Introducción

1El funcionamiento de la Inquisición española se caracterizó por una estructura altamente jerarquizada, que requería, en última instancia, de una red de representantes extendida a lo largo de los distintos distritos inquisitoriales. Esta función territorial fue desempeñada por los familiares del Santo Oficio, un cuerpo de agentes laicos cuya incorporación solía representar una vía de promoción social y de acceso a determinados privilegios. En consecuencia, la familiatura llegó a ser percibida como una forma de pseudoennoblecimiento para individuos pertenecientes a estamentos no privilegiados.

2No obstante, esta situación generó diversos conflictos durante los primeros siglos de existencia de la Inquisición española, dado que numerosos individuos de origen humilde buscaron ampararse bajo la autoridad del Santo Oficio con el propósito de eludir la justicia ordinaria u obtener inmunidad frente a actos delictivos. Esta problemática obligó a las autoridades inquisitoriales a restringir y reformular los criterios de acceso a la familiatura con el fin de preservar el prestigio y la eficacia del cuerpo.

3A medida que el número de familiares fue incrementándose, se constituyeron diversas cofradías que agrupaban a sus miembros. Estas asociaciones, concebidas como congregaciones de ayuda mutua, elaboraron constituciones en las que se establecían los derechos y obligaciones de los familiares, así como los requisitos de admisión de nuevos integrantes. Del mismo modo, dichas constituciones establecían disposiciones tanto normativas –referidas al cumplimiento de los mandatos emanados de los tribunales inquisitoriales– como ceremoniales, orientadas a la regulación de las festividades vinculadas al propio tribunal y de aquellas de carácter interno correspondientes a la cofradía.

4El ámbito de estudio del presente artículo se circunscribe al distrito de la Inquisición de Valencia, cuya jurisdicción excedía los límites del reino de Valencia, abarcando también territorios pertenecientes a reinos vecinos. En el seno de la Inquisición valenciana, los familiares instituyeron en 1610 la Cofradía de San Pedro Mártir de Familiares de la Santa Inquisición de Valencia, cuyas constituciones fueron posteriormente renovados en 1749. Dichos capítulos, junto con diversa documentación vinculada tanto a la cofradía como a la familiatura, se conservan en el manuscrito 1962 de la serie Libros de Clero del Archivo del Reino de Valencia (ARV). De aquí en adelante, nos referiremos a este manuscrito por Libro de la cofradía de familiares de san Pedro Mártir.

5Estas fuentes se complementan con documentación procedente de otros fondos archivísticos, entre ellos el Archivo Histórico Nacional (AHN), la Biblioteca Nacional (BN), así como de determinados fondos particulares e historiográficos.

Aparición del familiar de la Inquisición

7Durante los siglos XIII y XIV, paralelamente a la expansión de la Inquisición pontificia, estas corporaciones se consolidaron como un elemento relevante del aparato inquisitorial, desempeñando funciones de apoyo, defensa corporativa y asistencia logística. Esta dinámica se reprodujo en la corona de Aragón, donde en el reino de Valencia se documenta la presencia de familiares desde 1422, aunque la exclusividad de la Cofradía de San Pedro Mártir para este cuerpo no se consolidó hasta 1610 y se perdió nuevamente en 1749.

8La fundación de la Inquisición española mediante la bula Exigit sinceras devotionis affectus (1478) supuso la institucionalización definitiva del Santo Oficio en las coronas de Castilla y Aragón. Pese a sus rasgos propios, la nueva Inquisición heredó estructuras y figuras de la tradición medieval, entre ellas la del familiar, concebida como continuidad del antiguo crucesignado. Su implantación generó una notable resistencia social y política, reflejada en episodios de violencia como los asesinatos de inquisidores en Aragón en 1485.

9En ausencia de una normativa inicial, la Inquisición española adoptó el modelo operativo de la Inquisición pontificia, manteniendo la figura del familiar con sus privilegios e inmunidades. Integrados en los tribunales de distrito, los familiares constituían un cuerpo laico, sin salario fijo, distribuido estratégicamente por el territorio para ejercer funciones informativas y cumplir encargos específicos al servicio del Santo Oficio.

