juicio y como resultado del proceso antes mencionado, este concepto se amplió e hizo extensivo a los pueblos originarios. Esto implicó, a su vez, la reconfiguración de la identidad de los sobrevivientes de la masacre como víctimas de delitos de lesa humanidad.

25Asimismo, es importante señalar que esto fue posible, ya que el juicio propició la legitimación de las voces indígenas. Al reconocer a los miembros de los pueblos originarios como testimoniantes se los legitimó, pero no como meros registros vivos del pasado, sino como una de las voces a través de la cuales reconstruir de forma colectiva la historia de lo ocurrido en Napalpí. Como sostiene Kusch, (2002, p. 12. La traducción es mía), “el testimonio no es solo un medio de transmisión de conocimientos completos desde y hacia un individuo. El testimonio es casi siempre generador de [nuevo] conocimiento”. Y este conocimiento se produce de manera interaccional, siempre en una interdependencia con otros (Kusch, 2002; 2009; Tozzi, 2012a; 2012b). Desde esta perspectiva, la reconstrucción de lo ocurrido en torno a la masacre de Napalpí y del contexto más amplio en el que ésta sucedió fue resultado de una voz colectiva, que se constituyó a partir de la interacción de la palabra de una multiplicidad de agentes sociales.

4. A modo de cierre

26El presente artículo adoptó la definición de Jasanoff (2004), para quien la coproducción es un lenguaje que permite interpretar fenómenos complejos, como lo son los procesos de búsqueda de justicia por violaciones a los DDHH. Se puso el foco en la dimensión interaccional en la medida que permitió mostrar que todo problema del orden social involucra un problema del orden del conocimiento, y viceversa. En el caso aquí analizado el primero de estos problemas se circunscribió al pedido de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los pueblos Qom y Moqoit en la llamada masacre de Napalpí. Su resolución implicó necesariamente la reconstrucción histórica de lo ocurrido antes, durante y después de la masacre, así como del proceso de genocidio indígena perpetrado por el Estado argentino.

27Todo problema del orden del conocimiento implica preguntarse acerca de quién es considerado como productor de saberes y, en este caso, quiénes son reconocidos como las voces testimoniantes a través de la cuales reconstruir la historia de lo acontecido en Napalpí y de su contexto más amplio. Como afirma Jasanoff (2004), las instituciones, entre las que se incluye el sistema jurídico, son espacios de coproducción en tanto habilitan prácticas de interacción entre distintos agentes sociales, lo que posibilita la revisión conjunta de las nociones sobre el pasado y la emergencia de una voz colectiva. En el caso analizado, esta voz colectiva se co-construyó en el juicio a partir de los testimonios de los sobrevivientes de la masacre y sus descendientes, los docentes e investigadores indígenas y los académico-científicos. Este proceso implicó un cambio a nivel del orden del conocimiento, pues en el juicio se produjeron nuevos saberes sobre lo sucedido, así como una reconceptualización de la noción de víctima de lesa humanidad y la ampliación de la identidad social asociada, la que se hizo extensiva a los pueblos originarios.

28A lo largo de este trabajo se dio cuenta, además, del juicio como del proceso previo iniciado alrededor de quince años antes. Durante estos primeros tiempos, el Juicio por la Verdad se presentaba como algo lejano, que no se sabía con certeza cuando podría concretarse. No obstante, las actividades y experiencias compartidas posibilitaron que se crearan lazos colaborativos entre quienes desde distintos sectores veníamos aportando a la investigación y la visibilización de la masacre, tanto en espacios académicos como no académicos.

29Por último, me interesa destacar que este año se conmemora el centenario de la masacre de Napalpí en un contexto sociopolítico muy distinto de aquel de hace dos años, cuando se estaba realizando el Juicio por la Verdad. Muchos de los derechos logrados en las últimas décadas, junto a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, parecen peligrar frente a discursos negacionistas de los delitos de lesa humanidad y del genocidio indígena. En este marco resulta fundamental señalar que en los contextos democráticos en los que se busca promover una cada vez mayor equidad e inclusión social, ni los funcionarios estatales ni los académico-científicos pueden ser considerados como los únicos participantes legítimos en la agenda pública y de investigación (Hidalgo, 2016b). Pero, además, en el caso particular de los procesos judiciales por violaciones a los DDHH y delitos de lesa humanidad, la participación de una multiplicidad de agentes sociales (académicos y no académicos) y su reconocimiento como voces legítimas es fundamental en el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de la verdad en tanto derecho humano fundamental.