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I. Spagna 1936-1939

1/ Cultura de la violencia y Parlamento: los diputados Castellanos y Leoneses en las Cortes de 1936

María Concepción Marcos del Olmo

Riassunti

In questo articolo l’obiettivo è quello di analizzare l’attività parlamentare (con particolare attenzione al periodo febbraio 1936) dei deputati eletti a rappresentanza delle nove provincie che compongono l’attuale comunità autonoma della Castiglia e León (Castilla y León). Lo scopo è quello di esaminare quale fu realmente l’attitudine dei deputati rispetto alla complessa situazione che attraversava allora il paese, prendendo in considerazione il comportamento adottato nei confronti del regime parlamentare. A partire da ciò, dobbiamo tenere in considerazione che si tratta di un gruppo rappresentativo diverso nel tempo, dotato di un substrato omogeneizzante: lo speciale impegno verso il parlamentarismo e la democrazia alla quale, in teoria, dovevano la loro carica, risulta qui un elemento coercitivo fondamentale per comprendere quali divergenze politiche si stabilirono e quale particolare significato scaturì da questa esperienza.

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Testo integrale

Castilla y LeónVisualizza l'immagine
Crediti : by Sevilla ciudad on Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Introducción

  • 1 Vid. en este sentido CRUZ MARTÍNEZ, Rafael «Cultura política republicana española en los años trein (...)

1Con la proclamación del nuevo régimen el 14 de abril de 1931, llega al Ejecutivo una cultura política, bien definida por su naturaleza democrática1, que hace de la participación popular un auténtico objetivo y pone buena parte de sus esfuerzos al servicio de la movilización político-electoral. Eso que tan cuidadosamente se evitaba en el pasado, salta ahora al primer plano de la actualidad, impregnando decisivamente la diaria actividad política, como demuestran las constantes referencias a lo que sin duda es un importante esfuerzo organizativo por parte de los grupos republicanos, limitados en los primeros momentos a la España urbana y dueños aún en esos reductos de una más que lánguida existencia, y lanzados ahora a una verdadera conquista del mundo rural, a la que sirven mediante conferencias, actos informativos y de propaganda que derivan no pocas veces en la constitución de comités locales.

1. Culturas políticas en la Segunda República española

1.1 El valor de las elecciones. Los comicios como eje vertebrador de la vida política

2Todo, y por parte de todos ya que la nueva mentalidad impregnará al conjunto de las fuerzas políticas, con la vista puesta en los sucesivos procesos electorales, ahora convertidos en auténtico eje vertebrador de la vida política. Fueron seis convocatorias en el transcurso de apenas cinco años, lo que convierte el hecho electoral en un elemento de cotidianeidad. Máxime teniendo en cuenta que la legislación electoral republicana prevé la realización de una segunda vuelta cuando las exigencias que rigen en la primera no permitan completar la representación política de que se trate, lo que duplica en algunos casos el número de comparecencias ante las urnas. Ni siquiera puede olvidarse en este sentido que el proceso electoral que decidió el cambio de régimen en abril de 1931 no estuvo completo hasta que en mayo se repitieron las votaciones allí donde un mes antes fueron protestadas.

3Se contribuye de esta forma al aprendizaje de una práctica que si bien tiene un siglo largo de historia en nuestro país, no ha impregnado la mentalidad ciudadana sino en círculos harto reducidos: a lo sumo entre los pocos españoles que inicialmente tenían derecho a voto o entre los igualmente escasos electores que lograron cortar amarras con el imperante caciquismo cuando en 1890 el sufragio se hizo universal masculino y echaron por tierra su reconocida estrategia de mantener una prudente distancia – la que ellos mismos cubrían – entre los electores y las urnas.

  • 2 En ese sentido hablan los datos de participación electoral (superior al 70% de promedio en las legi (...)
  • 3 Confederación Española de Derechas Autónomas.

4La participación en los comicios, entendida ya como real desplazamiento de los electores hasta la urna y efectiva introducción en la misma de la papeleta con el personal e intransferible voto, es ahora el primer objetivo de las fuerzas que participan en la contienda – con independencia de que sean miembros del gobierno o se integren en los diferentes grupos de oposición. Ello conduce a intensas campañas que el cuerpo electoral recibe – a juzgar por los datos a nuestro alcance2 – con la mejor disposición, lo que no ha de ser ajeno al hecho de que el voto no sólo encierre en este momento mayor valor que en el pasado, sino que esto es algo tan fácilmente comprobable para cualquiera que lo pretenda que en realidad salta a la vista. Y es que, limitadas antes al formalismo de sancionar decisiones previamente adoptadas, las elecciones – más limpias de lo que nunca antes fueron aun cuando la transparencia deje mucho que desear en momentos y/o lugares concretos – son ahora el motor mismo de la dinámica política nacional. Ya el cambio de régimen llega tras unas elecciones municipales a las que de hecho se concedió carácter plebiscitario. Poco después, la Constitución que aprueba el Parlamento elegido en junio de 1931 rompe con el pasado en aspectos tan decisivos como la organización estatal, definida ahora desde la descentralización que supone reconocer el derecho a la autonomía de las regiones, o las relaciones Iglesia-Estado, basadas en una separación de poderes que contrasta con la tradicional alianza Altar-Trono. Principios ambos que alcanzarán su máximo desarrollo durante el gobierno de la coalición social-azañista (diciembre de 1931 – septiembre de 1933), a la que también se deben la reforma agraria; una importante política educativa, que tiene en la construcciones escolares su mejor símbolo; la profunda reestructuración que sufre el ejército; una avanzada legislación socio-laboral y la aprobación de una ley electoral, verdadero elemento definidor del modelo político republicano, que bascula entre la ansiada democratización y la necesaria gobernabilidad del país. El cambio, ya intuido en las elecciones municipales que se celebran en abril de 1933 en algunos pequeños municipios, se consuma en las legislativas del mes de noviembre dando paso a un Parlamento de mayoría radical-cedista; esto es, dominado por un republicanismo – el Partido Radical – que ha evolucionado hasta posiciones de marcado signo conservador y un catolicismo político – la CEDA3 – que ni siquiera ha hecho profesión de fe republicana, quedándose en la accidentalidad de las formas de gobierno. La acción ministerial irá en consecuencia: marcada por un claro intento de acercamiento a la Iglesia, aunque no tan profundo como hubieran querido los sectores más interesados, al tiempo que se enfrían tanto el interés autonomista como el relativo a las construcciones escolares, se intenta resarcir a la clase patronal, se aprueba en agosto de 1935 una ley conocida como de contrarreforma agraria y se practica una política de nombramientos militares favorable al sector africanista. El bienio concluye por efecto de unas nuevas elecciones generales, las denominadas del Frente Popular, que se celebran en febrero de 1936 y marcan un nuevo giro en el devenir político español, definido por una vuelta a los planteamientos reformistas del primer bienio en lo que a política gubernamental se refiere, y marcado, de hecho, por el desarrollo de los maximalismos. Unas Cortes, a otro nivel, que decidieron la destitución de Alcalá Zamora como Presidente de la República lo que, a su vez, condujo a la que en puridad sería última convocatoria electoral del período: Serviría para elegir a los compromisarios que, junto con los diputados, entenderían en la designación del nuevo Presidente y se desarrollarían en un clima ya bien alejado de los postulados democráticos que informan el período.