Historia de la Cofradía de San Pedro Mártir

Las Constituciones de 1610 y 1749

10La Cofradía de San Pedro Mártir de Familiares de la Inquisición de Valencia fue fundada el 4 de diciembre de 1610 con la aprobación de sus constituciones, que restringían su pertenencia exclusivamente a los familiares del Santo Oficio del distrito valenciano. La modificación de sus ordenanzas requería la celebración de una junta general, a la que solo podían asistir los familiares residentes en la ciudad de Valencia.

11En un principio, la Cofradía de San Pedro Mártir estaba compuesta por todos los familiares, pero poseía un órgano de gobierno formado por distintos cargos según dictan las Constituciones de 1610 o 1749.

12En las primeras constituciones, la cofradía se estructuraba en torno a un conjunto de cargos destinados a garantizar su correcto funcionamiento institucional y administrativo. Al frente de la corporación se situaba un prior de condición noble. Junto a este, se nombraba un síndico, cuya función principal consistía en la defensa y salvaguarda de los privilegios de los familiares-cofrades. La administración material y logística recaía en dos mayordomos –uno de extracción caballeresca y otro de condición ciudadana–, responsables de la preparación de las sedes y espacios destinados a la celebración de los distintos actos y festividades.

13Asimismo, la cofradía contaba con un fiscal, encargado de velar por la correcta administración de justicia en los procesos que afectaban a los familiares encausados. El secretario tenía como cometido asesorar a los oficiales en el transcurso de las juntas, mientras que el escribano debía dejar constancia escrita tanto de las deliberaciones adoptadas en dichas reuniones como de las donaciones efectuadas en favor de la cofradía. La gestión económica correspondía al receptor, responsable de la contabilidad general, y el alguacil se ocupaba de garantizar el orden, el control de accesos y el adecuado desarrollo de juntas y actos públicos. Finalmente, el comisario tenía la misión de convocar a los familiares para la celebración de juntas y demás actos corporativos.

14Las Constituciones de 1610 establecían, además, que, en caso de requerir asesoramiento adicional, los oficiales de la cofradía debían designar entre los familiares a representantes de diversos estamentos sociales –un noble, un caballero, un ciudadano, un notario, un mercader o artista y un labrador–, con el fin de asegurar una representación amplia y plural. La provisión de estos cargos se realizaba mediante el sistema de insaculación, con una periodicidad de uno o tres años, según la naturaleza del oficio desempeñado.

15Por su parte, las Constituciones de 1749 introdujeron modificaciones limitadas en la estructura orgánica de la cofradía, manteniendo en líneas generales el modelo anterior. La jefatura de la institución seguía correspondiendo a un prior, que en esta ocasión debía ostentar el cargo de calificador de la catedral de Valencia. Se incorporaba la figura del conservador, cuyas funciones eran equivalentes a las atribuidas al síndico en las Constituciones de 1610. La administración continuaba a cargo de un mayordomo primero y un mayordomo segundo, con competencias similares a las del mayordomo en la normativa precedente.

16Asimismo, se establecían dos consultores –primero y segundo–, encargados de asesorar a los oficiales y de visitar a los cofrades enfermos o encarcelados, reforzando así la dimensión asistencial de la institución. El notario debía llevar tres libros ordinarios: uno destinado a las deliberaciones de las juntas, otro para el registro de las altas y bajas de cofrades, y un tercero para la consignación de los bienes de la cofradía, así como de las donaciones y limosnas recibidas. La gestión financiera recaía en el tesorero, cuyas atribuciones coincidían con las del receptor de las Constituciones de 1610 y debía dar cuenta anualmente en la junta general. Finalmente, se contemplaban los cargos de clavario intramuros y clavario de arrabales, con funciones análogas a las desempeñadas anteriormente por el alguacil, y la figura del nuncio, encargado de cumplir las mismas tareas que el comisario en la normativa anterior.

17En las Constituciones de 1610 se establecía expresamente que ningún familiar que hubiese ejercido previamente un oficio podía volver a desempeñarlo hasta que los restantes familiares de su mismo estamento, siempre que reunieran las aptitudes necesarias para ello, hubieran tenido la oportunidad de ocupar dicho cargo. Sin embargo, las Constituciones de 1749, no establecen nada al respeto.

