2Estas investigaciones pusieron de manifiesto, en primer lugar, la flexibilidad del sistema inquisitorial, mostrando su capacidad de adaptación a los diferentes contextos regionales de la monarquía hispánica. Lejos de un modelo administrativo estrictamente uniforme, los tribunales se inscribían en configuraciones locales específicas, marcadas por la diversidad de las estructuras urbanas, los equilibrios entre los poderes civiles y eclesiásticos, y las dinámicas de las minorías religiosas o culturales. La forma en que se ejercía el poder inquisitorial dependía, en gran medida, del margen de maniobra de sus agentes, de sus alianzas, pero también de las resistencias con las que se topaban.

3Paralelamente, los estudios prosopográficos dedicados a los inquisidores, notarios, oficiales de justicia, médicos y calificadores, así como a las redes de familiares, han permitido conocer mejor su origen social, su formación y sus trayectorias profesionales. Estos trabajos han revelado perfiles variados: juristas universitarios que deseaban medrar en la carrera eclesiástica, notables municipales que buscaban en el oficio inquisitorial una forma de capital simbólico, miembros de familias comprometidas durante varias generaciones en el servicio al Santo Oficio, pero también individuos en busca de ascenso social en un contexto de dura competencia por los cargos y honores.

4El análisis de estas trayectorias obliga a replantearse las fronteras entre el «personal inquisitorial» y la «sociedad circundante». Los agentes no formaban un cuerpo aislado, alejado del resto de la población; por el contrario, estaban profundamente integrados en el tejido social local, y era precisamente esta integración la que hacía posible la eficacia, pero también las ambigüedades, de la acción inquisitorial.

5Para comprender la posición de los agentes, conviene recordar brevemente la estructura de la Inquisición española y la diversidad de las funciones que le correspondían. En la cúspide se encontraba el Consejo de la Suprema Inquisición, órgano central establecido a finales del siglo XV, que supervisaba todo el sistema inquisitorial, decidía los nombramientos, controlaba los procedimientos más importantes y garantizaba la unificación doctrinal. Investigaciones recientes, basadas en particular en la documentación contable conservada del tribunal de Valencia, muestran que esta instancia disponía de una estructura funcional más amplia y estable de lo que sugería la historiografía tradicional, con una media de unos trece oficiales y una financiación plural basada en las contribuciones de diversos tribunales.

6En los tribunales de distrito, la composición de los equipos presentaba elementos de continuidad, aunque dejaba margen para ajustes. En general, contaban con dos inquisidores, un fiscal, uno o varios alguaciles encargados de la ejecución material de las decisiones, varios notarios y secretarios, así como médicos y expertos que intervenían en la evaluación de las doctrinas –los calificadores– o en la vigilancia de los presos. Cada uno de estos cargos exigía competencias técnicas específicas —–edacción de actas, realización de investigaciones, peritaje jurídico o teológico, gestión de las prisiones– que hacían del tribunal un lugar donde se desplegaba una compleja división del trabajo judicial.

7En este sistema, los notarios ocupaban un lugar central, a menudo subestimado. Su función consistía en levantar acta de los interrogatorios, redactar los documentos procesales, llevar al día los registros y, en términos más generales, elaborar los escritos que constituían la memoria institucional de la Inquisición. El estudio minucioso de estos archivos permite no solo esclarecer el funcionamiento interno de los tribunales, sino también reconstruir las condiciones de ejercicio de una profesión expuesta a riesgos importantes: algunos notarios llegaron a perder su cargo, e incluso la vida, en momentos de crisis o de contestación. El ejemplo de Bernat Dassió, notario activo entre Valencia y la corona, estudiado por el profesor Bordes y que volveremos a mencionar más adelante, ilustra la forma en que el cargo inquisitorial podía articularse con una carrera política y la acumulación de bienes, en una zona gris entre el servicio al rey, la participación en el saqueo legal de los bienes confiscados y los beneficios privados.