1.2 Vectores de radicalismo

5No seremos nosotros quienes caigan en la ingenuidad de circunscribir la heterodoxia electoral a esta última convocatoria. Entre otras cosas porque ni prácticas tan arraigadas en la cultura política española pueden desaparecer de la noche a la mañana, por mucho que sea el afán de saneamiento que denoten los gobernantes y las facilidades al respecto que pueda proporcionar un ambiente claramente obstaculizador, ni hemos de olvidar el hipotético repliegue que sufren tan loables ideales tras el triunfo de la derecha oligárquica en noviembre de 1933.

6Mucho menos puede desconocerse la existencia de opciones ideológicas bien alejadas de los planteamientos democráticos y/o la presencia de agentes políticos tan decididamente comprometidos con las soluciones de fuerza como demuestra en primera instancia esa escalada de conflictividad social, transida de las más claras estrategias políticas en no pocas ocasiones, que lleva de la fiesta a la revolución en palabras de Santos Juliá, y tiñe de sangre la tierra de Castilblanco lo mismo que el campo de Arrendo, Castellar de Santiago o Yeste. Eso sin contar con la cadena de sublevaciones que llevan de la Sanjurjada a los sucesivos intentos de subversión anarquista – de manera especial la convocatoria que en enero de 1933 conduce a los luctuosos sucesos de Casas Viejas – o la revolución socialista de 1934. Un maximalismo que gana terreno a medida que pasa el tiempo, afectando en el último de los movimientos mencionados a un importante sector de lo que no deja de ser mayor encuadre político de la izquierda española: Ese PSOE convertido ya en un gran partido de masas, que evoluciona desde las posiciones claramente reformistas que mantiene durante el primer bienio republicano hasta las tesis revolucionarias que mantienen en 1934 los seguidores de Largo Caballero.

  • 4 Vid sobre estas tácticas de juego doble UCELAY-DA CAL Enric, TAVERA GARCÍA, Susanna, «Una revolució (...)

7Cierto que este sector político acaba integrado año y pico después en una coalición electoral – el llamado Pacto de Frente Popular – cuyo programa no es sino ampliada renovación de los postulados reformista que marcaron los años 1931-1933 y la fiebre revolucionaria da síntomas de evidente remisión en los momentos inmediatamente anteriores al estallido del conflicto bélico; pero ni aquello es óbice para reconocer su particular y absoluto desacuerdo con lo estipulado por el conjunto, que ellos no consideran sino programa de mínimos4, ni esto deja de ser la prueba más evidente de que actuaron en consecuencia. Esto es, dejando que su revolucionarismo se manifestara con fuerza a lo largo de esa primavera trágica en la que, por su parte, se asiste al ya decidido compromiso de la derecha con una solución de fuerza que todos ansían aunque no se pongan de acuerdo en cuanto a la manera de hacerla realidad.

  • 5 Vid MARTÍN NÁJERA, Aurelio, El grupo parlamentario socialista en la Segunda República: Estructura y (...)
  • 6 MARQUEZ HIDALGO, Francisco, Las sublevaciones contra la Segunda República: La Sanjurjada, Octubre d (...)
  • 7 Vid sobre el tema GIL PECHARROMÁN, Julio, “Sobre España inmortal, Dios”. José Mª Albiñana y el Part (...)

8Las dudas persisten en José María Gil Robles, el otrora indiscutido líder de la CEDA, quien entrega a los conspiradores una parte de los fondos – electorales para mayor paradoja – de la organización que preside pero no involucra en la trama al partido en cuanto tal y se niega a declarar ilegales las Cortes entonces reunidas, tal y como le encargan hacer los hombres del 18 de julio. Su posición, sin embargo, es cada vez más la de un hombre solo, abandonado por una militancia que ahora mismo se siente más cómoda en Falange Española y de las JONS o en el regazo del autoritarismo que encarna José Calvo Sotelo. Una militancia, por lo demás, que nunca hizo profesión de fe republicana, a diferencia del Partido Nacional Agrario5, y lleva tiempo – especialmente el sector juvenil encuadrado en la JAP – recriminando a Gil Robles su aceptación del juego parlamentario así como el hecho de no haber dado un golpe de Estado cuando ocupó el Ministerio de la Guerra6. Eso en cuanto a la CEDA, porque los planteamientos involucionistas formaron parte de la estrategia seguida por los monárquicos alfonsinos desde el primer momento, cristalizando ya en la intentona golpista que lleva a cabo el general Sanjurjo en agosto de 1932. El recurso a la violencia, en fin, está implícito en la creación del Requeté – la fuerza paramilitar del carlismo – y forma parte del ideario falangista lo mismo que de otras formaciones menores, destacando los legionarios del doctor Albiñana7.

  • 8 Merecen destacarse en este sentido DEL REY, Fernando, Paisanos en lucha. Exclusión política y viole (...)

9Está claro, pues, que las desviaciones democráticas fueron más tempranas de lo que a simple vista pudiera parecer; afectaron a segmentos políticos dotados además de una cierta diversidad y encerraron en sí mismas un nada despreciable nivel de variedad, no faltando quienes hacen de la violencia algo más que un último recurso y/o puntual estrategia. Tampoco hay mayores dudas respecto al deterioro que acusa la situación con el paso del tiempo; coincidiendo a la hora de situar los dos momentos cruciales en octubre de 1934 y tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, lo que, dado el carácter acumulativo de las pretensiones, hace que la cultura de la violencia desarrollada con anterioridad al estallido bélico se concentre en los meses de la llamada primavera trágica. Queda por ver, sin embargo, el auténtico alcance sociológico de un fenómeno tan magnificado a posteriori como en realidad desconocido; al que apenas si empezamos a considerar en su amplia y compleja dimensión, incorporando elementos de juicio que vayan más allá de las tropelías cometidas por unos y otros, valorando, por ejemplo, la percepción que se tiene de ellas en los diferentes ámbitos y/o prestando específica atención a los siempre más reveladores microcosmos de la historia local o el grupo bien definido8.