18En relación con el ingreso en la cofradía, las Constituciones de 1610 establecían la obligación de abonar seis ducados y una contribución adicional para el mantenimiento de las sedes, cuya recaudación y registro quedaban a cargo del receptor y del escribano. Asimismo, se dispuso que los inquisidores garantizaran la difusión de la nueva hermandad y de las obligaciones económicas entre los familiares del distrito de Valencia. Las constituciones también preveían que, en caso de viudez, un cofrade pudiera casarse con mujer de linaje impuro, previa notificación al síndico para adoptar las medidas oportunas.

19Tras la aprobación de estas normas, el Libro de la cofradía de familiares de san Pedro Mártir no conserva noticias relevantes hasta finales del siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, la cofradía entró en una etapa de crisis, agravada por la guerra de Sucesión Española (1701-1713), cuyas consecuencias económicas y sociales afectaron gravemente a su capacidad financiera y a su funcionamiento institucional.

22En esta carta la Cofradía de San Pedro Mártir explica que ha tenido dificultades económicas para cubrir los gastos de las fiestas de la Santa Cruz y de san Pedro Mártir correspondientes a 1745 y 1746; y solo han podido hacerse cargo de ellos gracias a dos ayudas extraordinarias: la confianza de cobrar 261 libras que se les debían por pensiones de censos sobre antiguos derechos de la ciudad; y un préstamo de 200 libras hecho por su propio tesorero.

23De no haber contado con este dinero, se habrían visto obligados a repartir los gastos entre los cofrades. Al revisar sus obligaciones y rentas, han descubierto que los gastos de ambas fiestas han aumentado mucho más de lo que permiten sus Constituciones de 1610, y que además parte de sus ingresos no está pasando por el receptor, lo cual provoca desorden y pérdidas económicas.

24Por ello, los oficiales de la cofradía deciden dirigirse al tribunal inquisitorial para regular los gastos de las festividades según las ordenanzas, averiguar el destino de los fondos que deben pertenecer a la cofradía, y asegurar estos recursos para evitar desvíos de dinero en el futuro y prevenir que los familiares-cofrades tengan que asumir gastos de su propio bolsillo si la cofradía se queda sin fondos.

25La coyuntura de crisis económica propició la aprobación, en 13 de noviembre de 1749, de un nuevo cuerpo de ordenanzas destinado a regular la Cofradía de San Pedro Mártir. Las constituciones de dicho año autorizaron el ingreso en la cofradía, no solo a los familiares del Santo Oficio, sino también a otros ministros de la Inquisición de Valencia, así como a sus esposas y viudas, siempre que acreditaran pureza de sangre.

28No es posible determinar con certeza si este pago alude al establecido en el capítulo 3 de las Constituciones de 1610 –en el cual se prescribía la entrega de seis ducados por cada familiar, además de una contribución de dos o seis libras según se tratase de un miembro antiguo o de un nuevo ingreso– o si, por el contrario, se refiere a una cantidad distinta.

29Las dificultades económicas se manifiestan a lo largo de la mayoría de capítulos de las Constituciones de 1749. Tal es así que los capítulos 29 y 34 establecen que todos los caudales de la cofradía deben depositarse en un arca provista de tres llaves –una en poder del prior, otra del conservador y otra del tesorero–, la cual debía permanecer custodiada en la residencia del conservador hasta que se habilitara un lugar seguro en la iglesia de la Cruz Nueva.

30La situación financiera de la Cofradía de San Pedro Mártir no mejoró tras la promulgación de dichas constituciones. Así lo evidencia la correspondencia conservada entre el 9 de octubre de 1760 y el 5 de febrero de 1761, intercambiada entre la Real Congregación de Nuestra Señora del Santo Celo y el tribunal de la Inquisición de Valencia, en relación con el interés de la primera en adquirir la iglesia de la Cruz Nueva.

33La correspondencia analizada pone de manifiesto dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que la Cofradía de San Pedro Mártir carecía de los recursos necesarios para asegurar la conservación de la iglesia de la Cruz Nueva; y, en segundo término, que dicha insuficiencia económica impedía igualmente la celebración de la festividad vinculada a este término.

34Esta situación contravenía lo dispuesto en el capítulo 17 de las Constituciones de 1610, donde se establece:

Si […] en dicha casa y iglesia de la Cruz Nueva hay necessidad de obras muy necessarias para la devida conservación, […] las dichas obras se han de hazer de bienes y haziendas de los familiares del Sancto Officio.