8Más allá de este personal fijo, la fuerza del Santo Oficio radicaba en su capacidad para movilizar una amplia red de agentes locales, integrados de manera más o menos formal en su estructura organizativa. Los familiares constituyen la figura más conocida de esta red: laicos, a menudo procedentes de las élites urbanas o rurales, eran nombrados para vigilar su entorno, señalar comportamientos sospechosos, participar en las detenciones o acompañar a los oficiales durante los registros. Su estatus, ciertamente subordinado dentro de la jerarquía inquisitorial, no dejaba de ser muy codiciado por los privilegios que conllevaba: prestigio social, diversas exenciones, protección del fuero inquisitorial, acceso privilegiado a ciertas redes de poder.

9El estudio de los familiares desde una perspectiva regional, permite poner de relieve la pluralidad de configuraciones. En el reino de Valencia, por ejemplo, se observa una fuerte institucionalización de este grupo en torno a la cofradía de San Pedro Mártir, que organizaba la sociabilidad y la visibilidad de los familiares, al tiempo que constituía un importante enlace para la difusión de la autoridad del tribunal. En la provincia de Córdoba, donde hasta hace poco no se había elaborado ninguna síntesis global, el análisis sistemático de los expedientes de nombramiento y de las trayectorias individuales pone de relieve estrategias de implantación en las comunidades locales, una fuerte sensibilidad hacia las dinámicas del honor y una tensión constante entre el servicio al Santo Oficio y la implicación en los conflictos ordinarios.

10A estos personajes conocidos se suman otros agentes, menos visibles pero no por ello menos esenciales: los comisarios, a menudo procedentes del clero secular, encargados de llevar a cabo investigaciones preliminares o de transmitir las órdenes del tribunal; los delatores a sueldo, cuya función pone en tela de juicio la frontera entre la denuncia sincera, el ajuste de cuentas y la instrumentalización de la justicia religiosa; mensajeros, anfitriones y artesanos movilizados para tareas puntuales, que contribuían a la presencia material de la Inquisición en los espacios urbanos (construcción o mantenimiento de prisiones, salas de audiencia, lugares de auto de fe, etc.). En conjunto, estos agentes formaban una red social que convertía al Santo Oficio en una presencia difusa, rara vez ausente de la vida cotidiana.

11La atención prestada a los agentes permite, por último, cuestionar la forma en que el poder inquisitorial se articulaba con otras formas de poder presentes en la sociedad. La pertenencia al personal del Santo Oficio –ya sea en una oficina central de la Suprema, en un puesto de notario del tribunal o en calidad de familiar– constituía un recurso político y simbólico de primer orden, que podía movilizarse con fines de ascenso social, consolidación de las posiciones alcanzadas o incluso resolución de conflictos. Carreras como la de Bernat Dassió ilustran esta articulación entre el servicio inquisitorial, el acceso privilegiado a los engranajes de la administración real y la acumulación patrimonial.

12Al mismo tiempo, los archivos revelan la frecuencia de las tensiones internas entre el personal inquisitorial. El análisis de las causas penales en las que estaban implicados los oficiales del tribunal de Zaragoza, a finales del siglo XVI, pone de manifiesto un funcionamiento cotidiano marcado por el clientelismo, la violencia interpersonal, las disputas de honor y los conflictos de competencia. Estas prácticas, alejadas del ideal normativo proclamado por la institución, invitan a considerar el tribunal no como un bloque homogéneo, sino como un espacio de negociación y competencia, donde se reproducían las jerarquías sociales y simbólicas propias de las sociedades del Antiguo Régimen.

13Los casos procedentes de los territorios americanos de la monarquía hispánica, como los asuntos del franciscano Javier Olivos en Quito o de la clarisa Rosa Argote en Cuzco en la década de 1760, muestran además cómo la lejanía del centro y la mediación de los primeros comisarios podían favorecer las disfunciones. Acusaciones infundadas de judaísmo, celos dentro de las comunidades regulares, falta de espíritu crítico de los agentes encargados de la investigación: tantos elementos que, una vez combinados, hacían difícil, o incluso imposible, la corrección a posteriori de las injusticias, incluso cuando el tribunal central intentaba revisar los expedientes. Estas situaciones ponen de relieve el carácter ambivalente del agente inquisitorial, que era a la vez portador de una autoridad normativamente sólida y un actor integrado en los campos de fuerzas locales, con sus juegos de alianzas, sus rivalidades y sus intereses contradictorios.