10En este sentido, y por nuestra parte, estudiaremos la representación parlamentaria que tuvieron las provincias castellano y leonesas en las Cortes de 1936, caracterizándola en función de su adscripción política – fundamental elemento de juicio a la hora de valorar su compromiso con el parlamentarismo democrático – y a través de una actividad parlamentaria que no sólo descubre con relativa nitidez su percepción del momento político español, lo que en sí mismo proporciona ya significativos elementos de juicio, sino también unas pautas de actuación en el hemiciclo enormemente reveladoras en algunos casos de su mayor o menor afinidad con una u otra de las culturas políticas que nos sirven de referencia.

11Son personas de la más variada procedencia política, por lo que su actitud al respecto encierra suficiente grado de representatividad, y se hallan cimentadas como grupo en el mejor de los sustratos: su especial vinculación al juego democrático, al que siquiera en teoría deben todos el cargo, lo que confiere a sus hipotéticas desviaciones un innegable valor añadido

2. Candidatos electos y diputados proclamados

12Nuestro primer elemento de juicio tiene que ver con la obligada distinción entre quienes fueron diputados electos y quienes finalmente ocuparon los escaños parlamentarios ya que las variaciones entre ambas listas, aunque reducidas en número, tienen indudable relevancia cualitativa. Afectan a sólo cuatro diputados – el burgalés Francisco Estévanez y los salmantinos José Mª Lamamié de Clairac, E. Castaño Arévalo y R. Olleros – pero el hecho de que puedan relacionarse con algún tipo de corrupción o inmoralidad electoral los coloca en el centro mismo de nuestro punto de mira, aún antes de comprobar que modifican, de forma substancial en algún caso, el panorama político provincial.

13Son personas que el 16 de febrero obtuvieron el mayor respaldo de los electores, apareciendo entre los candidatos más votados de su respectiva circunscripción, por lo que en cada caso la Junta del Escrutinio emitió a su favor la correspondiente credencial de diputado. Su proclamación, sin embargo, fue revocada en el Parlamento tras conocerse el dictamen de incompatibilidad que presentó la Comisión de actas sobre cada uno de ellos, dado que a todos se los encontró incursos en el caso segundo del artículo 7º de la ley electoral.

14La incompatibilidad llega en todos los casos por su vinculación con las sociedades concesionarias del Estado para la recogida y molturación del trigo almacenado en las paneras a causa de la fuerte crisis que vive el mercado cerealista desde hace ya varios años. La diferencia entre unos y otros es que mientras Francisco Estévanez – el Presidente de la Federación de Sindicatos Católicos de Burgos – llega al Congreso con el respaldo de un acta inmaculada, lo que permite plantear su incompatibilidad como una especie de cuestión técnica, sobre Lamamié de Clairac – el Presidente de la Federación Católico Agraria salmantina, al igual que sobre los hombres del Bloque Agrario salmantino (Castaño y Olleros) pesa una protesta de carácter general – la efectuada el día del escrutinio por los hombres del Frente Popular en la que se vierten duras acusaciones de corrupción electoral.

2.1 Las actas de Salamanca o el desprecio a los métodos democráticos

  • 9 Cfr. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Juan José, «El despliegue táctico cediste en Salamanca, 1931-1936» en Revis (...)

15Se habla de una compra masiva de votos que implícitamente la habrían reconocido los propios afectados en la nota que publicó la Gaceta Regional el día 7 de febrero. En ella se decía, textualmente, que «los señores Gil Robles, Casanueva, Cimas, Castaño y Clairac garantizan con su firma personal un préstamo de millón y medio de pts a los agricultores que no vendan su trigo»9, lo que – a juicio del socialista A. Galarza – es como decir que la CEDA compra trigo y votos, que todo es uno y lo mismo con la firma de sus candidatos. Eso – añade – después de haber utilizado dinero público – el empleado en la recogida de trigo por cuenta del Estado – para promocionar a la entidad concesionaria o, lo que es igual, las plataformas de acción política en las que se integran los imputados.

16El pleno del Congreso rechaza el voto particular de A. Galarza en lo relativo a declarar nulas las elecciones; pero acepta incluir a Lamamié de Clairac, Castaño y Olleros entre los elegidos sujetos a incompatibilidad y toma la decisión de sustituirlos por F. Villalobos, Casto Prieto Carrasco y Valeriano Casanueva Picazo.

17No era la primera vez que las actas de Salamanca llegaban al Parlamento con una protesta general, que llevara a considerar la posibilidad de anular las elecciones; pero lo que en otras ocasiones – léase junio de 1931 – acabó sin penalización alguna, termina ahora con la sustitución de tres diputados electos y la subsidiaria promoción de fuerzas políticas completamente diferentes. Es tal el cambio operado por esa vía que donde antes había un rotundo éxito de las fuerzas contrarrevolucionarias, dueñas de todos los escaños asignados a la mayoría y uno de los correspondientes a la minoría, se dibuja ahora un panorama político en el que republicanos y socialistas se hacen dueños de la situación provincial con cuatro de los siete escaños disponibles.

  • 10 Pp. 157, 161 y 160 respectivamente.