35Este precepto evidencia que recaía sobre los familiares la obligación de sufragar, con sus propios recursos, el adecuado mantenimiento de la iglesia de la Cruz Nueva. No obstante, esta disposición fue perdiendo vigencia a lo largo del siglo XVIII, debido a factores como la guerra de Sucesión, la disminución del número de familiares y el progresivo empobrecimiento tanto de la cofradía como de sus miembros. Tal fue el alcance de estos cambios que ninguna previsión similar aparece recogida en las Constituciones de 1749.

Distribución geográfica de los familiares-cofrades

36Para el adecuado desempeño de sus funciones, los familiares debían encontrarse repartidos por todo el territorio correspondiente al distrito inquisitorial. La amplitud de la familiatura fluctuaba a lo largo del tiempo en función de los privilegios, restricciones y transformaciones del propio cuerpo de oficiales. En consecuencia, resulta imposible determinar su extensión salvo en determinados momentos puntuales que la documentación permite reconstruir.

39La reducción del número de familiares a lo largo del siglo XVIII, ya fuera como consecuencia de un control más estricto ejercido por la Monarquía sobre su número o por la progresiva disminución de los privilegios asociados a la familiatura –circunstancia que hizo menos atractivo el acceso a ella–, comportó un notable descenso en los ingresos de la Cofradía de San Pedro Mártir. Esta merma económica impidió que la cofradía pudiera desarrollar con plenitud las actividades prescritas en las Constituciones de 1610 y 1749, fundamentalmente festividades como la de san Pedro Mártir o la de la Invención de la Cruz, también llamada fiesta de la Cruz Nueva.

Los familiares de la Inquisición a través de la Cofradía de San Pedro Mártir

Acceso a la familiatura

40El acceso a la familiatura de la Inquisición estaba sujeto a requisitos estrictos de carácter genealógico, social y formativo. Inicialmente, solo podían ser admitidos varones mayores de 25 años, legítimos y de origen cristiano viejo. Aunque la limpieza de sangre no se exigió de forma sistemática en un primer momento, a partir de mediados del siglo XVI se incorporó explícitamente como condición indispensable, evidenciando la creciente relevancia del linaje en el acceso a la institución.

42Desde el punto de vista social, se exigía que los candidatos fueran hombres «llanos y pacíficos», requisito vinculado al derecho a portar armas y orientado a preservar el orden público, tal como recoge la Pragmática de Valladolid de 1554. En el ámbito formativo y profesional, los aspirantes debían saber leer y escribir, no pertenecer al estado clerical y abstenerse de ejercer oficios considerados impuros. Estas limitaciones no excluían a individuos de origen modesto, circunstancia que, junto al impacto de la guerra de Sucesión Española, contribuyó a las dificultades económicas de la cofradía.

43Entre 1710 y 1711, la Cofradía de San Pedro Mártir remitió cartas a numerosos familiares del distrito de Valencia solicitando el pago de una contribución anual destinada a sufragar la festividad del santo. La documentación conserva referencias a familiares exentos por pobreza y a la imposibilidad de algunos miembros de cumplir con sus obligaciones económicas debido al contexto bélico.

Funciones de los familiares

44La figura del familiar de la Inquisición se configura como un elemento fundamental dentro de la estructura y del sistema inquisitorial. En primer lugar, forma parte del cuerpo de oficiales de la Inquisición, con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Cabe señalar, no obstante, que no percibía remuneración alguna, puesto que pertenecía al grupo de empleados sin sueldo; a cambio, era compensado con un amplio conjunto de privilegios.

49En consonancia con lo anteriormente expuesto, los familiares ejercían además funciones de custodia y traslado de prisioneros, procurando en todo momento observar los protocolos humanitarios que la Inquisición prescribía para el adecuado trato de los reos. Así queda recogido en las Constituciones de 1749 de la Cofradía de San Pedro Mártir:

• 21 ARV, Clero, Libros, 1962, fol. 339rº.

En las ocasiones que el Santo Oficio mandare a qualquiera cofrade llevar presos a alguna inquisición […] se cumpla con todo rendimiento y puntualidad la orden e instrucción que se le diere con el secreto y seguridad que conviene, y tratando en las posadas y caminos con agrado y agasajo a los presos, sin introducir ni admitir pláticas ningunas21.