15Las once contribuciones aquí reunidas arrojan luz, cada una a su manera, sobre los mecanismos concretos del funcionamiento de los actores de la Inquisición y sus adaptaciones a los contextos locales. Como ya se ha señalado, lejos de limitarse a la represión religiosa, la Inquisición se presenta como un sistema dinámico, moldeado por lógicas de poder, movilidad social y control disciplinario.

16Los actores administrativos y jurídicos ocupaban un lugar central en el dispositivo inquisitorial. Constantin Teleanu muestra cómo los notarios, en los países occitanos y catalanes de los siglos XIII y XIV, se convirtieron en engranajes esenciales del procedimiento, encargados de redactar los actos y de garantizar su validez pública. Su papel era, sin embargo, ambivalente: expuestos a la violencia y a las sospechas de connivencia, algunos, como Menet de Robécourt o Barthélemy Adalbert, pasaron de la condición de agentes a la de acusados. Por su parte, Alejandro Simal Monge y Juan José de Torres Montalvá analizan la estabilidad y las tensiones internas del personal inquisitorial, entre una jerarquía protegida y las desviaciones individuales (corrupción, abusos), revelando un aparato burocrático mucho más estructurado de lo que a menudo se imagina.

17La financiación de la Inquisición se basaba en un sistema a la vez pragmático y controvertido. Francisco Jiménez Faubel demuestra que los recursos procedentes de las confiscaciones y las penitencias, especialmente en Valencia, permitieron consolidar un aparato administrativo más amplio de lo que sugieren los textos normativos. Esta financiación, basada en la cooperación entre tribunales, se adaptó a las fluctuaciones económicas y a las desigualdades entre distritos. Paralelamente, el profesor Bruno Lopes, de la Universidad de Évora, destaca que los privilegios concedidos a los familiares y oficiales (exenciones fiscales, derecho a portar armas) compensaron la ausencia de salarios e hicieron de este un servicio atractivo, a pesar de las restricciones progresivas impuestas por la Corona.

18La Inquisición se revela también como un poderoso motor de movilidad social. José Bordes García traza así el ascenso de Bernat Dassió el Joven, notario valenciano cuya carrera ilustra cómo el servicio a la Inquisición y a la monarquía pudo abrir las puertas de la élite urbana. Del mismo modo, María Centella Zamora y Ana Isabel López-Salazar muestran que los familiares y los canónigos-profesores portugueses, gracias a estrategias familiares y corporativas, transformaron su estatus en capital simbólico y económico, incluso cuando decaía el prestigio de la institución. Estas trayectorias individuales revelan un organismo capaz de moldear de forma duradera las jerarquías sociales.

19Por último, la Inquisición funcionaba como una herramienta de control social y disciplinario, a menudo desviada de su vocación inicial. El profesor Jean-Pierre Tardieu analiza cómo, en la Lima del siglo XVIII, la acusación de judaísmo se instrumentalizaba para disciplinar a religiosos o mujeres que rompían con las normas conventuales, mucho más allá de la lucha contra la herejía. Por su parte, los medievalistas valencianos Enrique y José María Cruselles, al estudiar la transición entre la Inquisición pontificia y la real en Aragón, sacan a la luz las tensiones políticas y financieras que acompañaron la instauración de un aparato represivo del Estado.

20Al reunir estas perspectivas, este volumen colectivo pretende contribuir a una nueva visión de la historia de la Inquisición española, centrada en los actores, sus márgenes de actuación y sus arraigos sociales. Pretende situar en el centro del análisis a quienes, en la sombra o a plena luz, hicieron funcionar de manera concreta la Inquisición española en los siglos XVI, XVII y XVIII: sus agentes. Lejos de resultar simples ejecutores, estos hombres ocupaban una posición clave entre el poder inquisitorial y las sociedades locales. Estudiar su papel, su identidad, sus trayectorias y sus estrategias es, por tanto, arrojar luz sobre la realidad de la Inquisición, en toda su complejidad social y política. Invita a considerar al personal inquisitorial no como un mero apéndice administrativo, sino como un observatorio privilegiado de las mutaciones del poder, las formas de justicia y las recomposiciones sociales en el espacio hispánico del Antiguo Régimen.