18No entraremos a considerar la decisión en cuanto tal, por lo que tampoco la asignaremos un lugar exacto entre el escrupuloso respeto a la legalidad y la imposición de las mayorías, fruto de una más o menos velada conveniencia política. Está claro, sin embargo, que el procedimiento empleado – ese “correr las escalas” que se dice a propósito del caso burgalés – no es precisamente el mejor servicio que puede hacerse a la voluntad popular expresada en las urnas por mucho que no se trate de un método arbitrado ad hoc. Tanto o más interés tiene para nosotros el ambiente en que se llega a esa resolución. En el marco de una Cámara desde cuya tribuna de oradores el socialista José Andrés Manso está pidiendo a las minorías republicanas mucho más que la decisión de anular las elecciones salmantinas apoyándose en un relato de las coacciones y atropellos cometidos por la derecha provincial, que incluye la muerte de varios trabajadores sin que «los tribunales de justicia hayan dictado ni una sola sentencia condenatoria como no sea contra trabajadores». El llamamiento – y esto es lo importante desde nuestra actual perspectiva – es para que actúen guiados del mero sentimiento y/o la íntima convicción, saltándose el propio estado de derecho ya que ni siquiera los denunciantes tienen la osadía de considerar concluyentes las pruebas presentadas. Es el propio J. Andrés Manso quien afirma «Yo no os traigo, sres. Republicanos, actas notariales de presencia ni de ausencia; yo os traigo, señores republicanos, certificados de defunción (…) que – añade en otro momento de su intervención – sólo en un partido judicial acreditan 14 ó 16 muertos de republicanos de izquierdas y socialistas y más de 40 ó 50 heridos a base de la CEDA». Así es como a la vertiente intimidatoria se une un componente de antijuridicidad que escala la pendiente del más rancio maximalismo cuando la comunista Dolores Ibarruri afirma solicitar la nulidad de las actas salmantinas porque «en ellas va el hombre que ha representado las torturas y la represión más salvajes de la historia del proletariado». Comenta acto seguido que el lugar de Gil Robles está en la cárcel y acaba advirtiendo que «si no se hace esto, si se dilata el dar cumplimiento a las ansias de justicia que vibran y laten en el alma popular, los trabajadores están dispuestos a hacer justicia»10.

  • 11 AHN Tribunal Supremo. Recursos, leg. 117, Exp. 61.

19Recordar, en fin, que la sustitución de unos diputados por otros, ni siquiera logra desactivar el radicalismo ideológico-político que irradiaba la figura de José Mª Lamamié de Clairac y Colina; un tradicionalista para quien «la democracia política es la negación efectiva de los derechos del pueblo (…) es el más vil de los engaños que han podido imaginarse. Es el cambio ruinoso de todos los derechos verdaderos de cada ciudadano, los que les corresponden como jefe de familia, como obrero, como propietario, como profesional, como vecino etc, etc, por uno solo: el de votar un domingo, entregándose atado de pies y manos a lo que quieran hacer luego de él los caciques del Parlamento»11.

  • 12 MARTÍN NÁJERA, Aurelio, op. cit, p. 567.
  • 13 Diario de Sesiones del Congreso nº 18, pp370, 366 y 367. Nº 64, pp. 8 y 9, Nº 67, p. 6.
  • 14 Ibid. Nº 64, 1de octobre de 1937, p. 4.

20Es, ciertamente, un puntal de eso que denominamos cultura de la violencia en sentido amplio, en cuanto que antítesis de los valores que informan el juego parlamentario y democrático. Su desaparición de la escena parlamentaria no revierte, sin embargo, en una clara mejoría del conjunto dado que entre los nuevos diputados se halla un hombre situado en sus antípodas ideológicas pero perteneciente a un sector político – el socialismo Largo Caballerista – igualmente bien definido por sus posiciones radicales. Nos referimos a Valeriano Casanueva Picazo; un abogado, secretario de la Real Academia de Jurisprudencia, a quien el Grupo parlamentario socialista – claramente dominado por la izquierda del partido – eligió vocal suplente en la Diputación Permanente y contó con el personal apoyo de Largo Caballero cuando de nombrar representantes en el Tribunal de Cuentas se trató, como demuestra el que forzara la votación – que finalmente ganó Juan Simeón Vidarte – pese a que Valeriano Casanueva había retirado su candidatura para “lograr así una mayor concordia entre los compañeros”12. Otra cosa es que detalles como el anterior introduzcan un elemento de moderación en la personalidad de este madrileño de nacimiento, aunque de familia afincada en Salamanca, cuyo perfil profesional como Abogado del Estado no es precisamente el de un líder obrero y tampoco presta mayor atención al Parlamento, donde formó parte de cinco comisiones – las de Hacienda, Presupuestos, Tribunal de Cuentas, Estado y Presidencia, bien que en estas dos últimas como suplente – pero no intervino ni una sola vez en los debates del pleno13. Ni siquiera puede olvidarse a la hora de valorar su relación con Largo Caballero el hecho de que su mayor promoción política tuvo lugar en la etapa de Negrín, cuando fue nombrado ministro Plenipotenciario de segunda clase en la Legación de España en Peipín y en comisión en la Embajada de Moscú14. Su actividad parlamentaria no se asocia, en cualquier caso, a comportamientos de tipo antidemocrático, entendiendo por tales cualquier práctica encaminada a imponer el criterio personal o grupal por medios diferentes a la negociación y el diálogo que están en la base del régimen parlamentario y su reglamentación.

3. Discursos maximalistas y actitudes antidemocraticás

  • 15 AROSTEGUI, Julio, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia» en AROSETGUI, Jul (...)
  • 16 El concepto procede de JULIÁ, Santos, «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democ (...)
  • 17 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1936. (DSC), nº 45, p. (...)

21Concebida de esa manera, como «toda acción no provista de reglas, realizada por cualquier actor individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones dentro de ese sistema» en palabras de Julio Aróstegui15, la violencia política no sólo tiene cabida en el Parlamento – antítesis en principio de cualquier heterodoxa imposición – sino que puede lograr presencias nada desdeñables. Así ocurre, ciertamente, en las Cortes de 1936, sin que a ello sean ajenos unos diputados castellano y leoneses que lo mismo cierran filas en torno a la “legitimidad excluyente”16 que practica la mayoría – rechazando, por ejemplo, ruegos o iniciativas parlamentarias que presenten los grupos de oposición por el simple hecho de su procedencia – que se prestan a las airadas reacciones que protagoniza la oposición cuando apuesta por abandonar su trabajo en comisión; boicotear determinadas votaciones y/o protagonizar algún abandono del salón de sesiones. Esto último es lo que hicieron el salmantino Gil Robles y “los señores que ocupan los escaños próximos” según recoge el ‘Diario de Sesiones’, cuando en el último tramo de la sesión que se celebró el 16 de junio, la Cámara se disponía a votar la confianza al Gobierno17.

22Ni siquiera hace falta llegar a sutilezas tales para encontrarse con una violencia que se manifiesta sin ambages en el radicalizado discurso de algunos diputados que lo mismo magnifican el desorden público, aprovechando en algunos casos para socavar los fundamentos del régimen parlamentario, que hacen lo propio con la miseria campesina, presentándola como otra forma de anarquía, o se oponen al concepto mismo de amnistía.

3.1 La magnificación del desorden público

  • 18 Nº 45, 16 de junio, p. 1402.