50A esta relación entre familiares y alguaciles debe añadirse el ejercicio de funciones policiales supletorias en caso de ausencia de estos últimos, lo que implicaba informar al tribunal sobre los acontecimientos del distrito inquisitorial asignado e investigar las denuncias que pudieran formularse.

51Además de estas responsabilidades, los familiares debían procesionar periódicamente por las localidades proclamando los edictos de fe, declarando las prácticas heréticas e invitando a la población a denunciar comportamientos contrarios a la doctrina católica. También intervenían en la celebración de los autos de fe, participando en la procesión y anunciando públicamente la inminencia del juicio. La noche anterior a la ceremonia, los familiares debían presentarse en las cárceles para hacerse cargo de los reos ante un notario. El día del auto entregaban a los prisioneros, a quienes vestían con sambenitos, coroza, una soga de esparto al cuello y una vela verde en las manos.

52Superando estas atribuciones de carácter cuasi policial, los familiares cumplían asimismo la misión de vigilar puertos y fronteras. Por ello, se prestaba especial atención a la presencia de familiares armados en zonas portuarias, donde su número podía superar al de otros municipios de población similar. La Pragmática de Valladolid de 11 de mayo de 1554 lo dispone así para el reino de Valencia:

• 22 ARV, Real Cancillería, Registro, 1324, fol. 197rº-197vº.

No puedan poner más de quatro, si no fuere lugar marítimo, y que siéndolo por el más recaudo que allí conviene tener puedan poner dos familiares más de los que se podrían poner22.

53Esta particularidad respondía tanto a la necesidad de supervisar el tráfico de mercancías como al control ideológico que debían ejercer en lugares particularmente expuestos a la difusión de ideas heréticas o contrarias a los intereses de la Monarquía.

54Por otra parte, los familiares de la Cofradía de San Pedro Mártir estaban sujetos a determinadas obligaciones internas, que comprendían deberes de carácter material y espiritual orientados al bienestar de los propios miembros. Este principio de asistencia mutua se encuentra en diversos capítulos de las Constituciones de 1610 y 1749.

Privilegios

62La justificación de estos privilegios puede entenderse tanto en la necesidad de preservar el prestigio y la autoridad del Santo Oficio, como en la compensación por la falta de remuneración inherente al cargo de familiar. Debido a su propia naturaleza, dichos privilegios pueden clasificarse en cinco categorías: jurisdiccionales, económicos, militares, espirituales y sociales.

Privilegios jurisdiccionales

• 39 ARV, Clero, Libros, 1962, fol. 20rº.

Que por razón de la sentencia de galeras, pena pecuniaria de quinientos escudos y privación de título de familiar contra Pedro Carbonell, notario familiar deste Santo Oficio, […] se pussiesse suplicación ante el Supremo Consejo y señor cardenal, el inquisidor general, y se suplicasse el remedio y reparo de dicha sentencia por no haberse acostumbrado en este Santo Oficio, ni hallase exemplar de que a familiar se haja dado pena de galeras, y por ser muy gravatoria y desdezir mucho de lo honor, privilegios y merçedes concedidas a los familiares39.

Privilegios económicos

71En materia tributaria, los familiares tampoco gozaron de amplias exenciones, pese a las reiteradas reclamaciones inquisitoriales. Aunque fueron dispensados puntualmente, como en el avituallamiento de la Gran y Felicísima Armada de 1588, la Pragmática de Valladolid de 1554 limitó expresamente cualquier inmunidad fiscal, prohibiendo incluso a los inquisidores eximirlos.

• 43 ARV, Real Cancillería, Registro, 1324, fol. 198vº.

Que los familiares no puedan gozar ni gozen de immunidad alguna cerca de la paga de los drechos reales y pertenescientes al patrimonio real, o al drecho de las ciudades, villas y pueblos donde binieren, o al de la Generalidad del reyno43.

72Estas fricciones entre la Inquisición y la Monarquía se mantuvieron de forma constante hasta la desaparición del Santo Oficio.

Privilegios militares

73Junto a los privilegios económicos, los de carácter militar constituyeron uno de los aspectos más controvertidos asociados a los familiares del Santo Oficio. Su pertenencia a la Inquisición los situaba como personal auxiliar de carácter público, lo que inicialmente podía implicar la exención del servicio bélico. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI se establecieron concordias que les imponían la obligación de prestar servicio militar, ya fuera en defensa del tribunal o al servicio directo del monarca.