23Reiterado objeto de debate en las sesiones parlamentarias del momento, el desorden público adquiere en boca de los diputados derechistas auténtico matiz apocalíptico. Todos, de una u otra forma, se hacen hueco en los anales de la crispación con intervenciones que no sólo relatan – bien que con todo lujo de detalles – los incendios de edificios, principalmente iglesias y conventos, atentados contra la propiedad, ataques personales, desmanes de todo tipo que convierten el desorden público en la más genuina realidad del momento. Lo transmiten, además, y ahí está la vertiente más dañina de su discurso en orden a deslegitimar el sistema parlamentario, de forma que magnifique la responsabilidad del Gobierno; haciendo sobre todo, que las autoridades locales/provinciales aparezcan cual auténticos títeres de las organizaciones sindicales. Paradigmáticas son en este sentido las palabras que pronuncia José Mª Cid en la sesión del 16 de junio, al debatirse una proposición no de ley encabezada por Gil Robles en la que parlamentarios de los diversos grupos de oposición solicitan al Gobierno “la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España”. Afirma el diputado por Zamora y jefe de la minoría agraria en el Congreso: «son muchos los gobernadores civiles que no obedecen al Ministro de la Gobernación, los alcaldes que no acatan a los gobernadores, los presidentes de las Casas del pueblo que se ríen de los alcaldes y los asociados que incumplen las órdenes de los presidentes de las Casas del pueblo y demás organizaciones. Existe una perfecta anarquía de arriba abajo»18.

  • 19 Ibidem, p. 1401, c. 2.

24Son palabras tanto más duras cuanto que acompañadas de una cierta crítica a la “cobardía ciudadana” que alguno pudiera interpretar cual velada llamada a la acción directa; pero no dejan de pronunciarse al calor de una proposición sin otra intencionalidad – «en lo que a nosotros se relaciona» matiza, para mayor claridad – que la de «preguntar una vez más al Gobierno cuándo se van a cumplir esas promesas y cuándo se va a poner término a la situación por que (sic.) viene atravesando España». Se trata, pues, de un llamamiento a la rectificación que adecue las promesas a la realidad y permita «poner término a la caza de unos ciudadanos españoles por otros»19, lo que, planteado además en forma de pregunta y concediendo al interrogante un claro sentido temporal, permite suponer que lo considera, no sólo una tarea posible, sino auténticamente redentora. Así planteado, el criticismo de José Mª Cid Ruiz Zorrilla no conlleva, por duro que sea, sino la desautorización política de un Gobierno que se deja arrastrar por el radicalismo de sus aliados obreros.

25No ocurre lo mismo cuando, ese mismo día y a propósito del mismo asunto, hace uso de la palabra José Mª Gil Robles, líder nacional de la CEDA y diputado electo por Salamanca. Las diferencias se hacen patentes desde el principio y afectan al fondo lo mismo que a la forma.

  • 20 Iglesias totalmente destruidas, 160; Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos d (...)

26Para empezar, la tradicional descripción de hechos más o menos puntuales cede paso a la impactante estadística general que da cuenta de los asesinatos, incendios y otros desmanes cometidos en España desde el 19 de febrero, fecha en que se hizo cargo del poder el Frente Popular, hasta el 15 de junio, veinticuatro horas antes del momento en que se dirige al Pleno20.

  • 21 Ibidem, p.1376.

27A partir de ahí, cuando parecía que el suyo iba a ser un nuevo discurso de crítica más o menos acerada al Gobierno por su condescendencia para con la izquierda obrera, Gil Robles plantea una auténtica quiebra institucional, impidiendo que su argumentación pierda un ápice de consistencia por el hecho, bien puesto de manifiesto por el socialista De Francisco en el turno de réplica, de que no se dilucide la parte de responsabilidad que puede tener la derecha en la comisión de los delitos que se reseñan. Y es que, dice en respuesta al Presidente del Gobierno, «El fracaso, Sr. Quiroga, sería el mismo. Igual fracasa un Gobierno no pudiendo dominar una subversión causada por las derechas que producida por las izquierdas. Si SS con los elementos que tiene, no ha podido dominar a izquierdas o a derechas y a unas o a otras considera sublevadas, quiere decir que el Gobierno, no ha cumplido con el más elemental de sus deberes, que es velar por el cumplimiento de la ley por parte de las izquierdas y de las derechas»21.

  • 22 Ibidem, p. 1382, c. 2.
  • 23 Ibidem, p. 1377, c. 2.

28Más aún. Apunta a la inexorable desaparición del régimen parlamentario, pese a no ser él quien de forma explícita se refiera a la imposibilidad de superar el existente estado de cosas sin quebrar, a su vez, las bases del sistema. Eso de afirmar que «el problema del desorden público es superior, no ya al Gobierno y al Frente Popular, sino al sistema democrático-parlamentario y a la Constitución del 31»22 es cosa de José Calvo Sotelo, diputado por Orense y ajeno por ello mismo al marco geográfico que nos sirve de referencia, pero considerar que Gil Robles se mantuvo fiel al parlamentarismo en el transcurso de esa sesión plenaria es olvidar la intrínseca perversidad de un discurso que, lejos de abogar por la desaparición del Frente Popular, en lo que entenderíamos una clara voluntad de auxilio a la deseada recuperación, opta por un tajante rechazo de esta posibilidad, declarando abiertamente su interés por que continúe la que considera suicida alianza con el obrerismo. Se trata – argumenta – de que «estéis perfectamente unidos e implicados en las mismas responsabilidades, porque como el fracaso es evidente, como vais a llevar a la ruina el país, como vuestra caída va a ser estrepitosa, nuestro interés está, repito, en que no haya un solo grupo del Frente Popular que se libre de ese fracaso enorme a que estáis condenados irremediablemente». Un fracaso – añadimos nosotros – que no será sólo del Gobierno puesto que él mismo se encarga de anunciar la inexistencia – «por lo que a nosotros respecta – de otra mayoría que la que en estos momentos apoya a ese Gobierno». Así es como el ejecutivo pasa a convertirse en el auténtico enemigo de un régimen cuya desaparición, en cualquier caso, se pronostica tanto más cercana cuanto que ni la situación presente se considera democrática – sino anárquica – ni puede salirse de ella de otra forma que a través de esa dictadura republicana que ya se apunta en determinada prensa. Y es que – concluye – «un país puede vivir en monarquía o en República, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía»23.

3.2 La miseria campesina como otra forma de anarquía

  • 24 No en vano se ha dicho que llegó al PSOE con la intención de modificar su estructura sociológica, a (...)
  • 25 Desde esa perspectiva es como mejor puede entenderse la aceptación de su nombre por parte de esa iz (...)