74Al tratarse de miembros laicos, los familiares eran las únicas figuras inquisitoriales autorizadas a derramar sangre, circunstancia que llevó a la Inquisición a reconocer en 1605 que no podían acogerse al fuero inquisitorial para eludir su participación en la guerra. Aunque el Libro de la cofradía de familiares de san Pedro Mártir no alude explícitamente a este privilegio, la Pragmática de Valladolid de 1554 subraya el derecho a portar armas y la obligación correlativa de los familiares de servir a la justicia real con lealtad y sujeción a la ley.

• 44 Idem.

Que pues traer armas los familiares es privilegio tan manifiesto y favorescido de drecho. Y los dichos familiares han de ser personas tan pacíficas y de las qualidades arriba contenidas, y los que primero han de acudir a servir y ayudar a la justicia de Su Majestad como personas tan obligadas a ello, por los particulares favores y privilegio que de su mano resciban, no les impida tenerlas en manera alguna44.

Privilegios espirituales

75Las concesiones espirituales otorgadas a los familiares del Santo Oficio deben entenderse como una prolongación de los privilegios concedidos previamente a los inquisidores mediante las bulas Prae cunctis de Urbano IV y Clemente IV (1262 y 1266), que reconocían indulgencia plenaria por el ejercicio de funciones inquisitoriales, en continuidad con los privilegios establecidos en el IV Concilio de Letrán (1215).

Privilegios sociales

78Uno de los privilegios distintivos de los familiares de la Inquisición fue el derecho al porte de armas, estrechamente ligado a sus funciones de protección de los inquisidores y custodia de presos. Las cédulas de familiatura reconocían expresamente esta prerrogativa, sin precisar el tipo de armamento autorizado.

• 47 Archivo del Barón de Llaurí, Fondo Cucaló de Montull, Doc. nº 362.

E os damos licencia y facultad para que podáis traer armas, así ofensivas como defensivas, de día y de noche, pública y secretamente47.

80Pese a ello, la Inquisición defendió de manera constante el derecho al porte de armas, llegando a sancionar a quienes lo cuestionaban, como demuestra el proceso de 1543 contra un alguacil del gobernador de Cataluña por desarmar a un familiar. A lo largo del tiempo, este privilegio fue objeto de una continua pugna entre la Monarquía y el Santo Oficio, intensificada durante el periodo borbónico, cuando se impusieron restricciones más severas.

Conclusión

81El análisis del Libro de la cofradía de familiares de san Pedro Mártir permite reconstruir la articulación institucional, social y simbólica de la familiatura inquisitorial en el distrito de Valencia entre los siglos XVII y XVIII. Lejos de limitarse al ámbito devocional, la cofradía actuó como un espacio de sociabilidad corporativa, gestión de privilegios y canalización de funciones asistenciales y ceremoniales que reforzaban la cohesión interna y la proyección pública del colectivo.

82Desde una perspectiva institucional, funcionó como un instrumento de ordenación de un cuerpo laico dotado de prerrogativas, pero sometido a crecientes tensiones con la justicia secular y la Monarquía. Las Constituciones de 1610 y su reforma de 1749 reflejan tanto la voluntad reguladora como la adaptación a un contexto de declive, visible en la reducción numérica y la apertura a otros ministros inquisitoriales y a sus mujeres.

83En el plano social y económico, la documentación revela el carácter ambivalente de la familiatura como vía de promoción limitada, así como el empobrecimiento de muchos de sus miembros y la fragilidad material de la cofradía, acentuada por crisis como la guerra de Sucesión Española.

84En conjunto, el Libro de la cofradía de familiares de san Pedro Mártir se erige como una fuente de excepcional valor para el estudio de la Inquisición española, al permitir abordar, desde una escala micro histórica, procesos de largo alcance como la institucionalización del poder inquisitorial, la construcción de identidades corporativas, la gestión de los privilegios y su progresiva contestación. A través del caso valenciano, se hace visible no solo la evolución de una cofradía concreta, sino también la transformación más amplia del papel social, político y simbólico del Santo Oficio en la España moderna.