29Tal es lo que opina el zamorano Ángel Galarza, diputado del PSOE y hombre más votado de la candidatura frentepopulista en Zamora, a la que llega por su bien contrastado nivel de influencia en la sociedad provincial – claramente superior al derivado de su adscripción partidista como demuestra el que ya fuera elegido diputado en las Constituyentes de 1931, cuando su nombre aún se hallaba vinculado al Partido Republicano Radical Socialista del que fue expulsado en 193224 – pero también al calor de sus radicales planteamientos, situados – en teoría – a la izquierda de Largo Caballero, a quien acompañará como ministro de Gobernación cuando el líder nacional de la UGT acceda a la Presidencia del Ejecutivo en septiembre de 193625.

  • 26 Ibidem.

30Eran los días – finales de enero de 1936 – en que Galarza apoyaba «1º la creación del partido único revolucionario del proletariado. 2º La formación de una Central sindical única.3º Encuadrar al Partido Socialista dentro de la disciplina y obediencia de la III Internacional»26. Posteriormente, su estancia en el Parlamento será cualquier cosa menos callada, por lo que estuvo lejos de pasar desapercibida.

  • 27 Nº 56, p. 1868.

31Para empezar fue el diputado más activo de cuantos tuvo la región castellano y leonesa. Formó parte de ocho comisiones y actuó en ellas con la escasa docilidad que revelan los seis votos particulares que presentó, cifra sólo superada por los doce que se atribuyó J.B. Guerra; elevó la friolera de trece enmiendas y participó en el debate de quince asuntos diferentes cuando José Mª Gil Robles, el líder nacional de la CEDA y diputado por Salamanca, no pasó de trece. Es, qué duda cabe, una forma de hacerse visible; pero no la única. Otra, y posiblemente más eficaz, tiene que ver con la estridencia de unas intervenciones que no siempre se mantienen en los márgenes del debido respeto. Ocurrió ese 3 de julio en que llamó ‘miserable’ al diputado Sánchez Ventura, siendo contestado de igual manera por el aludido, lo que dio lugar a fuertes protestas y forzó la intervención del Presidente, quien rogó a los implicados que se desdijeran ya que – afirmó – «no es tolerable que los Diputados procedan a agredirse de esa manera, que verdaderamente nos coloca a todos, singularmente a la Presidencia, en una actitud de violencia»27.

  • 28 Ibidem, p. 1796.

32Dos día antes, había concluido su alegato con un llamamiento a la violencia, cuyas últimas palabras ordena el Presidente que no consten en el Diario de Sesiones, recriminando además su actitud en los siguientes términos: «La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún sitio le dijo; pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia». Ante ello, el aludido insistió en que esas palabras vetadas para el Diario de Sesiones llegarán, sin embargo, al país y ya «nos dirá a todos si es legítima o no la violencia»28.

  • 29 DSC, nº 54, 1 de julio, p. 1745.

33A semejante excitación de ánimo se llega durante el debate que genera la interpelación presentada por el agrario – y también diputado por Zamora – José Mª Cid y Ruiz-Zorrilla acerca de la situación anárquica que vive el campo, donde – afirma éste último – muchos patronos «o están unos en plan de héroes jugándose la vida, o están otros en plan de esclavos, sometidos a ciertas imposiciones, si quieren recoger la cosecha»29.

34La respuesta de A. Galarza adopta la forma de una durísima crítica al grupo agrario, por su incapacidad para solucionar los problemas del campo cuando formaron parte del Gobierno, que redobla sus efectos al poner los ataques en boca de los propios interesados.

  • 30 Ibidem, p. 1793.

35«No hace cuarenta y ocho horas – afirma – (…) decía rudamente unos de estos labriegos, quizá analfabeto: “Es que las derechas creen que el único modo de que no se puede hablar de anarquía en el campo consiste en mantener la miseria del campesinado con la Guardia Civil al lado de los terratenientes? Porque cuando la fuerza pública no está al servicio de ellos – decía este campesino – sino que adopta una actitud neutral en nuestras luchas, para las derechas hay anarquía en el campo y, en cambio, para los agrarios no existía anarquía en el campo en los años 34 y 35, en los cuales no se cumplió en nuestra provincia – y lo mismo ocurrió en todas las de España – ni una sola de las bases de trabajo que estaban entonces en vigor”. (…) Y ellos dicen (…) – añade – “Pero ¿cómo es posible que los agrarios, que toleraron esto (…) sin levantarse en las Cortes anteriores, se levanten en las Cortes del Frente Popular a decir que hay anarquía en el campo?.¿Es que no es anarquía y desorden la miseria del campesinado?”»30.

36A partir de ahí, Galarza no debe sino incorporar algunos datos probatorios y restar credibilidad a los presentados por su adversario. Recordar, por ejemplo, que en 1934-35 había jornales de cinco y seis reales, “cuando no de dos pesetas”, en lugar de las cuatro que se contemplaban en las bases de la provincia zamorana, sin que los patronos negaran dichos extremos, aunque rechazaran pagar la diferencia, tal y como él mismo pudo comprobar en su condición de abogado al acudir a los Jurados Mixtos “a diferencias de jornales en nombre de los obreros”; especificar que se tergiversan las cosas cuando se habla de jornales que alcanzan las 10-12 pesetas a sabiendas de que eso será este año y sólo en el mejor de los escenarios posibles; esto es, en el caso de obreros especializados, siempre que se cumplan las bases de trabajo y no por más de sesenta días, o denunciar esos fraudulentos contratos de compra-venta en los que, para recibir un préstamo, el campesino debe firmar la venta de su tierra y luego hacer un contrato de arrendamiento.

37Es entonces, a medida que las acusaciones suben de tono, cuando afirma taxativo: «lo que no podéis hacer es pedirnos a nosotros que os escuchemos en silencio y sin protesta (…) no podemos permanecer en silencio (…) inactivos cuando vemos que se utilizan esos escaños para surgir, nacer, desarrollarse y progresar quien quiere ser jefe del fascismo, quien quiere terminar con el Parlamento, quien quiere terminar con nuestros partidos, no por la voluntad popular sino por la fuerza bruta, por la violencia». No cabe mayor ataque dialéctico al parlamentarismo y la democracia, sin que sirva de auténtico desagravio el que las mencionadas intervenciones nada tengan que ver con la forma y el fondo que caracterizan sus restantes discursos.

3.3 El radicalismo albiñanista

38Un último vector del maximalismo regional se halla en la figura de José María Albiñana Sanz, líder del Partido Nacionalista Español, a quien los burgaleses eligieron por segunda vez consecutiva como su representante en el Parlamento. Es jefe de un pequeño partido de extrema derecha que logra su mayor visibilidad en la escena política del momento al calor de su exaltado nacionalismo y abierta defensa de la violencia como instrumento de acción política, a la que integra de forma orgánica en el partido a través de los “legionarios”.

  • 31 Vid. el tema en los más de cien documentos que componen su expediente policial. AHN. Policía H . Ex (...)

39Un personaje por lo que atañe a su relación con Burgos que llega a la ciudad tras meses de confinamiento como preso gubernativo31 y cuando ya el Comité de enlace ha decidido la que será candidatura de la Unión de Derechas por la circunscripción, lo que hace de su presencia un elemento desestabilizador, muy acorde por lo demás con su excéntrica y procaz personalidad, cuyos efectos pudieron atemperarse en la segunda vuelta, momento en que Albiñana pudo contar con el apoyo de las ya triunfantes derechas coaligadas, pero no dejaron de existir.

  • 32 GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p. 193.
  • 33 Ibidem.

40Los cambios operados en el interior de la derecha burgalesa – la declaración de fe republicana que hace el Partido Agrario Español, el crecimiento de Acción Popular, pero también su propio ascendiente entre otros – hacen que Albiñana encuentre fácil acomodo electoral en el Burgos de 1936, lo que desactiva – al menos en teoría – buena parte de la tensión política que otras circunscripciones no pudieron evitar. Decimos, sin embargo, en teoría, porque a nadie se le escapa que la presencia del líder nacionalista es en sí misma garantía de maximalismo ideológico y agresividad siquiera verbal; dos realidades que, ciertamente, definieron esta campaña en la que Albiñana, que representa el programa más radical de cuantos anidan en el Bloque Nacional, se definió como «esencialmente tradicionalista, católico y patriota», abogando por el inmediato establecimiento de una dictadura, y dirigió su encendida oratoria contra los que considera los dos grandes enemigos de España: «la violenta horda marxista, que quiere matarla con dinamita, y la fracasada pandilla agraria, que la está matando de hambre»32. Es una clara alusión a la nefasta política triguera que han llevado a cabo los gobiernos del segundo bienio, en los que el agrarismo jugó un papel tan decisivo que hasta aportó los más significados ministros del ramo, que produce verdaderas ampollas en un provincia tan bien definida por el tradicional poderío agrario como ahora mismo decepcionada de su actuación gubernamental, lo que explica tanto el relativo éxito de la verborrea albiñanista cuanto las violentas peleas en las que una y otra vez derivan sus alocuciones mitinescas. Especialmente cuando – y es lo que ocurrió en Aranda de Duero el día 5 de enero de 1936 – se lanza a los asistentes contra el alcalde, miembro del PAE, en quien Albiñana personifica «la cabeza servil de un largo caciquismo agonizante», que aconseja aplastar con las “recias abarcas” de los campesinos33.

  • 34 DSC, nº 49, 23 de junio, p. 1560
  • 35 Ibidem, p. 1864.

41Por lo que hace a su estancia en el Parlamento, cabe señalar la intrínseca radicalidad que encierran sus planteamientos en materias tales como el nacionalismo español o el proyecto de ley de amnistía. Aquel, situado en su cabeza por encima de cualquier consideración partidista, le lleva a decir: «a mí que me den socialismo, comunismo y anarquismo y todo lo que queráis; pero socialismo español, comunismo español y anarquismo español»34 En cuanto al proyecto de ley de amnistía, comparte con el conjunto derechista su oposición a las excepciones que contempla el artículo 2º. Él, sin embargo, da un paso más, para oponerse a la totalidad del dictamen, mostrando una substancial discrepancia con el espíritu mismo de la amnistía. Y es que, más allá de si afecta o no a los represores de octubre del 34, lo que hiere más profundamente a J.Mª Albiñana es lo que considera un «propósito deliberado de convertir en delitos sociales y políticos grandes actos delictivos que no tienen este carácter, pero que es necesario que lo tengan para que puedan ser incluidos en esta amnistía». Por eso su mayor preocupación está, no en que se considere delitos políticos a los cometidos en nombre de la revolución mientras se niega idéntico carácter a los excesos cometidos por quienes en esa misma situación corrieron con la defensa del Estado, sino en que «al infortunado que sustrae un pan para saciar su hambre se le ha de retener en al cárcel y a los ladrones que roban millones al socaire de sucesos revolucionarios, se les incluye en la amnistía»35. Pasa totalmente por alto la teoría del móvil que con tanto ahínco esgrimieron las fuerzas del Gobierno, pero denota – además – el más hondo desprecio a los revolucionarios, a quienes es incapaz de reconocer la más mínima altura de miras.

  • 36 Nº 53, 30 de junio, p. 1712.

42Se trata de una ideologizada – y por ello más radical – oposición a la amnistía que contrasta con la manera de plantear su afán de libertad para los presos gubernativos. Los motivos que esgrime en este caso se perfilan tan ajenos a la consideración de tipo doctrinal que, lejos de mostrar algún tipo de escrúpulo por la utilización de tan drásticos métodos, alejados donde los haya del espíritu y sentido democráticos, su mayor preocupación parece residir en el beneficio que la prisión pueda acabar reportando a los afectados ya que – dice – «estáis creando en España un partido fascista, que antes no existía y que ahora existe gracias a vuestras persecuciones. Sabe de lo que está hablando y puede presentarse como ejemplo vivo de lo que afirma, puesto que – explica – estuve siete meses detenido gubernativamente en la cárcel de Madrid y quince meses confinado en las Hurdes, estoy aquí por segunda vez y tengo dos actas, precisamente por vuestras persecuciones»36.

  • 37 Cfr. GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p.187. y 136 respectivamente.
  • 38 Ibidem, p. 167.

43Ciertamente, no deja de ser una apreciación de base más o menos realista; pero también reveladora de un mal contenido sentimiento antifascista que manifiesta igualmente en otros foros y marca la antítesis de lo que en su día fue escenificado acercamiento al movimiento. La diferencia es que esto – su conocido manifiesto “Hacia la nueva España. El fascismo triunfante” – lo hizo de alguna forma arrastrado por el sector juvenil de su partido, mientras que el postrero alejamiento de lo que ahora se considera le separan “divergencias (…) radicalísimas y fundamentales” es una simple vuelta al «somos católicos, patriotas y monárquicos» de siempre37. Es, desde otra perspectiva, una nueva prueba de la estridencia que acompaña el devenir de este “ruidoso hombre de derechas” en palabras de los alfonsinos catalanes, a quien atribuyen una especie de innato sectarismo, fruto de su contextura psicológica – «rectilínea y, por ende, unilateral – que le hace “no ver las cosas más que por un lado” – el suyo – por lo que no se contenta con la ortodoxia, sino que se erige en puritano, el único poseedor de la verdad y el único conocedor de todos los secretos del procedimiento para hacerla valedera»38. No cabe alusión más clara a un maximalismo de cuya realidad nadie duda; que existe, con independencia de las razones que puedan producirlo, y queda indiscutiblemente probado con su activa participación en el movimiento conspirativo que conduce al 18 de julio.

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Note

1 Vid. en este sentido CRUZ MARTÍNEZ, Rafael «Cultura política republicana española en los años treinta del siglo XX» en CASAS SÁNCHEZ, José Luis, DURÁN ALCALÁ, Francisco (Eds), De la república democrática a la sublevación militar, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 125-140.

2 En ese sentido hablan los datos de participación electoral (superior al 70% de promedio en las legislativas) pese a la importancia del anarquismo. Vid sobre el tema CASANOVA, Julián, Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España, Barcelona, Crítica, 2010.

3 Confederación Española de Derechas Autónomas.

4 Vid sobre estas tácticas de juego doble UCELAY-DA CAL Enric, TAVERA GARCÍA, Susanna, «Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política española, 1924-1934» en Ayer, 13, 1994, pp. 127 y ss.

5 Vid MARTÍN NÁJERA, Aurelio, El grupo parlamentario socialista en la Segunda República: Estructura y funcionamiento, Madrid, Fund. Pablo Iglesias, 2000.

6 MARQUEZ HIDALGO, Francisco, Las sublevaciones contra la Segunda República: La Sanjurjada, Octubre de 1934, Julio de 1936 y el golpe de Casado, Madrid, Síntesis, 2010, p. 77.

7 Vid sobre el tema GIL PECHARROMÁN, Julio, “Sobre España inmortal, Dios”. José Mª Albiñana y el Partido Nacionalista Español (1930-1937), Madrid, Uned, 2000.

8 Merecen destacarse en este sentido DEL REY, Fernando, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

9 Cfr. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Juan José, «El despliegue táctico cediste en Salamanca, 1931-1936» en Revista Provincial de Estudios, nº26 (1990), p. 148.

10 Pp. 157, 161 y 160 respectivamente.

11 AHN Tribunal Supremo. Recursos, leg. 117, Exp. 61.

12 MARTÍN NÁJERA, Aurelio, op. cit, p. 567.

13 Diario de Sesiones del Congreso nº 18, pp370, 366 y 367. Nº 64, pp. 8 y 9, Nº 67, p. 6.

14 Ibid. Nº 64, 1de octobre de 1937, p. 4.

15 AROSTEGUI, Julio, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia» en AROSETGUI, Julio, (Ed.) Violencia y política en España. Monográfico nº 13 de la revista Ayer, 1994, p. 44.

16 El concepto procede de JULIÁ, Santos, «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democracia» en JULIÁ Santos (Ed.), Política en la Segunda República. Monográfico nº 20 de la revista Ayer, 1995, pp. 111-139.

17 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1936. (DSC), nº 45, p. 1408.

18 Nº 45, 16 de junio, p. 1402.

19 Ibidem, p. 1401, c. 2.

20 Iglesias totalmente destruidas, 160; Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 251; Muertos, 269; Heridos de diferente gravedad, 1287; Agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; Atracos consumados, 138; Tentativas de atraco, 23; Centros particulares y políticos destruidos, 69; Idem asaltados, 312; Huelgas generales, 113; Huelgas parciales, 228; Periódicos totalmente destruidos, 10; Asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33; Bombas y petardos explotados, 146; Recogidas sin explotar, 78. p. 1374.

21 Ibidem, p.1376.

22 Ibidem, p. 1382, c. 2.

23 Ibidem, p. 1377, c. 2.

24 No en vano se ha dicho que llegó al PSOE con la intención de modificar su estructura sociológica, abrirlo a la burguesía progresista y asegurar, sobre todo, los dos puestos reservados a la minoría en la circunscripción zamorana. MATEOS RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La República en Zamora (1931-1936), vol. I, Zamora, IEZ Florián de Ocampo, 1995, p. 579.

25 Desde esa perspectiva es como mejor puede entenderse la aceptación de su nombre por parte de esa izquierda obrera – condición que él mismo había puesto para aceptar –, que no recelaba tanto de sus orígenes oligárquico-burgueses cuanto de su pasado como Director General de Seguridad y sus cambios de orientación política. Ibidem.

26 Ibidem.

27 Nº 56, p. 1868.

28 Ibidem, p. 1796.

29 DSC, nº 54, 1 de julio, p. 1745.

30 Ibidem, p. 1793.

31 Vid. el tema en los más de cien documentos que componen su expediente policial. AHN. Policía H . Exp. 84.

32 GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p. 193.

33 Ibidem.

34 DSC, nº 49, 23 de junio, p. 1560

35 Ibidem, p. 1864.

36 Nº 53, 30 de junio, p. 1712.

37 Cfr. GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., p.187. y 136 respectivamente.

38 Ibidem, p. 167.

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Per citare questo articolo

Riferimento elettronico

María Concepción Marcos del Olmo, « Cultura de la violencia y Parlamento: los diputados Castellanos y Leoneses en las Cortes de 1936 », Diacronie [Online], N° 7, 3 | 2011, documento 1, Messo online il 29 juillet 2011, consultato il 18 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/diacronie/3175 ; DOI : 10.4000/diacronie.3175

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Autore

María Concepción Marcos del Olmo

María Concepción Marcos del Olmo es Doctora en Historia Contemporánea y Profesora Titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Secretaria de la revista Investigaciones Históricas. Su investigación se ha centrado en el análisis de los aspectos político-electorales de la Restauración y la Segunda República. Entre sus publicaciones destacan las obras: Las elecciones del Frente Popular en Valladolid. Voluntad popular y urnas. Elecciones en Castilla-León durante la Restauración y la Segunda República (1907-1936) y La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Actualmente es miembro de diversos proyectos de investigación, dedicados al estudio del campesinado castellano y leonés durante la Segunda República; el análisis prosopográfico de la elite parlamentaria regional durante el siglo XIX y la historia con fuentes orales aplicada a los años finales del Franquismo y la Transición.
URL: < http://www.studistorici.com/progett/autori/#Marcos del Olmo >

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